Ofensiva contra los medios públicos


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Si los suizos deciden el domingo eliminar el canon (billag) la rtv pública desaparecerá de Suiza

Este domingo 4 de marzo los suizos deciden en referendum si eliminan el canon con el que se financia la SRG-SSR, la radiotelevisión pública. Si la iniciativa impulsada por el ultraconservador Partido Popular (SVP-UDC) prospera será la muerte del servicio público en Suiza y un golpe mortal para sistema de financiación por canon, que está en el núcleo de la radiotelevisión pública en Europa.

La ofensiva contra los medios públicos se recrudece conforme el fascismo 3.0 gana posiciones en Europa. Si la manipulación y el control gubernamental es una especie de maldición en la Europa del sur, ahora los servicios públicos del centro y norte de Europa ven en peligro su independencia y su estabilidad financiera. Se borran las fronteras en los modelos de Hallin y Mancini: el modelo noreuropeo (corportivista democrático) cada vez se parece más al mediteráneo (pluralista polarizado).

Allí donde llega al poder la extrema derecha, o los partidos conservadores abrazan las tesis xenófobas, la radiotelevisión pública se ve atacada. Se acusa a los periodistas de los medios públicos de ser de izquierdas y a las empresas de ser demasiado grandes (después de décadas de adelgazamiento financiero y organizativo), ser un peligro para la libre competencia y, sobre todo, obligar a la gente a pagar por algo que pueden no querer consumir.

Los ataques se concretan en:

  • Críticas, tanto generales a la insitutión como presiones muy concretas a determinados periodistas o responsables editoriales, amenaza y presentación de querellas por parte de políticos y ministros (Austria);
  • Cambios en los órganos de gobierno, órdenes de tratamiento informativo favorable, autocensura y dimisiones (Finlandia);
  • Reducción presupuestaria prácticamente en toda Europa;
  • Medidas para eliminar el canon y, consiguientemente, la financiación pública (Suiza);
  • Control absoluto de los medios públicos y oligopolio de medios privados controlados por los amigos del gobierno (Hungría, Polonia).

Suiza

El servicio público se encomienda en Suiza a una sociedad anónima la SRG-SSR, que se financia con un canon recaudado por otra sociedad anónima, Billag S.A, de ahí que populamente se conzca el canon como billag.  Tradicionalmente, el hecho imponible era la posesión de aparatos de radio y/o televisión, con una modalidad conjunta prácticamente universal. Las últimas reformas obligan al pago a todos los hogares, empresas y establecimientos (con las lógicas exenciones).

El monto está en los 450 francos anuales (unos 390 €). Las propuestas parlamentarias de la derecha para reducir el canon a la mitad han fracasado y de ahí la iniciativa que se pone a referendum para la eliminación de la licencia. Otro referendum anterior no lo consiguió por unos pocos votos, así que el resultado del domingo es incierto, con los cantones francofónos partidarios de mantener el canon y los alemanes de eliminarlo.

Para la derecha, la SRG-SSR ha sido incapaz de autolimitarse y, por tanto, solo cabe su destrucción. La iniciativa considera abusivo obligar a pagar por un producto cultural que no se haya elegido. A favor del canon, voces como la de este economista que recuerda que el servicio público es un espacio común, que produce unas externalidades (económicas, pero sobre todo culturales, sociales y políticas) que deben ser financiadas por todos, aun por los no consumidores.

Si el canon se aboliera Suiza sería el primer país europeo fetén (modelo democrático corporativista) en eliminar el servicio público. El conservador griego Samaras cerró la ERT en 2012 y Tsipras la reecuperó en 2015, pero ya se sabe, los manipuladores mediterráneos (modelo pluralista polarizado) somos menos importantes en eso de los rankings democráticos. Además, Ginebra es la sede de la UER-EBU, así que el organismo que agrupa a las radiotelevisiones públicas europeas podría residir en un país sin servicio público.

