El laberinto de la gobernanza de RTVE


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El año termina en RTVE sin una perspectiva clara de la renovación de los órganos de gobierno, imprescindibles para su regeneración democrática. Los partidos deben establecer un procedimiento rápido y transparente que garantice la selección de profesionales competentes y erradique para siempre las cuotas partidarias.

Los últimos 5 años puede que hayan sido los más aciagos de la historia de RTVE. El gobierno del PP derogó por Decreto-Ley la independencia institucional que es condición mínima para que la radiotelevisión estatal cumpla su función pública.

Y a partir de ahí, con la designación por el Gobierno del presidente y los consejeros, manipulación, pérdida absoluta de la credibilidad y de la condición de referencia informativa, caída de las audiencias y gestión a la deriva, sin afrontar los retos que el nuevo ecosistema comunicativo plantea, hasta un punto donde la misma pervivencia de RTVE está en cuestión.

Dos han sido las respuestas jurídicas, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 50 diputados y senadores socialistas, que acaba de estimarse parcialmente por el Tribunal Constitucional, y la Ley 5/2017, para recuperar la independencia de RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos.

La mala técnica jurídica de la nueva ley, la renuencia de los dos grupos parlamentarios mayoritarios a desarrollar por concurso público el nombramiento de consejeros y presidente, y la derogación parcial por el Tribunal Constitucional del R.D-L. 15/2012, llevan a todo tipo de interpretaciones teóricas y a una paralización práctica del proceso de renovación.

Escaso impacto práctico de la sentencia del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constituciona declara inconstitucionales y nulas disposiciones del Decreto-Ley sobre la composición del consejo que ya no estaban en vigor, por haber sido modificadas por la Ley 5/2017, de modo que el bloque normativo aplicable es la Ley 17/2006, con las modificaciones realizadas por la Ley 5/2017.

No es que la sentencia carezca de transcendencia jurídica. El TC no examina la constitucionalidad de todo el Decreto-Ley,  porque los argumentos de los recurrentes se centraban solo en los preceptos sobre la composición y el modo de elección de consejeros y presidente. Otros preceptos del D-L., como el  ap. 7 y 8, que modifican el régimen de incompatibilidades y retribuciones de los consejeros y el presidente, no son sometidos a examen por el TC y siguen en vigor.

Constata el TC que estas normas han sido derogadas por la Ley 5/2017 y, por tanto, siguiendo su doctrina, no juzga si su contenido es conforme a la Constitución. Pero si aplica el examen de constitucionalidad al procedimiento de modificación, esto es, a si el Decreto-Ley es herramienta legítima para modificar esas normas.

El Tribunal entiende que no se da la la extraordinaria y urgente necesidad, supuesto habilitante que el art. 81.6 de la CE exige al Decreto-Ley, para cambiar la composición del consejo, reduciendo los consejeros de 12 a 9 y eliminado a los consejeros propuestos por los sindicatos. En cambio, sí admite que este presupuesto se de respecto del cambio del método de elección, en cuanto permitiendo la elección en segunda votación por mayoría absoluta del presidente se podía resolver el bloqueo que ponía en riesgo el funcionamiento normal de RTVE.

De modo que aunque la sentencia hubiera llegado en un tiempo razonable, y no cuando los preceptos impugnados ya no están en vigor, no hubiera impedido el nombramiento por la mayoría absoluta parlamentaria, en la práctica un nombramiento gubernamental. Pero sí habría cambiado la composición del consejo, que hubiera sido más plural, con la presencia de los consejeros propuestos por los sindicatos mayoritarios, y que hubiera podido someter al presidente a un control más eficaz.

Deja la sentencia otras dos consideraciones que pueden tener una cierta trascendencia en el futuro. Puesto que un Decreto-Ley no puede modificar una institución esencial del Estado, el Tribunal, aunque recuerda su función vital para la vida democrática, declara que RTVE no es una de las instituciones básicas de nuestra Constitución, porque esta no se refiere a ella expresamente. Y finalmente, que el modo de elección de sus órganos con mayor o menor consenso, no menosca el control parlamentario que establece el art. 20.3 CE.

Composición y modo de elección del Consejo de Administración y el Presidente

Resultan aplicables la Ley 17/2006, el R.D-L. en lo no derogado por la Ley 5/2017 y las disposiciones de esta última (ver el texto consolidado de la ley 17/2006):

  • El Consejo de Administración estará formado por 10 miembros, con suficiente cualificación y experiencia profesional, con presencia equilibrada de hombres y mujeres (art. 10.1).
  • La cualifiación y experiencia se concretan en la exigencia de personas de formación superior y reconocida competencia, que hayan desempeñado al menos durante 5 años funciones de administración, alta dirección, control o asesoramiento en entidades públicas o privadas, o relevantes méritos en el ámbito de la comunicación, experiencia profesional, docente o investigadora.
  • Serán elegidos 6 por el Congreso y 4 por el Senado (art. 11.1).
  • Comparecerán en audiencia pública en el Congreso y el Senado para que las cámara se informen de su idoneidad (art. 11.3). Nada se establece sobre quién puede proponer a los candidatos.
  • Serán elegidos por mayoría de 2/3 en cada cámara (art. 11.3). No se establece un procedimiento alternativo para el caso en que no se alcance esta mayoría.
  • El Congreso designará también por mayoría de 2/3 de entre los 10 consejeros al Presidente.
  • El mandato de los consejeros será por 6 años no renovables, renovándose por mitades cada tres años (art. 12).
  • El Presidente será retibuido conforme al régimen de los máximos responsables del sector público empresarial. En cambio, los consejeros solo recibirán indemnizaciones por asistencia a las sesiones (art. 15.4), lo que significan que no tienen el régimen de dedicación exclusiva que establecía la Ley 17/2006.

