Ofensiva contra los medios públicos


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Si los suizos deciden el domingo eliminar el canon (billag) la rtv pública desaparecerá de Suiza

Este domingo 4 de marzo los suizos deciden en referendum si eliminan el canon con el que se financia la SRG-SSR, la radiotelevisión pública. Si la iniciativa impulsada por el ultraconservador Partido Popular (SVP-UDC) prospera será la muerte del servicio público en Suiza y un golpe mortal para sistema de financiación por canon, que está en el núcleo de la radiotelevisión pública en Europa.

La ofensiva contra los medios públicos se recrudece conforme el fascismo 3.0 gana posiciones en Europa. Si la manipulación y el control gubernamental es una especie de maldición en la Europa del sur, ahora los servicios públicos del centro y norte de Europa ven en peligro su independencia y su estabilidad financiera. Se borran las fronteras en los modelos de Hallin y Mancini: el modelo noreuropeo (corportivista democrático) cada vez se parece más al mediteráneo (pluralista polarizado).

Allí donde llega al poder la extrema derecha, o los partidos conservadores abrazan las tesis xenófobas, la radiotelevisión pública se ve atacada. Se acusa a los periodistas de los medios públicos de ser de izquierdas y a las empresas de ser demasiado grandes (después de décadas de adelgazamiento financiero y organizativo), ser un peligro para la libre competencia y, sobre todo, obligar a la gente a pagar por algo que pueden no querer consumir.

Los ataques se concretan en:

  • Críticas, tanto generales a la insitutión como presiones muy concretas a determinados periodistas o responsables editoriales, amenaza y presentación de querellas por parte de políticos y ministros (Austria);
  • Cambios en los órganos de gobierno, órdenes de tratamiento informativo favorable, autocensura y dimisiones (Finlandia);
  • Reducción presupuestaria prácticamente en toda Europa;
  • Medidas para eliminar el canon y, consiguientemente, la financiación pública (Suiza);
  • Control absoluto de los medios públicos y oligopolio de medios privados controlados por los amigos del gobierno (Hungría, Polonia).

Suiza

El servicio público se encomienda en Suiza a una sociedad anónima la SRG-SSR, que se financia con un canon recaudado por otra sociedad anónima, Billag S.A, de ahí que populamente se conzca el canon como billag.  Tradicionalmente, el hecho imponible era la posesión de aparatos de radio y/o televisión, con una modalidad conjunta prácticamente universal. Las últimas reformas obligan al pago a todos los hogares, empresas y establecimientos (con las lógicas exenciones).

El monto está en los 450 francos anuales (unos 390 €). Las propuestas parlamentarias de la derecha para reducir el canon a la mitad han fracasado y de ahí la iniciativa que se pone a referendum para la eliminación de la licencia. Otro referendum anterior no lo consiguió por unos pocos votos, así que el resultado del domingo es incierto, con los cantones francofónos partidarios de mantener el canon y los alemanes de eliminarlo.

Para la derecha, la SRG-SSR ha sido incapaz de autolimitarse y, por tanto, solo cabe su destrucción. La iniciativa considera abusivo obligar a pagar por un producto cultural que no se haya elegido. A favor del canon, voces como la de este economista que recuerda que el servicio público es un espacio común, que produce unas externalidades (económicas, pero sobre todo culturales, sociales y políticas) que deben ser financiadas por todos, aun por los no consumidores.

Si el canon se aboliera Suiza sería el primer país europeo fetén (modelo democrático corporativista) en eliminar el servicio público. El conservador griego Samaras cerró la ERT en 2012 y Tsipras la reecuperó en 2015, pero ya se sabe, los manipuladores mediterráneos (modelo pluralista polarizado) somos menos importantes en eso de los rankings democráticos. Además, Ginebra es la sede de la UER-EBU, así que el organismo que agrupa a las radiotelevisiones públicas europeas podría residir en un país sin servicio público.

