Matices en la guerra del Congo


Niños soldados de Uganda en apoyo de grupos armados congoleños © APGraphicsBank

Estos días se desarrolla en el este del Congo una tragedia humana en la que miles de inocentes son víctimas de masacres, expulsiones, reclutamientos forzosos y violaciones. La I Guerra Mundial Africana se ha reactivado y son muchos los culpables. Me cuesta escribir sobre este conflicto por respeto a las víctimas, pero no puedo compartir el relato con el que algunos sectores progresistas lo explican.

Se etiqueta el conflicto como la guerra del coltán. La región de los Kivus es rica en esta mezcla de minerales, imprescindible para teléfonos móviles y otros dispositivos electrónico.s Toda la República Democrática del Congo -antes Zaire, antes Congo Belga- es riquísima en minerales. Como en casi todas partes, esa riqueza ha sido una maldición. La lucha por el control de los recursos naturales ha fragmentado el Congo desde su independencia, propiciado la existencia de caudillos locales manejados por intereses exteriores, la intervención de las grandes potencias y la interferencia de los países vecinos. Todo eso es cierto, pero intentar explicar lo que ocurre en el este del Congo como una conjura de las multinacionales con Ruanda para apoderarse de los recursos del Congo es más que una simplificación, es ignorar las raíces profundas del conflicto. En esa simplificación, Kabila es un dirigente democrático, Congo está siendo atacado por Ruanda, los tutsis masacran a los hutus, las tropas de la ONU son cómplices de los agresores ruandeses.

Las raíces profundas del conflicto no son otras que, de un lado, la destrucción del estado congoleño, convertido por el dictador Mobutu en una finca privada (como ya lo fuera propiedad de Leopoldo de Bélgica); de otro, el genocidio de Ruanda.

Es claro que si el estado congoleño controlara el territorio, las multinacionales no tendrían más que negociar, influir o corromper a esas autoridades. Pero como no existe estado, favorecen a unas u otras milicias; con ellas negocian, a ellas suministran armas… Son su brazo armado en un territorio sin ley.

En concreto, en ese territorio de los Kivus las fuerzas en presencia son:

a) el ejército nacional congoleño, más una banda de desarrapados que un ejército regulara, una banda con historial de rapiñas y violaciones de los derechos humanos; b) los mai-mai, otra banda que, bajo la capa de la tradición guerrera tribal, matan, extorsionan y violan; son aliados de Kabila y enemigos de los tutsis; c) los restos de las milicias hutus ruandesas (FDLR) responsables del genocidio, que desde Congo sigue atacando Ruanda; d) las milicias tutsis del general Nkunda, las más disciplinadas, que han cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y que no podrían llevar la iniciativa sin el apoyo del gobierno tutsi de Ruanda. Todos estos grupos, como ha denunciado Amnistía Internacional y testimoniado BBC reclutan niños y niñas

Y es que la otra raíz es el genocidio de Ruanda. En 1994, los radicales hutus desatan un genocidio en el que son exterminados cientos de miles de ruandeses, la mayoría tutsis. La victoria de las milicias tutsis del Frente Patriótico Ruandés provoca el éxodo de dos millones de ruandeses. Las milicias hutus y los restos del antiguo  ejército hutu empujan a estas masas a los campos de refugiados de Zaire. Puede decirse que en Kivu surge otra Ruanda, una Ruanda hutu, controlada por criminales, que siguen hostigando al poder tutsi al otro lado de la frontera. En 1997 Ruanda invade Kivu, desmonta los grandes campos de refugiados ruandeses y sus tropas cometen si no un genocidio planificado, sí terribles crímenes de guerra. El presidente ruandés Paul Kagame saca del ostracismo a Laurent Kabila, que en una marcha espectacular de Kivu a Kishasha termina con satrapía de Mobotu. Inmediantamente, Kabila rompe con sus aliados ruandeses y estalla la guerra mundial africana, en la que de un lado luchan Congo, Angola, Zimbabwe, Namibia con el patrocinio de Francia, y de otro, con patrocinio de Estados Unidos, Ruanda, Uganda y Burundi. El país sufre un terrible expolio. Hasta 5 millones de civiles mueren en esa guerra.

