Ofensiva contra los medios públicos


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Si los suizos deciden el domingo eliminar el canon (billag) la rtv pública desaparecerá de Suiza

Este domingo 4 de marzo los suizos deciden en referendum si eliminan el canon con el que se financia la SRG-SSR, la radiotelevisión pública. Si la iniciativa impulsada por el ultraconservador Partido Popular (SVP-UDC) prospera será la muerte del servicio público en Suiza y un golpe mortal para sistema de financiación por canon, que está en el núcleo de la radiotelevisión pública en Europa.

La ofensiva contra los medios públicos se recrudece conforme el fascismo 3.0 gana posiciones en Europa. Si la manipulación y el control gubernamental es una especie de maldición en la Europa del sur, ahora los servicios públicos del centro y norte de Europa ven en peligro su independencia y su estabilidad financiera. Se borran las fronteras en los modelos de Hallin y Mancini: el modelo noreuropeo (corportivista democrático) cada vez se parece más al mediteráneo (pluralista polarizado).

Allí donde llega al poder la extrema derecha, o los partidos conservadores abrazan las tesis xenófobas, la radiotelevisión pública se ve atacada. Se acusa a los periodistas de los medios públicos de ser de izquierdas y a las empresas de ser demasiado grandes (después de décadas de adelgazamiento financiero y organizativo), ser un peligro para la libre competencia y, sobre todo, obligar a la gente a pagar por algo que pueden no querer consumir.

Los ataques se concretan en:

  • Críticas, tanto generales a la insitutión como presiones muy concretas a determinados periodistas o responsables editoriales, amenaza y presentación de querellas por parte de políticos y ministros (Austria);
  • Cambios en los órganos de gobierno, órdenes de tratamiento informativo favorable, autocensura y dimisiones (Finlandia);
  • Reducción presupuestaria prácticamente en toda Europa;
  • Medidas para eliminar el canon y, consiguientemente, la financiación pública (Suiza);
  • Control absoluto de los medios públicos y oligopolio de medios privados controlados por los amigos del gobierno (Hungría, Polonia).

Suiza

El servicio público se encomienda en Suiza a una sociedad anónima la SRG-SSR, que se financia con un canon recaudado por otra sociedad anónima, Billag S.A, de ahí que populamente se conzca el canon como billag.  Tradicionalmente, el hecho imponible era la posesión de aparatos de radio y/o televisión, con una modalidad conjunta prácticamente universal. Las últimas reformas obligan al pago a todos los hogares, empresas y establecimientos (con las lógicas exenciones).

El monto está en los 450 francos anuales (unos 390 €). Las propuestas parlamentarias de la derecha para reducir el canon a la mitad han fracasado y de ahí la iniciativa que se pone a referendum para la eliminación de la licencia. Otro referendum anterior no lo consiguió por unos pocos votos, así que el resultado del domingo es incierto, con los cantones francofónos partidarios de mantener el canon y los alemanes de eliminarlo.

Para la derecha, la SRG-SSR ha sido incapaz de autolimitarse y, por tanto, solo cabe su destrucción. La iniciativa considera abusivo obligar a pagar por un producto cultural que no se haya elegido. A favor del canon, voces como la de este economista que recuerda que el servicio público es un espacio común, que produce unas externalidades (económicas, pero sobre todo culturales, sociales y políticas) que deben ser financiadas por todos, aun por los no consumidores.

Si el canon se aboliera Suiza sería el primer país europeo fetén (modelo democrático corporativista) en eliminar el servicio público. El conservador griego Samaras cerró la ERT en 2012 y Tsipras la reecuperó en 2015, pero ya se sabe, los manipuladores mediterráneos (modelo pluralista polarizado) somos menos importantes en eso de los rankings democráticos. Además, Ginebra es la sede de la UER-EBU, así que el organismo que agrupa a las radiotelevisiones públicas europeas podría residir en un país sin servicio público.

Del caso suizo se pueden extraer algunas lecciones sobre el canon:

  • Una empresa privada recaudadora puede ser muy eficaz, pero desde luego hace que la financiación del servicio público se vea como un negocio para la misma (los recaudadores privados, empezando por los publicanos, nunca han sido muy populares).
  • El hecho imponible no puede seguir siendo la posesión de aparatos, que deja fuera todo el consumo digital. Un impuesto directo a los hogares es más lógico, pero tampoco será muy popular. En Europa se ensayan también sistemas como el recargo en el recibo de la luz.
  • El sistema más justo parece un tipo progresivo (creciente según el nivel de renta) a integrar en el impuesto sobre la renta.

Por último, comparar esos casi 400 € de Suiza con los 39 € anuales que les cuesta a los españoles RTVE y los canales autonómicos.

PS. Los suizos rechazaron la iniciativa por un 71,6%. En el resultado fueron decisivas las campañas del gobierno y de los medios locales (también beneficiados por el canon), que lograron contrarrestar una previa tendencia a la abolición.

Finlandia

En Finlandia, que tantas veces se pone de ejemplo en materias como la educación, también se ha cuestionado la independencia de la radiotelevisión pública.

YLE recibió presiones del primer ministro conservador Sipila, en relación a un escándalo en el que se vio implicado. Spila envió un email a un reportero y al editor jefe quejándose del tratamiento informativo recibido. “No tengo ningún respeto a YLE, el mismo que YLE me tiene a mi” -escribió.

