El futuro de la radiotelevisión pública a debate


Nunca la credibilidad de la radiotelevisión pública ha sido tan baja (véase, por ejemplo, el informe del IPI) y su peso social tan pequeño. Nunca el duopolio de dos grupos multimedia (Atresmedia y Mediaset) había sido tan absoluto.

La regeneración de un sistema público de comunicación es vital para una democracia real.

Telededotos, un grupo de estudios de académicos y profesionales, ha realizado una propuesta completa en la que he participado. Sus líneas básicas son independencia profesional, transparencia, participación social y conversión de la radiotelevisión pñublica en un servicio multimedia.

Teledetodos ha presentado este informe, que pretende de alguna manera reeditar el “informe de los sabios” de 2004, en distintos foros. Creíamos que nuestra obligación era también promover un debate con los partidos políticos sobre sus programas en esta materia. Gracias a la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III y a Infolibre y su director Jesús Maraña ayer se celebró este debate.

Vamos a vivir una campaña electoral con muchos debates en múltiples formatos. Pero los debates de los líderes se centrarán en las grandes cuestiones generales (economía, paro, corrupción, reforma constitucional, Cataluña, terrorismo yihadista) quedando fuera los programas sectoriales. El conocimiento de los programas es un elemento de esclareciemiento para el electorado. Y además se pueden concretar compromisos para que luego puedan ser exigidos a los gobiernos.

El debate

El programa (tres párrafos) más creíble es el del PP porque promete seguir haciendo lo que ha hecho durante esta legislatura a nivel nacional y en las autonomías en las que ha gobernado: hace irrelevantes las radiotelevisiones públicas y externalizar sus servicios.

La representante popular en el debate, Isabel Díaz Ayuso (coreada por un grupo de Nueva Generaciones) no quiso comprometerse con ninguna de las medidas debatidas, porque todo dependerá -dijo- del mapa resultante del 20D. Eso sí, negó la manipulación e intento restar legitimidad al Consejo de Informativos de TVE, “porque no representa más que a 700  trabajadores y con su composición sólo va a criticarnos a nosotros”. Olvida que el Consejo representa a los profesionales implicados directamente en la elaboración de información periodística y que es elegido mediante candidaturas uninominales, con un sistema que permite la presencia de candidatos minoritarios (se vota a 6 sobre un total de 11) y que garantiza que el pluralismo interno se manifieste.

El PSOE prácticamente propone volver a la situación anterior a las contrarreformas del PP. La única novedad es establecer un sistema de indicadores cualitativos y cuantitativos que permita evaluar periódicamente el grado de pluralismo de los contenidos. En el debate estuvo Óscar López, peso pesado socialista y en la cocina legislativa de las regulaciones de la etapa Zapatero. Defendió que la retirada de la publicidad permitió a RTVE salvar la crisis, sin una caída abrupta de ingresos y defendió una financiación 50% vía presupuesto, 50% otros ingresos (tasas, patrocinio, comercialización). Ni una palabra sobre revisar la Ley General de la Comunicación Audiovisual e introducir medidas anticoncentración más rigurosas.

UPyD no tiene publicado un programa específico. Las intervenciones de su representante Julio Lleonart fueron en general de sentido común. Aseguró que cuando Rosa Díez pedía el cierre de las televisiones autonómicas se refería a terminar con el despilfarro y la manipulación.

El programas de Ciudadanos se limita a mediadas de racionalización de la gestión de RTVE. Su representante, Marta Rivera, demostró poseer información interna que utilizó para poner ejemplos de mala gestión.

Unidad Popular (IU) ha desarrollado un programa extenso que contempla un reparto equitativo del espectro radioeléctrico, la democratización de los medios públicos (con medidas en la línea de las propuestas por Teledetodos, por ejemplo, consejos sociales, acción directa ciudadana), independencia de los contenidos y neutralidad de Internet. Sol Sánchez reiteró esta propuestas en sus términos generales.

Podemos también tiene un extenso programa en materia de comunicación pública: revisar  el reparto del espacio radioeléctrico para dar más oportunidades a los medios comunitarios, crear sendos canales de radio y televisión alimentados por los medios comunitarios, desgubernamentalización de los medios públicos. Su representante, Miguel Álvarez insistió sobre todo en las posibilidades para la participación social.

Acuerdos, discrepancias e indefiniciones

En la línea del Manifiesto promovido por los consejos de informativos de RTVE, todos los partidos, menos el PP, se comprometen a elegir al Presidente de la Corporación por mayoría de 2/3. Si toda la legislación quedara como está, este sería un paso imprescindible. Pero hoy la reforma tiene que ser más profunda.

Teledetodos propone distinguir entre el Presidente del Consejo de Administración y un Director General, máximo ejecutivo, elegido por concurso público previo presentación de un plan estratégico. Unidad Popular lleva esta misma propuesta en el programa. En el programa de C’s se aboga por elegir el Presiente por concurso. En el debate todos (menos el PP) se manifestaron partidarios del concurso público, pero no se distinguió claramente entre Presidente y Director General.

