Informativos de televisión ¿para qué?


Libertad ¿pará qué?

Es bien conocida la historia de la visita de Fernando de los Rios al país de los soviets y su entrevista con Lenin en 1920. De los Ríos le pregunta cuando llegará la plena libertad para sindicatos, prensa e individuos. Lenin, después de exponer su teoría de la dictadura del proletariado, termina diciendo “el problema para nosotros no es de libertad, pues respecto a esta siempre preguntamos ¿libertad para qué?”. A su regreso a España, Don Fernando recomendó que el PSOE no ingresara en la III Internacional, lo que dio lugar a una pequeña escisión que terminó por convertirse en el PCE.

Caben muchas exégesis, pero la más elemental es que Lenin no tomaba la libertad como un derecho esencial, sino como un instrumento al servicio de unos fines, concretamente a la construcción del comunismo.

La anécdota me vino a la cabeza al conocer que Mediaset va a eliminar los informativos diarios de Cuatro y a sustituirlos por una especie de magazin informativo de tarde. Ya sé que está muy cogido por los pelos, pero parece que para Mediaset la información no es un valor esencial en si mismo y si tienen alguna razón de ser, algún “para qué”, es el de servir a la audiencia de la cadena y, en último término, a la rentabilidad del grupo mediático.

Me propongo examinar en esta entrada el significado de la desaparición de estos informativos en nuestro sistema mediático y, sobre todo, el caracter esencial y las funcionalidades de los viejos informativos de televisión, tan cuestionados por todas partes.

La desaparición de los informativos de Cuatro

La primera cuestión es si Mediaset puede, jurídicamente, prescindir de los informativos diarios en un canal generalista de ámbito nacional como Cuatro.

La respuesta es sí.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010 (LGCA) declara a los servicios de comunicación audiovisual como servicios económicos de interés general y no, como lo eran en virtud de la Ley de la Televisión Privada de 1988, servicio público en régimen de gestión indirecta. No están sometidos a obligaciones de servicio público, pero deben de obtener una licencia para la adjudicación de las frecuencias de emisión.

La licencia se obtiene en un proceso de concurso público, por tanto, en concurrencia entre distintos propuestas, lo que significa que los poderes públicos seleccionan a los prestadores en función de un proyecto económico y programático. La LGCA establece todo una serie de requisitos de índole general que deben cumplir los prestadores, así como normas (muy laxas) para mantener la competitividad del mercado. Pero en ningún caso exige cumplir determinados requerimientos en cuanto a los contenidos, ni siquiera unos parámetros de valoración para seleccionar las ofertas.

De modo que, aunque el prestador del servicio presentó un proyecto para obtener la licencia, a partir del momento en que la obtiene puede ejercer la dirección editorial, reconocida en el art. 10.1 de la LGCA, y seleccionar libremente sus contenidos y horarios. Por tanto, aunque en un proyecto se contemplara la existencia de una programación informativa el prestador puede eliminarla, una vez obtenida la licencia, pues no hay en la LGCA ningún instrumento para retirar la licencia por este motivo. (*** aclaro esta cuestión en un PS final). Por el contrario, la licencia es un derecho transmisible, siempre que no se superen los límites anticoncentración (por ejemplo, no concentrar más de un 27% de la audiencia, art. 36.2 LGCA) en el momento de la transmisión, límites que pueden ser posteriormente superados (art. 36.3), de modo que puede llegarse a situaciones como el actual duopolio Mediaset-Atresmedia.

Así que, sí, Mediaset puede sacar de la parrilla de Cuatro los programas informativos diarios. Que pueda no quiere decir que el caso no sea escandaloso.

Cuatro tiene sus raíces en Canal+, la tercera concesión (junto con Antena 3 y Telecinco) otorgada en virtud de la Ley Orgánica de la Televisión Privada de 1988, un canal de pago de PRISA que tenía la obligación de emitir 6 horas de programación en abierto, informativos incluidos.

En 1999 PRISA (Sogecable) crea su plataforma de televisión de pago por satélite. Uno de los canales era CNN+, una empresa conjunta de PRISA y CNN. En 2005, el gobierno Zapatero convierte la concesión analógica de Canal+ en una licencia digital de multiplex compartido, en virtud de la Ley 10/2005 de Fomento del Pluralismo. Nace, así un nuevo canal generalista, Cuatro, y CNN+ se emite en abierto.

En 2010, Digital Plus, la operadora de esa concesión, ahora ya convertida en licencia, pasa a ser controlada por Telecinco, en una operación que supone también la entrada de Telecinco y Telefónica en Digital+. Es a esta concentración de las plataformas digitales a la que el regulador del momento, la Comisión Nacional de la Competencia, establece limitaciones en materia publicitaria y de adquisión de derechos exclusivos. Ninguna exigencia referidas a Cuatro y CNN+. En octubre de 2010 PRISA (que no Telecinco) cierra CNN+ por falta de rentabilidad, desapareciendo tanto del canal de TDT arrendado a Telecinco, como en la plataforma digital.

Gran Hermano sustituyó a CNN+ en la TDT, toda una metáfora de cómo, en ese tránsito de la información a la telerrealidad, el servicio público se sacrificaba a la rentabilidad privada. La desaparición de los informativos de Cuatro es la culminación tardía de esa tendencia.

En estos ocho años, Mediaset ha producido sus informativos en una redacción común con Telecinco. Como La Sexta, Cuatro ha venido emitiendo en el tramo horario previo a los telediarios de TVE, A3 y Telecinco. Si los telediarios de Telecinco han apostado con éxito, sobre todo en la edición noctuna con Pedro Piqueras, por la fórmula de sucesos y softs news, Cuatro ha mantenido una mayor apuesta por la información política, con un cierto escoramiento de principio a la izquierda, pronto neutralizado. Frente a la competencia de La Sexta, volcada en la información y la opinión y con una clara coloración editorial a la izquierda, los telediarios de Cuatro son hoy los de menor audiencia entre las cadenas generalistas nacionales.

El problema, como tantas veces ocurre en televisión, no ha sido tanto su propio contenido como su inserción en la programación de la cadena. Cuatro se ha convertido prácticamente en un canal temático especializado en la telerrealidad de las citas románticas. Evidentemente el público de ese formato no es el de los informativos. Así que ¿para qué mantener esta incoherencia? Rentabilidad, no servicio al público.

En muchos comentarios se ha insistido en la reducida audiencia. 675.000 espectadores de media puede que sean pocos para la estrategia publicitaria de Mediaset, pero son muchos, muchísimos, en términos de influencia editorial. ¿Consideraríamos influyente a un personaje que todos los días tuiteara a una determinda hora y su tuit tuviera 675.000 vistas? Seguro que sí, pero si ven las noticias en televisión parece que esos espectadores no cuentan en términos editoriales.

