Sistemas de financiación de los medios públicos en Europa. Por una financiación estable, suficiente y sostenible de RTVE


Financiación

Los medios públicos, signo de la identidad europea, están en peligro. La batalla por su supervivencia se da en el campo de la financiación

Antes la radiotelevisión pública (PBS), ahora los servicios públicos multimedia- multiplataforma (PSM) son esenciales para la cohesión social y territorial y el mantenimiento de una esfera pública comunicativa. No solo tienen que adaptarse al nuevo entorno interactivo y a los cambios en los hábitos de consumo, sino que afrontan poderosísimos competidores tecnológicos y la enemiga declarada de la emergente ultraderecha.

El populismo de extrema derecha, el fascismo 3.0 (que contagia a los viejos partidos conservadores) considera estratégico destruir el servicio público.

Como muestra el emblemático botón de la BBC. Dominic Cummings, el cerebro tras la victoria del Brexit y ahora el más poderoso asesor de Boris Johnson, declaraba ya en 2004 que para que el partido conservador dominara la comunicación era vital minar la credibilidad de la BBC, la creación de un conglomerado de medios equivalente a Fox News y permitir los anuncios políticos pagados en televisión.

Ahora, el gobierno conservador quiere revisar el estatus de la BBC en 2022 (la actual Carta Real estará en vigor hasta 2027) y parece dispuesto a eliminar la licencia obligatoria y convertirla en una suscripción voluntaria. Su director general, Lord Hall, ha dimitido. Y se procederá a despedir 450 periodistas para ahorrar 80 millones de libras. La Corporación ya había integrado sus redacciones de radio, tv y online. Ahora reduce autonomía de los programas, producirá menos noticias, dará prioridad a las distribución online. No, no es racionalizar, es destruir el servicio público

Mientras que los ataques a la independencia informativa son más fácilmente identificables, el debilitamiento del servicio público a través de una insuficiente y cuestionada financiación son más insidiosos, en cuanto que se presentan invocando a la eficiencia fiscal y a la adaptación a los nuevos hábitos de consumo. Proponer una suscripción pública voluntaria es un torpedo dirigido a la línea de flotación del servicio público.

La infografía que abre esta entrada el servicio de estudios de la UER resume las líneas básicas de la financiación entre sus asociados, 31 servicios públicos europeos, de dentro y fuera de la UE. Un dato medio, como un coste diario de 10 céntimos por ciudadano, puede ser engañoso, porque las diferencias entre países son  abismales. En cambio, es bien significativo que el conjunto de los servicios públicos audiovisuales se financien por debajo de la inflación, de modo que los recursos reales en el periodo 2014-2018 han decrecido algo más del 4%, mientras que los competidores privados han crecido en términos nominales casi un 40% y las grandes plataformas tecnológicas más del 200%.

El propósito de esta entrada no es analizar las cifras de la financiación, sino reflexionar sobre la fundamentación de los distintos sistemas, su pros y contras.

Sistemas de financiación

 

Financiación distribución

Fuente: Funding of Public Service Media 2019. EBU Intelligence Service

Los presupuestos de estos servicios públicos se nutren de recursos públicos y comerciales.

 

Recursos públicos son las dotaciones presupuestarias, las tasas por recepción, los impuestos directos finalistas de los contribuyentes, las tasas e impuestos directos finalistas pagados por operadores privados.

Recursos comerciales, la publicidad, el patrocinio, la explotación de productos y derechos y las distintas formas de acceso condicional (servicios de pago).

En todos los países se da una mezcla de fuentes de financiación, pero como se aprecia en el gráfico las dominantes son las dotaciones presupuestarias y, sobre todo, las tasas de recepción. Ni las figuras tributarias, ni los sistemas de administración, ni, por supuesto, las cuantías son equiparables de país a país, pero lo que distintos estudios muestran es una fuerte correlación entre financiación, contenidos, audiencia y apreciación (EBU y estudios académicos) y calidad democrática (Reuters Institute).

La financiación pública libera a los servicios de las exigencias del mercado, mientras que la publicidad los pone en línea con sus requerimientos. Pero eso no quiere decir que a la financiación publicitaria aumente la audiencia. Como se ha dicho, la audiencia depende de una financiación suficiente, sea mediante recursos públicos o comerciales.

La tasa de recepción (canon)

Licence fee, redevance, Rundfunkbeiträge, canone… aquí, en España, donde solo existió en los inicios de la televisión, llamamos canon a la tasa por recepción.

Conviene recordar la diferencia entre impuestos tasas. Un impuesto es una contribución pública general realizada por personas físicas y jurídicas que graba una determinada capacidad económica (renta, patrimonio, propiedad, transación económica, negocio jurídico). Una tasa es una contribución que compensa el disfrute particular de un determinado bien o servicio público, sin perjuicio de que ese servicio genere un beneficio general.

Un buen ejemplo de tasa puede ser el peaje pagado por atravesar un puente que une dos ciudades, cuya existencia genera beneficios para esas ciudades, la región y el país en su conjunto. El canon de la radiotelevisión es una tasa finalista dedicada al pago del servicio público (encomendado a una o varias empresas públicas).

canon mundo

Históricamente, cuando la radio nace en Europa, aparece como una tasa de naturaleza semejante a la pagada por estación emisora, en cuanto que el proceso emisión-recepción supone el uso de un recurso público, el espacio radioeléctrico. Lo recaudado se dedica a financiar las nacientes radios públicas. Poseer, primero en los 20, un receptor de radio y, luego en los 50, uno de televisión no dejaba de ser algo excepcional. De modo que, aunque los receptores estuvieran muy  pronto presentes en cualquier lugar se mantuvo la idea de que los poseedores de un aparato (la inmensa mayoría) debían de pagar el servicio con esta tasa.

Dependiendo de los países el canon se ha venido pagando conjunta o separadamente por uno o varios receptores de radio y/o televisión. Es una tasa finalista destinada a financiar uno o varios servicios (por ejemplo, en Alemania ARD y ZDF) y hasta la producción independiente en el caso de Irlanda. En la UE las cuantías pueden ir de los 10 € de Rumanía a los 327 de Dinamarca (ver gráfico, datos de 2014). Francia, Reino Unido, Alemania e Italia tienen como principal fuente de ingresos el canon.

Pros:

  • Crea una vinculación entre el servicio y los ciudadanos que lo pagan directamente. Consiguientemente, refuerza el sentimiento de que el servicio es de los ciudadanos y la obligación de dación de cuentas por los gestores.
  • Previsibilidad presupuestaria.
  • Liberación de las exigencias del mercado.
  • Relativa independencia de las vicisitudes políticas presupuestarias. La tasa se aprueba parlamentariamente, y, por tanto, puede modificarse conforme las mayorías parlamentarias, pero no depende de los ajustes presupuestarios anuales.

Contras

  • Defraudación. Un clásico de las viejas comedias británicas (por ejemplo Los Ropers) era la ocultación apresurada de los receptores ante la llamada del inspector de la licencia. De ahí el sistema coercitivo de multas por impago, con la consiguiente impopularidad. El porcentaje de defraudación sin mecanismos efectivos de coacción puede ser alto (Italia, 26%).
  • Altos costes de administración. Por ejemplo, en Suiza, Billag, la empresa encargada de cobrar la tasa tiene una plantilla de 300 trabajadores.
  • Carencia de progresividad. Todos pagan lo mismo, sea cual sea su capacidad económica. Ello obliga a establecer excepciones. Por ejemplo, en el Reino Unido los mayores están exentos. Esta excepción antes era compensada por el gobierno, pero en la última revisión de la Carta fue asumida por la Corporación, lo que le ha supuesto una importante merma de ingresos.
  • Cambio de hábitos de consumo. Hoy pueden consumirse los contenidos del servicio público sin tener una aparato de radio o televisión, o, como ocurre con los jóvenes, o no consumirlos en ningún dispositivo.

En toda Europa hay una reconsideración del canon. La propuesta más radical es su conversión en una suscripción voluntaria,  que más adelante analizaré. Apunta una tendencia a grabar a los hogares, con independencia de los dispositivos que se posean. Esta nueva tasa puede ser cobrada junto con impuestos sobre la vivienda o, como en el caso de Alemania (17,50 € al mes) o Italia (100 € al año) con el recibo de la luz, lo que simplifica su gestión.

Con todo, cuando los ciudadanos han sido consultados han validado el canon. En Suiza el billag (recibe popularmente el nombre de la empresa recaudadora), 387 € anuales, fue ratificado en 2018 en referéndum por una contundente mayoría de más del 71% de los votantes.

Dotación presupuestaria general

También puede denominarse subvención pública. Cada año, los presupuestos generales dedican una partida específica a la financiación del servicio, al margen de otros ingresos públicos, como el canon o los impuestos a operadores.

Conceptualmente, es el sistema que mejor se adapta a la verdadera naturaleza del servicio: todos los contribuyentes, consuman o no sus contenidos, se benefician de cohesión social y territorial, de su papel esencial para conformar la esfera pública, en consecuencia es justo que se financie con los impuestos de todos, como la educación o la sanidad.

En Europa es la segunda fuente financiera, tras el canon. En los Países Bajos y la mayor parte de los países de Europa del Este es el recurso más importante de la radiotelevisión pública.