Para la primera elección se estable un régimen transitorio, la mayor parte de cuyas disposiciones podrían tener validez con caracter general y no para la primera renovación después de la reforma.

  • Si no se alcanza la mayoría de 2/3 en segunda votación bastará la mayoría abosluta, siempre que el candidato haya sido propuesto por la mitad de los grupos parlamentarios de la Cámara.
  • Elección por concurso público de los consejero y el presidente, conforme a un reglamento aprobado por las Cortes Generales en el plazo de tres meses, con la participación de un comité de expertos nombrados por los grupos parlamentarios, comité que emitirá informes de evaluación que elevará a la comisión parlamentaria competente para la audiencia de los candidatos.
  • En tanto se apruebe ese reglamento, la elección se llevaría a cabo conforme al procedimiento vigente.

Bloqueo de la regeneración democrática de RTVE

El caso es que ese plazo de tres meses se cumple el 31 de diciembre. ¿Cómo es posible que los grupos parlamentarios no hayan encontrado ni siquiera tiempo para reunirse hasta elm 14 de diciembre?. Claramente, ni PSOE, que no es partidario del concurso público, ni el PP, que resiste numantinamente, tienen interés. Quizá por eso se añadió esa salvaguardia de volver al procedimiento vigente.

Según los letrados del Congreso, el plazo no es preclusivo, por lo que no pasaría nada si este reglamento se aprobará, por ejemplo, el 20 de enero. De hecho, Ciudadanos ha hecho una propuesta. Pero dicen los letrado que, de no aprobarse, el “procedimiento vigente” sería el de mayoría absoluta en segunda votación (el del R.D-L), que es la apuesta del PP. No parece que aunque no se haya desarrollado el régimen transitorio se deje sin aplicar un aspecto sustancial del mismo claramente formulado, como es el de 2/3 en primera votación y mayoría absoluta y la mitad de los grupos parlamentarios en segunda, que es la apuesta del PSOE. Ciudadanos y Podemos apuestan por el concurso público.

Lo importante es la competencia de los candidatos y la transparencia del proceso

Como ya he razonado anteriormente, el concurso tiene sentido para elegir un Director General Ejecutivo, no para elegir a los miembros de un órgano que marca las directrices y controla la gestión, pero no es un órgano ejecutivo. Sí tiene sentido elegir al Presidente por concurso y exigirle un plan estratégico, en cuanto que máximo ejecutivo, pero con tal procedimiento el Presidente será muy poco controlable por reunir tanto el consenso parlamentario como un plan estratégico aprobado. Desde luego, no se puede exigir a unos candidatos a consejeros no retribuidos y sin dedicación exclusiva que presenten un plan estratégico.

En consecuencia, el reglamento de elección (¡que solo está previsto para la primera renovación!) podría basarse en estos principios:

  • Proponen a los consejeros sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones de utilidad pública u organizaciones profesionales del mundo de la comunicación.
  • Un comité de expertos formados por dos profesionales designados por cada grupo parlamentario evalúa la competencia de los candidatos.
  • Los consejeros son designados con las mayorías parlamentarias de la Ley 5/2017, previa examen en audiencia pública.
  • Los consejeros se podrán postular para presidente, presentado un plan estratégico. Los candidatos y sus planes serán evaluados por el comité de expertos y elegido por el Congreso por mayoría de 2/3 y previo examen en audiencia pública.

 

 

 

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No se puede (ni se debe) intervenir TV3


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La aplicación del art. 155 de la CE para intervenir la autonomía de Cataluña es un fracaso colectivo del que España tardará muchos años en recuperarse. Se sabe como se entra (a veces me parece que ni siquiera eso), pero no se sabe como se sale.

Entre las medidas anunciadas, la posible intervención de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales  (CCMA) ha generado una condena casi generalizada entre periodistas y organizaciones sindicales de Cataluña y el resto de España.

El argumento más repetido es que sería como poner a la zorra a cuidar el gallinero: el gobierno Rajoy ha hecho un uso partidista de RTVE, como acreditan las reiteradas y documentadas denuncias de los consejos de Informativo de la Corporación. Pero prácticamente nadie ha recurrido a argumentos jurídico, que en este caso son esenciales.

 

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Extracto de la nota de prensa del Consejo de Ministros que decide activar el art. 155 CE

 

La Generalitat no puede intervenir la CCMA y, por tanto, tampoco el Gobierno

Como estuve tuiteando a lo largo del fin de semana, intervenir la CCMA no sería reestablecer la legalidad (uno de los objetivos que el acuerdo del Consejo de Ministros invoca para la activación del art. 155) sino vulnerarla. Parte  del ordenamiento jurídico son las leyes catalanas que encomiendan el servicio público audiovisual a la CCMA y establecen su autonomía funcional, sin que el Govern de la Generalitat, cuyas competencias vendría a asumir el Gobierno de España, tenga ninguna capacidad de intervenir su funcionamiento.

En la nota de prensa del Consejo de Ministros, cuyo extracto se recoge más arriba, se invocan las facultades de la Generalitat para garantizar la transmisión de información objetiva, veraz, plural, así como el conocimiento de los valores y principios constitucionales y estatutarios, citando dos (entre dieciséis) de las misiones  específicas de servicio público que el art. 26 de Ley 22/2005 de la comunicación audiovisual de Cataluña   impone a la CCMA, como prestador del servicio de gestión directa de la Generalitat. Ni este artículo ni ningún otro de la Ley 22/2005 reserva a la Generalitad competencia alguna de control o intervención sobre la CCMA. Muy al contrario, el art. 29 1 a) afirma expresamente su autonomía con relación al Govern en la gestión directa y ordinario del servicio público.