Esos espectadores tratados con tan poco respeto seguramente incrementarán los telediarios de La Sexta, en el mismo tramo horario y con una definición más radical, pero en el mismo espectro que Cuatro. No parece probable que alteren sustancialemente el equilibrio entre Antena 3, Telecinco y TVE. TVE, con una mejora notable no solo en la neutralidad sino también en su factura, ha perdido todos esos espectadores a las que el PP ha convencido de que la cadena pública está ahora al servicio del gobierno. Con la llegada de Zapatero al gobierno y de Caffarel a RTVE se produjo un fenómeno parecido de reacondicionamiento de audiencias, pero ahora los espectadores de izquierdas no vuelven a TVE. Prefieren los brochazos gruesos de La Sexta, la sátira del Intermedio. En una sociedad polarizada malos tiempos para una información completa, equilibrada y neutral, como la que es debida en un servicio público.

¿Siguen teniendo sentido de los telediarios?

Podría decirse que la decisión de Mediaset no es sino un aviso de la tan anunciada muerte de los informativos. ¿Para qué ver los telediarios si ya nos han llegado las noticias por las redes sociales, si ya hemos visto esos vídeos impactantes que nos divierten y emocionan? Uf, los telediarios son viejunos. Para qué verlos si ya lo sabemos todo y podemos dedicar ese rato a ver una serie en Netflix.

Muchas de estas críticas tienen fundamento. Los telediarios son pasto del infoentretenimiento, del periodismo de declaraciones (ahora con la competencia insuperable deTwitter), no innovan o lo hacen mal e ignoran a los jóvenes. El profesor García Avilés recoge en este artículo muchas de estas críticas y las propuestas de innovación formuladas por profesionales en las Jornadas de Innovación Periodística en la Universidad Miguel Hernández.

Lo que no es cierto es que las audiencias den la espalda a los informativos. Todos los días un par de telediarios están entre los programas más vistos. Concretamente, el 17 de enero, la segunda edición de Informativo T5 fue el programa más visto del día con 3.173.000 espectadores y nada menos que un 18,3% de cuota. El éxito de este informativo se puede explicar en parte por el efecto arrastre de Pasapalabra, que cada vez retrasa más su final. El 17 de enero el minuto de oro fue para el concurso de T5, concretamente a las 21:07 (sobrepasando ya la hora oficial del informativo, las 21:05) con 3.856.000 espectadores, heredados a continuación por Piqueras.

No, los telediarios no están muertos. Y mal hará una cadena que los asesine, porque la información en directo, conducida por una figura con credibilidad periodística, es una de las bazas esenciales de la televisión lineal, frente a la televisión no lineal, el streaming y las plataformas OTT.

Serán los informativos, el deporte y el espectáculo que implique competición en directo los grandes pilares de la televisión lineal, esa en la que las cadenas comerciales colocan la -hasta ahora- tan rentable publicidad.

En concreto, los noticieros, los telediarios, siguen ofreciendo una versión editada y sintética de la actualidad de la jornada y de sus imágenes más notables. Sí, hoy son muchos los que desconfían de la edición profesional, pero las empresas informativas no pueden renunciar a presentar una versión ordenada y jerarquizada del mundo, de acuerdo con criterios de verificación profesional y conforme a su línea editorial. Los telediarios no son ya el más relevante determinante de la conversación, pero siguen teniendo un papel muy importante.

La innovación tecnológica y narrativa es imprescindible, pero muchas veces se confunde innovación con formatos de presentación más espectaculares. Bien está la incorporación de la realidad virtual y la realidad virtual a los estudios, pero ¿para qué? ¿para hacer con holografías directos obvios que nada aportan? ¿para traer al estudio la ola de un maremoto?

La innovación esencial que piden a gritos los telediarios es la profundización informativa. No puede ser que a las 9 de la noche se siga haciendo un directo-sumario en el escenario de un hecho acontecido hace diez o doce horas. En un canal con dos ediciones, la del mediodía podría mantener el formato actual, muy fragmentado, con el dominio del relato breve en directo, mientras que el vespertino debiera de desarrollar los grandes temas del día, aportando informes, reportajes y otras narraciones más innovadoras. Más análisis basado en las imágenes, menos canutazos y tuits. Pero para eso hay que reforzar las redacciones, planificar, tener liderazgo editorial, profesionales con credibilidad, gastar más y estar dispuestos a correr riesgos.

Los telediarios deben tener análisis no opinión. Para la opinión ya están los magazines, donde se convierte en espectáculo. Análisis solvente de periodistas, profesionales y técnicos; transparente, en cuanto al origen y los intereses de esos profesionales; contrastado, pero sin poner en el mismo plano verdad y mentira (en sus múltiples versiones de bulos y “realidades alternativas”); sereno, intentando evitar la polarización. Difícil, pero obligado e imprescindible en este tiempo de guerras culturales.

Los telediarios, como el resto de la programación, deben estar insertos en una estrategia interactiva. No se trata ya de que buscar más impactos con las redes sociales. Se trata de que la fábrica informativa adapte cada acontecimiento al lenguaje más adecuado para cada plataforma y lo difunda a lo largo de un proceso temporal que vaya añadiendo valor: desde la alerta informativa, el vídeo si editar en directo, la narración en directo y con voz personal en las redes sociales, el reportaje apenas editado para la web… hasta el informe analítico y el reportaje bien facturado del telediario. Y todo ello para dar servicio a cada ciudadano por la plataforma y en el momento que elija.

Otra opción suicida es llenar los telediario de vídeo virales, que no tienen más recorrido informativo (no es el caso de algunos vídeos virales, insustituibles documentos audiovisuales). Esos son los vídeos que todos han visto ya en las redes sociales.

Tan suicida como insistir en el infoentretenimiento, porque si te quieres divertir siempre habrá algo más entretenido que las noticias, que, por mucho que se critique, serán mayormente negativas, pues lo nuevo -la Síesencia de la noticia- cursa casi siempre como desorden.

Los telediarios deben seguir congregando audiencias heterogéneas, dentro del perfil del público y la línea editorial de la cadena. No pueden ser informativos para millenials ni para jubilados. Sí, hay que escuchar a las audiencias, pero hay que seguir buscando ese (mínimo) denominador que a todos congrega en un espacio común, el espacio público. Intentar unir burbujas, favorecer y conducir la conversación pública

Claro que deben atenderse los intereses informativos de los jóvenes y las narrativas que mejor conectan con ellos, pero a través de otros espacios de la programación y, sobre todo, en las redes sociales y en las plataformas de vídeo bajo demanda. Por cierto, ¿los jóvenes solo están interesados en la diversidad de identidades sexuales, los festivales de música electrónica o el pop ñoño, como parecen pensar muchos programadores? ¿no están interesados y preocupados por el empleo, la vivienda, la degradación de los servicios públicos, el racismo y la xenofobia?

Innovación en los telediarios, sí, pero muy medida, no sea que nos carguemos el artefacto retórico que tan bien ha funcionado hasta aquí. Lo que es imprescindible es innovar informativamente más allá de los telediarios y ampliar el servicio público de la información a otras audiencias, respetando al público tradicional que sigue fielmente los noticieros cada día.

Post scriptum sobre licencias

En un tuit, Javier García (@Radioelectriko) me advertía de la posibilidad de sanciones si se alteraba la oferta ganadora de una licencia en concurso.

Copio a continuación el intercambio que hemos realizado en Twitter.