Del caso suizo se pueden extraer algunas lecciones sobre el canon:

  • Una empresa privada recaudadora puede ser muy eficaz, pero desde luego hace que la financiación del servicio público se vea como un negocio para la misma (los recaudadores privados, empezando por los publicanos, nunca han sido muy populares).
  • El hecho imponible no puede seguir siendo la posesión de aparatos, que deja fuera todo el consumo digital. Un impuesto directo a los hogares es más lógico, pero tampoco será muy popular. En Europa se ensayan también sistemas como el recargo en el recibo de la luz.
  • El sistema más justo parece un tipo progresivo (creciente según el nivel de renta) a integrar en el impuesto sobre la renta.

Por último, comparar esos casi 400 € de Suiza con los 39 € anuales que les cuesta a los españoles RTVE y los canales autonómicos.

PS. Los suizos rechazaron la iniciativa por un 71,6%. En el resultado fueron decisivas las campañas del gobierno y de los medios locales (también beneficiados por el canon), que lograron contrarrestar una previa tendencia a la abolición.

Finlandia

En Finlandia, que tantas veces se pone de ejemplo en materias como la educación, también se ha cuestionado la independencia de la radiotelevisión pública.

YLE recibió presiones del primer ministro conservador Sipila, en relación a un escándalo en el que se vio implicado. Spila envió un email a un reportero y al editor jefe quejándose del tratamiento informativo recibido. “No tengo ningún respeto a YLE, el mismo que YLE me tiene a mi” -escribió.

Como consecuencia, hubo autocensura y tres periodistas abandonaron YLE. El caso se convirtió en el YLEGate, radiografiado por los periodistas disidentes en un libro. Un informe independiente ha concluido que la radiotelevisión pública dio un tratamiento favorable al primer ministro y que la empresa reaccionó arrogantemente a la llamada de atención del regulador finlandés, pero que, con todo, el proceso editorial garantiza la independencia.

Austria

La ultraderecha del Partido Liberal, ahora en el gobierno, ha declarado la guerra a la ORF. El videcanciller Strache usa la misma táctica de Trump, acusa la radiotelevisión pública de propagar “falsas noticias”. Su principal objetivo es el presentador Amin Wolf, un entrevistador incisivo. Lo más grave es que el gobierno de coalición del Partido Popular y los liberales tiene ahora mayoría suficiente en el Consejo de la ORF (modelo como el alemán de un consejo parlamentario con representantes de los partidos y de la sociedad) para destituir al Director General.

Hungría y Polonia

En Hungría Orban controla todos los medios, los públicos y los privados. Destruyó primero la anterior MTV (varios periodistas estuvieron en huelga de hambre) y construyó una nueva corporación, MTVA, con absoluto control gubernamental. Al mismo tiempo, ha favorecido el oligopoplio de los medios privados, en manos de magnates amigos (como Putin en Rusia).

En Polonia, el gobierno conservador del PIS no tiene un control institucional tan absoluto de la RTP, pero sus periodistas son hostigados continuamente, en la calle y en las redes sociales, haciendo cada día más difícil su independencia.

Estas democracias iliberales -como algunos las llaman, yo dudo de que sean democracias- no entran en los modelos de Hallin y Mancini (su libro es de 2004), pero lo grave es que ahora son el ejemplo que parece estar siguiéndose en Austria.

Estados Unidos

Poco tiene que ver el sistema norteamericano con el europeo. Los medios públicos (PBS y NPR) se financian preferentemente mediante las subvenciones de fundaciones privadas, pero la aportación pública del presupuesto federal es decisiva en el balance final.

Trump ha propuesto un recorte de 480 millones de dólares, que la presidenta de la CPB (que agrupa PBS y NPR) asegura que no hay modo de cubrir ese agujero. Los recortes pueden eliminar populares programas infantiles. Un niño se convirtió en una celebridad cuando dijo en la televisión que Trump quería quitar PBS Kids para construir el muro con México.