A menudo, la dotación o subvención pública es acordada en marco plurianual con la entidad a la que se encomienda el servicio mediante un contrato-programa, que vincula la financiación pública al cumplimiento de determinadas obligaciones. De este modo, la subvención pública puede que financie programas informativos, culturales, los destinados a los menores, la promoción de la igualdad, la cohesión social y territorial, mientras que el puro entretenimiento puede estar pagado por la publicidad, donde existe.

Pros

  • Todos financian el servicio. En la medida en que el sistema tributario sea más o menos progresivo, así será más o menos justa esta financiación. En un panorama de crecimiento de la televisión de pago, los que más tienen y disfrutan de servicios de pago, financian también el servicio para todos, del mismo modo que los que acuden a la sanidad privada contribuyen a la sanidad pública.

Contras

  • Dependencia política. Cada año el gobierno puede aumentar o disminuir la dotación por razones políticas o simplemente financieras. Esta dependencia se palía con la existencia de un contrato programa.
  • Inestabilidad financiera.

Impuesto directo finalista ¿progresivo?

Impuesto finlandia

Impuesto directo en Finlandia. Fuente: The Next Web. 28-11-12

Como alternativa al canon, se crea un impuesto directo finalista a pagar por todos los contribuyentes en su declaración anual de la renta.

El caso más notable es el de Finlandia, donde ha sustituido al canon. El tipo es un 0,68% fijo sobre los ingresos sobre, con exenciones para menores de 18 años y rentas por debajo de los 7.352 € anuales y reducciones para los jubilados. Como puede verse en el cuadro, frente al canon anterior de 252 € por hogar, este nuevo impuesto es más progresivo.

El reto sería introducir un impuesto directo y finalista verdaderamente progresivo, con tipos crecientes con la renta. O quizá como un porcentaje sobre el resultado del IRPF. Telededotos propuso en su Dictamen de 2015 que en la declaración de la renta se incluyera información sobre la cantidad que cada contribuyente dedica a financiar RTVE.

Pros

  • Los mismo del canon: vinculación directa con el servicio, independencia del mercado y de los avatares políticos.
  • Mayor aceptación, a mayor progresividad.
  • Sencillez de recaudación.

Contras

  • Impopularidad de un nuevo impuesto allí donde no exista el canon.

Tasas e impuestos directos a operadores privados

Fue una ocurrencia de Sarkozy, copiada de prisa y corriendo por Rodríguez Zapatero: grabar a las televisiones privadas, a cambio de eliminar la publicidad de las públicas (en Francia se ha mantenido en prime time).

La Ley 8/2009 (pdf) justifica la medida en su Preámbulo declarando que “parece lógico que quienes resulten beneficiados por esta decisión sean también quienes soporten, en parte, esa carga económica”. Beneficiados, de forma directa, lo fueron los canales privados de televisión -los promotores de la norma en la sombra-, aunque la medida se extendió a los operadores de telecomunicaciones que presten servicios audiovisuales. La supresión de la publicidad pavimentó el camino al oligopolio de los dos grandes grupos, Atresmedia y Mediaset, que terminó por consagrar normativamente la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual.

Más allá de su origen, en un régimen  de competencia público-privada, una de las funciones del servicio público es paliar las deficiencias del mercado. Tiene lógica, por tanto, que sean los operadores privados quienes financien, en todo o en parte, las misiones de servicio público.

En España, los operadores de telecomunicaciones de ámbito estatal o superior a una comunidad autónoma prestadores de servicios audiovisuaales realizan una aportación de un 0’9% de los ingresos brutos de explotación, mientras que en el caso de las televisiones privadas, que entonces concesionarias del servicio público de ámbito estatal, deben pagar el 3%, también sobre sus ingresos brutos de explotación. A este impuesto -así reconocido por la STS 2425/2017– se suma la transferencia de un porcentaje de la tasa por la reserva del dominio público radioléctrico, existente con anterioridad.

Este impuesto directo ha sido combatido por las compañías de telecomunicaciones en los tribunales españoles y europeos, que han fallado que el gravamen es conforme al derecho español y al comunitario, que no incumple las normas que rigen las ayudas públicas ni vulnera la regulación de las tasas contempladas por el Reglamento Europeo de Telecomunicaciones. No obstante, la liquidación de estas aportaciones ha dado lugar a todo tipo de controversias ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el regulador español.

Pros

  • Los que se benefician de un mercado cuyas deficiencias son paliadas por el servicio público son los que cargan con su financiación.
  • No supone una carga ni para la Hacienda pública, ni para los ciudadanos, aunque los operadores de telecomunicaciones pueden terminar por repercutir el gravamen en el precio de los servicios prestados.
  • Como el resto de los recursos públicos, libera al operador del servicio público de las exigencias del mercado.

Contras

  • Imprevisibilidad. Las empresas públicas no pueden hacer sino previsiones aproximadas de cuales serán sus ingresos por estos conceptos, pues desconocen los planes de las compañías privadas de televisión y telecomunicaciones.
  • “Cuanto mejor audiencia tengan mis competidores, más ingresos tendré”. El servicio público no puede reducirse a un proveedor de contenidos minoritarios, las televisiones públicas tienen que seguir compitiendo por las grandes audiencias, de modo que, paradójicamente, cuanto mejor sean los resultados de su competidores y perores los propios más recursos recibirá.
  • Contenciosidad. Las grandes compañías privadas y sus poderosos servicios jurídicos despliegan cada año todos sus recursos legales para minmizar estas aportaciones.

Publicidad

La televisión se desarrolla en Europa en los años 50 en el molde público de los ya existentes servicios públicos de radio, entonces en la mayor parte encomendados a empresas estatales. Pero es también muy fuerte la influencia de Estados Unidos, donde la televisión se había convertido en el gran medio de masas. Así que, como hay que realizar importantes inversiones y la televisión con cortes publicitarios era un éxito al otro lado del Atlántico, son pocos los países que se resisten a introducir los anuncios en los nuevos programas de televisión.

La publicidad se convierte en fuente importante de financiación de los nuevos servicios en muchos países, destacadamente Francia e Italia y en menor medida Alemania. La BBC queda preservada, pero a cambio es el primer operador público que tiene que competir con un operador con publicidad, la ITV.

El caso de España es especial. Pronto se abandona el canon, y con los ingresos publicitarios se construye la red de transmisión, los estudios e instalaciones y los programas que se llevaban a festivales internacionales para intentar lavar la cara al franquismo. Y todavía cada año un importante remanente nutría las arcas de la Dirección General del Tesoro. Si, como por entonces dijo Lord Thompson (propietario de The Times), una licencia de televisión era lo más parecido a un permiso para acuñar moneda, más aún en un régimen de monopolio. Por si fuera poco, el régimen franquista podía presumir de que España era el único país europeo en el la televisión era gratis.

La llegada de las televisiones privadas en los 90 va mermando los ingresos y arrastra a TVE a una competencia feroz que degrada sus programas y crea un enorme agujero financiero. En 2009, el gobierno Zapatero, entrega a las televisiones privadas el mercado publicitario en el que TVE todavía era líder. Hoy Atresmedia y Mediaset concentran más del 80% del mercado publicitario.

En toda Europa, las rtv públicas han visto declinar los ingresos publicitarios y, en consecuencia, ha aumentado el porcentaje de ingreso públicos de una u otra procedencia. Quizá sea la RAI la comañía pública que mejor saca provecho a la publicidad, con unos ingresos de 550 millones de euros, pero muy por debajo de los 1.758 millones recaudados por el cano (presupuesto consolidado 2108).

publicicad por plataforma

Fuente: Funding of Public Service Media 2019. EBU Intelligence Service

La televisión no ha sufrido la terrible sangría publicitaria que en el ecosistema digital ha castigado a la prensa, como se aprecia en el gráfico adjunto. En su conjunto, la televisión lineal tradicional pierde muy poco audiencia, pero la fragmentación limita notablemente la capacidad de las televisiones públicas de financiarse con publicidad. Además, los hábtos cambian. Los jóvenes consumen ficción en streaming y este hábito se extiende poco a poco a la población de mayor edad, en parte por la política comercial agresiva de los operadores de telecomunicaciones y las plataformas OTT por sucripción, en parte por el empobrecimiento de los contenidos de las televisiones lineales, propiaciado por la lucha por el prime time en las televisiones comerciales y recortes presupuestarias en las públicas.

Pros

  • Libera a los operadores públicos de la dependencia política y las restricciones presupuestarias de los recursos públicos y les ayuda a lograr la autonomía financiera.
  • Exige acomodar la programación a los gustos de las mayores minorías.
  • Libera al contribuyente de gravámenes específicos, aunque los gastos publicitarios sean trasladados luego a los consumidores vía precios.

Contras

  • Somete a los operadores públicos a los requerimientos del mercado.
  • Hace indistingibles las programaciones de las televisiones comerciales y las televisiones públicas.
  • Es un recurso en declive, debido a la fragmentación de audiencias y al cambio de hábitos de consumo.

