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Selección francesa. Distintas etnias, un mismo equipo unido por los valores republicanos (Foto tomada de ABC)
No sé si Rajoy es racista; pero su comentario sobre la selección francesa de fútbol revela una creencia inconsciente en la patria basada en la raza y la religión. Como se dice en Francia sólo serían franceses los que lo fueran de «souche» (de raíz u origen) y no los que hubieran nacido en Francia, hijos de inmigrantes (23 de los 26 jugadores de la selección han nacido en Francia) o han adquirido la nacionalidad cumpliendo las normas correspondientes. Esa selección es un ejemplo de integración; por eso es objeto de críticas por los que propugnan la «prioridad nacional» (VOX y ahora también el PP o la «reemigración«(expulsión de millones de personas de origen emigrante para evitar el «gran reemplazo» que propaga Zeemun en Francia.
No es nacional de un país o patriota el que se le pone de gallina la piel escuchando el himno nacional o el que se recrea en la historia militar o imperial de un país. Patriota es cóno nos aclaró Habermas el que comparte activamente los valores constitucionales; en el caso español, los derechos humanos y el papl promotor del Estado de la igualdad y la promoción de los derechos.
En Francia ese patriotismo se genera en torno a la República y su instrumento fundamental ha sido la escuela republicana, gran ascensor social. La República ha apostado por la integración, aunque haya cometido errores como los barrios de los «banlieus», construidos para paliar la carencia de vivienda asequible, pero muy alejados del centro y con pocos servicios y espacios verdes… Todas estas circunstancias ha convertido a algunos de estos barrios en verdaderos «guetos«.
Una política de integración en torno a la República, a diferencia del comunitarismo británico, donde cada comunidad se agrupa en un determinado barrio, donde muchas veces son las autoridades tradicionales y no el Estado la fuente del Derecho, sobre todo en materia de familia y costumbres. La integración es casi imposible porque esos barrios comunitarios son espacios autosuficientes.
Así que el comentario de Rajoy no es una simpleza más de las que nos tiene acostumbrados.
Mrcha por la dignidad, convocada por PP y Vox contra Pedro Sánchez
No recuerdo ninguna legislatura donde el odio y sus manifestaciones haya tenido un papel tan destacado en la política. Aquello del rotbeiller y «vállase señor Gónzález» parecen hoy expresiones moderadas y educadas frente al «vienen los nazis» de un lado y del otro «Pedro H. P. «Me gusta la fruta». Extensión de la lucha política a las familias y los grupos de amigos; no obstante creo que la sociedad civil está menos «hiperventilada» que políticos y tertulianos. Cuando Sánchez caiga el mundo será mejor y todos los problemas se solucionarán por ensalmo.
¿Por qué este odio?
Desde el primer momento se cuestionó su legitimidad desde el regreso a la secretaría general del PSOE de la que fue ignominiosamente expulsado y a la que regresó después de una campaña agrupación a agrupación por toda España. Luego llegó sentencia de la Gürtel y la moción de censura, en la que reunió una improbable mayoría. Y desde entonces se convirtió en el «okupa de La Moncloa». Los grandes defensores de la Constitución deslegitimaron la moción de censura y sostuvieron, ignorando la naturaleza de democracia parlamentaria que tenía que gobernar el partido que más votos obtuviera y no el que tuviera el apoyo de más diputados.
Las cosas se complicaron después de la elecciones de 2023. Los 7 diputados de los independentistas de Junts se hicieron imprescindibles para investidura. El gobierno de Sánchez, al contrario de lo que había prometido en campaña sacó adelante la Ley de Amnistía, que todavía está al a espera del pronunciamiento del Tribunal Europeo de Justicia, del Tribunal Constitucional y de la aplicación del Supremo.
Para muchos con esa ley Sánchez no es que hubiera cambiado de opinión sino que directamente había mentido y había puesto en peligro la Constitución y la unidad de España. Se produjo una rebelión judicial, con togas ante las sedes judiciales. PP y VOX promovieron grandes manifestaciones en contra de la ley y fueron cuajando un movimiento con Sánchez en el objetivo como enemigo. En estas manifestaciones se va generalizando el grito «Pedro Sánchez H..P». Al que luego siguió el hipócrita y ridículo «me gusta la fruta».
La política los gobiernos de Sánchez es de centro-izquierda, nada radical, no ha hecho la reforma tributaria necesaria para luchar contra la desigualdad y financiar los servicios públicos. Además del indulto y la amnistía a los dirigentes del «procés», otras medidas que incendian el odio contra el presidente del Gobierno son las leyes de «Libertad Sexual» «Memoria democrática» y la exhumación de Franco de Cuelgamuros. Y aquí se encadena con el auge de la extrema derecha en todo el mundo.
La explosión de la extrema derecha
El edificio de los derechos humanos construido después de la II Guerra Mundial se cae. Movimientos y partidos ponen por encima de la dignidad individual el espíritu de la tribu. Vuelve el nacionalismo nativista. Estos movimientos crecen porque se presentan como alternativa al sistema y proponen solucionar complejos problemas sociales con soluciones sencillas como la persecución del inmigrante al que se presenta como fuente de todos los males.
En Europa y EEUU la gente se revela contra la pérdida de industrias, consecuencia de la globalización. En América Latina contra la inseguridad y la dejación de Estado frente alos grupos criminales. En Argentina la rebelión es contra una terrible gestión económica con recurrentes crisis de hiperinflación.
La presencia de esta extrema derecha pugnante, que vuelve con los métodos criminales del escuadrismo fascista. Las redes sociales promueven las opiniones extremas. De modo que los parlamentos se convierten en platós para el «zasca»al adversario, con el que alimentar las redes sociales.
El adversario se convierte en enemigo
No se trata no solo de ganar al adversaro; se amenaza con meterle en la cárcel De modo que el diálogo político es cada vez más difícil.
