Periodismo Global: la otra mirada

El escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid (jurídicamente apropación indebida y fraude fiscal ¿cuántas empresas privadas pueden estar usando este sistema para que sus directivos cobren en negro?) revela la corrupción de un sistema de participación en la gestión de empresas públicas.

Los Blesa, Rato, Fernández, Benito… políticos, empresarios, sindicalistas, no sólo han  contribuido al expolio de Caja Madrid-Bankia, también han infringido un grave daño a los sistemas de participación popular en la gestión y control de empresas, organismos públicos y autoridades independientes. No es sólo que tuvieran unos ingresos desmesurados y opacos a Hacienda, es que estaban allí de simples palmeros, con total dejación de una gestión y control para las que carecían de competencia y experiencia.

Lo que sigue es una reflexión desesperanzada sobre los modos de gestionar el interés público mediante la participación social.

En el mundo latino tradicionalmente se ha considerado que la gestión del interés público debe quedar en manos de un gobierno, que obiene su legitimidad de la elección popular. Esa es la única fuente de poder, que se transmite jeráquicamente a través de una burocracia que estructura la sociedad. El contrapeso a ese poder omnímodo es un sistema de funcionarios profesionales con un estatus jurídico de independencia. Es este sistema funcionarial el que da continuidad a la administración y garantiza derechos y prestaciones frente a la veleidades políticas. Es la alternativa al «spoil system» característico de la política norteamericana del s. XIX: el que gana las elecciones se lleva el «paquete completo» y cambia hasta el último funcionario.

El sistema funcionarial de gestionar el interés público es acusado de crear una casta corporativa, más pendiente de sus interereses que de las necesidades del público. Es discutible que el estatuto de independencia jurídica tenga que extenderse a los trabajadores públicos. Personalmente creo que debe limitarse a aquellos que toman decisiones sobre derechos de los ciudadanos, mientras que el resto de servidores públicos podrían estar dotados de un régimen laboral, pero que garantizara, al igual que el clásico funcionarial su estabilidad y su selección y promoción por mérito y capacidad, pero con una gestión más flexible.

En cualquier caso, una garantía básica de buena gestión del interés público son administraciones y servicios públicos profesionales. En nuestro país (y en otros) los políticos se han inventado un sistema para neutralizar las limitaciones a su poder, los asesores, que duplican órganos y funciones, a cargo de personajes paniaguados. Los asesores son un  cáncer que corroe las administraciones.

Un caso especial es la administración de justicia, servicio público y poder del estado al mismo tiempo. La independencia de los jueces es la mejor garantía de los derechos de los ciudadanos. Pero dada por supuesta la independencia individual de los jueces queda la cuestión de sus órganos de gobierno. En España se seguió la solución italiana de un consejo general que ha oscilado entre la selección corporativa y política de sus miembros, con las nefastas consecuencias conocidas de politización de los tribunales superiores. ¿Hubiera dado un mejor resultado un gobierno absolutamente corporativo? Lo dudo. De lo que no tengo duda es que el sistema norteamericano de elegir por voto popular determinados cargos judiciales, fiscales o policiales no conduce sino a la instrumentalización de la justicia por parte de poderosos intereses capaces de organizar campañas. Es, en definitiva, convertir a los jueces en políticos.

¿Cabría una participación popular en la elección de los órganos de gobierno de la justicia? Es esta una cuestión que afecta no sólo a la justicia sino en general a todos los servicios públicos y empresas públicas. La voz de una sociedad diversa tiene que estar de alguna manera presente en la gestión y control de los servicios públicos, justamente para completar la interpretación que los políticos electos y los funcionarios y trabajadores públicos puedan hacer de ese interés público. De manera bastante tímida en España se ha avanzado en un sistema de consejos sectoriales (por ejemplo, el Consejo Escolar del Estado) con competencias simplemente consultivas y en el que están presentes los sectores relacionados con el servicio público. Son una mínima manfiestación de una democracia participativa, complementaria de la representativa.

Se plantea en estos órganos de participación cúal ha de ser el alcance de sus competencias (gestión, control, asesoramiento) y el modo de su elección. En cuanto a las competencias, creo que es posible la participación popular en el control y el asesoramiento, pero que la gestión debe ser siempre profesional e independiente, aunque orientada estratégicamente por algún órgano en el que se manifieste el pluralismo social.