Eso no es del todo así. Las licencias están sujetas a los compromisos del proyecto por el cual obtuvieron la licencia mediante concurso obteniendo mayor puntuación bq otras ofertas. Si ese proyecto incluye contenidos q ya no ofrece podrían imponerse sanciones.— Javier García (@Radioelectriko) 21 de enero de 2019

¿Cabe sanción por la desaparición de los informativos de Cuatro? @Radioelectriko me hace ver que si se cambian los contenidos del proyecto de la licencia obtenida en concurso podrían imponerse sanciones? Abro hilo— rafaeldiazarias (@rafaeldiazarias) 22 de enero de 2019

En la LGCA es infracción muy grave el incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia (art. 57.10) y leve el incumplimiento de las no esenciales (ar. 59.3).— rafaeldiazarias (@rafaeldiazarias) 22 de enero de 2019

¿Son los informativos de Cuatro condiciones esenciales de la licencia? Entiendo que las condiciones en este caso son las de la concesión de 2005 y supongo que los informativos eran parte importante de ese proyecto— rafaeldiazarias (@rafaeldiazarias) 22 de enero de 2019

¿Conoce alguien una sanción de la @CNMC_ES por incumplimiento de las condiciones esenciales o no esenciales de una licencia de radio o televisión— rafaeldiazarias (@rafaeldiazarias) 22 de enero de 2019

La definición de aspectos esenciales se indica en los pliegos de concurso. Si es previo a LGCA es posible q no lo indique. Un antecedente es la modificación del proyecto Canal+ en abierto, eso fue una modificación de aspectos esenciales— Javier García (@Radioelectriko) 22 de enero de 2019

Sería necesario ver el proyecto presentado y qué compromisos asumieron para ver en q grado se incumple. Si asumían un porcentaje de contenidos informativos o si se comprometían a cosas más concretas. Hay q pedir por transparencia la oferta presentada— Javier García (@Radioelectriko) 22 de enero de 2019

Hay está un tema clave, si es una concesión originaria del 90 o si es derivada de la ampliación sin concurso de 2005, porque entonces no hay oferta con compromisos— Javier García (@Radioelectriko) 22 de enero de 2019

Creo que es convesión de la concesión sin concurso de 2005. Buena idea pedir por transparencia el expediente. Buen tema para investigar o para asociación o movimiento en favor del servicio público audiovisual. Personalmente, en este momento me supera.— rafaeldiazarias (@rafaeldiazarias) 22 de enero de 2019

Yo estoy apunto d acceder a las del concurso de 2015… después de dos años— Javier García (@Radioelectriko) 23 de enero de 2019

(Una reflexión más extensa puede encontrarse en este texto que formará parte de un próximo libro editado por el Máster en Innovación en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández)

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Salvad el concurso de RTVE


lazo-naranja-d1El mes de agosto ha sido excepcional para RTVE. La Administradora Única, elegida por el Congreso de acuerdo con el R.D.L 4/2018, ha renovado a los más significativos cargos directivos de la Corporación, con el aplauso de unos y la crítica de otros. Al mismo tiempo, el concurso público para la elección de los miembros del Consejo de Administración y el presidente sigue su tortuoso curso.

Ninguna empresa pública, ninguna autoridad independiente española, elige a sus órganos por un procedimiento de concurso público. Que lo haga RTVE es un una gran logro y, en cierta manera, un campo de experimentación.

El concurso tiene desde el principio fallos de diseño y subyace el peligro de que los partidos terminen por manipularlo, con el consiguiente desprestigio no ya solo para RTVE, sino para este tipo de procesos.

El fallo de diseño de partida reside en considerar a los consejeros como ejecutivos de la Corporación, sin tener en cuenta que no tienen ni dedicación ni remuneración. Por eso los requisitos para los consejeros no debieran de ser los mismos que para el Presidente, máximo órgano representativo y ejecutivo.

El concurso pasa por tantas instancias parlamentarias que es fácil perderseLas mesas del Congreso y el Senado aprobaron las normas del concurso. La mesa de la Comisión Mixta sobre RTVE aprueba las relaciones provisionales y definitivas de admitidos al concurso. El Comité de Expertos evaluará los méritos. Los candidatos evaluados positivamente comparecerán en las comisiones de nombramiento del Congreso y Senado. Y finalmente, será cada una de las cámaras las que designen primero a los consejeros y luego, entre ellos, el Congreso al presidente, en todos los casos con mayoría de 2/3 en primera votación o, en segunda, mayoría absoluta y el apoyo de cuatro grupos parlamentarios. Como se ve, muchos pasos en los que predominan los controles políticos.

Con todo, de nada vale deslegitimar el proceso, porque hoy por hoy no hay mejor alternativa.

A continuación examino los obstáculos y en qué medida pueden todavía salvarse.

Transparencia

Hubiera sido deseable que el baremo se hubiera conocido antes de hacerse pública la lista provisional de candidatos y no la definitiva -como establecieron las normas del concurso– para evitar el riesgo de un traje a la medida de uno o varios candidatos. No se ha hecho así. Pero, como, de hecho, la distinta puntuación atribuida a los rubros del baremo puede afectar de un modo general a gran número de los candidatos, sin privilegiar a ninguno en particular, esta objeción no parece que deba afectar a la marcha y resultado del proceso.

A efectos de transparencia lo más importante es que se hagan públicas las puntuaciones que cada experto otorga a cada uno de los candidatos. Puesto que es impensable un consenso en las puntuaciones entre 17 expertos, lo lógico es que la valoración en cada rubro sea la media entre las puntuaciones de los 17 expertos. Si vale de ejemplo, recordemos los sistemas de puntuación de los jueces en deportes como gimnasia o gimnasia rítmica. Y que no solo se aplique este sistema, sino que las puntaciones de cada experto se hagan públicas.

El Comité de Expertos ha tomado la decisión de evaluar los proyectos eliminando el nombre de su autor. Algunos candidatos, nada más presentar la documentación, hicieron público su proyecto en las redes sociales, precisamente, dijeron, en aras de la transparencia. La evaluación anónima del proyecto no es una exigencia establecida ni en la convocatoria, ni en las normas del concurso, y, por tanto, que algunos proyectos sean públicos, no puede invalidar la convocatoria. De hecho, en un proyecto de gestión, a través de las citas a trabajos, artículos y experiencias es muy difícil que no pueda adivinarse en muchos casos el autor.

Subsanación

La mesa de la Comisión Mixta de Control ha dado siete días para alegaciones o subsanación de requisitos. Debiera ser subsanable acreditar las condiciones exigidas para ser candidato, como DNI (para acreditar nacionalidad y mayoría de edad), titulación de licenciatura, grado o doctorado (obtenido con antelación a la fecha de la convocatoria) o cumplimentar la declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad y reunir los requisitos de honorabilidad. Pero no puede subsanarse la no presentación del proyecto, porque ello supondría una ventaja para estos candidatos y un agravio para el resto.

Baremo

Era competencia del Comité de Expertos elaborar un baremo de evaluación, a partir de las 7 grandes categorías establecidas por las normas como méritos de los candidatos a evaluar. Y de todas estas categorías, los expertos en su baremo han privilegiado el proyecto de gestión (30 puntos) y la experiencia en administración, alta dirección, control o asesoramiento o de similar responsabilidad en entidades pertenecientes al sector de la comunicación (25 puntos).