Como consecuencia, hubo autocensura y tres periodistas abandonaron YLE. El caso se convirtió en el YLEGate, radiografiado por los periodistas disidentes en un libro. Un informe independiente ha concluido que la radiotelevisión pública dio un tratamiento favorable al primer ministro y que la empresa reaccionó arrogantemente a la llamada de atención del regulador finlandés, pero que, con todo, el proceso editorial garantiza la independencia.

Austria

La ultraderecha del Partido Liberal, ahora en el gobierno, ha declarado la guerra a la ORF. El videcanciller Strache usa la misma táctica de Trump, acusa la radiotelevisión pública de propagar “falsas noticias”. Su principal objetivo es el presentador Amin Wolf, un entrevistador incisivo. Lo más grave es que el gobierno de coalición del Partido Popular y los liberales tiene ahora mayoría suficiente en el Consejo de la ORF (modelo como el alemán de un consejo parlamentario con representantes de los partidos y de la sociedad) para destituir al Director General.

Hungría y Polonia

En Hungría Orban controla todos los medios, los públicos y los privados. Destruyó primero la anterior MTV (varios periodistas estuvieron en huelga de hambre) y construyó una nueva corporación, MTVA, con absoluto control gubernamental. Al mismo tiempo, ha favorecido el oligopoplio de los medios privados, en manos de magnates amigos (como Putin en Rusia).

En Polonia, el gobierno conservador del PIS no tiene un control institucional tan absoluto de la RTP, pero sus periodistas son hostigados continuamente, en la calle y en las redes sociales, haciendo cada día más difícil su independencia.

Estas democracias iliberales -como algunos las llaman, yo dudo de que sean democracias- no entran en los modelos de Hallin y Mancini (su libro es de 2004), pero lo grave es que ahora son el ejemplo que parece estar siguiéndose en Austria.

Estados Unidos

Poco tiene que ver el sistema norteamericano con el europeo. Los medios públicos (PBS y NPR) se financian preferentemente mediante las subvenciones de fundaciones privadas, pero la aportación pública del presupuesto federal es decisiva en el balance final.

Trump ha propuesto un recorte de 480 millones de dólares, que la presidenta de la CPB (que agrupa PBS y NPR) asegura que no hay modo de cubrir ese agujero. Los recortes pueden eliminar populares programas infantiles. Un niño se convirtió en una celebridad cuando dijo en la televisión que Trump quería quitar PBS Kids para construir el muro con México.

España

Y, finalmente, last but no least, España. De censura, autocensura, manipulación lo sabemos todo, así que el caso finlandés se nos parece, pero con una diferencia importantísima, allí hay un regulador independiente. El caso es que el poder legislativo se muestra incapaz de hacer efectiva su propia ley, mientras el Sánchez se permite burlarse de los diputados -“voy a estar más que Matusalén”.

En la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, otrora ejemplo de independencia, JxCat y ERC se reparten los cromos sin ningún pudor, para ti la corporación, para mi informativos. para ti la radio, para mi la televisión. El Consejo Profesional denuncia este vergonzoso mercadeo, triste copia de la vieja lottizzazione italiana. Al menos el reparto partidista de la RAI suponía un cierto pluralismo ideológico, lo de radiotelevisión catalana es mera rebatiña entre dos aliados que desconfían uno de otro.

En fin, malos tiempos para los servicios públicos audiovisuales. Malos tiempo para la democracia.

(DESCARGA DEL LIBRO DE HALLIN Y MANCINI)

 

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Cameron aprieta pero no ahoga a la BBC


Portada del White PaperSe esperaba que el Libro Blanco (White Paper) del gobierno Cameron dinamitara la BBC. No ha sido para tanto, pero la propuesta lleva en si las semillas para un radical debilitamiento del organismo que ha sido modelo del servicio público en toda Europa y que es, sin duda, la más poderosa organización audiovisual del mundo.

El Libro Blanco es la propuesta del gobierno conservador para la renovación de la Carta Real, la norma que confía el servicio público y sus misiones a la BBC. Ha venido precedido por una gran polémica, dada la confesada animadversión del Secretario de Cultura contra la Corporación. John Whittingdale ha llegado a decir que la desaparición de la BBC era una posibilidad muy tentadora. Por eso el informe se ha acogido con un cierto alivio.

En cualquier caso, el proceso no deja de suscitar envidia. Para elaborar este documento se ha recogido las aportaciones de más de 192.000 ciudadanos, 300 organizaciones, las opiniones de otros 4.000 en una encuesta y dos informes de expertos independientes. Y a partir de aquí se abre el debate que concluirá con la aprobación de la nueva Carta, que entrará en vigor el 1 de enero de 2017, con una validez de 11 años para desacoplar su vigencia de los períodos electorales.

La esencia del servicio público

Hay consenso en el Reino Unido en que la BBC es uno de los grandes valores del páis y una herramienta principal de su soft power. De ahí las valoraciones positivas recibidas en el período de consultas y el escándalo (incluidos sectores del Partido Conservador) por el sesgo anti BBC del gobierno Cameron.

El Libro Blanco así lo acepta, incluso parece que refuerza el carácter del servicio público, exigiendo una “distinctiveness”, una diferenciación, un plus de calidad de sus contenidos con respecto a los de sus competidores comerciales. Sin embargo, esta exigencia puede ser un torpedo en la línea de flotación en una BBC popular, para todos, no elitista. La BBC es líder de audiencia en radio (55%), televisión (33%) y tercera posición web (en el Reino Unido, sin contar su imponente proyección mundial). Una interpretación estricta de esa “distinctiveness” redundaría en la pérdida de liderago. Y esa interpretación va a quedar ahora, en gran medida, en manos de un regulador externo, el OFCOM, con una clara visión promercado.

La BBC podría quedar reducida a remediar las deficiencias del mercado. Esto es, como defienden todos los operadores privados del mundo, servicio público es lo que a nosotros, compañías comerciales, no nos interesa o no nos resulta rentable. La esencia de servicio público no es esa. Su misión es la de ser núcleo central de una comunicación pública de referencia, asegurando a todos el acceso a información y entretenimiento que haga los ciudadanos más libres y más participativos y refuerce la cohesión social. Y en la BBC es el modelo.

Indepencia

El Libro Blanco propone eliminar el Trust, el consejo interno de orientación, regulación y control del servicio público. Ahora, sus competencias de orientación y control pasarían un órgano ejecutivo ya existente y las de regulación al OFCOM, con competencia en todo el sector.

Puede que el sistema anterior resultara confuso, pero tenía una virtud, mientras el consejo ejecutivo (formado por los directivos) desarrollaba la gestión, otro órgano interno supevisaba el cumplimiento del servicio público. Ahora gestión y supervisión se funden.

Lo peor es que seis de los miembros no ejecutivos (incluído su presidente y vicepresidente) serán nombrados por el Gobierno, mientras que los ejecutivos lo serán por la propia BBC. El Libro dice que es la primera que la propia BBC nombra a la mitad de su máximo órgano, pero también es cierto que es la primera vez que el Gobierno nombra a la mitad de ese máximo órgano. Confíemos en la cultura de independencia británica y que no ocurra, como en España, que el presidente llegue directamente desde la oficina de comunicación de un partido.

Financiación

Seguro que dentro de la BBC muchos han respirado al ver garantizado el sistema del canon por otros 11 años, con su cuantía actualizada a la inflación. Pero el Libro planta una peligrosa mina: la posibilidad de que los nuevos servicios fueran financiados por suscripción, lo que acabaría con el acceso gratuito a los contenidos, seña de identidad del servicio público. Además, el documento mantiene las carga financiera ya impuestas anteriormente por Cameron: la Corporación ha de correr con la exención del canon a los mayores de 75 años y con financiación del World Service, anteriormente a cargo del Foreign Office.

White Paper

Discurso de Lord Patten (antiguo presidente del Trust) en defensa de la BBC

Cataluña y el poder de secesión constitucional


No sé si la independencia de Cataluña que hoy de facto ha declarado el Parlamento de Barcelona podrá ser parada con métodos jurídicos, incluso con la puesta a las órdenes del Delegado del Gobierno de la policía catalana, en el marco de la suspensión de la autonomía. De lo que estoy seguro es que de ser así no harán sino aumentar los independentistas.

La resolución del Parlamento de Cataluña supone la apertura de un proceso constituyente, pero como todo proceso constituyente requiere de una nueva legitimidad, que en este caso una minoría (muy cualificada) quiere imponer a una mayoría de catalanes y al resto de los españoles. Habitualmente los procesos constituyentes siguen a las revoluciones; aquí el proceso es a la inversa, el proceso constituyente para seguir adelante tendrá que desembocar en un proceso revolucionario en el que a la coacción del Estado se responderá seguramente con una toma de control de los centros de poder por parte de las masas independentistas.

Puede que ya sea imposible una salida sensata, pero en todo caso ésta pasaría por reconocer un poder de secesión a las partes constitutivas del estado compuesto en un régimen federal. No se trata de reconocer un inexistente derecho a la autodeterminación ni articular su alternativa líquida, el derecho de decidir. Es simplemente buscar fórmulas para que las partes de un Estado pueda permanecer juntas conociendo en que condiciones se pueden separar.

Resulta aburrido recordar -todas las instancias internacionales lo han dicho- que el derecho de autodeterminación se refiere a aquellos territorios en manos de un poder colonial, o, que por extensión se encontraran en una situación de grave violación de los derechos fundamentales de cada ciudadano a su lengua, su cultura o  ser víctimas de un expolio económico. No creo que ningún observador externo entienda que esa es la situación de Cataluña.

Alternativo al derecho de autodeterminación se presenta el derecho a decidir, que se entiende como la imposición de una postura de una parte (decidida por mayoría) al todo. Se dice que si no se permite decidir sobre el futuro de un pueblo, y en cuanto ello supone una grave violación de los derechos fundamentales, la rebelión es legítima. El derecho a decidir -nos dicen- es la esencia de la democracia. Olvidan que la democracia es el gobierno de las mayoría en un marco de Estado de Derecho (imperio de la ley) que garantice los derechos fundamentales, la división de poderes y elecciones libres. Y con una Constitución que garantice que los pactos constitucionales en los que se asienta el Estado no son cambiados por una simple mayoría parlamentaria.