En 2002 se llega a un acuerdo de paz, pero el territorio sigue fragmentado y controlado por los distintos señores de la guerra. Joseph Kabila, el hijo de Laurent, revalida su poder en unas elecciones que terminan con la rebelión de su principal contrincante. Ahora, Kabila ha integrado en su gobierno al hijo de Mobut… La ONU despliega su más importante fuerza de paz, MONUC, con 15000 militares, un mandato fundamentado en el capítulo VII de la carta de las Naciones Unidas, y que permite a estas fuerzas utilizar todos los medios para el mantenimiento de la paz. Pero su tarea resulta imposible. El país es inmenso y sus comunicaciones precarias. Las unidades no tardan en verse en medio del fuego cruzado de unos y otros. Para los hutus, son aliados de los tutsis; para los tutsis, aliados de los hutus. El general español Díaz de Villegas, jefe de la misión, terminó por dimitir el mes pasado por considerarla destinada al fracaso. En algunos casos, las unidades de MONUC se convierten en una banda más, que, en lugar de proteger a la población, la extorsionan.

Hoy esa guerra mundial africana se reactiva. Tropas de Angola y Zimbabwe pueden esta combatiendo ya en Kivu. El coltán, los minerales, son el combustible de la guerra. Pero su causa última es no haber hecho justicia a las víctimas de genocidios y crímenes de guerra. Y su contexto el no haber dotado a MONUC con los medios necesarios para haber desarmado a todas las milicias.

(Sobre el conflicto considero de especial interés los informes y recomendaciones de Crisis Group)

Genocidio en Colombia


El último informe de Amnistía Internacional sobre Colombia vuelve a denunciar el exterminio y hostigamiento sistemático de los más pobres, de los campesinos a los que se quiere privar de sus tierras, de los afrodescendientes que están en un terreno estratégico para el paso de las drogas, de los indígenas que reivindican tierras ancestrales en manos ahora de multinacionales.

Me limito a copiar la nota de prensa de Amnistía:

Colombia: El gobierno distorsiona la situación de los derechos humanos en el país

Madrid.- El gobierno de Colombia está dando una versión muy optimista de la situación de los derechos humanos en el país, a pesar de que cada vez son más los informes sobre desplazamientos forzados, ataques contra activistas sociales y de derechos humanos y homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad. Ésta es la conclusión del informe publicado hoy por Amnistía Internacional.

“Las autoridades colombianas mantienen una postura de negación absoluta: incluso se niegan a reconocer que hay un conflicto armado en el país. Sin embargo, la gente nos cuenta una versión muy diferente”, afirmó Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional. “Es imposible resolver un problema sin admitir que existe. Negando la situación sólo se consigue condenar a más personas a sufrir abusos o a morir.”

El informe de Amnistía Internacional es el estudio más exhaustivo y actualizado sobre el estado de los derechos humanos en Colombia. Muestra que, si bien algunos indicadores de derechos humanos han mejorado con el paso de los años –por ejemplo, el índice de secuestros y la seguridad en algunas ciudades–, otros muchos han empeorado.

El estudio también echa por tierra declaraciones realizadas en repetidas ocasiones por el gobierno colombiano, por ejemplo, que los grupos paramilitares ya no están activos, que se obliga a rendir cuentas a los autores de abusos contra los derechos humanos, o que se respeta plenamente el trabajo de los activistas sociales y los sindicalistas.

“La población colombiana lleva más de 40 años atrapada en uno de los peores conflictos olvidados del mundo, atacada por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros, mientras que el gobierno no toma ninguna medida de peso para brindarle protección”, declaró Marcelo Pollack.

“Para cambiar radicalmente la trágica realidad de Colombia, el gobierno y los grupos guerrilleros tienen que dejar de involucrar en el conflicto a la población civil de una vez por todas.”

El informe de Amnistía Internacional arroja los siguientes datos sobre Colombia:

· En 2007 hubo al menos 1.400 homicidios de civiles, frente a 1.300 en 2006. De los casos en los que se conoce a los autores, las fuerzas de seguridad fueron responsables de al menos 330; los paramilitares, de unos 300; y los grupos guerrilleros, de alrededor de 260.