Recursos de explotación

Todas las radiotelevisiones públicas explotan comercialmente sus producciones y prestan servicios a terceros. En la edad dorada, las televisiones públicas europeas eran grandes fábricas audiovisuales y la venta de sus productos suponían importantes ingresos. Las normas europeas de apoyo a la producción independiente, los cambios del mercado y las constricciones presupuestarias han convertido a los operadores más en contratistas que productores, pero todavía la gestión de los derechos de las producciones propias y coproducciones, así como la prestación de servicios a terceros sigue siendo una relevante fuente de recursos, aunque por detrás del canon, la dotación o subvención pública y, allí donde existe, la publicidad.

En esta categoría cabría incluir el patrocinio, pues aunque es una forma de publicidad menos agresiva, va ligada directamente a un determinado programa o contenido digital. La Ley 8/2009 solo permite a RTVE el patrocinio y el intercambio publicitario de contenidos culturales y deportivos. La CNMC ha sancionado en varias ocasiones a RTVE por introducir patrocinios o publicidad en retransmisiones deportivos con multas de hasta un millón de euros.

Pros

  • Aumenta la autonomía financiera.
  • La producción debe planificarse con un ciclo de explotación más allá del consumo inmediato.
  • Obliga a los operadores públicos a establecer una explotación eficiente de sus productos y servicios.

Contras

  • La búsqueda del patrocinio o de su ulterior explotación puede condicionar la calidad de los contenidos.

Acceso condicional. La trampa de la suscripción

Los servicios públicos mediáticos pueden financiarse mediante alguna forma de acceso condicional: pago por visión o suscripción temporal. Puesto que uno de los fundamentos esenciales de estos servicios es el acceso universal, libre y gratuito ningún operador europeo (al menos que yo conozca) aplica sistemas de acceso condicional dentro de su territorio.

En cambio, imponen sistemas de pago a aquellos que quieren acceder a sus canales o contenidos digitales desde otros países. Los operadores públicos europeos contratan con operadores de pago la difusión de sus canales en el extranjero (como hace TVE), crean canales internacionales por satélite que no están sometidos a restricciones publicitarias (caso de la BBC) o establecen sistemas de vídeo bajo de demanda de pago.

financiacion publica frente suscripción privada

Fuente: Funding of Public Service Media 2019. EBU Intelligence Service

Como se dijo más arriba, en la reconsideración del canon aparecen propuestas (como la del gobierno conservador británico) para sustituirle por una suscripción voluntaria. Es frecuente la comparación de la cuantía del canon o de lo pagado por cada ciudadano con el coste de los paquetes de canales de pago y sobre todo con el precio de suscripción a los servicios OTT, cuyo representante más agresivo en Netflix. Más allá de que, como puede verse en la infografía, el coste medio es notablemente inferior en el caso del servicio público, lo importante es que esa suscripción voluntaria es radicalmente contraria a la esencia del servicio público y su introducción significaría su destrucción a medio plazo.

La comparación con Netflix y otros operadores OTT no se sostiene. El servicio público tiene un conjunto de misiones complejas: promover el debate público, la cultura, la igualdad, la cohesión territorial, contenidos dirigidos a públicos minoritarios o protegidos y, en definitiva, modelar una esfera de comunicación pública. Produce información, formación y entretenimiento, todo tipos de géneros y formatos televisivos y contenidos en los nuevos lenguajes multimedia destinados a todos. Netflix y adláteres producen esencialmente ficción y, en menor medida, documentales y su finalidad no es ya congregar audiencias masivas sino lograr con cada nueva producción un impacto mediático que conquiste más suscriptores y una fidelidad para sucesivas entregas del producto. Sus resultados económicos dependen del número de suscriptores, no del consumo que se realice.

Supongamos que una ciudanía muy concienzada se sucribe masivamente. ¿Qué pasa con el resto?  ¿Se beneficiarían de los contenidos informativos, de entretenimiento y culturales sin pagar nada? Sí, los suscriptores tendrían un vínculo personal con el servicio, pero ¿podrían darse de baja o de alta, como tanto consumidores hacen hoy cambiando casi mensualmente de servicio OTT en función de las novedades ofertadas?

Financiación participativa

Bonini y Pais (veáse Fuentes) han realizado una interesante propuesta, introducir modalidades de crowdfunding y participación en los sistemas de canon.

El canon se mantedría con su misma estructura y cuantía, pero quien lo deseara podría darse de alta en un sistema participativo mediante el pago de 5 € (por costes de administración), lo que les daría derecho a decidir sobre los contenidos a producir por un valor de un 20% de la inversión total, de modo semejante al modelo de presupuestos participativos introducidos por algunos ayuntamientos.

Un método como este podría perfectamente aplicarse no solo donde haya canon, también donde exista un impuesto directo o individuación de lo aportada a través del impuesto sobre la renta.

Lograr una participación popular es uno de los grandes retos del servicio público, de modo que es imprescindible explorar sistemas como el descrito. Una suscripción participativa podría servir no solo para decidir sobre los contenidos a producir, sino también para crear un cauce de elección de representantes del público en los órganos de asesoramiento y gobierno y, en general, para crear un canal para hacer oir la voz del público en el interior del servicio público.

Una financiación sostenible para RTVE

No hace falta recordar que RTVE se encuentra en una crisis profunda, uno de cuyos elementos es su insuficiencia financiera. RTVE es uno de los servicios con una menor coste per capita, solo 19 €., frente a los, por ejemplo, 41 € de la RAI (veáse cuadro). Nunca se ha alcanzado el tope de los 1.200 millones de euros, establecido por la Ley 8/2009 para el bienio 11-12 y conflictos como el de la aplicación del IVA han supuesto mermas muy importantes en unos presupuestos ya de partida insuficientes.

Hasta que se afronte una reforma general, es imprescindible una aumento de la dotación presupuestaria compesatoria del servicio público, como se anunciaba para los no aprobados presupuestos de 2019 (incremento del 9’5%). Pero lo importante es establecer un sistema que asegure una financiación sostenible y suficiente para las misiones de un servicio público, que ya no se limita a la radiotelevisión, sino que se extiende a todo tipo de plataformas.

El primer paso es que el las Cortes aprueben un nuevo mandato marco, que defina para la próxima década las misiones del servicio público, en el nuevo ecosistema comunicativo, muy distinto al de 2006. E inmediantamente iniciar la negociación de un contrato-programa, que concrete los objetivos y las aportaciones presupuestarias en un marco trianual.

Examino a continuación el papel que cada una de las fuentes debieran de tener en uno nuevo mix financiero:

  • Publicidad, no. De cuando en cuando todavía se oye alguna voz que pide la reintroducción de la publicidad. La publicidad se eliminó precipitadamente, en un pacto con las televisiones privadas, sin un plan serio sobre las consecuencias de la medida, pero hoy su regreso sería letal. El servicio público, multimedia, multiplataforma, volvería a ser medido exclusivamente por los ingresos publicitarios, lo que obligaría a una deriva aún más comercial de los programas. TVE perdería un imporante signo de identidad, la emisión sin interminables pausas publicitarias. Y los ingresos podrían ser magros, pues el mercado es muy distinto al de 2010. Ahora el oligopolio Atresmedia-Mediaset absorve más del 80% de los recursos publicitarios. Además, RTVE desmontó sus servicios de comercialización publicitaria. Y, sobre todo, sería suicida volver a apostar por un recurso declinante, como es la publicidad.
  • Canon, no. Como hemos visto se encuentra sometido a revisión en toda Europa, pero además en España, sin tradición, significaría una carga altamente impopular y con costes elevados de administración.
  • Mantener y extender las aportaciones de los operadores privados. Una vez que los tribunales españoles y europeos han declarado estos gravámenes conforme a Derecho, no tendría sentido eliminarlos. Al contrario, deben extenderse a los servicios de vídeo bajo de demanda. Y debe clarificarse su liquidación para evitar conflictos y aumentar, en la medida de lo posible, su previsibilidad.
  • Mantener la transferencia del 100% de la tasa sobre el la reserva del dominio radioeléctrico.
  • Dedicar un porcentaje fijo de los ingresos sobre el IRPF. No supondría una carga nueva, daría estabilidad e informaría a cada contribuyente sobre su aportación al servicio público. Permitiría crear, además, algún instrumento de participación, al estilo de los presupuestos participativos.
  • Flexibilizar el patrocinio y reforzar la explotación comercial en el exterior.
  • Subvención compensatoria. La dotación presupuestaria directa tendría que complementar a las otras fuentes hasta satisfacer el total de las obligaciones presupuestarias derivadas del contrato-programa.

¿Qué porcentaje debiera de corresponder a cada fuente? En 2018 las aportaciones de los operadores privados fueron de 193 millones, 380 millones la tasa radioeléctrica, 341 la subvención compesatoria y 58 los ingresos comerciales. Sin un análisis económico no se puede responder, pero el ideal podría estar en un 30% tasa radioléctrica, 30% aportaciones operadores, 20% IRPF, 10% explotación comercial y 10% subvención compensatoria, esto es, 60 % aportaciones de operadores privados, 30% aportaciones públicas y 10% explotación comercial.

FUENTES

EBU Media Intelligence Service. (2019). Funding of PSM 2019. (pdf)

Saurwein, F., Eberwein, T., & Karmasin, M. (2019). Public Service Media in Europe: Exploring the Relationship between Funding and Audience Performance. Javnost – The Public, 26(3), 291–308. https://doi.org/10.1080/13183222.2019.1602812

Bonini, T., & Pais, I. (2017). Hacking Public Service Media Funding: A Scenario for Rethinking the License Fee as a Form of Civic Crowdfunding. JMM International Journal on Media Management, 19(2). https://doi.org/10.1080/14241277.2017.1298109

Campos Freire, F. (2014). “El nuevo horizonte de la financiación de la radiotelevisión pública europea”. COMUNICACIÓN AEIC BILBAO 2014.