El sujeto de ese derecho a decidir es cada uno de los ciudadanos, no los pueblos, las naciones o los territorios. Los catalanes llevan ejerciendo ese derecho a decidir mediante multitud de elecciones generales, autonómicas y locales y de modo muy destacado a través de los referéndums sobre la Constitución y los dos sobre los Estatutos. Cierto es que resulta un disparate jurídico que una norma del bloque constitucional como es un estatuto pueda limitarse después de un referéndum ratificatorio por el Tribunal Constitucional; si acaso ese control debía de ser previo. En esa sentencia se encuentra la fuente de una buena parte de la desafección actual.

Creo que ninguna Constitución de un estado compuesto reconoce el derecho de autodeterminación de sus partes. Lo hacía la Constitución de la República Federativa yugoslava. Las distintas repúblicas lo ejercieron rompiendo Yugoslavia, pero el problema vino cuando las minorías de esos nuevos estados invocaron también la autodeterminación. El resultado es dolorosamente conocido. ¿Donde termina  ese supuesto derecho natural? ¿en la nación, en el pueblo, en la región, en la comarca, en el municipio, en el barrio, en el cantón?

En cambio, dos estados compuestos, Canadá y Reino Unido, han encontrado solución para el problema de que una parte significativa de la población no quiera vivir con el resto. En el Reino Unido (sin Constitución formal lo que simplifica las cosas) se logró por un pacto político. En Canadá, mediante la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de agosto de 1998, que en esencia falló que la provincia de Québec no tenía derecho a la secesión, pero que el gobierno central tendría que negociar con el de la provincia su separación si así lo manifestaran respondiendo a una pregunta clara una amplia mayoría de quebequenses.

Aquí estamos nosotros. El titular de la soberanía es el pueblo español, pero una parte significativa de catalanes quieren ejercer separadamente la soberanía. La solución es un estado federal que reconozca el poder de secesión a sus partes constitutivas.

¿Cómo conciliar la soberanía del pueblo español con la del pueblo de Cataluña? Con una reforma constitucional que en el marco de un estado federal reconozca la facultad de las partes de separarse. Si se sigue el proceso de reforma constitucional -aprobación por 2/3 de las cámaras, disolución, elección de Cortes Constituyentes y referéndum ratificatorio- los españoles pueden pronunciarse sobre ese ejercicio fraccionado de la soberanía nacional.

¿Qué requisitos debieran de reunirse para ejercer el poder de separación? Aprobación parlamentaria por mayoría de 2/3, sometimiento a referendum de la pregunta “¿quiere que su territorio sea independiente de España”, que debería de recibir la aprobación de al menos la mitad más uno del censo electoral y, en su caso, negociación entre el gobierno del territorio y del gobierno central en el marco de unas reglas previamente establecidas por la Constitución. En caso de no ser ratificada la secesión no podría plantearse de nuevo en los siguiente diez años.

En ese estado federal cada territorio podría declararse nación, región histórica, tribu o clan si así le place y se inscribe en el respectivo Estatuto. Una u otra identidad no supondría más poderes, beneficios o asimetrías. Todos sabemos que nuestro estado de las autonomías es materialmente un estado federal, pero que carece de mecanismos de cooperación y adolece de un deficiente reparto de competencias y un deficiente sistema de financiación. Que esa reforma constitucional convierta al Senado en cámara territorial, delimítense competencias y si es necesario incorpórese el principio de ordinalidad financiera. Pero no se olvide que los derecho son de los humanos no de entelequias históricas.

Me sorprende que ninguno de los partidos que habla de una reforma constitucional en profundidad se refiera al proceso tan exigente y complicado que requiere nuestra Constitución. Pero no hay otro camino. La disolución de las cámaras, la convocatoria de Cortes Constituyentes y el referendum final no sólo garantizan el imperio de la ley sino que permite dar voz a todos los españoles, titulares todos y cada uno de ellos de la soberanía nacional.

No soy tan ingenuo como para pensar que las élites catalanes que han propiciado la rebelión constitucional estén o hoy dispuestas a aceptar esta vía de solución del conflicto. Y de otro lado no veo líderes ni fuerzas políticas con las ideas suficientemente claras para, por ejemplo, jugarse una mayoría parlamentaria disolviendo las cámaras y convocando Cortes Constituyentes. Ni tengo claro que los españoles aprobaran en referéndum una Constitución que incluyera el poder de secesión. Quizá primero tenemos que precipitarnos por el precipicio. Estamos en la orilla.

Salvemos RTVE, queda poco tiempo


Asisto con dolor a un nuevo asalto contra la televisión pública.

Vuelve José Antonio Sánchez, condenado por la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical como máximo responsable de aquella TVE del Prestige, la huelga general, el Yak 42, las armas de destrucción masiva (aquel documental de Judit Miller emitido a toda prisa)… En una década su curriculum como gestor ha ganado brillo: ha despedido improcedentemente a prácticamente toda la plantilla de Telemadrid, pagado indemnizaciones a costa de los madrileños y externalizada la producción en favor de empresas amigas, él, trabajador en excedencia de Telefónica y colaborador del PP. No importa, algunos en el PP piensan que apretando los tornillos en TVE todavía se pueden ganar las elecciones ¿En que mundo viven? ¿No se han enterado todavía que la televisión ya no es omnipotente y que si lo fuera ellos ya se han encargado de reducirla a la irrelevancia?