El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), órgano regulador de la comunicación audiovisual en la Comunidad Autónoma (L. 11/2007, art. 113) no tiene competencias ejecutivas sobre la CCMA (sí sobre los operadores privados), pero puede -y lo hace- emitir dictámenes sobre su cumplimiento de las obligaciones de servicio público.

La Ley 11/2007 de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (texto consolidado después de la reforma de 2012) adscribe a la Corporación al departamento de la Generalitat competente en materia audiovisual, para consagrar a continuación su independencia funcional (art. 3, puntos 2 y 3).

La gestión y dirección queda a cargo de un Consejo de Gobierno de 6 miembros, nombrados por un plazo de seis años por el Parlament,  que también elige entre ellos al Presidente. Ni uno ni otros pueden ser destituidos por el Govern y solo cesan por causas tasadas (inhabilitación, incompatibilidad sobrevenida, condena por delitos dolosos, art. 9.4).

En resumen, ni la Generalitat ni el Gobierno pueden nombrar ni cesar a los consejeros o al presidente, ni pueden darles instrucciones en la gestión del servicio público.

El art. 155 CE permite al Gobierno adoptar medidas para que el ejecutivo de la Comunidad Autónoma que incumpla la Constitución, las leyes o atente al interés general de España cumpla sus obligaciones. Su aplicación no puede dar cobertura a una vulneración de la leyes autonómicas legítimamente promulgadas que no sean contrarias a la Constitución, como es el caso. Otra cosa es dejar en suspenso el Estado de derecho.

No se olvide, además, que el servicio público se fundamenta en el acceso universal como vía para el ejercicio del derecho ciudadano a la información. Además, de modo directo se vería afectada la independencia y el derecho a informar de sus profesionales. La intervención de TV3 nos pondría al mismo nivel que la Hungría de Orban o la Polonia de Kaczyński.

La traición al servicio público

Entonces, ¿es independiente de hecho del Govern la CCMA? No, no lo es, como no lo es, RTVE. En ambos casos, sus consejos y presidentes son elegidos, de hecho, por sus respectivos gobiernos. En virtud de sendas reformas de 2012, en las que el PP y CiU se apoyaron mutuamente, los gestores se eligen por mayoría de 2/3, que de no alcanzarse se convierte en mayoría absoluta, lo que pone su nombramiento en manos de los respectivos gobiernos. La gubernamentalización ha redundado en manipulación, pérdida de audiencias y descrédito informativo. TVE y TV3 son -en expresión del profesor Bustamante- dos caras simétricas y deformadas del conflicto.

No sigo ni la televisión ni la radio pública catalana, por eso no puedo juzgar si son plenamente ciertas las denuncias de adoctrinamiento. La historia de TV3 hasta 2012 es de una relativa imparcialidad política institucional, mayor que la de TVE, salvo en el corto periodo 2006-2011.

En este momento, ambas radiotelevisiones públicas son claramente dependientes de la política informatica de sus gobiernos. En el caso de TVE las manipulacions son tan burdas que hasta el espectador más desapercibido las nota.

En TV3, dando por buenos los múltiples relatos y descripciones sobre sus informativos y programas, creo que la clave reside en que ha venido dando al procès el tratamiento de lo que Dayan y Katz llamaron “acontecimiento mediático de conquista”, es decir la dramatización de una iniciativa política que pretende unir a la audiencia a su alrededor. Si en el análisis clásico de Dayan y Katz, estos acontecimientos mediáticos eran dirigidos por un personaje carismático, aquí el protagonista ha sido el poble de Catalunya.

Desde esta perspectiva, todo vale, ya no estamos ante manipulación sino ante mecanismos de agit-prop. En esta situación, poco valor tienen los análisis de contenidos como el del CAC, que valora el pluralismo (mayor en TV3 que en TVE) por las fuentes utilizadas. Cuando se construye la república independiente todo vale.

Tratamiento semejante al que puede dar TVE a la Fiesta Nacional, a la boda real (acontecimiento de celebración) o a la victoria de la selección nacional (acontecimiento de competición). Da igual que haya voces discrepantes, lo que cuenta es el tono general apoteósico y de “unidad nacional”.

¡Ojo! No es que TV3 formatee la conciencia de los catalanes, es que expresa la división de la sociedad: la televisión pública aglutina a los más catalonaparlantes, independentistas y  votantes de Junts pel Sí y la CUP.

Todo esto no se soluciona poniendo a la CCMA a las órdenes de La Moncloa, muy al contrario: intentar que TV3 sea un clon de TVE es imposible y solo dará más argumentos al independentismo.

Lo terrible de todo esto es que redundará aún más en la deslegitimación del servicio público.

 

El consenso parlamentario no es suficiente para regenerar RTVE


lazo-naranja-d1El Congreso de los Diputados se dispone a revisar la reforma del PP, que en 2012 entregó el gobierno de RTVE a la mayoría parlamentaria, o lo que es lo mismo al ejecutivo del Partido Popular, y que ha propiciado los niveles más bajos de credibilidad y relevancia de la rtv pública en toda su historia.

Todo indica que esta misma mañana se admitirá a trámite una proposición de ley del PSOE que básicamente pretende reinstaurar el sistema de la ley 17/2006: mayoría parlamentaria de 2/3 para elegir a los consejeros, dos consejeros elegidos a propuesta de los dos sindicatos más representativos y elección parlamentaria del presidente, también con mayoría parlamentaria cualificada de 2/3.