La lucha política se extiende a la familia del político,
La corrupción
En el ámbito de este gobierno se han cometido graves casos de corrupción. En uno de los más graves, el caso «mascarillas»ya se condenado al autor principal, ex secretario general. del PSOE y ex ministro de Transportes a una pena ejemplar de 24 años. Por el momento, ni en este ni en otros se ha demostrado la responsabilidad penal del PSOE como se probó la del PP. A muchos nos resulta escandalosa la retorcida interpretación analógica de la atenuante de colaboración con la Justicia para que el corruptor, Aldama, no vaya a la cárcel.
De generalizarse el sistema, como ocurrió en la Italia de los 80, el sistema puede entrar en barrena.
Precisiones sobre la convocatoria de elecciones
La disolución de las Cortes es una prerrogativa constitucional exclusiva del presidente del gobierno. La recientemente aprobada moción para que Sánchez convoque elecciones no tiene ningún valor jurídico como tampoco las reprobaciones de los ministros de cualquier gobierno, pero debía debatirse -como se hizo-como un acto de autonomía de la Cámara y ha tenido el valor de mostrar la extrema debilidad del gobierno.
La oposición puede desbancar al gobierno con una moción de censura constructiva, una institución que la Constitución copió de la Ley Fundamental de Bonn. Exige la presentación de un candidato y de un programa de gobierno. La de Sánchez ha sido la única moción de censura con éxito. Gonzálezpresentó una Suaárez, que no properó, pero que le sirvió para lanzar el que luego sería su programa en las elecciones de 1982, que ganó por mayoría absoluta.
La moción de confianza la presenta el presidente del gobierno para reafianzar un gobierno débil y verificar sus apoyos. Puesto que la Constitución exige la presentación anual de los presupuestos y por extensión su aprobación y Sánchez no ha conseguido aprobar ningún prepuesto desde 1983 hace mucho tiempo que tendría que haber presentado una moción de confianza para que las fuerzas que le apoyaran se retrataran, sobre todo Junts que ni come ni deja comer.
Con la que está cayendo por el mundo me cuesta escribir sobre temas españoles, en general discusiones banales y partidistas. Me da pereza entrar en polémicas. Pero el tema de la limitación de la acción popular me parece una cuestión de derechos humanos y de funcionamiento de la democracia y aunque no soy experto en derecho procesal criminal quiero dejar aquí mi opinión de que es una reforma desafortunada.
El grupo parlamentario socialista ha presentado una proposición de ley orgánica(pdf). En esencia, impide ejercer la acción popular a partidos (y sus fundaciones), sindicatos, personas jurídicas públicas.
Como ha puesto de manifiesto el catedrático Jordi Nieva fue Francisco Silvela el introductor de esta institución para facilitar que los periódicos, ejerciendo la acción, pudieran tener acceso a los autos del crimen de calle Fuencarral y seguir vendiendo periódicos, explotando el amarillismo.
De la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 pasó al art. 125 de la Constitución, como una forma de participación popular en la Justicia junto con el jurado. es una institución que no existe en los países de nuestro entorno y son muchos los juristas (por ejemplo Martín Pallín) que consideran la institución disfuncional y susceptible de abuso.
El art 101 de la LEJCR limitaba el ejercicio a las personas físicas, pero el Tribunal Constitucional en 1992 amplió su ejercicio a las personas jurídicas .La proposición ordena y clarifica el ejercicio de la acción (por ejemplo estableciendo la documentación probatoria de la que tiene que ir acompañada).
Cuando no están en el poder los partidos ejercen la acción popular, pero cuando son gobierno intentan limitarla, como hizo el PP en 2017. Que se ha hecho un uso abusivo de la institución es evidente, pero esta iniciativa tiene una serie de debilidades que la convierten cuando menos en un error.
Estos puntos débiles son
Justificar la iniciativa (Exposición de Motivos) en la polarización de la vida política y el crecimiento de las opciones antidemocráticas, lo que podría interpretarse como una limitación a estas opciones políticas (nuestra Constitución a diferencia de la alemana no es militante).
Usar una proposición de ley (con un debate limitado y ausencia de dictámenes) para introducir una ley orgánica.
Una disposición final que permite aplicar la norma retroactivamente a los procesos en curso, lo crea inseguridad jurídica y la sospecha de ley «ad hominem», lo que ha dado pie a que la derecha y sus medios denominen a la norma como «ley Begoña».
Dejar fuera a los delitos de odio, un terreno propicio para el abuso por determinadas organizaciones.
No hay duda de que determinadas organizaciones abusan de la acción y algunos jueces abren y mantienen durante meses procedimientos basados en recortes de periódicos. Bastaría como propone Martín Pallín impedir la acción cuando la fiscalía o una acusación particular se opongan. Mi proposición sería inhabilitar como ejercientes de la acción popular a las organizaciones que hayan abusado de ella.
El caso más evidente de abuso se da en en el pseudosindicato Manos Limpias, del que se desconoce donde tiene representantes de personal y que ha estado condenado por extorsión (aunque luego haya sido absuelto en el Supremo). Con este historial, la ley debiera permitir a un juez inadmitir sus querellas o al fiscal recurrir la admisión.
En lugar de meterse en este jardín, el Gobierno debiera haber desarrollado la Directiva Europea conocida como SLAPP, que intenta proteger a periodistas y activistas de las demandas abusivas. La Directiva (nombrada bajo la denominación Dafne Caruana, en homenaje a la periodista maltesa asesinada por investigar la corrupción después de ser perseguida con demandas injustificadas) está ya traspuesta (BOE), pero no se ha desarrollado y aún menos se ha hecho pedagogía. El decano del ICAM, Eugenio Ribón, compara la SLAPP con la nueva norma
Fernando Botero ha convertido en una obra de arte la violación más grave de los derechos humanos de la últimas décadas. los abusos de los estadounidenses en la prisión de Abu Grhaib (Irak).
IN MEMORIAM DE ELÍAS DÍAZ
Hace unos días falleció a los 90 años Elías Díaz , catedrático emérito de la UAM, que fue profesor mío de Filosofía del Derecho en los 60 y cuyo libro «Estado democrático y social de derecho», inspiró la Constitución Española y en mi dejó una profunda huella intelectual. Aquí se pue descargar una ponencia (pdf) del autor en la que está lo esencial de la obra.