· Hasta 305.000 personas fueron desplazadas en 2007, frente a 220.000 en 2006.

· En 2007, al menos 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, o se encuentran en paradero desconocido después de ser secuestradas por los grupos guerrilleros, frente a 180 en 2006.

Amnistía Internacional insta a todas las partes implicadas en el conflicto de Colombia a que muestren la voluntad política necesaria para poner fin a los abusos contra los derechos humanos. La organización también exhorta a la comunidad internacional a que redoble los esfuerzos para lograr que las dos partes enfrentadas respeten los derechos humanos de la población colombiana.

Indicadores de una información democrática


La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa acaba de aprobar su Resolución 1636 Indicadores de los medos en una democracia, un catálogo de los principios básicos a que deben de ajustarse los medios de comunicación en una sociedad democrática. El punto de partida es, naturalmente, el art. 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (puede verse el trabajo de García Ureta y mi tesis Libertad de Programación) que consideran que cualquier limitación y, en general, regulación de las libertades de expresión e información tienen que ser proporcionadas y estar justificadas por los derechos de terceros o el interés público, tal como se interpreta en una sociedad democrática.

Las resoluciones del Consejo de Europa en materia de información se han caracterizado por promover la participación del público y los profesionales, defender el pluralismo (interno y externo) y, en consecuencia, requerir regulaciones contra la concentración y a favor de la transparencia. Es el contrapeso a la política audiovisual de la Comisión Europea, punta de lanza del neoliberalismo en el mundo de la información en Europa. Hay que recordar que la Asamblea Parlamentaria del Consejo no tiene más que una función de foro, sus resoluciones no tienen fuerza ejecutiva y su papel más importante es servir de recomendación para que los ministros europeos (por la vía de la cooperación intergubernamental) adopten tratados u otros instrumentos jurídicos.

No puedo ni siquiera resumir aquí los 27 indicadores que menciona la Resolución. Mencionaré sólo los que me parecen más relevantes:

  • El derecho a la libertad de expresión e información debe de estar garantizado por la legislación nacional (1). De modo que olvidemos eso de que la mejor «ley de prensa es la que no existe». Eso no quiere decir que no exista un sistema de autorregulación en materias como el derecho de réplica (25). De modo que regulación y autorregulación son perfectamente compatibles.
  • Un síntoma de que ese derecho fundamental puede estar siendo limitado es la existencia de un alto número de litigios judiciales en torno a la información (1). Las sanciones penales que persiguen la propaganda del odio, la protección del orden público o la seguridad nacional tienen que ser proporcionadas (3). Funcionarios y autoridades no debieran de tener una protección penal más rigurosa que la de cualquier ciudadano (2).
  • Los medios tienen que ser independientes de sus propietarios y para ello se proponen códigos de conducta sobre la independencia editorial (13). Debe existir una legislación contra la concentración empresarial y a favor de la transparencia (18).
  • Los periodistas deben regirse por sus propios códigos deontológicos y declarar cualquier conflicto de intereses (26).

La Resolución invita a los parlamentos europeos a que hagan informe periódicos sobre la base de este catálogo de principios.  También exhorta a las empresas a que apliquen y desasrrollen estos principios.

El catálogo encuentra inspiración en el trabajo de la ONG Article 19, que se felicita de la Resolución. También Federación Europea de Periodistas aplude que el Consejo defienda la independencia del periodismo.

El problema es que muchos de estos indicadores tienen una ambigüedad esencial que es la que se considera imprescindible para el normal funcionamiento de una sociedad democrática. Creo que ningún país europeo cumple a satisfacción todos ellos. Por ejemplo, quien protege eficazmente en el terreno penal no tiene un sistema anticoncentración. O, como en el caso español, castiga más duramente las injurias o calumnias contra las altas autoridades. Sería útil que, con una base académica, estos principios se tradujeran en unos indicadores cuantitativos.

Violencia impersonal


Creo que todas las víctimas son iguales en dignidad y merecen todas un trato digno. Pero no todos los crímenes son iguales.

