Apuntes y lecturas de la pandemia: los medios de comunicación


televirus

Los medios en los tiempos del coronavirus

Saturación informativa, infodemia, enfoques informativos, peticiones de ayuda por ejercer una función publica…. Vivimos días críticos en los que la cantidad y calidad de la información que consumimos resulta decisiva para nuestra respuesta personal y colectiva a la pandemia.

Después de la comunicación institucional de crisis en estos apuntes abordo ahora la función de los medios (tradicionales y cibermedios) en la construcción de la imagen del mundo golpeado por la pandemia y cómo esta crisis está afectando a su propia supervivencia. Como siempre es una entrada exageradamente larga, así que os podéis mover por los títulos a los asuntos que más os interesen.

Consumos informativos: el regreso a los medios tradicionales

El público, las audiencias, los usuarios (como queramos llamarlos según la perspectiva de cada uno) se ha volcado en los medios profesionales. El hambre de información ante esta emergencia y el confinamiento, con sus secuelas de tiempo libre y necesidad de entretenimiento han disparado todas las mediciones (ahora lo llaman métricas), tanto las directas (audímetros de televisión, páginas vistas) como las indirectas por encuesta. Y ha ocurrido, con sus particularidades, en todos partes.

Aquí es imposible realizar un resumen de estos datos. Pero sí marcar las tendencias principales, en nuestro país, pero bastante similares en todas partes (fuente principal estudio de Havas Media Group España):

  • Gran aumento del consumo de la información producida por los medios profesionales. Los diarios digitales españoles han aumentado de media sus visitas un 100%. En televisión, 41 millones vieron los informativos en marzo, 2,6 millones más que en febrero. Los informativos lideran los rankings de audiencia (ver los datos de televisión más abajo.
  • La televisión es el medio que más crece, pero la radio también, sobre todo por la noche, reafirmando su papel de acompañamiento. También crece el tiempo dedicado a consultar la web y las redes sociales.
  • La radio, la televisión, los diarios digitales, por este orden, son los medios más creíbles. Los menos (4/7) las redes sociales.
  • La televisión es el principal medio de entretenimiento.
  • Niños y jóvenes vuelven a consumir información en los medios tradicionales.
  • Los más mayores se ponen al día, consumen más información en línea y hacen un gran uso de sistemas de videoconferencia y video llamada.
reparto audiencias

Reparto de la audiencia televisión lineal/no lineal. Fuente Barlovento

Los datos para la televisión son más concluyentes, en cuanto que la metodología de los audímetros (muchas veces cuestionada en cuanto que lo que trata de ofrecer es una medición para poner precio a la publicidad) está bien asentada. Según el informe de marzo realizado por Barlovento a partir de los datos de Kantar Media (ver más abajo en Lecturas):

  • Marzo ha batido todos los récords: 284 minutos/día de media (sobre un universo de 45.5 millones de españoles), 371 minutos/día por espectador ¡6 horas y 11 minutos!. El domingo 15 de marzo es el día de mayor consumo de televisión desde que se hacen estas mediciones. El incremento medio respecto al mes anterior fue de un 40% (+88 minutos).
  • Los jóvenes de 13 a 24 años han incrementado su consumo de televisión en un 60% y los niños de 4 a 12 casi un 50%.
  • La televisión lineal en abierto sigue siendo la reina de la pantalla (284 minutos/día) y es responsable de más del 80% del crecimiento de la audiencia (ver gráfico). Al streaming y otros usos de Internet se dedican solo 21 minutos. Pero, atención, este consumo se refiere solo al que se hace en la pantalla tradicional. El streaming en otros dispositivos (tabletas y móviles) será mucho más elevado.
  • La información es, sin duda, motor de este incremento de las audiencias. En total, 41 millones vieron los telediarios, 2,6 millones más. Las cadenas que más crecen son las más “informativa”, La Uno (+0.6%) y La Sexta (+1, 4%). El Canal 24 Horas ha doblado su audiencia (de 1,1 a 2,1%). (Sobre TVE, ver el último apartado de esta entrada.
credibilidad

Elaboración propia a partir de los datos del estudio de DigiLab

Llegan las primeras encuestas más cualitativas, como esta del DigiLab (véase en Lecturas). Sus datos son interesantes porque se refieren al periodo 3-10 de abril, mientras que los anteriormente recogidos corresponden a marzo:

  • Un 90% de los españoles se informa al menos una vez al día sobre la Covid-19 y un 52% tres o más veces. Y esto aunque el 42% informarse le genere angustia.
  • Los medios más utilizados son los diarios digitales (38.3%), seguidos de la televisión (33,9%).
  • La mayoría (77,4%) creen que los medios sesgan la información  conforme a su línea editorial y un 44,6% se quejan de sansacionalismo y creen que han generado un alama innecesaria.
  • TVE es el medio más creíble (ver gráfico)
  • Un 80,3% dice haber recibido noticias falsas, el 64,3% por WhatsApp.

Por último, el informe del Reuters Institute (ver referencia en Lecturas), con encuestas realizadas en marzo y principios de abril, que se centra más en la confianza de los medios y que aporta la visión comparativa en 6 países (Argentina, España, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos). Estas son las tendencias:

  • La dieta informativa combina todas las plataformas informativas, con el dominio de la información en línea (en la que se incluye tanto la visita a cibermedios, sitios de información institucional o búsquedas), seguido por la televisión, las redes sociales, la radio y los periódicos. El mayor recurso a las redes sociales se hace en España y, sobre todo, en Argentina. Hay diferencias notables en cuanto a las fuentes propiamente dichas: en España, Corea y Argentina se recurre en primer lugar a los medios informativos (con porcentajes mucho más bajos a otras fuentes), mientras que en los otros tres países se busca la información casi en la misma medida información en los medios y en las fuentes oficiales, lo que parece traslucir una mayor desconfianza en España, Corea y Argentina hacia las fuentes oficiales. En fin, en todas partes, WhatsApp es, por encima de Facebook, la red social de comentarios con amigos y familares, pero nuevamente son España, Argentina y Corea del Sur los países que más usan esta plataforma (por encima del 50%). A menor grado de educación formal menos se acude a los medios informativos y más se depende de las redes sociales y aplicaciones de mensajería.

dieta

En cuanto a la confianza en las fuentes, en todas partes se cree más a las fuentes expertas (médicos, sistema sanitario nacional u organizaciones internacionales de salud). Después se confía en los medios informativos y los gobierno y luego, ya mucho menos en la gente y los políticos. Un dato preocupante, España tiene los porcentajes más bajos de plena confianza en los medios (un poco más del 50%) y el Gobierno (en torno al 46%, Estados Unido un poco menos, 44%).

confianza reuters

  • La mayoría de los encuestados dicen haber encontrado poca desinformación en las distintas plataformas (un dato que constrasta con los resultados españoles del DigiLab, ver más arriba). En Estados Unidos, Corea del Sur y España las respuestas identifican a los políticos como fuente frecuente de desinformación.

Recapitulando más allá de todos estos informes. Que nadie eche las campanas al vuelo por este hambre de información. La confianza en los medios informativos no es ni mucho menos plena y es menor cuanto más baja sea el nivel de educación y la polarización política del país. Las audiencias están angustiadas y cautivas. Estos consumos no se mantendrán en una vuelta a la normalidad. Y durante el confinamiento corremos el peligro de caer en una saturación informativa.

En Italia ya se ha producido un importante reflujo. En la última semana de marzo -Italia va por delante de España una o dos semanas en el desarrollo de la enfermedad, no necesariamente en los comportamientos sociales- el telediario nocturno de la RAI cayó en 352.000 espectadores, pero, sobre todo, el especial que le sigue perdió nada menos que 3,8 millones. Este último dato parece indicar la necesidad de salir del círculo angustioso (un relato sin esperanza) de una información quizá repetitiva y buscar entretenimiento y evasión.

¿Mantendrán los jóvenes alguno de los vínculos informativos generados durante el confinamiento? Puede que no, pero por lo menos habrán visto que hay otro mundo y otra forma de contar más allá de sus redes sociales.

El comportamiento de los medios

Me considero incapaz de hacer un juicio medianamente fundamentado sobre el comportamiento de los medios profesionales. Hará falta mucha investigación, que a buen seguro ya se está desarrollando.

Internacionalmente, el fenómeno más interesante y, además, decisivo en el tratamiento de la pandemia es la simbiosis entre Trump y Fox News. Durante todo su mandato, el presidente se ha nutrido de la información altamente polarizada de la cadena y esta ha sido su gran altavoz. Trump ha tenido que ceder, en parte, y adoptar a regañadientes las medidas que le recomiendan sus expertos, con los que mantiene una relación conflictiva. Fox abrazó la narrativa trumpista de minimimizar la importancia de la enfermedad y ahora presiona al presidente para una vuelta precipitada a la normalidad. Trump lanzó desde el principio una guerra contra los medios, las broncas en la sala de prensa de la Casa Blanca han sido una constante, per en esta guerra los medios están respondiendo con la contundencia que requiere la emergencia.

En España observo, claro, el sesgo editorial, como advierten los encuestados del DigiLab y como no podía ser menos. Los medios de derechas (la mayoría) apoyan editorialmente y con su sesgo editorial la narrativa del PP (incluida el encuadre que culpa al 8-M como principal causa del brote). Los de centroizquierda y relativa izquierda (los menos) apoyan críticamente el relato del Gobierno. Hasta ahí, todo legitimo.

En general, todos los medios están haciendo un enorme esfuerzo de contextualización, divulgación y reportajes (también con sus sesgos). No creo que ninguna información sobre la Covid-19, ningún dato haya sido ocultado, ninguna imagen por dura que fuera censurada, ninguna crítica anulada. Poco a poco se va escuchado -siempre dependiendo de la línea editorial- la voz de los últimos de nuestra sociedad, los más pobres, los inmigrantes que viven 10 personas en 40 metros cuadrados, las familias monparentales sin recursos, los que vivían en la calle, los que dependían de la venta callejera.

Percibo el sensacionalismo sobre todo en los magazines de televisión (la audiencia de los de la franja de la mañana ha crecido un 65%). Por supuesto, el principal problema es nuestro sesgo perceptivo, seguimos viviendo en cómodas burbujas en las que nuestras filias y fobias se ven confortablemente confirmadas.

Lo peor es lo que la pandemia oculta o deja en un muy segundo plano informativo otras realidades de nuestro mundo:

Nodos mediáticos en la campaña de desinformación

Hay una constelación de medios aparentemente profesionales que son esenciales en la distribución de la desinformación, en la infodemia que padecemos. PR noticias, moncloa.com, periodistadigital… entre otros.

No producen bulos puros y duros, pero pueden hacerse eco de ellos, dándoles una apariencia de veracidad. Y, sobre todo, cultivan la información manipulada, que a partir de datos reales, de medias verdades, ocultan el contexto y sacan conclusiones falsas. Esas “informaciones” son convertidas en virales en las redes de la derecha y la ultraderecha, ya sea por cuentas verdaderas o, directamente, por cuentas automatizadas.

Por último, para darles una difusión masiva más allá de las redes, basta citar a estos “medios” en los magazines de Ana Rosa Quinta y Susana Griso, ambos con un largo historial de manipulación. Por citar, solo una de estas últimas, la manipulación en Espejo Público de las declaraciones de un científico británico, para culpar al 8-M de brote, respondida por el propio científico.

bulo whatsapp

El bulo de WhatsApp

Estos días he observado personalmente un caso típico de desinformación, a partir de la decisión de WhatsApp de limitar la posibilidad de compartir a todos los grupos y contactos los mensajes reenviados más de cinco veces.

El estudio de esta medida merece su propio análisis, pero ha sido el pretexto para lanzar una campaña de desinformación de libro. El día 7 leo la noticia en The Guardian. El mismo día la publica El Mundo de manera más concisa, pero irreprochable. Dos días después y con un enlace a la información veraz de El Mundo me llega por el propio WhatsApp el bulo (ver imagen). En este caso no entran en juego esa constelación de medios, sino que se utiliza una noticia correcta, publicada por un medio profesional de línea editorial de derechas, que ofrece credibilidad para los sectores de esta ideología. No puedo investigar quién originó el bulo, pero en esta ocasión se ha demostrado como bulos y desinformación que podría atribuirse a la ultraderecha son compartidos por figuras tan destacadas del PP como Rafael Hernando (véase tuit).

Efectivamente, la “gente”, alguna gente, se ha ido a Telegram. De repente Telegram me avisa que una decena de viejos contactos (un fontanero, un perito, un viejo conocido, un abogado que me llevó un caso…) se han dado de alta en la aplicación.

La campaña ha tenido éxito. No porque la “gente” se haya dado de alta en Telegrama. El primer objetivo era atacar al periodismo de verificación, que les hace mucho daño, y, en cierto modo, amenazar a esta instancias profesionales, como denuncia la FESP. Pero, el objetivo último y más estratégico es crear una desconfianza general, favorecer un estado de ira dirigido contra el Gobierno: la tormenta de mierda.