¿Cómo hacer presente esa diversidad de la sociedad en los órganos de gestión, control y asesoramiento?.  Ahora, en la época de las primarias, muchos son los que defienden la elección popular para estos representantes y en general para todos los cargos públicos. No creo que sea una solución factible. Primero, porque no se trata de mandatos generales como los que confíamos a los políticos, después porque es necesario acreditar competencia para muchos de estos cargos y finalmente porque sin una sociedad organizada en estas votaciones sólo participarían grupos muy comprometidos y por tanto organizados…. lo que nos lleva a las soluciones que hasta ahora se han aplicado.

Hasta ahora las formas de escoger a estos representantes populares en los órganos de gestión, control y asesoramiento de servicios públicos y empresas públicas han pasado casi siempre por el parlamento. Mayoría simple parlamentaria, lo que lleva al dominio gubernamental del servicio. Mayoría cualificada parlamentaria, lo que lleva a un sistema de reparto por cuotas entre los dos grandes partidos (Consejo del Poder Judicial, Tribunal Constitucional; en Italia, antes la «lottizzazione» de la RAI, donde los partidos se repartían cadenas y telediarios). Propuestas de organizaciones sociales (profesionales, sindicales, empresariales) y elección parlamentaria, con resultados parecidos a las cuotas, pero además creando una pasarela para que partidos y organizaciones coloquen a sus elefantes en puestos muy rentables y propiciando un control capilar de las organizaciones por parte de los partidos. Esto es lo que ha ocurrido en el caso de la televisión pública alemana (veáse reciente sentencia del Tribunal Constitucional).

Otro caso es el de las llamadas autoridades independientes, nacidas en Estados Unidos y asumidas por el derecho comunitario europeo. Se trata de organismos reguladores de un determinado sector, con poder por tanto no sólo de control sino también normativo (una de las potestades típicas del Estado) que se confía a profesionales supuestamente independientes, que van a regular conforme a unos principios que se supone que son el consenso (académico, del sector, político) sobre lo que significa el interés público en tal sector. El caso extremo son los bancos centrales a los que los gobiernos han entregado un instrumento esencial de la política económica como es la política monetaria. Dos graves problemas: ese consenso regulador está más forjado por los agentes del sector que por la búsqueda del interés público y, evidente, la «puerta giratoria», profesionales y gestores que hoy dirigen empresas y mañana las regulan o viceversa. ¿Ante quién responden estos reguladores «independientes»? No hay respuesta.

Decía al principio que esta es una reflexión desesperanzada, porque no veo en el panorama ninguna solución clara que garantice la participación popular en empresas, servicios públicos y organismo reguladores.

Hay experiencias que son válidas, pero al interno de las organizaciones. Órganos de control profesional elegidos por y entre los profesionales en candidaturas unipersonales. Que duda cabe que partidos y sindicatos tendrán influencia en esas elecciones, pero lo que puede pesar decisivamente es el propio perfil profesional, siempre que esas candidaturas unipersonales no hayan de ser avaladas por estas organizaciones. Un ejemplo podrían ser los consejos de informativos establecidos en RTVE por la Ley 17/2006. Este tipo de órganos podría extenderse prácticamente a todos los servicios públicos. Y cuando los usuarios o beneficiarios de ese servicio público son estables y están en un marco en el que pueden interaccionar también ellos pueden sumarse a estos órganos mediante votación de la comunidad de usuarios (como por ejemplo ocurre en los consejos escolares de los centros de enseñanza pública).

Para lograr una participación popular eficaz hacen falta cambios de mayor calado. Uno, el cambio de la cultura política, para que los políticos comprendan que por muy importante que sea su legitimidad no es la única ni su poder absoluto, que no pueden ocupar todo el espacio público y manipular los servicios públicos. Este cambio no digo que ya se esté produciendo, pero el shock en el que viven los partidos mayoritarios lo favorece.

Más a largo plazo todavía es imprescindible el reforzamiento de la organización de la sociedad. Una sociedad puede mostrar su diversidad si está estructurada mediante una miríada de organizaciones intermedias. En España el individualismo y la falta de compromiso social sigue pesando demasiado. La interacción virtual puede favorecer la autorganización, pero nunca suplantarla. El activismo virtual es descomprometido, líquido, discontinuo… Partidos fuertes, sindicatos, organizaciones empresariales fuertes, pero también organizaciones de base en todas las manifestaciones de la vida actual. Con organizaciones fuertes, bien implantadas en la base, independientes, entiendo que el sistema ideal de participación popular sería la propuesta por parte de estas organizaciones de representantes en los órgananos de los servicios públicos, nombrados por mayoría parlamentaria muy cualificada.

Dejo de soñar. Hoy, con la mayoría absoluta del PP el Congreso de los Diputados elige a José Antonio Sánchez presidente de la Corporación RTVE.