Es una opción legítima. Nada que objetar a la valoración preferente del proyecto. Pero, favorecer la experiencia de gestión. unido a los méritos por el ejercicio del periodismo, en medios de comunicación, y el trabajo en RTVE, supondrá que los candidatos mejor evaluados resulten aquellos periodistas, trabajadores de RTVE, que hayan realizado funciones de administración, dirección o asesoramiento en el Ente o su sucesora Corporación. ¿No es un traje a medida de los actuales gestores, incluso de los recién cesados consejeros, que, conforme a la disposición transitoria tercera de la Ley 5/2017 pueden incluso ser renovados, frente a los dispuesto por la Ley 17/2006. En cualquier caso, alta dirección no es responsabilidad editorial.

En este baremo quedan especialmente preteridos los docentes e investigadores, que podrían aportar una visión en profundidad y de tendencias de futuro. Con un baremo menos sesgado, el Consejo podría haberse compuesto por especialistas relacionados con las distintas categorías a valorar, lo que se enriquecería este órgano de orientación y control, que no de gestión.

Puesto que el Comité tiene que hacer una valoración razonada de cada candidato debiera de matizar la evaluación cuantitativa con otra cualitativa. Por ejemplo, ¿un administrador que hubiera quebrado una empresa de comunicación debiera de recibir los puntos correspondientes por sus años al frente de la empresa quebrada? Misma pregunta para quién haya sido objeto de reiteradas denuncias de manipulación por órganos institucionales como son los consejos de informativos.

Incompatibilidades: ¿son los consejeros altos cargos?

Los candidatos han tenido que cumplimentar una declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad y reunir los requisitos de honorabilidad. Este procedimiento es el que se aplica en la Ley 3/2015 a los altos cargos. Es requisito para ser nombrado, que luego se completará con una declaración de bienes. Los altos cargos están sujetos a un estricto sistema de incompatibilidades y cautelas para evitar el conflicto de intereses. La Oficina de Conflicto de Intereses vela porque se cumplan estos requisitos.

El Comité de Expertos carece de competencias para determinar si se da causa de incompatibilidad o conflicto de intereses en los candidatos, debiendo limitarse a la evaluación de méritos.

Pero, hay una pregunta previa ¿son los consejeros de RTVE altos cargos? No, rotundamente no. Para ello, y en virtud de la normativa de altos cargos, debieran de tener dedicación exclusiva y la remuneración correspondiente. El Decreto Ley de Rajoy de 2012 redujo las obligaciones de los consejeros a asistir a las reuniones del consejo y recibir por ello dietas indemnizatorias. No sería, desde luego, el caso del Presidente, plenamente incurso en el régimen de altos cargos, por su dedicación plena y su remuneración.

En cualquier caso, en el procedimiento de concurso no existe ningún mecanismo de control de causas de incompatibilidad o conflicto de intereses. Como es notorio, algunos candidatos podrían estar incursos en incompatibilidad o conflicto de intereses por prestar, haber prestado o tener intereses en empresas u organizaciones competidoras o suministradoras de RTVE. En las audiencias en las comisiones de nombramientos de las cámaras debieran de examinarse estas circunstancias y los grupos parlamentarios obrar en consecuencia a la hora de ratificar a los candidatos. Otra cosa no sería aceptable, ni ética ni estéticamente.

En cuanto algunas posibles causas de incompatibilidad conviene hacer algunas precisiones. Antiguos trabajadores del Ente Público RTVE sujetos todavía al ERE de 2006 no pueden prestar servicios ni directa ni indirectamente, ni a la Corporación ni a empresas competidoras. Pero la función de consejero no supone ni relación laboral ni prestación de servicios.  En el caso del Presidente, sí podría existir incompatibilidad que podría resolverse renunciando a los beneficios del ERE.

En cuanto a los jubilados, en el caso de los consejeros tendrían que notificarlo a la Tesorería General de la Seguridad Social y no superar el tope establecido (en torno a 7.000 € anuales) so pena de que le sean reclamadas las percepciones ilegalmente percibidas. El Presidente podría solicitar que su pensión quedara en suspenso durante el tiempo de su mandato.

Por fin vía libre al concurso para la renovación de RTVE


lazo-naranja-d1Les ha costado, pero finalmente ayer las mesas del Congreso y el Senado aprobaron las bases que regulan la renovación por concurso del Consejo de Administración de RTVE (pdf).

La nueva situación creada por el RDL. 4/2018 ha levantado todos los bloqueos. Ahora todos parecen tener la máxima urgencia en que el concurso se celebre y el Consejo de Administración y el Presidente que se están eligiendo estos días el Congreso y el Senado conforme a las reglas del RDL. sea no ya provisionales, sino provisionalísimos.

Hay que felicitar a los trabajadores de RTVE, a los consejos de informativos, al movimiento de las mujeres, que con su reivindación han hecho posible esta solución. Y a grupos de estudios como Teledetodos que han fundamentado teóricamente su necesidad.

No me interesa señalar culpables, vencedores o vencidos, no me interesa el análisis político. Me preocupa que las declaraciones de unos y otros sigan considerando a los expertos que decidirán el concurso como sus delegados, lo que no hace más que anticipar divisiones partidistas a lo largo del proceso.

Las bases aprobadas parecen garantizar la limpieza. La comisión de expertos tendrá que hacer público su baremo antes de la publicación definitiva de los admitidos. Se valorará la formación superior, el ejercicio periodístico, la experiencia en RTVE, la experiencia en otros medios, desarrollo de funciones de gestión en el sector de la comunicación, el proyecto de gestión y otros méritos relevantes profesionales, de investigación y docencia. Si los expertos hacen un baremo equilibrado, la composición del Consejo puede ser plural, no ya en la orientación ideológica, sino en las competencias profesionales. En mi opinión, el proyecto debiera tener una valoración destacada.

Los experto harán un informe personal motivado, puntuación incluida, por cada candidato, lo que supone contar con una lista por orden de méritos. La gran cuestión es si los consensos de los grupos parlamentarios respetarán esta jerarquía de méritos. Sería un escándalo que el candidato mejor valorado, especialmente en el proyecto de gestión, y sobre todo si hay diferencias claras, no fuera luego elegido Presidente.

Lo importante ahora es que personas con verdadero espíritu de servicio público y competencias acreditadas se animen a presentarse. Hay que recordar que los consejeros no tienen dedicación, ni remuneración, más allá de dietas por asistencia.

El Presidente sigue siendo el gestor todopoderoso. Antes tenía asegurada una mayoría de apoyo, de acuedo con los consensos partidistas. Ahora está por ver, pero tendrá, sin embargo, el plan de gestión presentado, que puede ser el argumento invocado ante un Consejo crítico.

Los plazos de todo el proceso son perentorios. Afortunadamente se miden en días hábiles y no naturales, como en alguna versión previa de esta norma. Frenta a la opinión mayoritaria creo que ahora es más importante la solidez de las resoluciones que su rapidez. No estaría mal que, teniendo en cuenta que agosto es inhábil parlamentariamente, el plazo para la presentación de candidaturas terminara a primeros de septiembre, de modo que los interesados pudieran perfilar mejor sus proyectos. En cualquier caso, un proyecto de gestión no puede ser un corta y pega y no se improvisa en quince ni en treinta días. Espero que los expertos sean capaces de discernir la calidad y originalidad de los proyectos.