Y Montoro anuncia que TVE ya no jugará en la liga de las privadas. Como he visto en algún tuit TVE tiene que jugar en la liga de la BBC (que no deja de tener también sus graves problemas). El asalto neoliberal es todavía más grave que el de la manipulación, aunque este justifica aquel. ¿En qué consiste el servicio público? ¿En lo que no resulta rentable para las privadas? Eso es lo que parece suguerir el ministro de Hacienda, que entre tanto mantiene el suspense de cómo evitará la quiebra de RTVE si es que sigue sin aflojar los 130 millones que le negó a González Echenique.

Orgullo porque una institución como el Consejo de Informativos, por la que tanto luchamos durante décadas, esté funcionando. El Consejo de Informativos no es un soviet, sino un órgano institucional de RTVE al que la ley confiere la defensa de la independencia profesional de los informadores y de la independencia editorial de TVE. Alejandro Caballero, su presidente, lo explica perfectamente en el vídeo que incrusto al final.

Pena por la escasa respuesta social. He abogado por el rescate ciudadano de RTVE, pero, pese a todo el esfuerzo de los trabajadores, no se ha logrado construir un movimiento, una “marea”, en favor de la radiotelevisión pública, en gran parte porque los nuevos movimientos sociales han nacido con una desconfianza genética hacia los medios de comunicación masivos (la hostilidad de los grupos multimedias oligopólicos viene de suyo).

Defiendo la rentabilidad económica y social de la radiotelevisión pública y su conversión en un servicio público multimedia, que ofrezca a todos contenidos gratuitos de calidad en todas las plataformas: un servicio público que mida su rentabilidad no por los beneficios o los índices de audiencia del prime time, sino por el servicio a los ciudadanos, medido por el alcance de sus contenidos y servicios en todas esas plataformas.

El Consejo de Informativos defendía ayer volver a un modelo de independencia informativa. La independencia se gana en el día a día, pero para ello es condición mínima contar con la independencia jurídica, esto es, volver, al menos a un Presidente que cuente con consenso parlamentario.

Creo que ese sistema debe revisarse, ampliando las entidades que puedan proponer candidatos a consejeros y presidente a organizaciones profesionales, sindicales y sociales y someter a los candidatos a un sistema de escrutinio riguroso para verificar sus méritos profesionales e independencia. Confiar la orientación estratégica y la supervisión al consejo de administración y a su presidente y entregar la gestión a un ejecutivo independiente elegido en concurso público. Y someter a referedum vinculante de los informadores el nombramiento del director de los Servicios Informativos.

Sí, la independencia es posible, el servicio público genuino esencial para la democracia también. Pero no sé si dentro de unos meses RTVE no será una ruina irrecuperable.

(En este blog he hablado mucho del servicio público de la radiotelevisión. Estas son las etiquetas para recuperar las entradas: servicio público, TVE, RTVE)

El valor económico y editorial de la radiotelevisión pública


Los servicios públicos multimedia ofrecen un valor económico y editorial que realzan su misión.

Las radiotelevisiones públicas europeas proveen contenido audiovisuales y mutimedia en competencia con operadores privados. Esta competencia (y la influencia que conlleva sobre la programación) debilita las misiones del servicio público (servicio al pluralismo y la diversidad, cohesión social, preservación de la cultura etc.). Cuando en España se procede a la destrucción de la radioteleviones autónomicas y RTVE, como otros servicios del sur y este de Europa, son objeto de injerencias gubernamentales, recojo aquí un conjunto de informaciones de las últimas semanas que aportan ejemplos (en positivo y negativo) de ese valor económico y editorial.

EL VALOR ECONÓMICO

En toda Europa los servicios públicos de radio y televisión son un actor de primera magnitud en la economía del conocimiento. No sólo por su propia dimensión empresarial sino como dinamizadores del sector creativo.

La BBC valora cada dos años su impacto ecónomico (PDF). La Corporación gasta los 4,3 millones de libras que recibe vía licencia y genera de esa forma un incremento del Producto Interior Bruto de 8,3 millones; esto es, por cada libra gastada se multiplica el PIB en casi por dos (factor multiplicador).

Este efecto cuantitativo es más fácil de medir que los efectos cualitativos. Los redactores del informe consideran que la BBC indluye positivamente sobre la economía británica mejorando el potencial productivo (estableciendo estándares, con formación de alta calidad), estimulando la demanda, fomentando las exportaciones y equilibrando el crecimiento sectorialmente y geográficamente.

Fuente: The economic value of the BBC: 2011/2012

Fuente: The economic value of the BBC: 2011/2012

En España, la mayor parte de esas funciones económicas las desarrolló históricamente RTVE y las autonómicas debieron de ejercer una función de reequilibrio geográfico. Desgraciadamente, han sido objeto de un expolio, que hará muy difícil su reconstrucción. Pero algún economista debiera de medir el decrecimiento del PIB regional que supondrá la desaparición de estos organismos. En cuanto a RTVE, tendría que recuperar su función de promoción tecnológica, impulso al cine y a la cultura, producciones propias de calidad. Con los recortes presupuestarios es difícil, pero posible con una reestructuración empresarial orientada en este sentido.