(Para una ulterior entrada sobre derechos y libertades dejo la polémica sobre la disparatada pregunta del CIS sobre si es necesario para luchar contra contra la desinformación abolir la libertad de expresión y pohibir todas las fuentes que no sean oficiales).

El encuadre informativo de la pandemia

Dejemos la desinformación. Hace mucho que sabemos que tan importante como qué se dice es cómo se dice. Una de las líneas de investigación en comunicación es la teoría del enmarque, encuadre o enfoque, el framing, uno de cuyos padres más destacados es el lingüista George Lakoff.

Los temas informativos se encuadran en marcos mentales que les dan sentido. Unas veces estos marcos responden a un consenso social general (“la ciencia es buena”, “hay que comer sano”), o a un sentido compartido en una determinada comunidad (por ejemplo, el consenso de “tenemos derecho a decidir” entre los independentistas). Suelen ser los marcos más implícitos. Otras veces, en situaciones de polarización, los marcos pueden ser visiones opuestas que dividen a una sociedad. Estos marcos contradictorios son más explícitos.

El Observatorio de la Información de la Calidad de la Información en Televisión (OCITV), un grupo de investigación de la UCM que coordiné hasta mi jubilación, realiza desde hace 6 años un trabajo de análisis de contenido de los telediarios de las cadenas nacionales (metodología), en el que se investiga el ámbito, los agentes informativos, los temas y el tratamiento de las noticias de los noticieros (por ejemplo, este estudio sobre los agentes informativos).

No analizamos los encuadres, porque salvo los marcos muy generales, el framing, es particular de cada tema informativo, y los informatrivos son multitemáticos. No en estos dos últimos meses, donde el tema dominante, sino exclusivo es la Covid-19. Así que adaptamos nuestra oleada de análisis, que iba del 9 de marzo al 20 de marzo y añadimos como elementos de análisis una serie de etiquetas por duplas dicotómicas (por ejemplo, “El Estado nos protege / El Estado no nos protege”).

Hoy estamos en condiciones de adelantar unos resultado preliminares. La muestra se realiza sobre un número prácticamente idéntico de informativos de TVE, A3, T5 y La Sexta (Cuatro se nos cayó cuando dejó de hacer telediarios). Nuestra unidad de análisis es la pieza informativa y hasta ahora solo se han analizado 499 piezas, la mitad de las previstas. En una misma pieza se pueden detectar varios marcos, incluso alguno de estos pares dicotómicos al mismo tiempo.  Estos son los resultados preliminares, sin desglosar por cadenas, quizá los más significativos, teniendo en cuenta que en estos días la práctica es ver informativos de distintas canales.

encuadre general

Fuente OCITV

Como se ve, los marcos positivos dominan, sobre todo el del Estado nos protege. Pero los marcos negativos también son significativos: la enfermedad afecta a todos (no es solo cuestión de viejos), el virus mata y tenemos miedo.

Especialmente significativa es la comparación de las duplas más presentes, donde se ve como el enfoque positivo domina sobre el negativo de el mismo marco. Insisto, son resultados preliminares y se refieren al conjunto de los informativos nacionales de las cuatro cadenas de ámbito estatal.

encuadre positivo

Fuente OCITV

¿Sobrevirán los medios a la pandemia o morirán de éxito?

Con cifras nunca vista de audiencias y consumo informativo, los medios (privados) corren, paradójicamente, el riesgo de desaparecer. Los medios siguen dependiendo en gran medida de la financiación publicitaria y los anunciantes han suprimido prácticamente todas las campañas. La caída de los ingresos ha sido drástica, tanto para la prensa como para las televisiones en abierto.

La prensa abrazó Internet con entusiasmo. Antes de la explosión de la burbuja digital, primero volcó sus contenidos analógicos y luego desarrolló sus páginas web gratuitas. La publicidad digital complementaría los ingresos del papel (venta, suscripción, publicidad). Un gran negocio. Pero resultó que el público dejó de pagar por el diario en papel, un producto que se ofrecía gratis en la web, y que la publicidad digital dejaba un ingreso irrisorio por cada contacto. Algunos (por ejemplo El País o El Mundo) decidieron hace su web de pago, pero su tráfico se hundió y con él su influencia social, asi que abrieron de nuevo las webs.

Y en esto llego la recesión de 2008 y las corporaciones multimedia apalancadas con deudas impagables quebraron o estuvieron a punto de hacerlo. Muchos optaron por reducir periodistas y, por tanto, calidad, e intentaron seguir a los llamados medios nativos digitales, basados en el clickbait, en lograr millones de clics (y millones de céntimos) con titulares sensacionalistas. Tampoco funcionó. Quienes monetizaban esos clics eran Google y Facebook, así que se buscaron la sindicación de contenidos con las plataformas tecnológicas y pasaron a depender de las redes sociales, hasta tal punto que un cambio de algoritmo de Facebook pudo hundir el tráfico de los diarios que optaron por esta estrategia suicida.

Siguiendo la estela de The New York Times, los medios de calidad terminaron por apostar por los llamados muros de pago inteligentes, es decir permitir el acceso gratuito a un determinado número de informaciones, proponer la suscripción y sugerir áreas de interés para el usuario. Otros medios nativos digitales se basaron desde su nacimiento en una suscripción activa, más de adhesión asociativa que de puro abono informativo, dejando libres sus contenidos. Otros, con un modelo no lucrativo, confían en las aportaciones de fundaciones o incluso del crowfunding. En lo que todo el mundo está de acuerdo es que la información de calidad tiene un precio.

El coronavirus ha llegado justamente cuando algunos diarios (por ejemplo El País) estaban a punto de realizar la transición a un modelo de muro de pago inteligente. El problema ha sido no tanto la caída de los ingresos por publicidad digital, como la pérdida de la publicidad en el papel, que, salvo en casos contados como The New York Times, seguía siendo el principal soporte financiero. En la emergencia unos han levantado los muros, los otros los han abierto parcialmente y otros han retrasado su implantación. Justamente los que mejor tenían implantado el sistema, como The New York Times, y en situaciones de polarización política, han registrado espectaculares crecimientos en las suscripciones. Pero no ha sido, desde luego, la regla general.

La información de calidad cada vez está más detrás de muros de pago. Los muros de pago liberan del clic y la publicidad. Renuevan el compromiso con el suscriptor. Pero limitan el pluralismo. Pocos tendrán varias suscripciones, más allá de los profesionales. Más calidad sí, pero una dieta informativa menos diversa, menor pluralismo, en definitiva. Aparece una nueva grieta divisiva, solo los más ricos y más educados, los que más confían en los medios, son suscriptores, los demás  tienen que contentarse con la información viralizada por el clicbait o, peor, quedan directamente a merced de la desinformación.

Estamos en los primeros compases de una recesión, sino depresión, como no hemos conocido antes. Los medios privados ya anuncian reestructuraciones. El primero ha sido The Guardian, con un modelo no lucrativo y dependiente de una fundación, que despedirá a 100 trabajadores no relacionados con tareas editoriales. En España, todos los grandes grupos anuncian reducciones salariales o la aplicación de ERTEs (de momento a la parte de la plantilla no redaccional). En estos días, todos los periodistas teletrabajan. ¿Desaparecerán las grandes y costosas redacciones?.

Función pública y servicio público

Nunca como en estos días aparece tan incuestionable la función pública del periodismo y de los medios que lo vehiculan. Una información contrastada, completa, contextualizada es imprescindible para nuestra supervivencia personal y la superación colectiva de la crisis.

Las organizaciones empresariales solicitan ayudas económicas del Gobierno. UTECA, el lobby de las televisiones privadas, va más allá, pues no solo pide ayudas directas sino que exige dejar de realizar aportaciones a RTVE, que, por lógica, disminuirán, pues son una tasa de un 3% sobre sus ingresos brutos de explotación. El Gobieno les ha escuchado y les ha dado una propinilla de 15 milones para mantener en la TDT “durante un plazo de seis meses determinados porcentajes de cobertura poblacional obligatoria” (art. 46 RD-L. 11/2020). Que yo sepa, ningún otro sector, salvo el turístico (y por la vía de ampliar el fondo para compensar la quiebra de Thomas Cook), ha recibido una ayuda específica.

“En pocas ocasiones como en esta los medios de comunicación han ejercido su papel de servicio público para la comunidad” -dice un editorial de El País del 22 de marzo, y añade “reivindicar la información como tarea esencial en estos momentos no significa reclamar un privilegio”. Afirmaciones como esta exigen distinguir entre función pública y servicio público.

Ejercer el periodismo es una función pública, pues de esta actividad depende la conformación de una esfera pública sin la que una sociedad democrática no puede existir. Ejercer una función pública conlleva responsabilidades especiales y puede exigir una regulación pública rigurosa. Pero la actividad se realiza en nuestros sociedades en el marco del mercado. Sería lo que en el derecho comunitario se denomina servicios económicos de interés general.

En cambio, la función del servicio público supone desempeñar una actividad esencial que no puede quedar supeditada o condicionada a las exigencias del mercado. Una actividad de servicio público puede ser encomendada directamente una empresa o ente público (gestión directa) o una empresa privada (gestión indirecta).  La actividad de servicio público implica el cumplimiento de unas prestaciones exigentes y bien definidas, que van más allá de la responsabilidad y limitaciones que pueda imponer la legislación sobre los servicios económicos de interés general.

En España, el art. 20 de la Constitución reconoce a todos el derecho a la libertad de expresión e información. Ordena la regulación legal de específicos derechos profesionales, como el de la cláusula de conciencia (desarrollada por la L.O   2/97) y el secreto profesional (sin desarrllo y con un reconocimiento jurisprudencial no siempre pacífico). Y establece el control parlamentario y el derecho de acceso a los “medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público”.

En la práctica, con la liquidación en los 80 del organismo Medios de Comunicación Social del Estado, los medios públicos quedaron reducidos a las radiotelevisiones, la estatal RTVE y las autonómica. La Ley de la televisión privada (L. 10/88) declaraba en su preámbulo que la radio y la televisión son en España, de conformidad con el art. 128 de la Constitución, un servicio público esencial de titularidad estatal, para en su articulado regular la posibilidad de delegar este servicio en régimen de concesión administrativa a sociedades anónimas. Finalmente, la Ley General de la Comunicación Audiovisual  (L. 7/2010) en su art. 22 declara a los servicios de comunicación audiovisual como servicios de interés general, mientras que en el art. 40 establece los fines y misiones del servicio público audiovisual que el Estado, las Comunidades Autónomas y los Entes locales podrán establer.

No creo que las empresas periodísticas que hoy claman ser servicio público esencial quieran pasar a ser de titularidad pública. Y me temo que ni siquiera estarían dispuestos a someterse a una regulación rigurosa, como la que, con todas sus lagunas y escapatorias, están obligadas a cumplir las radios y televisiones privadas. Pero por lo menos no debieran olvidar comportamiento previos poco acordes con la función pública (EREs salvajes y discriminatorios, campañas de desinformación como la de la atribución de los atentados del 11-M a ETA). Sobre todo debieran dar muestras de estar dispuestas a asumir responsabilidades específicas que implica la función pública de informar como un autocontrol rigurosa y fiable, un mayor pluralismo interno con instituciones que reconozcan que los derechos profesionales de los periodistas pueden limitar el onmimodo poder del propietario y su libertad de empresa.

Las radiotelevisiones pública europeas

Los servicios públicos audiovisuales europeos (Public System Media, PSM), una de la señas de la identidad del viejo continente, han tenido, como todos los medios, un enorme crecicimiento en su audiencias y, lo que es más importante, en su alcance, esto es, al conjunto de los ciudadanos que prestan un servicio. Según un estudio realizado a mediados de marzo por la Unión Europa de Radiodifusión (UER-EBU) (ver en Lecturas), sus socios, las rtvs. públicas su alcance en los países más afectados por el Covid-19 se ha multiplicado por 2,5, las audiencias de sus informativos nocturnos han subido un 20%, con un muy significativo aumento entre los jóvenes de un 42%. Y todavía más se ha multiplicado (x 1,7) la consulta de sus noticias en línea y el acceso a sus aplicaciones móviles se ha doblado. (PS. datos actualizados, después de que EBU actulizara su informe.

Todos los servicios ha hecho un enorme esfuerzo, con gran despliegue informativo, adapatando sus recorsos y programación a la emergencia (aquí el caso de la BBC). Pero lo más importante, como pone de relieve el informe de la UER es que a las clásicas misiones de formar, informar y entretener se ha añadido una si acaso más esencial en estos días, la de apoyo: fomento de actividades solidarias, soporte psicológico, apoyo de iniciativas de creatividad espontánea, recopilación de puntos de atención sanitaria.

Función de apoyo

RTVE

A RTVE le ha cogido la emergencia en su crisis perpetua, con una dirección provisional que lleva camino de ser eterna, un concurso para su cúpula paralizado, muy debilitada por falta de recursos y objetivos estratégicos.

Como todo el mundo ha improvisado. Ha doblado estudios fuera de Torrespaña, creados dobles equipos, producido remotamente toda la programación de RNE, utilizado dispositivos móviles para la producción de las noticias de los telediarios. En algún momento se ha notado en pantalla el cansancio de los reporteros. Organizativamente ignoro las dificultades internas, aunque conozco las quejas sindicales sobre medidas de protección, pero hacia fuera todo para haber funcionado.