Ahora solo queda que los partidos sean generosos y no interfieran. Por favor, comisarios políticos disfrazados de expertos o profesionales, absténganse.

¿Alguien cree en la independencia de RTVE?


La tormentosa tramitación del reglamento parlamentario para elegir al Consejo de Administración de RTVE y a su presidente tuvo este martes otro episodio de ruptura del consenso, que no augura nada bueno. La renovación de la cúpula de la Corporación se ha convertido en un escenario de batalla, donde la oposición del PP y C’s quieren desafiar al gobierno de Pedro Sánchez. Y en esa guerra está en juego la independencia y hasta la propia superivivencia de la radiotelevisión pública.

Competencia vs consenso

Entiendo la indignación de los profesionales de RTVE. Es cierto que con la composición aprobada los expertos designados por el PP (6) y C’s (1) tendrán mayoría en la comisión de expertos. Pero, ¿de qué estamos hablando de profesionales expertos que evalúan a otros profesionales o de representantes de los partidos, que filtran y ordenan los candidatos en función de intereses partidistas?

Parece que todo el mundo da por supuesto que esos expertos (¿catedráticos, profesores, periodistas, realizadores, técnicos, gestores?) no pueden ser independientes y que actuarán al dictado de los partidos que los designen para lograr, finalmente, una evaluación positiva para sus candidatos al Consejo y, sobre todo, a la presidencia.

Tenemos un problema y es que nadie se cree la independencia de los expertos, primero, y de los consejeros, después. Pareciera que lo de concurso es un paripé, una cortina de humo para que cada uno coloque a los suyos.

El sistema de nombramiento -tan chapuceramente establecido por la Ley 5/2017– combina la selección por competencia (curriculum y propuesta de un plan de gestión) con el consenso parlamentario. Los expertos evalúan. Las cámaras examinan y designan por la mayoría reforzada de 2/3 y de lograrse por mayoría absoluta, siempre que el candidato esté propuesto por la mitad de los grupos parlamentarios.

Lo que hay que exigir a la comisión de expertos es una evaluación independiente. Para ello es esencial que junto con la convocatoria del concurso se hagan públicos los baremos de evaluación, de modo que estos no se acomoden a posteriori al perfil de los candidatos.

Según el reglamento los expertos tienen que seleccionar 20 candidatos. ¿Simplemente aptos o no aptos? ¿Una lista con puntuaciones? En el primer caso, se dejaría más espacio para el reparto entre los grupos parlamentarios; en el segundo, el consenso parlamentario estaría condicionado por la evaluación técnica. En todo caso, la evaluación de cada candidato debiera de ir acompañada de un informe motivado.

La tentación del Decreto-Ley

En su entrevista en RTVE, Pedro Sánchez prácticamente anunció un Decreto-Ley si el reglamento del concurso seguía bloqueado en las Cortes. “El Gobierno -dijo- no va a mirar para otro lado”.

El cese de José Antonio Sánchez por cumplirse su mandato el día 22 deja a RTVE en una interinidad insostenible. Los consejeros rotarán en la Presidencia, pero sin las competencias ejecutivas del Presidente,  que, de hecho, serán ejercidas por los directivos a los que el Presidente delegó competencias. Se anuncian dictámenes y recursos para que el Consejo actúe ejecutivamente, pero ello no evitará la paralización.

Aparentemente, se dan las razones de “extraordinaria y urgente necesidad” que justificarían un Decreto-Ley. Pero además de reunir las mayoría parlamentaria necesaria para su convalidación, el Decreto-Ley puede ser objeto de recurso de inconstitucionalidad por parte de 50 diputados o senadores.

La interinidad que siguió a la dimisión de Alberto Oliart fue invocada por Rajoy para justificar el Decreto-Ley 15/2012, declarado parcialmente inconstitucional el pasado diciembre. La sentencia del Tribunal Constitucional declara que no se da la la extraordinaria y urgente necesidad, supuesto habilitante que el art. 81.6 de la CE exige al Decreto-Ley, para cambiar la composición del consejo, reduciendo los consejeros de 12 a 9 y eliminado a los consejeros propuestos por los sindicatos. En cambio, sí admite que este presupuesto existe respecto del cambio del método de elección, en cuanto permitiendo la elección en segunda votación por mayoría absoluta del Presidente se podía resolver el bloqueo que ponía en riesgo el funcionamiento normal de RTVE.

De modo, que según esta doctrina, el Gobierno no podría ir más allá de resolver el supuesto bloqueo para la elección de la cúpula directiva. Pero ¿existe tal bloqueo? Dudoso. El reglamento está en el último paso de su tramitación parlamentaria, guste o no la composición de la comisión de expertos. Correspondería, entonces, su aplicación. Bloqueo no, procedimiento que lleva varios meses, sí.

No es ejemplar la negociación de que dan cuenta las crónicas periodística en base a ofrecer consejeros a las distintas fuerzas políticas. ¿La regeneración es la vuelta a las cuotas?

El todopoderoso presidente

Antes el Director General del Ente y luego el Presidente de la Corporación han sido  siempre ejecutivos todopoderosos, en la medida que contaban con la aprobación gubernamental o con un amplio consenso parlamentario (2006-2012), que se traducía en una mayoría estable de apoyo en el Consejo. El sistema de concurso, si es que algún día llega a aplicarse, le daría todavía más poder, en cuanto que, además del consenso parlamentario, habría sido seleccionado por su méritos personales y por el proyecto de gestión presentado.

Si, como parece, el Dereto-Ley instaura una elección por consenso reforzado, lo decisivo será el nombre del Presidente. En el sistema de cuotas cada uno designará a los suyos y lo que se estará negociando es el Presidente, que difícilmente será “provisional”, salvo gestión catastrófica, cambio de composición parlamentaria o de gobierno.

¿Qué perfil debe tener el Presidente? En primer lugar, no debe ser un ejecutivo con intereses en el sector de las productoras. No a las puertas giratorias. No al bombeo de dinero público al sector privado.

La figura ideal debiera provenir del mundo de la comunicación, tener experiencia de gestión, visión de futuro y, sobre todo, autoridad, independencia contrastada y trayectoria de servicio público. No sé si existe ese mirlo blanco, pero si hay que elegir prefiero un personaje independiente capaz de seleccionar un eficaz equipo de gestores.

En fin, seguimos discutiendo si son galgos o podencos, sin adaptar, entre tanto, el servicio público a los cambios que el nuevo ecosistema informativo requiere.

P.S Y llegó el Decreto-Ley

Recojo aquí los dos tuits que he publicado una vez publiado el RDL. 4/2018.

Visto el texto RDL 4/2018 RTVE, bien justificada “extraordinaria y urgente necesidad”. Dudosa constitucionalidad modificar la composición de la comisión de expertos (véase doctina TC).

La prueba del algodón para la independencia de RTVE es que todos los grupos impulsen la elección por concurso, sin bloqueos, y que la dirección elegida ahora por cuotas sea realmente provisional, como establece el RDL.