Y como no hay mal que por bien no venga, el gobierno portugués de Pasos Cohello no ha tenido más remedio que suspender la privatización de la RTP, porque “la situación de los mercados no es favorable”. Pretenden despedir a 600 trabajadores de 2600, pero siempre será mejor que la desaparición del medio público.

 

EL VALOR EDITORIAL

Hace unas semanas la Unión Europea de Radiodifusión (UER-EBU), la organización que agrupa a los operadores públicos europeos, aprobó una declaración de principios editoriales, que todos sus miembros dicen compartir:

  • Universalidad
  • Independencia
  • Excelencia
  • Diversidad
  • Rendición de cuentas
  • Innovación

Ciertamente, la cosa puede quedarse en los grandes principios, pero la propia UER remite a los códigos editoriales de sus miembros. Hay una gran diversidad en estos códigos: de la declaración de principios a los códigos éticos e instituciones de autocontrol. Pero en cualquier caso suponen compromisos públicos, cuyo cumplimiento puede ser evaluado.

La independencia no depende sólo de las instituciones, sino de la propia cultura democrática del país. Así, Italia y España han tenido el dudoso honor de recibir una mención de censura junto con Serbia, Hungría, Rumanía y Ucrania en la resolución 1920 (2013) de la Asamblea del Consejo de Europa:

” 19. A pesar de la proliferación de medios digitales, las radiotelevisiones públicas siguen siendo la principal fuente de información en Europa. La Asamblea recibe con preocupación los recientes informes sobre presiones políticas en las rtv públicas de Hungría, Italia, Rumanía, Serbia, España y Ucrania, e invita a la Unión de rtv públicas europeas (EBU) a cooperar con el Consejo de Europa en este sentido. Recuerda a los Estados miembros la Resolución 1636 (2008), párrafos 8.20 y 8.21 sobre los indicadores de los medios de comunicación en democracia: las radiotelevisiones públicas deben proteger contra interferencias políticas en su quehacer diario y su trabajo editorial, se deben rechazar posiciones que claramente son de tendencia a una afiliación política, las radiotelevisiones públicas deben contar con códigos de conducta para el trabajo de los periodistas y la independencia editorial“.

Una vez que los medios españoles se han hecho eco de la resolución, RTVE ha respondido con una nota de prensa en la que alega que su actuación está sometida a esos códigos de conducta, aludidos por el Consejo de Europa. No le falta razón, pero esa es sólo una parte de la realidad, pues como bien recuerda el Consejo de Informativos de TVE, tales injerencias han sido denunciadas por este órgano profesional, sin que se hayan tomado medidas para evitar estos atentados contra la independencia profesional.

Las recientes elecciones a los consejos de informativos de RTVE se ha desarrollado con más alta partipación, a pesar de los intentos de la Dirección de hinchar el censo para desligitimar el proceso con una menor participación. Es un buen síntoma, porque indica que los profesionales de la radiotelevisión pública se toman en serio este órgano de garantía de la independencia.

En definitiva, atentados a la independencia “haberlo, haylos”, pero también existen principios para contrastarlos y en el caso de RTVE instituciones para denunciarlos.

¿Cómo se garantiza la independencia profesional en las radios y televisiones privadas?

Julio Somoano no es idóneo para dirigir los Servicios Informativos de TVE


El Consejo de Informativos de TVE ha considerado que Julio Somoano no es idóneo para dirigir los Servicios Informativos. Aunque de acuerdo con el art. 52 del Estatuto de Información de RTVE esta opinión no es vinculante, el Presidente de la Corporación, González Echenique debiera tomarla en cuenta y proceder a proponer a otro profesional con más acreditadas credenciales de independencia.

PROCESO Y REFERENDUM

El Estatuto de Informativos de RTVE (que tiene su causa en la Ley 17/2006, constituye un pacto entre RTVE y sus informadores y es una norma interna de la Corporación) establece que el Director de la Sociedad (en este caso lo ha hecho el Consejo de Administración) comunique al respectivo Consejo de Informativos la propuesta de Director de los Servicios Informativos. El Consejo de Informativos tiene que dar un informe no vinculante, para lo cual en el plazo de una semana puede convocar un referendum entre los profesionales de la información.El propuesto puede hacer pública una declaración con las líneas informativas y organizativas de su proyecto.

Ha sido la primera ocasión en que estas normas se han aplicado. Tiene razón el Consejo de Informativos al considerar el proceso histórico, pero la participación en el referendum ha sido decepcionante: no han llegado a un 30% los que han votado y de los que lo han hecho casi un 21 han votado en blanco.

Dos razones evidentes pueden ser el desinterés y el miedo. Miedo a que la Dirección pueda acceder al registro de votos emitidos mediante una aplicación en la intranet de RTVE. Quizá para otra ocasión el Consejo de Informativos debiera de dar garantías explícitas del cáracter secreto del voto*. El desinterés puede tener distintas causas: falta de compromiso ante una votación no vinculante; pasotismo porque “todos son iguales”. Hay un hecho sobre el deber reflexionarse. Los llamados a votar eran los reconocidos como profesionales de la información, es decir, aquellos trabajadores de los Servicios Informativos cuya labor redunda en los contenidos informativos. Quizá el censo pudiera incluir a profesionales no comprometidos con el proceso informativo.

