Matices en la guerra del Congo


Niños soldados de Uganda en apoyo de grupos armados congoleños © APGraphicsBank

Estos días se desarrolla en el este del Congo una tragedia humana en la que miles de inocentes son víctimas de masacres, expulsiones, reclutamientos forzosos y violaciones. La I Guerra Mundial Africana se ha reactivado y son muchos los culpables. Me cuesta escribir sobre este conflicto por respeto a las víctimas, pero no puedo compartir el relato con el que algunos sectores progresistas lo explican.

Se etiqueta el conflicto como la guerra del coltán. La región de los Kivus es rica en esta mezcla de minerales, imprescindible para teléfonos móviles y otros dispositivos electrónico.s Toda la República Democrática del Congo -antes Zaire, antes Congo Belga- es riquísima en minerales. Como en casi todas partes, esa riqueza ha sido una maldición. La lucha por el control de los recursos naturales ha fragmentado el Congo desde su independencia, propiciado la existencia de caudillos locales manejados por intereses exteriores, la intervención de las grandes potencias y la interferencia de los países vecinos. Todo eso es cierto, pero intentar explicar lo que ocurre en el este del Congo como una conjura de las multinacionales con Ruanda para apoderarse de los recursos del Congo es más que una simplificación, es ignorar las raíces profundas del conflicto. En esa simplificación, Kabila es un dirigente democrático, Congo está siendo atacado por Ruanda, los tutsis masacran a los hutus, las tropas de la ONU son cómplices de los agresores ruandeses.

Las raíces profundas del conflicto no son otras que, de un lado, la destrucción del estado congoleño, convertido por el dictador Mobutu en una finca privada (como ya lo fuera propiedad de Leopoldo de Bélgica); de otro, el genocidio de Ruanda.

Es claro que si el estado congoleño controlara el territorio, las multinacionales no tendrían más que negociar, influir o corromper a esas autoridades. Pero como no existe estado, favorecen a unas u otras milicias; con ellas negocian, a ellas suministran armas… Son su brazo armado en un territorio sin ley.

En concreto, en ese territorio de los Kivus las fuerzas en presencia son:

a) el ejército nacional congoleño, más una banda de desarrapados que un ejército regulara, una banda con historial de rapiñas y violaciones de los derechos humanos; b) los mai-mai, otra banda que, bajo la capa de la tradición guerrera tribal, matan, extorsionan y violan; son aliados de Kabila y enemigos de los tutsis; c) los restos de las milicias hutus ruandesas (FDLR) responsables del genocidio, que desde Congo sigue atacando Ruanda; d) las milicias tutsis del general Nkunda, las más disciplinadas, que han cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y que no podrían llevar la iniciativa sin el apoyo del gobierno tutsi de Ruanda. Todos estos grupos, como ha denunciado Amnistía Internacional y testimoniado BBC reclutan niños y niñas

Y es que la otra raíz es el genocidio de Ruanda. En 1994, los radicales hutus desatan un genocidio en el que son exterminados cientos de miles de ruandeses, la mayoría tutsis. La victoria de las milicias tutsis del Frente Patriótico Ruandés provoca el éxodo de dos millones de ruandeses. Las milicias hutus y los restos del antiguo  ejército hutu empujan a estas masas a los campos de refugiados de Zaire. Puede decirse que en Kivu surge otra Ruanda, una Ruanda hutu, controlada por criminales, que siguen hostigando al poder tutsi al otro lado de la frontera. En 1997 Ruanda invade Kivu, desmonta los grandes campos de refugiados ruandeses y sus tropas cometen si no un genocidio planificado, sí terribles crímenes de guerra. El presidente ruandés Paul Kagame saca del ostracismo a Laurent Kabila, que en una marcha espectacular de Kivu a Kishasha termina con satrapía de Mobotu. Inmediantamente, Kabila rompe con sus aliados ruandeses y estalla la guerra mundial africana, en la que de un lado luchan Congo, Angola, Zimbabwe, Namibia con el patrocinio de Francia, y de otro, con patrocinio de Estados Unidos, Ruanda, Uganda y Burundi. El país sufre un terrible expolio. Hasta 5 millones de civiles mueren en esa guerra.