How is TV funded around the world? BBC news, 31-03-14.

 

 

Consultas públicas sobre el futuro del audiovisual


Durante enero y febrero algunas de las normas fundamentales de la regulación audiovisual han estado o están en período de información o consulta pública.

A lo largo de este año debieran, primero, promulgarse las normas reglamentarias que permitan que la TDT siga siendo el sistema de difusión de la televisión lineal y, luego presentarse el proyecto de ley que modifique la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) para adaptarla a la reforma de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual.

A buen seguro que los servicios de estudios de los grupos mediáticos echan humo y abogados y lobistas peregrinan por despachos de funcionarios y políticos. El Derecho español abre vías para que interesados y ciudadanos hagan sus aportaciones en los pasos previos del proceso legislativo. A buen seguro lo harán las instituciones (por ejemplo, CNMC, consejos audiovisuales de Andalucía y Cataluña), las empresas audiovisuales, de telecomunicaciones y publicitarias. Más difícil es que tengan la capacidad de hacer oír su voz las pocas organizaciones sociales y académicas interesadas en el sector.

Por si alguien se anima, en esta página del Ministerio de Economía se encuentran las distintas normas sometidas a información o consulta pública.

El segundo dividendo digital y el Plan Técnico de la TDT

Estamos inmersos en un proceso de reordenación del espectro radioeléctrico, en el que frecuencias hasta ahora ocupadas en la emisión de televisión se van a otorgar a los operadores de telecomunicaciones para el desarrollo de la nueva banda ancha inalámbrica móvil 5G. La nueva generación de telefonía móvil promete una enorme capacidad de transmisión de datos ( mínimo 20 Gbps y 10 Gbps de subida, latencia de 4 ms) para hacer posible el Internet de las cosas, esto es, que todo tipo de dispositivos puedan estar conectados en una misma red Ip con respuestas instantáneas.

A esa trasferencia (“liberación” en la jerga del sector) de frecuencias de los servicios de radiodifusión a los de telecomunicaciones se le ha llamado dividendo digital. Ya se produjo un primer crecimiento de la telefonía móvil en el espectro con la digitalización de la emisión de televisión y ahora viene el segundo.

¿Dividendo para quién? Sin duda para los telecos, para los gobiernos, que obtienen importantes ingresos en la subasta de las frecuencias, para las empresas que pueden desarrollar nuevos servicios y los ciudadanos que sean sus clientes. Pero un recurso de dominio público, como es el espectro, en lugar de utilizarse para la difusión de un servicio abierto de acceso universal y gratuito, como es la radiodifusión, se va a utilizar para un servicio de pago por suscripción a un operador de acceso.

Puesto que el aumento de la resolución (del SD al Hd, del 4 K al 8 K) de la imagen en emisión requerirá una ocupación mayor del espectro es muy improbable que la televisión lineal pueda seguirse distribuyéndose directamente por emisión hertziana y haya distribuirse por la red de datos bajo protocolo Ip. Dicho más claro: hora encendemos el receptor y oímos la radio o vemos la televisión sin suscripción ni pago, dentro de poco tendremos que tener un acceso a Internet, de pago, por supuesto, para acceder a la aplicación del canal, sea este abierto o no. ¿Privatización del dominio público?.

De momento, la televisión lineal tiene garantizada la emisión hertziana (la TDT, para entenderno) hasta 2030. Una decisión de la UE de 17 mayo de 2017 establece que la liberación de la banda de 700 Mz y su dedicación a la telefonía de banda ancha debe hacerse antes de 30 de junio de 2020, al tiempo que reserva hasta 2030 la banda de 470-694 Mz, canales 21-48, para las emisiones de televisión digital. Así que antes de julio del próximo año sufriremos otro baile de frecuencias. Las televisiones desocuparan los canales que utilizan en la banda de 700 Mz y habrán de acomodarse en los canales 21-48. Y los sufridos consumidores tendrán que readaptar las antenas.

Sale ahora a consulta el proyecto de Decreto del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre. En esencia, su objetivo es mantener la misma oferta de canales programáticos actuales, reacomodándolos a todos en los canales radioeléctricos 21 a 48, sobre los que operarán dos multiplex más, a sumar a los seis asistentes.

Más de lo mismo, mismo número de canales por operador, mayoría de canales en SD, canales en HD (replicados en simulcast en SD) de calidad muy mejorable, iguales capacidades de desconexión. Los mismos canales más apretados en menor ancho de banda, gracias, se supone, a una mejor administración del espectro.

Veremos si la calidad no se reduce aún más en esta migración. Falta ambición y una apuesta por la calidad en lugar de por la cantidad. Pero no se puede hacer otra cosa, teniendo en cuenta las licencias otorgadas. Ya se perdió una oportunidad en 2015 al otorgar otras tres licencias SD y otras tantas HD. Ahora todo se fía a la mejora que traerá la nueva norma de emisión DVB-T2, pero al respecto no se establece la obligatoriedad de su uso por los emisores, pero sí que los receptores estén adaptados a ella.

En el caso de RTVE la situación mejora un poco. Ahora tiene un multiplex (cuatro canales) en exclusiva y la mitad de otro, en total 6 canales radioeléctricos, que dan para 4 canales en simulcast (SD y HD al mismo tiempo) y uno solo en SD (Canal 24 Horas). En el nuevo Plan Técnico contará con un multiplex exclusivo y 3/4 de otro, en total 7 canales radioeléctricos, que debieran permitir, al menos, que el Canal 24 Horas se emita simultáneamente en SD y HD.

La emisión simultánea en SD y HD es una utilización bastante ineficiente del espectro, pero por ahora es la única manera de que todos los espectadores, incluso los menos actualizados tecnológicamente, puedan recibir todos los canales.

¿No se podría hacer un “apagón SD”, como se hizo un “apagón analógico”? Entonces todos tuvimos que comprar un decodificador o cambiar de televisor. Ahora con una medida similar, como sería la imposición de la norma DVB-T2 ¿quedaría alguien detrás, esto es, aumentaría la brecha entre “los que tienen” y “los que no tienen”?

La supervivencia de la televisión lineal en abierto pasa por mejorar su resolución, al menos a HD, con una previsión clara para llegar al UHD (4K). Sus competidores, las OTT del vídeo bajo demanda (VOD) prácticamente ofrecen todos sus contenidos en HD y muchos en UHD.

Para la migración a los canales 21-la Hoja de Ruta del segundo dividendo prevé subvenciones para la adaptación de las edificaciones (sí, habrá que resintonizar de nuevo las antenas, buen negocio para los antenistas) y para que los operadores emitan simultánea y transitoriamente en sus actuales canales de la banda 700 Mz y en los definitivos de la banda  470-694 Mz. Por el momento, solo hay abierta información pública para elaborar un Decreto de subvenciones a los operadores públicos.

No debe olvidarse tampoco el principio de neutralidad tecnológica,  esto es, que si se otorgan ayudas para la prestación del servicio, estas deben abrirse en condiciones de igualdad a las distintos sistemas de distribución de la señal: transmisión digital terrestre, cable, Internet. La neutralidad tecnológica forma parte de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, que ha ratificado la reclamación por parte de la Comisión de las ayudas a la implantación realizadas por Galicia y Castilla-León, aunque no en el caso de Castilla-La Mancha, por razones jurídicas que aquí no se pueden desarrollar. De modo que resultará complicado que se subvencione a Abertis, el operador de la red, para que las emisiones lleguen a lugares de difícil cobertura.

Por cierto, que en la reforma del Plan se sigue incumpliendo la obligación de reserva de espectro radioeléctrico para los servicios comunitarios sin ánimo de grupo (art. 32.2 LGCA).

La reforma de la Directiva de Servicios Audiovisuales y de la LGCA

Las infraestructuras y normas técnicas son decisivas para el futuro de la televisión, pero los cambios descritos no afectan a los contenidos, más allá de la resolución. La norma básica de regulación de los contenidos es la Directiva europea de Servicios Audiovisuales y su transposición española en la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual (texto consolidado).

En 1989, invocando la unidad del mercado de servicios, la Directiva de la Televisión sin Fronteras instauró una regulación europea del servicio de la televisión, independientemente de que fuera prestado por operadores públicos o privados.

Los estados tenían que aceptar las emisiones transfronterizas de otro estado miembro, bajo el supuesto de que los contenidos estaban sujetos al menos a esa mínima regulación. Básicamente, las materias reguladas han sido la publicidad y otras comunicaciones comerciales, el fomento de la producción europea, la protección de los menores y los consumidores.

La Directiva se amplió primero a los medios audiovisuales y luego al concepto más amplio de servicios de comunicación audiovisual. La Directiva, junto con la política de la competencia, han modelado la política audiovisual europea con una orientación mercantil, nada favorable para los operadores públicos. Y aunque se trata de una regulación de mínimos, los estados se han acomodado a ellos, sin normas más rigurosas protectora del pluralismo y el derecho a la información de los ciudadanos.