Estado democrático de Derecho
Todo Estado genera normas jurídicas. pero no tos son Estados de Derecho. Solo es Estado de Derecho el Estado democrático de Derecho, es decir. el que cumpla las siguientes condiciones:
Imperio de la Ley
División de poderes
Fiscalización de la Administración
Protección y desarrollo de los derechos fundamentales
Ante una crisis política grave son las instituciones y la cultura política las que tienen que proteger estas salvaguardas. Estados Unidos ha hecho siempre gala de su sistema de pesos y contrapesos. Nixon dimitió ante la posibilidad de ser sometido a un empeachment.
Trump no reconoció su derrota de 2020 y lanzó a sus huestes contra el Congreso. Y en esa mentira ha basado su última campaña que ha encandilado a millones de ciudadanos entregados. Prometió ser dictador por un día, pero parece dispuesto a serlo durante 4 años y más allá. Es dudoso que vaya a reconocer una derrota en 2028.
En toda Europa, empezando por Hungría, se desarrollan democracias iliberales, que no respetan la división de poderes y vulneran los derechos humanos, empezando por los de los inmigrantes, invocando motivos de seguridad.
Estado social
El pacto básico establecido después de la II Guerra Mundial era el Estado social. Los derechos sociales, que garantizan una vida digna – el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la protección al consumo- no son derechos subjetivos directamente exigibles ante los tribunales, pero el Estado los satisface mediante los servicios públicos y el gasto social.
En los primeros 80, con la llegada de Reagan y Thatcher al poder, el Estado social se desmonta pieza a pieza, la bajada de impuestos destruye los servicios públicos. Las luchas de clase no consiguieron parar este ataque.
La globalización, que convierte a China en la fábrica del mundo, saca a mucha gente del sur de la extrema pobreza, mientras que los trabajadores y clases medias de Europa y Estados Unidos se empobrecen . Muchos territorios antes industriales se convierten en yermos ( cinturón del óxido en EEUU). Muchas de estas zonas ahora depauperadas y antes prósperas son caladero de votos para las extremas derechas.
La doctrina del neoliberalismo convirtió en un dogma la destrucción del estado social. Una de las razones del auge de la extra derecha es el individualismo de la libertad de «sálvese quien pueda».
Derechos Humanos
Después de la II Guerra Mundial, el consenso de que la dignidad humana exigía mecanismos de protección. En un largo camino desde la Declaración Universal de 1948, se fue construyendo un entramado de tratados e instituciones para hacer real la protección de los derechos fundamentales, cuya cumbre institucional fue la constitución del Tribunal Penal Internacional (EEUU e Israel no son parte del tratado que lo crea y por tanto no reconocen su jurisdicción). Otro hito anterior fue la tipificación de los delitos de crímenes de guerra y genocidio (recomiendo la lectura de Calle Este-Calle Oeste).
El atentado más grave contra los derechos humanos en el siglo XXI ha sido lawar on terror declarada por George Bush, que después de los atentados del 11-S contra EEUU trajo dos guerras (Irak y Afganistán) que no solo destruyeron dos países con enormes sufrimientos, sino que, además, rompieron todos los equilibrios de Oriente Próximo.
Esa supuesta guerra contra el terrorismo trajo una violación de los derechos fundamentales a nivel global, en el que colaboraron muchos países. Los episodios más ominosos de esta cruzada fueron Abu Ghraib y Guantánamo (que ahora se pretende abrir como campo de concentración de inmigrantes).
La voladura final de Estado
Trump y Milei tratan al Estado como una empresa en quiebra. Si se destruyen las estructuras administrativas, no sé cual puede ser la alternativa al estado-nación.
En el caso de EEUU, Trump ha entregado la administración a un payaso loco, que quiere tratar al país como si fuese una start up. Esperemos que dentro de partido republicano alguien pare esa locura o que en elecciones de medio mandato los ciudadanos le den un buen revés si la inflación que va a generar su política económica les hace daño en su economía particular.
Dentro del Estado caben redes de resistencia y solidaridad. Fuera solo queda la ley de la selva.
«El abrazo» de Juan Genovés, el original está en el Museo Reina Sofía, el artista donó los derechos de autor a Amnistía Internacional
Ninguna imagen como «El abrazo» representa mejor el espíritu de la Transición. La amnistía (reclamada en manifestaciones multitudinarias) que puso en la calle a los presos políticos y sindicales, como los del Proceso 2001. Pero que también amnistió a los policías torturadores, a los que todavía no se ha podido juzgar.
Nuestra democracia nació de pacto y eso supuso aceptar una monarquía sin someterla al voto popular. Nuestra Constitución resultó muy avanzada en su reconocimiento de los derechos civiles y políticos, pero cicatera con los derechos sociales y económicos, con grandilocuentes enunciados, que solo son orientaciones para que los poderes públicos los hagan realidad mediante políticas y servicios públicos.
Uno de aquellos amnistiados fue Nicolás Sartorius, un aristócrata, que se sumó a la lucha de la clase obrera (como se decía entonces) como abogado de CCOO y como tal juzgado y condenado en el Proceso 2001, Sartorius luchó por mantener al PCE en la vía del eurocomunismo. Ahora cuando proliferan las obras sobre el fin de la democracia, Sartorius no propone su ampliación como modo de regeneración democrática.
A nivel nacional, la ampliación tiene que pasar por hacer vinculantes los derechos económicos y sociales. no solo por la vía de su exigibilidad ante los tribunales, sino sobre todo mediante reservas presupuestarias, que garanticen servicios públicos de calidad. Y profundizando en nuevos derechos medioambientales o el derecho a preservar la privacidad de nuestro cerebro, frente a los sistemas de intrusión . Y dando mayor protagonismo a los derechos de los jóvenes a vivir independiente… Luchando contra la desinformación. Todo un «programa de regeneración democrática»…
Si algo tiene claro el autor esta expansión democrática (o modo para ir terminando con el capitalismo) ya no puede hacerse (como en los años gloriosos) en el estrecho marco del estado nacional. Ahora la expansión de la democracia tiene que hacerse globalmente, especialmente por medio de organizaciones de integración y en ese sentido la UE es el marco ideal, no solo para expandir los derechos, sino también para conseguir un bienestar con justicia. La UE tiene muchos agujeros, como su política migratoria. Pero la ultraderecha puede destrozar este exitoso experimento, no tanto por su presencia en el Parlamento. como por su control de cada vez más gobiernos. Estamos ante el riego de en lugar de expandir, comprimir la democracia.