En 2002 se llega a un acuerdo de paz, pero el territorio sigue fragmentado y controlado por los distintos señores de la guerra. Joseph Kabila, el hijo de Laurent, revalida su poder en unas elecciones que terminan con la rebelión de su principal contrincante. Ahora, Kabila ha integrado en su gobierno al hijo de Mobut… La ONU despliega su más importante fuerza de paz, MONUC, con 15000 militares, un mandato fundamentado en el capítulo VII de la carta de las Naciones Unidas, y que permite a estas fuerzas utilizar todos los medios para el mantenimiento de la paz. Pero su tarea resulta imposible. El país es inmenso y sus comunicaciones precarias. Las unidades no tardan en verse en medio del fuego cruzado de unos y otros. Para los hutus, son aliados de los tutsis; para los tutsis, aliados de los hutus. El general español Díaz de Villegas, jefe de la misión, terminó por dimitir el mes pasado por considerarla destinada al fracaso. En algunos casos, las unidades de MONUC se convierten en una banda más, que, en lugar de proteger a la población, la extorsionan.

Hoy esa guerra mundial africana se reactiva. Tropas de Angola y Zimbabwe pueden esta combatiendo ya en Kivu. El coltán, los minerales, son el combustible de la guerra. Pero su causa última es no haber hecho justicia a las víctimas de genocidios y crímenes de guerra. Y su contexto el no haber dotado a MONUC con los medios necesarios para haber desarmado a todas las milicias.

(Sobre el conflicto considero de especial interés los informes y recomendaciones de Crisis Group)

La hora de la autorregulación


La hora de la autorregulación… con este título sintetizó el profesor Fernández Areal el espíritu del 6º Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información, organizado por la Fundación COSO, al que he asistido el pasado fin de semana en Valencia. El Congreso estaba convocado bajo el lema “El derecho a la información judicial” y tanto en este tema central, como en todas las áreas de trabajo, especialmente, claro, en la dedicada a “Ética y excelencia informativa” ponencias, comunicaciones y las aportaciones al debate han insistido en la importancia de la autorregulación como instrumento para satisfacer el derecho de los ciudadanos a la información.

La autorregulación no puede ser una alternativa a la regulación. Cada una tiene su ámbito y su misión. La regulación debe desarrollar y delimitar para hacerlos posibles los derechos constitucionalmente garantizados, sin perjuicios de que éstos sean directamente exigibles ante los tribunales. La regulación debe dar una protección efectiva a los derechos de la personalidad de terceros y a otros bienes constitucionalmente garantizados, como es el desarrollo de los menores. La profesora Sánchez Ferriz realizó una síntesis de 30 años de jurisprudencia constitucional, que delimita y precisa los contornos de esa regulación imprescindible.

Pero la regulación no puede resolver todos los conflictos, porque muchos de los que se plantean en el ámbito informativo requieren una solución pronta y flexible, que se adapte a los usos sociales, a las expectativas del público y a la ética contractual de los profesionales. La intervención del Defensor del Pueblo en estos conflictos, con su mediación, se queda en un terreno intermedio entre la regulación y la autorregulación. En su ponencia, presentada por su adjunta, se plantearon los conflictos más frecuentes en relación con la información judicial y policial. Previa también a la autorregulación es la transferencia informativa de los poderes públicos. La ponencia de Agustín Zurita, jefe de comunicación del Consejo del Poder Judicial desde hace 27 años (¡qué aguante! ¡qué discrección! ¡qué profesionalidad!) abogó porque esa transferencia se manifieste institucionalmente y no mediante relaciones privilegiadas de ciertos jueces con ciertos informadores. Ya en el terreno de la deontología abundaron las comunicaciones sobre violencia de género, tratamiento informativo de los menores, fotografía informativa y, sí se me permite la autocita, sobre la independencia profesional e institucional que consagra el Estatuto de Información de RTVE. Son los estatutos de información o redacción una de las manifestaciones más desarrolladas de la autorregulación en España. Entre las ponencias tuvo especial eco la presentación del trabajo de investigación del profesor Alsíus (en colaboración con varias universidades) sobre deontología, con tres partes: codificación de los códigos éticos en una utilísima base de datos; confrontación de sus principios con los valores de los profesionales, confrontación con las expectativas del público.

Desde este enlace puede descargarse el vídeo de la intervención de Mª Luisa Cava, adjunta al Defensor del Pueblo, y el audio de la ponencia de Agustín Zurita.

A %d blogueros les gusta esto: