Sistemas de financiación de los medios públicos en Europa. Por una financiación estable, suficiente y sostenible de RTVE


Financiación

Los medios públicos, signo de la identidad europea, están en peligro. La batalla por su supervivencia se da en el campo de la financiación

Antes la radiotelevisión pública (PBS), ahora los servicios públicos multimedia- multiplataforma (PSM) son esenciales para la cohesión social y territorial y el mantenimiento de una esfera pública comunicativa. No solo tienen que adaptarse al nuevo entorno interactivo y a los cambios en los hábitos de consumo, sino que afrontan poderosísimos competidores tecnológicos y la enemiga declarada de la emergente ultraderecha.

El populismo de extrema derecha, el fascismo 3.0 (que contagia a los viejos partidos conservadores) considera estratégico destruir el servicio público.

Como muestra el emblemático botón de la BBC. Dominic Cummings, el cerebro tras la victoria del Brexit y ahora el más poderoso asesor de Boris Johnson, declaraba ya en 2004 que para que el partido conservador dominara la comunicación era vital minar la credibilidad de la BBC, la creación de un conglomerado de medios equivalente a Fox News y permitir los anuncios políticos pagados en televisión.

Ahora, el gobierno conservador quiere revisar el estatus de la BBC en 2022 (la actual Carta Real estará en vigor hasta 2027) y parece dispuesto a eliminar la licencia obligatoria y convertirla en una suscripción voluntaria. Su director general, Lord Hall, ha dimitido. Y se procederá a despedir 450 periodistas para ahorrar 80 millones de libras. La Corporación ya había integrado sus redacciones de radio, tv y online. Ahora reduce autonomía de los programas, producirá menos noticias, dará prioridad a las distribución online. No, no es racionalizar, es destruir el servicio público

Mientras que los ataques a la independencia informativa son más fácilmente identificables, el debilitamiento del servicio público a través de una insuficiente y cuestionada financiación son más insidiosos, en cuanto que se presentan invocando a la eficiencia fiscal y a la adaptación a los nuevos hábitos de consumo. Proponer una suscripción pública voluntaria es un torpedo dirigido a la línea de flotación del servicio público.

La infografía que abre esta entrada el servicio de estudios de la UER resume las líneas básicas de la financiación entre sus asociados, 31 servicios públicos europeos, de dentro y fuera de la UE. Un dato medio, como un coste diario de 10 céntimos por ciudadano, puede ser engañoso, porque las diferencias entre países son  abismales. En cambio, es bien significativo que el conjunto de los servicios públicos audiovisuales se financien por debajo de la inflación, de modo que los recursos reales en el periodo 2014-2018 han decrecido algo más del 4%, mientras que los competidores privados han crecido en términos nominales casi un 40% y las grandes plataformas tecnológicas más del 200%.

El propósito de esta entrada no es analizar las cifras de la financiación, sino reflexionar sobre la fundamentación de los distintos sistemas, su pros y contras.

Sistemas de financiación

 

Financiación distribución

Fuente: Funding of Public Service Media 2019. EBU Intelligence Service

Los presupuestos de estos servicios públicos se nutren de recursos públicos y comerciales.

 

Recursos públicos son las dotaciones presupuestarias, las tasas por recepción, los impuestos directos finalistas de los contribuyentes, las tasas e impuestos directos finalistas pagados por operadores privados.

Recursos comerciales, la publicidad, el patrocinio, la explotación de productos y derechos y las distintas formas de acceso condicional (servicios de pago).

En todos los países se da una mezcla de fuentes de financiación, pero como se aprecia en el gráfico las dominantes son las dotaciones presupuestarias y, sobre todo, las tasas de recepción. Ni las figuras tributarias, ni los sistemas de administración, ni, por supuesto, las cuantías son equiparables de país a país, pero lo que distintos estudios muestran es una fuerte correlación entre financiación, contenidos, audiencia y apreciación (EBU y estudios académicos) y calidad democrática (Reuters Institute).

La financiación pública libera a los servicios de las exigencias del mercado, mientras que la publicidad los pone en línea con sus requerimientos. Pero eso no quiere decir que a la financiación publicitaria aumente la audiencia. Como se ha dicho, la audiencia depende de una financiación suficiente, sea mediante recursos públicos o comerciales.

La tasa de recepción (canon)

Licence fee, redevance, Rundfunkbeiträge, canone… aquí, en España, donde solo existió en los inicios de la televisión, llamamos canon a la tasa por recepción.

Conviene recordar la diferencia entre impuestos tasas. Un impuesto es una contribución pública general realizada por personas físicas y jurídicas que graba una determinada capacidad económica (renta, patrimonio, propiedad, transación económica, negocio jurídico). Una tasa es una contribución que compensa el disfrute particular de un determinado bien o servicio público, sin perjuicio de que ese servicio genere un beneficio general.

Un buen ejemplo de tasa puede ser el peaje pagado por atravesar un puente que une dos ciudades, cuya existencia genera beneficios para esas ciudades, la región y el país en su conjunto. El canon de la radiotelevisión es una tasa finalista dedicada al pago del servicio público (encomendado a una o varias empresas públicas).

canon mundo

Históricamente, cuando la radio nace en Europa, aparece como una tasa de naturaleza semejante a la pagada por estación emisora, en cuanto que el proceso emisión-recepción supone el uso de un recurso público, el espacio radioeléctrico. Lo recaudado se dedica a financiar las nacientes radios públicas. Poseer, primero en los 20, un receptor de radio y, luego en los 50, uno de televisión no dejaba de ser algo excepcional. De modo que, aunque los receptores estuvieran muy  pronto presentes en cualquier lugar se mantuvo la idea de que los poseedores de un aparato (la inmensa mayoría) debían de pagar el servicio con esta tasa.

Dependiendo de los países el canon se ha venido pagando conjunta o separadamente por uno o varios receptores de radio y/o televisión. Es una tasa finalista destinada a financiar uno o varios servicios (por ejemplo, en Alemania ARD y ZDF) y hasta la producción independiente en el caso de Irlanda. En la UE las cuantías pueden ir de los 10 € de Rumanía a los 327 de Dinamarca (ver gráfico, datos de 2014). Francia, Reino Unido, Alemania e Italia tienen como principal fuente de ingresos el canon.

Pros:

  • Crea una vinculación entre el servicio y los ciudadanos que lo pagan directamente. Consiguientemente, refuerza el sentimiento de que el servicio es de los ciudadanos y la obligación de dación de cuentas por los gestores.
  • Previsibilidad presupuestaria.
  • Liberación de las exigencias del mercado.
  • Relativa independencia de las vicisitudes políticas presupuestarias. La tasa se aprueba parlamentariamente, y, por tanto, puede modificarse conforme las mayorías parlamentarias, pero no depende de los ajustes presupuestarios anuales.

Contras

  • Defraudación. Un clásico de las viejas comedias británicas (por ejemplo Los Ropers) era la ocultación apresurada de los receptores ante la llamada del inspector de la licencia. De ahí el sistema coercitivo de multas por impago, con la consiguiente impopularidad. El porcentaje de defraudación sin mecanismos efectivos de coacción puede ser alto (Italia, 26%).
  • Altos costes de administración. Por ejemplo, en Suiza, Billag, la empresa encargada de cobrar la tasa tiene una plantilla de 300 trabajadores.
  • Carencia de progresividad. Todos pagan lo mismo, sea cual sea su capacidad económica. Ello obliga a establecer excepciones. Por ejemplo, en el Reino Unido los mayores están exentos. Esta excepción antes era compensada por el gobierno, pero en la última revisión de la Carta fue asumida por la Corporación, lo que le ha supuesto una importante merma de ingresos.
  • Cambio de hábitos de consumo. Hoy pueden consumirse los contenidos del servicio público sin tener una aparato de radio o televisión, o, como ocurre con los jóvenes, o no consumirlos en ningún dispositivo.

En toda Europa hay una reconsideración del canon. La propuesta más radical es su conversión en una suscripción voluntaria,  que más adelante analizaré. Apunta una tendencia a grabar a los hogares, con independencia de los dispositivos que se posean. Esta nueva tasa puede ser cobrada junto con impuestos sobre la vivienda o, como en el caso de Alemania (17,50 € al mes) o Italia (100 € al año) con el recibo de la luz, lo que simplifica su gestión.

Con todo, cuando los ciudadanos han sido consultados han validado el canon. En Suiza el billag (recibe popularmente el nombre de la empresa recaudadora), 387 € anuales, fue ratificado en 2018 en referéndum por una contundente mayoría de más del 71% de los votantes.

Dotación presupuestaria general

También puede denominarse subvención pública. Cada año, los presupuestos generales dedican una partida específica a la financiación del servicio, al margen de otros ingresos públicos, como el canon o los impuestos a operadores.

Conceptualmente, es el sistema que mejor se adapta a la verdadera naturaleza del servicio: todos los contribuyentes, consuman o no sus contenidos, se benefician de cohesión social y territorial, de su papel esencial para conformar la esfera pública, en consecuencia es justo que se financie con los impuestos de todos, como la educación o la sanidad.

En Europa es la segunda fuente financiera, tras el canon. En los Países Bajos y la mayor parte de los países de Europa del Este es el recurso más importante de la radiotelevisión pública.

A menudo, la dotación o subvención pública es acordada en marco plurianual con la entidad a la que se encomienda el servicio mediante un contrato-programa, que vincula la financiación pública al cumplimiento de determinadas obligaciones. De este modo, la subvención pública puede que financie programas informativos, culturales, los destinados a los menores, la promoción de la igualdad, la cohesión social y territorial, mientras que el puro entretenimiento puede estar pagado por la publicidad, donde existe.

Pros

  • Todos financian el servicio. En la medida en que el sistema tributario sea más o menos progresivo, así será más o menos justa esta financiación. En un panorama de crecimiento de la televisión de pago, los que más tienen y disfrutan de servicios de pago, financian también el servicio para todos, del mismo modo que los que acuden a la sanidad privada contribuyen a la sanidad pública.

Contras

  • Dependencia política. Cada año el gobierno puede aumentar o disminuir la dotación por razones políticas o simplemente financieras. Esta dependencia se palía con la existencia de un contrato programa.
  • Inestabilidad financiera.

Impuesto directo finalista ¿progresivo?

Impuesto finlandia

Impuesto directo en Finlandia. Fuente: The Next Web. 28-11-12

Como alternativa al canon, se crea un impuesto directo finalista a pagar por todos los contribuyentes en su declaración anual de la renta.

El caso más notable es el de Finlandia, donde ha sustituido al canon. El tipo es un 0,68% fijo sobre los ingresos sobre, con exenciones para menores de 18 años y rentas por debajo de los 7.352 € anuales y reducciones para los jubilados. Como puede verse en el cuadro, frente al canon anterior de 252 € por hogar, este nuevo impuesto es más progresivo.

El reto sería introducir un impuesto directo y finalista verdaderamente progresivo, con tipos crecientes con la renta. O quizá como un porcentaje sobre el resultado del IRPF. Telededotos propuso en su Dictamen de 2015 que en la declaración de la renta se incluyera información sobre la cantidad que cada contribuyente dedica a financiar RTVE.

Pros

  • Los mismo del canon: vinculación directa con el servicio, independencia del mercado y de los avatares políticos.
  • Mayor aceptación, a mayor progresividad.
  • Sencillez de recaudación.

Contras

  • Impopularidad de un nuevo impuesto allí donde no exista el canon.

Tasas e impuestos directos a operadores privados

Fue una ocurrencia de Sarkozy, copiada de prisa y corriendo por Rodríguez Zapatero: grabar a las televisiones privadas, a cambio de eliminar la publicidad de las públicas (en Francia se ha mantenido en prime time).

La Ley 8/2009 (pdf) justifica la medida en su Preámbulo declarando que “parece lógico que quienes resulten beneficiados por esta decisión sean también quienes soporten, en parte, esa carga económica”. Beneficiados, de forma directa, lo fueron los canales privados de televisión -los promotores de la norma en la sombra-, aunque la medida se extendió a los operadores de telecomunicaciones que presten servicios audiovisuales. La supresión de la publicidad pavimentó el camino al oligopolio de los dos grandes grupos, Atresmedia y Mediaset, que terminó por consagrar normativamente la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual.

Más allá de su origen, en un régimen  de competencia público-privada, una de las funciones del servicio público es paliar las deficiencias del mercado. Tiene lógica, por tanto, que sean los operadores privados quienes financien, en todo o en parte, las misiones de servicio público.

En España, los operadores de telecomunicaciones de ámbito estatal o superior a una comunidad autónoma prestadores de servicios audiovisuaales realizan una aportación de un 0’9% de los ingresos brutos de explotación, mientras que en el caso de las televisiones privadas, que entonces concesionarias del servicio público de ámbito estatal, deben pagar el 3%, también sobre sus ingresos brutos de explotación. A este impuesto -así reconocido por la STS 2425/2017– se suma la transferencia de un porcentaje de la tasa por la reserva del dominio público radioléctrico, existente con anterioridad.

Este impuesto directo ha sido combatido por las compañías de telecomunicaciones en los tribunales españoles y europeos, que han fallado que el gravamen es conforme al derecho español y al comunitario, que no incumple las normas que rigen las ayudas públicas ni vulnera la regulación de las tasas contempladas por el Reglamento Europeo de Telecomunicaciones. No obstante, la liquidación de estas aportaciones ha dado lugar a todo tipo de controversias ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el regulador español.

Pros

  • Los que se benefician de un mercado cuyas deficiencias son paliadas por el servicio público son los que cargan con su financiación.
  • No supone una carga ni para la Hacienda pública, ni para los ciudadanos, aunque los operadores de telecomunicaciones pueden terminar por repercutir el gravamen en el precio de los servicios prestados.
  • Como el resto de los recursos públicos, libera al operador del servicio público de las exigencias del mercado.

Contras

  • Imprevisibilidad. Las empresas públicas no pueden hacer sino previsiones aproximadas de cuales serán sus ingresos por estos conceptos, pues desconocen los planes de las compañías privadas de televisión y telecomunicaciones.
  • “Cuanto mejor audiencia tengan mis competidores, más ingresos tendré”. El servicio público no puede reducirse a un proveedor de contenidos minoritarios, las televisiones públicas tienen que seguir compitiendo por las grandes audiencias, de modo que, paradójicamente, cuanto mejor sean los resultados de su competidores y perores los propios más recursos recibirá.
  • Contenciosidad. Las grandes compañías privadas y sus poderosos servicios jurídicos despliegan cada año todos sus recursos legales para minmizar estas aportaciones.

Publicidad

La televisión se desarrolla en Europa en los años 50 en el molde público de los ya existentes servicios públicos de radio, entonces en la mayor parte encomendados a empresas estatales. Pero es también muy fuerte la influencia de Estados Unidos, donde la televisión se había convertido en el gran medio de masas. Así que, como hay que realizar importantes inversiones y la televisión con cortes publicitarios era un éxito al otro lado del Atlántico, son pocos los países que se resisten a introducir los anuncios en los nuevos programas de televisión.

La publicidad se convierte en fuente importante de financiación de los nuevos servicios en muchos países, destacadamente Francia e Italia y en menor medida Alemania. La BBC queda preservada, pero a cambio es el primer operador público que tiene que competir con un operador con publicidad, la ITV.

El caso de España es especial. Pronto se abandona el canon, y con los ingresos publicitarios se construye la red de transmisión, los estudios e instalaciones y los programas que se llevaban a festivales internacionales para intentar lavar la cara al franquismo. Y todavía cada año un importante remanente nutría las arcas de la Dirección General del Tesoro. Si, como por entonces dijo Lord Thompson (propietario de The Times), una licencia de televisión era lo más parecido a un permiso para acuñar moneda, más aún en un régimen de monopolio. Por si fuera poco, el régimen franquista podía presumir de que España era el único país europeo en el la televisión era gratis.

La llegada de las televisiones privadas en los 90 va mermando los ingresos y arrastra a TVE a una competencia feroz que degrada sus programas y crea un enorme agujero financiero. En 2009, el gobierno Zapatero, entrega a las televisiones privadas el mercado publicitario en el que TVE todavía era líder. Hoy Atresmedia y Mediaset concentran más del 80% del mercado publicitario.

En toda Europa, las rtv públicas han visto declinar los ingresos publicitarios y, en consecuencia, ha aumentado el porcentaje de ingreso públicos de una u otra procedencia. Quizá sea la RAI la comañía pública que mejor saca provecho a la publicidad, con unos ingresos de 550 millones de euros, pero muy por debajo de los 1.758 millones recaudados por el cano (presupuesto consolidado 2108).

publicicad por plataforma

Fuente: Funding of Public Service Media 2019. EBU Intelligence Service

La televisión no ha sufrido la terrible sangría publicitaria que en el ecosistema digital ha castigado a la prensa, como se aprecia en el gráfico adjunto. En su conjunto, la televisión lineal tradicional pierde muy poco audiencia, pero la fragmentación limita notablemente la capacidad de las televisiones públicas de financiarse con publicidad. Además, los hábtos cambian. Los jóvenes consumen ficción en streaming y este hábito se extiende poco a poco a la población de mayor edad, en parte por la política comercial agresiva de los operadores de telecomunicaciones y las plataformas OTT por sucripción, en parte por el empobrecimiento de los contenidos de las televisiones lineales, propiaciado por la lucha por el prime time en las televisiones comerciales y recortes presupuestarias en las públicas.

Pros

  • Libera a los operadores públicos de la dependencia política y las restricciones presupuestarias de los recursos públicos y les ayuda a lograr la autonomía financiera.
  • Exige acomodar la programación a los gustos de las mayores minorías.
  • Libera al contribuyente de gravámenes específicos, aunque los gastos publicitarios sean trasladados luego a los consumidores vía precios.

Contras

  • Somete a los operadores públicos a los requerimientos del mercado.
  • Hace indistingibles las programaciones de las televisiones comerciales y las televisiones públicas.
  • Es un recurso en declive, debido a la fragmentación de audiencias y al cambio de hábitos de consumo.

Recursos de explotación

Todas las radiotelevisiones públicas explotan comercialmente sus producciones y prestan servicios a terceros. En la edad dorada, las televisiones públicas europeas eran grandes fábricas audiovisuales y la venta de sus productos suponían importantes ingresos. Las normas europeas de apoyo a la producción independiente, los cambios del mercado y las constricciones presupuestarias han convertido a los operadores más en contratistas que productores, pero todavía la gestión de los derechos de las producciones propias y coproducciones, así como la prestación de servicios a terceros sigue siendo una relevante fuente de recursos, aunque por detrás del canon, la dotación o subvención pública y, allí donde existe, la publicidad.

En esta categoría cabría incluir el patrocinio, pues aunque es una forma de publicidad menos agresiva, va ligada directamente a un determinado programa o contenido digital. La Ley 8/2009 solo permite a RTVE el patrocinio y el intercambio publicitario de contenidos culturales y deportivos. La CNMC ha sancionado en varias ocasiones a RTVE por introducir patrocinios o publicidad en retransmisiones deportivos con multas de hasta un millón de euros.

Pros

  • Aumenta la autonomía financiera.
  • La producción debe planificarse con un ciclo de explotación más allá del consumo inmediato.
  • Obliga a los operadores públicos a establecer una explotación eficiente de sus productos y servicios.

Contras

  • La búsqueda del patrocinio o de su ulterior explotación puede condicionar la calidad de los contenidos.

Acceso condicional. La trampa de la suscripción

Los servicios públicos mediáticos pueden financiarse mediante alguna forma de acceso condicional: pago por visión o suscripción temporal. Puesto que uno de los fundamentos esenciales de estos servicios es el acceso universal, libre y gratuito ningún operador europeo (al menos que yo conozca) aplica sistemas de acceso condicional dentro de su territorio.

En cambio, imponen sistemas de pago a aquellos que quieren acceder a sus canales o contenidos digitales desde otros países. Los operadores públicos europeos contratan con operadores de pago la difusión de sus canales en el extranjero (como hace TVE), crean canales internacionales por satélite que no están sometidos a restricciones publicitarias (caso de la BBC) o establecen sistemas de vídeo bajo de demanda de pago.

financiacion publica frente suscripción privada

Fuente: Funding of Public Service Media 2019. EBU Intelligence Service

Como se dijo más arriba, en la reconsideración del canon aparecen propuestas (como la del gobierno conservador británico) para sustituirle por una suscripción voluntaria. Es frecuente la comparación de la cuantía del canon o de lo pagado por cada ciudadano con el coste de los paquetes de canales de pago y sobre todo con el precio de suscripción a los servicios OTT, cuyo representante más agresivo en Netflix. Más allá de que, como puede verse en la infografía, el coste medio es notablemente inferior en el caso del servicio público, lo importante es que esa suscripción voluntaria es radicalmente contraria a la esencia del servicio público y su introducción significaría su destrucción a medio plazo.

La comparación con Netflix y otros operadores OTT no se sostiene. El servicio público tiene un conjunto de misiones complejas: promover el debate público, la cultura, la igualdad, la cohesión territorial, contenidos dirigidos a públicos minoritarios o protegidos y, en definitiva, modelar una esfera de comunicación pública. Produce información, formación y entretenimiento, todo tipos de géneros y formatos televisivos y contenidos en los nuevos lenguajes multimedia destinados a todos. Netflix y adláteres producen esencialmente ficción y, en menor medida, documentales y su finalidad no es ya congregar audiencias masivas sino lograr con cada nueva producción un impacto mediático que conquiste más suscriptores y una fidelidad para sucesivas entregas del producto. Sus resultados económicos dependen del número de suscriptores, no del consumo que se realice.

Supongamos que una ciudanía muy concienzada se sucribe masivamente. ¿Qué pasa con el resto?  ¿Se beneficiarían de los contenidos informativos, de entretenimiento y culturales sin pagar nada? Sí, los suscriptores tendrían un vínculo personal con el servicio, pero ¿podrían darse de baja o de alta, como tanto consumidores hacen hoy cambiando casi mensualmente de servicio OTT en función de las novedades ofertadas?

Financiación participativa

Bonini y Pais (veáse Fuentes) han realizado una interesante propuesta, introducir modalidades de crowdfunding y participación en los sistemas de canon.

El canon se mantedría con su misma estructura y cuantía, pero quien lo deseara podría darse de alta en un sistema participativo mediante el pago de 5 € (por costes de administración), lo que les daría derecho a decidir sobre los contenidos a producir por un valor de un 20% de la inversión total, de modo semejante al modelo de presupuestos participativos introducidos por algunos ayuntamientos.

Un método como este podría perfectamente aplicarse no solo donde haya canon, también donde exista un impuesto directo o individuación de lo aportada a través del impuesto sobre la renta.

Lograr una participación popular es uno de los grandes retos del servicio público, de modo que es imprescindible explorar sistemas como el descrito. Una suscripción participativa podría servir no solo para decidir sobre los contenidos a producir, sino también para crear un cauce de elección de representantes del público en los órganos de asesoramiento y gobierno y, en general, para crear un canal para hacer oir la voz del público en el interior del servicio público.

Una financiación sostenible para RTVE

No hace falta recordar que RTVE se encuentra en una crisis profunda, uno de cuyos elementos es su insuficiencia financiera. RTVE es uno de los servicios con una menor coste per capita, solo 19 €., frente a los, por ejemplo, 41 € de la RAI (veáse cuadro). Nunca se ha alcanzado el tope de los 1.200 millones de euros, establecido por la Ley 8/2009 para el bienio 11-12 y conflictos como el de la aplicación del IVA han supuesto mermas muy importantes en unos presupuestos ya de partida insuficientes.

Hasta que se afronte una reforma general, es imprescindible una aumento de la dotación presupuestaria compesatoria del servicio público, como se anunciaba para los no aprobados presupuestos de 2019 (incremento del 9’5%). Pero lo importante es establecer un sistema que asegure una financiación sostenible y suficiente para las misiones de un servicio público, que ya no se limita a la radiotelevisión, sino que se extiende a todo tipo de plataformas.

El primer paso es que el las Cortes aprueben un nuevo mandato marco, que defina para la próxima década las misiones del servicio público, en el nuevo ecosistema comunicativo, muy distinto al de 2006. E inmediantamente iniciar la negociación de un contrato-programa, que concrete los objetivos y las aportaciones presupuestarias en un marco trianual.

Examino a continuación el papel que cada una de las fuentes debieran de tener en uno nuevo mix financiero:

  • Publicidad, no. De cuando en cuando todavía se oye alguna voz que pide la reintroducción de la publicidad. La publicidad se eliminó precipitadamente, en un pacto con las televisiones privadas, sin un plan serio sobre las consecuencias de la medida, pero hoy su regreso sería letal. El servicio público, multimedia, multiplataforma, volvería a ser medido exclusivamente por los ingresos publicitarios, lo que obligaría a una deriva aún más comercial de los programas. TVE perdería un imporante signo de identidad, la emisión sin interminables pausas publicitarias. Y los ingresos podrían ser magros, pues el mercado es muy distinto al de 2010. Ahora el oligopolio Atresmedia-Mediaset absorve más del 80% de los recursos publicitarios. Además, RTVE desmontó sus servicios de comercialización publicitaria. Y, sobre todo, sería suicida volver a apostar por un recurso declinante, como es la publicidad.
  • Canon, no. Como hemos visto se encuentra sometido a revisión en toda Europa, pero además en España, sin tradición, significaría una carga altamente impopular y con costes elevados de administración.
  • Mantener y extender las aportaciones de los operadores privados. Una vez que los tribunales españoles y europeos han declarado estos gravámenes conforme a Derecho, no tendría sentido eliminarlos. Al contrario, deben extenderse a los servicios de vídeo bajo de demanda. Y debe clarificarse su liquidación para evitar conflictos y aumentar, en la medida de lo posible, su previsibilidad.
  • Mantener la transferencia del 100% de la tasa sobre el la reserva del dominio radioeléctrico.
  • Dedicar un porcentaje fijo de los ingresos sobre el IRPF. No supondría una carga nueva, daría estabilidad e informaría a cada contribuyente sobre su aportación al servicio público. Permitiría crear, además, algún instrumento de participación, al estilo de los presupuestos participativos.
  • Flexibilizar el patrocinio y reforzar la explotación comercial en el exterior.
  • Subvención compensatoria. La dotación presupuestaria directa tendría que complementar a las otras fuentes hasta satisfacer el total de las obligaciones presupuestarias derivadas del contrato-programa.

¿Qué porcentaje debiera de corresponder a cada fuente? En 2018 las aportaciones de los operadores privados fueron de 193 millones, 380 millones la tasa radioeléctrica, 341 la subvención compesatoria y 58 los ingresos comerciales. Sin un análisis económico no se puede responder, pero el ideal podría estar en un 30% tasa radioléctrica, 30% aportaciones operadores, 20% IRPF, 10% explotación comercial y 10% subvención compensatoria, esto es, 60 % aportaciones de operadores privados, 30% aportaciones públicas y 10% explotación comercial.

FUENTES

EBU Media Intelligence Service. (2019). Funding of PSM 2019. (pdf)

Saurwein, F., Eberwein, T., & Karmasin, M. (2019). Public Service Media in Europe: Exploring the Relationship between Funding and Audience Performance. Javnost – The Public, 26(3), 291–308. https://doi.org/10.1080/13183222.2019.1602812

Bonini, T., & Pais, I. (2017). Hacking Public Service Media Funding: A Scenario for Rethinking the License Fee as a Form of Civic Crowdfunding. JMM International Journal on Media Management, 19(2). https://doi.org/10.1080/14241277.2017.1298109

Campos Freire, F. (2014). “El nuevo horizonte de la financiación de la radiotelevisión pública europea”. COMUNICACIÓN AEIC BILBAO 2014.

How is TV funded around the world? BBC news, 31-03-14.

 

 

Conectar con los jóvenes: la difícil recuperación de la universalidad del servicio de los medios públicos


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La foto que ilustra la portada del último informe del Reuters Institute sobre la audiencia de los informativos de las rtvs públicas lo dice todo: receptores de televisión arrumbados para su desguace. Y un título también expresivo, una audiencia de mayor edad, bien educada y políticamente diversa. En las conclusiones -y en los titulares de las noticias que dan cuenta del informe publicado la pasada semana- términos amenazantes: riesgo de irrelevancia si no se conecta en el nuevo ecosistema multiplataforma con el público joven y menos educado.

¿Están los medios públicos condenados a la irrelevancia, a una lenta decadencia mientras sus viejos espectadores y oyentes van muriendo? ¿Siguen prestando un servicio esencial en una sociedad democrática? ¿Deben ser financiados con recursos públicos si sus contenidos solo alcanzan a los más mayores y más educados?

Estas preguntas no tienen fácil respuesta. En esta entrada acudiré a las aproximaciones de los más recientes informes sobre el estado de los medios públicos y sus servicios informativos (ver fuentes al final), para terminar con una reflexión personal.

Una precisión terminológica. Los medios públicos europeos se categorizan hoy como Public System Media (PSM), en lugar del tradicional Public System Broadcasting (PSB), en cuanto que ya su distribución no se limita a los canales lineales de radio o televisión dirigidos a audiencias masivas (broadcasting) sino que se realiza también en un entorno multiplataforma en línea. Lamentablemente no tenemos en español una traducción fácil de estas denominaciones, pero para PSM propongo Servicio Público Multimedia.

Informe Reuters Institute: la audiencia de los medios públicos

El estudio analiza el alcance de los medios públicos en 8 países europeos a partir de encuestas con una muestra de en torno a 2.000 encuestados en cada país. Son datos desglosados de su Digital News Report y se han obtenidos a comienzos de 2019. No son datos de audiencia obtenidos por sistemas de medición a partir de audímetros (televisión) o distribución de etiquetas digitales (plataformas) y no comparan los medios públicos más que con sus mayores competidores privados (analógicos y digitales). Su valor es limitado, pero muy útil como indicador de tendencias.

Su principal conclusión es que los servicios de los medios públicos (PSM) ya no son servicios universales, pues aunque mantienen un muy relevante alcance social con su programación en línea que llega a una audiencia políticamente diversa, dejan de lado a los más jóvenes y menos educados, siendo su impacto muy pequeño en las plataformas digitales.

Veamos los datos.

Alcance

Al hablar de las audiencias televisivas estamos acostumbrados a manejar el share, esto es, el porcentaje de espectadores que ven un determinado programa sobre el total de los espectadores que ven en un momento determinado la televisión. Es un dato pensado para retribuir la publicidad y propicio para crear relatos de ganadores y perdedores y, sí, también, muy útil para que los programadores midan el impacto de sus contenidos. Pero para un servicio público el dato relevante debiera de ser el reach, el alcance, esto es, el porcentaje de la población total a la que da servicio durante un periodo de tiempo determinado. En el caso de este informe y referido a los servicios de noticias (radio, televisión, web y otras plataformas digitales) el periodo es la semana.

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A la vista de los datos puede afirmarse que los servicios de noticias de los medios públicos siguen siendo un factor informativo muy relevante que alcanza a más de la mitad de la población, salvo en Francia, España y Grecia.

La fortaleza de los medios públicos reside en los tradicionales servicios lineales offline (todos, menos RTVE y ERT, superan a sus competidores privados), pero aunque en algunos casos el porcentaje alcanzado online es notable, en la mayor parte se trata ya de espectadores u oyentes alcanzados por los canales lineales, siendo muy limitado el porcentaje que solo se sirve de los servicios de noticias online.

La BBC es un caso único, pues no solo la audiencia digital supera el 50%, sino que además añade un 10% al alcance total. Malos son los resultados de RTVE, tanto en audiencias offline como online. Llama la atención el caso de la RAI, con buenas audiencias offline y online, pero con muy pocos usuarios exclusivamente online.

¿Es una fortaleza o una debilidad esta dependencia de los canales tradicionales? Los redactores del informe sostienen que es una debilidad, que es insostenible depender de estos canales lineales, pero como argumentaré más adelante puede ser también una fortaleza y la más importante.

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Jóvenes

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Del gráfico anterior resultan algunas conclusiones. Que los competidores digitales privados superan a los públicos en su alcance online (salvo en el caso de la BBC). Y que el servicio de noticias a los jóvenes entre los 18 y los 25 años lo siguen prestando los medios públicos fundamentalmente a través de los canales lineales. Estamos hablando del sector de la población menos interesada en las noticias y así y todo están escuchando o viendo las noticias de los medios públicos en porcentajes muy significativos, el menor un 32% en RTVE, el mayor un 51% en RAI.

Solo la BBC tiene una audiencia online mayor entre los menores de 25 años. Jóvenes y mayores se informan en porcentajes muy significativos por Facebook, sobre todo mayores, y Youtube, sobre todo jóvenes, (no se incluyen otras plataformas), siempre inferiores a los canales tradicionales de los medios públicos, pero a veces superiores a sus canales online. Pero hay otros datos, la audiencia online de 18 a 25 años es decreciente y, sobre todo, el grupo más numeroso de audiencia exclusivamente offline es el de mayores de 55 años en todos los países.

Sí, es cierto, los medios públicos están sirviendo sus noticias preferentemente a la población más mayor a través de sus canales lineales, pero aún así el alcance a los jóvenes a través de estos mismo canales es significativa.

Población con menores niveles de educación formal

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Los resultados de la encuesta muestran que los sectores menos educados de la población se informan menos a través de los medios públicos que los que tienen más altos niveles educativos. En dos países son más notables estas diferencias, República Checa y Reino Unido, pero prácticamente inapreciable en España. En general, este desfase es mayor en los servicios online que en los tradicionales offline. Y mayor en las plataformas sociales que en los competidores privados offline y online de los medios públicos. Nuevamente hay que recordar que estamos ante una encuesta, donde las muestras pueden estar sesgadas: por ejemplo, en la muestra británica los menos educados son 559 sobre 839, mientras que en España son 706 sobre un total de 730.

Con todo admitamos las conclusiones: los sectores menos educados se informan más por los medios privados que por los públicos y más todavía por las plataformas tecnológicas. Y el corolario (discutible) es que los medios públicos están fracasando en una de sus misiones esenciales, promover sociedades más igualitarias y más cohesionadas y en cambio pueden estar profundizando la brecha social.

Posiciones políticas

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En el eje izquierda/derecha la mayor parte de la audiencia de los medios públicos europeos es centrista, especialmente en los casos de BBC, RAI y RTVE, salvo el caso de Grecia, con una ERT claramente situada a la izquierda y su principal competidor privado muy escorado a la derecha. En general, las audiencias de los medios privados se sitúan más a la derecha. Los encuestados más a la derecha desconfían más de los medios públicos que los de la izquierda.

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En general, las audiencias de los medios públicos son menos populistas (entendido el populismo como cuestionamiento a la democracia representativa, véanse las preguntas que aparecen en el anterior gráfico) que las de los medios privados, con la excepción de RTVE, con una ligera orientación más populista (¿Sesgo en la muestra?) el sondeo no encuentra diferencias significativas en la confianza en los medios públicos entre los más y los menos populistas.

La conclusión es que los medios públicos informan a una población políticamente diversa, sin grandes sesgos a derecha o izquierda.

Diferencias entre países

En este estudio, la BBC tiene los mejores resultados de adaptación al nuevo ecosistema digital y servicio a los jóvenes y en segundo lugar está la finlandesa YLE. Las noticias de la BBC llegan online al 50% de la muestra, a un 48% de jóvenes offline y a un 56% online, y aún así los canales online no suman más que un 10% a los offline. Los otros grandes, Alemania, Francia, Italia y España son mucho más dependientes de sus canales online y en el caso de RTVE los resultados también son malos offline.

Hay que poner los resultados en el contexto de los recursos. El coste de RTVE es de solo 19 € por habitante (por detrás solo los 17 de la griega ERT) frente a los 102 de la BBC o los 112 de Alemania. Que yo sepa, ninguna de las informaciones sobre este informe han recogido el siguiente cuadro.

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Informe sobre el consumo de información por los jóvenes

CapturaEl Reuters Institute dedicó una sección de su Digital News Report al consumo informativo de los jóvenes y luego, este septiembre, ha profundizado más cualitativamente sobre actitud ante la información, aunque en este caso solo referido a Estados Unidos y Reino Unido.

Del primer informe general destaco un dato, para el 69% de los menores de 35 años el móvil es el principal dispositivo de acceso a la información. Pero más interesante me parece el análisis que el estudio cualitativo realiza sobre la actitud de los jóvenes británicos y estadounidenses ante la información.

Hay una ruptura de paradigma entre los medios periodísticos y los jóvenes. Los medios, los periodistas, creen que su misión es contar lo que su audiencia debe saber sobre el mundo en general y sobre todo su propio país. En cambio, los jóvenes, desde una perspectiva individualista, solo están interesados con los hechos que conectan con ellos personalmente y su entorno más concreto, las noticias que les resultan útiles, que les ayudan a progresar en su sus objetivos, las que les entretienen y les divierten.

Carmela Ríos ha resumido el informe en un estupendo hilo en Twitter. A la izquierda,  un destacado del propio informe sobre cómo conectan los jóvenes con las noticias.

Informe sobre la correlación entre medios públicos y calidad democrática

El Media Inteligence Servicie de UER/EBU (la organización de los medios públicos europeos) ha publicado también este septiembre un informe donde relaciona una serie de índices sobre la calidad de la democracia con los resultados y financiación de los medios públicos. Como fuentes externas utiliza los índices de democracia y participación política de The Economist, el de estabilidad política y control de la corrupción del Banco Mundial, el de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras y la satisfacción con la democracia del Eurobarómetro. Y como propias, las audiencias de televisión, radio y financiación.

La conclusión es que existe una fuerte correlación entre la calidad de la democracia y las audiencias y financiación de los medios públicos. Correlación, como recuerda el informe no significa casualidad, sino coincidencia, esto es que a mayores niveles de democracia los medios públicos están mejor financiados y tienen mayores audiencias.

En general, los países nórdicos obtienen los mejores resultados en los índices de calidad democrática y en la calidad de los medios públicos, seguidos por los cinco grandes, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. En los casos de Italia y España la correlación es algo más débil. Italia tiene peores índices de calidad democrática que España, pero mejores resultados de los medios públicos, mientras que en España los resultado de los medios públicos están por debajo de los índices democráticos del país.

A título de ejemplo se recoge aquí el gráfico de correlación entre el índice de democracia y la financiación de los servicios.

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Informe EBU/UER sobre el estado de los servicios informativos de los medios públicos

El más completo informe sobre los informativos de los medios públicos lo produce cada año UER/EBU, recogiendo aportaciones de profesionales, directivos y expertos y mediante el análisis de casos de buenas prácticas. El de 2018 se titula 50 ways to  make it better. Bulding audiences and trust.

El informe parte del hecho de que en el nuevo ecosistema se pasa de la atención concentrada en directo a la atención dispersa bajo demanda. Detecta una crisis de confianza en los informativos, con opiniones públicas más polarizadas y críticas. Y un déficit de conexión con las audiencias, especialmente con los jóvenes. Estudia 50 casos de buenas prácticas y resume el informe en 25 recomendaciones que aquí recogemos.

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Las seis primeras se refieren al modo de posicionarse estratégicamente en el nuevo ecosistema. Todos los medios públicos intentar posicionarse en el mayor número posible de plataformas y servir la información al público donde está su atención y en la la forma y el lenguaje más apropiado, pero esto exige un enorme esfuerzo e ingentes recursos, porque no se trata de adaptar el mismo contenido a distintos formatos y lenguajes, sino producir contenidos nativos para cada plataforma e innovar. El informe recoge experiencias interesantes, casos muy particulares, casi siempre de medios pequeños, salvo, como siempre la BBC embarcada en grandes proyectos como el análisis de datos o la construcción de algoritmos con valores de servicio público para posicionar sus contenidos.

El resto de las recomendaciones se refieren a lograr una nueva vinculación con la audiencia y reconstruir la confianza del público. Escuchar a la audiencia hoy es el mantra. Y pareciera que la única escucha posible es el escrutinio de las redes sociales. El informe advierte que no toda la población está en las redes sociales a las que tienen acceso los periodistas y que estas plataformas están sesgadas por algoritmos que buscan la mayor interacción con fines comerciales. Así que recomienda acudir a encuestas y a programas o contenidos construidos directamente desde la experiencia o expectativas de la audiencia. La mayor parte de las recomendaciones para reconstruir la confianza no son sino actualización de tradicionales buenas prácticas periodísticas.