En el campo informativo lo ha hecho brillantemente, aunque sus telediarios, pese al crecimiento de la audiencia, no consigan conquistar el liderazgo, solo empatar con Antena 3, y eso sumando las audiencias simultáneas de La Uno y el Canal 24 Horas. Como siempre, la cobertura internacional ha sido un factor diferencial frente a la competencia.

Intentó el camino de los especiales el 4 de marzo con “Coronavirus. Combatir el miedo”. A toro pasado podemos decir que fue un gran error, que espacios como este creaban una falsa confianza. Pero allí estaban todos los asesores científicos del Gobierno y el tono didáctico era el adecuado. Que el Gobierno y sus asesores se equivocaron es hoy claro, pero en aquel momento el servicio público exigía ese especial, frente a los magazines sensacionalistas de la competencia. Sea como sea, TVE abandonó los especiales y se ha limitado a dar un carácter monotemático a sus magazines  de mañana y tarde.

Uno de los puntos fuertes de TVE es su programación regional, que lamentablemente al mediodía se ha sacrificado a la cobertura de las ruedas de prensa de la “autoridad competente”, que muy bien podrían haberse retransmitido exclusivamente en el Canal 24 Horas.

Los telediarios de TVE y espacios informativos de RNE como Las Mañanas son sobresalientes por la calidad de las entrevistas y, en el caso de TVE, por el esfuerzo realizado en reportajes sobre el terreno y no solo usando recursos de Internet y video llamadas.

Los telediarios de TVE no han ocultado un tema ni una imagen. Pero han sido el objetivo de las campañas de la derecha (las cartas de Díaz Ayuso cada vez que un “sindicalista” criticaba los recortes sanitarios) y la ultraderecha, con el notable apoyo en las redes de antiguos directivos manipuladores.

Lamentablemente han tenido que ser los propios informadores los que se hayan defendido (Xavier Fortes / Carlos Franganillo, en este caso la crítica a la que se responde era matizada y profesional, pero los ejemplos de la respuesta neutralizan las mentiras de las campañas de descrédito). Se ha echado en falta un contrataque institucional, a diferencia de la respuesta corporativa de Atresmedia a las declaciones de la diputada de Vox que comparaba a La Sexta con la Gestapo.

El servicio público no se agota en los informativos. Se cumple de ordinario de modo destacado en programas escondidos en La Dos o en RNE, como El Cazador de Cerebros, que ha conseguido hacer “viral” la entrevista con el virólogo Luis Enjuanes.

En esta emergencia el servicio público ha sido formación con Educlan, que, a pesar de sus carencias de partida está logrando atender a los alumnos más desfavoridos que no pueden seguir el curso en línea. Es entretenimiento diferente, con Crónicas de la Cuarentena. Y es apoyo con sesiones de gimnasia o iniciativas como el Memorial virtual del Lab de RTVE, la primera iniciativa institucional de duelo.

Como bien dicen Concha Mateos y María Lamuedra, TVE ha sido el botón de calma de esta crisis.

(Otras entradas sobre la pandemia en este enlace)

LECTURAS

El futuro de la especie

Medidas para salir del confinamiento

El capitalismo es culpable

Estudios sobre consumos informativos

¿Sobrevirán los diarios?

Medios audiovisuales

Desinformación

TDT: un plan técnico continuista


(Este texto ha sido originariamente publicado en Teledetodos el 15 de julio de 2019)

Otra vez el baile de canales en aras del llamado segundo dividendo digital. Más espectro radioeléctrico, más dominio público, para los servicios avanzados de telecomunicaciones (5G), menos para la televisión. Más servicios avanzados de pago con grandes promesas (Internet de las cosas), los mismos servicios de televisión abierta recolocados en un ancho de banda menor.

Antes del 30 de junio de 2020 tiene que producirse un reacomodo en el espectro radioeléctrico de los canales públicos y privados que emiten por la TDT, lo que supondrá para los consumidores volver a reprogramas las antenas de los edificios comunitarios y resintonizar los televisores. El proceso se ha puesto en marcha con la publicación en el BOE del 25 de junio del Real Decreto 391/2019, por el que se aprueba el nuevo Plan Técnico de la Televisión Terrestre, que sustituye al de 2014.

El Real Decreto fue sometido al trámite de audiencia e información pública, en el que Teledetodos presentó sus aportaciones, a las que luego nos referiremos.

El segundo dividendo digital

El espectro radioeléctrico es un dominio público natural sobre el que se desarrollan las radiocomunicaciones, una gran diversidad de servicios, que, dado que las ondas radioeléctricas no conocen fronteras, requieren una administración internacional, llevada a cabo por las conferencias mundiales de radiocomunicaciones en el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Las conferencias deciden la asignación de frecuencias a los distintos servicios (militares, de emergencias, de comunicaciones aéreas y marítimas, radiodifusión, telefonía etc.), reparten las frecuencias por continentes y asignan a los países los canales correspondientes para cada uno de los servicios.

En este marco intergubernamental, en el que las compañías de telecomunicaciones tienen enorme influencia, ha ido asentándose el consenso de atribuir más espectro, más dominio público, al desarrollo de los servicios avanzados de banda ancha inalámbrica en detrimento de los servicios broadcast (difusión masiva de programas de radio y televisión directamente por las ondas), sobre la premisa de que una administración más eficiente del espectro y avances en las normas técnicas de emisión permitirán mantener los mismos servicios de radio y televisión, incluso con mayor calidad. Más con menos, o, por mejor decir, mismos servicios con mejor calidad en menor ancho de banda.

Así, la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015 (CMR-15) asignó a los servicios de telefonía 5G en la Región 1 de la UIT (en la que está España) la banda de 700 Mz (694-790 Mz), hasta ahora dedicada a servicios de radio y televisión. Por su parte, la Unión Europea en la Decisión (UE) 2017/899 del Parlamento y el Consejo, de 17 de mayo de 2017 (pdf) regula las directrices para el uso coordinado de esta banda y establece la fecha límite del 30 de junio de 2020 para que los servicios de la televisión digital terrestre desocupen la banda de 700 Mz.

El contenido del Plan Técnico

El Plan Técnico Nacional hace efectivo en España el marco internacional al que estamos sujetos (CMR-17, Decisión (UE) 2017/899). Se trata de acomodar los operadores existentes, públicos y privados, en la banda de frecuencias de 470-690 Hz (canales radioeléctricos 21 a 48), lo que supone que una tercera parte de los canales de televisión cambiarán de canal radioeléctrico.

Se mantienen 8 múltiples digitales, cada uno con capacidad para cuatro canales radioeléctricos. RGE1 (con la posibilidad de realizar desconexiones territoriales) y las ¾ partes de RGE2 para RTVE, en total siete canales radioeléctricos (actualmente 6). Otros cinco múltiples (MPE1, 2, 3, 4 y 5) y un ¼ de del RGE2 para los canales privados.

Como hasta ahora corresponden a Atresmedia seis canales y siete a Mediaset, dos a Veo TV y Net Tv y uno a Trece Tv, Real Madrid, Ten Tv y Radio Blanca (en este último caso, 1/4 del RG2 que comparte con RTVE). A las comunidades autónomas se les otorga el múltiple MAUT. Y se mantienen los múltiples locales e insulares del anterior plan.

Durante el periodo de transición los operadores que deban cambiar de múltiple y canal radioeléctrico podrán emitir simultáneamente por el antiguo y el nuevo canal (simulcast), como ya ocurriera durante la liberación del primer dividendo digital. El calendario de migración se aprobará por resolución de la Secretaría de Estado para el Avance Digital.

La cobertura de los nuevos canales será la misma que en el anterior Plan: un 98% en el RGE1 (cuatro canales de RTVE), el 96% en el RGE2 (3 canales de RTVE y uno privado), 96% en los múltiples dedicados a los canales privados y 98% en los canales autonómicos públicos y 96% en los privados.

No se ha tenido en cuenta la propuesta de Teledetodos realizada en el trámite de audiencia pública para que la cobertura de los canales de RTVE en el múltiple RGE2 fuera del 98%, de modo que todos los canales de TVE tuvieran la misma cobertura, “garantizando una prestación homogénea y acorde a la vocación de prestación universal”. Así que puede ocurrir que en una misma localidad puedan verse unos canales de TVE y otros no. En cualquier caso, tanto los prestadores públicos como los privados deben alcanzar la misma cobertura de población alcanzada conforme el Plan de 2014.

Más grave es que el Plan Técnico no asigne frecuencias a los servicios de comunicación comunitaria sin ánimo de lucro, como también propuso Teledetodos. La LGCA (art. 32.2 y disp. tr. 14ª) ordenaba en 2010 al Gobierno que en el plazo de 12 meses estableciera las disposiciones reglamentarias adecuadas para dotar de frecuencias a estos servicios, tercera pata del sistema junto con los servicios públicos y los privados de interés general. Lamentablemente, este Gobierno, como los anteriores, sigue ignorando a este tercer sector, decisivo para una comunicación participativa y vivificador de las comunidades locales.

Las entidades que compartan un mismo múltiple deberán asociarse para su gestión técnica. En el caso de RTVE, respecto al múltiple que comparte ahora con Ten y luego con Radio Blanca, y de los prestadores de servicio público referido al múltiple MAUT deberán comunicar a las entidades privadas a los que se asigne canales en el mismo múltiple las condiciones que aplican para la gestión técnica, condiciones que se regirán por los principios de objetividad, proporcionalidad y buena fe “garantizando en todo momento la calidad y continuidad en la prestación de los servicios públicos de comunicación audiovisual televisiva de cobertura estatal y autonómica” (disp. ad. 2ª.1). Este redactado parece querer garantizar la primacía de la calidad de emisión de los servicios públicos, estatales o autonómicos, sobre los privados. En todos los casos la gestión debe permitir la optimización del uso de la capacidad del múltiple. Los conflictos se dirimirán ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

RTVE gana un canal radioeléctrico, pasa de seis a siete, lo que puede facilitar un salto más rápido a HD de todos sus canales (ahora de cinco canales solo TVE1 y La Dos emiten en simulcast en HD y SD) y, sobre todo, favorecer las emisiones en 4K.  Lástima que para ejercer un liderazgo en esta materia se requieran recursos de los que la Corporación no anda sobrada.

El Plan asigna a RTVE (y a los operadores autonómicos públicos) como obligación de servicio público la actualización del software de los aparatos receptores, para lo que llegarán a acuerdos transparentes, objetivos y no discriminatorios con los fabricantes, con las consiguientes contraprestaciones económicas, proporcionales a la capacidad del múltiple dedicada a esta tarea. Veremos si estos acuerdos son realmente ventajosos para los operadores de servicio público, o se convierten en una carga difícil de asumir para unas organizaciones infrafinanciadas.

Es, pues, en definitiva, este un plan continuista con el anterior de 2014, pues mantiene los mismos servicios, como no podía ser de otra manera, pues un Plan Técnico, promulgado por Decreto, no puede suprimir o conceder licencia ni crear o eliminar operadores de servicio público.

El ecosistema de la televisión en abierto en España es disfuncional. En el paso de la emisión analógica a la digital se apostó por trasladar el modelo de la televisión generalista, y los gobiernos sucesivos (Aznar, Zapatero, Rajoy) otorgaron licencias sin una programación diferenciada ni requerir verdadera especialización; sacrificando la calidad de imagen a la ocupación del espectro con el mayor número de canales posibles y sin exigir la implantación de nuevos servicios.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010 (pdf) en la práctica privatizó las frecuencias. Las licencias son por 15 años, renovables y transferibles. Al licenciatario se le entrega, de hecho, una frecuencia prácticamente de por vida, que puede transferir y arrendar (art. 29). Además, las laxas normas anticoncentración, solo aplicables antes de la operación de fusión o absorción, pero no a posteriori (art. 36 LGCA) han propiciado un oligopolio dominado por los dos grandes grupos, Atresmedia y Mediaset. El resultado son programaciones falsamente temáticas de los dos grandes grupos (los mismos programas de la televisión generalista empaquetados para targets publicitarios) y el arriendo de canales a las grandes majors norteamericanas por parte del resto de los licenciatarios. El Plan da continuidad técnica a esta situación.

Subvenciones para la reantenización

 El Plan Técnico va acompañado por el Real Decreto 392/2019, de 21 de junio, que regula la concesión directa de subvenciones para compensar a los propietarios los gastos que deban de hacer para adaptar las instalaciones de recepción de los edificios sujetos al régimen de comunidad, como ya se hizo con ocasión del primer dividendo digital. Las subvenciones van de 104,3 € hasta 677,95 €, en función de la adaptación y el equipo que haya de instalarse según el número de múltiples que cambien en cada zona geográfica, como se detalla en un anexo del Decreto. La cuantía estimada para estas ayudas es de 150 millones de euros (280 millones en el primer dividendo digital). No se contemplan ayudas para las viviendas unifamiliares, que en general no requieren más adaptación que resintonizar los canales en el aparato receptor. En este segundo dividendo digital no se habilitan subvenciones para compensar a los operadores por transmitir simultáneamente transitoriamente en dos frecuencias, como se hizo en el primero (R.D. 677/2014, de 1 de agosto).

