Sistemas de financiación de los medios públicos en Europa. Por una financiación estable, suficiente y sostenible de RTVE


Financiación

Los medios públicos, signo de la identidad europea, están en peligro. La batalla por su supervivencia se da en el campo de la financiación

Antes la radiotelevisión pública (PBS), ahora los servicios públicos multimedia- multiplataforma (PSM) son esenciales para la cohesión social y territorial y el mantenimiento de una esfera pública comunicativa. No solo tienen que adaptarse al nuevo entorno interactivo y a los cambios en los hábitos de consumo, sino que afrontan poderosísimos competidores tecnológicos y la enemiga declarada de la emergente ultraderecha.

El populismo de extrema derecha, el fascismo 3.0 (que contagia a los viejos partidos conservadores) considera estratégico destruir el servicio público.

Como muestra el emblemático botón de la BBC. Dominic Cummings, el cerebro tras la victoria del Brexit y ahora el más poderoso asesor de Boris Johnson, declaraba ya en 2004 que para que el partido conservador dominara la comunicación era vital minar la credibilidad de la BBC, la creación de un conglomerado de medios equivalente a Fox News y permitir los anuncios políticos pagados en televisión.

Ahora, el gobierno conservador quiere revisar el estatus de la BBC en 2022 (la actual Carta Real estará en vigor hasta 2027) y parece dispuesto a eliminar la licencia obligatoria y convertirla en una suscripción voluntaria. Su director general, Lord Hall, ha dimitido. Y se procederá a despedir 450 periodistas para ahorrar 80 millones de libras. La Corporación ya había integrado sus redacciones de radio, tv y online. Ahora reduce autonomía de los programas, producirá menos noticias, dará prioridad a las distribución online. No, no es racionalizar, es destruir el servicio público

Mientras que los ataques a la independencia informativa son más fácilmente identificables, el debilitamiento del servicio público a través de una insuficiente y cuestionada financiación son más insidiosos, en cuanto que se presentan invocando a la eficiencia fiscal y a la adaptación a los nuevos hábitos de consumo. Proponer una suscripción pública voluntaria es un torpedo dirigido a la línea de flotación del servicio público.

La infografía que abre esta entrada el servicio de estudios de la UER resume las líneas básicas de la financiación entre sus asociados, 31 servicios públicos europeos, de dentro y fuera de la UE. Un dato medio, como un coste diario de 10 céntimos por ciudadano, puede ser engañoso, porque las diferencias entre países son  abismales. En cambio, es bien significativo que el conjunto de los servicios públicos audiovisuales se financien por debajo de la inflación, de modo que los recursos reales en el periodo 2014-2018 han decrecido algo más del 4%, mientras que los competidores privados han crecido en términos nominales casi un 40% y las grandes plataformas tecnológicas más del 200%.

El propósito de esta entrada no es analizar las cifras de la financiación, sino reflexionar sobre la fundamentación de los distintos sistemas, su pros y contras.

Sistemas de financiación

 

Financiación distribución

Fuente: Funding of Public Service Media 2019. EBU Intelligence Service

Los presupuestos de estos servicios públicos se nutren de recursos públicos y comerciales.

 

Recursos públicos son las dotaciones presupuestarias, las tasas por recepción, los impuestos directos finalistas de los contribuyentes, las tasas e impuestos directos finalistas pagados por operadores privados.

Recursos comerciales, la publicidad, el patrocinio, la explotación de productos y derechos y las distintas formas de acceso condicional (servicios de pago).

En todos los países se da una mezcla de fuentes de financiación, pero como se aprecia en el gráfico las dominantes son las dotaciones presupuestarias y, sobre todo, las tasas de recepción. Ni las figuras tributarias, ni los sistemas de administración, ni, por supuesto, las cuantías son equiparables de país a país, pero lo que distintos estudios muestran es una fuerte correlación entre financiación, contenidos, audiencia y apreciación (EBU y estudios académicos) y calidad democrática (Reuters Institute).

La financiación pública libera a los servicios de las exigencias del mercado, mientras que la publicidad los pone en línea con sus requerimientos. Pero eso no quiere decir que a la financiación publicitaria aumente la audiencia. Como se ha dicho, la audiencia depende de una financiación suficiente, sea mediante recursos públicos o comerciales.

La tasa de recepción (canon)

Licence fee, redevance, Rundfunkbeiträge, canone… aquí, en España, donde solo existió en los inicios de la televisión, llamamos canon a la tasa por recepción.

Conviene recordar la diferencia entre impuestos tasas. Un impuesto es una contribución pública general realizada por personas físicas y jurídicas que graba una determinada capacidad económica (renta, patrimonio, propiedad, transación económica, negocio jurídico). Una tasa es una contribución que compensa el disfrute particular de un determinado bien o servicio público, sin perjuicio de que ese servicio genere un beneficio general.

Un buen ejemplo de tasa puede ser el peaje pagado por atravesar un puente que une dos ciudades, cuya existencia genera beneficios para esas ciudades, la región y el país en su conjunto. El canon de la radiotelevisión es una tasa finalista dedicada al pago del servicio público (encomendado a una o varias empresas públicas).

canon mundo

Históricamente, cuando la radio nace en Europa, aparece como una tasa de naturaleza semejante a la pagada por estación emisora, en cuanto que el proceso emisión-recepción supone el uso de un recurso público, el espacio radioeléctrico. Lo recaudado se dedica a financiar las nacientes radios públicas. Poseer, primero en los 20, un receptor de radio y, luego en los 50, uno de televisión no dejaba de ser algo excepcional. De modo que, aunque los receptores estuvieran muy  pronto presentes en cualquier lugar se mantuvo la idea de que los poseedores de un aparato (la inmensa mayoría) debían de pagar el servicio con esta tasa.

Dependiendo de los países el canon se ha venido pagando conjunta o separadamente por uno o varios receptores de radio y/o televisión. Es una tasa finalista destinada a financiar uno o varios servicios (por ejemplo, en Alemania ARD y ZDF) y hasta la producción independiente en el caso de Irlanda. En la UE las cuantías pueden ir de los 10 € de Rumanía a los 327 de Dinamarca (ver gráfico, datos de 2014). Francia, Reino Unido, Alemania e Italia tienen como principal fuente de ingresos el canon.

Pros:

  • Crea una vinculación entre el servicio y los ciudadanos que lo pagan directamente. Consiguientemente, refuerza el sentimiento de que el servicio es de los ciudadanos y la obligación de dación de cuentas por los gestores.
  • Previsibilidad presupuestaria.
  • Liberación de las exigencias del mercado.
  • Relativa independencia de las vicisitudes políticas presupuestarias. La tasa se aprueba parlamentariamente, y, por tanto, puede modificarse conforme las mayorías parlamentarias, pero no depende de los ajustes presupuestarios anuales.

Contras

  • Defraudación. Un clásico de las viejas comedias británicas (por ejemplo Los Ropers) era la ocultación apresurada de los receptores ante la llamada del inspector de la licencia. De ahí el sistema coercitivo de multas por impago, con la consiguiente impopularidad. El porcentaje de defraudación sin mecanismos efectivos de coacción puede ser alto (Italia, 26%).
  • Altos costes de administración. Por ejemplo, en Suiza, Billag, la empresa encargada de cobrar la tasa tiene una plantilla de 300 trabajadores.
  • Carencia de progresividad. Todos pagan lo mismo, sea cual sea su capacidad económica. Ello obliga a establecer excepciones. Por ejemplo, en el Reino Unido los mayores están exentos. Esta excepción antes era compensada por el gobierno, pero en la última revisión de la Carta fue asumida por la Corporación, lo que le ha supuesto una importante merma de ingresos.
  • Cambio de hábitos de consumo. Hoy pueden consumirse los contenidos del servicio público sin tener una aparato de radio o televisión, o, como ocurre con los jóvenes, o no consumirlos en ningún dispositivo.

En toda Europa hay una reconsideración del canon. La propuesta más radical es su conversión en una suscripción voluntaria,  que más adelante analizaré. Apunta una tendencia a grabar a los hogares, con independencia de los dispositivos que se posean. Esta nueva tasa puede ser cobrada junto con impuestos sobre la vivienda o, como en el caso de Alemania (17,50 € al mes) o Italia (100 € al año) con el recibo de la luz, lo que simplifica su gestión.

Con todo, cuando los ciudadanos han sido consultados han validado el canon. En Suiza el billag (recibe popularmente el nombre de la empresa recaudadora), 387 € anuales, fue ratificado en 2018 en referéndum por una contundente mayoría de más del 71% de los votantes.

Dotación presupuestaria general

También puede denominarse subvención pública. Cada año, los presupuestos generales dedican una partida específica a la financiación del servicio, al margen de otros ingresos públicos, como el canon o los impuestos a operadores.

Conceptualmente, es el sistema que mejor se adapta a la verdadera naturaleza del servicio: todos los contribuyentes, consuman o no sus contenidos, se benefician de cohesión social y territorial, de su papel esencial para conformar la esfera pública, en consecuencia es justo que se financie con los impuestos de todos, como la educación o la sanidad.

En Europa es la segunda fuente financiera, tras el canon. En los Países Bajos y la mayor parte de los países de Europa del Este es el recurso más importante de la radiotelevisión pública.

A menudo, la dotación o subvención pública es acordada en marco plurianual con la entidad a la que se encomienda el servicio mediante un contrato-programa, que vincula la financiación pública al cumplimiento de determinadas obligaciones. De este modo, la subvención pública puede que financie programas informativos, culturales, los destinados a los menores, la promoción de la igualdad, la cohesión social y territorial, mientras que el puro entretenimiento puede estar pagado por la publicidad, donde existe.