En cualquier caso hay que reconocerlo: la baja participación ha debilitado este proceso de control interno. Un mal resultado que no augura nada bueno para el futuro de una Redacción temerosa o indiferentes de su independencia.

FALTA DE IDONEIDAD DE SOMOANO

El Director de los Servicios Informativos debe ser un profesional reconocido prestigio, experiencia periodística acreditada y conocimiento del medio. (art. 35 del Estatuto). Y, además de facilitar a la sociedad una información de relevancia pública con veracidad, objetividad, imparcialidad y respetuoso de los principios deontológicos, debe defender la indepencia de los profesionales (art 37). En resumen, debe ser un informador cualificado, con una trayectoria de independencia y servicio público.

Somoano tienen una cualificacion suficiente, pero, desde luego, no puede decirse que sea un profesional de reconocido prestigio, sino por el contrario presenta una trayectoria controvertida.

Su relación con RTVE ha sido polémica. Se presenta a unas oposiciones a redactor de Radio Exterior que requerían bilingüismo en inglés. Las gana y se cuestiona que sea bilingüe, pero no ocupa la plaza y con sólo 26 años y ninguna experiencia es nombrado editor de España a las ocho, el informativo estrella de la cadena, que dirige durante dos años. Pide la excedencia, y vulnerando sus condiciones que exigen no trabajar para otra radio o televisión, pasa a presentar un informativo en Telemadrid. (CCOO ha recuperado las denuncias de aquella época).

Vinculación con el PP. Se ha citado mucho estos días un trabajo académico en el que se diseñaba una campaña de comunicación para que el PP ganara las elecciones de 2008. El autor ha dicho que lo mismo podría haberla hecho de ERC ¡Pero la hizo “para” el PP! En el trabajo hay consideraciones inquietantes sobre la necesidad de inyectar ideología en las series de ficción. Ha sido, además, una de las figuras destacadas de la etapa más negra y sectaria de los informativos de Telemadrid manejado por un grupo que se autodenomina “el lado oscuro”. Y para colmo, a estas alturas todavía no sabe queienes fueron los autores de los atentados del 11-M.

Renuncia a la declaración de líneas informativas y organizativas. El Estatuto de Información deja en manos del propuesto hacer esta declaración, pero está claro que no hacerla es una declaración implícita: “soy nombrado porque tiene el poder y no tengo porque dar explicaciones a mis subordinados”.

Así lo ha entendido el 70% de los votantes en el referedum: sólo 38 profesionales han aprobado su nombramiento.

TESTS INMEDIATOS

Si G. Echenique ratifica a Somoano, habrá que estar muy atentos en las próximas semana a unas cuantas “pruebas del algodón” para saber si los informativos de TVE se convierten en un terminal de la política del PP.

Contrataciones. No es en principio cuestionable que un director de informativos pueda venir de fuera de RTVE. Incluso algún fichaje externo puede dinamizar la Redacción. Pero nunca una política de contrataciones sistemática para todos los puestos claves. Así se hizo primero en la televisión valenciana y luego en Telemadrid, y no sólo contratando responsables editoriales, sino una redacción paralela, dejando sin cometido a los anteriores informadores. En la presente situación económica un solo contrato externo ya es cuestionable.

Eufemismos. Si dejamos de oir “recortes” y en su lugar nos empachos de “reformas”; si el “rescate” ya es sólo una “línea de crédito”… será un signo claro de que la política informativa del PP está funcionando.

Ocultación de informaciones polémicas. Si no se habla de la filtración del ERE o se cantan las excelencias del copago o Eurovegas, el PP estará en acción. Es cierto que nunca los informativos de TVE se han caracterizado por una información incisiva de los casos de corrupción de los partidos, de todos los partidos, pero en la etapa anterior no ha habido ocultación.

Editor y presentador del TD2. Si Somoano, siguiendo la estela de Urdaci, presenta y dirige el TD2 será un mal síntoma. La función de director de los Servicios Informativos de TVE requiere dedicación exclusiva. Su director debe fijar las líneas informativas y controlar su cumplimiento, pero no hacer información, pues, sin ningún control superior corre el riesgo de supeditar el telediario a sus opiniones o lucimiento.

MORALEJA FINAL: “Y vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos” (o indiferentes)

*RECTIFICACIÓN. El Consejo de Informativos me indica que si se dieron esas garantías. Se utilizaron dos bases de datos no conectadas e imposibles de cruzar, una con el censo y otra con los votos, sin que nadie de Recursos Humanos tuviera acceso a los datos. Por tanto, puesto que estas garantías eran conocidas por los votantes, o los profesionales temen las facultades de adivinación del director propuesto o, simplemente, pasan.

Requiem por la independencia de RTVE


El viernes por la tarde participé, desde la indignación, en el debate que se suscitó en Twitter (@rafaeldiazarias) sobre el decretazo que entrega de nuevo al gobierno el control de RTVE. Ahora añado algunas breves reflexiones a la vista del Decreto Ley (pdf).

CONTROL GUBERNAMENTAL

Pasar de una mayoría cualificada de 2/3 a la mayoría absoluta parlamentaria para elegir a los consejeros y al presidente de RTVE es entregar su nombramiento al gobierno. Volvemos en la práctica (no formalmante) al sistema del Estatuto de 1980, que tan nefastos efectos tuvo tanto para el servicio público audiovisual como para el país en su conjunto.