La participación, clave de un nuevo servicio multimedia que reconstruya el espacio público


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Fuente Mèta-Media

Los servicios públicos multimedia no pueden reemplazar a las redes sociales, pero deben ser una alternativa democrática, como sustentadores de un espacio digital común, un ciberespacio común, que reconstruya la esfera pública fragmentada.

Las plataformas sociales se han convertido en un nexo básico de nuestra sociabilidad y el canal por el que, de modo creciente, el público llega a las informaciones periodísticas, sobre todo en el caso de los jóvenes.

He razonado en una anterior entrada las razones para una regulación de estas plataformas en el derecho comunitario como servicios económicos de interés general. Pero ¿qué ocurriría si un día Twitter se cierra porque no cumple las expectativas de sus accionistas? O, algo que ya ocurre, ¿qué pasa si el algoritmo de Facebook reduce nuestra dieta de noticias, porque le resulta más rentable la interacción de los contenidos creados por los usuarios?

En toda Europa, las corporaciones públicas de radio y televisión hace mucho que entraron en la creación de contenidos multimedia y en su difusión en las distintas plataformas. Los académicos han pasado de referirse a los PSB (Public Systems Broadcasting, servicios públicos de difusión por radio y televisión) a hacerlo a los PSM (Public System Media, sistemas públicos multimedia).

El principal fundamento que legitima el cambio es el repensar el principio de universalidad: dar ahora a todos, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, y en cualquier canal o plataforma contenidos e informaciones de calidad, imprescindibles para su vida como ciudadanos en una sociedad democrática.

Hasta aquí se trata de una adaptación del sistema de difusión vertical (audiencias) a un sistema de difusión personalizado. Pero la radiotelevisión pública ha sido más que un suministrador de contenidos, ha sido el principal delimitador del espacio público en las siete últimas décadas. Sigue siéndolo todavía, porque no olvidemos que congrega audiencias masivas. Pero gran parte de la conversación social, sobre todo de los más jóvenes, se ha trasladado a las plataformas tecnológicas. Unas plataformas que, en lugar de hacer realidad la utopía de una perfecta comunicación horizontal, han parcelado Internet en jardines vallados (dixit Tim Berners-Lee).

Por eso hoy esa función de foro público exige plantear los servicios públicos de comunicación como una manifestación de lo que se llamado public digital commons (Murdock, 2005).

Parte esta teoría de la distinción entre public goods, bienes públicos esenciales que requieren una intervención pública para su administración, de los common goods, bienes comunes, bienes también esenciales, que pueden ser directamente gestionados por los ciudadados. De modo que los primeros se gestionan en función del principio de autoridad, y los segundos en función de los principios de cooperación y participación. Evidentemente, estos bienes comunes exigen una continua negociación entre sus usuarios y en la mayor parte de los casos con las autoridades públicas, que pueden supervisar la cooperación.

Las redes sociales se basan en la colaboración y la participación, pero las conforman en función de los beneficios que obtienen recabando datos personales. Por eso, promueven con sus algoritmos las interacciones que más información facilitan del usuario y los contenidos que durante más tiempo le mantienen en ese jardín vallado.

El reto de los servicios públicos multimedia es gestionar la participación y la cooperación para crear un ciberespacio público de referencia, enlazado con el clásico espacio público de las grandes audiencias.

El nuevo PSM tiene que ser una mixtura entre el servicio público vertical (hijo de la Ilustración) y un servicio participativo basado en el ciberespacio, donde usuarios y comunidades negocien la participación. Un punto de entrada común, seguro, fiable, a un espacio digital en el que también pueden colaborar instituciones públicas y culturales: museos, universidades, archivos, bibliotecas.

Esquemáticamente, el servicio público multimedia como espacio digital común supone:

  • Enlazar el espacio público de las audiencias, esto es, la transmisión lineal de los contenidos, con la personalización de los contenidos interactivos;
  • Recuperar y reforzar el tradicional derecho de acceso a la programación de grupos significativos con la promoción de contenidos creados por ciudadanos, movimientos y organizaciones, distribuidos en línea de forma personalizada;
  • Enlazar y cooperar en este espacio común con instituciones públicas que promuevan contenidos culturales y de interés para el debate público;
  • Conocer y poner en el centro de toda su estrategia al ciudadano (prefiero ciudadano a usuario) para lo que es necesario recabar sus datos;
  • Utilizar los datos personales solo en el propio ámbito, por tiempo limitado, siempre con expresa autorización del particular y sin posiblidad de explotación ulterior comercial o política;
  • Centrar todos los contenidos en la óptica de la mejora personal y social, nucleados en torno a las grandes cuestiones de debate público;
  • Servir a las grandes audiencias formación, entretenimiento e información de calidad, buscando el alcance y el servicio, no el share en prime time;
  • Lograr la difusión personalizada de los contenidos sin caer en la viralidad;
  • Experimentar narrativas y lenguajes;
  • Llevar la participación a la gestión del propio servicio.

Todo ello no es nada fácil. En primer lugar el deseo de participación que se le supone al público está sobrestimado. Dar al botón de “Me gusta”, colgar un selfie o reenviar un meme no es creación colaborativa ni participación en el debate público.

Una estrategia puede ser crear su propia plataforma social: un perfil  que diera acceso a los contenidos de vídeo y audio bajo demanda, invitara a participar en debates lineales o no lineales, a producir contenidos, responder a cuestiones estratégicas sobre el servicio e incluso elegir representantes para órganos de participación ciudadana.

Por el momento, los servicios públicos europeos no puede prescindir de las redes sociales, especialmente Facebook, YouTube, Twitter y otras en menor medida. Algunos servicios usan las redes sociales para remitir a sus sitios web, otros crean marcas nuevas (Funk en Alemania, Playz en España). No cabe duda que para llegar a los sectores más jóvenes hoy el canal más eficaz es YouTube.

En principio, al servicio público le importa el alcance, no porque canal se llega al público. Pero, la estrategia off-site tiene riesgos indudables: adaptar las narrativas a la lógica comercial, perder la marca pública y hacerse dependiente de estrategias y algoritmos creados por las plataformas. ¿Y si, por ejemplo, YouTube, decide expulsar un día a los canales públicos, o, cómo ya hace, los agrega un aviso que les estigmatiza como financiados públicamente?.

Estamos todavía en los primeros pasos de la transformación de los PSB en PSM. Para que los viejos servicios públicos de la radiotelevisión construyan ese nuevo ciberespacio común se requiere un notable esfuerzo de gestores y creativos, transparencia en la gestión, reequlibrio de los recuros entre canales lineale y no lineales, y, sobre todo, un importante debate público. Pero solo el servicio público hará lo que el mercado ya ha demostrado que no puede hacer.

Fuentes

En esta larga entrada he preferido no incrustar enlaces. Recojo, a cambio, aquí, una serie de trabajos académicos recientes, que he tenido en cuenta para redactar estas reflexiones.

 

 

Regulación de las plataformas sociales como servicios de interés económico general


not_facebook_not_like_thumbs_downAsí que Facebook guarda los registros de todas mis llamadas y sms… ¡Me doy de baja!