España

Y, finalmente, last but no least, España. De censura, autocensura, manipulación lo sabemos todo, así que el caso finlandés se nos parece, pero con una diferencia importantísima, allí hay un regulador independiente. El caso es que el poder legislativo se muestra incapaz de hacer efectiva su propia ley, mientras el Sánchez se permite burlarse de los diputados -“voy a estar más que Matusalén”.

En la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, otrora ejemplo de independencia, JxCat y ERC se reparten los cromos sin ningún pudor, para ti la corporación, para mi informativos. para ti la radio, para mi la televisión. El Consejo Profesional denuncia este vergonzoso mercadeo, triste copia de la vieja lottizzazione italiana. Al menos el reparto partidista de la RAI suponía un cierto pluralismo ideológico, lo de radiotelevisión catalana es mera rebatiña entre dos aliados que desconfían uno de otro.

En fin, malos tiempos para los servicios públicos audiovisuales. Malos tiempo para la democracia.

(DESCARGA DEL LIBRO DE HALLIN Y MANCINI)

 

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Las telefónicas tienen que financiar el servicio público audiovisual francés


El Tibunal Europeo de Justicia ha declarado conforme al derecho comunitario el impuesto especial que graba a los operadores de telecomunicaciones franceses y que se destina a financiar a las radiotelevisiones públicas. La sentencia, un precedente para el similar caso español, llega cuando en nuestro país parecía que el gobierno preparaba la reintroducción de la publicidad en TVE.

 

La sentencia: tasas e impuestos especiales

El fallo ha sido una sorpresa porque la mayoría de los expertos apostaban por la abrogación del impuesto especial.

La interpretación dominante -la sostenida por la Comisión en su demanda ante el TEJ- era que la Directiva de autorización de redes y servicios electrónicos de 2002 no permitía grabar a los operadores de telecomunicaciones con cargas impositivas que no fueran destinadas a cubrir los gastos administrativos ocasionados por la gestión, el control y la ejecución del régimen de autorización general.

El Tribunal (adoptandola posición de la República Francesa, apoyada por España y Hungría) entiende  que esa es una intepretación extensiva. Que la tasa que la Directiva regula está vinculada a los gastos originados por la autorización de la actividad y que nada impide a un estado miembro imponer otras cargas fiscales distintas. La regulación de la tasa pretende hacer transparente y no discriminatorio el sistema de autorización y que el estado no condicione la expedición de la autorización a unos gravámenes abusivos.

Para entender la cuestión hay que recordar la clásica distinción del derecho tributario entre tasas e impuestos especiales.

El hecho tributario es en la tasa el beneficio obtenido por el sujeto como consecuencia del disfrute del dominio público o de la prestación de un servicio público. Como recuerda el Tribunal, las tasa (redevances en el derecho francés) tienen carácter remuneratorio. La carga tributaria establecida por la Directiva es una tasa vinculada a la prestación del servicio de autorización.

En cambio, los impuestos especiales gravan una actividad económica específica del sujeto tributario, sin que éste reciba una prestación pública. El Tribunal viene a considerar el gravamen como un impuesto especial (aunque no utiliza esta terminología), que no está vinculado a la prestación del servicio de autorización y que, por tanto, el estado francés puede establecer soberamente, sin que entre en conflicto con la Directiva. Entre otros argumentos, el Tribunal considera que el hecho de que sólo estén obligados los operadores con ingresos superiores a los 5 millones de euros indica que es un gravamen no general y, por tanto, no vinculado al proceso de autorización.

 

El precedente para el caso español

España espera la resolución de un caso prácticamente idéntico. El precedente parece decisivo para desestimar la demanda de la Comisión, pero la experiencia dice que es temerario dar por hecho el sentido de cualquier sentencia en cualquier instancia judicial.