El Decreto-mantiene la pamema de una primera votación para la que se requiere una mayoría de 2/3, que de obtenerse dará lugar a elección por mayoría absoluta en una nueva votación a celebrar en 24 horas. Hay que decir que esta mala idea ya estaba en una disposición transitoria de la Ley de 2006 (pdf), pero sólo para la primera elección. El consenso entre los dos grandes partidos hizo innecesaria su aplicación.

Los consejeros son propuestos por los grupos parlamentarios, pero con este sistema muy bien podría resultar que todos los fueran a propuesta del partido gubernamental, que (como ahora) tiene mayoría absoluta, o cuenta con algún pequeño grupo parlamentario para obtenerla.

Se mantiene el mandato de seis años, que en un sistema de consenso parlamentario es una medida que refuerza la independencia de presidente y consejeros, pero que con el nuevo sistema significa con un gobierno impone a su sucesor los órganos de administración y dirección de RTVE.

El nuevo sistema refuerza el papel del Senado, pues si antes la cámara alta elegía 4 de 12 consejeros, ahora decide sobre 4 de 9. No olvidemos que el PP siempre obtiene en el Senado una representación mayor que en el Congreso.

TODO EL PODER PARA EL PRESIDENTE

El Decreto Ley elimina la dedicación exclusiva y la remuneración de altos cargos a los consejeros de administración, manteniendo sólo la incompatibilidades del derecho mercantil y el cobreo de dietas por asistencia a los consejos. No hay que ser muy avezado para pensar que el Consejo de Administración, aunque formalmente mantenga sus importantes competencias, va a ejercer en la práctica muy poco control sobre el nuevo presidente.

Esta medida, junto con la reducción del número de consejeros, se justifica demagógicamente en la necesidad de austeridad.

Se mantienen los requisitos de cualificación y experiencia profesional y hasta la responsabilidad patrimonial, lo que resulta poco coherente con consejeros que van a dedicarse a otras actividades y que incluso podrán sumar consejos de adminstración de empresas públicas o privadas.

Roto el consenso con el PSOE ¿a quién nombrará el gobierno de Rajoy? Descartados otros nombres excesivamente sectarios, se reafirma el de Luis Blasco, de Telefónica Argentina. Un presidente del PP y de Telefónica ¿Control político para el PP? ¿Control empresarial para Telefónica?

Me ocupé en otra entrada del perfil que juzgo necesario para el presidente de la Corporación. Añadiré una reciente declaración de Lord Patten, presidente del Trust de la BBC. El Director General de la BBC debería de tener la sabiduría de Aristóteles y la fuerza del futbolista de Wayne Roonie. Pues eso…

CASTIGO A LOS SINDICATOS

El decretazo elimina que dos consejeros lo sean a propuesta de los sindicatos mayoritarios. Como premio de consolación añade un solo miembro designado p0r los sindicatos al Consejo Asesor, de muy limitadas competencias.

En la Exposición de Motivos, confundiendo los términos, se dice que los trabajadores ya están representados en el Comité de Empresa. Nada tiene que ver la representación y defensa de los derechos laborales con la gestión de la Corporación. Este origen sindical estaba destinado a aumentar el pluralismo interno de gestión, en la línea de su presencia en los consejos de administración de otras empresas públicas y apuntando tímidamente al modelo de cogestión de las empresas alemanas.

¿ES NECESARIO UN CAMBIO RADICAL DE MODELO DE GESTIÓN?

El consenso de los dos grandes partidos para la designación de los altos cargos institucionales del país se muestra imposible. Malo era el sistema de cuotas, pero peor es esta irresponsabilidad que pone en crisis todo el estado de derecho.

La solución para el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial o el Tribunal de Cuentas tiene que ser institucional y política, pero en el caso de RTVE podría ser más empresarial.

El sistema actual traslada a una empresa pública el modelo de una sociedad mercantil, eligiendo tanto al máximo ejecutivo como a su consejo de administración con criterios políticos. Una alternativa sería un presidente poderoso, con las competencias actuales y otras ejecutivas que ahora están en el consejo. Un presidente poderoso, del que dependiera la dirección y gestión. Pero un presidente profesional e independiente. Un presidente no nombrado parlamentariamente, sino por el consejo de administración, mediante un concurso público de méritos, algo que ya se está haciendo por ejemplo en instituciones como el Museo Reina Sofía.

EL DESCRÉDITO DE RTVE

El servicio público sin independencia no es nada más que un órgano de propaganda. Pero no nos adelatemos. El resto de la Ley de 2006 sigue en vigor y los consejos de informativos tienen ahora una tarea decisiva: no sólo informar el nombramiento de los nuevos directores de informativos, sino luchar día a día por la independencia.

Los recortes están ya reduciendo la audiencia. Pero hay algunos hechos significativos. Por ejemplo, las películas clásicas de los jueves están obteniendo una más que digna audiencia, venciendo a espacios de televisión basura. ¿Hay un cambio de tendencia en el público?

El actual aprecio de RTVE ha costado mucho construirlo. Les toca ahora a los profesionales defenderlo. Y al público exigírselo.

(Otras entradas en la cateogría RTVE)

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