Quizá las recomendaciones más novedosas se refieran a responder a las críticas de políticos y plataformas populistas. Tradicionalmente, en nombre de su imparcialidad, los medios públicos tenían que soportar estoicamente las críticas de los políticos, dejando que sus gestores dieran las explicaciones pertinentes en las instituciones (parlamento, consejos audiovisuales). Pero en este escenario político altamente polarizado, el informe considera que la pasividad no hará sino degradar más la confianza. Y a las tradicionales críticas de los políticos se suma el acoso a los periodistas en las redes sociales.

El informe concluye que las críticas provienen sobre todo de minorías organizadas articuladas en las redes sociales. La respuesta activa dependerá de cada situación institucional, pero se mencionan casos de recursos a los tribunales, retirada de los periodistas de las plataformas en que son acosados y se recomienda crear instancias rápidas y efectivas para dar respuesta y en su caso satisfacción a las quejas personales. Y, por supuesto, no echar más leña al fuego, no alimentar falsas polémicas, no amplificar la desinformación.

¿Cómo reconstruir la universalidad del servicio público?

La misión del servicio público de la radiotelevisión ha sido, tradicionalmente, servir gratuitamente a toda la población entretenimiento, información y cultura, a fin de mantener la cohesión social, atenuar las desigualdades de educación y lograr una ciudadanía participativa.

Ni siquiera en la etapa de los monopolios –share 100 %- se llegaba en los programas de mayor audiencia a toda la población. Con la llegada de la competencia privada el share se redujo drásticamente. En las audiencias de radio o televisión, unos lo han hecho mejor (BBC, alemanes, RAI) y otros peor (Francia, RTVE). Pero en todo caso, el alcance de sus distintos canales de radio y televisión era, es todavía, muy relevante. El riesgo es la irrelevancia en las plataformas en línea, la desafección de los jóvenes y los menos educados, tanto online como offline.

En el presente ecosistema de atención fragmentada el principio de universalidad exige, que al tiempo que se mantiene el peso e influencia en las grandes audiencias de los canales tradicionales, ofrecer y posicionar correctamente en línea los contenidos para las necesidades específicas de los distintos segmentos de la población, no atendidas o atendidas deficientemente por los medios privados.

El problema es que los medios son limitados y más en estas organizaciones públicas, siempre constreñidas presupuestariamente. ¿Qué hacer? ¿Transferir recursos de los canales tradicionales a las plataformas digitales? Puede ser suicida debilitar la mayor fortaleza del servicio público, su capacidad de congregar audiencias masivas. No es lo mismo, echar un vistazo a los titulares desde una red social que ver un fragmento del telediario. No es lo mismo por  tiempo dedicado, capacidad de atención y, sobre todo, porque el informativo en directo congrega simultáneamente una audiencia masiva que sigue siendo un factor decisivo de la conformación de la esfera pública.

Los contenidos informativos de los canales tradicionales de los medios públicos tienen que seguir siendo referente informativo primordial de la sociedad. Si esa batalla se pierde, todo está perdido. Eso no quiere decir que todo el esfuerzo de producción se concentre en los telediarios ni, desde luego, que una información se reserve para ser emitida a las tres o las nueve.

Es un mantra de las redacciones digitales el online first. Sí, primero en la web, en las plataformas digitales el avance, el directo y los primeros testimonios en las redes sociales, los hilos de Twitter; luego en el telediario la información elaborada y la valoración editorial; después, los podcast, los vídeos de animación didáctica para las redes sociales, los reportajes, documentales y debates en los canales de radio y televisión, las narraciones personalizadas para los jóvenes en redes…

¿Todo con los mismos recursos? Solo se puede intentar con una redacción integrada y una concentración en los verdaderamente importante, eliminando narraciones redundantes, aprovechando sinergias… Difícil, pero no imposible.

¿Cómo reconectar con los jóvenes y los sectores menos educados? En los programas de televisión y radio aumentando la diversidad, buscando su punto de vista para las cuestiones de actualidad, dando voz a los que no la tienen, abriendo la puerta a que colectivos sociales produzcan sus propios contenidos; no, desde luego, con más espectáculo o noticias entretenidas, que terminarían por expulsar a los verdaderamente interesados en la información. En las plataformas online buscando nuevas narrativas, temas más cercanos a los jóvenes, más personalización, más interacción.

No es fácil, porque hemos visto en los informes que la perspectiva de los jóvenes es muy individualista, buscan utilidad, entretenimiento, diversión en las noticias. Y ahí el servicio público tiene límites que no puede traspasar, no puede convertirse en un nodo más de la red del infoentretimiento para jóvenes. Por supuesto que los jóvenes están preocupados por la diversidad y el reconocimiento de las distintas formas de expresar la sexualidad, pero ¿no les preocupa el machismo, la vivienda, los empleos basura, la explotación de nuestros datos por las tecnológicas, el medio ambiente, el calentamiento global, las desigualdades crecientes, la Historia…?

¿Cómo reconstruir la confianza? La respuesta fácil es sacando al servicio público de la lucha política, pero eso sabemos que es imposible. Solo caben dos caminos. Mejorar la gobernanza y transparencia -en el caso español llevar a término el concurso público para el Consejo de Administración- y dando respuesta efectiva a las quejas de la ciudadanía. Pero aquí también el servicio público tiene límites. En una sociedad polarizada, la mayoría ya no quiere información imparcial sino sesgada hacia su posición.

El servicio público tiene que mantener sus propias plataformas digitales (web, postcasts, aplicaciones) y, por supuesto estar en las grandes plataformas de las tecnológicas. Tiene que buscar acuerdos cuando sea posible, pero no depender exclusivamente de ellas. Piénsese en la debacle de algunos ciberdiarios que habían centrado en su estrategia en Facebook cuando Zuckerberg decide reducir la presencia de contenidos noticiosos.

En cualquier caso, el objetivo de los medios de servicio público nunca será el clic (su financiación no puede depender del número de páginas vistas), sino el alcance, el servicio, la influencia.

Y desde luego para todo ello hace falta una financiación suficiente, estable, sostenible -lo que no es el caso de España.

Fuentes

Reuters Institute (2019): Old, Educated, and Politically Diverse: The Audience of Public Service News (pdf).

Reuters Institute (2019): How Young People Consume News and the Implications for Mainstream Media (pdf).

EBU Media Intelligence Service (2019): Democracy & PSM. How A Nation’s Democratic Health Relates To The Strength Of Its Public Service Media (pdf).

EBU (2019): Ebu (2019): 50 Ways To Make It Better. News Report 2018. Building audience and trust (pdf).