Protesta de jueces y magistrados de Cádiz/Efe/Román Ríos
Las negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes y la presentación de una proposición de ley de amnistía ha desatado una oleada de protestas políticas, populares e institucionales, que ha tensado la convivencia en las últimas semanas.
Vaya por delante mi respeto a todos los que critican las negociaciones y la amnistía y a los cientos de miles que el domingo 12 de noviembre protestaron en las plazas españolas, ejerciendo sus legítimos derechos de manifestación y a la libertad de expresión. No así ante los energúmenos que asedian las sedes socialistas, tiran huevos a los diputados, agreden a los periodistas y lucen símbolos fascistas.
Se puede estar en desacuerdo con los acuerdos y con la amnistía -personalmente, los acuerdos con Junts no me gustan- pero la AMNISTÍA NO ES:
Un golpe de Estado o una dictadura. No se ha derrocado a un gobierno legítimo. No se han subvertido los derechos fundamentales y no se persigue a nadie por discrepar.
No se ha atacado la división de poderes ni la igualdad ante los españoles. Una amnistía es una ley excepcional, que no revisa las sentencias judiciales caprichosamente, sino que, por razones de interés general, se declara con carácter general que determinados actos dejan de ser ilícitos. Se puede estar en desacuerdo con la necesidad de la medida, pero no decir que es un atentado contra la división de poderes. Lo que ha sido una clara intromisión en la separación de poderes y un ataque al legislativo han sido las insólita protestas de los jueces ante los palacios de justicia. Jueces y magistrados tienen derecho a la libertad de expresión, pero no haciendo valer su condición institucional. Lo que tenían que haber hecho es colgar las togas y asistir a las manifestaciones como un ciudadano más, Está claro que han incurrido en una sospecha de parcialidad, que, a buen seguro en el futuro traerá recusaciones.
La amnistía no es un fraude electoral, que anule el resultado de las elecciones. Son innumerables los ejemplos de gobiernos de todo signo que nada más llegar al poder adoptan medidas, más o menos traumáticas, que no estaban en su programa. Nuestro sistema es parlamentario y gobierna no la lista más votada, sino el candidato que más apoyos parlamentarios reúne. El PP ha intentado deslegitimar a todos los gobiernos socialistas desde Zapatero. No olvidemos el siniestro bulo que hacía a ETA responsable del 11-M y, que, pese a una sentencia ejemplar, envenenó la vida política durante una legislatura, con enorme dolor para las víctimas. Después de la moción de censura Sánchez era el «okupa» de La Moncloa. Y ahora, en lugar de pedir la retirada de la amnistía, lo que el PP exigía era la convocatoria de nuevas elecciones, Afortunadamente, ayer Feijóo reconoció finalmente la legitimidad de un gobierno de Sánchez.
Sobre su constitucionalidad se pronunciará el Tribunal Constitucional. Para su legitimidad, Junts y ERC tendrían que haber reconocido que en 2017, Cataluña no sufría ninguna situación de opresión colonial, sino un altísimo grado de autonomía y hacer una declaración expresa de que no intentarán ningún proceso unilateral de independencia. Y Pedro Sánchez explicar las razones de interés general, pero me temo que está atado por los acuerdos con Junts, que le dejará caer a las primera de cambio.
ELEMENTOS DE UN NUEVO PACTO CONSTITUCIONAL
Avanzar hacia es Estado Federal cooperativo, para lo que solo falta convertir al Senado en una verdadera cámara de representación territorial. Desarrollar las conferencias de presidentes y sectoriales, con competencias propias. Crear un mecanismo de autorregulación financiera, que se actualice periódicamente.
Mecanismos de secesión reconocidos para todas las comunidades con mayorías reforzadas (como ya defendía en 2017) y procedimientos garantistas.
Primera rueda de prensa después de la legalización del PCE, el «sábado de gloria» de abril de 1977. con la bandera rojigualda en lugar destacado.
Este es un país mal soldado, atravesado por múltiples cicatrices históricas. Es difícil compartir una visión de España que no esté sesgada por la ideología o los intereses. Por una vez voy a entrar en esas cuestiones que nos dividen, sin obviar asuntos polémicos como la amnistía por el procés. Busco el entendimiento no el enfrentamiento, pero no entraré en discusiones sobre estos temas tan espinosos por el desgaste personal que puede conllevar.
La guerra civil y el revisionismo franquista. La ley de memoria democrática
En España todavía se desconoce el paradero de 114.226 víctimas de la represión franquista (entre ellos García Lorca), según contabilizó el juez Baltasar Garzón en su auto sobre crímenes del franquismo y ratifican las investigaciones históricas.
Pocas normas desatan mayor indignación entre la derecha y la extrema derecha que la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/22),, que en su Exposición de Motivos declara:
«La memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan, por tanto, un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia. La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos.»
Desde el punto de vista práctico, el Estado se compromete directamente en la búsqueda de esos desparecidos, que todavía yacen en cunetas y fosas comunes, y darles digna sepultara, de acuerdo con los familiares. Asimismo, eliminar monumentos que ensalcen la dictadura y si ello no resultara posible reinterpretar estos lugares.
Para la derecha y extrema derecha es la venganza de los perdedores, que quieren falsear la verdad histórica y denigrar a los vencedores y lo único que se persigue es «abrir viejas heridas». ¿Es abrir viejas heridas entregar los restos a familiares, que han esperado 80 años para cerrar el duelo? ¿Cabe pensar que en Alemania o Italia existiera un monumento a la dictadura nazi o fascista en el centro de sus capitales, como es el Arco del Triunfo de Madrid?