Como toda proposición de ley, esta estará sometida a una tramitación parlamentaria que puede modificar sustancialmente su contenido. No es el procedimiento más adecuado para afrontar la profunda reforma que requiere RTVE, pero sí puede ser una oportunidad para ir más allá de un retorno al pasado y en su lugar establecer un conjunto de medidas urgentes para detener el deterioro del servicio público.

Volver a las mayorías parlamentarias cualificadas es, desde luego, infinitamente mejor que el régimen actual, en el que el gobierno puede nombrar al consejo y al presidente de la Corporación. Además, en el momento presente cuatro consejeros se mantienen en funciones cuatro años después de haber terminado su mandato, en una situación legal cuando menos cuestionable. Y, en fin, todo lo que conduzca a la renovación de la dirección más nefasta de la historia de RTVE es un paso positivo.

El funcionamiento del sistema entre 2006 y 2012 garantizó una razonable independencia informativa, pero no dejó de presentar problemas, como la relación entre los consejeros y los grupos parlamentarios o sindicatos proponentes y, sobre todo, el poder del presidente sobre el Consejo, que desnaturaliza la función de control que este debe ejercer sobre aquel. Por no mencionar la falta de acuerdo para sustituir al dimitido Alberto Oliart, que fue alegada por el PP para cambiar el sistema de nombramiento.

La plataforma de académicos y profesionales Teledetodos propuso el pasado año un conjunto de medidas legislativas urgentes para propiciar la salvación del servicio público y abrir un proceso de reforma en profundidad. La proposición de ley socialista y el debate que se adivina tienen un planteamiento mucho más limitado, pero al menos debieran de añadir algunos mecanismos de garantía para no recaer en el reparto de cromos parlamentario:

  1. Reforzar los requisitos de profesionalidad, independencia y trayectoria de servicio público de los consejeros. Profesionalidad contrastada en al menos cinco años de trabajo en el sector de la comunicación, la universidad o de la alta gestión. Independencia, excluyendo a cualquier comunicador que haya ejercido profesionalmente el gabinetes de de los partidos. Trayectoria de servicio público, dando prioridad a aquellos profesionales que hayan desarrollado su carrera preferentemente en el sector público.
  2. Reforzar los mecanismos de escrutinio ante las cámaras. Que las audiencias no sean un mero trámite porque los candidatos ya se han repartido previamente, tanto para ti, tantos para mi.
  3. Establecer mecanismos de desbloqueo. Teledetodos propone que si en un mes cada uno de los candidatos no obtienes los 2/3, puedan ser ratificados por la mitad más uno de los grupos parlamentarios de la cámara respectiva.
  4. Transferir las competencias ejecutivas del Presidente (reguladas en los arts. 17 a 20 de la L. 17/2006) a un Director General, que sería elegido por el Consejo de Administración por concurso público.

¿Por qué un director general ejecutivo? Para separar la gestión de la orientación y control que son las funciones del Consejo de Administración. Al ser el Presidente elegido directamente por las cámaras es al mismo tiempo máximo responsable de la gestión y presidente del órgano que debe controlarle y además se conviere en la práctica en el jefe natural de los consejeros que expresan un determinado consenso parlamentario. Consecuencias de todo ello es un consejo débil que se implica en la gestión más de lo que debiera en lugar de controlarla.

Ese director ejecutivo es el que tiene que ser elegido por concurso público, en el que se valoraría la trayectoria profesional de más de 10 años y  un plan estratégico propuesto. No tiene sentido elegir a los consejeros por concurso, pues no son los gestores.

Estas medidas mínimas podrían ser perfectamente incorporadas a la reforma que se va a tramitar. Pero una regeneración en profundidad (como propuso Teledetodos en 2015) debe basarse en:

  • Recuperar la credibilidad informativa, garantizando la independencia jurídica, reforzando los órganos de pluralismo interno (como los consejos de informativos) y haciendo efectiva una carrera profesional.
  • Lograr una gestión independiente, profesional y transparente, desligando, como se ha dicho, los órganos de control y gestión y sacando a concurso público la figura de una nuevo director general ejecutivo.
  • Fomentar la participación social, haciendo presente la diversidad social en la programación, haciendo efectivo el derecho de acceso, reforzando la Defensoría de la Audiencia, creando organismos de participación social y mecanismo de participación interactiva y abriendo hueco en los programas a las creaciones de la ciudadanía.
  • Realizar la conversión  en un servicio público multimedia, ofreciendo contenidos interactivos de calidad en todo tipo de plataformas, en cualquier lugar y en cualquier momento.
  • Convertirse en el nodo central de instituciones dedicadas a la cultura y el fomento de la comunicación pública, incluyendo en esta red a organismos latinoamericanos.
  • Lograr una financiación pública suficiente y estable que cubra el coste neto del servicio público.

 

 

 

La necesaria regeneración de TVE en su 60 aniversario


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Mañana, 28 de octubre, TVE cumple 60 años y no hay mucho que celebrar.

Hace 10 años, al llegar al medio siglo, no faltaron los faustos triunfalistas. No es que entonces no hubiera sombras, pero al menos se estrenaba nueva legislación que garantizaba la independencia jurídica, se reconstruía la credibilidad de los programas informativos, muy dañados por la manipulación de anterior etapa del PP, se mantenía el liderazgo de audiencia y había dinero para desarrollar la misión de servicio público. La contrarreforma del gobierno Zapatero, primero, eliminando la publicidad sin dejar bien asentada otras formas de financiación, y, luego, la política del gobierno Rajoy, derogando la independencia jurídica, poniendo la información a su servicio, dejando en mínimos la financiación pública, con una gestión incompetente y sectaria, han convertido a TVE en irrelevante y puesto a RTVE en peligro de desaparición.