El Gobierno comunicó estas ayudas a la Comisión Europea, que dictó con fecha 12 de abril de 2019 la Decisión C (2019) 2772, que consider la ayuda compatible con el mercado interior y adecuada y necesaria para favorecer el segundo dividendo digital y garantizar los servicios de televisión para los espectadores, proporcionada y neutral tecnológicamente. Se podrá utilizar cualquier solución tecnológica disponible, adsl, cable, satélite, TDT… menciona el preámbulo del R.D. Pero lo cierto, es que, como ocurriera en las subvenciones del primer dividendo, donde también se establecía el principio de neutralidad tecnológica, la inmensa mayoría de las adaptaciones realizadas en los edificios de vecinos para recibir las programaciones en abierto se hicieron –y se harán- en los equipos de recepción de la TDT.

La cobertura de las zonas de sombra

 Los operadores corren con el coste de la cobertura asignada, el 96% para los privados y el 98% para los públicos. Pero queda un 2’5% de la población sin cobertura de la TDT por vivir en zonas menos urbanizadas o remotas (zona II) y otro 1’5% que por razones orográficas no pueden recibir las emisiones terrestres (zona III).

En la transición de la televisión analógica a la digital se optó por emplear conexiones por satélite para la cobertura de la zona III y por establecer redes terrestres para la zona II, con la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos. En 2013 la Comisión, a raíz de una denuncia del operador de satélites ASTRA, declaraba incompatibles estas ayudas con el mercado interior. En 2017, el Tribunal Europeo de Justicia anuló en casación la decisión de la Comisión, pero en otro caso fallado en 2018 sí obligó a devolver las ayudas de Castilla-La Mancha a Cellnex.

Ahora, volverán a producirse zonas de sombra para los canales que cambien de múltiple. El Plan (disp. ad. 6ª) regula la que llama “iniciativa pública en la extensión de la cobertura de la televisión digital. Para que las Administraciones públicas puedan desarrollar esas iniciativas deberán obtener la conformidad de los prestatarios del servicio, no incurrir en distorsión del mercado, respetar el principio de neutralidad tecnológica y cumplir la normativa europea sobre ayudas estatales. La neutralidad tecnológica tiene especial relevancia pues su falta, esto es, la discriminación en favor de la solución terrestre en detrimento del satélite, fue el argumento central que llevó a la Comisión Europea a considerar ilegales las ayudas, de modo que ahora los concursos que puedan convocarse para ampliar la cobertura deberán ser especialmente estrictos en evitar cualquier discriminación entre plataformas tecnológicas.

La transición al HD y al UHD

 A estas alturas todavía solo los canales cabecera de cada uno de los grupos públicos y privados emite en alta definición (HD). El Plan fija la fecha del 1 de enero de 2023 para que todos los canales emitan en HD bajo la norma técnica H.264/MPEG-4 AVC, pero exigiendo solo la resolución de 720 líneas verticales, la calidad mínima para ser considerada alta definición. No se considerarán emisiones en alta definición las que hayan sufrido a lo largo de la cadena de producción, edición, transporte o difusión, algún tipo de conversión a otros formatos (art. 9.2). Creo que esta norma debiera interpretarse como cambio de formato el de la programación del canal en su conjunto o de partes significativas. De otro modo resultaría imposible utilizar material de archivo en los informativos u otros programas.

Durante el periodo de transición los operadores podrán seguir emitiendo en SD (576 líneas) los canales que ya hayan convertido en HD. De modo, que hasta julio de 2020 habrá programaciones emitiéndose en sendos canales radioeléctricos en dos bandas distintas y hasta 2023 canales transmitiendo simultáneamente en SD y HD.

A partir del 1 de enero de 2023 no habrá ya duplicación de canales y ello junto con una administración más eficiente del espectro y las mejoras de la adopción de la norma DVT-2 podrá liberar ancho de banda. El Ministerio de Economía podrá modificar el número de canales por múltiple en función de mejoras técnicas, pero este mejor aprovechamiento no habilitará para rebasar las condiciones de la licencia ni aumentar el número de canales por los licenciatarios (art. 7.3) y se podrá utilizar la capacidad restante para que los licenciatarios puedan prestar servicios conexos (guía electrónica de programación, transmisión de ficheros, aplicaciones, actualización de software) sin sobrepasar el 20% de la capacidad del múltiple (art. 7.4). Bien está que no se permita a los licenciatarios aumentar canales sobre el ancho de banda asignado, pero la norma parece dejar abierta la posibilidad de sacar a concurso nuevos canales, algo completamente innecesario con la actual saturación, cuando lo correcto sería apostar por aumentar la resolución o exigir que los licenciatarios desarrollen servicios conexos innovadores que potencien la interacción.

¿Y qué hay de la Ultra Alta Definición (4K)? El Plan contempla el 4K como una excepción. Solo se podrán emitir eventos extraordinarios por los operadores en los múltiples en que ya todos los canales hayan evolucionado a la emisión en HD, sin sobrepasar la capacidad que el licenciatario tenga asignada (disp. ad. 15ª.3). La codificación del vídeo se hará conforme la norma H.265/HEVC y con una resolución mínima de 2160 líneas verticales (art.10).

En el plazo de nueve meses se exige a todos los aparatos receptores de más de 24 pulgadas que incorporen sintonizador para HD conforme a la norma DVB-T2, que los de 40 pulgadas o mayores sean capaces de sintonizar 4K y conexión a banda ancha y a todos los de más de 24 pulgadas capacidades de televisión híbrida, conforme a la norma HbbTV 2.0.1 o posterior. En realidad, unas especificaciones que prácticamente cumplen todos los aparatos receptores que salen hoy al mercado, pero que dejan obsoletos a los televisores vendidos antes de 2014, cuyos propietarios para ver la televisión, cuando todos los canales emitan en HD el 1 de enero de 2023 no tendrán más remedio que conectar un decodificador al “viejo” televisor.

Son decisiones que garantizan que a partir de 2023 todos los canales emitan en DBV-T2 HD en la norma H.264 y que puedan existir canales en 4K bajo la norma H.265, con costes limitados para los operadores y gastos importantes para los consumidores si compran nuevos televisores o más asequibles, si optan por la compra de simples decodificadores. Se garantiza, así, que la TDT sea relativamente competitiva con las ofertas de pago en streaming, pero con una demora de más de tres años, que con la evolución acelerada de la tecnología parece excesiva.

El problema es que por mucho que los receptores puedan captar emisiones en Ultra Alta Definición las programaciones con esta resolución serán un caso excepcional, mientras no se adopten decisiones políticas: reserva de ancho de banda para estas emisiones y establecimiento de obligaciones de emisión tanto para los operadores públicos como para los licenciatarios privados.

El futuro de la distribución de la información audiovisual

El Plan (disp. ad. 14ª) garantiza hasta 2030 el uso por los servicios audiovisuales de la banda de 470-694 Hz, conforme a la citada Decisión 2017/899, que indica que esta asignación habrá de revisarse en 2025. Se apunta ya, por tanto, una posible merma de la banda destinada a la radiotelevisión en favor de un posible 3º (?) dividendo digital.

Durante algo más de una década será posible acceder gratuitamente a servicios primero en HD y luego, no antes de 2023 y como algo excepcional, en 4K, calidades que ya son ofrecidas por los servicios de pago en streaming. Ha faltado ambición de los poderes públicos y los operadores de la TDT para afrontar esa competencia.

Durante casi un siglo, desde la implantación de la radio en los años 20, la distribución a través de las ondas radioeléctricas del sonido y la imagen ha sido el método más eficaz y asequible para difundir masivamente contenidos de información, formación y entretenimiento. El público receptor ha disfrutado de estos mensajes sin costes de acceso, configurándose un servicio universal, esencial para el progreso, la cohesión y el pluralismo de las sociedades democráticas.

La digitalización ha traído unos nuevos servicios esenciales en la Sociedad de la Información, que nos han abocado a una tercera revolución industrial. La sociedad en conjunto se ha beneficiado, pero han sido los operadores de telecomunicaciones quienes han obtenido ingentes beneficios y los estados, mediante el procedimiento de la subasta del espectro, logrado importantes ingresos fiscales. En cambio, los usuarios de estos nuevos servicios digitales, deben pagar un coste de acceso, a diferencia del acceso gratuito a los tradicionales servicios broadcast.

No hay que ser adivino para pensar que los nuevos servicios digitales seguirán devorando más ancho de banda, en detrimento de los servicios de radiodifusión. Estos, por su parte, tendrán cada vez más difícil ofrecer resoluciones más altas (¿8K?) que exigen más ancho de banda, un recurso asignado cada vez más cicateramente al broadcast. Puede que en 2030 las programaciones de televisión deban necesariamente distribuirse sobre la banda ancha a través del protocolo IP, u otros semejantes (como el futuro DVB-I) , abandonando para siempre las ondas. En tal caso, los estados habrán de encontrar fórmulas para un acceso universal gratuito en banda ancha a los contenidos audiovisuales, especialmente, la información y la formación que se difunden en abierto por las ondas.

 

Salvad el concurso de RTVE


lazo-naranja-d1El mes de agosto ha sido excepcional para RTVE. La Administradora Única, elegida por el Congreso de acuerdo con el R.D.L 4/2018, ha renovado a los más significativos cargos directivos de la Corporación, con el aplauso de unos y la crítica de otros. Al mismo tiempo, el concurso público para la elección de los miembros del Consejo de Administración y el presidente sigue su tortuoso curso.

Ninguna empresa pública, ninguna autoridad independiente española, elige a sus órganos por un procedimiento de concurso público. Que lo haga RTVE es un una gran logro y, en cierta manera, un campo de experimentación.

El concurso tiene desde el principio fallos de diseño y subyace el peligro de que los partidos terminen por manipularlo, con el consiguiente desprestigio no ya solo para RTVE, sino para este tipo de procesos.

El fallo de diseño de partida reside en considerar a los consejeros como ejecutivos de la Corporación, sin tener en cuenta que no tienen ni dedicación ni remuneración. Por eso los requisitos para los consejeros no debieran de ser los mismos que para el Presidente, máximo órgano representativo y ejecutivo.

El concurso pasa por tantas instancias parlamentarias que es fácil perderseLas mesas del Congreso y el Senado aprobaron las normas del concurso. La mesa de la Comisión Mixta sobre RTVE aprueba las relaciones provisionales y definitivas de admitidos al concurso. El Comité de Expertos evaluará los méritos. Los candidatos evaluados positivamente comparecerán en las comisiones de nombramiento del Congreso y Senado. Y finalmente, será cada una de las cámaras las que designen primero a los consejeros y luego, entre ellos, el Congreso al presidente, en todos los casos con mayoría de 2/3 en primera votación o, en segunda, mayoría absoluta y el apoyo de cuatro grupos parlamentarios. Como se ve, muchos pasos en los que predominan los controles políticos.

Con todo, de nada vale deslegitimar el proceso, porque hoy por hoy no hay mejor alternativa.

A continuación examino los obstáculos y en qué medida pueden todavía salvarse.

Transparencia

Hubiera sido deseable que el baremo se hubiera conocido antes de hacerse pública la lista provisional de candidatos y no la definitiva -como establecieron las normas del concurso– para evitar el riesgo de un traje a la medida de uno o varios candidatos. No se ha hecho así. Pero, como, de hecho, la distinta puntuación atribuida a los rubros del baremo puede afectar de un modo general a gran número de los candidatos, sin privilegiar a ninguno en particular, esta objeción no parece que deba afectar a la marcha y resultado del proceso.

A efectos de transparencia lo más importante es que se hagan públicas las puntuaciones que cada experto otorga a cada uno de los candidatos. Puesto que es impensable un consenso en las puntuaciones entre 17 expertos, lo lógico es que la valoración en cada rubro sea la media entre las puntuaciones de los 17 expertos. Si vale de ejemplo, recordemos los sistemas de puntuación de los jueces en deportes como gimnasia o gimnasia rítmica. Y que no solo se aplique este sistema, sino que las puntaciones de cada experto se hagan públicas.

El Comité de Expertos ha tomado la decisión de evaluar los proyectos eliminando el nombre de su autor. Algunos candidatos, nada más presentar la documentación, hicieron público su proyecto en las redes sociales, precisamente, dijeron, en aras de la transparencia. La evaluación anónima del proyecto no es una exigencia establecida ni en la convocatoria, ni en las normas del concurso, y, por tanto, que algunos proyectos sean públicos, no puede invalidar la convocatoria. De hecho, en un proyecto de gestión, a través de las citas a trabajos, artículos y experiencias es muy difícil que no pueda adivinarse en muchos casos el autor.

