A continuación recojo el texto a partir del cual se me cita en el reportaje de El País «La televisión de todos es mía». (Perdón por los largos párrafos, propios de un artículo y no de una entrada de un blog).

RTVE, imprescindible

El malhadado intento de injerencia editorial del Consejo de Administración de RTVE puede interpretarse como un síntoma de la crisis de la radiotelevisión pública. En realidad es manifestación de un mal más profundo: la partitocracia que contamina todo nuestro sistema político y nos ha degradado a una democracia de baja intensidad. El sistema de reparto de cargos institucionales ha desacreditado a instituciones esenciales como el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o RTVE. Es urgente una regeneración democrática; es urgente un cambio de cultura.
La Ley 17/2006 pretendió la desgubernamentalización de RTVE confiriendo el nombramiento del Presidente, con facultades ejecutivas, y del Consejo de Administración a mayorías parlamentarias de 2/3. A los consejeros les exige cualificación y experiencia profesional, que intenta concretar bastante vagamente en formación superior o reconocida experiencia y en desempeño de funciones de alta dirección, control o asesoramiento desempeñadas durante un plazo de cinco años. Sin entrar a analizar si esta cualificación se da en todos los actuales consejeros, o en la trayectoria de algunos de ellos de plena vinculación a los partidos, una anécdota ilustra la falta de cultura de independencia institucional. La ley ordena que antes del nombramiento, los candidatos propuestos se sometan a una audiencia en la cámara respectiva (Congreso o Senado) para determinar su idoneidad. Pues bien, cuando los candidatos comparecieron en el Senado sus señorías no se molestaron en formularlos ni una sola pregunta. Si RTVE hoy no tiene presidente y sus consejeros no se renuevan, es por la misma razón que no se renueva el Tribunal Constitucional.
La política audiovisual de Rodríguez Zapatero se divide en dos períodos: una reforma y una contrarreforma. La reforma, la Ley 17/2006 que dio un estatuto de independencia, al menos formal a RTVE. Además, de la desgubernamentalización, la Ley instituyó órganos de control interno de defensa de la independencia profesional y editorial (los consejos de informativos) que en estos días han mostrado su virtualidad. No se trata, por tanto, de modificar esta ley (si acaso aclarar que los respectivos directores de informativos son los responsables editoriales y jurídicos de la información emitida). De lo que se trata, insisto, es cambiar de cultura.
En la segunda legislatura socialista llegó la contrarreforma, con la Ley 8/2009, que eliminó la publicidad de TVE, estableciendo un sistema de financiación, uno de cuyos pilares, una tasa sobre las telefónicas, se encuentra cuestionada en el ámbito europeo, con posibilidades de que el Tribunal Europeo termine por declararla contraria al derecho comunitario. RTVE ha entrado así en un peligrosísimo periodo de inestabilidad financiera. Además, la Ley 8/2009 impuso a TVE una serie de limitaciones en materia de adquisición de derechos cinematográficos y deportivos, que aboca a La Uno a competir en el mercado audiovisual con las manos atadas a la espalda.
La contrarreforma Zapatero pasó por suavizar las formas anticoncentración, que propició la adquisición de Cuatro por Mediaset y apunta a la consolidación de sólo dos grandes grupos audiovisuales. Contrarreforma que culminó con la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que terminó con el régimen de servicio público de las televisiones privadas y convirtió la licencia en un elemento patrimonial que prácticamente se otorga a perpetuidad. A ello se suma el fiasco de la TDT, con dos de los operadores nacionales dependientes de grandes grupos mediáticos emitiendo programas enlatados. No se ha constituido el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (al que se opone firmemente el PP y que de no existir será exigida por las instituciones europeas) ni tampoco se ha firmado el contrato programa para asignar los recursos necesarios al ambicioso mandato de servicio público que se ha encomendado a RTVE.
En este contexto, la radio y la televisión públicas son más necesarias que nunca. La radiotelevisión de servicio público es imprescindible en una sociedad democrática para promover la cohesión social, el pluralismo político, la diversidad cultural y lingüística, satisfacer el derecho a la información del público y las necesidades de entretenimiento acorde con los valores democráticos. Las funciones del servicio público audiovisual no pueden quedar en manos de compañías mercantiles que hace mucho tiempo dejaron de ser empresas periodísticas para convertirse en conglomerados financieros. Basta repasar el dial de la TDT para comprobar que sólo los canales de TVE aportan contenidos diversos y especializados. Y si nos referimos a la radio, sólo RNE mantiene un canal de noticias, otro de música clásica y otro centrado en música juvenil no sometido a la radiofórmula. Otro de los grandes logros es la televisión a la carta que pone los contenidos de RTVE (especialmente su rico archivo) a disposición de todos de forma interactiva.
La audiencia ha premiado a La Uno, en gran parte por la desaparición de la publicidad. Un retorno a los anuncios parece inviable, así que probablemente la única financiación estable puede llegar vía presupuestos, y esto en el período de contracción actual puede significar más austeridad. Si se desarrolla la producción propia (así se promete en el Convenio Colectivo que acaba de ser refrendado por los trabajadores) hay un cierto margen de maniobra.
El público y la mayoría de los profesionales aprecian que en esta etapa los programas informativos han logrado un aceptable grado de independencia, neutralidad y calidad. No así el PP que sigue utilizando la denuncia de la manipulación como arma arrojadiza. A falta de estudios científicos sobre el contenido, mi opinión es que se ha logrado la neutralidad y un pluralismo institucional sesgado por el bipartidismo, que se ha avanzado en la representación de la diversidad social, pero que queda todavía un camino que recorrer para lograr un pluralismo pleno. El marco jurídico institucional no es perfecto, pero sí aceptable. Reformas legislativas de un gobierno con mayoría absoluta que ataquen la independencia profesional y editorial serían inaceptables.

Hace unos días el presidente del Trust de la BBC (véase su curriculum: presidente del Partido Conservador, Gobernador de Hong Kong, Comisario Europeo, Rector de Oxford) decía que la Corporación es una fuerza moral. La BBC se ha ganado durante más de 80 años el aprecio de los británicos. RTVE construye con dificultad esa función pública, pero la reacción social y profesional de estos días es un buen síntoma.