Del caso suizo se pueden extraer algunas lecciones sobre el canon:

  • Una empresa privada recaudadora puede ser muy eficaz, pero desde luego hace que la financiación del servicio público se vea como un negocio para la misma (los recaudadores privados, empezando por los publicanos, nunca han sido muy populares).
  • El hecho imponible no puede seguir siendo la posesión de aparatos, que deja fuera todo el consumo digital. Un impuesto directo a los hogares es más lógico, pero tampoco será muy popular. En Europa se ensayan también sistemas como el recargo en el recibo de la luz.
  • El sistema más justo parece un tipo progresivo (creciente según el nivel de renta) a integrar en el impuesto sobre la renta.

Por último, comparar esos casi 400 € de Suiza con los 39 € anuales que les cuesta a los españoles RTVE y los canales autonómicos.

PS. Los suizos rechazaron la iniciativa por un 71,6%. En el resultado fueron decisivas las campañas del gobierno y de los medios locales (también beneficiados por el canon), que lograron contrarrestar una previa tendencia a la abolición.

Finlandia

En Finlandia, que tantas veces se pone de ejemplo en materias como la educación, también se ha cuestionado la independencia de la radiotelevisión pública.

YLE recibió presiones del primer ministro conservador Sipila, en relación a un escándalo en el que se vio implicado. Spila envió un email a un reportero y al editor jefe quejándose del tratamiento informativo recibido. “No tengo ningún respeto a YLE, el mismo que YLE me tiene a mi” -escribió.

Como consecuencia, hubo autocensura y tres periodistas abandonaron YLE. El caso se convirtió en el YLEGate, radiografiado por los periodistas disidentes en un libro. Un informe independiente ha concluido que la radiotelevisión pública dio un tratamiento favorable al primer ministro y que la empresa reaccionó arrogantemente a la llamada de atención del regulador finlandés, pero que, con todo, el proceso editorial garantiza la independencia.

Austria

La ultraderecha del Partido Liberal, ahora en el gobierno, ha declarado la guerra a la ORF. El videcanciller Strache usa la misma táctica de Trump, acusa la radiotelevisión pública de propagar “falsas noticias”. Su principal objetivo es el presentador Amin Wolf, un entrevistador incisivo. Lo más grave es que el gobierno de coalición del Partido Popular y los liberales tiene ahora mayoría suficiente en el Consejo de la ORF (modelo como el alemán de un consejo parlamentario con representantes de los partidos y de la sociedad) para destituir al Director General.

Hungría y Polonia

En Hungría Orban controla todos los medios, los públicos y los privados. Destruyó primero la anterior MTV (varios periodistas estuvieron en huelga de hambre) y construyó una nueva corporación, MTVA, con absoluto control gubernamental. Al mismo tiempo, ha favorecido el oligopoplio de los medios privados, en manos de magnates amigos (como Putin en Rusia).

En Polonia, el gobierno conservador del PIS no tiene un control institucional tan absoluto de la RTP, pero sus periodistas son hostigados continuamente, en la calle y en las redes sociales, haciendo cada día más difícil su independencia.

Estas democracias iliberales -como algunos las llaman, yo dudo de que sean democracias- no entran en los modelos de Hallin y Mancini (su libro es de 2004), pero lo grave es que ahora son el ejemplo que parece estar siguiéndose en Austria.

Estados Unidos

Poco tiene que ver el sistema norteamericano con el europeo. Los medios públicos (PBS y NPR) se financian preferentemente mediante las subvenciones de fundaciones privadas, pero la aportación pública del presupuesto federal es decisiva en el balance final.

Trump ha propuesto un recorte de 480 millones de dólares, que la presidenta de la CPB (que agrupa PBS y NPR) asegura que no hay modo de cubrir ese agujero. Los recortes pueden eliminar populares programas infantiles. Un niño se convirtió en una celebridad cuando dijo en la televisión que Trump quería quitar PBS Kids para construir el muro con México.

España

Y, finalmente, last but no least, España. De censura, autocensura, manipulación lo sabemos todo, así que el caso finlandés se nos parece, pero con una diferencia importantísima, allí hay un regulador independiente. El caso es que el poder legislativo se muestra incapaz de hacer efectiva su propia ley, mientras el Sánchez se permite burlarse de los diputados -“voy a estar más que Matusalén”.

En la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, otrora ejemplo de independencia, JxCat y ERC se reparten los cromos sin ningún pudor, para ti la corporación, para mi informativos. para ti la radio, para mi la televisión. El Consejo Profesional denuncia este vergonzoso mercadeo, triste copia de la vieja lottizzazione italiana. Al menos el reparto partidista de la RAI suponía un cierto pluralismo ideológico, lo de radiotelevisión catalana es mera rebatiña entre dos aliados que desconfían uno de otro.

En fin, malos tiempos para los servicios públicos audiovisuales. Malos tiempo para la democracia.

(DESCARGA DEL LIBRO DE HALLIN Y MANCINI)

 

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No se puede (ni se debe) intervenir TV3


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La aplicación del art. 155 de la CE para intervenir la autonomía de Cataluña es un fracaso colectivo del que España tardará muchos años en recuperarse. Se sabe como se entra (a veces me parece que ni siquiera eso), pero no se sabe como se sale.

Entre las medidas anunciadas, la posible intervención de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales  (CCMA) ha generado una condena casi generalizada entre periodistas y organizaciones sindicales de Cataluña y el resto de España.

El argumento más repetido es que sería como poner a la zorra a cuidar el gallinero: el gobierno Rajoy ha hecho un uso partidista de RTVE, como acreditan las reiteradas y documentadas denuncias de los consejos de Informativo de la Corporación. Pero prácticamente nadie ha recurrido a argumentos jurídico, que en este caso son esenciales.

 

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Extracto de la nota de prensa del Consejo de Ministros que decide activar el art. 155 CE

 

La Generalitat no puede intervenir la CCMA y, por tanto, tampoco el Gobierno

Como estuve tuiteando a lo largo del fin de semana, intervenir la CCMA no sería reestablecer la legalidad (uno de los objetivos que el acuerdo del Consejo de Ministros invoca para la activación del art. 155) sino vulnerarla. Parte  del ordenamiento jurídico son las leyes catalanas que encomiendan el servicio público audiovisual a la CCMA y establecen su autonomía funcional, sin que el Govern de la Generalitat, cuyas competencias vendría a asumir el Gobierno de España, tenga ninguna capacidad de intervenir su funcionamiento.

En la nota de prensa del Consejo de Ministros, cuyo extracto se recoge más arriba, se invocan las facultades de la Generalitat para garantizar la transmisión de información objetiva, veraz, plural, así como el conocimiento de los valores y principios constitucionales y estatutarios, citando dos (entre dieciséis) de las misiones  específicas de servicio público que el art. 26 de Ley 22/2005 de la comunicación audiovisual de Cataluña   impone a la CCMA, como prestador del servicio de gestión directa de la Generalitat. Ni este artículo ni ningún otro de la Ley 22/2005 reserva a la Generalitad competencia alguna de control o intervención sobre la CCMA. Muy al contrario, el art. 29 1 a) afirma expresamente su autonomía con relación al Govern en la gestión directa y ordinario del servicio público.

El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), órgano regulador de la comunicación audiovisual en la Comunidad Autónoma (L. 11/2007, art. 113) no tiene competencias ejecutivas sobre la CCMA (sí sobre los operadores privados), pero puede -y lo hace- emitir dictámenes sobre su cumplimiento de las obligaciones de servicio público.

La Ley 11/2007 de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (texto consolidado después de la reforma de 2012) adscribe a la Corporación al departamento de la Generalitat competente en materia audiovisual, para consagrar a continuación su independencia funcional (art. 3, puntos 2 y 3).

La gestión y dirección queda a cargo de un Consejo de Gobierno de 6 miembros, nombrados por un plazo de seis años por el Parlament,  que también elige entre ellos al Presidente. Ni uno ni otros pueden ser destituidos por el Govern y solo cesan por causas tasadas (inhabilitación, incompatibilidad sobrevenida, condena por delitos dolosos, art. 9.4).

En resumen, ni la Generalitat ni el Gobierno pueden nombrar ni cesar a los consejeros o al presidente, ni pueden darles instrucciones en la gestión del servicio público.

El art. 155 CE permite al Gobierno adoptar medidas para que el ejecutivo de la Comunidad Autónoma que incumpla la Constitución, las leyes o atente al interés general de España cumpla sus obligaciones. Su aplicación no puede dar cobertura a una vulneración de la leyes autonómicas legítimamente promulgadas que no sean contrarias a la Constitución, como es el caso. Otra cosa es dejar en suspenso el Estado de derecho.

No se olvide, además, que el servicio público se fundamenta en el acceso universal como vía para el ejercicio del derecho ciudadano a la información. Además, de modo directo se vería afectada la independencia y el derecho a informar de sus profesionales. La intervención de TV3 nos pondría al mismo nivel que la Hungría de Orban o la Polonia de Kaczyński.

La traición al servicio público

Entonces, ¿es independiente de hecho del Govern la CCMA? No, no lo es, como no lo es, RTVE. En ambos casos, sus consejos y presidentes son elegidos, de hecho, por sus respectivos gobiernos. En virtud de sendas reformas de 2012, en las que el PP y CiU se apoyaron mutuamente, los gestores se eligen por mayoría de 2/3, que de no alcanzarse se convierte en mayoría absoluta, lo que pone su nombramiento en manos de los respectivos gobiernos. La gubernamentalización ha redundado en manipulación, pérdida de audiencias y descrédito informativo. TVE y TV3 son -en expresión del profesor Bustamante- dos caras simétricas y deformadas del conflicto.

No sigo ni la televisión ni la radio pública catalana, por eso no puedo juzgar si son plenamente ciertas las denuncias de adoctrinamiento. La historia de TV3 hasta 2012 es de una relativa imparcialidad política institucional, mayor que la de TVE, salvo en el corto periodo 2006-2011.

En este momento, ambas radiotelevisiones públicas son claramente dependientes de la política informatica de sus gobiernos. En el caso de TVE las manipulacions son tan burdas que hasta el espectador más desapercibido las nota.

En TV3, dando por buenos los múltiples relatos y descripciones sobre sus informativos y programas, creo que la clave reside en que ha venido dando al procès el tratamiento de lo que Dayan y Katz llamaron “acontecimiento mediático de conquista”, es decir la dramatización de una iniciativa política que pretende unir a la audiencia a su alrededor. Si en el análisis clásico de Dayan y Katz, estos acontecimientos mediáticos eran dirigidos por un personaje carismático, aquí el protagonista ha sido el poble de Catalunya.

Desde esta perspectiva, todo vale, ya no estamos ante manipulación sino ante mecanismos de agit-prop. En esta situación, poco valor tienen los análisis de contenidos como el del CAC, que valora el pluralismo (mayor en TV3 que en TVE) por las fuentes utilizadas. Cuando se construye la república independiente todo vale.

Tratamiento semejante al que puede dar TVE a la Fiesta Nacional, a la boda real (acontecimiento de celebración) o a la victoria de la selección nacional (acontecimiento de competición). Da igual que haya voces discrepantes, lo que cuenta es el tono general apoteósico y de “unidad nacional”.

¡Ojo! No es que TV3 formatee la conciencia de los catalanes, es que expresa la división de la sociedad: la televisión pública aglutina a los más catalonaparlantes, independentistas y  votantes de Junts pel Sí y la CUP.

Todo esto no se soluciona poniendo a la CCMA a las órdenes de La Moncloa, muy al contrario: intentar que TV3 sea un clon de TVE es imposible y solo dará más argumentos al independentismo.

Lo terrible de todo esto es que redundará aún más en la deslegitimación del servicio público.

 

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