RTVE está descapitalizada, mal financiada, sus informativos carecen de credibilidad, ha perdido el liderazgo de audiencia y sus espectadores envejecen. A pesar del buen trabajo realizado en lo que hasta hace poco se llamaba área de interactivos, RTVE está muy lejos de adaptarse a la innovación tecnológica. TVE tiene cerrados sus estudios, su personal está desmoralizado y se externalizan hasta espacios de reportajes sobre voluntariado. Y lo más grave de todo, la población no considera como algo propio a este servicio público y, sobre todo entre los jóvenes, se prefiere el comercialismo a ultranza de las cadenas privadas, o, en la izquierda del espectro ideológico, los nuevos medios sociales.

En aquella inauguración en el Paseo de la Habana, ahora hace 60 años, dominaban dos fuerzas, el Estado franquista y la Iglesia católica. El poder político siempre ha utilizado RTVE a su antojo, no solo manipulando políticamente, sino también tratando al servicio público como un cortijo. El poder de la Iglesia se fue difuminando con el tiempo (que no desapareciendo del todo) y fue sustituido por la influencia de las grandes instituciones económicas y sociales. Quizá el servicio público deba ser institucional, pero sin dar la espalda a la ciudadanía como ha hecho frecuentemente.

Pese a todo no han faltado las luces. Aún en el profundo franquismo brillaban los destellos de creatividad y hasta de osadía crítica. Sí, aquella televisión era la franquista y paternalista de Historias de un pueblo, pero también de Estudios 1 como Esperando a Godot o Calígula de Camus. Desde siempre sus periodista lucharon por dar una imagen real de España y el mundo, mientras realizaban grandes reportajes y documentales. Durante los 80 estuvo a la vanguardia de la creatividad y se convirtió en una de las más solventes cadenas públicas europeas. No se preparó bien para la competencia, porque el poder y la sociedad le exigió competir en un terreno que no era el suyo con una vara de medir (el share) que la llevaba a traicionar su misión.

La misión está clara sobre el papel, dar un acceso general a la información a los contenidos de calidad, fomentar la cultura y la cohesión social y territorial, pero hay que tomar medidas inmediatas porque si no la parálisis puede degenerar en el coma y la muerte final.

Desde Teledetodos se realizó el pasado año un diagnóstico y una propuesta de regeneración, que luego se completó con un manifiesto con la propuesta de una serie de medidas urgentes. La regeneración tiene que pasar por:

  • Recuperar la credibilidad informativa, garantizando la independencia jurídica, reforzando los órganos de pluralismo interno (como los consejos de informativos) y haciendo efectiva una carrera profesional.
  • Lograr una gestión independiente, profesional y transparente, desligando los órganos de control y gestión y sacando a concurso público la figura de una nuevo director general ejecutivo.
  • Fomentar la participación social, haciendo presenta la diversidad social en la programación, haciendo efectivo el derecho de acceso, reforzando la Defensoría de la Audiencia, creando organismos de participación social y mecanismo de participación interactiva y abriendo hueco en los programas a las creaciones de la ciudadanía.
  • Realizar la conversión  en un servicio público multimedia, ofreciendo contenidos interactivos de calidad en todo tipo de plataformas, en cualquier lugar y en cualquier momento.
  • Convertirse en el nodo central de instituciones dedicadas a la cultura y el fomento de la comunicación pública, incluyendo en esta red a organismos latinoamericanos.
  • Lograr una financiación pública suficiente y estable que cubra el coste neto del servicio público.

Ojala no sea muy tarde.

Cameron aprieta pero no ahoga a la BBC


Portada del White PaperSe esperaba que el Libro Blanco (White Paper) del gobierno Cameron dinamitara la BBC. No ha sido para tanto, pero la propuesta lleva en si las semillas para un radical debilitamiento del organismo que ha sido modelo del servicio público en toda Europa y que es, sin duda, la más poderosa organización audiovisual del mundo.

El Libro Blanco es la propuesta del gobierno conservador para la renovación de la Carta Real, la norma que confía el servicio público y sus misiones a la BBC. Ha venido precedido por una gran polémica, dada la confesada animadversión del Secretario de Cultura contra la Corporación. John Whittingdale ha llegado a decir que la desaparición de la BBC era una posibilidad muy tentadora. Por eso el informe se ha acogido con un cierto alivio.

En cualquier caso, el proceso no deja de suscitar envidia. Para elaborar este documento se ha recogido las aportaciones de más de 192.000 ciudadanos, 300 organizaciones, las opiniones de otros 4.000 en una encuesta y dos informes de expertos independientes. Y a partir de aquí se abre el debate que concluirá con la aprobación de la nueva Carta, que entrará en vigor el 1 de enero de 2017, con una validez de 11 años para desacoplar su vigencia de los períodos electorales.

La esencia del servicio público

Hay consenso en el Reino Unido en que la BBC es uno de los grandes valores del páis y una herramienta principal de su soft power. De ahí las valoraciones positivas recibidas en el período de consultas y el escándalo (incluidos sectores del Partido Conservador) por el sesgo anti BBC del gobierno Cameron.

El Libro Blanco así lo acepta, incluso parece que refuerza el carácter del servicio público, exigiendo una “distinctiveness”, una diferenciación, un plus de calidad de sus contenidos con respecto a los de sus competidores comerciales. Sin embargo, esta exigencia puede ser un torpedo en la línea de flotación en una BBC popular, para todos, no elitista. La BBC es líder de audiencia en radio (55%), televisión (33%) y tercera posición web (en el Reino Unido, sin contar su imponente proyección mundial). Una interpretación estricta de esa “distinctiveness” redundaría en la pérdida de liderago. Y esa interpretación va a quedar ahora, en gran medida, en manos de un regulador externo, el OFCOM, con una clara visión promercado.