La reflexión viene a cuento a un comentario a mi entrada «No callar la voz de las víctimas de Colombia». No es lo mismo-dice ivmhn- matar a un contrincante en una guerra que masacrar (resumo) a un pacífico ciudadano.

Lamentablemente, los medios muchas veces muestran a los más pobres como víctimas de una violencia impersonal. Es lo que ocurría en el reportaje de Informe Semana del sábado 4-10-08 «Colombia: las otras víctimas». El reportaje mostraba la búsqueda de los restos de los masacrados por los paramilitares. Los paramilitares se presentan como un «ejército ilegal que nació para perseguir a la guerrilla», sin mención a los que manejaban los hilos y con una simple referencia a sus relaciones con los políticos. En ningún momento se dice que estos asesinos sirvieron para despejar de campesinos las tierras que se apropiaron terratenientes y multinacionales. Se da por hecho su desmovilización, sin informar de las dificultades de la misma y de la reaparición de los paramilitares como «fuerzas emergentes» o «Águilas Negras». Ya sé que el reportaje no era una reconstrucción del fenómeno paramilitar, pero sin su contexto, el trabajo quedaba reducido a mostrar el sufrimiento de una viuda y a la insensiblidad moral del verdugo. Imprescindible, pero insufuciente.

La Justicia Universal como arma arrojadiza


Escucho a los tertulianos en la radio. ¡Qué barbaridad admitir a trámite una querella contra autoridades chinas un día antes de la llegada de los Principes a Pekín! Reacciones hipócritas ante el auto del juez Pedraz que admite a trámite la querella de dos asociaciones pro Tibet y un particular contra 7 altas autoridadades civiles y militares chinas, acusadas del delito de lesa humanidad, por la represión en el Tibet del pasado marzo. Ya sabemos que China no es una democracia -nos dicen- e incluso está muy bien meterse con ella, pero de eso a esa «provocación judicial» tres días antes de la apertura de la Juegos hay un gran trecho… En fin, opiniones que no son más que la manifestación de la tradicional pleitesía al poderoso.

Nuestro ordenamiento jurídico considera perseguibles los delitos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y terrorismo, con independencia del lugar donde se cometan. Esta consagración del principio de Justicia Universal permitió abrir causas como la de Scilingo y Pinochet. Pero ante la querella de Rigoberta Menchú por el genocidio contra los mayas en Guatemala, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo establecieron la doctrina limitativa de que sólo podían ejercerse estas acciones contra hechos acaecidos en el extranjero si había españoles entra las víctimas. El Tribunal Constitucional rectificó esta interpretación, lo que permite a los jueces españoles perseguir estos delitos, aunque no existan compatriotas contra las víctimas. Desde entronces han aumentado las querellas y se han admitido, entre otras, las que denuncian genocidio del gobierno tutsi de Ruanda contra los hutus o de Marruecos contra los saharauís.

Que las querellas además de buscar la justicia busquen un efecto político es lógico e inevitable. Los jueces no pueden retrasar su admisión por razones de oportunidad. Pero ahí deben de estar los medios de comunicación para esclarecer las circunstancias de los hechos que se denuncian. Creo que, por ejemplo, esa función no se cumplió cuando al informar de la querella admitida contra el presidente de Ruanda y otros cargos de su régimen, no se recordó el genocidio cometido por las milicias hutus en las que perecieron 800.000 personas.