Subsanación

La mesa de la Comisión Mixta de Control ha dado siete días para alegaciones o subsanación de requisitos. Debiera ser subsanable acreditar las condiciones exigidas para ser candidato, como DNI (para acreditar nacionalidad y mayoría de edad), titulación de licenciatura, grado o doctorado (obtenido con antelación a la fecha de la convocatoria) o cumplimentar la declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad y reunir los requisitos de honorabilidad. Pero no puede subsanarse la no presentación del proyecto, porque ello supondría una ventaja para estos candidatos y un agravio para el resto.

Baremo

Era competencia del Comité de Expertos elaborar un baremo de evaluación, a partir de las 7 grandes categorías establecidas por las normas como méritos de los candidatos a evaluar. Y de todas estas categorías, los expertos en su baremo han privilegiado el proyecto de gestión (30 puntos) y la experiencia en administración, alta dirección, control o asesoramiento o de similar responsabilidad en entidades pertenecientes al sector de la comunicación (25 puntos).

Es una opción legítima. Nada que objetar a la valoración preferente del proyecto. Pero, favorecer la experiencia de gestión. unido a los méritos por el ejercicio del periodismo, en medios de comunicación, y el trabajo en RTVE, supondrá que los candidatos mejor evaluados resulten aquellos periodistas, trabajadores de RTVE, que hayan realizado funciones de administración, dirección o asesoramiento en el Ente o su sucesora Corporación. ¿No es un traje a medida de los actuales gestores, incluso de los recién cesados consejeros, que, conforme a la disposición transitoria tercera de la Ley 5/2017 pueden incluso ser renovados, frente a los dispuesto por la Ley 17/2006. En cualquier caso, alta dirección no es responsabilidad editorial.

En este baremo quedan especialmente preteridos los docentes e investigadores, que podrían aportar una visión en profundidad y de tendencias de futuro. Con un baremo menos sesgado, el Consejo podría haberse compuesto por especialistas relacionados con las distintas categorías a valorar, lo que se enriquecería este órgano de orientación y control, que no de gestión.

Puesto que el Comité tiene que hacer una valoración razonada de cada candidato debiera de matizar la evaluación cuantitativa con otra cualitativa. Por ejemplo, ¿un administrador que hubiera quebrado una empresa de comunicación debiera de recibir los puntos correspondientes por sus años al frente de la empresa quebrada? Misma pregunta para quién haya sido objeto de reiteradas denuncias de manipulación por órganos institucionales como son los consejos de informativos.

Incompatibilidades: ¿son los consejeros altos cargos?

Los candidatos han tenido que cumplimentar una declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad y reunir los requisitos de honorabilidad. Este procedimiento es el que se aplica en la Ley 3/2015 a los altos cargos. Es requisito para ser nombrado, que luego se completará con una declaración de bienes. Los altos cargos están sujetos a un estricto sistema de incompatibilidades y cautelas para evitar el conflicto de intereses. La Oficina de Conflicto de Intereses vela porque se cumplan estos requisitos.

El Comité de Expertos carece de competencias para determinar si se da causa de incompatibilidad o conflicto de intereses en los candidatos, debiendo limitarse a la evaluación de méritos.

Pero, hay una pregunta previa ¿son los consejeros de RTVE altos cargos? No, rotundamente no. Para ello, y en virtud de la normativa de altos cargos, debieran de tener dedicación exclusiva y la remuneración correspondiente. El Decreto Ley de Rajoy de 2012 redujo las obligaciones de los consejeros a asistir a las reuniones del consejo y recibir por ello dietas indemnizatorias. No sería, desde luego, el caso del Presidente, plenamente incurso en el régimen de altos cargos, por su dedicación plena y su remuneración.

En cualquier caso, en el procedimiento de concurso no existe ningún mecanismo de control de causas de incompatibilidad o conflicto de intereses. Como es notorio, algunos candidatos podrían estar incursos en incompatibilidad o conflicto de intereses por prestar, haber prestado o tener intereses en empresas u organizaciones competidoras o suministradoras de RTVE. En las audiencias en las comisiones de nombramientos de las cámaras debieran de examinarse estas circunstancias y los grupos parlamentarios obrar en consecuencia a la hora de ratificar a los candidatos. Otra cosa no sería aceptable, ni ética ni estéticamente.

En cuanto algunas posibles causas de incompatibilidad conviene hacer algunas precisiones. Antiguos trabajadores del Ente Público RTVE sujetos todavía al ERE de 2006 no pueden prestar servicios ni directa ni indirectamente, ni a la Corporación ni a empresas competidoras. Pero la función de consejero no supone ni relación laboral ni prestación de servicios.  En el caso del Presidente, sí podría existir incompatibilidad que podría resolverse renunciando a los beneficios del ERE.

En cuanto a los jubilados, en el caso de los consejeros tendrían que notificarlo a la Tesorería General de la Seguridad Social y no superar el tope establecido (en torno a 7.000 € anuales) so pena de que le sean reclamadas las percepciones ilegalmente percibidas. El Presidente podría solicitar que su pensión quedara en suspenso durante el tiempo de su mandato.

¿Alguien cree en la independencia de RTVE?


La tormentosa tramitación del reglamento parlamentario para elegir al Consejo de Administración de RTVE y a su presidente tuvo este martes otro episodio de ruptura del consenso, que no augura nada bueno. La renovación de la cúpula de la Corporación se ha convertido en un escenario de batalla, donde la oposición del PP y C’s quieren desafiar al gobierno de Pedro Sánchez. Y en esa guerra está en juego la independencia y hasta la propia superivivencia de la radiotelevisión pública.

Competencia vs consenso

Entiendo la indignación de los profesionales de RTVE. Es cierto que con la composición aprobada los expertos designados por el PP (6) y C’s (1) tendrán mayoría en la comisión de expertos. Pero, ¿de qué estamos hablando de profesionales expertos que evalúan a otros profesionales o de representantes de los partidos, que filtran y ordenan los candidatos en función de intereses partidistas?

Parece que todo el mundo da por supuesto que esos expertos (¿catedráticos, profesores, periodistas, realizadores, técnicos, gestores?) no pueden ser independientes y que actuarán al dictado de los partidos que los designen para lograr, finalmente, una evaluación positiva para sus candidatos al Consejo y, sobre todo, a la presidencia.

Tenemos un problema y es que nadie se cree la independencia de los expertos, primero, y de los consejeros, después. Pareciera que lo de concurso es un paripé, una cortina de humo para que cada uno coloque a los suyos.

El sistema de nombramiento -tan chapuceramente establecido por la Ley 5/2017– combina la selección por competencia (curriculum y propuesta de un plan de gestión) con el consenso parlamentario. Los expertos evalúan. Las cámaras examinan y designan por la mayoría reforzada de 2/3 y de lograrse por mayoría absoluta, siempre que el candidato esté propuesto por la mitad de los grupos parlamentarios.

Lo que hay que exigir a la comisión de expertos es una evaluación independiente. Para ello es esencial que junto con la convocatoria del concurso se hagan públicos los baremos de evaluación, de modo que estos no se acomoden a posteriori al perfil de los candidatos.

Según el reglamento los expertos tienen que seleccionar 20 candidatos. ¿Simplemente aptos o no aptos? ¿Una lista con puntuaciones? En el primer caso, se dejaría más espacio para el reparto entre los grupos parlamentarios; en el segundo, el consenso parlamentario estaría condicionado por la evaluación técnica. En todo caso, la evaluación de cada candidato debiera de ir acompañada de un informe motivado.

La tentación del Decreto-Ley

En su entrevista en RTVE, Pedro Sánchez prácticamente anunció un Decreto-Ley si el reglamento del concurso seguía bloqueado en las Cortes. “El Gobierno -dijo- no va a mirar para otro lado”.

El cese de José Antonio Sánchez por cumplirse su mandato el día 22 deja a RTVE en una interinidad insostenible. Los consejeros rotarán en la Presidencia, pero sin las competencias ejecutivas del Presidente,  que, de hecho, serán ejercidas por los directivos a los que el Presidente delegó competencias. Se anuncian dictámenes y recursos para que el Consejo actúe ejecutivamente, pero ello no evitará la paralización.

Aparentemente, se dan las razones de “extraordinaria y urgente necesidad” que justificarían un Decreto-Ley. Pero además de reunir las mayoría parlamentaria necesaria para su convalidación, el Decreto-Ley puede ser objeto de recurso de inconstitucionalidad por parte de 50 diputados o senadores.

La interinidad que siguió a la dimisión de Alberto Oliart fue invocada por Rajoy para justificar el Decreto-Ley 15/2012, declarado parcialmente inconstitucional el pasado diciembre. La sentencia del Tribunal Constitucional declara que no se da la la extraordinaria y urgente necesidad, supuesto habilitante que el art. 81.6 de la CE exige al Decreto-Ley, para cambiar la composición del consejo, reduciendo los consejeros de 12 a 9 y eliminado a los consejeros propuestos por los sindicatos. En cambio, sí admite que este presupuesto existe respecto del cambio del método de elección, en cuanto permitiendo la elección en segunda votación por mayoría absoluta del Presidente se podía resolver el bloqueo que ponía en riesgo el funcionamiento normal de RTVE.

De modo, que según esta doctrina, el Gobierno no podría ir más allá de resolver el supuesto bloqueo para la elección de la cúpula directiva. Pero ¿existe tal bloqueo? Dudoso. El reglamento está en el último paso de su tramitación parlamentaria, guste o no la composición de la comisión de expertos. Correspondería, entonces, su aplicación. Bloqueo no, procedimiento que lleva varios meses, sí.

No es ejemplar la negociación de que dan cuenta las crónicas periodística en base a ofrecer consejeros a las distintas fuerzas políticas. ¿La regeneración es la vuelta a las cuotas?

El todopoderoso presidente

Antes el Director General del Ente y luego el Presidente de la Corporación han sido  siempre ejecutivos todopoderosos, en la medida que contaban con la aprobación gubernamental o con un amplio consenso parlamentario (2006-2012), que se traducía en una mayoría estable de apoyo en el Consejo. El sistema de concurso, si es que algún día llega a aplicarse, le daría todavía más poder, en cuanto que, además del consenso parlamentario, habría sido seleccionado por su méritos personales y por el proyecto de gestión presentado.

Si, como parece, el Dereto-Ley instaura una elección por consenso reforzado, lo decisivo será el nombre del Presidente. En el sistema de cuotas cada uno designará a los suyos y lo que se estará negociando es el Presidente, que difícilmente será “provisional”, salvo gestión catastrófica, cambio de composición parlamentaria o de gobierno.

¿Qué perfil debe tener el Presidente? En primer lugar, no debe ser un ejecutivo con intereses en el sector de las productoras. No a las puertas giratorias. No al bombeo de dinero público al sector privado.

La figura ideal debiera provenir del mundo de la comunicación, tener experiencia de gestión, visión de futuro y, sobre todo, autoridad, independencia contrastada y trayectoria de servicio público. No sé si existe ese mirlo blanco, pero si hay que elegir prefiero un personaje independiente capaz de seleccionar un eficaz equipo de gestores.

En fin, seguimos discutiendo si son galgos o podencos, sin adaptar, entre tanto, el servicio público a los cambios que el nuevo ecosistema informativo requiere.

P.S Y llegó el Decreto-Ley

Recojo aquí los dos tuits que he publicado una vez publiado el RDL. 4/2018.

Visto el texto RDL 4/2018 RTVE, bien justificada “extraordinaria y urgente necesidad”. Dudosa constitucionalidad modificar la composición de la comisión de expertos (véase doctina TC).

La prueba del algodón para la independencia de RTVE es que todos los grupos impulsen la elección por concurso, sin bloqueos, y que la dirección elegida ahora por cuotas sea realmente provisional, como establece el RDL.

Así se manipula


 

El objeto de esta entrada es reflexionar sobre un concepto tan elástico como el de manipulación.

Hace unos días las trabajadoras de RTVE (@mujeresRtve) lanzaron la campaña #Asísemanipula. Se trata de contar en primera persona episodios de manipulación en que se hayan visto envueltos los profesionales.  Las mujeres de la radiotelevisión pública han querido aprovechar las redes creadas en torno al 8 de marzo para denunciar la manipulación, justo en el momento en el que el PP ha bloqueado el proceso de selección por concurso de la cúpula de RTVE.

La campaña ha tenido éxito (1,3 millones de impactos en tres días), pero no olvidemos que los mensajes en las redes sociales llegan a los convencidos y que cualquier telediario de La Uno más que dobla esa audiencia. Así que, más impacto tienen los viernes negros, con presentadores y reporteros de negro para exigir que el PP se sume al consenso para aplicar el concurso público.

Lo que hacen los trabajadores de RTVE es denunciar malas prácticas periodísticas.

El testimonio en primera persona tienen mucha fuerza, pero estas malas prácticas están sistemáticamente documentadas en los informes de los consejos de informativos que, lamentablemente, no están directamente disponibles en sus páginas webs.

Antes de la existencia legal de los consejos, los periodistas de TVE y RNE crearon  (1996-2006) distintas instancias alegales (Comité Antimanipulación, Consejo Provisional de Informativos) que denunciaron manipulación ante la prensa. Y siempre existieron denuncias internas, incluso difundidas por los sistemas de mensajería electrónica, desde que en 1988 se instaló el primer sistema informático en la Redacción. De modo que no, los informadores de RTVE no han despertado de repente.  Pero, ahora, están diciendo basta, hasta aquí hemos llegado.