Teledetodos cree que el Consejo de Administración es el garante de la misión de servicio público, pero no debe entrar en la gestión cotidiana, que confía a un Director General. Tanto en el Estatuto de 1980 como en la Ley de 2006 el Director General, primero, y el Presidente, después, lo eran todo, tenían la legitimidad de la mayoría parlamentaria-gubernamental y quedaban de hecho fuera del control del Consejo de Administración.

También confusión sobre la participación social. C’s, Podemos, UPyD y Unidad Popular se mostraron a favor de la presencia de la sociedad en los órganos de gestión. Mientras que Podemos y Unidad Popular están en la línea de un Consejo Social propuesto por Teledetodos como representante de la sociedad organizada y garante del derecho de acceso, parece que C’s es proclive a alguna forma de elección del Consejo de Administración con participación social. El PSOE mantiene una elección parlamentaria con mayoría cualificada y el PP prefiere no pronunciarse.

Todos los partidos se manifestaron a favor de modernizar tecnológicamente RTVE y en general por la conversión en un servicio multimedia. Pero personalmente me dio más la impresión de que seguían pensando en las nuevas plataformas interactivas como un canal más. Hoy el servicio público multimedia tiene que ir más allá, personalizar los contenidos, crear espacios de debate y participación interactiva, dar espacio a los contenidos de los usuarios y, en definitiva reconectar el espacio público fragmentado en multitud de burbujas.

Respecto a la financiación, acuerdo en principio entre todos los partidos en no volver a la publicidad. Insistencia en mejorar la comercialización y el patrocinio, ningún compromiso expreso en instaurar un canon. Todos menos el PP se quejaron de la falta de transparencia.

FUENTES

ENLACE A VÍDEO COMPLETO

Anuncios

El futuro de la BBC


En España, a todos los que nos duele el servicio público de la radio y la televisión hemos considerado la BBC como el modelo a seguir. A veces con una visión un poco idealista que ha ignorado la situación real de la Corporación. Durante los dos últimos años la BBC ha pasado por situaciones que hubiera tumbado el servicio público en otros países y desde luego en el nuestro. Fracasos y escándalos que se proyectan sobre el proceso de renovación de su norma constitutiva la Royal Charter, que caduca el 31 de diciembre de 2016. Y todo ello en una campaña electoral de la que saldrá el parlamento más fragmentado de la historia del Reino Unido.

La BBC ha rendido cuentas, con mejor o peor fortuna, de los fracasos y tiene una visión estratégica sobre su futuro. Por eso y porque hay consenso de que se trata un elemento definidor y esencial de lo que es el Reino Unido, el servicio público tiene futuro, pero siempre con una adaptación dinámica a las nuevas circunstacias de la era digital.

2013 y 2014, horrendum annis

– El escándalo Savile. Jimmy Savile, un depredador sexual, construyó su reputación como popular figura de la BBC desde los años 60. La BBC tuvo que investigar como se pudo ignorar durante décadas una conducta evidente. Y, si cabe todavía peor, el caso puso en cuestión la independencia editorial, pues el programa Newnight eliminó un informe sobre el escándalo. Como consecuencia, el recién nombrado Director General, George Entwistle tuvo que dimitir.

– El escándalo de los sueldos de los ejecutivos. Sueldos desmesurados y sobre todo indemnizaciones injustificables. En 2013 la BBC pagó pagó indebidamente 1,4 millones de libras a ejecutivos que abandonaron la Corporación, en algunos casos después de sólo unas pocas semanas de trabajo. Desde entonces la BBC ha reducido los sueldos de sus estrellas en un 30%.

– El fiasco de la Digital Media Iniciative. La BBC tiró 125 millones de libras (100 más de lo presupuestado) en un fallido proyecto de digitalización de sus fondos. Primero lo contrató con Siemens y  luego intentó desarrollarlo con sus propios recursos, sin que los órganos de control interno fuera capaces de detectar el fracaso.

– La dimisión de Lord Patten. Los escándalos dejaron tocado a Lord Patten, presidente del Trust, el Consejo de Administración de la BBC. Con una impresionante carrera (ministro, presidente del Partido Conservador, Gobernador de Hong Kong durante la entrega a China, rector de la Universidad de Oxford) finalmente dimitió el pasado mayo, tras sufrir una intervención de cirugía cardiaca.

– El cuestionamiento de la sucesora de Patten, Rona Fairhead. Fairhead, ejecutiva del grupo Financial Times, había sido también durante 10 años presidenta de un comité no ejecutivo de auditoría del Banco HSBC, el de la lista Falciani. Las críticas se resumen en las de una diputada conservadora: o supo y no impidió el montaje de cuentas en paraísos fiscales, o no se enteró y fue incapaz. Ya veremos que desarrollo tiene el caso, pero demuestra que los responsables que vienen del sector empresarial (Fairhead) no tienen porque ser mejores que los que provienen del servicio público (Patten).

Recortes. Desde 2010 el gobierno conservador ha venido reduciendo el presupuesto (16% en 210) y congelado el canon que pagan los telespectadores. Además, ha tenido que aumir el coste de su servicio mundial, antes financiado por el Ministerio de Exteriores. Todo ello ha redundado en una drástica reducción de servicios. Y aún así no se ha logrado una situación económica sostenible.