La participación, clave de un nuevo servicio multimedia que reconstruya el espacio público


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Fuente Mèta-Media

Los servicios públicos multimedia no pueden reemplazar a las redes sociales, pero deben ser una alternativa democrática, como sustentadores de un espacio digital común, un ciberespacio común, que reconstruya la esfera pública fragmentada.

Las plataformas sociales se han convertido en un nexo básico de nuestra sociabilidad y el canal por el que, de modo creciente, el público llega a las informaciones periodísticas, sobre todo en el caso de los jóvenes.

He razonado en una anterior entrada las razones para una regulación de estas plataformas en el derecho comunitario como servicios económicos de interés general. Pero ¿qué ocurriría si un día Twitter se cierra porque no cumple las expectativas de sus accionistas? O, algo que ya ocurre, ¿qué pasa si el algoritmo de Facebook reduce nuestra dieta de noticias, porque le resulta más rentable la interacción de los contenidos creados por los usuarios?

En toda Europa, las corporaciones públicas de radio y televisión hace mucho que entraron en la creación de contenidos multimedia y en su difusión en las distintas plataformas. Los académicos han pasado de referirse a los PSB (Public Systems Broadcasting, servicios públicos de difusión por radio y televisión) a hacerlo a los PSM (Public System Media, sistemas públicos multimedia).

El principal fundamento que legitima el cambio es el repensar el principio de universalidad: dar ahora a todos, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, y en cualquier canal o plataforma contenidos e informaciones de calidad, imprescindibles para su vida como ciudadanos en una sociedad democrática.

Hasta aquí se trata de una adaptación del sistema de difusión vertical (audiencias) a un sistema de difusión personalizado. Pero la radiotelevisión pública ha sido más que un suministrador de contenidos, ha sido el principal delimitador del espacio público en las siete últimas décadas. Sigue siéndolo todavía, porque no olvidemos que congrega audiencias masivas. Pero gran parte de la conversación social, sobre todo de los más jóvenes, se ha trasladado a las plataformas tecnológicas. Unas plataformas que, en lugar de hacer realidad la utopía de una perfecta comunicación horizontal, han parcelado Internet en jardines vallados (dixit Tim Berners-Lee).

Por eso hoy esa función de foro público exige plantear los servicios públicos de comunicación como una manifestación de lo que se llamado public digital commons (Murdock, 2005).

Parte esta teoría de la distinción entre public goods, bienes públicos esenciales que requieren una intervención pública para su administración, de los common goods, bienes comunes, bienes también esenciales, que pueden ser directamente gestionados por los ciudadados. De modo que los primeros se gestionan en función del principio de autoridad, y los segundos en función de los principios de cooperación y participación. Evidentemente, estos bienes comunes exigen una continua negociación entre sus usuarios y en la mayor parte de los casos con las autoridades públicas, que pueden supervisar la cooperación.

Las redes sociales se basan en la colaboración y la participación, pero las conforman en función de los beneficios que obtienen recabando datos personales. Por eso, promueven con sus algoritmos las interacciones que más información facilitan del usuario y los contenidos que durante más tiempo le mantienen en ese jardín vallado.

El reto de los servicios públicos multimedia es gestionar la participación y la cooperación para crear un ciberespacio público de referencia, enlazado con el clásico espacio público de las grandes audiencias.

El nuevo PSM tiene que ser una mixtura entre el servicio público vertical (hijo de la Ilustración) y un servicio participativo basado en el ciberespacio, donde usuarios y comunidades negocien la participación. Un punto de entrada común, seguro, fiable, a un espacio digital en el que también pueden colaborar instituciones públicas y culturales: museos, universidades, archivos, bibliotecas.

Esquemáticamente, el servicio público multimedia como espacio digital común supone:

  • Enlazar el espacio público de las audiencias, esto es, la transmisión lineal de los contenidos, con la personalización de los contenidos interactivos;
  • Recuperar y reforzar el tradicional derecho de acceso a la programación de grupos significativos con la promoción de contenidos creados por ciudadanos, movimientos y organizaciones, distribuidos en línea de forma personalizada;
  • Enlazar y cooperar en este espacio común con instituciones públicas que promuevan contenidos culturales y de interés para el debate público;
  • Conocer y poner en el centro de toda su estrategia al ciudadano (prefiero ciudadano a usuario) para lo que es necesario recabar sus datos;
  • Utilizar los datos personales solo en el propio ámbito, por tiempo limitado, siempre con expresa autorización del particular y sin posiblidad de explotación ulterior comercial o política;
  • Centrar todos los contenidos en la óptica de la mejora personal y social, nucleados en torno a las grandes cuestiones de debate público;
  • Servir a las grandes audiencias formación, entretenimiento e información de calidad, buscando el alcance y el servicio, no el share en prime time;
  • Lograr la difusión personalizada de los contenidos sin caer en la viralidad;
  • Experimentar narrativas y lenguajes;
  • Llevar la participación a la gestión del propio servicio.

Todo ello no es nada fácil. En primer lugar el deseo de participación que se le supone al público está sobrestimado. Dar al botón de “Me gusta”, colgar un selfie o reenviar un meme no es creación colaborativa ni participación en el debate público.

Una estrategia puede ser crear su propia plataforma social: un perfil  que diera acceso a los contenidos de vídeo y audio bajo demanda, invitara a participar en debates lineales o no lineales, a producir contenidos, responder a cuestiones estratégicas sobre el servicio e incluso elegir representantes para órganos de participación ciudadana.

Por el momento, los servicios públicos europeos no puede prescindir de las redes sociales, especialmente Facebook, YouTube, Twitter y otras en menor medida. Algunos servicios usan las redes sociales para remitir a sus sitios web, otros crean marcas nuevas (Funk en Alemania, Playz en España). No cabe duda que para llegar a los sectores más jóvenes hoy el canal más eficaz es YouTube.

En principio, al servicio público le importa el alcance, no porque canal se llega al público. Pero, la estrategia off-site tiene riesgos indudables: adaptar las narrativas a la lógica comercial, perder la marca pública y hacerse dependiente de estrategias y algoritmos creados por las plataformas. ¿Y si, por ejemplo, YouTube, decide expulsar un día a los canales públicos, o, cómo ya hace, los agrega un aviso que les estigmatiza como financiados públicamente?.

Estamos todavía en los primeros pasos de la transformación de los PSB en PSM. Para que los viejos servicios públicos de la radiotelevisión construyan ese nuevo ciberespacio común se requiere un notable esfuerzo de gestores y creativos, transparencia en la gestión, reequlibrio de los recuros entre canales lineale y no lineales, y, sobre todo, un importante debate público. Pero solo el servicio público hará lo que el mercado ya ha demostrado que no puede hacer.

Fuentes

En esta larga entrada he preferido no incrustar enlaces. Recojo, a cambio, aquí, una serie de trabajos académicos recientes, que he tenido en cuenta para redactar estas reflexiones.

 

 

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