Periodismo Global: la otra mirada

¿Es legítimo llevar la resistencia al espacio privado? ¿No pueden enajenar los escraches buena parte del apoyo social logrado por la PAH?

Escraches, ese término al parecer venido del lunfardo bonaerense ha llegado a España para quedarse. No es uno de los  temas de este blog (periodismo e información internacional) pero el fenómeno es tan significativo de la crisis de nuestra sociedad que no me resisto a presentaros esta pequeña reflexión.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAF) es el movimiento de resistencia más importante nacido en España y me atreverá a decir que en los países víctimas de la Gran Involución. A diferencia del 15-M y demás indignados, la PAH tiene una causa concreta, una organización de base con líderes visibles y una estrategia de lucha. Han conseguido que la hipoteca y los desahucios aparezcan en el primer plano de la agenda política y han logrado un casi unanime apoyo social y, a remolque, la reacción de los partidos.

Después del enorme éxito de su iniciativa legislativa, que ha reunidio más de 1.400.000 firmas, sus propuestas corren el riesgo de ser guillotinadas en el Congreso por la mayoría absoluta del PP. La respuesta de la PAH ha sido poner en marchar la campaña de señalamiento de políticos del Partido Popular.

¿Son legítimos y eficaces los escraches?

Desde un punto de vista moral, no seré yo quien juzgue las acciones de resistencia de aquellos que, además de perder su hogar, arrastran una deuda de por vida que supone una sentencia de muerte civil. Cabe, en cambio, el juicio sobre la legitimidad de esta acción colectiva en un estado de derecho.

El derecho a la resistencia es -decían los clásicos de la Revolución francesa- el útimo de los derechos, garantía extrema de todos los demás. Es legítima toda resistencia pacífica y aún diría violenta cuando se oponga resistencia a una conducta de vulneración absoluta de los derechos fundamentales. En este punto habría que responder a dos cuestiones. ¿Son los escraches acciones violentas? ¿El trato dado a estas personas afectadas por las hipotecas supone una vulneración absoluta de sus derechos fundamentales?

Nuestra legislación hipotecaria estaba desequilibrada en favor del acreedor. Aprovechando esta posición jurídica y económica dominante los bancos han abusado de quien necesitaba una casa. El desplome inmobiliario ha hecho que la aplicación de la Ley Hipotecaria,  pensada para una situación con precios estables o al alza, se haya convertido en una vulneración de los derechos fundamentales. Pero ni esta vulneración ha sido absoluta, ni los mecanismos del Estado de Derecho (Tribunal de Luxemburgo, acciones de los jueces), han dejado de funcionar, aunque lo han hecho tarde para miles de familias. Desde este punto de vista, una reacción violenta no sería legítima.

Pero es que los escraches no son una acción de resistencia violenta. No se han producido agresiones ni siquiera insultos. Desde luego, nada tienen que ver con las coacciones nazis, como los dirigentes populares repiten para criminalizar el movimiento. Pero se ha dado un paso que juzgo peligroso: llevar las protestas del ámbito público al privada.

Lo que en cualquier responsable político debe soportar en el ámbito público no está tan claro que deba admitirlo en el privado. ¿Es ámbito privado las proximidades del domicilio? Discutible, pero indudable que el «señalamiento» indica no ya al político, sino al conjunto de su familia. De alguna manera, más allá de la eficacia de esta acciones, de hecho, se busque así o no, entramos en la peligrosa filosofía de «socializar el sufrimiento».

No es lo mismo escrachar a un torturador impune (así nacieron los escraches en Argentina y se han globalizado), que a la vicepresidenta del gobierno, o al alcalde de un pequeño pueblo, que no tiene capacidad de influir sobre la política general de su partido. La LPH  debiera reflexionar desde un punto de vista ético sobre los personajes a señalar y, en general, sobre la eficacia de estas acciones.

Los escraches van a mantener la causa de la LPH en el primer plano mediático, hasta que se conviertan en rutina. Y pueden enajenar el apoyo social casi unánime que hasta ahora ha tenido la causa de los hipotecados, con el riesgo de una mayor polarización social.

La ruptura del pacto social

La argentina Paula Maroni, niña robada por los verdugos de su madre, daba el otro día en el El País la clave para entender los escraches: «cuando una sociedad busca medidas alternativas es porque hay un contrato social que se ha roto».

Muchos se han preguntado cómo es posible que no se haya producido una explosión social. Parece que los tiempos de la toma de la Bastilla o el Palacio de Invierno han pasado. En lugar de la explosión radical y absoluta vivimos un proceso de implosión social (destrucción del tejido social, empobrecimeinto, desafección) y de explosiones parciales. Los escraches son una de estas explosiones parciales, más sana, por cierto, que la respuesta italiana en la que un cómico resentido está haciendo posible el regreso al poder del delincuente Berlusconi.

El gran reto de nuestros días es restañar el pacto social. No se ven en lontananza líderes a la altura de la tarea.

PS.- Añado el enlace a «El escrache como derecho fundamental»,  la documentada opinión de Carlos H. Preciado, magistrado del Tribunal Superior de Cataluña, con la que estoy plenamente de acuerdo. El escrache es una manifestación del derrecho fundamental de reunión, que mientras se ejerza sion violencia ni insultos, no vulnera ni la libertad de voto del diputado ni su derecho a la intimidad. No obstante, creo que cierto estigma sobre la familia, sobre todo sobre los hijos, no debe ser subestimado.