Esta fue mi reacción, borrar mi cuenta de Facebook, como han hecho miles de personas (#deletefacebook) en protesta por el escándalo de Cambridge Analytica: los datos de 50 millones de perfiles en manos de una compañía de estrategia electoral, decisiva para la victoria de Trump (y parece que también para el Brexit). Finalmente, no lo he hecho. Dedico muy poco tiempo a Facebook, pero tengo algunos contactos que perdería si saliera de la plataforma.

Dicho en téminos no personales: las plataformas tecnológicas se han convertido en un elemento esencial de sociabilidad, crean las distintas burbujas comunicativas de las que dependemos para nuestras relaciones sociales y profesionales… y de las que recibimos una parte esencial de la información que  construye nuestra percepción de la realidad. Y todo ello gobernado por unos algoritmos, diseñados para promover el máximo beneficio para estas empresas tecnológicas. Podemos desconectarnos, pero corremos el riesgo de quedar al margen del pálpito de nuestra sociedad (mejor sería decir, de nuestras diversas comunidades).

Como ocurriera con los ferrocarriles, la energía o las telecomunicaciones, un servicio desarrollado primariamente por compañías privadas se convierte en un elemento esencial de desarrollo social y económico. Llega entonces la intervención pública, bien en forma de regulación o, de forma más radical, como declaración de servicio público.

Estos son los elementos que convierten a estos servicios en algo más que un servicio privado:

  • Explotan una materia básica, los datos personales, que, mediante la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, se transmuta en valor social, económico y político, que modela nuestras sociedades;
  • La extracción de esa materia prima entra en conflicto con los derechos de la personalidad (a la imagen, a la vida privada, a la integridad y el control sobre nuestros datos);
  • Tienen una posición de dominio en sus mercados (83% de las búsquedas Google, 60% de la publicidad Facebook);
  • Controlan mediante algoritmos la burbujas sociales en que se fragmenta el espacio público (difusión de información, interacción), previa destrucción del ecosistema mediático.
  • Desarrollan prácticas tributarias depredatorias para el estado de bienestar;
  • Desarrollan innovación disruptiva, que destruye empleo;
  • Se apropian de la creatividad de sus millones de usuarios y solo en algunos casos (YouTube) la retribuyen.

Estos servicios se regulan mediante contratos privados de adhesión, con expresa remisión a la jurisdicción norteamericana y a menudo a las leyes del Estado de California y la única supervisión de estas empresas es la Comisión de Comercio de Estados Unidos. En lugar de las leyes nos censuran algoritmos, que deciden lo que es legítimo o no difundir. Frente a ellas no tenemos más que costosos y complejos procediemientos civiles a desarrollar… en California.

Nacieron estas plataformas de una matriz libertaria capitalista, en un momento donde las regulaciones de los servicios esenciales se van haciendo cada vez más tenues. Además, y esto es sustancial, su actuación es transnacional.

Ningún estado puede de forma individual intentar regular su actividad. Pero sí podría la Unión Europea dar un paso adelante declarándolas servicios de interés económico general, lo que posibilitaría la imposición de determinadas obligaciones de servicio público, de modo semejante a como los servicios de telecomunicaciones están sometidos a obligaciones como prestadores del servicio universal.

No se trata tanto de establecer  una norma especifica, como de tomar en cuenta las especificidades de estos servicios en los distintos campos regulatorios. Facebook no puede, por ejemplo, tener las mismas obligaciones respecto al tratamiento de los datos de sus usuarios que, por ejemplo, un dentista con respecto a los de sus pacientes.

La regulación más específica debe referirse a los contratos de adhesión, para simplificarlos, hacerlos más claros y sencillos y reequilibrar la relación empresa-usuario. También establecer que la jurisdicción competente sea la del país del usuario.

La gestión de los datos debe entregarse al usuario de forma sencilla y transparente, con la posibilidad de recuperar y eliminar todos sus datos de la red social. Puede que estas obligaciones estén ya presentes en las directivas europeas y en las legislaciones naciones, pero requieren de mayor concreción.

Regular las redes sociales no puede significar censura. Ejercer cualquier tipo de control sobre los contenidos, ya sea privado -como de hecho hacen las redes, especialmente Facebook- o público, dañaría irremediablemente las sociedades democráticas. Luchar contra la noticias falsas, una manifestación del fenómeno más amplio de las noticias falsas, no tiene una respuesta sencilla ni unívoca. El Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea (pdf informe) propone para luchar contra la desinformación:

  • Mejorar la transparencia de las fuentes de la información en línea;
  • Promover la educomunicación;
  • Desarrollar herramientas para que periodistas y públicas puedan afrontar la desinformación;
  • Salvaguardar la sostenibilidad del ecosistema mediático europeo
  • Promover la investigación.

No hay soluciones mágicas. Por ejemplo, transparencia respecto a las fuentes puede ser indicar, como ha empezado a hacer YouTube en Estados Unidos, que un canal de televisión se financia con fondos gubernamentales. No es lo mismo la BBC, que RT, pero en todos los casos un disclaimer semejante parece advertir que hay algo perverso en la financiación pública, lo que no deja de traslucir un perjuicio del algoritmo, o, mejor dicho, de sus programadores.

Las obligaciones de servicio público que la regulación puede imponer en el derecho comunitario a un servicio económico de interés general siempre serán limitadas. Por eso, para garantizar un interés público más allá de los intereses privados están los servicios públicos; en el campo de la comunicación los PSM (Public System Media), la transmutación de los viejos servicios públicos audiovisuales. A su función de reconstructores del espacio público dedicaré una próxima entrada.

Ofensiva contra los medios públicos


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Si los suizos deciden el domingo eliminar el canon (billag) la rtv pública desaparecerá de Suiza

Este domingo 4 de marzo los suizos deciden en referendum si eliminan el canon con el que se financia la SRG-SSR, la radiotelevisión pública. Si la iniciativa impulsada por el ultraconservador Partido Popular (SVP-UDC) prospera será la muerte del servicio público en Suiza y un golpe mortal para sistema de financiación por canon, que está en el núcleo de la radiotelevisión pública en Europa.

La ofensiva contra los medios públicos se recrudece conforme el fascismo 3.0 gana posiciones en Europa. Si la manipulación y el control gubernamental es una especie de maldición en la Europa del sur, ahora los servicios públicos del centro y norte de Europa ven en peligro su independencia y su estabilidad financiera. Se borran las fronteras en los modelos de Hallin y Mancini: el modelo noreuropeo (corportivista democrático) cada vez se parece más al mediteráneo (pluralista polarizado).

Allí donde llega al poder la extrema derecha, o los partidos conservadores abrazan las tesis xenófobas, la radiotelevisión pública se ve atacada. Se acusa a los periodistas de los medios públicos de ser de izquierdas y a las empresas de ser demasiado grandes (después de décadas de adelgazamiento financiero y organizativo), ser un peligro para la libre competencia y, sobre todo, obligar a la gente a pagar por algo que pueden no querer consumir.