La BBC podría quedar reducida a remediar las deficiencias del mercado. Esto es, como defienden todos los operadores privados del mundo, servicio público es lo que a nosotros, compañías comerciales, no nos interesa o no nos resulta rentable. La esencia de servicio público no es esa. Su misión es la de ser núcleo central de una comunicación pública de referencia, asegurando a todos el acceso a información y entretenimiento que haga los ciudadanos más libres y más participativos y refuerce la cohesión social. Y en la BBC es el modelo.

Indepencia

El Libro Blanco propone eliminar el Trust, el consejo interno de orientación, regulación y control del servicio público. Ahora, sus competencias de orientación y control pasarían un órgano ejecutivo ya existente y las de regulación al OFCOM, con competencia en todo el sector.

Puede que el sistema anterior resultara confuso, pero tenía una virtud, mientras el consejo ejecutivo (formado por los directivos) desarrollaba la gestión, otro órgano interno supevisaba el cumplimiento del servicio público. Ahora gestión y supervisión se funden.

Lo peor es que seis de los miembros no ejecutivos (incluído su presidente y vicepresidente) serán nombrados por el Gobierno, mientras que los ejecutivos lo serán por la propia BBC. El Libro dice que es la primera que la propia BBC nombra a la mitad de su máximo órgano, pero también es cierto que es la primera vez que el Gobierno nombra a la mitad de ese máximo órgano. Confíemos en la cultura de independencia británica y que no ocurra, como en España, que el presidente llegue directamente desde la oficina de comunicación de un partido.

Financiación

Seguro que dentro de la BBC muchos han respirado al ver garantizado el sistema del canon por otros 11 años, con su cuantía actualizada a la inflación. Pero el Libro planta una peligrosa mina: la posibilidad de que los nuevos servicios fueran financiados por suscripción, lo que acabaría con el acceso gratuito a los contenidos, seña de identidad del servicio público. Además, el documento mantiene las carga financiera ya impuestas anteriormente por Cameron: la Corporación ha de correr con la exención del canon a los mayores de 75 años y con financiación del World Service, anteriormente a cargo del Foreign Office.

White Paper

Discurso de Lord Patten (antiguo presidente del Trust) en defensa de la BBC

El futuro de la radiotelevisión pública a debate


Nunca la credibilidad de la radiotelevisión pública ha sido tan baja (véase, por ejemplo, el informe del IPI) y su peso social tan pequeño. Nunca el duopolio de dos grupos multimedia (Atresmedia y Mediaset) había sido tan absoluto.

La regeneración de un sistema público de comunicación es vital para una democracia real.

Telededotos, un grupo de estudios de académicos y profesionales, ha realizado una propuesta completa en la que he participado. Sus líneas básicas son independencia profesional, transparencia, participación social y conversión de la radiotelevisión pñublica en un servicio multimedia.

Teledetodos ha presentado este informe, que pretende de alguna manera reeditar el “informe de los sabios” de 2004, en distintos foros. Creíamos que nuestra obligación era también promover un debate con los partidos políticos sobre sus programas en esta materia. Gracias a la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III y a Infolibre y su director Jesús Maraña ayer se celebró este debate.

Vamos a vivir una campaña electoral con muchos debates en múltiples formatos. Pero los debates de los líderes se centrarán en las grandes cuestiones generales (economía, paro, corrupción, reforma constitucional, Cataluña, terrorismo yihadista) quedando fuera los programas sectoriales. El conocimiento de los programas es un elemento de esclareciemiento para el electorado. Y además se pueden concretar compromisos para que luego puedan ser exigidos a los gobiernos.

El debate

El programa (tres párrafos) más creíble es el del PP porque promete seguir haciendo lo que ha hecho durante esta legislatura a nivel nacional y en las autonomías en las que ha gobernado: hace irrelevantes las radiotelevisiones públicas y externalizar sus servicios.

La representante popular en el debate, Isabel Díaz Ayuso (coreada por un grupo de Nueva Generaciones) no quiso comprometerse con ninguna de las medidas debatidas, porque todo dependerá -dijo- del mapa resultante del 20D. Eso sí, negó la manipulación e intento restar legitimidad al Consejo de Informativos de TVE, “porque no representa más que a 700  trabajadores y con su composición sólo va a criticarnos a nosotros”. Olvida que el Consejo representa a los profesionales implicados directamente en la elaboración de información periodística y que es elegido mediante candidaturas uninominales, con un sistema que permite la presencia de candidatos minoritarios (se vota a 6 sobre un total de 11) y que garantiza que el pluralismo interno se manifieste.

El PSOE prácticamente propone volver a la situación anterior a las contrarreformas del PP. La única novedad es establecer un sistema de indicadores cualitativos y cuantitativos que permita evaluar periódicamente el grado de pluralismo de los contenidos. En el debate estuvo Óscar López, peso pesado socialista y en la cocina legislativa de las regulaciones de la etapa Zapatero. Defendió que la retirada de la publicidad permitió a RTVE salvar la crisis, sin una caída abrupta de ingresos y defendió una financiación 50% vía presupuesto, 50% otros ingresos (tasas, patrocinio, comercialización). Ni una palabra sobre revisar la Ley General de la Comunicación Audiovisual e introducir medidas anticoncentración más rigurosas.

UPyD no tiene publicado un programa específico. Las intervenciones de su representante Julio Lleonart fueron en general de sentido común. Aseguró que cuando Rosa Díez pedía el cierre de las televisiones autonómicas se refería a terminar con el despilfarro y la manipulación.