Las fortalezas

La BBC es la mayor organización informativa del mundo. Su presupuesto supera los 4.000 millones de libras y genera un crecimiento doble del PIB. Alcanza y da servicio semanalmente, de una manera u otra, al 97% de la población británica y hay consenso en que es uno de los grandes valores del Reino Unido. Además, sus servicios mundiales son la mayor manifestación del “poder blando” británico.

Eso no quita para que con cada renovación de la Carta no se revise y replantee su función a fondo. En esta ocasión, esa puesta al día es, si cabe, más profunda teniendo en cuenta los desastres anteriormente relacionados. Hasta ahora, desde la propia Corporación se propone una visión estratégica en el discurso de su Director General, Lord Hall y en una serie de  informes. La mayor propuesta de reforma ha llegado de la Comisión parlamentaria de Cultura, Medios y Deportes (Informe sobre el Futuro de la BBC, pdf).

Los desafíos

Financiación. La BBC se financia por el canon (licence fee) que pagan los poseedores de un aparato de radio o televisión. Actualmente asciende a 145,5 libras anuales. El impago de esta tasa está castigado penalmente. Se da la paradoja de que con un dispositivo con una ip del Reino Unido se puede acceder a todos los servicios de la BBC (notablemente el iPlayer, su sistema de contenidos a la carta) sin pagar el canon. El informe de la Comisión parlamentaria admite que el sistema puede funcionar durante una década, pero que debe evolucionar hacia una tasa que grave a todos los hogares. Se descarta el sistema de suscripción a determinados servicios (como proponen las voces más liberales) o la publicidad en algunos canales y se aboga por despenalizar el impago.

Este es un debate que se mantiene en todos los países europeos con canon. Todos reconocen que el servicio ya no puede financiarse por los poseedores de un televisor o una radio, cuando cada vez más ciudadanos disfrutan de los contenidos en otros dispositivos. El canon, en una modalidad u otra, es una tasa regresiva, que somete a la misma carga fiscal a todos, independientemente de su renta o patrimonio. La alternativa reside en la subvención directa a través de los presupuestos generales, pero todos los organismos públicos alegan que perderían independencia financiera. Otra forma de gravamen progresivo sería un recargo sobre el impuesto de la renta.

El servicio multimedia. La BBC ha avanzado como ninguna otra organización europea en la conversión del servicio público de la radio y la televisión en un servicio público multimedia. Desde la Corporación se sigue defendiendo que su misión consiste en proveer servicios y contenidos para todos (“great British programmes, and a trusted guide. For everyone”- Lord Hall, Director General). Una visión cuestionada por la Comisión parlamentaria, que propone que no compita en áreas donde otros están mejor colocada para proveer contenidos de calidad. Por el momento, la BBC se propone desarrollar un proyecto estratégico MyBBC, un sistema de personalización de contenidos y servicios, basado en el tratamiento de datos. De hecho, la primera fase ya está en marcha con la creación de un sistema de registro de usuarios. Pero se insiste, la personalización no puede ir en detrimento de la esfera pública: la BBC es el lugar donde la nación se encuentra (Lord Hall).

La producción de programas. Los directivos actuales siguen considerando la producción de programas de calidad como el núcleo esencial de la labor de la Corporación. En estos momentos está en marcha la creación de una empresa subisidiaria BBC Studios, que concentraría toda la producción (salvo programas infantiles, deportivos y de actualidad). Esta empresa produciría para la BBC y para el sector privado. La “fábrica” se mantiene y fortalece abriéndola al exterior.

El futuro de la información. La BBC ha producido un informe “The future of news” (pdf) en el que se realiza un amplo análisis del impacto de Internet en el periodismo y reafirma el papel de referencia de la Corporación en un ruidoso ecosistema mediático. El informe apuesta por la información de calidad: noticias de trascendencia pública, documentadas, investigadas y explicadas, contadas con nuevas narraciones multimedia y usando nuevas herramientas. Ello supone invertir no sólo en nuevas tecnologías sino también innovar en el relato, en la distribución y en la conversación.

Servicios estratégicos. El mencionado informe considera que la BBC tiene un hueco que llenar en la información local y regional en el Reino Unido. En pleno proceso de descentralización política los periódicos locales y regionales desaparecen, dejando un déficit democrático. El otro reto es mantener un poderoso servicio exterior global, capaz de competir con nuevos servicios como los canales rusos o chinos, que no sufren las restricciones presupuestarias de la BBC.

Información electoral. El marco de la cobertura informativa de las televisiones ha cambiado radicalmente en el Reino Unido. Hasta las pasadas elecciones generales no existía debates en las televisiones británicas. En 2010 se desarrollaron dos debates a tres (Brown, Cameron y Clegg) que fueron decisivos para los buenos resultados de los Liberal Demócratas. Ahora, hay dos nuevos contendientes nacionales (el euroescéptico UKIP y el Partido Verde) además de los partidos de Escocia, Irlanda del Norte y Galés. Así que las televisiones se proponen celebrar dos debates a siete y un cara a cara entre Cameron y Milband, dejando la silla del primer ministro vacía si este no comparece.  Además, varios periódicos proponen debates en YouTube. el regulador de todos los servicios audiovisuales, el OFCOM, obliga por primera vez a los operadores a seguir de modo equilibrado la campaña electoral de todos los partidos, algo parecido a los aborrecibles bloques electorales españoles. Ante ello, la BBC se propone desarrollar una información de profundización y esclarecimiento. En cualquier caso, las presiones serán muy fuertes porque los ganadores determinarán el futuro de la BBC.