El caso de Ruanda es aleccionador. El genocidio de 1994 dio lugar a la creación de un tribunal penal internacional específico, con sede en Arusha (Tanzania). Con lentitud, el tribunal sentenció a algunos de los máximos responsables de los crímenes. Mientras, en Ruanda centenares de miles de acusados esperaban juicio en las cárceles. Como en la orgía criminal había participado, de grado u obligados, buena parte de la población, unos juicios con verdaderas garantías eran imposibles. Algunos fueron juzgados por tribunales tradicionales, pero muchos volvieron a sus aldeas a convivir con los supervivientes. En paralelo, en Bélgica, otro de los países que reconocían el principio de Justicia Universal, se juzgaba a algunos destacados responsables, entre ellos, algún sacerdote. La querella de España se refiere, en cambio, a los crímenes cometidos por la guerrilla tutsi durante 1994 y, posteriormente, en sus ataques contra los campos de refugiados hutus en el Congo y en relación a los cuales se les acusa en la querella del asesinato de religiosos españoles. Pero no son los únicos frentes judiciales. Un juez francés acusó a Kagame como responsable del derribo del avión en el que viajaban los presidentes (hutus) de Ruanda y Burundi, y que fue la señal para el comienzo de la matanza contra los tutsis. Y el gobierno ruandés respondió con la creación de una comisión de investigación sobre la Operación Turquesa, una acción militar francesa que protegió la retira de las milicias hutus que se llevaban consigo a todo un pueblo como rehén. Y de ahí ha salido una acusación formal contra 33 autoridades francesas, empezando por Chirac y siguiendo por Balladur y Villepin. El conflicto diplomático está servido.

Para que un tribunal español se declare competente tiene que probarse que se han agotado los procedimientos en el país de los hechos o que las circunstancias allí -como es el caso de China- hacen imposible cualquier acción jurídica. Pero a partir de ahí, como en cualquier procedimiento judicial, hay que probar los hechos. La capacidad de investigación de los fiscales de la Audiencia Nacional es muy limitada o nula si no se cuenta con la colaboración del otro país. España dio un gran paso reconociendo el principio de Justicia Universal, pero sin un refuerzo de medios (por ejemplo, creando una Sala especial) la Audiencia corre el riego de verse saturada con querellas que más que justicia obtendán réditos políticos. ¿No podría buscarse un procedimiento para inhibirse en favor del Tribunal Penal Internacional por aquellos hechos que entren dentro de la jurisdicción de éste?.

Lo que tiene que entender China (o Marruecos) es que los tribunales en un Estado de Derecho son independientes y que no cabe la represalia diplomática ante sus decisiones.

(P.S Recomiendo pinchar estos días en el mapa de la columna de la izquierda de este blog que nos muestra la localización de las noticias. Hay ya más del 30% tienen su origen en Pekín)

Justicia en Serbia; Justicia para Serbia


¡Qué dificil resulta para los pueblos asumir y depurar una historia criminal! España es campeón en la aplicación de la Justicia Universal contra genocidas extranjeros, pero nuestra transición se basó, no en el perdón, sino en el olvido. Ahora, recuperar la memoria se ha convertido en una incómoda papeleta para el gobierno. Italia, pese a todo la mística partisana, tampoco asumió sus culpas y una corriente profunda fascista (como en España franquista) ha ido aflorando de cuando en cuando y ahora de una manera abierta con el último gobierno Berlusconi. Tampoco ha sido fácil para Francia asumir las culpas del colaboracionismo. Sólo Alemania se vio obligada por los aliados a realizar un proceso de desnazificación, del que terminaron por escapar  muchos criminales, pequeños y grandes, aprovechando las circunstancias de la guerra fría. En los 70, los hijos de tantos nazis ocultos protagonizaron los movimientos de contestación anticapitalista. Pero con todo, Alemania es el país con una mayor conciencia colectiva del mal ocasionado y también -más recientemente- del mal sufrido. En Alemania en la escuela se estudia la infamia y los colegiales visitan los campos de exterminio. En España, para los escolares Franco es una figura tan lejana como Felipe II.

A pesar de todo, Alemania e Italia recibieron el maná del Plan Marshall. Ahora Serbia debe recibir la ayuda de la Unión Europea para convertirse en un país normal. Serbia tiene que entregar al Tribunal para la Antigua Yugoslavia a Mladic y a Goran Hadzic, líder de los serbios de la Krajina. El caso de Karadzic demuestra que la captura de estos criminales es posible con voluntad política. Por debajo de los figurones quedan otros muchos asesinos con menores responsabilidades políticas. De ellos se tienen que ocupar los tribunales locales de Serbia, Bosnia, Croacia… Ninguno de estos países ha hecho todavía una verdadera catársis. Basta salir del aeropuerto de Duvrovnik para encontrarse con una valla gigantesca que enaltece como héroe nacional a Ante Gotovina, pendiente de juicio en La Haya. Y sin embargo, Croacia es ya formalmente candidato a la adhesión.