«En la guerra civil hubo 600.000 muertos, 100.000 de ellos víctimas de la represión desencadenada por los militares sublevados y 55.000 de la violencia en la zona republicana. Al menos 50.000 personas más fueron ejecutadas entre 1939 y 1946».
La obra de referencia es «Holocausto Español» de Paul Preston (reseña de Juan Cruz). Y por supuesto las obras de testigos privilegiados como «La Forja» de Arturo Barea y «A sangre y fuego» de Chaves Nogales, cuyo subtítulo «Héroes, mártires y bestias de España» lo dice todo.
No hay duda que desde la fragua de la rebelión militar hay un claro propósito genocida de exterminar al enemigo, «sanar» a España erradicando violentamente el «cáncer rojo» y eso es así desde el 18 de julio hasta mediados de los 40, con 50.000 personas ejecutadas, terminada la guerra.
Hay una corriente revisionista (Pío Moa y compañía) que sostiene que la guerra la empezó la izquierda con la Revolución de Octubre. Para contradecir el argumento me remito a un libro que es una pequeña joya «Tres periodistas en la revolución de Asturias», con las cónicas sobre el terreno de Josep Plá, Manuel Chaves Nogales y José Díaz Fernández.
La revolución ni estaba planificada ni tenía ninguna posibilidad de triunfar. Fue un reacción terrible y sangrienta a la entrada en el gobierno de fuerzas protofascistas, que negaban y combatían los principios y la misma existencia de la República. La revolución fue protagonizada por los mineros asturianos desesperados por sus condiciones de vida, lo que no significa que se pueda justificar esa violencia.
Dejemos de lanzarnos los muertos unos a otros, tomemos como referencia la investigación histórica y reparemos a las víctimas a las víctimas del franquismo, la mayoría ancianos, al borde de la muerte. Es inaudito todavía la crueldad de impedir los memoriales en recuerdo de las víctimas del franquismo, como la prohibición por parte del Ayuntamiento de Madrid del que se iba a realizar en el cementerio de La Almudena, donde se destruyeron versos de Miguel Hernández.
El terrorismo etarra y de los aparatos de Estado. La victoria democrática y la reinserción de los militantes
Para entender la experiencia de las víctimas del terrorismo recomiendo la lectura de «Salir de la noche» de Mario Calabresi, hijo de un comisario milanés asesinado por las Brigadas Rojas, tras ser acusado falsamente de haber asesinado en comisaría a un anarquista.
Las víctimas de ETA merecen todo el reconocimiento y reparación, pero no pueden tener la patente permanente de lo que es aceptable o no en la política española.
Es un triunfo de la democracia no solo que ETA se extinguiera sin concesiones políticas, sino que sus antiguos militantes, cumplidas sus cuentas con la justicia, pueda participar en política y presentarse a cargos públicos. Ballots no bullets –como se dice en inglés con un juego de palabras, votos en lugar de balas-.
Los reinsertados y en general la izquierda abertzale le deben a la sociedad vasca y española en general algo más que una petición formal de perdón. Nos deben una declaración de que a partir de 1978, España no era una dictadura ni Euskal Herreria un territorio oprimido y que, por tanto, su terrorismo era injustificable moral y políticamente.
Falta también que el Estado reconozca los crímenes -que no fueron pocos- cometidos en su nombre, los «excesos policiales» y la reparación de estas víctimas. Y no sólo en la guerra sucia contra ETA, sino también de todos los abusos policiales durante la Transición, con decenas de muertos y miles de torturados, cuyas acciones en petición de justicia han sido ignoradas sistemáticamente, a menudo en aplicación de Ley de Amnistía de 1977. Tanto en estos casos como en los de la víctimas del terrorismo donde no llegue la justicia penal debe obrar la justicia restaurativa
Los símbolos nacionales
En la foto que abre esta entrada da testimonio gráfico de la primera rueda de prensa del PCE después de su legalización.
En la misma Santiago Carrillo declaró:
“Nosotros somos republicanos, pero aceptaremos la monarquía siempre y cuando ésta apueste por la democracia. Lo importante ahora no es el debate entre Monarquía o República, sino la elección entre dictadura o democracia, y nosotros estamos claramente con la segunda. Si el Rey asume la Monarquía parlamentaria y constitucional, nosotros lo apoyaremos».
En ese «quid pro quo» entraba la aceptación de la bandera monárquica.
El único cambio efectuado por la democracia ha sido la introducción de escudo constitucional. Pero puesto que la monarquía nunca ha sido directamente y separadamente refrendada, la izquierda más reivindicativa ha encabezado sus protestas con la bandera republicana tricolor.
Mientras la derecha, ha monopolizado la bandera no solo portándola en actos políticos contra gobiernos de izquierda, sino que a través de pulseras y demás merchandasing ha convertido los colores de la bandera en signo de identidad, un santo y seña de reconocimiento entre iguales. Recuerdo una vieja canción de Aute con letra de Forges «yo la bandera la llevo en la billetera»
Todavía altos cargos de VOX se presentan con el escudo inconstitucional.
Tampoco ayuda la asociación de los símbolos nacionales y religiosos: las procesiones con escolta militar; el desembarco de la Legión portando el Cristo de Mena, cantando ese himno siniestro que es «soy el novio de la muerte».
Y la relación de la nación con lo militar. Me parece inaudito que la Fiesta Nacional se celebre con un desfile militar y no haya un acto donde se reconozcan los méritos de personas de la sociedad civil en aras del progreso y la convivencia.
La monarquía sigue siendo divisiva. No solo por las tropelías del emérito, tapadas durante décadas en nombre de la concordia democrática. La actual familia real es aparentemente más presentable, pero sus miembros, bien conectados con la élite económica (recordemos aquello de «compi-yogui», mensaje de la reina a un empresario corrupto en dificultades judiciales),parece incapaz de un gesto de empatía hacia los más desfavorecidos(no he visto nunca a ningún miembro de la familia visitando un comedor social o un centro de acogida de refugiados). En lo político, Felipe VI con su discurso después del ilegal referéndum en Cataluña no colaboró a tender puentes.