Su última reforma es la Directiva 2018/1808, de 14 de noviembre. Los estados deben trasponerla antes del 20 de septiembre de 2020. De aquí, la consulta para modificar la LGCA.

No se puede analizar aquí con extensión el contenido de la reforma de la Directiva, pero estas son sus líneas básicas:

  • Los servicios de vídeo bajo demanda (VOD) pasan a considerarse servicios de comunicación audiovisual y se adapta a ellos la regulación de los canales de televisión. La medida más destacada (art. 13) es la obligación de que un 30% de su catálogo sean producciones europeas y si el estado (como es el caso de España) impone a los canales de televisión obligaciones de financiación, estas serán aplicables también a estas plataformas de vídeos bajo demanda.
  • Los servicios de intercambio de vídeos se regulan específicamente. Se trata de servicios comerciales cuya actividad principal sea la agregación de vídeos, por tanto, una página web informativa que suba vídeos no entra dentro de esta categoría. A diferencia de los servicios de comunicación audiovisual (canales y plataformas de VOD) en estas plataformas no existe un control editorial de los contenidos, pero si una responsabilidad derivada de su capacidad de ordenar, presentar y destacar los vídeos generados y subidos por los usuarios. Su regulación es mucho más laxa que la de los servicios de comunicación audiovisual. Se podrán establecer medidas a proteger a los menores y evitar los vídeos que inciten al odio, la violencia o la comisión de delitos de terrorismo. La Directiva invita a los estados a adoptar fórmulas de autorregulación y corregulación. Las medidas adoptadas pasarán por la identificación de los contenidos, la verificación de la edad de los usuarios, facilidades de control parental, herramientas de denuncia de contenidos peligrosos. En ningún caso se podrán adoptar medidas de control previo ni filtrado de contenidos.
  • Liberalización de la publicidad. Reforma tras reforma, las condiciones impuestas a las comunicaciones comerciales son cada vez más laxas. Ahora, los canales de televisión ya no tendrán limitaciones hora a hora. Bastará con que cumplan el límite de un 20% de todo el tiempo de emisión en los horarios de 8 a 18 horas y de 18 a 24 horas. Así que los espectadores de los canales privados ya pueden prepararse para bloques publicitarios extremadamente largos cuando al operador le convenga. Las autopromociones y las cortinillas no cuentan como publicidad. Además, se permite el emplazamiento publicitario, salvo en los programas informativos, infantiles y religiosos.
  • Transparencia. Los estados deberán velar porque el público pueda acceder a la información básica del operador de un servicio, pero los estados si lo desean pueden obligar a hacer pública la estructura de la propiedad.
  • Reguladores audiovisuales. Refuerza las exigencias de independencia y admite que los reguladores lo puedan ser de varios sectores, algo que no favorece a los que hemos pedido un consejo audiovisual especializado, como establecía la LGCA y no el actual regulador omnibus que es la CNMC. Se crea el Grupo de Entidades Reguladoras (ERGA).

La transposición de la Directiva exige la modificación de la LGCA, para lo que se abre consulta pública hasta el 22 de marzo. La consulta realiza 22 preguntas, la mayor parte muy generales. No debe olvidarse que, conforme la Directiva (art. 4.1), los estados pueden imponer a los prestadores bajo su jurisdicción medidas más estrictas y detalladas (art. 4.1).

No tiene que ver con la adaptación de la Directiva, pero a mi modesto juicio la reforma más importante que requiere el derecho audiovisual español es la reforma del régimen de licencias. No puede ser que las medidas anticoncentración se apliquen solo antes de las fusiones y no después, con la consecuencia de un oligopolio de dos grandes grupos que concentran el 60% de la audiencia y el 85% de la publicidad. Los procesos de otorgamiento tienen que ser transparentes, los proyectos presentados públicos y deben establecerse procedimientos de retirada de la licencia si se incumplen los compromisos en función de los que fue otorgada.

A partir de ahora se desarrollará una batalla para que la reforma sea la más conveniente a los intereses de los grandes públicos.

¿Quién defenderá al servicio público y a los intereses y derechos de los ciudadanos?

La trampa del regreso de la publicidad a TVE


El Partido Popular plantea el regreso de la publicidad a TVE. En una proposición no de ley aboga por un modelo de financiación sostenible de RTVE que “fomente la obtención de ingresos comerciales, incluidos los derivados de la participación en el mercado de la publicidad” (agregación de informaciones en Google News). Lo inconcreto de la propuesta y el instrumento parlamentario elegido para hacerla lleva a pensar que su función es un aviso a los operadores privados para que acomoden sus informativos a los intereses del PP y no un intento serio de cambiar el sistema de financiación.

Me he pronunciado reiteradamente en este blog contra la publicidad en TVE y he criticado el modo en que se eliminó. Hoy sistematizo y actualizo argumentos en contra y a favor.

En contra de la publicidad en TVE

Dañaría la imagen del servicio público. En estos casi cuatro años el público identifica el servicio público con una televisión sin publicidad. La vuelta de los anuncios eliminarían una señal de identidad.

Disminuiría la audiencia. Al menos en un primer momento, y al margen de los cambios que la programación pudiera sufrir, el efecto zapping framentaría más la audiencia.

Exigiría una programación más comercial para competir con las privadas. Con menguados presupuestos es improbable que esa competencia tuviera éxito. En lugar de competir con productos de alto presupuesto habría que recurrir a producciones cutres o regresar al modelo José Luis Moreno. Sería un suicidio. Se entraría en un círculo vicioso: menor audiencia, menores recursos, menor calidad, menos espectadores…

TVE no está preparada para captar publicidad. Después de desmontar su estructura comercial, tendría ahora que competir con las centrales publicitarias de los dos grandes grupos oligopólicos, Atresmedia y Mediaset, que concentran el 60% de la audiencia y casi el 90% de la publicidad. Los grupos privados gestionan globalmente la publicidad de sus canales, algo muy difícil para TVE con canales como La Dos o 24 Horas. Ni siquiera en los tiempos en que La Uno era líder de audiencia TVE lograba la misma rentabilidad publicitaria.

Se perderían los ingresos por las tasas de operadores privados y telecos. Con el retorno de la publicidad estas empresas lograrían la derogación de la tasa que graba sus ingresos.El Tribunal Europeo declaró conforme al derecho comunitario esta tasa. Su cuantía dependerá de la marcha general de la economía. En cualquier caso, mejor que paguen los grupos oligopólicos (de televisión o telefonía) que no introducir un canon general que grabara a todos.

El servicio público sería medido por los resultados publicitarios. Audiencias e ingresos publicitarios serían el baremo legitimador del servicio público. Si los ingresos publicitarios no llegaran a cubrir los objetivos presupuestarios RTVE sufriría recortes en su estructura y personal y estaría en riesgo de desaparecer.

A favor de la publicidad en TVE

Todos los argumentos a favor parten de la premisa de una publicidad limitada que excluya la comercialización de la programación.

Los programadores se esforzarían en conquista a la audiencia. Una televisión sin publicidad corre el riesgo de divorciarse de las audiencias. No hay servicio público sin público.

La diversificación de fuentes da estabilidad financiera. Los ingresos publicitarios pueden compensar los altbajos de los recursos públicos.

Efecto benéfico sobre el mercado publicitario. El regreso de un competidor como TVE, por muy disminuido que esté, aumentaría la competencia en este mercado oligopólico.

Por una reconsideración del servicio público multimedia y su financiación

El servicio público de RTVE no puede ser reducido a TVE y menos a los resultados de audiencia de La Uno en prime time. El servicio público consiste en una oferta de contenidos audiovisuales de calidad (plurales, incitadores de pensamiento crítico y de la participación social) a través de los canales tradicionales de radio y televisión y de las nuevas plataformas interactivas.

La financiación de este servicio puede tener las siguientes de fuentes de financiación:

Presupuestos generales. Los presupuestos deben financiar el coste neto total del servicio público, concretado en las obligaciones establecidas por un contrato programa.

Tasas sobre televisiones y telecos. Su cuantía minoraría la aportación de la subvención pública al coste neto del servicio público. El procedimiento de cálculo debe concretarse al máximo para evitar su judicialización.

Ingresos comerciales. Explotación de productos. Patrocinio y publicidad limitada. Reducciones drásticas sobre los tiempos de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, sin interrupción de los programas y ausencia en determinadas franjas, como las de protección infantil. Estos ingresos publicitarios tendrían que obtenerse con independencia de los ingresos públicos y respetando las reglas de la competencia y servirían para financiar programas con un caracter de servicio público menos marcado.

Las telefónicas tienen que financiar el servicio público audiovisual francés


El Tibunal Europeo de Justicia ha declarado conforme al derecho comunitario el impuesto especial que graba a los operadores de telecomunicaciones franceses y que se destina a financiar a las radiotelevisiones públicas. La sentencia, un precedente para el similar caso español, llega cuando en nuestro país parecía que el gobierno preparaba la reintroducción de la publicidad en TVE.

 

La sentencia: tasas e impuestos especiales

El fallo ha sido una sorpresa porque la mayoría de los expertos apostaban por la abrogación del impuesto especial.