El gobierno de la BBC. La última reforma de la BBC instauró al Trust como órgano de dirección y control del servicio público. Sustituyó a la Junta de Gobernadores, que se juzgaba un órgano demasiado implicado en la gestión para ejercer un control real de la misión de servicio público. Pues bien, diez años después la Comisión parlamentaria cuestiona el Trust con los mismos argumentos: un órgano interno no puede ser el controlador de la misión de servicio público y propone una comisión externa de regulación y supervisión, y un consejo interno de gestión, con un presidente sin funciones ejecutivas.

Participación popular en la gestión del interés público


El escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid (jurídicamente apropación indebida y fraude fiscal ¿cuántas empresas privadas pueden estar usando este sistema para que sus directivos cobren en negro?) revela la corrupción de un sistema de participación en la gestión de empresas públicas.

Los Blesa, Rato, Fernández, Benito… políticos, empresarios, sindicalistas, no sólo han  contribuido al expolio de Caja Madrid-Bankia, también han infringido un grave daño a los sistemas de participación popular en la gestión y control de empresas, organismos públicos y autoridades independientes. No es sólo que tuvieran unos ingresos desmesurados y opacos a Hacienda, es que estaban allí de simples palmeros, con total dejación de una gestión y control para las que carecían de competencia y experiencia.

Lo que sigue es una reflexión desesperanzada sobre los modos de gestionar el interés público mediante la participación social.

En el mundo latino tradicionalmente se ha considerado que la gestión del interés público debe quedar en manos de un gobierno, que obiene su legitimidad de la elección popular. Esa es la única fuente de poder, que se transmite jeráquicamente a través de una burocracia que estructura la sociedad. El contrapeso a ese poder omnímodo es un sistema de funcionarios profesionales con un estatus jurídico de independencia. Es este sistema funcionarial el que da continuidad a la administración y garantiza derechos y prestaciones frente a la veleidades políticas. Es la alternativa al “spoil system” característico de la política norteamericana del s. XIX: el que gana las elecciones se lleva el “paquete completo” y cambia hasta el último funcionario.

El sistema funcionarial de gestionar el interés público es acusado de crear una casta corporativa, más pendiente de sus interereses que de las necesidades del público. Es discutible que el estatuto de independencia jurídica tenga que extenderse a los trabajadores públicos. Personalmente creo que debe limitarse a aquellos que toman decisiones sobre derechos de los ciudadanos, mientras que el resto de servidores públicos podrían estar dotados de un régimen laboral, pero que garantizara, al igual que el clásico funcionarial su estabilidad y su selección y promoción por mérito y capacidad, pero con una gestión más flexible.

En cualquier caso, una garantía básica de buena gestión del interés público son administraciones y servicios públicos profesionales. En nuestro país (y en otros) los políticos se han inventado un sistema para neutralizar las limitaciones a su poder, los asesores, que duplican órganos y funciones, a cargo de personajes paniaguados. Los asesores son un  cáncer que corroe las administraciones.

Un caso especial es la administración de justicia, servicio público y poder del estado al mismo tiempo. La independencia de los jueces es la mejor garantía de los derechos de los ciudadanos. Pero dada por supuesta la independencia individual de los jueces queda la cuestión de sus órganos de gobierno. En España se seguió la solución italiana de un consejo general que ha oscilado entre la selección corporativa y política de sus miembros, con las nefastas consecuencias conocidas de politización de los tribunales superiores. ¿Hubiera dado un mejor resultado un gobierno absolutamente corporativo? Lo dudo. De lo que no tengo duda es que el sistema norteamericano de elegir por voto popular determinados cargos judiciales, fiscales o policiales no conduce sino a la instrumentalización de la justicia por parte de poderosos intereses capaces de organizar campañas. Es, en definitiva, convertir a los jueces en políticos.

¿Cabría una participación popular en la elección de los órganos de gobierno de la justicia? Es esta una cuestión que afecta no sólo a la justicia sino en general a todos los servicios públicos y empresas públicas. La voz de una sociedad diversa tiene que estar de alguna manera presente en la gestión y control de los servicios públicos, justamente para completar la interpretación que los políticos electos y los funcionarios y trabajadores públicos puedan hacer de ese interés público. De manera bastante tímida en España se ha avanzado en un sistema de consejos sectoriales (por ejemplo, el Consejo Escolar del Estado) con competencias simplemente consultivas y en el que están presentes los sectores relacionados con el servicio público. Son una mínima manfiestación de una democracia participativa, complementaria de la representativa.

Se plantea en estos órganos de participación cúal ha de ser el alcance de sus competencias (gestión, control, asesoramiento) y el modo de su elección. En cuanto a las competencias, creo que es posible la participación popular en el control y el asesoramiento, pero que la gestión debe ser siempre profesional e independiente, aunque orientada estratégicamente por algún órgano en el que se manifieste el pluralismo social.