Resulta que al final los únicos símbolos compartidos son las equipaciones de las selecciones deportivas, sobre todo de la de fútbol, la «roja. No soy aficionado al fútbol y no sé cuando se generalizó esa denominación, pero desde luego con Franco no se hubiera podido llamar a una selección «la roja».
Pediría que la izquierda que use sin complejos la bandera constitucional y si lo desea la alterne con la republicana, que también era la bandera de una democracia española. Y a la derecha que cese de hacer ostentación de banderas y pulseras. Que institucionalmente se busquen y promocionen nuevos símbolos, como en su día fue el monumento a la Constitución en la Castellana.
El Imperio y la leyenda negra
No estamos tampoco de acuerdo en la interpretación de la Historia.
Hay una corriente revisionista de la leyenda negra y exaltadora del imperio en América, cuya figura más destacada es Elvira Roca Barea. Confieso que no he leído su obra, pero en la interpretación que ha hecho circular la derecha solo se presentan las luces de España en América, olvidando los distintos genocidios.
Las Leyes de Indias son un timbre de gloria para el Imperio Hispánico, pero demuestran que previamente existieron agresiones sin cuento a las poblaciones originarias y luego fuero reiteradamente incumplidas. Por eso aunque la petición de disculpas de López Obrador me parece bombástica, no estaría de más reconocer, como han hecho los holandeses, los abusos contra los derechos humanos realizados por los españoles durante la conquista y la colonia. Abusos que empalidecen ante los producidos por las repúblicas americanas después de la independencia.
Escuché a Roca Barea en una entrevista y me pareció más razonable que esa versión simplificadora que circula la derecha. Reconoció que no existe una España eterna e inmutable y que el Imperio de los Austrias era un confederación de Estados propiedad del soberano.
Porque en la Península se han sucedido los imperios, los reinos, las monarquías absolutas, pero hasta las Cortes de Cádiz no existe un Estado Nacional,
No existe la España eterna, definida por el catolicismo. Es hora de enterrar a Viriato, Don Pelayo y el Cid y volver a Cervantes y Machado. Y vivir en el día de hoy mirando al futuro, no al pasado.
La diversidad territorial y social
El mayor problema de convivencia que tenemos es la integración de una España territorialmente muy diversa y muy rica. Llevamos más de dos siglos con el problema. No cuajó la República Federal de Pi i Margall, ni el Estado integral de la II República, en ambos casos más por quiebra general del Estado que por fallos del sistema de integración.
La Constitución reside la soberanía en el conjunto de los españoles y reconoce la autonomía de «nacionalidades y regiones». Recuerdo muy bien el debate en torno al término nacionalidades. ¿Se constituía España como un Estado plurinacional? La respuesta es que nacionalidades quería decir regiones históricas, con signos de identidad muy destacados y que hubieran disfrutado de autonomía durante la República.
Lo que nos demuestra la experiencia de estos 45 años es que territorios como Cataluña y el País Vasco se consideran naciones y-por lo menos minorías significativas de sus poblaciones- no aceptan el sistema autonómico y no cejaran hasta que se les reconozca el derecho a la secesión (mal llamado de autodeterminación). El derecho de autodeterminación solo es aplicable en territorio coloniales o sometidos a una administración externa despótica, lo que no es el caso. No obstante, creo que la salida de este cículo vicioso solo puede hacerse por medio de un referendum pactado en los términos de la ley de Claridad canadiense. Ello solo sería posible modificando con la Constitución mediante un gran pacto de Estado. No me convence la Confederación historicista y foral, que propone Urkullu, y menos su sistema de interpretación constitucional mediante una Convención.
Una última cuestión de actualidad. Los resultados electorales han puesto la gobernabilidad en manos del prófugo Puigdemont (con 7 diputados y 342.000 votos), un nacionalista de derechas, un ególatra que busca su revancha personal y que para empezar a negociar exige un ley de Amnistía.
La cuestión no es si la amnistía es o no constitucional. La cuestión es que no es legitima porque una amnistía se otorga para limpiar las persecuciones de un estado no democrático. Lo cual no quiere decir que no se puedan utilizar otras herramientas de gracia para normalizar Cataluña. Comparto los argumentos de Tomás Quadra-Salcedo (Gracia y Justicia).
Creo que Sánchez ni puede ni debe aceptar esa condición previa porque aun en el caso de que se lograra la investidura. el gobierno pendería de un hilo que Puigdemont cortaría a la menor fruslería. Y eso llevaría a una debacle electoral del PSOE y al gobierno PP-VOX. Más vale rechazar ahora el chantaje. En unas nuevas elecciones seguramente el PSOE mejoraría sustancialmente con el apoyo del electorado al que irritan las demandas independentistas.
Si se podría avanzar en el reconocimiento de España como un Estado plurinacional, especialmente favoreciendo el uso de las lenguas propias a nivel estatal (optativas en Bacillerato y universidades). Cuando hace 60 años escuché a Serrat cantar la «Canço de Matinada», entendí que en España además del castellano había otra lenguas, que también formaban parte de nuestro patrimonio común.
Políticamente creo que hay que seguir avanzando hacia un federalismo cooperativo, reformando el Senado como cámara territorial, clarificando las competencias de las comunidades y el Estado central, reforzando la conferencia de presidentes y las comisiones sectoriales. Pero para eso hace falta un pacto de Estado, que se antoja imposible.
El patriotismo constitucional
Dejemos atrás los símbolos y una historia divisiva para unirnos en defensa de los derechos y principios constitucionales y los servicios públicos que hacen efectivos los derechos sociales. Es lo que Habermas llama patriotismo constitucional y que puede unir a quien se siente catalán, vasco o gallego o asturiano con quien se siente simplemente español. Asumamos las sucesivas capas de identidad que se solapan en en cada individuo.