La interpretación dominante -la sostenida por la Comisión en su demanda ante el TEJ- era que la Directiva de autorización de redes y servicios electrónicos de 2002 no permitía grabar a los operadores de telecomunicaciones con cargas impositivas que no fueran destinadas a cubrir los gastos administrativos ocasionados por la gestión, el control y la ejecución del régimen de autorización general.

El Tribunal (adoptandola posición de la República Francesa, apoyada por España y Hungría) entiende  que esa es una intepretación extensiva. Que la tasa que la Directiva regula está vinculada a los gastos originados por la autorización de la actividad y que nada impide a un estado miembro imponer otras cargas fiscales distintas. La regulación de la tasa pretende hacer transparente y no discriminatorio el sistema de autorización y que el estado no condicione la expedición de la autorización a unos gravámenes abusivos.

Para entender la cuestión hay que recordar la clásica distinción del derecho tributario entre tasas e impuestos especiales.

El hecho tributario es en la tasa el beneficio obtenido por el sujeto como consecuencia del disfrute del dominio público o de la prestación de un servicio público. Como recuerda el Tribunal, las tasa (redevances en el derecho francés) tienen carácter remuneratorio. La carga tributaria establecida por la Directiva es una tasa vinculada a la prestación del servicio de autorización.

En cambio, los impuestos especiales gravan una actividad económica específica del sujeto tributario, sin que éste reciba una prestación pública. El Tribunal viene a considerar el gravamen como un impuesto especial (aunque no utiliza esta terminología), que no está vinculado a la prestación del servicio de autorización y que, por tanto, el estado francés puede establecer soberamente, sin que entre en conflicto con la Directiva. Entre otros argumentos, el Tribunal considera que el hecho de que sólo estén obligados los operadores con ingresos superiores a los 5 millones de euros indica que es un gravamen no general y, por tanto, no vinculado al proceso de autorización.

 

El precedente para el caso español

España espera la resolución de un caso prácticamente idéntico. El precedente parece decisivo para desestimar la demanda de la Comisión, pero la experiencia dice que es temerario dar por hecho el sentido de cualquier sentencia en cualquier instancia judicial.

El gobierno Zapatero copió la ocurrencia de Sarkozy de eliminar la publicidad en la televisiones públicas, y establecer, en cambio, un gravamen sobre las televisiones privadas y los operadores de telecomunicaciones. Pero hay diferencias que pueden pesar en la futura sentencia:

– Como en Francia, en España no todos los operadores están sujetos al gravamen. Si en Francia lo están los ingresen más de 5 millones de euros, en España (art. 5 L. 8/2009) el gravamen pesa sobre los de ámbito estatal o superior a una comunidad autónoma, siempre que presten servicios audiovisuales.

En España se hace una vinculación expresa entre el gravamen y los beneficios obtenidos por los operadores en atención a la nueva regulación de las telecomunicaciones, especialmente la ampliación de los servicios de banda ancha y móvil, la supresión de la publicidad y la renuncia de RTVE a los contenidos de pago o acceso condicional (ar. 5 L. 8/2009).

Esta vinculación podría llevar a calificar de tasa a este gravamen, en cuanto vinculado a unos beneficios, pero en cualquier caso no creo que pueda entenderse que el gravamen es una tasa de autorización, porque no está vinculado a la administración y gestión de la autorización.

 

¿Qué hacemos con la financiación de RTVE?

La abolición de la publicidad fue un regalo político a las televisiones privadas. UTECA, como es lógico, se ha felicitado por sentencia. El ministro de Hacienda e incluso la vicepresidenta Santamaría venían sugiriendo la vuelta de la publicidad.Habrá que esperar a la sentencia sobre España, pero si es desestimatoria de la demanda, el gobierno va a tener muy cuesta arriba volver a instaurar los anuncios. Rajoy, tampoco amigo de conflictos, respiraría tranquilo, al no tener que enfrentarse al poderos lobby de la teles privadas.

Que se superen los obstáculos jurídicos, no quiere decir que el sistema no tenga que ser revisado a la luz de la actual crisis económica.

Soy contrario a la reintroducción de la publicidad, primero porque se perdería la principal seña de identidad con la que audiencia identifica al servicio público, y, segundo, porque si la publicidad se convirtiera dde nuevo en la principal fuente de financiación el Estado se inhibiría en garantizar la suficiencia financiera para cumplir la misión de servicio público, que quedaría, así, a los azares del mercado publicitario.

Nada pasaría, en cambio, si se admitiera la publicidad como fuente de financiación secundaria, con muy estrictas limitaciones (por ejemplo, no más de cuatro minutos por hora, sin interrupción de ningún programa y sin presencia en franjas de especial protección de los menores). Por el momento, hay que clarificar el uso de patrocinios culturales, para que por esa vía no se cuelen disparates como, por ejemplo, anuncios de juegos deportivos que parecen están vinculados al uso por Estudio Estadio de las imágenes del fútbol de la segunda división.

Lo imprescindible es un contrato-programa que establezcan específicamente la programación que supone la misión de servicio público y garantice su financiación.

 

FUENTES

Sentencia de 27 de junio de 2013 TEJ que declara conforme al derecho comunitario el impuesto sobre los operadores de telecomunicaciones franceses destinada a financiar las radiotelevisiones públicas

 

Directiva 2020/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva de autorización) [Diario Oficial L 108 de 24.4.2002]

 

Art. 12 Directiva 2020/20/CE

1. Las tasas administrativas que se impongan a las empresas que presten un servicio o suministren una red al amparo de la autorización general o a quienes se haya otorgado un derecho de uso:

a) cubrirán en total solamente los gastos administrativos que ocasionen la gestión, el control y la ejecución del régimen
de autorización general, de los derechos de uso y de lasobligaciones específicas a que se hace referencia en el apartado
2 del artículo 6, pudiendo quedar incluidos gastos de cooperación internacional, armonización y normalización,
análisis de mercado, respeto de las normas y otros controles de mercado, así como el trabajo de regulación relativo a
la preparación y puesta en práctica de derecho derivado y de decisiones administrativas, como pueden ser decisiones
sobre el acceso y la interconexión; y

b) se impondrán a las empresas de una manera objetiva, transparente y proporcional, que minimice los costes administrativos adicionales y las cargas que se deriven de ellos.

2. Cuando las autoridades nacionales de reglamentación impongan tasas administrativas, publicarán un resumen anual
de sus gastos administrativos y del importe total de las tasas recaudadas. A la vista de la diferencia entre la suma total de las tasas y los gastos administrativos, deberán introducirse los reajustes adecuados.

 

Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación RTVE

 

En este blog

Es urgente buscar alternativas a la financiación de RTVE

Más sobre financiación de RTVE

El calvario de la financiación de los servicios públicos de radio y televisión

RTVE: la trampa de la publicidad


Fue un error eliminar la publicidad de TVE. Reintroducirla ahora sería todavía peor

González-Echenique está pidiendo a gritos el regreso de la publicidad a TVE. El presidente de RTVE dice que el modelo financiero sin publicidad no tiene estabilidad ni permanencia. El gobierno parece, por el momento, hacer oídos sordos. ¿Para qué ponerse enfrente a las televisiones privadas?. Esperar y ver. Cuanto peor, mejor.

Sindicatos y plataformas de trabajadores están a favor de la reintroducción de la publicidad. Como se ha criticado repetidamente por todos los expertos el modelo de financiación de Zapatero fue una ocurrencia perversa:

– Vinculaba la financiación a los buenos resultados de la competencia (tasa sobre las privadas) y, por tanto, a mejores resultados propios, menos recursos por esta vía.

– Establecía una tasa discutida jurídicamente, como es la aplicada a los operadores de telecomunicaciones que ofrezcan servicios de televisión, y, por tanto, venía a hacer depender la viabilidad financiera de una reclamación judicial. Si finalmente El Tribunal Europeo falla en contra será la muerte del sistema.

– La financiación pública estaba correctamente vinculada a un contrato programa, que no este gobierno ni el anterior han tenido interés en afrontar, en flagrante vulneración de lo dispuesto por la ley.

Y así, y después de dos recortes que han dejado la aportación directamente pública, se vuelve a los números rojos con un déficit de 113 millones de €.

¿Resolvería esta situación el regreso de la publicidad a la pantalla de TVE?

En primer lugar, ya no tendría ningún sentido la tasa sobre las privadas y las telecos. Se volvería al sistema mixto (publicidad + financiación pública), pero en unas condiciones completamente desfavorables.

En plena crisis económica, con los ingresos publicitarios a la baja en todos los medios, con la audiencia y la credibilidad de TVE en caída libre ¿alguien ha hecho los números de cunto se recaudaría por publicidad?

Hoy, la programación sin publicidad es seña del servicio público, quizá en la que más se reconocen los espectadores. Cuando la publicidad desapareció la audiencia aumentó automáticamente. La reitroducción de los anuncios mellarían más la menguante audiencia, aunque no fuera más que por el efecto zapping.

Se entraría en un cículo vicioso. Menor audiencia, menores recursos, menor calidad, menos espectadores… Y así hasta que el servicio público, medido de nuevo por la audiencia, tanto en términos de credibilidad como económicos, resultara indefendible. Lo que puede ser el objetivo del gobierno, pero no de los trabajadores ni de los movimientos sociales.