El programas de Ciudadanos se limita a mediadas de racionalización de la gestión de RTVE. Su representante, Marta Rivera, demostró poseer información interna que utilizó para poner ejemplos de mala gestión.

Unidad Popular (IU) ha desarrollado un programa extenso que contempla un reparto equitativo del espectro radioeléctrico, la democratización de los medios públicos (con medidas en la línea de las propuestas por Teledetodos, por ejemplo, consejos sociales, acción directa ciudadana), independencia de los contenidos y neutralidad de Internet. Sol Sánchez reiteró esta propuestas en sus términos generales.

Podemos también tiene un extenso programa en materia de comunicación pública: revisar  el reparto del espacio radioeléctrico para dar más oportunidades a los medios comunitarios, crear sendos canales de radio y televisión alimentados por los medios comunitarios, desgubernamentalización de los medios públicos. Su representante, Miguel Álvarez insistió sobre todo en las posibilidades para la participación social.

Acuerdos, discrepancias e indefiniciones

En la línea del Manifiesto promovido por los consejos de informativos de RTVE, todos los partidos, menos el PP, se comprometen a elegir al Presidente de la Corporación por mayoría de 2/3. Si toda la legislación quedara como está, este sería un paso imprescindible. Pero hoy la reforma tiene que ser más profunda.

Teledetodos propone distinguir entre el Presidente del Consejo de Administración y un Director General, máximo ejecutivo, elegido por concurso público previo presentación de un plan estratégico. Unidad Popular lleva esta misma propuesta en el programa. En el programa de C’s se aboga por elegir el Presiente por concurso. En el debate todos (menos el PP) se manifestaron partidarios del concurso público, pero no se distinguió claramente entre Presidente y Director General.

Teledetodos cree que el Consejo de Administración es el garante de la misión de servicio público, pero no debe entrar en la gestión cotidiana, que confía a un Director General. Tanto en el Estatuto de 1980 como en la Ley de 2006 el Director General, primero, y el Presidente, después, lo eran todo, tenían la legitimidad de la mayoría parlamentaria-gubernamental y quedaban de hecho fuera del control del Consejo de Administración.

También confusión sobre la participación social. C’s, Podemos, UPyD y Unidad Popular se mostraron a favor de la presencia de la sociedad en los órganos de gestión. Mientras que Podemos y Unidad Popular están en la línea de un Consejo Social propuesto por Teledetodos como representante de la sociedad organizada y garante del derecho de acceso, parece que C’s es proclive a alguna forma de elección del Consejo de Administración con participación social. El PSOE mantiene una elección parlamentaria con mayoría cualificada y el PP prefiere no pronunciarse.

Todos los partidos se manifestaron a favor de modernizar tecnológicamente RTVE y en general por la conversión en un servicio multimedia. Pero personalmente me dio más la impresión de que seguían pensando en las nuevas plataformas interactivas como un canal más. Hoy el servicio público multimedia tiene que ir más allá, personalizar los contenidos, crear espacios de debate y participación interactiva, dar espacio a los contenidos de los usuarios y, en definitiva reconectar el espacio público fragmentado en multitud de burbujas.

Respecto a la financiación, acuerdo en principio entre todos los partidos en no volver a la publicidad. Insistencia en mejorar la comercialización y el patrocinio, ningún compromiso expreso en instaurar un canon. Todos menos el PP se quejaron de la falta de transparencia.

FUENTES

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Igualdad de oportunidades en la campaña electoral espectáculo


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Campaña espectáculo

Quién nos iba a decir que la nueva política iba a consistir en cocinar con Bertín Osborne, bailar en El Hormiguero, correr rallies con Jesús Calleja o comentar partidos de fútbol en El Larguero.

La política espectáculo ha llegado a su mayoría de edad -o lo que es lo mismo, a su estadio más infantiloide. Pensábamos que era el momento de discutir grandes cuestiones (reforma constitucional, modelo económico, regeneración pública) y, no, de lo que se trata es de ser simpático en los infoshows y realities.

Jurídicamente estos programas de televisión están fuera de la campaña electoral y son plenamente legales y legítimos, tanto desde el punto de vista de los partidos como de los operadores de televisión. Está por ver su influencia real en el voto, pero en una situación en la que hay un porcentaje muy alto de indecisos justamente en la franja de población menos ideologizada, estos programas que venden el perfil humano del candidato no pueden dejar de tener efectos. Por eso hay que plantear alguna forma de equidad entre candidatos en su acceso al infoentretenimiento televisivo.

La descentralización y desrregulación de los debates

Costó en España mantener debates electorales. Prácticamente hasta ahora han respondido a un modelo bipartidista: uno o dos debates entre los candidatos de PP y PSOE (en televisiones privadas o realizados por la Academia de la Televisión) y uno o varios debates a más bandas en TVE.

La llegada de los partidos emergentes y la posibilidad de nuevas plataformas de debate audiovisual suponen una descentralización y proliferación de los debates que van a tener lugar con distintos formatos y variados contendientes. Ello es bueno. Cuántos más debates, mejor. Pero entraña una desrregulación que redunda en tratamientos poco equitativos.

Será interesante ver el lunes como funciona la interactividad en el Debate organizado por El País (¿cuánto tardarán otros diarios nacionales en organizar actos semejantes?). De conformidad con su libertad editorial, El País no ha invitado a Unidad Popular (IU) n ai UPyD. Garzón ha recurrido al Junta Electoral Central que ha fallado en contra. Dice la Junta que la regulación de los debates no afecta a la prensa escrita. No hace falta saber nada de convergencia digital para ver la falacia de la respuesta, basta leer el periódico: “El País se convertirá en una pantalla de televisión” -dice su director.