¿Solo existe manipulación en los medios públicos? Por supuesto que no, pero el precio a pagar en los privados por las denuncias puede ser el despido. En los medios públicos el castigo es el ostracismo profesional: arrinconamiento de los profesionales más críticos y, como consecuencia, creación de redacciones paralelas de fieles.

Informar es encuadrar

Que no se escandalice nadie. Informar es manipular en un sentido amplio. La realidad es multiforme y cada uno, tanto en nuestra percepción personal, o como periodistas, nos aproximamos a ella con una serie de filtros: valores personales, profesionales y principios editoriales en el caso de los periodistas. No existe una información objetiva única que pueda encerrar toda la realidad. Y menos en un minuto de telediario.

Para entender la realidad y hacerla entendible los periodistas no tenemos más remedio que enmarcarla o encuadrarla, esto es acudir a una idea central organizadora, que da sentido al acontecimiento y sugiere lo que está en juego (London, 1993). No es lo mismo crimen pasional que crimen machista.

Quizá una de las mejores aproximaciones al encuadre es la de Entman (1993):

“Encuadrar es seleccionar algunos aspectos de una realidad percibida y hacerlos más sobresalientes en el contexto de un proceso de comunicación, de tal manera que se fomente una definición particular del problema, una interpretación causal, una valoración moral y/o la recomendación de un tratamiento para el asunto descrito.”

Entonces ¿no existe la verdad? Claro que sí, los hechos son sagrados, pero no siempre es fácil desentrañar su sentido. Por eso se requiere una información plural, proviniente de distintos medios con distintos principios editoriales (pluralismo externo) y construida profesionalmente respetando la libertad de los informadores y el respeto a sus códigos éticos (pluralismo interno).

Qué es manipular

Manipular es presentar la realidad de forma que no sea reconocible para un observador neutral. Habrá diferencia en las interpretaciones, pero los datos básicos deben respetarse y ser reconocibles, aunque los llamemos y los enmarquemos de manera distinta.

Manipular es:

  • Mentir. Presentar como real algo inexistente. Se puede mentir hasta con fotografías, cuando, por ejemplo, se presenta una captura de un vídeo tutorial sobre intubación como la prueba del estado crítico de Chávez. Se miente también cuando se alteran las imágenes, cuando se cierra el plano para, por ejemplo, mostrar en una pancarta la conjunción euskera “eta”, como si fuera un lema de apoyo a la organización terrorista;
  • Ocultar la realidad. Fijarse solo en un aspecto parcial de la realidad que no es representativo de la misma. Un caso clásico: la información sobre una manifestación masiva y pacífica se focaliza en los disturbios provocados por una minoría. Ocultar la realidad es, también, quedarse en lo episódico, en lo banal;
  • Ser parcial.Tomar partido por una de las partes en un conflicto, anulando e igorando al resto. Por supuesto, los medios privados tienen sus principios editoriales, que les legitiman para apoyar a las opciones políticas o sociales que deseen, pero no para anular los argumentos de otras partes relevantes. En el caso de los medios públicos la regla es la imparcialidad. La radiotelevisión pública no puede tomar más partido que a favor de la dignidad humana, los derechos fundamentales y los principios constitucionales;
  • Ser falsamente imparcial. Recoger acríticamente las distintas versiones, sin profundizar, sin mayor esclarecimiento, tratando a todas por igual. Por ejemplo, poniendo en el mismo plano a los contrarios a las vacunas y a la doctrina científica. O, lo que es el mal más generalizado en España, limitando el trabajo informativo a recoger “cortes”, “totales” o “tuits” de los partidos que nada aportan (periodismo de declaraciones);
  • Sesgar la información. El encuadre supone una confrontación con la realidad, un esfuerzo por aprehender sus elementos definitorios, por encontrar su sentido y hacerlo de forma comprensible para los demás. El sesgo aparece cuando se sustituye un enfoque trabajosamente construido por un enfoque prefabricado (por nuestros intereses o prejuicios, por las fuentes o por los responsables editoriales) que excluye esa búsqueda de lo relevante; esto es. una pauta impuesta de modo sistemático.

La manipulación opera en la selección del acontecimiento (qué es y qué no es noticia) y su tratamiento (valoración editorial, relieve, duración en el tiempo).

Malas prácticas profesionales

La manipulación se asienta en malas prácticas periodísticas, que es lo que están denunciando los trabajadores de RTVE.

El trabajo informativo tiene una dimensión ética. Desde los años 20 del pasado siglo, las organizaciones de periodistas han codificado los deberes éticos que el periodismo comporta.  Un paso más es concretar los principios éticos generales en catálogos de buenas prácticas y delimitar las malas prácticas que incurren en algún tipo de manipulación o atentan contra la libertad informativa de los periodistas.

En el caso de RTVE, el código ético se encuentra recogido en el Estatuto de Información y las buenas y malas prácticas en su Manual de Estilo. Los informes de los consejos de informativos tienen su referencia normativa en estos documentos. No así, en las denuncias personales de estos días, mucho más libres.

Simplificando, creo que estas denuncias pueden clasificarse en dos categorías:

  • Atentados a la libertad de información y al buen hacer y la dignidad profesional: recibir el argumentario del PP para hacer una información; exigir que se den unas declaraciones y no otras; retirar a un corresponsal de un escenario bélico por presiones externas; ordenar hacer una información sin un elemento sustancial; ordenar que no se verifique una información…
  • Parcialidad, sesgo, encuadre episódico: dar más relieve a las posiciones del gobierno, ocultar los datos que le son negativos, no dar un hecho hasta que no hay réplica gubernamental, llenar los informativos de banalidades…

Percepción de la manipulación

Cada uno tenemos una mayor o menor identificación con los distintos medios, de acuerdo con nuestos puntos de vista y posiciones en la vida. Así que tendemos a considerar que manipulan aquellos medios que no se adaptan a nuestra visión.

Las denuncias profesionales son un buen barómetro de la manipulación. Por supuesto, tienen más valor las documentadas y argumentadas por los consejos de informativos que los tuits de estos días. Pero, en todo caso, en cuanto que agentes del proceso, están cargadas de una ineludible carga subjetiva.

Que no se me entienda mal, doy todo el crédito a estas denuncias, pero para determinar la existencia de manipulación debe acudirse a estudios científicos, análisis de contenido rigurosos que tengan en cuenta el toda la programación informativa: una información puede estar sesgada o no profundizar, pero el conjunto puede ser equilibrado y esclarecedor.

Estudios de contenidos realizan distintos grupos de investigación, pero siempre con muestras limitadas o sobre acontecimientos puntuales. Deben ser los reguladores externos quienes realicen de modo sistemático estos estudios. En nuestro caso, la CNMC, se limita a estudios puramente comparativos de la presencia y el tiempo dedicados a las fuerzas políticas (Informe CNMC cumplimiento servicio público RTVE). En TVE, en 2015 el Gobierno y su partido acaparan un 57% y bajan a un 40% en 2016. En RNE, en 2015 suman un 45%.

Mi percepción -todo lo sesgada que se quiera, en cuanto extrabajador de RTVE- es la de que los informativos de TVE están claramente sesgados a favor del Gobierno, enfangados en lo episódico y lo banal, pero, con todo, son más completos y permiten tener una visión más general del mundo que los de la televisiones privadas.

En cuanto a los informativos de RNE me parecen mucho menos parciales que los de TVE y así lo dejo dicho aquí, rectificando la equiparación que realizaba en la tribuna publicada la semana pasada en El País.

Los espacios de opinión de ambos medios, y especialmente sus tertulias, me parece carentes de pluralismo y son expresión del “pensamiento único”: ortodoxia neoliberal, toda alternativa es populismo, interpretación restrictiva y partidista de la Constitución.

De la manipulación a las fake news

Mal que bien estamos -profesionales y público- acostumbrados a tratar con la manipulación. Conocemos la orientación editorial de los medios, podemos seguir distintos medios si queremos, detectamos la parcialidad, sobre todo si va contra nuestras posiciones.

Las técnicas tradicionales de manipulación se centran en oscurecer la verdad, interpretarla abusivamente, retorcerla… Ahora hemos entrado en un nuevo estadio, el de las noticias falsas, las fake news. Se trata de, invocando el pluralismo, construir otro relato, una “verdad” alternativa, en el que las teorías conspirativas tienen una parte muy importante. La verdad ya no importa.

Las noticias se fabrican para una parte importante de la opinión pública que cuestiona radicalmente a los medios tradicionales, a los que acusan de manipulación sistemática. Se trata de sectores sociales polarizados a la izquierda y la derecha, que requieren respuestas sencillas a problemas complejos. Y una vez fabricadas se viralizan en estrategias perfectamente diseñadas, hasta construir un ecosistema mediático alternativo. Recomiendo la lectura de este trabajo que disecciona el fenómeno en Estados Unidos.

Si difícil es luchar contra la manipulación tradicional, más difícil lo será contra esta manipulación alternativa. La solución, una ciudadanía educada y crítica. No, desde luego, procedimientos de censura que establezcan la “verdad oficial”.

 

 

El laberinto de la gobernanza de RTVE


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El año termina en RTVE sin una perspectiva clara de la renovación de los órganos de gobierno, imprescindibles para su regeneración democrática. Los partidos deben establecer un procedimiento rápido y transparente que garantice la selección de profesionales competentes y erradique para siempre las cuotas partidarias.

Los últimos 5 años puede que hayan sido los más aciagos de la historia de RTVE. El gobierno del PP derogó por Decreto-Ley la independencia institucional que es condición mínima para que la radiotelevisión estatal cumpla su función pública.

Y a partir de ahí, con la designación por el Gobierno del presidente y los consejeros, manipulación, pérdida absoluta de la credibilidad y de la condición de referencia informativa, caída de las audiencias y gestión a la deriva, sin afrontar los retos que el nuevo ecosistema comunicativo plantea, hasta un punto donde la misma pervivencia de RTVE está en cuestión.

Dos han sido las respuestas jurídicas, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 50 diputados y senadores socialistas, que acaba de estimarse parcialmente por el Tribunal Constitucional, y la Ley 5/2017, para recuperar la independencia de RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos.

La mala técnica jurídica de la nueva ley, la renuencia de los dos grupos parlamentarios mayoritarios a desarrollar por concurso público el nombramiento de consejeros y presidente, y la derogación parcial por el Tribunal Constitucional del R.D-L. 15/2012, llevan a todo tipo de interpretaciones teóricas y a una paralización práctica del proceso de renovación.

Escaso impacto práctico de la sentencia del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constituciona declara inconstitucionales y nulas disposiciones del Decreto-Ley sobre la composición del consejo que ya no estaban en vigor, por haber sido modificadas por la Ley 5/2017, de modo que el bloque normativo aplicable es la Ley 17/2006, con las modificaciones realizadas por la Ley 5/2017.

No es que la sentencia carezca de transcendencia jurídica. El TC no examina la constitucionalidad de todo el Decreto-Ley,  porque los argumentos de los recurrentes se centraban solo en los preceptos sobre la composición y el modo de elección de consejeros y presidente. Otros preceptos del D-L., como el  ap. 7 y 8, que modifican el régimen de incompatibilidades y retribuciones de los consejeros y el presidente, no son sometidos a examen por el TC y siguen en vigor.

Constata el TC que estas normas han sido derogadas por la Ley 5/2017 y, por tanto, siguiendo su doctrina, no juzga si su contenido es conforme a la Constitución. Pero si aplica el examen de constitucionalidad al procedimiento de modificación, esto es, a si el Decreto-Ley es herramienta legítima para modificar esas normas.

El Tribunal entiende que no se da la la extraordinaria y urgente necesidad, supuesto habilitante que el art. 81.6 de la CE exige al Decreto-Ley, para cambiar la composición del consejo, reduciendo los consejeros de 12 a 9 y eliminado a los consejeros propuestos por los sindicatos. En cambio, sí admite que este presupuesto se de respecto del cambio del método de elección, en cuanto permitiendo la elección en segunda votación por mayoría absoluta del presidente se podía resolver el bloqueo que ponía en riesgo el funcionamiento normal de RTVE.

De modo que aunque la sentencia hubiera llegado en un tiempo razonable, y no cuando los preceptos impugnados ya no están en vigor, no hubiera impedido el nombramiento por la mayoría absoluta parlamentaria, en la práctica un nombramiento gubernamental. Pero sí habría cambiado la composición del consejo, que hubiera sido más plural, con la presencia de los consejeros propuestos por los sindicatos mayoritarios, y que hubiera podido someter al presidente a un control más eficaz.

Deja la sentencia otras dos consideraciones que pueden tener una cierta trascendencia en el futuro. Puesto que un Decreto-Ley no puede modificar una institución esencial del Estado, el Tribunal, aunque recuerda su función vital para la vida democrática, declara que RTVE no es una de las instituciones básicas de nuestra Constitución, porque esta no se refiere a ella expresamente. Y finalmente, que el modo de elección de sus órganos con mayor o menor consenso, no menosca el control parlamentario que establece el art. 20.3 CE.