En el ULSTER me enseñó John Hume -un político católico y republicano moderado, que recibió el Nobel de la Paz- que lo de menos es la identidad de cada uno. Lo importante es trabajar juntos por el progreso común. Menos banderas, menos guerra culturales, más honradez, menos corrupción y más trabajo.
Fachada Tribunal Constitucional. Foto La Vanguardia.
El Tribunal Constitucional se ha convertido, de hecho, en una tercera cámara legislativa, Ni la Constitución ni la Ley Orgánica de Tribunal le otorgan el control previo de la legislación, pero ahora por la vía del recurso de amparo y la aplicación de medidas cautelosísimas -que la jurisprudencia del propio Tribunal ha restringido siempre al máximo. Su aplicación en este caso ha supuesto resolver el fondo del asunto, sin oír a las partes y sin el trámite ordinario.
Por mucho que fuera chapucera la proposición de ley ahora suspendida y hasta puede que inconstitucional, lo que indigna es como en otros casos no se han puesto esas tachas. Todos los gobiernos han abusado del procedimiento de añadir enmienda a otras leyes que nada tienen que ver,
Me indigna el retorcimiento de los argumentos formales para no recusar a los dos magistrados, con un interés tan directo, como que su permanencia en en el Tribunal dependía de suspender la tramitación, Cuando lo honesto hubiera sido la inhibición de los magistrados, no se admite la recusación porque los que lo piden no son parte en el procedimiento ¿Cómo va a serlo si estamos ante unas medidas cautelosísimas in audita parte?.
Parece cada vez más claro que el PP ha decidido que su dominio del CGPJ es esencial para el control del poder. En lugar de pactar las renovaciones que ordena la Constitución se ponen al Gobierno todo tipo de cambiantes exigencias para condicionar o revertir sus políticas.
Desde luego el espectáculo no animar a confiar en las instituciones, sobre todo, en la Justicia,
Cuando se invoca la legitimidad del voto popular, los que han creado este galimatías denuncian populismo. La herida será difícil de sanar.
Un sistema democrático en el que no se cubren durante años las vacantes de los órganos institucionales más importantes es un sistema en quiebra. Los partidos se echan la culpa mutuamente, pero esto es como la novelas de de asesinatos ¿quién saca ventaja de esta situación?. Quién intenta prolongar la mayoría que tenía anteriormente en una situación donde ha pedido esa mayoría. El Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional está funcionando con composiciones que responden a mayorías de otras elecciones anteriores.
Los padres de la Constitución exigieron mayorías cualificadas pensando que de esa manera se forzaba el consenso entre unos y otros.Cuando solamente había dos partidos esas mayorías cualificadas se convirtieron en un reparto de cuotas: yo me llevo tantos consejeros del Poder Judicial a cambio de tantos jueces constitucionales, pero en un sistema donde se ha roto el bipartidismo eso ya es imposible. La solución no es volver al sistema de nombramiento mayoritario sino seguir explorando el nombramiento por concurso de méritos cómo se hizo para el Consejo de Administración de Radio Televisión Española aunque finalmente los partidos lo torpedearon y no llego a buen fin
El Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma
Hay argumentos a favor y en contra de que la solución constitucional apropiada fuera estado de alarma o estado excepción para combatir la pandemia lo que no puede ser es que antes de producirse la sentencia ya se sospeche cuál va a ser el resultado según el color de cada uno de los magistrados
He defendido aquí en este blog que lo correspondiente era el estado de alarma; lo sigo defendiendo. No veo los argumentos de la sentencia, no veo por ningún lado alteración grave del orden público, tampoco que con el estado de alarma se hubieran protegido mejor los derechos fundamentales no veo suspensión si no limitación; de hecho hubo manifestaciones durante el tiempo del confinamiento que hubieran sido imposibles en un estado de excepción con todas las competencias de orden público todavía más centralizadas,.Sigo sin entender el el argumento de que el estado de excepción hubiera sido más protector de los derechos fundamentales
El administrador perpetuo de Díaz-Ayuso
Aprovechando su mayoría absoluta punto con Vox, Díaz Ayuso ha reconquistado Telemadrid como si fuera su finca personal he creado la figura del administrador provisional qué es imposible cesar, no tiene sentido que a quién se puede nombrar mayoría simple no pueda ser cesado también por mayoría simple cuando que pueden pueda cambiar la composición parlamentaria en las siguientes elecciones y ser imposible cesar a José Antonio Sánchez, el enterrador de la anterior Telemadrid. Los nombramientos que está haciendo, por ejemplo el del director de informativos, Álvarez Gudín, una persona que tiene un que tiene una larga historia de denuncias por manipulación, auguran lo peor.
Finalmente, los partidos mayoritarios han decidido que los grupos parlamentarios propongan a sus candidatos para la designación parlamentaria (previa audiencia) entre los 95 presentados, sin ajustarse al informe de idoneidad emitido por el Comité de Expertos, lo que supone, en la práctica volver al sistema de cuotas.
El pretexto para dinamitar el concurso ha sido que el informe de idoneidad no respeta el principio de paridad de género, argumento que analizaré más adelante. La realidad es que los dos grandes partidos nunca han estado cómodos con este procedimiento que limitaba su control sobre los consejeros de RTVE.
Defiendo que el Presidente de RTVE deje de ser su máximo ejecutivo, para ser simple presidente rotatorio de un Consejo de Administración, que contrate por concurso público a un director general, máximo ejecutivo dependiente del Consejo.
También me he referido en otras ocasiones a las deficiencias de diseño de este proceso: oscuridad de las normas; control de proceso por parte de comisiones parlamentarias; valoración de méritos sesgados por la norma en favor de antiguos directivos de RTVE, sobre todo de sus servicios informativos; baremos hechos públicos después de presentados los candidatos… Y si repaso la lista de los 20 considerados idóneos por los expertos encuentro bastantes buenos candidatos a consejeros, muchos menos con experiencia de gestión para la presidencia y unos cuantos bastantes malos, por su trayectoria (no evaluada) de sectarismo y vínculos con las productoras que han parasitado RTVE.