El gobierno Zapatero copió la ocurrencia de Sarkozy de eliminar la publicidad en la televisiones públicas, y establecer, en cambio, un gravamen sobre las televisiones privadas y los operadores de telecomunicaciones. Pero hay diferencias que pueden pesar en la futura sentencia:

– Como en Francia, en España no todos los operadores están sujetos al gravamen. Si en Francia lo están los ingresen más de 5 millones de euros, en España (art. 5 L. 8/2009) el gravamen pesa sobre los de ámbito estatal o superior a una comunidad autónoma, siempre que presten servicios audiovisuales.

En España se hace una vinculación expresa entre el gravamen y los beneficios obtenidos por los operadores en atención a la nueva regulación de las telecomunicaciones, especialmente la ampliación de los servicios de banda ancha y móvil, la supresión de la publicidad y la renuncia de RTVE a los contenidos de pago o acceso condicional (ar. 5 L. 8/2009).

Esta vinculación podría llevar a calificar de tasa a este gravamen, en cuanto vinculado a unos beneficios, pero en cualquier caso no creo que pueda entenderse que el gravamen es una tasa de autorización, porque no está vinculado a la administración y gestión de la autorización.

 

¿Qué hacemos con la financiación de RTVE?

La abolición de la publicidad fue un regalo político a las televisiones privadas. UTECA, como es lógico, se ha felicitado por sentencia. El ministro de Hacienda e incluso la vicepresidenta Santamaría venían sugiriendo la vuelta de la publicidad.Habrá que esperar a la sentencia sobre España, pero si es desestimatoria de la demanda, el gobierno va a tener muy cuesta arriba volver a instaurar los anuncios. Rajoy, tampoco amigo de conflictos, respiraría tranquilo, al no tener que enfrentarse al poderos lobby de la teles privadas.

Que se superen los obstáculos jurídicos, no quiere decir que el sistema no tenga que ser revisado a la luz de la actual crisis económica.

Soy contrario a la reintroducción de la publicidad, primero porque se perdería la principal seña de identidad con la que audiencia identifica al servicio público, y, segundo, porque si la publicidad se convirtiera dde nuevo en la principal fuente de financiación el Estado se inhibiría en garantizar la suficiencia financiera para cumplir la misión de servicio público, que quedaría, así, a los azares del mercado publicitario.

Nada pasaría, en cambio, si se admitiera la publicidad como fuente de financiación secundaria, con muy estrictas limitaciones (por ejemplo, no más de cuatro minutos por hora, sin interrupción de ningún programa y sin presencia en franjas de especial protección de los menores). Por el momento, hay que clarificar el uso de patrocinios culturales, para que por esa vía no se cuelen disparates como, por ejemplo, anuncios de juegos deportivos que parecen están vinculados al uso por Estudio Estadio de las imágenes del fútbol de la segunda división.

Lo imprescindible es un contrato-programa que establezcan específicamente la programación que supone la misión de servicio público y garantice su financiación.

 

FUENTES

Sentencia de 27 de junio de 2013 TEJ que declara conforme al derecho comunitario el impuesto sobre los operadores de telecomunicaciones franceses destinada a financiar las radiotelevisiones públicas

 

Directiva 2020/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva de autorización) [Diario Oficial L 108 de 24.4.2002]

 

Art. 12 Directiva 2020/20/CE

1. Las tasas administrativas que se impongan a las empresas que presten un servicio o suministren una red al amparo de la autorización general o a quienes se haya otorgado un derecho de uso:

a) cubrirán en total solamente los gastos administrativos que ocasionen la gestión, el control y la ejecución del régimen
de autorización general, de los derechos de uso y de lasobligaciones específicas a que se hace referencia en el apartado
2 del artículo 6, pudiendo quedar incluidos gastos de cooperación internacional, armonización y normalización,
análisis de mercado, respeto de las normas y otros controles de mercado, así como el trabajo de regulación relativo a
la preparación y puesta en práctica de derecho derivado y de decisiones administrativas, como pueden ser decisiones
sobre el acceso y la interconexión; y

b) se impondrán a las empresas de una manera objetiva, transparente y proporcional, que minimice los costes administrativos adicionales y las cargas que se deriven de ellos.