Composición y modo de elección del Consejo de Administración y el Presidente

Resultan aplicables la Ley 17/2006, el R.D-L. en lo no derogado por la Ley 5/2017 y las disposiciones de esta última (ver el texto consolidado de la ley 17/2006):

  • El Consejo de Administración estará formado por 10 miembros, con suficiente cualificación y experiencia profesional, con presencia equilibrada de hombres y mujeres (art. 10.1).
  • La cualifiación y experiencia se concretan en la exigencia de personas de formación superior y reconocida competencia, que hayan desempeñado al menos durante 5 años funciones de administración, alta dirección, control o asesoramiento en entidades públicas o privadas, o relevantes méritos en el ámbito de la comunicación, experiencia profesional, docente o investigadora.
  • Serán elegidos 6 por el Congreso y 4 por el Senado (art. 11.1).
  • Comparecerán en audiencia pública en el Congreso y el Senado para que las cámara se informen de su idoneidad (art. 11.3). Nada se establece sobre quién puede proponer a los candidatos.
  • Serán elegidos por mayoría de 2/3 en cada cámara (art. 11.3). No se establece un procedimiento alternativo para el caso en que no se alcance esta mayoría.
  • El Congreso designará también por mayoría de 2/3 de entre los 10 consejeros al Presidente.
  • El mandato de los consejeros será por 6 años no renovables, renovándose por mitades cada tres años (art. 12).
  • El Presidente será retibuido conforme al régimen de los máximos responsables del sector público empresarial. En cambio, los consejeros solo recibirán indemnizaciones por asistencia a las sesiones (art. 15.4), lo que significan que no tienen el régimen de dedicación exclusiva que establecía la Ley 17/2006.

Para la primera elección se estable un régimen transitorio, la mayor parte de cuyas disposiciones podrían tener validez con caracter general y no para la primera renovación después de la reforma.

  • Si no se alcanza la mayoría de 2/3 en segunda votación bastará la mayoría abosluta, siempre que el candidato haya sido propuesto por la mitad de los grupos parlamentarios de la Cámara.
  • Elección por concurso público de los consejero y el presidente, conforme a un reglamento aprobado por las Cortes Generales en el plazo de tres meses, con la participación de un comité de expertos nombrados por los grupos parlamentarios, comité que emitirá informes de evaluación que elevará a la comisión parlamentaria competente para la audiencia de los candidatos.
  • En tanto se apruebe ese reglamento, la elección se llevaría a cabo conforme al procedimiento vigente.

Bloqueo de la regeneración democrática de RTVE

El caso es que ese plazo de tres meses se cumple el 31 de diciembre. ¿Cómo es posible que los grupos parlamentarios no hayan encontrado ni siquiera tiempo para reunirse hasta elm 14 de diciembre?. Claramente, ni PSOE, que no es partidario del concurso público, ni el PP, que resiste numantinamente, tienen interés. Quizá por eso se añadió esa salvaguardia de volver al procedimiento vigente.

Según los letrados del Congreso, el plazo no es preclusivo, por lo que no pasaría nada si este reglamento se aprobará, por ejemplo, el 20 de enero. De hecho, Ciudadanos ha hecho una propuesta. Pero dicen los letrado que, de no aprobarse, el “procedimiento vigente” sería el de mayoría absoluta en segunda votación (el del R.D-L), que es la apuesta del PP. No parece que aunque no se haya desarrollado el régimen transitorio se deje sin aplicar un aspecto sustancial del mismo claramente formulado, como es el de 2/3 en primera votación y mayoría absoluta y la mitad de los grupos parlamentarios en segunda, que es la apuesta del PSOE. Ciudadanos y Podemos apuestan por el concurso público.

Lo importante es la competencia de los candidatos y la transparencia del proceso

Como ya he razonado anteriormente, el concurso tiene sentido para elegir un Director General Ejecutivo, no para elegir a los miembros de un órgano que marca las directrices y controla la gestión, pero no es un órgano ejecutivo. Sí tiene sentido elegir al Presidente por concurso y exigirle un plan estratégico, en cuanto que máximo ejecutivo, pero con tal procedimiento el Presidente será muy poco controlable por reunir tanto el consenso parlamentario como un plan estratégico aprobado. Desde luego, no se puede exigir a unos candidatos a consejeros no retribuidos y sin dedicación exclusiva que presenten un plan estratégico.

En consecuencia, el reglamento de elección (¡que solo está previsto para la primera renovación!) podría basarse en estos principios:

  • Proponen a los consejeros sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones de utilidad pública u organizaciones profesionales del mundo de la comunicación.
  • Un comité de expertos formados por dos profesionales designados por cada grupo parlamentario evalúa la competencia de los candidatos.
  • Los consejeros son designados con las mayorías parlamentarias de la Ley 5/2017, previa examen en audiencia pública.
  • Los consejeros se podrán postular para presidente, presentado un plan estratégico. Los candidatos y sus planes serán evaluados por el comité de expertos y elegido por el Congreso por mayoría de 2/3 y previo examen en audiencia pública.

 

 

 

No se puede (ni se debe) intervenir TV3


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La aplicación del art. 155 de la CE para intervenir la autonomía de Cataluña es un fracaso colectivo del que España tardará muchos años en recuperarse. Se sabe como se entra (a veces me parece que ni siquiera eso), pero no se sabe como se sale.

Entre las medidas anunciadas, la posible intervención de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales  (CCMA) ha generado una condena casi generalizada entre periodistas y organizaciones sindicales de Cataluña y el resto de España.

El argumento más repetido es que sería como poner a la zorra a cuidar el gallinero: el gobierno Rajoy ha hecho un uso partidista de RTVE, como acreditan las reiteradas y documentadas denuncias de los consejos de Informativo de la Corporación. Pero prácticamente nadie ha recurrido a argumentos jurídico, que en este caso son esenciales.

 

Captura

Extracto de la nota de prensa del Consejo de Ministros que decide activar el art. 155 CE

 

La Generalitat no puede intervenir la CCMA y, por tanto, tampoco el Gobierno

Como estuve tuiteando a lo largo del fin de semana, intervenir la CCMA no sería reestablecer la legalidad (uno de los objetivos que el acuerdo del Consejo de Ministros invoca para la activación del art. 155) sino vulnerarla. Parte  del ordenamiento jurídico son las leyes catalanas que encomiendan el servicio público audiovisual a la CCMA y establecen su autonomía funcional, sin que el Govern de la Generalitat, cuyas competencias vendría a asumir el Gobierno de España, tenga ninguna capacidad de intervenir su funcionamiento.

En la nota de prensa del Consejo de Ministros, cuyo extracto se recoge más arriba, se invocan las facultades de la Generalitat para garantizar la transmisión de información objetiva, veraz, plural, así como el conocimiento de los valores y principios constitucionales y estatutarios, citando dos (entre dieciséis) de las misiones  específicas de servicio público que el art. 26 de Ley 22/2005 de la comunicación audiovisual de Cataluña   impone a la CCMA, como prestador del servicio de gestión directa de la Generalitat. Ni este artículo ni ningún otro de la Ley 22/2005 reserva a la Generalitad competencia alguna de control o intervención sobre la CCMA. Muy al contrario, el art. 29 1 a) afirma expresamente su autonomía con relación al Govern en la gestión directa y ordinario del servicio público.

El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), órgano regulador de la comunicación audiovisual en la Comunidad Autónoma (L. 11/2007, art. 113) no tiene competencias ejecutivas sobre la CCMA (sí sobre los operadores privados), pero puede -y lo hace- emitir dictámenes sobre su cumplimiento de las obligaciones de servicio público.

La Ley 11/2007 de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (texto consolidado después de la reforma de 2012) adscribe a la Corporación al departamento de la Generalitat competente en materia audiovisual, para consagrar a continuación su independencia funcional (art. 3, puntos 2 y 3).

La gestión y dirección queda a cargo de un Consejo de Gobierno de 6 miembros, nombrados por un plazo de seis años por el Parlament,  que también elige entre ellos al Presidente. Ni uno ni otros pueden ser destituidos por el Govern y solo cesan por causas tasadas (inhabilitación, incompatibilidad sobrevenida, condena por delitos dolosos, art. 9.4).

En resumen, ni la Generalitat ni el Gobierno pueden nombrar ni cesar a los consejeros o al presidente, ni pueden darles instrucciones en la gestión del servicio público.

El art. 155 CE permite al Gobierno adoptar medidas para que el ejecutivo de la Comunidad Autónoma que incumpla la Constitución, las leyes o atente al interés general de España cumpla sus obligaciones. Su aplicación no puede dar cobertura a una vulneración de la leyes autonómicas legítimamente promulgadas que no sean contrarias a la Constitución, como es el caso. Otra cosa es dejar en suspenso el Estado de derecho.

No se olvide, además, que el servicio público se fundamenta en el acceso universal como vía para el ejercicio del derecho ciudadano a la información. Además, de modo directo se vería afectada la independencia y el derecho a informar de sus profesionales. La intervención de TV3 nos pondría al mismo nivel que la Hungría de Orban o la Polonia de Kaczyński.

La traición al servicio público

Entonces, ¿es independiente de hecho del Govern la CCMA? No, no lo es, como no lo es, RTVE. En ambos casos, sus consejos y presidentes son elegidos, de hecho, por sus respectivos gobiernos. En virtud de sendas reformas de 2012, en las que el PP y CiU se apoyaron mutuamente, los gestores se eligen por mayoría de 2/3, que de no alcanzarse se convierte en mayoría absoluta, lo que pone su nombramiento en manos de los respectivos gobiernos. La gubernamentalización ha redundado en manipulación, pérdida de audiencias y descrédito informativo. TVE y TV3 son -en expresión del profesor Bustamante- dos caras simétricas y deformadas del conflicto.

No sigo ni la televisión ni la radio pública catalana, por eso no puedo juzgar si son plenamente ciertas las denuncias de adoctrinamiento. La historia de TV3 hasta 2012 es de una relativa imparcialidad política institucional, mayor que la de TVE, salvo en el corto periodo 2006-2011.

En este momento, ambas radiotelevisiones públicas son claramente dependientes de la política informatica de sus gobiernos. En el caso de TVE las manipulacions son tan burdas que hasta el espectador más desapercibido las nota.

En TV3, dando por buenos los múltiples relatos y descripciones sobre sus informativos y programas, creo que la clave reside en que ha venido dando al procès el tratamiento de lo que Dayan y Katz llamaron “acontecimiento mediático de conquista”, es decir la dramatización de una iniciativa política que pretende unir a la audiencia a su alrededor. Si en el análisis clásico de Dayan y Katz, estos acontecimientos mediáticos eran dirigidos por un personaje carismático, aquí el protagonista ha sido el poble de Catalunya.

Desde esta perspectiva, todo vale, ya no estamos ante manipulación sino ante mecanismos de agit-prop. En esta situación, poco valor tienen los análisis de contenidos como el del CAC, que valora el pluralismo (mayor en TV3 que en TVE) por las fuentes utilizadas. Cuando se construye la república independiente todo vale.

Tratamiento semejante al que puede dar TVE a la Fiesta Nacional, a la boda real (acontecimiento de celebración) o a la victoria de la selección nacional (acontecimiento de competición). Da igual que haya voces discrepantes, lo que cuenta es el tono general apoteósico y de “unidad nacional”.

¡Ojo! No es que TV3 formatee la conciencia de los catalanes, es que expresa la división de la sociedad: la televisión pública aglutina a los más catalonaparlantes, independentistas y  votantes de Junts pel Sí y la CUP.

Todo esto no se soluciona poniendo a la CCMA a las órdenes de La Moncloa, muy al contrario: intentar que TV3 sea un clon de TVE es imposible y solo dará más argumentos al independentismo.

Lo terrible de todo esto es que redundará aún más en la deslegitimación del servicio público.

 

El consenso parlamentario no es suficiente para regenerar RTVE


lazo-naranja-d1El Congreso de los Diputados se dispone a revisar la reforma del PP, que en 2012 entregó el gobierno de RTVE a la mayoría parlamentaria, o lo que es lo mismo al ejecutivo del Partido Popular, y que ha propiciado los niveles más bajos de credibilidad y relevancia de la rtv pública en toda su historia.

Todo indica que esta misma mañana se admitirá a trámite una proposición de ley del PSOE que básicamente pretende reinstaurar el sistema de la ley 17/2006: mayoría parlamentaria de 2/3 para elegir a los consejeros, dos consejeros elegidos a propuesta de los dos sindicatos más representativos y elección parlamentaria del presidente, también con mayoría parlamentaria cualificada de 2/3.

Como toda proposición de ley, esta estará sometida a una tramitación parlamentaria que puede modificar sustancialmente su contenido. No es el procedimiento más adecuado para afrontar la profunda reforma que requiere RTVE, pero sí puede ser una oportunidad para ir más allá de un retorno al pasado y en su lugar establecer un conjunto de medidas urgentes para detener el deterioro del servicio público.