Pros

  • Todos financian el servicio. En la medida en que el sistema tributario sea más o menos progresivo, así será más o menos justa esta financiación. En un panorama de crecimiento de la televisión de pago, los que más tienen y disfrutan de servicios de pago, financian también el servicio para todos, del mismo modo que los que acuden a la sanidad privada contribuyen a la sanidad pública.

Contras

  • Dependencia política. Cada año el gobierno puede aumentar o disminuir la dotación por razones políticas o simplemente financieras. Esta dependencia se palía con la existencia de un contrato programa.
  • Inestabilidad financiera.

Impuesto directo finalista ¿progresivo?

Impuesto finlandia

Impuesto directo en Finlandia. Fuente: The Next Web. 28-11-12

Como alternativa al canon, se crea un impuesto directo finalista a pagar por todos los contribuyentes en su declaración anual de la renta.

El caso más notable es el de Finlandia, donde ha sustituido al canon. El tipo es un 0,68% fijo sobre los ingresos sobre, con exenciones para menores de 18 años y rentas por debajo de los 7.352 € anuales y reducciones para los jubilados. Como puede verse en el cuadro, frente al canon anterior de 252 € por hogar, este nuevo impuesto es más progresivo.

El reto sería introducir un impuesto directo y finalista verdaderamente progresivo, con tipos crecientes con la renta. O quizá como un porcentaje sobre el resultado del IRPF. Telededotos propuso en su Dictamen de 2015 que en la declaración de la renta se incluyera información sobre la cantidad que cada contribuyente dedica a financiar RTVE.

Pros

  • Los mismo del canon: vinculación directa con el servicio, independencia del mercado y de los avatares políticos.
  • Mayor aceptación, a mayor progresividad.
  • Sencillez de recaudación.

Contras

  • Impopularidad de un nuevo impuesto allí donde no exista el canon.

Tasas e impuestos directos a operadores privados

Fue una ocurrencia de Sarkozy, copiada de prisa y corriendo por Rodríguez Zapatero: grabar a las televisiones privadas, a cambio de eliminar la publicidad de las públicas (en Francia se ha mantenido en prime time).

La Ley 8/2009 (pdf) justifica la medida en su Preámbulo declarando que “parece lógico que quienes resulten beneficiados por esta decisión sean también quienes soporten, en parte, esa carga económica”. Beneficiados, de forma directa, lo fueron los canales privados de televisión -los promotores de la norma en la sombra-, aunque la medida se extendió a los operadores de telecomunicaciones que presten servicios audiovisuales. La supresión de la publicidad pavimentó el camino al oligopolio de los dos grandes grupos, Atresmedia y Mediaset, que terminó por consagrar normativamente la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual.

Más allá de su origen, en un régimen  de competencia público-privada, una de las funciones del servicio público es paliar las deficiencias del mercado. Tiene lógica, por tanto, que sean los operadores privados quienes financien, en todo o en parte, las misiones de servicio público.

En España, los operadores de telecomunicaciones de ámbito estatal o superior a una comunidad autónoma prestadores de servicios audiovisuaales realizan una aportación de un 0’9% de los ingresos brutos de explotación, mientras que en el caso de las televisiones privadas, que entonces concesionarias del servicio público de ámbito estatal, deben pagar el 3%, también sobre sus ingresos brutos de explotación. A este impuesto -así reconocido por la STS 2425/2017– se suma la transferencia de un porcentaje de la tasa por la reserva del dominio público radioléctrico, existente con anterioridad.

Este impuesto directo ha sido combatido por las compañías de telecomunicaciones en los tribunales españoles y europeos, que han fallado que el gravamen es conforme al derecho español y al comunitario, que no incumple las normas que rigen las ayudas públicas ni vulnera la regulación de las tasas contempladas por el Reglamento Europeo de Telecomunicaciones. No obstante, la liquidación de estas aportaciones ha dado lugar a todo tipo de controversias ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el regulador español.

Pros

  • Los que se benefician de un mercado cuyas deficiencias son paliadas por el servicio público son los que cargan con su financiación.
  • No supone una carga ni para la Hacienda pública, ni para los ciudadanos, aunque los operadores de telecomunicaciones pueden terminar por repercutir el gravamen en el precio de los servicios prestados.
  • Como el resto de los recursos públicos, libera al operador del servicio público de las exigencias del mercado.

Contras

  • Imprevisibilidad. Las empresas públicas no pueden hacer sino previsiones aproximadas de cuales serán sus ingresos por estos conceptos, pues desconocen los planes de las compañías privadas de televisión y telecomunicaciones.
  • “Cuanto mejor audiencia tengan mis competidores, más ingresos tendré”. El servicio público no puede reducirse a un proveedor de contenidos minoritarios, las televisiones públicas tienen que seguir compitiendo por las grandes audiencias, de modo que, paradójicamente, cuanto mejor sean los resultados de su competidores y perores los propios más recursos recibirá.
  • Contenciosidad. Las grandes compañías privadas y sus poderosos servicios jurídicos despliegan cada año todos sus recursos legales para minmizar estas aportaciones.

Publicidad

La televisión se desarrolla en Europa en los años 50 en el molde público de los ya existentes servicios públicos de radio, entonces en la mayor parte encomendados a empresas estatales. Pero es también muy fuerte la influencia de Estados Unidos, donde la televisión se había convertido en el gran medio de masas. Así que, como hay que realizar importantes inversiones y la televisión con cortes publicitarios era un éxito al otro lado del Atlántico, son pocos los países que se resisten a introducir los anuncios en los nuevos programas de televisión.

La publicidad se convierte en fuente importante de financiación de los nuevos servicios en muchos países, destacadamente Francia e Italia y en menor medida Alemania. La BBC queda preservada, pero a cambio es el primer operador público que tiene que competir con un operador con publicidad, la ITV.

El caso de España es especial. Pronto se abandona el canon, y con los ingresos publicitarios se construye la red de transmisión, los estudios e instalaciones y los programas que se llevaban a festivales internacionales para intentar lavar la cara al franquismo. Y todavía cada año un importante remanente nutría las arcas de la Dirección General del Tesoro. Si, como por entonces dijo Lord Thompson (propietario de The Times), una licencia de televisión era lo más parecido a un permiso para acuñar moneda, más aún en un régimen de monopolio. Por si fuera poco, el régimen franquista podía presumir de que España era el único país europeo en el la televisión era gratis.

La llegada de las televisiones privadas en los 90 va mermando los ingresos y arrastra a TVE a una competencia feroz que degrada sus programas y crea un enorme agujero financiero. En 2009, el gobierno Zapatero, entrega a las televisiones privadas el mercado publicitario en el que TVE todavía era líder. Hoy Atresmedia y Mediaset concentran más del 80% del mercado publicitario.

En toda Europa, las rtv públicas han visto declinar los ingresos publicitarios y, en consecuencia, ha aumentado el porcentaje de ingreso públicos de una u otra procedencia. Quizá sea la RAI la comañía pública que mejor saca provecho a la publicidad, con unos ingresos de 550 millones de euros, pero muy por debajo de los 1.758 millones recaudados por el cano (presupuesto consolidado 2108).

publicicad por plataforma

Fuente: Funding of Public Service Media 2019. EBU Intelligence Service

La televisión no ha sufrido la terrible sangría publicitaria que en el ecosistema digital ha castigado a la prensa, como se aprecia en el gráfico adjunto. En su conjunto, la televisión lineal tradicional pierde muy poco audiencia, pero la fragmentación limita notablemente la capacidad de las televisiones públicas de financiarse con publicidad. Además, los hábtos cambian. Los jóvenes consumen ficción en streaming y este hábito se extiende poco a poco a la población de mayor edad, en parte por la política comercial agresiva de los operadores de telecomunicaciones y las plataformas OTT por sucripción, en parte por el empobrecimiento de los contenidos de las televisiones lineales, propiaciado por la lucha por el prime time en las televisiones comerciales y recortes presupuestarias en las públicas.

Pros

  • Libera a los operadores públicos de la dependencia política y las restricciones presupuestarias de los recursos públicos y les ayuda a lograr la autonomía financiera.
  • Exige acomodar la programación a los gustos de las mayores minorías.
  • Libera al contribuyente de gravámenes específicos, aunque los gastos publicitarios sean trasladados luego a los consumidores vía precios.

Contras

  • Somete a los operadores públicos a los requerimientos del mercado.
  • Hace indistingibles las programaciones de las televisiones comerciales y las televisiones públicas.
  • Es un recurso en declive, debido a la fragmentación de audiencias y al cambio de hábitos de consumo.

Recursos de explotación

Todas las radiotelevisiones públicas explotan comercialmente sus producciones y prestan servicios a terceros. En la edad dorada, las televisiones públicas europeas eran grandes fábricas audiovisuales y la venta de sus productos suponían importantes ingresos. Las normas europeas de apoyo a la producción independiente, los cambios del mercado y las constricciones presupuestarias han convertido a los operadores más en contratistas que productores, pero todavía la gestión de los derechos de las producciones propias y coproducciones, así como la prestación de servicios a terceros sigue siendo una relevante fuente de recursos, aunque por detrás del canon, la dotación o subvención pública y, allí donde existe, la publicidad.

En esta categoría cabría incluir el patrocinio, pues aunque es una forma de publicidad menos agresiva, va ligada directamente a un determinado programa o contenido digital. La Ley 8/2009 solo permite a RTVE el patrocinio y el intercambio publicitario de contenidos culturales y deportivos. La CNMC ha sancionado en varias ocasiones a RTVE por introducir patrocinios o publicidad en retransmisiones deportivos con multas de hasta un millón de euros.