2. Cuando las autoridades nacionales de reglamentación impongan tasas administrativas, publicarán un resumen anual
de sus gastos administrativos y del importe total de las tasas recaudadas. A la vista de la diferencia entre la suma total de las tasas y los gastos administrativos, deberán introducirse los reajustes adecuados.

 

Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación RTVE

 

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Vista la comunicación remitida por la Comisión Europea a España sobre la financiación de RTVE me parece que el Gobierno y los medios, hasta los más críticos, han dado una visión poca realista. La situación es mucho más grave.

Es cierto que la Comisión considera el sistema proporcionado en cuanto que está diseñado para cubrir los costes netos del servicio y establece mecanismos para evitar la sobrecompensación.

Es cierto que se distingue entre las tasas a las televisiones y a las telefónicas, en cuanto que ésta última está sometida a un procedimiento para establecer si la nueva exacción es compatible con la Directiva de los Servicios de Comunicaciones (concretamente con  su art. 30), mientras que el recargo a las televisiones no está pendiente de este examen.

La Comisión, sin embargo, considera que ambas medidas siguen sujetas a escrutinio, en cuanto que nuevos impuestos directamente vinculados a la financiación del servicio. Y pide a España que se abstenga de financiar a RTVE con estos nuevos impuestos en tanto no se produzca una decisión de la Comisión.

Literalmente recojo una de las conclusiones:

57) La Comisión desea recordar a España que el artículo 14 del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo establece que toda ayuda ilegal puede recuperarse del beneficiario. La Comisión solicita a España que no asigne ninguna financiación a RTVE que proceda de los impuestos introducidos o modificados por la Ley 8/2009 hasta que se haya adoptado una decisión final.

La comunicación da un mes al Gobierno para hacer alegaciones.

Pero ¿qué va hacer el Gobierno para que RTVE no se colapse?

El calvario de la financiación de los servicios públicos de radio y televisión


A cuentagotas la Comisión Europea va sentando las bases de la financiación de los servicios públicos de radio y televisión. Los sucesivos expedientes, encuestas, recursos y sentencias constituyen un verdadero calvario para el funcionamiento estable y una planificación a largo plazo de las radios y televisiones públicas.

Ayer, la Comisión validó los sistemas de financiación de RTVE y France Télévision como ayudas del Estado conforme al derecho europeo y especialmente a las normas de competencia. Es ésta una decisión que resuelve sendos expedientes abiertos por el Comisario de la Competencia, pero en el caso de España queda todavía pendiente el expediente abierto por la Comisaria de la Sociedad de la Información respecto a la nueva tasa sobre los operadores de telecomunicaciones que vehiculen servicios audiovisuales.

Si leemos la prensa española, en los titulares predomina el “sí, pero…”, más excéptico, cuanto más de matiz económico sea la publicación. Por su parte, El País insiste en el estrangulamiento financiero de RTVE.

En un primera análisis y a partir de las notas de prensa (RTVE, France Télévision) podemos extraer algunas conclusiones:

Tanto en el caso de España como en el de Francia las ayudas son proporcionadas y no existe exceso de compensación porque la financiación del servicio depende de sus costes netos y no de los ingresos generados por las nuevas tasas asignadas a su financiación.

– En el caso de Francia la Comisión ya había aprobado la financiación vinculada al canon pagado por los usuarios y el Tribunal Europeo había declarado esta resolución conforme a Derecho. Ahora la Comisión valida la tasa sobre la publicidad audiovisual y sobre los servicios de comunicación electrónica (portales de Internet, operadores de cable y satélite). En todo caso, esta financiación se presenta como una compensación por la pérdida de ingresos publicitarios.