Una palabra sobre el ectoplasma marianista. Dejar sillas vacías en los debates es una falta de respeto a los electores, pero quizá es una buena opción desde el punto de vista de resultados. Cameron siguió la misma estrategia (a la inversa, porque lo que no quería era debates a dos con el candidato laborista) y obtuvo mayoría absoluta. Rajoy es un buen parlamentario, pero carece de telegenia y de instinto asesino para el debate. El PP tiene asegurados un 25% de los votos, mejor dejar que los demás se desgasten.

En este proceso de desrregulación los partidos más perjudicados son UPyD y IU, convertidos en marginales por los medios antes de que los electores se pronuncien.

Igualdad de oportunidades en campaña y precampaña: derecho a un tratamiento equitativo

Que las candidaturas electorales tengan una cobertura equitativa es una condición imprescindible para la garantía del derecho activo al sufragio (el derecho de todos los candidatos a poder dar a conocer sus propuestas) y del derecho pasivo (el derecho de los electores a poder conocer los programas de todos los partidos).

La mayor equidad viene por la vía de la regulación de ingresos y gastos electorales y, en general, por la financiación de los partidos. La financiación general está regulada por la L. O. 8/2007 (pdf) y los gastos y subvenciones electorales por la Ley Electoral (L.O 5/85, pdf). Los gastos están limitados a una cantidad por elector (en las generales 0,37 €). La nueva L. O. 3/2015, de control económico financiero de los partidos (pdf) prohibe las donaciones de las personas jurídicas, las anónimas y las de las persona jurídicas superiores a 50.000 €. Falta todavía la prohibición de la condonación de las deudas de los partidos por los bancos.

Pero aún garantizada una equidad financiera, los medios podrían negar el acceso a determinadas candidaturas o privilegiar otras.

La Ley Electoral regula con detalle la campaña electoral: prohibición de la publicidad electoral en televisión, espacios gratuitos en los medios públicos y una simple mención a la obligación de las emisoras privadas de respetar los principios de pluralismo e igualdad, así como la proporcionalidad en debates y entrevistas y neutralidad en la información electoral (art. 66.2).

Combinando los principios de representación parlamentaria en el Congreso (corregido por la Junta Electoral con los resultados obtenidos en las locales y que da acceso a los partidos emergentes) y número de candidaturas representada se obtiene un elenco de candidaturas con un derecho equitativo de acceso a los espacios gratuitos.

Mi propuesta es que  estas candidaturas con acceso a los espacios gratuitos públicos tengan también un derecho de tratamiento equitativo en todos los medios desde el momento de su publicación en el BOE.

Me inspiro en mecanismos que funcionan o se han probando en otros lugares: el equal time norteamericano y la par condicio italiana. La regla de tiempo igual sigue aplicándose en Estados Unidos, donde la campaña es una lucha de spots publicitarios: si una televisión vende tiempo a un candidato, cualquier otro puede exigir que se le venda en las mismas condiciones. La par condicio fue introducida en Italia por Ley de 22 de febrero de 2000 y en esencia (era una regulación complicada y casuística) lo que pretendía era conseguir un tratamiento equitativo en las televisiones privadas de Berlusconi.

Este derecho de tratamiento equitativo significaría que cualquier candidato de una candidatura relevante (las que la Junta Electoral reconoce el derecho a espacios gratuitos) puede reclamar su presencia en programas, entrevistas y debates en los que aparezcan otros candidatos, con proporcionalidad a la representación reconocida por la Junta Electoral.

Ello significaría que Herzog y Garzón estuvieran no sólo en el debate de El País o en el de Antena 3, sino también que, junto con los 5 partidos nacionales con representación en el Congreso, pasaran por los programas de Bertín, Calleja, Mª Teresa Campos, José Manuel de la Morena o Pablo Motos. ¿Qué sería una barbaridad? Puede que sí, pero entonces la alternativa es que los candidatos desaparezcan de los infoshows durante la precampaña electoral.

Cambio espacios publicitarios por bloques electorales

Ya me pronuncié el pasado mayo en otra entrada de este blog por sustituir los espacios gratuitos, que se han convertido en cuñas y spots publicitarios ( ver reparto en RTVE), en espacios en los que sean los propios partidos los que informen desus  campañas, eliminando los bloques de los telediarios y permitiendo a radios y televisiones públicas informar con criterios profesionales y sin el corsé ortopédico del reparto previo de tiempos (ver plan de cobertura de RTVE).

Los repartos de tiempo a priori deben sustituirse por informes diarios enviados por los medios (públicos y privados) a la Junta Electoral para controlar una verdadera equidad de tratamiento: que todos están en entrevistas, debates y espacios no informativos de forma equitativa y que los informativos se da una presencia proporcional con desviaciones diarias que podrían llegar a un 20% de los tiempos y que en el conjunto de la campaña no superen el 10%, con la correspondiente sanción en caso contrario.

FUENTES

Propuesta Voltaire

– Almirón, Núria et al (2010): “The Regulation of Public Broadcasters’ News Coverage of Political Actors in Ten European Union Countries”. Comunicación y Sociedad, V. XXIII (1), 205-236 (pdf).
– Almirón, Núria et al (2010): “Los bloques electorales en los medios públicosdel Estado español: una excepción en Europa”. Cuadernos del CAC, 34, vol. XIII (1), 95-102. (pdf),

– Díaz Arias, Rafael (2000): “PAR CONDICIO versus EQUAL TIME”. Experiencia de regulación de spots políticos en televisión” (pdf).

– Díaz Arias, Rafael (1978): “Aproximación al régimen jurídico de la propaganda electoral”. Persona y Derecho, Nº. 5, 227-308 (pdf).

 

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