Pues, bien, a pesar de todas estas objeciones creo que el concurso público habría de haberse concluido respetando la selección de los expertos. Otra cosa supone volver a lo de siempre, el enfeudamiento por los mismos partidos que han destruido a lo largo de 40 años la influencia y credibilidad de RTVE.
Pese a que poco parece que se puede hacer ya por sanar este proceso, vale la pena reflexionar sobre algunas cuestiones claves por si en un futuro fuera posible aplicar las lecciones aprendidas a otras instancias.
Idoneidad, evaluación y propuestas partidistas
En los procedimientos de designación parlamentaria de los miembros de las instituciones constitucionales la propuesta de los candidatos parte de los grupos parlamentarios. Resulta, pues, ineludible que los propuestos sean percibidos como vinculados a los grupos proponentes, de modo que profesionales de dilatadas y prestigiosas carreras terminan desacreditados con un sambenito partidista. Por supuesto, los partidos tienen el control del proceso de nombramientos, pero a costa de vampirizar a los candidatos y desacreditar a las instituciones.
En este novedoso proceso de RTVE, los candidatos se han presentado ellos mismos y su idoneidad ha sido evaluada por el Comité de Expertos (por cierto, también elegido por los grupos parlamentarios según su representación) de acuerdo con los criterios establecidos por la Resolución de las Mesas del Congreso y Senado, de 10 de julio de 2018, que es la norma reglamentaria que ha regido el proceso.
El mandato del Comité fue emitir un informe de evaluación de la idoneidad de los candidatos, previa elaboración de un baremo que puntuara los méritos recogidos en el Reglamento. En aplicación de la autonomía que el reglamento (norma segunda) reconoce al Comité, los expertos decidieron que sería idóneos los 20 candidatos que obtuvieran la mejor puntuación y siempre superior a 66 puntos sobre 100. De esta manera, las cámaras podrían designar 10 candidatos entre los 20 declarados idóneos.
En la presente legislatura la Comisión Mixta de Control de RTVE recibe el procedimiento y los recursos pendientes de los candidatos contra el informe de evaluación y solicita asesoramiento a los letrados del Senado de como proceder.
El informe del letrado viene a poner en cuestión todo el proceso. Objeta que no se cumple una representación equilibrada entre hombres y mujeres y -un argumento que ha recibido menos atención, pero que es capital- que el Comité no estaba habilitado para proceder a esa selección de candidatos idóneos y que su función era solo hacer un informe de evaluación no vinculante. Arguye que «constriñe el ámbito de la decisión política de las Cámaras a la hora de elegir a los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE». En resumen, niega cualquier valor vinculante al informe de idoneidad.
Cualquier función pública tiene que ejercerse en el marco de una autorización habilitante, pero entiendo que el reglamento parlamentario otorga a los expertos no solo el mandato de evaluar los méritos, sino hacerlo para establecer su idoneidad: «el Comité de Expertos emitirá el informe de evaluación de la idoneidad de los solicitantes» (norma tercera del reglamento, la cursiva es mía).
La Comisión de Control ha decidido que los grupos parlamentarios podrán proponer candidatos entre los 95 presentados, lo que deja sin efecto jurídico el informe de evaluación de la idoneidad. Se vuelve al sistema tradicional, de modo que, por mucho que los candidatos hayan tomado la iniciativa de participar en la convocatoria, van a ser propuestos por los grupos parlamentarios, y, serán, por tanto, los candidatos del PP, del PSOE, de Podemos o de cualquier otro grupo.
Supongo que en estos días está en marcha el usual pasteleo: nosotros te proponemos como consejero, pero tendrás que jugar en el equipo del que hemos decidido que sea presidente. Al menos, si no por ética, por lo menos por estética, los candidatos propuestos por los grupos parlamentarios debieran de estar entre los 20 mejor puntuados.
Paridad, mérito y capacidad
La segunda objeción del letrado del Senado y la que preferentemente han alegado los partidos para neutralizar el informe de idoneidad, es que no cumple la representación equilibrada entre hombres y mujeres, como exige en su actual redacción el apartado 1 del art. 10 de la Ley 17/2006 y precisa el reglamento del concurso (norma novena).
Se plantea un interesante conflicto entre el principio de paridad y los de mérito y capacidad, que rigen el acceso a la función pública, art. 103.3 CE a la función pública.
De 95 candidatos, 22 eran mujeres, de modo que ya de partida resultaba complicado garantizar la paridad o representación equilibrada. La valoración de los méritos se hizo con criterios rigurosos de puntuación, igual para todos y los expertos evaluaron el proyecto de gestión (el rubro con más puntuación del baremo) de forma anónima. Y salió lo que salió, 4 mujeres y 16 hombres, que la dolorosa pérdida de Alicia Gómez Montano (con la puntuación más alta), redujo a 3 mujeres.
En un proceso de selección política se pueden establecer mecanismos de equilibrio, como hacen nuestras leyes electorales (listas cremallera) y ha ratificado la jurisprudencia constitucional.
En los procesos de selección por mérito y capacidad también pueden establecerse acciones positivas, que sean, como establece el art. 11 de la Ley de Igualdad, razonables y proporcionadas. Pero esta acción positiva tiene que establecerse por ley y, además, no debe desnaturalizar la propia evaluación de mérito y capacidad. Por ejemplo, hay pendiente un recurso en el Supremo sobre la dotación de plazas de consolidación de empleo en una universidad pública, en el que se da prioridad a las plazas ocupadas por mujeres en los departamentos con menor presencia femenina, pero sin que, una vez sacada la plaza a concurso tengan mejor trato los hombres que las mujeres.
Podría haberse establecido una acción positiva, pero no se hizo. Por ejemplo, crear dos listas, una de hombres y mujeres, evaluarlas separadamente y proponer como idóneos a los 10 primeros hombres y las 10 primeras mujeres. Y si la ley no establecía una acción compensadora el Comité de Expertos no podía hacerlo.
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Periodismo Global: la otra mirada 