Todos los líderes comunistas de Yugoslavia cabalgaron el tigre del nacionalismo para mantenerse en el poder. Todos, en distintos grados, son responsables de la catástrofe. Pero no por eso todos son criminales. Tampoco se puede estigmatizar a todo un pueblo, por mucho que esté anclado en falsas utopías nacionalistas. De todos los pueblos yugoslavos, los bosnios musulmanes estuvieron al borde del exterminio, pero los serbios han sido los grandes perdedores. Los bombardeos de la OTAN siguen siendo una herida abierta. Por ejemplo, en Novi Sad, una ciudad mayoritariamente a Milosevic, todavía no entiende en ensañamiento de las bombas.

Europa tiene que exigir a Serbia que ningún crimen quede impune. Pero Serbia merece también justicia y generosidad.

(Incluyo el enlace a una página muy completa BalkanInsight, que me acaba de descubrir Alberto Marinero)

El nuevo aspecto de Karadzic


En este vídeo de Reuters podemos ver a Karadzic asistiendo tranquilamente a una conferencia en el suburbio de Belgrado en el que vivía bajo la identidad de Dragan Dabic.

Los vídeos de Vodpod ya no están disponibles.

Karadzic había abierto una clínica de medicina alternativa. Con su larga melena enrollada y su barba blanca da la imagen sí, de un médico alternativo, si se quiere de un «doctor chiflado». Pero también de un santón ortodoxo. De manera que su disfraz para huir resulta bastante consistente con su trayectoria de bardo eslavo, primero, y defensor de la Santa Ortodoxia, luego. Un disfraz sencillo que podía confundir a quien con el se cruzara, pero no a ningún servicio secreto. Esa especie de simpático nomo tiene que responder ante el Tribunal de la Haya de terribles crímenes.

Radovan Karadzic


La imagen más antigua que recuerdo de Radovan Karadzic es revistando a las tropas que se aprestaban a cerrar el cerco de Sarajevo. Eran los días previos a aquella manifestación en el centro de Sarajevo atacada por los paramilitares serbios que marcó el comienzo de la guerra de Bosnia. Karadzic recorría en un flamante Peugeot 605 las colinas que rodean Sarajevo y era saludado respetuosamente por los hombres que instalaban las posiciones de artillería que bombardearían la capital durante más de tres años. Karadzic nunca se había visto en otra. Un político provinciano al que rendía pleitesía un ejército variopinto formado por tropas del ejército federal yugoslavo y  paramilitares.

Karadzic había bajado de las montañas de Montenegro en las que nació a Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina, relativamente cosmopolita en términos de la Yugoslavia de Tito. Allí se hizo pisquiatra, pero no terminó de encajar en el ambiente intelectual de Sarajevo. Hay quien dice que en con la guerra se vengaría de agravios y desprecios. Lo cierto es que más que como psiquiatra Karadzic se hizo popular como poeta, en la tradición de los bardos populares serbios, que cantaban derrotas (siempre gloriosas) y gestas de bandoleros generosos.  Quizá esa popularidad como poeta le permitió destacar entre los nacionalistas serbios, que crecían en todas las repúblicas en paralelo a los movimientos secesionistas. Así, en 1991, mientras Izetbegovic buscaba alguna formúla federal que salvara la unidad de una Bosnia-Herzegovina independiente, Karadzic, al frente de la sección local del Partido Radical Serbio, amenazaba con un baño de sangre si un metro de tierra serbia -allá donde vive un serbio o hay una tumba serbia- quedaba en manos de los «turcos», esto es los musulmanes bosnios.