Los ataques se concretan en:

  • Críticas, tanto generales a la insitutión como presiones muy concretas a determinados periodistas o responsables editoriales, amenaza y presentación de querellas por parte de políticos y ministros (Austria);
  • Cambios en los órganos de gobierno, órdenes de tratamiento informativo favorable, autocensura y dimisiones (Finlandia);
  • Reducción presupuestaria prácticamente en toda Europa;
  • Medidas para eliminar el canon y, consiguientemente, la financiación pública (Suiza);
  • Control absoluto de los medios públicos y oligopolio de medios privados controlados por los amigos del gobierno (Hungría, Polonia).

Suiza

El servicio público se encomienda en Suiza a una sociedad anónima la SRG-SSR, que se financia con un canon recaudado por otra sociedad anónima, Billag S.A, de ahí que populamente se conzca el canon como billag.  Tradicionalmente, el hecho imponible era la posesión de aparatos de radio y/o televisión, con una modalidad conjunta prácticamente universal. Las últimas reformas obligan al pago a todos los hogares, empresas y establecimientos (con las lógicas exenciones).

El monto está en los 450 francos anuales (unos 390 €). Las propuestas parlamentarias de la derecha para reducir el canon a la mitad han fracasado y de ahí la iniciativa que se pone a referendum para la eliminación de la licencia. Otro referendum anterior no lo consiguió por unos pocos votos, así que el resultado del domingo es incierto, con los cantones francofónos partidarios de mantener el canon y los alemanes de eliminarlo.

Para la derecha, la SRG-SSR ha sido incapaz de autolimitarse y, por tanto, solo cabe su destrucción. La iniciativa considera abusivo obligar a pagar por un producto cultural que no se haya elegido. A favor del canon, voces como la de este economista que recuerda que el servicio público es un espacio común, que produce unas externalidades (económicas, pero sobre todo culturales, sociales y políticas) que deben ser financiadas por todos, aun por los no consumidores.

Si el canon se aboliera Suiza sería el primer país europeo fetén (modelo democrático corporativista) en eliminar el servicio público. El conservador griego Samaras cerró la ERT en 2012 y Tsipras la reecuperó en 2015, pero ya se sabe, los manipuladores mediterráneos (modelo pluralista polarizado) somos menos importantes en eso de los rankings democráticos. Además, Ginebra es la sede de la UER-EBU, así que el organismo que agrupa a las radiotelevisiones públicas europeas podría residir en un país sin servicio público.

Del caso suizo se pueden extraer algunas lecciones sobre el canon:

  • Una empresa privada recaudadora puede ser muy eficaz, pero desde luego hace que la financiación del servicio público se vea como un negocio para la misma (los recaudadores privados, empezando por los publicanos, nunca han sido muy populares).
  • El hecho imponible no puede seguir siendo la posesión de aparatos, que deja fuera todo el consumo digital. Un impuesto directo a los hogares es más lógico, pero tampoco será muy popular. En Europa se ensayan también sistemas como el recargo en el recibo de la luz.
  • El sistema más justo parece un tipo progresivo (creciente según el nivel de renta) a integrar en el impuesto sobre la renta.

Por último, comparar esos casi 400 € de Suiza con los 39 € anuales que les cuesta a los españoles RTVE y los canales autonómicos.

PS. Los suizos rechazaron la iniciativa por un 71,6%. En el resultado fueron decisivas las campañas del gobierno y de los medios locales (también beneficiados por el canon), que lograron contrarrestar una previa tendencia a la abolición.

Finlandia

En Finlandia, que tantas veces se pone de ejemplo en materias como la educación, también se ha cuestionado la independencia de la radiotelevisión pública.

YLE recibió presiones del primer ministro conservador Sipila, en relación a un escándalo en el que se vio implicado. Spila envió un email a un reportero y al editor jefe quejándose del tratamiento informativo recibido. “No tengo ningún respeto a YLE, el mismo que YLE me tiene a mi” -escribió.

Como consecuencia, hubo autocensura y tres periodistas abandonaron YLE. El caso se convirtió en el YLEGate, radiografiado por los periodistas disidentes en un libro. Un informe independiente ha concluido que la radiotelevisión pública dio un tratamiento favorable al primer ministro y que la empresa reaccionó arrogantemente a la llamada de atención del regulador finlandés, pero que, con todo, el proceso editorial garantiza la independencia.

Austria

La ultraderecha del Partido Liberal, ahora en el gobierno, ha declarado la guerra a la ORF. El videcanciller Strache usa la misma táctica de Trump, acusa la radiotelevisión pública de propagar “falsas noticias”. Su principal objetivo es el presentador Amin Wolf, un entrevistador incisivo. Lo más grave es que el gobierno de coalición del Partido Popular y los liberales tiene ahora mayoría suficiente en el Consejo de la ORF (modelo como el alemán de un consejo parlamentario con representantes de los partidos y de la sociedad) para destituir al Director General.

Hungría y Polonia

En Hungría Orban controla todos los medios, los públicos y los privados. Destruyó primero la anterior MTV (varios periodistas estuvieron en huelga de hambre) y construyó una nueva corporación, MTVA, con absoluto control gubernamental. Al mismo tiempo, ha favorecido el oligopoplio de los medios privados, en manos de magnates amigos (como Putin en Rusia).

En Polonia, el gobierno conservador del PIS no tiene un control institucional tan absoluto de la RTP, pero sus periodistas son hostigados continuamente, en la calle y en las redes sociales, haciendo cada día más difícil su independencia.

Estas democracias iliberales -como algunos las llaman, yo dudo de que sean democracias- no entran en los modelos de Hallin y Mancini (su libro es de 2004), pero lo grave es que ahora son el ejemplo que parece estar siguiéndose en Austria.

Estados Unidos

Poco tiene que ver el sistema norteamericano con el europeo. Los medios públicos (PBS y NPR) se financian preferentemente mediante las subvenciones de fundaciones privadas, pero la aportación pública del presupuesto federal es decisiva en el balance final.

Trump ha propuesto un recorte de 480 millones de dólares, que la presidenta de la CPB (que agrupa PBS y NPR) asegura que no hay modo de cubrir ese agujero. Los recortes pueden eliminar populares programas infantiles. Un niño se convirtió en una celebridad cuando dijo en la televisión que Trump quería quitar PBS Kids para construir el muro con México.

España

Y, finalmente, last but no least, España. De censura, autocensura, manipulación lo sabemos todo, así que el caso finlandés se nos parece, pero con una diferencia importantísima, allí hay un regulador independiente. El caso es que el poder legislativo se muestra incapaz de hacer efectiva su propia ley, mientras el Sánchez se permite burlarse de los diputados -“voy a estar más que Matusalén”.

En la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, otrora ejemplo de independencia, JxCat y ERC se reparten los cromos sin ningún pudor, para ti la corporación, para mi informativos. para ti la radio, para mi la televisión. El Consejo Profesional denuncia este vergonzoso mercadeo, triste copia de la vieja lottizzazione italiana. Al menos el reparto partidista de la RAI suponía un cierto pluralismo ideológico, lo de radiotelevisión catalana es mera rebatiña entre dos aliados que desconfían uno de otro.

En fin, malos tiempos para los servicios públicos audiovisuales. Malos tiempo para la democracia.

(DESCARGA DEL LIBRO DE HALLIN Y MANCINI)

 

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