Pros

  • Aumenta la autonomía financiera.
  • La producción debe planificarse con un ciclo de explotación más allá del consumo inmediato.
  • Obliga a los operadores públicos a establecer una explotación eficiente de sus productos y servicios.

Contras

  • La búsqueda del patrocinio o de su ulterior explotación puede condicionar la calidad de los contenidos.

Acceso condicional. La trampa de la suscripción

Los servicios públicos mediáticos pueden financiarse mediante alguna forma de acceso condicional: pago por visión o suscripción temporal. Puesto que uno de los fundamentos esenciales de estos servicios es el acceso universal, libre y gratuito ningún operador europeo (al menos que yo conozca) aplica sistemas de acceso condicional dentro de su territorio.

En cambio, imponen sistemas de pago a aquellos que quieren acceder a sus canales o contenidos digitales desde otros países. Los operadores públicos europeos contratan con operadores de pago la difusión de sus canales en el extranjero (como hace TVE), crean canales internacionales por satélite que no están sometidos a restricciones publicitarias (caso de la BBC) o establecen sistemas de vídeo bajo de demanda de pago.

financiacion publica frente suscripción privada

Fuente: Funding of Public Service Media 2019. EBU Intelligence Service

Como se dijo más arriba, en la reconsideración del canon aparecen propuestas (como la del gobierno conservador británico) para sustituirle por una suscripción voluntaria. Es frecuente la comparación de la cuantía del canon o de lo pagado por cada ciudadano con el coste de los paquetes de canales de pago y sobre todo con el precio de suscripción a los servicios OTT, cuyo representante más agresivo en Netflix. Más allá de que, como puede verse en la infografía, el coste medio es notablemente inferior en el caso del servicio público, lo importante es que esa suscripción voluntaria es radicalmente contraria a la esencia del servicio público y su introducción significaría su destrucción a medio plazo.

La comparación con Netflix y otros operadores OTT no se sostiene. El servicio público tiene un conjunto de misiones complejas: promover el debate público, la cultura, la igualdad, la cohesión territorial, contenidos dirigidos a públicos minoritarios o protegidos y, en definitiva, modelar una esfera de comunicación pública. Produce información, formación y entretenimiento, todo tipos de géneros y formatos televisivos y contenidos en los nuevos lenguajes multimedia destinados a todos. Netflix y adláteres producen esencialmente ficción y, en menor medida, documentales y su finalidad no es ya congregar audiencias masivas sino lograr con cada nueva producción un impacto mediático que conquiste más suscriptores y una fidelidad para sucesivas entregas del producto. Sus resultados económicos dependen del número de suscriptores, no del consumo que se realice.

Supongamos que una ciudanía muy concienzada se sucribe masivamente. ¿Qué pasa con el resto?  ¿Se beneficiarían de los contenidos informativos, de entretenimiento y culturales sin pagar nada? Sí, los suscriptores tendrían un vínculo personal con el servicio, pero ¿podrían darse de baja o de alta, como tanto consumidores hacen hoy cambiando casi mensualmente de servicio OTT en función de las novedades ofertadas?

Financiación participativa

Bonini y Pais (veáse Fuentes) han realizado una interesante propuesta, introducir modalidades de crowdfunding y participación en los sistemas de canon.

El canon se mantedría con su misma estructura y cuantía, pero quien lo deseara podría darse de alta en un sistema participativo mediante el pago de 5 € (por costes de administración), lo que les daría derecho a decidir sobre los contenidos a producir por un valor de un 20% de la inversión total, de modo semejante al modelo de presupuestos participativos introducidos por algunos ayuntamientos.

Un método como este podría perfectamente aplicarse no solo donde haya canon, también donde exista un impuesto directo o individuación de lo aportada a través del impuesto sobre la renta.

Lograr una participación popular es uno de los grandes retos del servicio público, de modo que es imprescindible explorar sistemas como el descrito. Una suscripción participativa podría servir no solo para decidir sobre los contenidos a producir, sino también para crear un cauce de elección de representantes del público en los órganos de asesoramiento y gobierno y, en general, para crear un canal para hacer oir la voz del público en el interior del servicio público.

Una financiación sostenible para RTVE

No hace falta recordar que RTVE se encuentra en una crisis profunda, uno de cuyos elementos es su insuficiencia financiera. RTVE es uno de los servicios con una menor coste per capita, solo 19 €., frente a los, por ejemplo, 41 € de la RAI (veáse cuadro). Nunca se ha alcanzado el tope de los 1.200 millones de euros, establecido por la Ley 8/2009 para el bienio 11-12 y conflictos como el de la aplicación del IVA han supuesto mermas muy importantes en unos presupuestos ya de partida insuficientes.

Hasta que se afronte una reforma general, es imprescindible una aumento de la dotación presupuestaria compesatoria del servicio público, como se anunciaba para los no aprobados presupuestos de 2019 (incremento del 9’5%). Pero lo importante es establecer un sistema que asegure una financiación sostenible y suficiente para las misiones de un servicio público, que ya no se limita a la radiotelevisión, sino que se extiende a todo tipo de plataformas.

El primer paso es que el las Cortes aprueben un nuevo mandato marco, que defina para la próxima década las misiones del servicio público, en el nuevo ecosistema comunicativo, muy distinto al de 2006. E inmediantamente iniciar la negociación de un contrato-programa, que concrete los objetivos y las aportaciones presupuestarias en un marco trianual.

Examino a continuación el papel que cada una de las fuentes debieran de tener en uno nuevo mix financiero:

  • Publicidad, no. De cuando en cuando todavía se oye alguna voz que pide la reintroducción de la publicidad. La publicidad se eliminó precipitadamente, en un pacto con las televisiones privadas, sin un plan serio sobre las consecuencias de la medida, pero hoy su regreso sería letal. El servicio público, multimedia, multiplataforma, volvería a ser medido exclusivamente por los ingresos publicitarios, lo que obligaría a una deriva aún más comercial de los programas. TVE perdería un imporante signo de identidad, la emisión sin interminables pausas publicitarias. Y los ingresos podrían ser magros, pues el mercado es muy distinto al de 2010. Ahora el oligopolio Atresmedia-Mediaset absorve más del 80% de los recursos publicitarios. Además, RTVE desmontó sus servicios de comercialización publicitaria. Y, sobre todo, sería suicida volver a apostar por un recurso declinante, como es la publicidad.
  • Canon, no. Como hemos visto se encuentra sometido a revisión en toda Europa, pero además en España, sin tradición, significaría una carga altamente impopular y con costes elevados de administración.
  • Mantener y extender las aportaciones de los operadores privados. Una vez que los tribunales españoles y europeos han declarado estos gravámenes conforme a Derecho, no tendría sentido eliminarlos. Al contrario, deben extenderse a los servicios de vídeo bajo de demanda. Y debe clarificarse su liquidación para evitar conflictos y aumentar, en la medida de lo posible, su previsibilidad.
  • Mantener la transferencia del 100% de la tasa sobre el la reserva del dominio radioeléctrico.
  • Dedicar un porcentaje fijo de los ingresos sobre el IRPF. No supondría una carga nueva, daría estabilidad e informaría a cada contribuyente sobre su aportación al servicio público. Permitiría crear, además, algún instrumento de participación, al estilo de los presupuestos participativos.
  • Flexibilizar el patrocinio y reforzar la explotación comercial en el exterior.
  • Subvención compensatoria. La dotación presupuestaria directa tendría que complementar a las otras fuentes hasta satisfacer el total de las obligaciones presupuestarias derivadas del contrato-programa.

¿Qué porcentaje debiera de corresponder a cada fuente? En 2018 las aportaciones de los operadores privados fueron de 193 millones, 380 millones la tasa radioeléctrica, 341 la subvención compesatoria y 58 los ingresos comerciales. Sin un análisis económico no se puede responder, pero el ideal podría estar en un 30% tasa radioléctrica, 30% aportaciones operadores, 20% IRPF, 10% explotación comercial y 10% subvención compensatoria, esto es, 60 % aportaciones de operadores privados, 30% aportaciones públicas y 10% explotación comercial.

FUENTES

EBU Media Intelligence Service. (2019). Funding of PSM 2019. (pdf)

Saurwein, F., Eberwein, T., & Karmasin, M. (2019). Public Service Media in Europe: Exploring the Relationship between Funding and Audience Performance. Javnost – The Public, 26(3), 291–308. https://doi.org/10.1080/13183222.2019.1602812

Bonini, T., & Pais, I. (2017). Hacking Public Service Media Funding: A Scenario for Rethinking the License Fee as a Form of Civic Crowdfunding. JMM International Journal on Media Management, 19(2). https://doi.org/10.1080/14241277.2017.1298109

Campos Freire, F. (2014). “El nuevo horizonte de la financiación de la radiotelevisión pública europea”. COMUNICACIÓN AEIC BILBAO 2014.

How is TV funded around the world? BBC news, 31-03-14.

 

 

La comunicación en los programas electorales


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Estudio 1 de TVE en el que el 22 de abril se celebrará el primer debate a cuatro entre los cuatro principales candidatos de las elecciones del 28 de abril

El episodio del debate sobre los debates -el sainete, como lo calificó el Consejo de Informativos de TVE- ha puesto en evidencia, una vez más, el carácter instrumental para alcanzar y mantener el poder que para los partidos tiene la comunicación pública, y en particular RTVE como bastión, arma arrojadiza o apéndice desechable en su lucha por el poder. La única consecuencia positiva ha sido la demostración de que los consejos de informativos están bien consolidados y son capaces de defender la independencia profesional y editorial  -la misión que les encomienda la ley- en difíciles condiciones.