Karadzic montó su corte en Pale, una estación de montaña a unos kilómetros de Sarajevo. Por allí pasaron las innumerables delegaciones internacionales que buscaban alguna forma de acuerdo. Karadzic, con su melena blanca al viento, les recibía en el hotel Panorama, haciendo gala de una untuosa hospitalidad, pero sin ceder un ápice: toda la tierra serbia para los serbios. Parece mentira que los poderosos del mundo rindieran pleitesía, al menos formal, a este provinciano de tan cortísimas miras. En realidad Karadzic y sus adláteres no eran más que marionetas de Miloevic, que de vez en cuando hacían ostentación de falsa independencia. Finalmente, en Dayton, Milosevic les obligó a aceptar un acuerdo que, con su proverbial mirada provinciana, nunca habrían firmado sin presiones del patrón del Belgrado. No deja de ser todo un sarcasmo que en el gobierno  de Belegrado que por fin le ha detenido se siente ahora Ivica Dacic, uno de los hombres de Milosevic.

Karadzic, el jefe político, hizo pronto pareja con su jefe militar, Ratko Mladic. Las imágenes de ambos juntos eran innumerables, pero recuerdo un plano secuencia en el que ambos avanzan por el campo, el plano cierra sobre el militar que otea con unos prismáticos, abre el plano y el militar pasa los prismáticos al civil. El plano termina cerrando sobre Karadzic. Esa mirada es todo un símbolo de que Karadzic veía y sabía lo que pasaba. Karadzic puede que no haya matado físicamente nunca una mosca, pero fue el responsable político del genocidio.

Durante 12 años se suponía que podía estar protegido por su gente en las montañas de Montenegro. Pero finalmente ha sido detenido en el propio Belgrado. Muchos le protegieron por lealtad, otros porque no hablara, los gobierno de Serbia hicieron de su entrega baza de negociación, pero sin complicidades de las potencias es impensable que haya podido mantenerse en libertad tantos años. Hoy, políticamente, Kardzic o Mladic no son nadie, por mucho que sus fotos empapelen las paredes de la República Srska. Pero las víctimas todavían esperan justicia.

(Incluyo aquí el enlace al escrito de acusación del Fiscal del Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia)

Colombia en (algunas) cifras


Colombia, 15 secuestrados liberados, entre ellos Ingrid Bethancourt.

Colombia, 2785 secuestrados, 700 en poder de las FARC.

Colombia, 30.000 desaparecidos, el 97% a manos de ejército y paramilitares, más que en Argentina o Chile. La inmensa mayoría fueron asesinados cruelmente poco después de su captura y sus cuerpos se encuentran en fosas comunes a lo largo de todo el territorio colombiano.

Colombia, 3 millones de desplazados internos, por la acción del ejército, los paramilitares y las guerrillas. Sólo supera a Colombia Sudán, con 6 millones. Ellos no volverán a casa con alfombra roja.

Algunos enlaces

País Libre
Desaparecidos

Pepitorias
Amnistía Internacional
Medios para la Paz

Requisitos para la responsabilidad de proteger


Me he referido en tres entradas («¿Es un crimen contra la humanidad la inacción de la junta birmana?», «China puede abrir Birmania», «La responsabilidad de proteger Birmania»). En ellas he revisado el principio y he llegado a la conclusión -matizada- de que no es aplicable al caso de Birmania.

Timothy Garton-Ash se plantea la misma cuestión (¿Cómo proteger a los birmanos?) en su colaboración en El País Semanal del domingo. Garton-Ash llega a la misma conclusión, aunque parte de que la inacción ante el desastre natural es causa suficiente para desencadenar una intervención (que no invasión). Desgrana los requisitos que exige la aplicación del principio: Causa Justa, Intención Acertada, Último Recurso, Medios Proporcionales, Perspectivas Razonables y Autoridad Apropiada. El analista considera que se da esa causa justa, puede existir una intención acertada y realizarse con medios proporcionales. Pero duda que pueda existir una autoridad apropiada sin una resolución -imposible-del Consejo de Seguridad. No existe una perspectiva razonable de llevar a cabo esa protección y existen otros medios diplomáticos -la presión de la ONU y de China- para proteger a la población. Por cierto que esas presiones -y quizá la apertura de China ante el terremoto- están propiciando una mayor presencia de la ayuda internacional en Birmania, pero que sigue siendo a todas luces insuficiente.

Estoy de acuerdo con Garton-Ash y sigo aprendiendo sobre un principio que, junto al de justicia universal, suponen importantes instrumentos de globalización de los derechos humanos.