¿Cómo hacer presente esa diversidad de la sociedad en los órganos de gestión, control y asesoramiento?.  Ahora, en la época de las primarias, muchos son los que defienden la elección popular para estos representantes y en general para todos los cargos públicos. No creo que sea una solución factible. Primero, porque no se trata de mandatos generales como los que confíamos a los políticos, después porque es necesario acreditar competencia para muchos de estos cargos y finalmente porque sin una sociedad organizada en estas votaciones sólo participarían grupos muy comprometidos y por tanto organizados…. lo que nos lleva a las soluciones que hasta ahora se han aplicado.

Hasta ahora las formas de escoger a estos representantes populares en los órganos de gestión, control y asesoramiento de servicios públicos y empresas públicas han pasado casi siempre por el parlamento. Mayoría simple parlamentaria, lo que lleva al dominio gubernamental del servicio. Mayoría cualificada parlamentaria, lo que lleva a un sistema de reparto por cuotas entre los dos grandes partidos (Consejo del Poder Judicial, Tribunal Constitucional; en Italia, antes la “lottizzazione” de la RAI, donde los partidos se repartían cadenas y telediarios). Propuestas de organizaciones sociales (profesionales, sindicales, empresariales) y elección parlamentaria, con resultados parecidos a las cuotas, pero además creando una pasarela para que partidos y organizaciones coloquen a sus elefantes en puestos muy rentables y propiciando un control capilar de las organizaciones por parte de los partidos. Esto es lo que ha ocurrido en el caso de la televisión pública alemana (veáse reciente sentencia del Tribunal Constitucional).

Otro caso es el de las llamadas autoridades independientes, nacidas en Estados Unidos y asumidas por el derecho comunitario europeo. Se trata de organismos reguladores de un determinado sector, con poder por tanto no sólo de control sino también normativo (una de las potestades típicas del Estado) que se confía a profesionales supuestamente independientes, que van a regular conforme a unos principios que se supone que son el consenso (académico, del sector, político) sobre lo que significa el interés público en tal sector. El caso extremo son los bancos centrales a los que los gobiernos han entregado un instrumento esencial de la política económica como es la política monetaria. Dos graves problemas: ese consenso regulador está más forjado por los agentes del sector que por la búsqueda del interés público y, evidente, la “puerta giratoria”, profesionales y gestores que hoy dirigen empresas y mañana las regulan o viceversa. ¿Ante quién responden estos reguladores “independientes”? No hay respuesta.

Decía al principio que esta es una reflexión desesperanzada, porque no veo en el panorama ninguna solución clara que garantice la participación popular en empresas, servicios públicos y organismo reguladores.

Hay experiencias que son válidas, pero al interno de las organizaciones. Órganos de control profesional elegidos por y entre los profesionales en candidaturas unipersonales. Que duda cabe que partidos y sindicatos tendrán influencia en esas elecciones, pero lo que puede pesar decisivamente es el propio perfil profesional, siempre que esas candidaturas unipersonales no hayan de ser avaladas por estas organizaciones. Un ejemplo podrían ser los consejos de informativos establecidos en RTVE por la Ley 17/2006. Este tipo de órganos podría extenderse prácticamente a todos los servicios públicos. Y cuando los usuarios o beneficiarios de ese servicio público son estables y están en un marco en el que pueden interaccionar también ellos pueden sumarse a estos órganos mediante votación de la comunidad de usuarios (como por ejemplo ocurre en los consejos escolares de los centros de enseñanza pública).

Para lograr una participación popular eficaz hacen falta cambios de mayor calado. Uno, el cambio de la cultura política, para que los políticos comprendan que por muy importante que sea su legitimidad no es la única ni su poder absoluto, que no pueden ocupar todo el espacio público y manipular los servicios públicos. Este cambio no digo que ya se esté produciendo, pero el shock en el que viven los partidos mayoritarios lo favorece.

Más a largo plazo todavía es imprescindible el reforzamiento de la organización de la sociedad. Una sociedad puede mostrar su diversidad si está estructurada mediante una miríada de organizaciones intermedias. En España el individualismo y la falta de compromiso social sigue pesando demasiado. La interacción virtual puede favorecer la autorganización, pero nunca suplantarla. El activismo virtual es descomprometido, líquido, discontinuo… Partidos fuertes, sindicatos, organizaciones empresariales fuertes, pero también organizaciones de base en todas las manifestaciones de la vida actual. Con organizaciones fuertes, bien implantadas en la base, independientes, entiendo que el sistema ideal de participación popular sería la propuesta por parte de estas organizaciones de representantes en los órgananos de los servicios públicos, nombrados por mayoría parlamentaria muy cualificada.

Dejo de soñar. Hoy, con la mayoría absoluta del PP el Congreso de los Diputados elige a José Antonio Sánchez presidente de la Corporación RTVE.

El periodismo al servicio del público


CapturaSe celebran estos días en Segovia las VII Jornadas de Periodismo en lo Global, organizadas como cada año en torno al Premio Cirilo Rodríguez por la Asociación de la Prensa y la Universidad de Valladolid. Esta vez el lema de la convocatoria ha sido El periodismo de servicio público.

Prefiero hablar del periodismo como una actividad al servicio del público mejor que de periodismo como servicio público.