¿Hay alternativa a la publicidad? El patrocinio, pero gestionado por RTVE. No es admisible contratar programas de teórico coste cero, con el patrocinio incorporado y sin beneficios reales ni de audiencia ni económicos para TVE. Con la desparición TVE prácticamente desmanteló su departamento comercial. Tendría que recuperarlo y explotar comercialmente todos sus recursos. Puede tener sentido unan publicidad no invasiva en rtve.es. Manteniendo abierto el archivo histórico se pueden también buscar patrocinios por esa vía. Y por supuesto habría que renegociar todos los contratos con las productoras y poner a producir a la plantilla.

Pero por encima de todas estas alternativas, la financiación pública debe ser la primera fuente financiera, aún en tiempo de recortes. Para eso sería necesaria la presión social, un verdadero rescate ciudadano de RTVE, asunto que dejo para otro día.

El servicio público de la radiotelevisión, imprescindible para la democracia


La radiotelevisión de servicio público es imprescindible en una sociedad democrática para promover la cohesión social, el pluralismo político, la diversidad cultural y lingüística, satisfacer el derecho a la información del público y las necesidades de entretenimiento acorde con los valores democráticos.

Como no podía ser menos, los participantes (políticos, académicos, profesionales, sindicalistas y representantes sociales) en la Jornada “La radioletevisión pública y el porvenir de la democracia en España” (organizada por Teledetodos) estuvieron plenamente de acuerdo en esa valoración del servicio público audiovisual. Pero también, como es lógico, la discusión se centró en los modos en que RTVE y las televisiones públicas han de cumplir con esa función de modo eficaz y estable.

Reforma, contrarreforma y marco europeo

El profesor Bustamante expuso su tesis de que a la reforma democrática concretada en la ley de 2006 de RTVE siguió la contrarreforma articulada por la nueva financiación sin publicidad de 2009 y culminada por la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010. Negando a RTVE una financiación estable, desvirtuando las normas anticoncentración, desrregulando y eliminando o suavizando las obligaciones públicas de los operadores comerciales se ha fortalecido el polo privado y debilitado el público. El sistema apunta a un oligopolio A3-T5, nefasto para la democracia.

Le tocó responder a la diputada socialista Meritxell Batet, quien no tuvo más remedio que remitirse como gran mérito a la desgubernamentalización de RTVE. Todos los participantes admitieron la desgubernamentalización, pero la mayoría denunció la utilización partidista no ya de los contenidos de TVE, pero sí del marco general audiovisual, a través de, por ejemplo, las comisiones de control o de los consejos audiovisuales autonómicos. Por cierto que Batet aseguró que el gobierno trabaja para crear antes del final de la legislatura el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

Había expectación para ver cómo defendía el PP sus propuestas de reducción de canales de RTVE y privatización de las autonómicas. El diputado Ramón Moreno excusó su presencia en razón de la campaña electoral y envió una declaración genérica de apoyo al servicio público. (Declaración que, por cierto, se compagina mal con las recientes declaraciones de Gabriel Elorriaga, ajeno a la dirección del PP, pero activo en FAES mostrándose partidario de la eliminación de todas las televisiones públicas).

Bustamante insistió en que aunque el marco europeo pueda resultar limitativo es jurídicamente vinculante y tiene elementos suficientes para desarrollar una radiotelevisión pública de calidad al servicio de los ciudadanos.

La extensión del servicio público

El Protocolo de Amsterdam permite a los estados financiar a los organismos de radiotelevisión para llevar a cabo la función pública en los términos en que el propio estado miembro la haya definido, siempre que no altere con ello la competencia.

En la doctrina europea, y, sobre todo, en las comunicaciones y práctica de la Comisión Europea se ha asentado la idea de una subsidiaridad del servicio público, de modo que sólo los programas de servicio público podrían ser financiados con recursos públicos y siempre a su coste neto. Lógicamente, los operadores privados hacen una interpretación extrema de la subsidiaridad, de modo que sólo sería servicio público aquello que ellos no desarrollaran, así que la televisión pública quedaría reducida a conciertos, conferencias y sesudos documentales. Dicho de otro modo, la tele pública está para cubrir los “fallos del mercado”.

El profesor Emili Prado defendió la consideración global de la programación de servicio público. Primero, porque unos programas van vinculados con otros y sólo de esta manera puede mantenerse una audiencia. Pero, sobre todo, porque en todos los programas tienen que manifestarse las funciones del servicio público, no sólo, por ejemplo, en los informativos, sino también en los programas de entretenimiento, producidos desde los valores de la cohesión social y la educación del gusto. Por su parte, Mónica Terribas, directora de TV3, aportó la experiencia de series juveniles que encarnaban esos valores con gran éxito de audiencia.

El nudo gordiano de la financiación

Unanimidad entre los participantes en considerar la supresión de la publicidad de TVE como una medida que no tenía más justificación que salvar los balances de las televisiones privadas. Y convencimiento de que el Tribunal de Luxemburgo fallará contra la tasa a las telecos. Ante el previsible caos financiero la diputada Batet aseguró que el gobierno tomaría en su momento las medidas apropiadas.

Desde el punto de vista de la audiencia la supresión de la publicidad ha sido una bendición para TVE. Pero ¿cuánto tiempo puede mantenerse ese liderazgo sin la adecuada financiación y con las nuevas limitaciones en la compra de derechos? No nos engañemos -se dijo por varios ponentes- el objetivo de las privadas no es sólo llevarse los ingresos publicitarios, sino también la audiencia. Porque los publicitarios no acudirán si no aumentan sus audiencias.

Se escucharon argumentos a favor de la publicidad en las televisiones públicas. Para el profesor Moragas, la televisión es un elemento imprescindible de un servicio público sostenible. Además, la supresión de los anuncios en TVE ha distorsionado el mercado publicitario. Las grandes empresas catalanas -dijo Terribas- quieren vincular su imagen a los valores de nuestra programación, no a los valores de la televisión basura. Pero se reconoció que la reintrodución de la publicidad en TVE sería nefasta para su imagen y posiblemente para su audiencia.

Hubo consenso en que el sistema de tasas sobre actividades más o menos relacionadas con lo audiovisual no era el camino. Pero no apareció un alternativa nítida. ¿Los presupuestos generales? ¿Un canon a pagar por los ciudadanos?

En mi opinión, puesto que la tasa a las privadas y el traspaso de la tasa del espectro radioeléctrico han pasado ya el filtro de Brusela, si el Tribunal de Luxemburgo tumba la tasa de las telecomunicaciones como es probable, no parece que haya otra solución que compensar lo perdido por vía presupuestaria, lo que, en los tiempos que corren, supondría una reducción más o menos drástica de la financiación real de RTVE.

La necesidad de regeneración democrática de las televisiones autonómicas

En la mesa de “televisión de proximidad” se habló, claro, de televisión autonómica y muy poco de televisión local y comunitaria. José Ignacio Pastor denunció la manipulación informativa y la degradación empresarial de la TVV, de cuyo Consejo de Administración es vicepresidente. Los sindicalistas trajeron el caso de la televisión “particular” (de Esperanza Aguirre): una redacción paralela (“el lado oscuro de la fuerza) elabora los informativos de Telemadrid.

Lo más interesante de esta mesa fue contrastar dos modelos de televisiones autonómicas emblemáticas: TV3 y ETB. Miguel Ángel Idígoras, director de ETB, se quejó de la interferencia de los sindicatos nacionalistas y ultranacionalista. Ninguna cadena privada tendría nunca programación en euskera, hablado por el 30% de la población, pero ese techo impide a ETB alcanzar las audiencias de otras autonómicas. Terribas expuso las fortalezas de ETB: una cuota de audiencia de 20% en el conjunto de sus canales, una identificación del público, una redacción no dividida por líneas sectarias y una apuesta por la innovación.

El servicio público en la era digital: del PBS al PMS

PSB: “Public System Broadcasting “, sistema público de radiotelevisión. PSM: “Public System Media”, sistema de medios públicos. El desafío de la era digital es pasar del PBS al PMS, de un servicio público de radiodifusión a un servicio público de contenidos audiovisuales e interactivos.

Fue Terribas quien (en la mesa de la televisión de proximidad) explicó mejor lo que puede ser el nuevo modelo centrado en los contenidos; contenidos producidos para los medios tradicionales y para las nuevas plataformas, con una concepción global y generados por redacciones integradas y periodistas multimedia (previo modificación del convenio laboral). Yolanda Sobero, presidenta del Consejo de Informativos de TVE, mostró su escepticismo sobre el modelo de profesional multimedia, en cuanto puede convertirse en un mero “hombre orquesta”. Roberto Suárez, investigador en políticas de comunicación, abogó también por volver a las esencias del periodismo, colocando las tecnologías al servicio de los objetivos clásicos de una información de calidad.

Interesante debate también entre Eladio Gutiérrez, responsable que fue de Impulsa-TDT y Ricardo Villa, director de Medios Interactivos de RTVE. Gutiérrez reconoció el fracaso de la TDT como plataforma interactiva por falta de un canal de retorno, pero siguió apostando por el “broadcast” como el medio más eficaz y eficiente de difusión y como la esencia del servicio público, planteando el pago de los servicios interactivos y a la carta. Villa defendio, en cambio, un servicio público de acceso general en todas las plataformas.