– En el caso de España, no encuentra tampoco problemas de financiación desproporcionada en las tres fuentes de financiación (tasa sobre los ingresos de la televisiones, tasa sobre los ingresos de los operadores de servicios electrónicos y un 80% sobre la tasa ya existente de uso del espectro radioeléctrico). En este jucio parece que ha tenido bastante peso el compromiso del Gobierno de España de someter a RTVE a una auditoría externa anual.

-Pero, y éste es un gran pero, se remite al expediente abierto por la Comisaria de la Sociedad de la Información, Noeli Kroes, sobre la legalidad de esta nueva tasa sobre los operadores de comunicaciones, o dicho más claramente, sobre las telefónicas.

Los analistas vinculados al sector de las telecomunicaciones dan por supuesto que esta tasa es ilegal y se remiten al art. 30 de la Directiva sobre la autorización de redes y servicios de comunicaciones (pdf) que permite imponer tasas a estos operadores para financiar la autoridad nacional de reglamentación, pues concluyen, a sensu contrario, que no caben otras tasas. Entiendo, por el contrario, que el hecho de que pueda establecerse esa tasa específica no impide que estos servicios queden sometidos a otros impuestos o tasas, conforme el sistema impositivo nacional. No soy capaz de determinar las diferencias entre el caso español y el francés, pero no veo porque si esta tasa es legal en Francia no pueda serlo también en España.

Ángel García Castillejo, consejero de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, considera llegado el momento de implantar el canon a pagar directamente por los usuarios y recuerda que era una de las opciones propuestas por el Comité de Sabios. El canon debió de instaurarse como mínimo en 1981, pero discrepo de que ahora sea el momento. En plena crisis, un nueva tasa que grabara a los hogares con 200 € (media de la cuantía en Europa) daría lugar a una rebelión fiscal y tendría unos altos costes de administración que le harían inviable.

Prefiero, la verdad, que paguen las telefónicas a que paguen los ciudadanos. Ya veremos…

Resoluciones en el Boletín de la Dirección de la Competencia (España, Francia)

Pluralismo y subsidios


La subvención a un diario ultraderechista pone en cuestión la política de subsidios a la prensa de Suecia.

Me refería aquí hace un par de días a la propuesta de la Federación Europea de Periodistas de subvencionar el periodismo como un bien público. Suecia es uno de los pocos países donde todavía se mantienen las subvenciones a la prensa, que fuero comunes en Europa hasta hace 20 años.

La polémica ha estallado al conceder el Consejo independiente responsable de las subvenciones un subsidio de unos 300.000 € al diario ultraderechista Nationell Idag. El Consejo se defiende asegurando que el diario cumple con los requisitos objetivos exigidos: tirada, porcentaje de financiación por suscriptores y publicación de al menos mil metros de columnas de material informativo diario. Una de las componentes del Consejo ha dimitido y la Ministra de Cultura ha propuesto reformar el sistema.

El sistema de subvenciones intenta promover el pluralismo externo, esto es, que en un determinado ecosistema informativa haya el mayor número posible de voces diversas, o, dicho en términos del liberalismo norteamericano, que todos tengan la posibilidad de hacerse presentes en el “libre mercado de las ideas”. Una de las maneras de garantizar el pluralismo externo es establecer normas anticoncentración; la otra es subvencionar el pluralismo.

El caso plantea algunas cuestiones al sistema de subvenciones públicas:

– En la época de la comunicación interactiva ¿tiene toda opción ideológica derecho a mantener un diario en papel y a recibir subvenciones para ello?

– ¿Puede subvencionarse con dinero público a los enemigos del pluralismo para lograr un mayor pluralismo?

– Si los requisitos no son puramente objetivos y se entra en la evaluación de la ideología ¿no se convertirán estas subvenciones en una herramienta de control político?

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