El periodismo como servicio público tiende a confundirse con el servicio público del periodismo, y en la tradición europea (sobre todo latina) un servicio público es una actividad reservada al Estado, que éste presta bien directamente, bien indirectamente a través de concesionarios particulares.

Evidentemente, ese entendimiento como una actividad estatal es incompatible con la consideración del periodismo como una actividad en la que confluyen el ejercicio de un derecho fundamental y una actividad profesional. Pero ese derecho fundamental de los profesionales está en absoluta correlación con el derecho de todos los ciudadanos a informarse y a informar, de modo que el ejercicio profesional, si se requiere reivindicar como algo más que una actividad comercial, no puede ser entendido de otra forma más que como un servicio al  público, como una actividad con una función pública esencial para la democracia.

Creo que así lo han entendido los organizadores, estructurando las jornadas en torno al periodismo internacional (lógico, en cuanto que están relacionadas con el premio Cirilo Rodríguez que premia el mejor trabajo de un periodista español en el extranjero) y a las radiotelevisiones públicas, especies ambas que muchos querrían extinguir.

Cuando uno asiste a este tipo de jornadas a veces se tiene la sensación de que los defensores esa función pública hablamos para convencidos (y para nuestros alumnos que en la mayor parte de los casos se mantienen en una actitud pasiva) y que los enemigos, los que quieren un periodismo espúreo, al servicio de sus intereses económicos y políticos, están bien parapetados en sus torres de poder, a salvo de nuestros inofensivos dardos.

En todo caso, siempre se producen algunos destellos que pueden esclarecernos.

En primer lugar, el mérito de la Asociación de la Prensa de Segovia por mantener el premio Cirilo Rodríguez en una época en la que conseguir apoyos económicos para estas actividades es muy difícil.

Agustín García Matilla reivindicó una radiotelevisión pública para las mayorías y las inmensas minorías con la referencia del modelo de la BBC. Por cierto, que debiéramos revisar la crisis de la BBC para aprender no sólo de sus aciertos, sino también de sus errores.

En la mesa que compartí sobre RTVE con Manuel Aguilar y Alicia G. Montano hablamos, como no, de manipulación y de la triste herencia de valores subvertidos por el franquismo, primero, y el partidismo, después. Los retos inmediatos a los que se enfrenta la Corporación son a) una financiación suficiente y sostenible y una gestión transparente y profesional b) recuperar la independencia y la credibilidad y c) redefinir el servicio público para pasar del servicio público audiovisual al servicio público multimedia.

En la mesa de las televisiones autonómicas se mostraron los procesos de regubernamentalización y externalización (Maribel Fernández-Alonso), los desastres y despropósitos de cada día en la disección sarcástica de Mariola Cubells, el cuestionamiento de una televisión al servicio del poder desde la experiencia propia de Javier Mayoral y la defensa por parte de su  director, Eduarda Álvarez, del peculiar modelo de la Radio Televisión de Castilla-León, una privada con 65% de financiación pública.

En la tarde los destellos fueron más rotundos. Allí estaban Gervasio Sánchez, siempre explosivo, y el contenido y austero Ricardo García Vilanova.

Ricardo no habló de su “accidente laboral”. Como puso de manifiesto Gervasio, los tres periodistas españoles secuestrados y liberados, han sido un ejemplo de dignidad, sin aspavientos, sin entrevista, sin exclusivas sobre si mismos, sin una palabra hasta que el resto de los compañeros secuestrados en Siria no recobren la libertad.

Ricardo nos mostró sus fotos y vídeos de Siria. Con Gervasio vimos su Imprescindibles. Por supuesto, tanto Ricardo como Gervasio, hablaron de las penosas condiciones de los freelance y de los que se quieren cargar el periodismo internacional, pero me quedo con sus reflexiones sobre la relación con las víctimas.

Ricardo: no mostrar lo que no quisieras que fuera mostrado de ti o de tu familia. Gervasio: la proximidad, la empatía, el respeto a sus decisiones (dejarse o no fotografiar) y a su dignidad.

(Mi agradecimiento a Pilar San Pablo, Agustín García Matilla y Aurelio Martín por las Jornadas, que hoy 29 de mayo seguirán ya dedicadas plenamente al periodismo intenacional).

Aquí dejo un resumen en Storyfy de la jornada.

RTVE: manual de estilo y código de autorregulación en defensa del menor


Por fin el Consejo de Administración ha aprobado y la Corporación RTVE publicado su Manual de Estilo, después de la salida en falso de hace unos meses.

Con respecto al primer borrador, la versión definitiva no presenta grandes diferencias, pero se han eliminado imprecisiones en asuntos deontológicos y, sobre, todo,se ha fundamentado mejor su contenido en el conjunto normativo que regula la Corporación, incluido el Estatuto de Informativos, que antes parecía ignorarse.

Resulta imposible el análisis de una obra como ésta, así que me limitaré a comentar aspectos que me han llamado la atención. Más allá de su utilidad interna, a la que me referiré, recomiendo su lectura y consulta a estudiantes y profesionales del periodismo, como una referencia de las soluciones deontológicas y de estilo que ofrece la más potente empresa audiovisual española.