Volver a las mayorías parlamentarias cualificadas es, desde luego, infinitamente mejor que el régimen actual, en el que el gobierno puede nombrar al consejo y al presidente de la Corporación. Además, en el momento presente cuatro consejeros se mantienen en funciones cuatro años después de haber terminado su mandato, en una situación legal cuando menos cuestionable. Y, en fin, todo lo que conduzca a la renovación de la dirección más nefasta de la historia de RTVE es un paso positivo.

El funcionamiento del sistema entre 2006 y 2012 garantizó una razonable independencia informativa, pero no dejó de presentar problemas, como la relación entre los consejeros y los grupos parlamentarios o sindicatos proponentes y, sobre todo, el poder del presidente sobre el Consejo, que desnaturaliza la función de control que este debe ejercer sobre aquel. Por no mencionar la falta de acuerdo para sustituir al dimitido Alberto Oliart, que fue alegada por el PP para cambiar el sistema de nombramiento.

La plataforma de académicos y profesionales Teledetodos propuso el pasado año un conjunto de medidas legislativas urgentes para propiciar la salvación del servicio público y abrir un proceso de reforma en profundidad. La proposición de ley socialista y el debate que se adivina tienen un planteamiento mucho más limitado, pero al menos debieran de añadir algunos mecanismos de garantía para no recaer en el reparto de cromos parlamentario:

  1. Reforzar los requisitos de profesionalidad, independencia y trayectoria de servicio público de los consejeros. Profesionalidad contrastada en al menos cinco años de trabajo en el sector de la comunicación, la universidad o de la alta gestión. Independencia, excluyendo a cualquier comunicador que haya ejercido profesionalmente el gabinetes de de los partidos. Trayectoria de servicio público, dando prioridad a aquellos profesionales que hayan desarrollado su carrera preferentemente en el sector público.
  2. Reforzar los mecanismos de escrutinio ante las cámaras. Que las audiencias no sean un mero trámite porque los candidatos ya se han repartido previamente, tanto para ti, tantos para mi.
  3. Establecer mecanismos de desbloqueo. Teledetodos propone que si en un mes cada uno de los candidatos no obtienes los 2/3, puedan ser ratificados por la mitad más uno de los grupos parlamentarios de la cámara respectiva.
  4. Transferir las competencias ejecutivas del Presidente (reguladas en los arts. 17 a 20 de la L. 17/2006) a un Director General, que sería elegido por el Consejo de Administración por concurso público.

¿Por qué un director general ejecutivo? Para separar la gestión de la orientación y control que son las funciones del Consejo de Administración. Al ser el Presidente elegido directamente por las cámaras es al mismo tiempo máximo responsable de la gestión y presidente del órgano que debe controlarle y además se conviere en la práctica en el jefe natural de los consejeros que expresan un determinado consenso parlamentario. Consecuencias de todo ello es un consejo débil que se implica en la gestión más de lo que debiera en lugar de controlarla.

Ese director ejecutivo es el que tiene que ser elegido por concurso público, en el que se valoraría la trayectoria profesional de más de 10 años y  un plan estratégico propuesto. No tiene sentido elegir a los consejeros por concurso, pues no son los gestores.

Estas medidas mínimas podrían ser perfectamente incorporadas a la reforma que se va a tramitar. Pero una regeneración en profundidad (como propuso Teledetodos en 2015) debe basarse en:

  • Recuperar la credibilidad informativa, garantizando la independencia jurídica, reforzando los órganos de pluralismo interno (como los consejos de informativos) y haciendo efectiva una carrera profesional.
  • Lograr una gestión independiente, profesional y transparente, desligando, como se ha dicho, los órganos de control y gestión y sacando a concurso público la figura de una nuevo director general ejecutivo.
  • Fomentar la participación social, haciendo presente la diversidad social en la programación, haciendo efectivo el derecho de acceso, reforzando la Defensoría de la Audiencia, creando organismos de participación social y mecanismo de participación interactiva y abriendo hueco en los programas a las creaciones de la ciudadanía.
  • Realizar la conversión  en un servicio público multimedia, ofreciendo contenidos interactivos de calidad en todo tipo de plataformas, en cualquier lugar y en cualquier momento.
  • Convertirse en el nodo central de instituciones dedicadas a la cultura y el fomento de la comunicación pública, incluyendo en esta red a organismos latinoamericanos.
  • Lograr una financiación pública suficiente y estable que cubra el coste neto del servicio público.

 

 

 

La necesaria regeneración de TVE en su 60 aniversario


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Mañana, 28 de octubre, TVE cumple 60 años y no hay mucho que celebrar.

Hace 10 años, al llegar al medio siglo, no faltaron los faustos triunfalistas. No es que entonces no hubiera sombras, pero al menos se estrenaba nueva legislación que garantizaba la independencia jurídica, se reconstruía la credibilidad de los programas informativos, muy dañados por la manipulación de anterior etapa del PP, se mantenía el liderazgo de audiencia y había dinero para desarrollar la misión de servicio público. La contrarreforma del gobierno Zapatero, primero, eliminando la publicidad sin dejar bien asentada otras formas de financiación, y, luego, la política del gobierno Rajoy, derogando la independencia jurídica, poniendo la información a su servicio, dejando en mínimos la financiación pública, con una gestión incompetente y sectaria, han convertido a TVE en irrelevante y puesto a RTVE en peligro de desaparición.

RTVE está descapitalizada, mal financiada, sus informativos carecen de credibilidad, ha perdido el liderazgo de audiencia y sus espectadores envejecen. A pesar del buen trabajo realizado en lo que hasta hace poco se llamaba área de interactivos, RTVE está muy lejos de adaptarse a la innovación tecnológica. TVE tiene cerrados sus estudios, su personal está desmoralizado y se externalizan hasta espacios de reportajes sobre voluntariado. Y lo más grave de todo, la población no considera como algo propio a este servicio público y, sobre todo entre los jóvenes, se prefiere el comercialismo a ultranza de las cadenas privadas, o, en la izquierda del espectro ideológico, los nuevos medios sociales.

En aquella inauguración en el Paseo de la Habana, ahora hace 60 años, dominaban dos fuerzas, el Estado franquista y la Iglesia católica. El poder político siempre ha utilizado RTVE a su antojo, no solo manipulando políticamente, sino también tratando al servicio público como un cortijo. El poder de la Iglesia se fue difuminando con el tiempo (que no desapareciendo del todo) y fue sustituido por la influencia de las grandes instituciones económicas y sociales. Quizá el servicio público deba ser institucional, pero sin dar la espalda a la ciudadanía como ha hecho frecuentemente.

Pese a todo no han faltado las luces. Aún en el profundo franquismo brillaban los destellos de creatividad y hasta de osadía crítica. Sí, aquella televisión era la franquista y paternalista de Historias de un pueblo, pero también de Estudios 1 como Esperando a Godot o Calígula de Camus. Desde siempre sus periodista lucharon por dar una imagen real de España y el mundo, mientras realizaban grandes reportajes y documentales. Durante los 80 estuvo a la vanguardia de la creatividad y se convirtió en una de las más solventes cadenas públicas europeas. No se preparó bien para la competencia, porque el poder y la sociedad le exigió competir en un terreno que no era el suyo con una vara de medir (el share) que la llevaba a traicionar su misión.

La misión está clara sobre el papel, dar un acceso general a la información a los contenidos de calidad, fomentar la cultura y la cohesión social y territorial, pero hay que tomar medidas inmediatas porque si no la parálisis puede degenerar en el coma y la muerte final.

Desde Teledetodos se realizó el pasado año un diagnóstico y una propuesta de regeneración, que luego se completó con un manifiesto con la propuesta de una serie de medidas urgentes. La regeneración tiene que pasar por:

  • Recuperar la credibilidad informativa, garantizando la independencia jurídica, reforzando los órganos de pluralismo interno (como los consejos de informativos) y haciendo efectiva una carrera profesional.
  • Lograr una gestión independiente, profesional y transparente, desligando los órganos de control y gestión y sacando a concurso público la figura de una nuevo director general ejecutivo.
  • Fomentar la participación social, haciendo presenta la diversidad social en la programación, haciendo efectivo el derecho de acceso, reforzando la Defensoría de la Audiencia, creando organismos de participación social y mecanismo de participación interactiva y abriendo hueco en los programas a las creaciones de la ciudadanía.
  • Realizar la conversión  en un servicio público multimedia, ofreciendo contenidos interactivos de calidad en todo tipo de plataformas, en cualquier lugar y en cualquier momento.
  • Convertirse en el nodo central de instituciones dedicadas a la cultura y el fomento de la comunicación pública, incluyendo en esta red a organismos latinoamericanos.
  • Lograr una financiación pública suficiente y estable que cubra el coste neto del servicio público.

Ojala no sea muy tarde.

La trampa del regreso de la publicidad a TVE


El Partido Popular plantea el regreso de la publicidad a TVE. En una proposición no de ley aboga por un modelo de financiación sostenible de RTVE que “fomente la obtención de ingresos comerciales, incluidos los derivados de la participación en el mercado de la publicidad” (agregación de informaciones en Google News). Lo inconcreto de la propuesta y el instrumento parlamentario elegido para hacerla lleva a pensar que su función es un aviso a los operadores privados para que acomoden sus informativos a los intereses del PP y no un intento serio de cambiar el sistema de financiación.

Me he pronunciado reiteradamente en este blog contra la publicidad en TVE y he criticado el modo en que se eliminó. Hoy sistematizo y actualizo argumentos en contra y a favor.

En contra de la publicidad en TVE

Dañaría la imagen del servicio público. En estos casi cuatro años el público identifica el servicio público con una televisión sin publicidad. La vuelta de los anuncios eliminarían una señal de identidad.

Disminuiría la audiencia. Al menos en un primer momento, y al margen de los cambios que la programación pudiera sufrir, el efecto zapping framentaría más la audiencia.

Exigiría una programación más comercial para competir con las privadas. Con menguados presupuestos es improbable que esa competencia tuviera éxito. En lugar de competir con productos de alto presupuesto habría que recurrir a producciones cutres o regresar al modelo José Luis Moreno. Sería un suicidio. Se entraría en un círculo vicioso: menor audiencia, menores recursos, menor calidad, menos espectadores…

TVE no está preparada para captar publicidad. Después de desmontar su estructura comercial, tendría ahora que competir con las centrales publicitarias de los dos grandes grupos oligopólicos, Atresmedia y Mediaset, que concentran el 60% de la audiencia y casi el 90% de la publicidad. Los grupos privados gestionan globalmente la publicidad de sus canales, algo muy difícil para TVE con canales como La Dos o 24 Horas. Ni siquiera en los tiempos en que La Uno era líder de audiencia TVE lograba la misma rentabilidad publicitaria.

Se perderían los ingresos por las tasas de operadores privados y telecos. Con el retorno de la publicidad estas empresas lograrían la derogación de la tasa que graba sus ingresos.El Tribunal Europeo declaró conforme al derecho comunitario esta tasa. Su cuantía dependerá de la marcha general de la economía. En cualquier caso, mejor que paguen los grupos oligopólicos (de televisión o telefonía) que no introducir un canon general que grabara a todos.

El servicio público sería medido por los resultados publicitarios. Audiencias e ingresos publicitarios serían el baremo legitimador del servicio público. Si los ingresos publicitarios no llegaran a cubrir los objetivos presupuestarios RTVE sufriría recortes en su estructura y personal y estaría en riesgo de desaparecer.

A favor de la publicidad en TVE

Todos los argumentos a favor parten de la premisa de una publicidad limitada que excluya la comercialización de la programación.

Los programadores se esforzarían en conquista a la audiencia. Una televisión sin publicidad corre el riesgo de divorciarse de las audiencias. No hay servicio público sin público.

La diversificación de fuentes da estabilidad financiera. Los ingresos publicitarios pueden compensar los altbajos de los recursos públicos.

Efecto benéfico sobre el mercado publicitario. El regreso de un competidor como TVE, por muy disminuido que esté, aumentaría la competencia en este mercado oligopólico.

Por una reconsideración del servicio público multimedia y su financiación

El servicio público de RTVE no puede ser reducido a TVE y menos a los resultados de audiencia de La Uno en prime time. El servicio público consiste en una oferta de contenidos audiovisuales de calidad (plurales, incitadores de pensamiento crítico y de la participación social) a través de los canales tradicionales de radio y televisión y de las nuevas plataformas interactivas.

La financiación de este servicio puede tener las siguientes de fuentes de financiación:

Presupuestos generales. Los presupuestos deben financiar el coste neto total del servicio público, concretado en las obligaciones establecidas por un contrato programa.

Tasas sobre televisiones y telecos. Su cuantía minoraría la aportación de la subvención pública al coste neto del servicio público. El procedimiento de cálculo debe concretarse al máximo para evitar su judicialización.

Ingresos comerciales. Explotación de productos. Patrocinio y publicidad limitada. Reducciones drásticas sobre los tiempos de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, sin interrupción de los programas y ausencia en determinadas franjas, como las de protección infantil. Estos ingresos publicitarios tendrían que obtenerse con independencia de los ingresos públicos y respetando las reglas de la competencia y servirían para financiar programas con un caracter de servicio público menos marcado.

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