En la época en que la esfera pública se fragmenta en nichos, las rtvs públicas están en crisis, los medios han perdido credibilidad y los bulos son virales en las redes sociales, cabría pensar que los partidos en sus programas propondrían medidas para potenciar la comunicación pública y regenerar la esfera pública como espacio de ejercicio de derechos. Pues no, solo PP y Podemos tienen propuestas para RTVE, y solo el partido morado se ocupa de la responsabilidad informativa en el nuevo entorno digital.

Partido Popular

PP

En la medida 421  de su programa el PP propone unos principios rectores para los medios públicos que son inobjetables y que de hechos ya están incorporados en las normas reguladoras tanto de RTVE como de los organismos autonómicos. La cuestión es como hacer efectivos y garantizar esos principios. Podría decir que esos principios de profesionalidad, transparencia, pluralidad y racionalidad económica han sido reiteradamente traicionados por los gestores nombrados por el PP, pero ese juicio lo dejo al criterio de cada uno.

La única propuesta concreta es la eliminación del modelo de Administrador único, para el que no se ofrecen alternativas. ¿Volverá a defender el PP una elección de la cúpula de RTVE por mayoría absoluta, como solía desde el Gobierno, en un parlamento fragmentado?

Podemos

Podemos1

Podemos2

Los compromisos de Podemos en su programa respecto a RTVE, como se ve, son detallados. Más allá de la invocación del modelo BBC (que algún día deberemos revisar) apuestan por la consolidación del proceso de concurso, que con todos sus problemas de puesta en práctica, es la única vía factible para una nueva gobernanza más profesional y transparente. Añaden una medida inédita y no sé si de fácil ejecución: una auditoría semestral con participación rotativa de los profesionales.

En cuanto a la participación ciudadana, eterna asignatura pendiente de los medios públicos, se dice que se fomentará la participación directa de la audiencia, pero luego esa participación parece concretarse en concretar el derecho de acceso de los grupos sociales y políticos significativos, derecho constitucional (art. 20.3 CE) regulado restrictivamente por un reglamento interno de RTVE.

Respecto a la producción, proponen un plan de producción digital como desarrollo de la función de servicio público. En cuanto a la exclusión de la externalización de los servicios informativos, ya está en la ley en lo que se refiere a la programación informativa, aunque las sucesivas direcciones, de uno u otro color, han interpretado que esa prohibición no le impide contratar medios y personal externo. Por lo tanto, ¿se trataría de prohibir absolutamente esas contrataciones externas o simplemente limitarlas cuantitativamente y cualitativamente?.

Pero quizá el compromiso más importante y sin el que no podría abordarse los demás es volver a las dotaciones presupuestarias de 2012.

En esta propuesta detallada se echa de menos la necesidad de transformar RTVE en grupo multimedia y multiplataforma global, única vía para que el servicio público garantice el acceso universal a contenidos de calidad para todos y sea pilar central de la reconstrucción de la esfera pública.

Captura

Podemos es el único partido que contempla el fenómeno de las llamadas fake news. Apuesta por combatirlas mediante la deontología informativa, programas de alfabetización mediática y la participación de la audiencia en medios comunicación plurales. El problema va más allá de los bulos y reside en la comunicación basada en las emociones y en la polarización identitaria, pero las medidas genéricas propuestas son un punto de partida sensato para sanear la esfera pública. Y en la última línea se cuela una medida de calado, como es hacer transparentes los gastos de comunicación de la Administraciones Públicas, fuente de corrupción (casos Gürtel y Púnica) y de manipulación informativa.

PSOE

El Partido Socialista nada tiene que proponer en su programa sobre los medios públicos ¿será que no tienen ningún problema? Ni una mención, tampoco, a la esfera pública y a los derechos comunicativos de los ciudadanos en el nuevo entorno digital. Su estrategia de ciudadanía digital (p. 153) se limita a proponer medidas de acceso a la banda ancha.

Es detallado el programa de cultura, pero para nada se contempla su acceso a través de los medios masivos o los nuevos medios digitales. Se propone, sí, un impulso a la creación audiovisual y que las empresas de distribución y explotación, entre las que se citan las televisiones y las de VOD (vídeo bajo demanda) contribuyan al desarrollo del sector. La referencia al VOD parece una pista de que se someterá a las plataformas de vídeo en streaming a obligaciones de financiación de la producción europea, en términos semejantes a las televisiones, como requiere la Directiva de Servicios Audiovisuales, que tiene que transponerse antes del 20 de septiembre de 2020.

Ciudadanos

En el programa minimalista del partido naranja no hay ni una línea dedicada a estas cuestiones. Sorprende, en cuanto que Ciudadanos fue, junto con Podemos, gran defensor del concurso público para RTVE.

Vox

Entre las 100 medidas del programa de Vox, en la 35, dentro de su política de drástica reducción del gasto público, encontramos la promesa de cierre de las televisiones autonómicas, medida coherente con su objetivo (inconstitucional) de recentralización y desmontaje del Estado de las Autonomías.

En defensa de unos medios públicos veraces, libres e independientes

Así reza la declaración lanzada después de la convocatoria electoral por un conjunto amplio de organizaciones académicas, ciudadanas, sindicales y profesionales, nacionales e internacionales, en defensa de RTVE. Estas organizaciones dan la alarma sobre la situación de RTVE, proponen la conclusión del concurso público, el rearme financiero del servicio público y abrir un proceso público de discusión sobre el futuro del servicio público.

También la red Innonews (grupos de investigación sobre innovación en informativos de televisión) lanzó su propia declaración en defensa de la calidad de la democracia y la comunicación, que insta tanto a los partidos como a la ciudadanía a reconstruir una comunicación responsable, crítica y participativa, esencial para la democracia.

El balance del repaso de los programas electorales es decepcionante, con la relativa excepción de Podemos. En una situación de fragmentación parlamentaria y, presumiblemente, gobiernos de coalición frágiles, será difícil que sea una prioridad el mantenimiento de un espacio de comunicación pública que pivote sobre unos medios públicos regenerados.

Las iniciativas sociales aquí mencionadas apuntan un camino. Construir no un pacto de Estado -cualquier pacto de Estado parece hoy cada vez más difícil- sino un gran consenso social, un gran pacto social previo sobre el que construir después las medidas legislativas.

Pluralismo político y social en la radiotelevisión pública alemana


Tribunal Constitucional Alemania

Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania

 

La televisión pública no puede ser una televisión estatal

Sobre el papel Alemania es el país europeo en el que mejor se garantiza el pluralismo social en los órganos de gobierno y gestión de la readiotelevisión pública.

Las leyes de los estados federados (para los organismos regionales) y el tratado interestatal (para la ZDF) instituyen un Consejo de Radiodifusión, supervisor de los contenidos, que elige un Consejo Administrativo, supervisor de las finanzas y que es quien nombra al Intendente, el ejecutivo de estos organismos. En el Consejo de Radiodifusión están representadas relevantes organizaciones sociales, como sindicatos, patronales, iglesias, agricultores, aosciaciones de artistas, consumidores, emigrantes, grupos culturales o deportivos.

Este pluralismo social queda, sin embargo, desnaturalizado, pues a través de los llamados “círculos de amigos” los partidos vienen en la práctica a contr0lar el nombramiento de estos representantes de la sociedad. Además, los partidos tienen su representación propia. Así, por ejemplo, el Consejo de Radiodifusión de la ZDF (la segunda cadena pública creada por un acuerdo entre los landers) está formado por 77 consejeros, 16 nombrados por los landers, 12 por los partidos políticos y los otros restantes propuestos por organizaciones sociales, pero afines a los partidos o incluso, en algunos casos, políticos que ya no están activos en sus partidos. Además. los representantes nombrados por los landers tienen en determinados asuntos voto de cualidad.

De este modo, el pluralismo social garantizado jurídicamente se convierte en la práctica en una manifestación más de la partitocracia.

En una reciente sentencia (25 de marzo de 2014) el Tribunal Constitucional ordena modificar el tratado interestatal para reforzar el pluralismo social de la ZDF.

El caso parte de un sonado caso de interferencia política, el caso Brender. Nicolaus Brender, redactor jefe de los informativos de la ZDF, fue cesado por el Consejo Administrativo, después de denunciar que el Consejo de Radiofusión había sido copado por la CDU. Los gobiernos regionales de Hamburgo y Renania, en manos de los socialdemócratas, llevaron el caso a la Corte de Karlsruhe.

El Tribunal falla que la televisión pública no puede ser un organismo estatal ni de partido. El art. 5 de la Ley Fundamental exige que las radiotelevisiones públicas estén organizadas de modo que se garantice en sus emisiones el máximo grando de diversidad de las opiniones. Los jueces consideran que no es necesario separar una esfera política de una esfera social, pero sí limitar el peso de esa esfera política. El tratato interestal tendrá que ser modificado antes del 14 de mayo de 2015 para cumplir los siguientes requisitos:

– El número de representantes del Estado o próximos al Estado no puede superar un tercio en ambos órganos supervisores. En este momento, en la ZDF alcanzaba el 44%.

– Entre los representantes del Estado deben estar representantas distintas perspectivas (federal/regional, políticas, de género).

– Los representantes de la sociedad deben ser elegidos sin interferencia política, tomando en cuenta no sólo las corrientes mayoritarias, sino también tomando en cuenta a los pequeños grupos y a nuevas perspectivas. El nuevo tratado debe reforzar las reglas de incompatibilidad para reforzar la independencia de los representante sociales.

– La independencia de todos los miembros en el ejercicio de sus funciones exige que no puedan recibir instrucciones ni puedan ser cesados sino por causas graves.

– La gestión de los órganos supervisores debe ser transparente y deben hacer llegar al público información sobre su trabajo y deliberaciones.

Fuentes

Sentencia (en alemán)

Nota de prensa (inglés)

UER

El Mundo

El País

RTVE

 

 

No a la privatización de la televisión pública


El gobierno del PP ha filtrado a Europa Press un anteproyecto de modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual que supone un ataque directo e indirecto al servicio público audiovisual. Directo, porque permite privatizar las radiotelevisiones autonómicas. Indirecto, porque permite externalizar los informativos y elimina los objetivos de producción propia. Cuando se da una filtración como ésta se pretende medir la reacción social. Es, pues, el momento de decir muy alto NO.

RTVE: la externalización de los informativos supondría la pérdida de independencia informativa

El PP se propone dinamitar las salvaguardas al servicio público establecidas por la LGCA (pdf). Una de las más importantes, la prohibición de ceder a terceros la edición y producción de programas informativos (art. 40.1 LGCA para todas las radiotelevisiones públicas y específicamente para RTVE art. 7.5 de la Ley 17/2006, pdf).

Si los servicios informativos se ceden a terceros pierde todo sentido el servicio público. No puede haber una información independiente, neutral y al servicio de los ciudadanos, editada y producida por una empresa privada, que se debe a los intereses económicos e ideológicos de sus accionistas.

No vale decir que los programas informativos tendrán que ser elaborados siguiendo los principios editoriales establecidos por la cadena pública. La información no es un servicio que pueda someterse a unos parámetros objetivos de control, como puede ser, por ejemplo, una carretera.

Lo que hay detrás es un doble negocio, político y económico.

Se cede los informativos a una empresa políticamente afín, lo que evita al gobierno de turno los controles a los que está sometida la información en RTVE. ¿Habría consejos de informativos en esa empresas prestadoras de los programas informativos? Evidentemente, no.

Y un negocio económico, porque damos de comer a empresas afines, que nos recompesarán por una u otra vía.

Terminar con el predominio de la producción propia, un desastre económico

El mismo art. 40.1 de la LGCA ordena a las radiotelevisiones públicas que la mayor parte de sus programas sean de producción propia. Aunque inconcreta y supeditada a lo que establezcan los respectivos acuerdos marco y contratos programa, el PP quiere ahora eliminar esta otra seña de identidad del servicio público.

Justo cuando hay que someterse a una austeridad extrema,  las radiotelevisiones públicas deben concentrarse en lo esencial, la producción de programas, rentabilizando al máximo sus recursos económicos, técnicos y humanos.

Levantar esta norma significará convertir a las radiotelevisiones públicas en cascarones vacíos, en cúpulas de directivos dedicados a encargar programas a amiguetes.

Por supuesto, hay que dar espacio al talento ajeno y a los servicios muy especializados, pero las cadenas públicas y, de modo muy destacado RTVE tienen todavía un gran potencial por explotar.

La privatización explícita y encubierta del las radotelevisiones autonómicas

No es ninguna sorpresa que el PP permita a los gobierno autonómicos privatizar a las cadenas públicas regionales. Estaba en su programa. Pero en el anteproyecto filtrado hay trampa.

Los gobiernos autonómicos podrán privatizar directamente. Esto significaría sacar a concurso las frecuencias, las instalaciones y el personal de la cadena y entregárselas a una empresa privada a cambio de un precio. Solución brutal, pero al menos transparente. Los ciudadanos se quedarían sin ese servicio público, pero no seguirían pagando.

La trampa está en la posibilidad de mantener el servicio público bajo la fórmula de gestión indirecta. Esto significaría, como en el caso anterior, seleccionar a a una empresa privada para entregarle frecuencias, instalaciones y personal y, además, encomendarle la misión de servicio público.

Para que lo entiendan los no juristas, bajo este sistema de gestión indirecta del servicio público han funcionado las cadenas generalistas nacionales hasta la LGCA. ¿Dónde estaba el servicio público durante los últimos veinte años?

Como es lógico, el concesionario exigiría por desarrollar esa misión de servicio público, que consideraría muy onerosa, una contraprestación económica.

Otra posibilidad abierta son distintas fórmulas de cooperación público-privada.

¿Por qué se dejan abiertas estas puertas? Porque la privatización pura y dura es hoy inviable con la situación del mercado: crisis y oligopolio (dos grupos se reparten el 80% del mercado). Así que es muy posible que nadie acudiera a un concurso de privatización pura y dura, pero muchas empresas (¿imbricadas en los sistemas clientelares regionales?) pueden considerar rentable la gestión indirecta o la cooperación pública-privada, siempre que haya un bombeo de fondos públicos.

 

Líneas rojas del servicio público de RTVE


RTVE quedará muy mermada por el recorte de 200 millones de euros impuesto por el gobierno Rajoy. Pero con mil millones de euros se puede prestar dignamente el servicio público siempre que no se sobrepasen determinadas líneas rojas.

La medida se enmarca en el objetivo general de reducción del déficit, el gran tijeretazo, la única política que hoy existe en Europa. Pero en este caso no se puede por menos que pensar que más que recorte se trata de un castigo propinado conforme a un plan previo. El PP ya enmendó en la anterior legislatura para reducir el presupuesto justamente en 200 millones, al tiempo que proponía la eliminación de dos canales.

Es más, suena a revancha contra un servicio público reformado por los gobiernos Zapatero, que, con sus luces y sus sombras, ha logrado el liderazgo de audiencia y la estima del público para sus programas e informativos.

Si esta corriente enemiga de RTVE se impone poco quedará por hacer más que resistir, aunque confiemos que todavía quede alguien con sentido de Estado en el PP, al menos ahora que gobiernan. Pero ¿cómo movilizar a la opinión pública para luchar por este servicio público cuando ante sus ojos se desmontan aspectos esenciales de los servicios públicos de sanidad o educación?

Como ya ocurre en la BBC sometida a un parecido estrangulamiento financiero, la calidad de servicios y programas disminuirá. Pero los defensores del servicio público deberíamos ponernos de acuerdo en unas líneas rojas que no puedan sobrepasarse sin desnaturalizar el servicio público. Será más difícil que nunca movilizar a la opinión pública, que ya tiene bastante con ver con se desmontan aspectos esenciales de la sanidad y la educación.

Dejo aquí algunas ideas para buscar esas líneas rojas.

Independencia y pluralismo

Ni un paso atrás en la independencia y pluralismo consagrado por las reformas de Zapatero. Y nunca más la manipulación de Urdaci.

La relación entre Presidente y Consejo de Administración puede haberse demostrado disfuncional, pero ello no puede significar volver a la gubernamentalización del Estatuto de 1980, remedado ahora por la ley catalana fraguada entre CiU y PP.

Presidente y consejeros tienen que contar con tan amplio consenso parlamentario como hasta ahora. No puede eliminarse a los consejeros propuestos por los sindicatos, so pretexto de ahorro. Lo que debe hacerse es elevar el listón de su profesionalidad e independencia, sometiéndolos a un verdadero escrutinio parlamentario antes de su nombramiento.

No deben tocarse otros elementos esenciales del pluralismo, como son el Estatuto y los consejos de informativos. En cambio, debería reforzarse el papel del consejo asesor.

Financiación

Todo el mundo piensa que el Tribunal Europeo de Justicia declarara la tasa que pesa sobre las telecos como contraria al derecho comunitario. Habrá que esperar y ver. Si fuera así, habría que remodelar todo el sistema de financiación.

Ni en un sistema definitivo (ni en una reforma de urgencia vía Decreto-Ley) se debe volver a una financiación mayoritariamente publicitaria. Sería un retroceso. La publicidad puede ser una fuente accesoria, pero no volver a invadir la programación. No está mal como algunos han propuesto cambiar (parcialmente) autopromociones por una publicidad muy selectiva, nada invasiva e introducir patrocinios, también selectivos.

Creo que todavía tiene que quedar mucho recorrido en la explotación comercial de los productos de RTVE. El archivo es de todos y tiene que estar accesible a todos los españoles, pero debe perseguirse cualquier utilización comercial del mismo. Podría pensarse en un servicio de pago fuera de nuestras fronteras, como en el modelo iPlayer de la BBC, pero, puesto que los usarios son, sin duda, hispanoparlantes, poner un muro de pago sería suicida para la función de proyección exterior de España.

La subvención pública no puede ser arbitraria, sino acorde con el Mandato Marco, que impone a RTVE un importante elenco de obligaciones. Para ello es imprescindible la consecución del Contrato Programa, con el que no atrevió el gobierno Zapatero.

¿De dónde recortar?

No de los gastos de personal, que ahora, sobre un presupuesto de 1.000 millones se quedará en un 38%. RTVE ya sufrió la sangría de más de 4.000 profesionales. Lo que hay que hacer es que explotar al máximo todas sus potencialidades. Me temo que con el nuevo convenio colectivo la Dirección realizará en cambio un recorte de pluses, lo que no dejará de mermar la productividad.

La gran poda tiene que venir de las contrataciones y servicios externos, esto es, esencialmente de las productoras. Ha sido siempre un clamor interno la denuncia del despilfarro cuando no de la corrupción de estos contratos. Es hora de dejar lo esencial: aquellos en los que la parte externa aporte verdadero valor añadido que no pueda lograrse con los medios propios.

Puede tener sentido contratar grandes series o tvmovies, pero también se puede explorar este terreno con los medios propios, y, desde luego, deben eliminarse cualquier contratación de magazines, programas realizados en estudio o series documentales (dejando espacio para los jóvenes productores externos) que pueden perfectamente realizarse con los medios y el talento propio.