Normas de buena práctica

En su introducción, el texto declara que “…detalla una serie de pautas y recomendaciones, cuya finalidad es orientar hacia el máximo rigor periodístico el trabajo de los profesionales no sólo de la información sino de todos los ámbitos, géneros y formatos presentes en la programación de RTVE.”

Se trataría de convertir en orientaciones prácticas los mandatos jurídicos o deontólogicos que las leyes reguladoras y el Estatuto de Infomativos imponen a los profesionales. Sin embargo, en general se adoptan enunciados normativos más que orientaciones prácticas y más casuística, que pudieran servir de ayuda en casos conflictivos.

Más deontología que estilo

El Manual tiene más peso deontológico que de estilo. En lo referente a los lenguajes televisivo, radiofónico y multimedia, recae más en generalidades, salvo algunas normas más concretas sobre estructura y recursos gráficos de la información multimedia (que, por cierto, se prefiere denominar genéricamente noticia, sea cuál sea su género, 4.5). Da la impresión de que en la radio y la televisión no se han abordado más que superficialmente unas normas de estilo perfectamente asentadas en la práctica, mientras que en el terreno multimedia se ha sentido la necesidad de codificarlas.

Llama la atención la forma imprecisa en que, en los tres medios, se define el reportaje como una simple ampliación de la noticia, ignorando que su materia prima son los testimonios.

Las recomendaciones sobre el uso del castellano resultan muy genéricas. No está mal la solución a la remisión a la Gramática, la Ortografía y Fundeu, pero eso va de suyo. Entre los anexos es clamorosa la falta de una catálogo de topónimos, así como de unas normas sencillas de trasliteración de las lenguas más comunes; todo ello para evitar el desbarajuste de topónimos (o que Aquisgrán se convierta en Aachen) y que cualquier nombre extranjero se pronuncie como si fuera inglés.

Neutralidad y excelencia informativa

“La Corporación RTVE y sus profesionales no adoptarán posicionamiento ideológico más allá de la defensa de los valores constitucionales” (Manual 1.1.2 y Artículo 10-b Mandato-Marco, pdf)

Tal declaración, más allá de su aplicación estricta en los espacios de opinión, sintetiza la esencia del servicio público: neutralidad ideológica y compromiso con los valores constitucionales. La excelencia informativa está determinada por el compromiso constitucional y el uso apropiado del lenguaje informativo para obtener de cada medio sus máxima potencia expresiva. Creo que el Manual es más útil en concretar el compromiso con los valores constitucionales que en dar orientaciones útiles en el uso creativo de los lenguajes.

Entretenimiento

El Manual se proyecta principalmente sobre los territorios informativos. Pero no falta una sección dedicada al entretenimiento. El mandato de servicio público supone ofrecer al público “un ocio activo, crítico, imaginativo, culto, enriquecedor y divertido” y para ello considera contenidos prioritarios “el conocimiento, la comunicación, la innovación, la imaginación, la capacidad de reflexión y el humor inteligente”.

Se trata de concretar esos principios en algunos de los géneros de programas, ordenando que se orienten al servicio de los valores constitucionales, como el de la cohesión social. Así, por ejemplo, se afirma que “los espectáculos y programas deportivos pueden ser un instrumento o un símbolo en beneficio de la cohesión social de la colectividad pero esto nunca debe suponer una reafirmación de la identidad frente a otros grupos, pueblos, países u otras aficiones” (1.2.1.4), pero no se dan consejos prácticos sobre como tratar la tensión en enfrentamientos deportivos o evitar el patrioterismo.

Por cierto, que entre los programas de entretenimiento no se mencionan los “realities”. ¿Renuncia a ellos TVE? ¿No cabe un tratamiento conforme a los valores constitucionales de esta categoría de programas?

Orientaciones y realidad

Cabría hacer un catálogo de normas contradictorias o que chocan con la práctica cotidiana. Selecciono arbitrariamente sólo algunas.

– Imágenes ajenas.”RTVE no difundirá la señal en directo de acontecimientos de interés informativo que sea proporcionada por entidades interesadas. [–] RTVE deberá esforzarse en cada circunstancia para que la información ofrecida en directo sea captada y tratada con sus propios medios y personal técnicos. Cuando no sea posible se comunicará a la audiencia” (1.1.4.3). En las campañas electorales empieza a advertir de que se trata de una señal producida por el partido, pero todavía no se ha generalizado esta advertencia. No parece que RTVE esté combatiendo esta práctica de los partidos, que debiera ser contestada conjuntamente por todos los medios, públicos y privados.

– Seguimiento informativo. “Es obligación de los profesionales de RTVE ofrecer el seguimiento de una información relevante hasta que quede suficientemente clarificada en todos sus extremos, independientemente del tratamiento dispensado por el resto de los medios de comunicación.” (1.1.4.4). Esta obligación es olvidada por RNE y TVE, que como todos los medios se suben a las olas informativas y siguen la consonancia mediática.

– Especialización. “La falta de especialización puede menoscabar la credibilidad. (1.1.4.5)” Se enuncia como si esa falta de especialización fuera una responsabilidad del informador y se ofrece como solución cursos de formación continuada. Se olvida que la especialización sólo se puede lograr en el marco de una carrera profesional y con una organización que la favorezca.