Participación y derecho de acceso

En la mesa sobre participación social, los representantes de las organizaciones manifestaron una relativa satisfacción ante el desarrollo del derecho de acceso, pero desde el público se criticó la concepción reduccionista que ha aplicado el Consejo de Administración de RTVE, negando un verdadero derecho a las organizaciones representativas y ofreciendo una ronda de intervenciones a aquellas que no hayan tenido voz suficiente en la programación.
(En los próximos días el Canal UNED colgará los vídeos de las distintas mesas y las entrevistas a expertos extranjeros. Por mi parte, “retransmití” a través de Twitter los debates bajo la etiqueta #democraciaytv) (Vídeos en Teledetodos)

Los consumidores huyen de los vídeos publicitarios previos


¿Quién no se ha consumido en esos 15′ que dura el vídeo publicitario (pre-roll video) antes de que arranque el que verdaderamente nos interesa? ¿Quién no ha maldecido al creer que descargaba el vídeo de su interés y en realidad bajaba un vídeo publicitario previo?

Pocas formas de ciberpublicidad son tan molestas como este vídeo que nos obligan a ver, deteniendo nuestra dinámica de navegación, hasta el punto de que nuestro interés por el vídeo principal desaparece.

TubeMogul, una empresa que mide el consumo de los cibervídeos y ofrece servicios como centralizar la carga en su página de vídeos destinados a distintos agregadores, ha realizado una investigación de la que resulta que el 15,89% de los usuarios se saltan el vídeo publicitario y el vídeo principal tan pronto como empieza el publicitario, pero esta cifra es casi del 25% en el caso de los diarios y de de un 10% en las páginas de las televisiones. Supongo que los usuarios de los diarios o son más exigentes o tienen más prisa por ver un vídeo breve, mientras que los de las televisiones pueden que estén más predispuestos a ver la publicidad y no les importe esperar para ver un clip concreto de su serie favorita.

Los publicitarios pueden estar pagando por algo que no se ve, mientras que los editores pueden perder la cuarta parte de su audiencia.

Una vez más, la publicidad encuentra dificulatades para adaptarse a la Red, sobre todo en sus versiones más invasivas porque es más fácil saltársela que en el mundo analógico.

De todas maneras, que paciencia tenemos los consumidores.

900 prejubilaciones en la televisión pública francesa… sin publicidad


La dirección de France Télévisions ha anunciado un plan de bajas voluntarias para los mayores de 60 años. En total, 900 empleos menos de aquí al 2012 para conseguir el equilibrio presupuestario.

La televisión pública francesa ha eleminado desde enero la publicidad desde las 20:30 hasta las 6 de la mañana. El recargo sobre la publicidad de las privadas tiene que financiar los ingresos comerciales perdidos. Y el gobierno Sarkozy pone condiciones.

RTVE ya hizo su regulación de empleo, con 4150 bajas, y eso, antes de perder la financiación publicitaria. ¿Y después?. Cuando las barbas de tu vecino…

Otras entradas sobre este tema:

8.000 horas de servicio público

Sacar a RTVE del mercado

La televisión que viene

Las trampas de la supresión de la publicidad en la televisión francesa

La utopía de la televisión sin publicidad

¿Pagaremos por la información en Internet?


Los editores de periódicos intentan que se vuelva a pagar por su información en línea. Primero la pusieron en la red gratuítamente para probar a ver que pasaba. Luego, en torno al 2000 quisieron trasladar el modelo de suscripciones al ciberespacio, complementado por la compra individual de artículos. Los diarios que siguieron este modelo, como The New York Times o El País fracasaron y tuvieron que abrir sus ediciones digitales. Los ingresos obtenidos no compensaban el tráfico perdido, esto es, la pérdida de influencia e ingresos publicitarios. Ahora, con la publicidad de las ediciones de papel cayendo en picado y las empresas en números rojos, cuando no en quiebra, los editores quieren que los internautas pagen por su información.

El gran promotor de este movimiento está siendo Rupert Murdoch. Según The Financial Times, The Wall Street Journal prepara para el otoño un sistema de micropagos, complemetado con suscripciones que darían acceso a la información financiera. Otros diarios norteamericanos han constituido Journalism Online, una plataforma común para desarrollar los micropagos, en una especie de i-Tunes de la prensa.

¿Están los consumidores dispuestos a pagar por una información que ahora reciben gratis?

No mucho, según el informe de PriceWateherhouseCoopers Moving into multiple business models (pdf, vídeo). Según una encuesta realizada en 7 países, los consumidores utilizan preferentemente la televisión y los diarios digitales para mantenerse informados y no están dispuestos a pagar por ello. Aprecian, eso sí, los diarios tradicionales para la información en profundidad, pero, en general, tampoco están muy dispuestos a pagar. Hay excepciones, nichos informativos que podrían convertirse en productos de pago con bastante facilidad. Se trata de la información financiera y de la información deportiva. Los consumidores estarían dispuesto a pagar un poco menos (alrededor del 90%) de los que pagan por una suscripción o por un diario de papel por servicios financieros y deportivos.

Otras conclusiones del informe son que los diarios tradiciones están lejos de desaparecer, pero que los ingresos provenientes de la edición en papel seguirán declinado.

(Actualizo el 12 de mayo. Carmelo Machín me envía el enlace a este artículo del New York Times “The american press in suicide watch”. Su conclusión es que, sea cuál sea la forma de periodismo que emerja de esta crisis, valdrá lo que se pague por él.)


8.000 horas de servicio público


Más de 8.000 nuevas horas de programación tendrá que producir TVE para llenar el hueco que deje la publicidad a partir de septiembre, si el anteproyecto aprobado hoy por el Consejo de Ministros termina por convertirse en ley. Todo un reto para el servicio público.

Las protestas de los defensores de la televisión pública se justifican en la falta de consenso sobre este sistema de financiación. Finalmente, el gobierno ha renunciado al Decreto-Ley. Es una buena noticia que la norma se someta al debate parlamentario. Ya veremos cuantas plumas se deja un gobierno débil en las Cortes. El pecado original de una norma hecha a medida de las televisiones privadas es la falta de consenso en un tema que debiera resolverse, de una vez por todas, con un pacto de Estado.

Las telefónicas ya anuncian que subirán las tarifas y pondrán en rojo esa recarga en el recibo de los consumidores. Ni que decir tiene que se originará un movimiento de rechazo, muy en la línea de “no con mis impuestos”. Y llegará un momento en que derogar estas tasas será muy popular. Y es que la ideología contra cualquier servicio público cada vez empapa más a amplias capas de la sociedad española, toda una victoria del neoliberalismo.

A veces conviene mirar un poco alrededor. En Francia, la televisión pública no tiene publicidad desde el 5 de enero a partir de las 20 horas. En las primeras semanas no ha existido un vuelco de las audiencias, pero las televisiones generalistas por vía hertziana han seguido perdiendo recursos publicitarios en favor de la TDT. La situación es especialmente grave para TF1 (la inspiradora de la reforma) que ha entrado en pérdidas.

TVE va a competir con las manos atadas. Será una batalla en inferioridad de condiciones, pero sus gestores y profesionales tienen que reinventar el servicio público:

-¿ Qué se hará con esas 8.000 horas? Espero que no se conviertan en autopromociones (entre otras cosas porque la Directiva de la Televisión Sin Fronteras también establece límites). Todas estas horas son la materia prima para crear espacios que satisfagan los intereses genuinos del público y no para dar satisfacción a lo que supuestamente interesa a la audiencia. Pero ¿puede elevarse la producción en más de un 10% con la misma plantilla y los mismos recursos? Si estas horas se rellenan de reemisiones, el espectador cambiará de canal.

– Reestructurar la programación. Que gozada ver una película sin interrupciones, pero ¿no está educada la audiencia en la fragmentación publicitaria y acostumbrados a usar las pausas para atender a sus obligaciones? Parece aconsejable que hasta la segunda parte del “prime time”, cuando todo ya está más reposado, no se abuse de espacios sin interrupciones. El espacio de los bloques publicitarios podrían ocuparlo microespacios informativos y de servicio público.

– Liberarse del “share” y mirar al “rich”. Los programadores y los editores de los informativos pueden ahora liberarse del “share”, esto es, de la cuota de pantalla minuto a minuto. Pero tendrán que atender más que nunca al “rich”, esto es a cuantos espectadores está dando servicio un determinado programa y la programación en su conjunto. Es hora también de pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo: grado de satisfacción del público y adecuación a sus necesidades.

– Diversificar programas y servicios en las distintas cadenas y plataformas. Esas horas suplementarias son una oportunidad para una mayor diversidad de programas. No depender de la publicidad puede propiciar establecer un perfil más nítido de servicio público en La Dos. Ahora más que nunca sería necesario recuperar una marca de servicio público para todas las cadenas y plataformas, eliminada por la actual denominación y logos de las cadenas, que desde hace semanas parece quererse recuperar con la campaña “Altogether Now”.

Forjar alianzas con el público. Que los colectivos más activos de la sociedad se sientan representados en la programación. Y que de una vez se haga realidad el derecho de acceso.

Para todo ello hace falta estabilidad y recursos incluso superiores a los actuales.

AÑADO EN LA COLUMNA DE LA DERECHA UNA ENCUESTA A FAVOR Y EN CONTRA DE LA MEDIDA.

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