Por supuesto, en época de vacas flacas habría que revisar los costes de los contratos externos que se salvaran de la poda, los sueldos de las estrellas y los emolumentos de los directivos, empezando por el presidente y los consejeros.

Otro capítulo en el que seguro que se puede ahorrar es el de los grandes despliegues institucionales. Elecciones, actividades de la Corona y del gobierno, eventos de la “marca” España o grandes acontecimientos deportivos concitan unos despliegues técnicos y humanos muchas veces desproporcionados, que terminan por saturar y aburrir. Una sarta interminable de conexiones en directo que terminan por matar a la verdadera información.

Lo imprescindible del servicio público

La Uno de TVE es el buque insignia de la Corporación. Pero hoy ya no es esencial el liderazgo en la cuota de audiencia. No se trata de ser el primero cada día en el prime time sino de hacer llegar a cada público la información que precisa por el medio, la plataforma y en el momento más adecuado.

Son esenciales, por tanto, los medios interactivos y muy especialmente la rtve a la carta, de un enorme éxito, pero más costosa (servidores, ancho de banda) cuanto más éxito tiene.

Los medios interactivos no han matado, ni mucho menos, a los medios tradicionales. El consumo de televisión está en su punto más alto. Para satisfacer a los distintos públicos es vital la diversidad de canales. Por eso creo que una línea roja debiera ser que no se cierre ningún canal. Es más, si es necesario puede ser necesario sacrificar algún oropel de La Uno. O dicho en otras palabras, puede ser más imprescindible para el servicio público el deporte minoritario de Teledeporte que la Champions en La Uno. Es más, hay que potenciar estos canales, especialmente Clan, que no puede ser una simple ventana para productos foráneros, sin un solo espacio verdaderamente educativo.

Resulta también vital promover el compromiso y la complicidad del público y para eso no hay mejor herramienta que la participación. Toda los programa tienen que diseñarse pensando en la participación con el apoyo de las redes sociales.

RTVE debe basar su producción en equipos internos que creen marca y sean capaces de producir para todas las plataformas. Como ejemplos de buena práctica pueden citarse Al Filo de lo Imposible, El Tiempo, Los Lunnis o La Aventura del Saber.

Las propuestas electorales sobre la radiotelevisión pública de los partidos minoritarios


Ya sé que a estas altura nadie va decidir su voto por lo que diga un programa sobre un asunto que para la mayoría de la población es marginal, el servicio público de la radio y la televisión. Pero prometí dar cuenta de las propuestas de minoritarios y nacionalistas, así que voy a ello. Creo, no obstante que algunas de estas declaraciones vale la pena comentarlas.

Propuestas de IU

La coalición de izquierdas es la que más atención dedica al servicio público entre estos partidos. En su programa (pp. 76 y ss) dedica un apartado (5. Por unos medios de comunicación públicos y democráticos) dentro de su eje 8 (Propuestas para una cultura y comunicaciones libres).

Considera IU que la “democratización de los medios es la otra cara de la reforma de la ley electoral”, lo cual es cierto, pero empezar así es comenzar mirándose al ombligo. La democratización de los medios pasa por el acceso equitativo de los partidos y grupos sociales, pero también por el acceso (no necesariamente institucional) de los ciudadanos.

Las propuestas de IU pivotan sobre la crítica de los aspectos de la Ley General Audiovisual favorecedores de los operadores privados. Lo más novedoso es la propuesta de un sistema ternario: público, privado y social. El modelo es claramente Argentina. Se propone favorecer la presencia de medios públicos, privados y sociales en los tres ámbitos, estatal, autonómico y local. Es una apuesta clara por el sector público, pero más aún por el sector social. Se propone un reparto equitativo de licencias, la medida más novedosa junto con el blindaje público del espectro radioléctrico.

Otras propuestas son más de consolidación del “modelo Zapatero”: una definición estable y suficiente para los medios públicos; impedir la privatización, constitución del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales; extensión de los consejos de participación profesional a todos los medios públicos. Se echa en falta la exigencia de democratización e independencia de las televisiones autonómicas.

Propone también IU, creo que acertadamente una ley (que tendría que ser orgánica, añado) que desarrolle el derecho de constitucional de acceso. Y es que el ejercicio de un derecho constitucional no puede regularse por una norma del Consejo de Administración de RTVE.

Me parece bien la apuesta por el servicio social (además del público), pero no basta con reservar frecuencias. Como demuestra el caso de TeleK hace falta tejido social que sostenga a estos medios -y también una legislación que les permita financiarse con patrocinios y siempre sin fin de lucro.

Propuesta de UPyD

El programa de UPyD  (p. 52) dedica el apartado 10.2 a los Medios de Comunicación, dentro del capítulo 5 (Cultura). La verdad es que aunque breve, esta parte del programa es muy coherente con la grandes líneas del partido de Rosa Díez: renacionalización de competencias, racionaliación y control fiscal de los servicios públicos y un punto “antipolítico”.

En el eje “jacobino”, UPyD propone un consejo nacional que ya no estatal, sino nacional de medios audiovisuales. En el eje “racionalizador” controlar las subvenciones a la producción audiovisual. En el eje “antipolítico” propone profesionalizar los consejos de admistración de los medios públicos, prohibiendo la presencia de representantantes de partidos y sindicatos. Lo que significaría que los sindicatos no propondrían candidatos, aunque, sin duda, los partidos seguirían nombrando a sus representantes por vía parlamentaria. Ni una palabra sobre independencia.

Su propuesta de más calado abre la vía a la privatización de los medios públicos (¿incluida RTVE?… la redacción es ambigua).

” 370. La Ley General Comunicación Audiovisual debe garantizar la viabilidad de RTVE y la racionalización de los medios públicos de comunicación autonómicos y locales, valorando el servicio público que prestan o deben prestar y permitiendo su privatización o cierre por razones económicas de modo acorde con políticas de transparencia, y garantizando la libertad de concurrencia en el mercado audiovisual, impidiendo la concentración de medios en oligopolios de facto. “

Bueno, se ve que el PP podrá contar con Rosa Díez.

(No) Propuestas de Equo

Salvo que yo no lo haya encontrado, Equo no se acuerda en su programa de la radio y la televisión públicas. Tanto que batallan por los espacios electorales  debieran de haber dedicado un poco de atención al servicio público audiovisual. Que hay vida más allá y antes de las redes sociales.

Propuestas de CiU

En el programa de la coalición nacionalista, más allá de una mención de un plan para la radio digital, la mención más importante reivindica el carácter nacional de la Televisión de Cataluña:

“612. Farem que Televisió de Catalunya assumeixi el rol de televisió nacional del país, tot potenciant la llengua catalana, la cultura catalana i l’imaginari català. Treballarem perquè continuï sent líder d’audiència, televisió de referència i motor audiovisual de Catalunya. Apostarem clarament perquè els informatius refl ecteixin la pluralitat social i política del país.”

Por lo pronto, no sé si para garantizar el pluralismo informativo, han modificado la ley para que el Director General de la Corporación Catalana pueda ser elegido por mayoría simple en segunda votación, o, lo que es lo mismo, ser designado por el gobierno.

Propuestas del PNV

Pocas referencias en el programa del PNV. El fomento del euskera como criterio para las concesiones de licencias y poco más…

PS. Añado esta amplia recopilación realizada por CC.OO.

El PP arrasaría con el servicio público de la radiotelevisión


Más allá de su programa, González Pons ha dejado bien claro lo que el PP se propone hacer con el servicio público de la radio y la televisión: privatizar y englobar las cadenas autonómicas en un único canal, reducir el peso de RTVE (a la que se añadiría EFE) y liberar de cualquier obligación pública a las cadenas privadas.

Las televisiones autonómicas

Durante las últimas semana hay una verdadera ofensiva contra la televisión pública autonómica. Es cierto que en su mayoría son fáciles de criticar, porque sus gestores han incurrido en despilafarros (cuando no directamente en corrupción, como en Valencia) y han convertido sus informativos en una terminal más de la oficina de comunicación del gobierno y su partido. Se esgrime también su caída de audiencia, sin recordar que en semejantes porcentajes han caído las televisiones estatales, públicas y privadas. En plena crisis son innumerables las voces que piden, lisa y llanamente, su desaparición.

Es injusto meter en un mismo saco a todas las autonómicas. La radiotelevisión catalana es un ejemplo de calidad y en este momento de adaptación del servicio público de radio y televisión a un servicio público de medios convergentes en línea. ETB realiza una promoción impagable del euskera. Y las radiotelevisiones de Galicia y Andalucía han conseguido un buen grado de identificación con sus audiencias.

Estos servicios públicos han sido decisivos a la hora de definir un espacio de comunicación específico de las comunidades autónomas, crear opinión pública propia y promover y fortalecer la identidad comunitaria. Esta función nunca va a ser desempeñada por una empresa privada. ¿Retransmitiría una televisión privada en euskera los partidos de la Champions?.

El PP además de su privatización propone ahora la agrupación en un canal estatal con desconexiones. Este es el modelo de la la ley del tercer canal (1983), que pronto se hizo inviable porque cada comunidad, invocando sus competencias estatutarias creó su propio organismo y desarrolló sus canales propios. ¿Se someterán las comunidades a un canal común? Desde Valencia, el propio gobierno del PP ya advierte que no. ¿Quedaría este canal como un gueto para las comunidades “pobres”?.

La solución de las autonómicas pasa por una reforma que instaure una fuerte independencia política, una redefinición de objetivos centrados en la esfera autonómica y una estabilización financiera con dos patas: limitación del techo de gasto y limitación publicitaria. Y por supuesto, por fortalecer los mecanismos de cooperación y producción común a través de la FORTA.

Las privadas, libres de obligaciones públicas

Tras la Ley General de la Comunicación Audiovisual las cadenas privadas estatales dejaron de ser servicio público y sus licencias se convirtieron en un elemento patrimonial negociable. No obstante, la ley atribuye todavía obligaciones públicas a todos los operadores privados. Algunas genéricas (por ejemplo, deber de dilegencia informativa), pero otras muy concretas en materia de cuotas deproducción, fomento de la industria audiovisual y de la identidad lingüística.

El PP propone eliminar estas obligaciones consustanciales al desempeño de un servicio de interés general. Serán entonces las televisiones privadas unas empresas como cualquier otra. La competencia será total y la basura superará sus altísmas maracas actuales. Que no invoquen entonces la libertad de expresión para obtener cualquier tipo de ventajas.

No tendría tampoco sentido mantener esos deberes públicos y no someter su cumplimiento a control de una autoridad independiente. De modo que es coherente eliminar esas obligaciones y derogar el Consejo Audiovisual Estatal. Campo libre.

La irrelevancia de RTVE

González Pons dice que impedirán que la televisión pública compita con las privadas. La eliminación de la publicidad llevó consigo una menor presión por lograr el liderazgo de la audiencia. La LGCA ya estableció importantes limitaciones en materia de adquisición de derechos cinematográficos y deportivos. Pese a todo La Uno es la cadena más vista y en su conjunto de canales RTVE está en algo más de un 20% de audiencia. ¿Qué quiere decir “no competir”? ¿Transferir esas audiencias a los negocios privados?.

Todo apunta, pues, a una televisión pública de bajo presupuesto, centrada en difundir acontecimientos institucionales y que no haga sombra a las privadas.

La programación de servicio público requiere de espacios que aúnen altas audiencias y respeto a los valores constituci0nales. Espacios que sirvan de motor para mantener al público fiel a una programación de información y cultura. Y en el nuevo ecosistema informativo esas programaciones generalistas son son la parte más visible de un servicio público que debe ofrecer a todos los ciudadanos entretenimiento, información y cultura de calidad en cualquier plataforma y en cualquier tiempo y lugar.

Otras entradas:

La televisión pública que nos proponen PP y PSOE

 

La televisión pública que nos proponen PP y PSOE


Tal como está el mundo es seguro que el servicio público de la radiotelevisión no va a ser un tema estrella de la campaña electoral en España. ¿O sí? Porque llama la atención de que entre todo el programa del PP los medios privados ya estén resaltando la propuesta de privatizar las televisiones autonómicas, ávidos de un negocio a estas alturas más que dudoso.

En esta entrada voy a recoger las principales propuestas de los dos grandes partidos para abrir el debate. Intentaré en sucesivas entradas recoger otras propuestas, como las de los nacionalistas, IU, Equo…

Las propuestas del PP

El programa del PP se caracteriza por la falta de detalle de sus propuestas.  En el tema que nos ocupa las referencias las encontramos en el ap. 1.9 “Nuevas tecnologías para la modernización”, dentro del capítulo general de “Estabilidad y reformas para el empleo”. Esto es, las medidas que el PP propone sobre el servicio público audiovisual se consideran reformas para la modernización económica en la línea neoliberal de todo el programa.

La medida más comentada y previsible (sus dirigentes llevan años anunciándola) es abrir la vía a la privatización de las televisiones privadas. Su propuesta 07 (p. 52) reza:

“Impulsaremos las reformas legislativas necesarias para que las administraciones autonómicas y locales tengan libertad para adoptar nuevos modelos
de gestión de las televisiones públicas que permitan la entrada a la participación privada.”

En estos términos genéricos parece que se está pensando más en en convertir los organismo autonómicos en sociedades de capital mixto que en sacar a subasta la licencia de los canales autonómicos. Para ello tendrían que derogar la Ley 46/1983, reguladora del tercer canal y lógicamente luego cada Comunidad Autónoma adoptaría las medidas que se adaptaran al nuevo modelo. (Como bien me advierte Fernando Redondo, la Ley General de la Comunicación Aufdiovisual derogó la ley del tercer canal, pero en su disposición transitoria 2ª. 5 mantiene el régimen de titularidad pública para los canales autonómicos, de acuerdo con las normas de su concesión).

Previamente (p. 52), en su diagnóstico, el PP anuncia un organismo regulador convergente en materia de telecomunicaciones y audiovisual. Todo parece apuntar que lo que harían es atribuir algunas de las competencias (pocas) del nonato Consejo Audiovisual Estatal a la Comisión de las Telecomunicaciones, un organismo concebido para preservar la libre competencia, pero no una comunicación pública al servicio de los ciudadanos, una autoridad, que, por cierto, ha adoptado medidas bien polémicas.

En ese diagnóstico, se promete “ahorraremos dinero a los contribuyentes poniendo freno a los déficits generados por las televisiones públicas en España”.  Lo que luego se concreta en el anuncio (medida 06) del redimensionamiento de las televisiones públicas y establecimiento de un techo de gasto y endeudamiento para todos los medios públicos.

No hay que ser muy sagaz para ver detrás de este anuncio la intención de “jibarizar” a RTVE (porque las radiotelevisiones autonómicas ya se reconvertirían por la vía de privatización, total o parcial).

Las propuestas del PSOE

Como en el resto de sus programa del PSOE, las propuestas de los socialistas sobre estas cuestiones son más concretas. Es significativo también su ubicación dentro del programa: apartado 2.2 “Un sector audiovisual saneado, independiente y plural”, dentro del capítulo V “Democracia” (pp.  117-119). Esto es, se concibe al sector audiovisual como un terreno en el que se juega la profundización de la democracia.

En general, el programa es continuista con la política audiovisual del gobierno de Rodríguez Zapatero. Se promete el impulso de la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, al que se renunció en la legislatura finalizada, pese al mandato del Ley General de la Comunicación Audiovisual. En cualquier caso, esta institución requeriría de un consenso imposible sin una mayoría absoluta del partido gobernante.

En el campo de las radiotelevisiones autonómicas se proponen tres medidas: constituir autoridades audiovisuales independientes (conforme el modelo del CEMA); proseguir la reforma institucional para desgubernamentalizar estos organismos (siguiendo el modelo de RTVE); crear consejos representativos de la sociedad (cuyos miembros no serían remunerados).

En cuanto a la ordenación general del panorama audiovisual se anuncian estudios para “disminuir el volumen total de licencias y títulos habilitantes previstos, facilitando la devolución de licencias a aquellos que no puedan o no quieran explotarlas”. Un reconocimiento del fiasco del modelo de la TDT, del que son responsables tanto los dos últimos gobiernos socialistas como los dos anteriores del PP.

En el asunto espinoso de la financiación, además de promete la revisión de los mecanismo de financiación sin distorsionar la competencia, se anuncia una inconcreta alternativa a la tasa de las telecos, en cuestión en el Tribunal Europeo de Justicia y con muchas posibilidades de ser declarada contraria al derecho comunitario:

“También deberemos asegurar que si la UE entiende que los operadores de telecomunicaciones no deben contribuir al sostenimiento financiero de RTVE, puedan existir instrumentos alternativos de financiación de este servicio público.”

Lo que hacen PP y PSOE

Más allá de las palabras, más allá de los programas, hechos son amores.

PP y PSOE han pactado en Galicia la Ley de Medios Públicos, que establece un sistema de nombramiento del director de la Corporación por mayoría parlamentaria de 2/3, en la línea de la desgubernamentalización.

En Cataluña el PP ha apoyado la reforma liderada por CiU, que reduce el consejo de la Corporación Catalana a 5 miembros, que podrán ser elegidos en segunda votación por mayoría. Una reforma que concentra poder ejecutivo en un director que dependerá del gobierno de turno.

Y en Madrid y Castilla-La Mancha, mientras llegan la privatización que tanto ansían, los populares han puesto al frente de las respectivas radiotelevisiones a periodistas de reconocido sectarismo.

PS. Se me olvidaban otros hechos. Álvarex Cascos forzando la quiebra de la televisión asturiana y el gobierno de Navarra eliminado el Consejo Audiovisual de la Comunidad Foral.

RTVE, imprescindible


A continuación recojo el texto a partir del cual se me cita en el reportaje de El País “La televisión de todos es mía”. (Perdón por los largos párrafos, propios de un artículo y no de una entrada de un blog).

RTVE, imprescindible

El malhadado intento de injerencia editorial del Consejo de Administración de RTVE puede interpretarse como un síntoma de la crisis de la radiotelevisión pública. En realidad es manifestación de un mal más profundo: la partitocracia que contamina todo nuestro sistema político y nos ha degradado a una democracia de baja intensidad. El sistema de reparto de cargos institucionales ha desacreditado a instituciones esenciales como el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o RTVE. Es urgente una regeneración democrática; es urgente un cambio de cultura.
La Ley 17/2006 pretendió la desgubernamentalización de RTVE confiriendo el nombramiento del Presidente, con facultades ejecutivas, y del Consejo de Administración a mayorías parlamentarias de 2/3. A los consejeros les exige cualificación y experiencia profesional, que intenta concretar bastante vagamente en formación superior o reconocida experiencia y en desempeño de funciones de alta dirección, control o asesoramiento desempeñadas durante un plazo de cinco años. Sin entrar a analizar si esta cualificación se da en todos los actuales consejeros, o en la trayectoria de algunos de ellos de plena vinculación a los partidos, una anécdota ilustra la falta de cultura de independencia institucional. La ley ordena que antes del nombramiento, los candidatos propuestos se sometan a una audiencia en la cámara respectiva (Congreso o Senado) para determinar su idoneidad. Pues bien, cuando los candidatos comparecieron en el Senado sus señorías no se molestaron en formularlos ni una sola pregunta. Si RTVE hoy no tiene presidente y sus consejeros no se renuevan, es por la misma razón que no se renueva el Tribunal Constitucional.
La política audiovisual de Rodríguez Zapatero se divide en dos períodos: una reforma y una contrarreforma. La reforma, la Ley 17/2006 que dio un estatuto de independencia, al menos formal a RTVE. Además, de la desgubernamentalización, la Ley instituyó órganos de control interno de defensa de la independencia profesional y editorial (los consejos de informativos) que en estos días han mostrado su virtualidad. No se trata, por tanto, de modificar esta ley (si acaso aclarar que los respectivos directores de informativos son los responsables editoriales y jurídicos de la información emitida). De lo que se trata, insisto, es cambiar de cultura.
En la segunda legislatura socialista llegó la contrarreforma, con la Ley 8/2009, que eliminó la publicidad de TVE, estableciendo un sistema de financiación, uno de cuyos pilares, una tasa sobre las telefónicas, se encuentra cuestionada en el ámbito europeo, con posibilidades de que el Tribunal Europeo termine por declararla contraria al derecho comunitario. RTVE ha entrado así en un peligrosísimo periodo de inestabilidad financiera. Además, la Ley 8/2009 impuso a TVE una serie de limitaciones en materia de adquisición de derechos cinematográficos y deportivos, que aboca a La Uno a competir en el mercado audiovisual con las manos atadas a la espalda.
La contrarreforma Zapatero pasó por suavizar las formas anticoncentración, que propició la adquisición de Cuatro por Mediaset y apunta a la consolidación de sólo dos grandes grupos audiovisuales. Contrarreforma que culminó con la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que terminó con el régimen de servicio público de las televisiones privadas y convirtió la licencia en un elemento patrimonial que prácticamente se otorga a perpetuidad. A ello se suma el fiasco de la TDT, con dos de los operadores nacionales dependientes de grandes grupos mediáticos emitiendo programas enlatados. No se ha constituido el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (al que se opone firmemente el PP y que de no existir será exigida por las instituciones europeas) ni tampoco se ha firmado el contrato programa para asignar los recursos necesarios al ambicioso mandato de servicio público que se ha encomendado a RTVE.
En este contexto, la radio y la televisión públicas son más necesarias que nunca. La radiotelevisión de servicio público es imprescindible en una sociedad democrática para promover la cohesión social, el pluralismo político, la diversidad cultural y lingüística, satisfacer el derecho a la información del público y las necesidades de entretenimiento acorde con los valores democráticos. Las funciones del servicio público audiovisual no pueden quedar en manos de compañías mercantiles que hace mucho tiempo dejaron de ser empresas periodísticas para convertirse en conglomerados financieros. Basta repasar el dial de la TDT para comprobar que sólo los canales de TVE aportan contenidos diversos y especializados. Y si nos referimos a la radio, sólo RNE mantiene un canal de noticias, otro de música clásica y otro centrado en música juvenil no sometido a la radiofórmula. Otro de los grandes logros es la televisión a la carta que pone los contenidos de RTVE (especialmente su rico archivo) a disposición de todos de forma interactiva.
La audiencia ha premiado a La Uno, en gran parte por la desaparición de la publicidad. Un retorno a los anuncios parece inviable, así que probablemente la única financiación estable puede llegar vía presupuestos, y esto en el período de contracción actual puede significar más austeridad. Si se desarrolla la producción propia (así se promete en el Convenio Colectivo que acaba de ser refrendado por los trabajadores) hay un cierto margen de maniobra.
El público y la mayoría de los profesionales aprecian que en esta etapa los programas informativos han logrado un aceptable grado de independencia, neutralidad y calidad. No así el PP que sigue utilizando la denuncia de la manipulación como arma arrojadiza. A falta de estudios científicos sobre el contenido, mi opinión es que se ha logrado la neutralidad y un pluralismo institucional sesgado por el bipartidismo, que se ha avanzado en la representación de la diversidad social, pero que queda todavía un camino que recorrer para lograr un pluralismo pleno. El marco jurídico institucional no es perfecto, pero sí aceptable. Reformas legislativas de un gobierno con mayoría absoluta que ataquen la independencia profesional y editorial serían inaceptables.

Hace unos días el presidente del Trust de la BBC (véase su curriculum: presidente del Partido Conservador, Gobernador de Hong Kong, Comisario Europeo, Rector de Oxford) decía que la Corporación es una fuerza moral. La BBC se ha ganado durante más de 80 años el aprecio de los británicos. RTVE construye con dificultad esa función pública, pero la reacción social y profesional de estos días es un buen síntoma.

Lecciones del intento de interferencia del Consejo de Administración de RTVE: ni un paso atrás en la independencia profesional


Apenas en 24 horas las redes sociales han alimentado una ola de rechazo que ha obligado a los consejeros y a sus partidos a dar marcha atrás en su intento de supervisar la información de TVE.

Un día no es nada, pero parece que estamos abocados a reflexionar en caliente. Para mi estas son las reflexiones de esta movida jornada.

Consejo de Informativos. El Consejo de Informativos de TVE ha estado a la altura de las circunstancias. Ha ejercido satisfactoriamente su función de órgano de control interno y garante de la independencia profesional y editorial de RTVE. Sale reforzado, pero su prueba de fuego residirá en la forma en que dé su dictamen al nombramiento en su día del director de Informativos que suceda a Llorente. El PP arrastró los pies en la negociación del Estatuto de Informativos. Espero que hoy que sus dirigentes han hecho alarde de fe en la independencia profesional hayan borrado de su agenda (oculta) la eliminación de este organismo.

Consejo de Administración. En mi opinión, más que ejercer un verdadero control previo lo que pretendían los consejeros era enterarse de lo que se cocía para ir con el cuento a sus jefes en el partido y hacer méritos. Incluso parece que ha jugado el prurito de decir “ahora que somos el presidente colegiado, pues vamos a controlar la información”. Los votos me parece que se explican por equilibrios y pactos internos.

El presidente. Nos hemos enterado que Fernández y Oliart sí tenían acceso al sistema de redacción. Seguramente Oliart no metería la nariz, pero no dudo que Fernández revisaba (o ponía) hasta la última coma. El presidente de la Corporación es su máximo ejecutivo, pero no es el responsable editorial de la información. La ley debiera modificarse para que no quedaran dudas que el responsable editorial (y en consecuencia responsable jurídico) es el director de los Servicios Informativos (los de TVE, de RTVE, de medios interactivos). Sólo el director de Informativos y los responsables editoriales que él dependen pueden supervisar o controla previamente a la emisión. Otra cosa es censura inconstitucional.

– Los profesionales. La Redacción de Informativos se ha rebelado. La verdad es que en este caso no era muy difícil, porque se seguía la corriente y el propio director de Informativos era partícipe en la protesta. En épocas pasadas estas rebeliones eran contra direcciones manipuladoras. Pero entonces no existían las redes sociales y el hartazgo del bipartidismo no era tan grande. Está bien, que los nuevos profesionales vayan entrenándose en la protesta, por lo que pueda venir.

– Los partidos. Han puesto cara de póker, como si la cosa no fuera con ellos. Si han dado marcha atrás no ha sido tanto por la condena social (de nada han servido medio millón de firmas pidiendo un referendum constitucional), sino porque la retirada no tocaba sus intereses esenciales. En campaña electoral la información se cosifica y queda bajo el control de la Junta Electoral Central y sus instrucciones mostrencas. Además, estoy seguro que hay zascandiles en la Redacción que ya les dan el queo para hacer méritos.

– La sociedad. La gran esperanza es la reacción social. Los partidos empiezan a ser sensibles a las redes sociales, al menos en campaña electoral. Pero en esta catársis colectiva muchos se rasgan hipócritamente las vestiduras. Los medios privados tienen legítimamente un sesgo editorial que, por ley, no puede tener RTVE, pero de eso a mentir o alterar la realidad como en el caso reciente de la foto de El Mundo hay un abismo. Da vergüenza leer la justificación de Pedro J.

La prueba del algodón de la independencia editorial de RTVE vendrá con la llegada del PP al gobierno. Espero que les haya servido de lección para no alterar todos los elementos positivos que la Ley 17/2006 trajo a RTVE.

Hay muchas asignaturas pendientes:

– Establecer un modelo estable de financiación, que creo que ahora ya no puede hacer uso de la publicidad, ni siquiera de modo limitado.

Aumentar al menos en un par de canales, de modo que RTVE pueda desarrollar verdaderos canales temáticos.

Seleccionar consejeros verdaderamente independientes, con trayectorias profesionales no sólo brillantes, sino también con un perfil de independencia.

– Sacar las sucias manos de todos los partidos de RTVE. Ni que decir tiene que sería un atentado contra la democracia volver al antiguo modelo de dependencia directa gubernamental.

Terminaré con una cita del presidente del Trust de la BBC, Chris Patten, que no ha llegado ahí como un advenedizo (fue presidente del Partido Conservador, Gobernador de Hong Kong y pilotó su traspaso a China, Comisario europeo, Rector de Oxford; igualito que algunos consejeros de RTVE). Patten define a la BBC como una verdadera fuerza moral.

La Corporación británica se ha ganado el aprecio ciudadano en 60 años. RTVE ha empezado a conseguirlo en los últimos años. No lo echemos por la borda.

(Para otro día dejo las reflexiones general sobre la política audiovisual).

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