Habría otros muchos conflictos entre la recomendación y la realidad, como en el uso de imágenes impactantes, imágenes descargadas de Internet, prohibición de viajes pagados o cuestionarios pactados etc. etc.

Efectividad y actualización

Un libro o manual de estilo sólo será útil si es fruto de un amplio debate previo y se mantiene actualizado mediante su discusión en las redacciones y utilizando mecanismos de interacción. Por lo que sé el debate previo no ha existido, pero todavía se está a tiempo de convertir el Manual en una referencia para los conflictos diarios manteniendo un debate permanente alimentado por los conflictos diarios.

CÓDIGO DE AUTORREGULACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL MENOR

Esta entrada ya es demasiado larga, pero quiero dejar constancia de la aprobación y publicación del Código de Autorregulación para la Defensa de los Derechos del Menor, otro instrumento esencial para el cumplimiento del servicio público.

En esencia se trata de una puesta al día del texto que en2004 las televisiones pactaron con varios ministerios y que desde entonces se ha vulnerado sistemáticamente por los operadores privados, sobre todo por Telecinco.

El texto actual es un compromiso unilateral de RTVE, que endurece las obligaciones que la legislación impone a todos los operadores y la específica que corresponde a la Corporación según sus normas reguladoras.

Lo más destacado son los compromisos en la franja de protección reforzada, especialmente el de establecer una programación de carácter familiar los sábados, domingos y festivos, de 16 a 19 horas. No se delimita que se entiende por programación familiar, que hasta ahora en la práctica se concreta en productos de Hollywood más aptos para débiles mentales que para menores.

El Código pretende proteger al menor como espectador y en este sentido reitera normas incluidas en el Manual de Estilo. Se establece un código de clasificación por edades, con avisos visuales y auditivos.

En cuanto al menor como espectador de los programas informativos, se recomienda la eliminación de contenidos violentos, pero, puesto que no se puede edulcorar completamente el relato informativo, se termina por admitir que “en los casos de relevante valor social o informativo que justifiquen la emisión de las noticias o imágenes antes referidas, se avisará a los telespectadores de la inadecuación de las mismas para el público infantil.”

Urge el debate público sobre el proyecto de Ley General Audiovisual


“Aprobar una asignatura pendiente de nuestra democracia” es -nada menos- la intención con que se presenta el Proyecto de Ley General de la Comunicación Audioivisual, después de constatar que la aprobación de una norma que regule la comunicación audiosvisual no ha sido posible por falta de consenso.

¿Existe ahora ese consenso? Parece que sí… consenso entre el Gobierno y los operadores privados de televisión representados por UTECA. Como en tanto otros asuntos, el gobierno Zapatero ha preferido negociar de tapadillo con los poderosos.

El proyecto arrumba el concepto de servicio público, para regular el “mercado audiovisual”, en el que operan dos sectores, el público y el privado, y uno tercer sector vergozante, el comunitario. El proyecto restringe el sector público, abre vías para la privatización de los canales autonómicos y, en general la externacionalización de la producción de todos los canales públicos. En cambio, favorece la concentración en el sector privado, amplia los derechos de los operadores privados, elimina deberes generales para todos los operadores y apenas desarrolla los derechos del público. Este “mercado audiovisual” estará regulado por un Consejo debilísimo. Las limitaciones a la publicidad de la Directiva europea se transponen con gran manga ancha.

Por el momento, las tomas de posición han venido de los sindicatos, y ahora del Foro de Organizaciones de Periodistas. En el ámbito académico, se anuncia la de ULEPICC. Sería necesaria una movilización de asociaciones de espectadores, investigadores, colectivos sociales y movimientos de izquierda para promover la contestación a la ley.

Los medios apenas han tocado el tema, mientras aplauden el proceso de jibarización de la radiotelevisión pública que traerá consigo el nuevo sistema de financiación. Hoy todo el mundo aplaude que desaparezca de TVE “Mira quién baila”. El programa no me interesa y me parece inadmisible que haya sido imposible conocer las remuneraciones de los “bailones”. Pero, que no se nos olvide, el formato lo inventó la BBC, modelo de servicio público. (Para otro día dejo las tribulaciones por las que está pasando la BBC)

Salvar el periodismo en Europa


La Federación Europea de Periodistas (EJC-IFJ) ha dirigido un llamamiento a todos los grupos del Parlamento Europeo instádolos a poner en el centro del debate político, tanto en la inmediata campaña, como en la deliberación de la futura cámara el futuro del periodismo en una sociedad democrática. (Puede verse la noticia en EuObserver.com).

Los periodistas europeos piden que el debate y la acción de la futura Comisión no se reduzcan a políticas de competencia en torno a las telecomunicaciones, sino que afronten la cuestión esencial de la función pública de los medios para una sociedad democrática en un entorno convergente.

Plantean tres preguntas básicas:

– ¿Quién pagará por el suministro de una información fiable, precisa, de calidad y útil para los ciudadanos dado que los modelo de negocio hasta ahora existentes han dejado de funcionar?

– ¿Cuáles son las opciones en la relación entre el Estado y los medios para financiar servicios de información con los recursos públicos?

– ¿Cómo puede financiarse esa información de interés público sin comprometer el principio fundamental de la independencia editorial?

A %d blogueros les gusta esto: