El espíritu de la Transición


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El abrazo de Juan Genovés

La Transición no se hizo en los reservados de los restaurantes, como algunos nos han querido hacer creer. La transición se hizo en las huelgas, en las protestas vecinales, en las aulas, en las parroquias, en la calle. (La transicion también fue esto – Joaquín Estefanía).  Esa fuerza desde abajo hizo posible un rosario de acuerdos que culminó en la Constitución.

En ese proceso se vertió mucha sangre. Todavía discutimos cuántos murieron en esos años víctimas de la violencia política. La Matanza de Atocha marcó un punto de inflexión; fue, en palabras de Alejandro Ruiz-Huerta, uno de los sobrevivientes, el ADN de la Transición.

La pasada semana se presentó en Madrid el libro “La Matanza de Atocha” de los hermanos Reverte. El auditorio Marcelino Camacho, con sus 700 plazas, se quedó pequeño. Si emocionantes fueron, desde luego, los testimonios de los protagonistas (Ruiz-Huerta, Sauquillo o Carmena) a mi me impresionaron especialmente las palabras de Jorge Martínez Reverte al repasar su trayectoria de proximidad y alejamiento a CC.OO, con una vibrante petición final de -con la que está cayendo- carnet del sindicato.

De alguna manera el relato de Reverte ejemplificaba la historia de la mayoría de los asistentes. Compromiso político y sindical con mayor o menor riesgo en aquellos años, luego caminos divergentes, unos en organizaciones de izquierdas durante más o menos tiempo, luchas internas incluidas que a muchos agotaron; otros apartados de partidos y sindicatos; todos marcados por los años de sangre y plomo, pero también de ilusión y creatividad.

La media de edad de los asistentes seguramente estaría en más de 50. Me atrevo a suponer que han participado en mil causas y protestas, la mayor parte perdidas. Y que habrán votado al PSOE, Podemos, Unidad Popular, vamos a la izquierda, aunque algunas de esas siglas abominen de tal referencia. Todavía tienen fuerzas, pero el futuro ya no les pertenece.

Me perdonarán mis amigos Descartes (un foro de antiguos trabajadores de RTVE) si traigo aquí el pequeño debate que entre nosotros ha suscitado el libro y su presentación. Vivencias removidas de aquellos años, recuerdos de los que ya no están. Y posicionamientos ante el artículo de Ana Cañil, en el que echaba en cara a los partidos su ausencia del acto. Creo que tenía razón un viejo sindicalista al precisar que los partidos allí lo único que hubieran hecho es robar cámara al libro y a sus protagonistas.

Transición -dijo Ruiz-Huerta en el acto- sólo puede haber una. Los males de estos cuarenta años no vienen de los pactos de la Transición. Es cierto que el paquete llevaba imposiciones (la fundamental, la monarquía). Pero cada pacto no sólo significaba cesiones por todas las partes, sino una apuesta compartida en la que el modelo era Europa.

Los males no vienen de la Constitución, sino de una muy vieja cultura española de desprecio al saber, reverencia al poder, clientelismo, corrupción, individualismo. La Constitución no es culpable; los culpables son los beatiful people, los señores x de los Gal y las Azores, los Roldán, los Naseiros, los Bárcenas, los Gil, los grandes y pequeños constructores, los señores del IBEX y los políticos que se convirtieron en marionetas para su medro y el de sus partidos y ocuparon abusivamente todo el espacio público. Si no se desenterraron los esqueletos de las cunetas es porque los hijos prefirieron olvidar, no porque ningún poder lo hubiera impuesto así.

Hoy el cerrojo no está en el pacto del 78, sino en el marco del capitalismo globalizado, cristalizado ahora institucionalmente en la Unión Europea. Nuestro modelo de entonces, ahora es una camisa de fuerza, pero más allá los poderes de los mercados son todavía más irresistibles.

En su abrazo Genovés plasmo el reencuentro entre la víctimas (los que salían de la cárcel, los que regresaban el exilio). El artista dice que quiso mostrar el abrazo como gesto hacia el futuro. Hoy el abrazo de cualquier pacto tiene que pasar por plan social que restañe las heridas de la crisis y un compromiso de regeneración que libere el espacio público del partidismo y ponga a ralla la corrupción.

 

 

Cataluña y el poder de secesión constitucional


No sé si la independencia de Cataluña que hoy de facto ha declarado el Parlamento de Barcelona podrá ser parada con métodos jurídicos, incluso con la puesta a las órdenes del Delegado del Gobierno de la policía catalana, en el marco de la suspensión de la autonomía. De lo que estoy seguro es que de ser así no harán sino aumentar los independentistas.

La resolución del Parlamento de Cataluña supone la apertura de un proceso constituyente, pero como todo proceso constituyente requiere de una nueva legitimidad, que en este caso una minoría (muy cualificada) quiere imponer a una mayoría de catalanes y al resto de los españoles. Habitualmente los procesos constituyentes siguen a las revoluciones; aquí el proceso es a la inversa, el proceso constituyente para seguir adelante tendrá que desembocar en un proceso revolucionario en el que a la coacción del Estado se responderá seguramente con una toma de control de los centros de poder por parte de las masas independentistas.

Puede que ya sea imposible una salida sensata, pero en todo caso ésta pasaría por reconocer un poder de secesión a las partes constitutivas del estado compuesto en un régimen federal. No se trata de reconocer un inexistente derecho a la autodeterminación ni articular su alternativa líquida, el derecho de decidir. Es simplemente buscar fórmulas para que las partes de un Estado pueda permanecer juntas conociendo en que condiciones se pueden separar.

Resulta aburrido recordar -todas las instancias internacionales lo han dicho- que el derecho de autodeterminación se refiere a aquellos territorios en manos de un poder colonial, o, que por extensión se encontraran en una situación de grave violación de los derechos fundamentales de cada ciudadano a su lengua, su cultura o  ser víctimas de un expolio económico. No creo que ningún observador externo entienda que esa es la situación de Cataluña.

Alternativo al derecho de autodeterminación se presenta el derecho a decidir, que se entiende como la imposición de una postura de una parte (decidida por mayoría) al todo. Se dice que si no se permite decidir sobre el futuro de un pueblo, y en cuanto ello supone una grave violación de los derechos fundamentales, la rebelión es legítima. El derecho a decidir -nos dicen- es la esencia de la democracia. Olvidan que la democracia es el gobierno de las mayoría en un marco de Estado de Derecho (imperio de la ley) que garantice los derechos fundamentales, la división de poderes y elecciones libres. Y con una Constitución que garantice que los pactos constitucionales en los que se asienta el Estado no son cambiados por una simple mayoría parlamentaria.

El sujeto de ese derecho a decidir es cada uno de los ciudadanos, no los pueblos, las naciones o los territorios. Los catalanes llevan ejerciendo ese derecho a decidir mediante multitud de elecciones generales, autonómicas y locales y de modo muy destacado a través de los referéndums sobre la Constitución y los dos sobre los Estatutos. Cierto es que resulta un disparate jurídico que una norma del bloque constitucional como es un estatuto pueda limitarse después de un referéndum ratificatorio por el Tribunal Constitucional; si acaso ese control debía de ser previo. En esa sentencia se encuentra la fuente de una buena parte de la desafección actual.

Creo que ninguna Constitución de un estado compuesto reconoce el derecho de autodeterminación de sus partes. Lo hacía la Constitución de la República Federativa yugoslava. Las distintas repúblicas lo ejercieron rompiendo Yugoslavia, pero el problema vino cuando las minorías de esos nuevos estados invocaron también la autodeterminación. El resultado es dolorosamente conocido. ¿Donde termina  ese supuesto derecho natural? ¿en la nación, en el pueblo, en la región, en la comarca, en el municipio, en el barrio, en el cantón?

En cambio, dos estados compuestos, Canadá y Reino Unido, han encontrado solución para el problema de que una parte significativa de la población no quiera vivir con el resto. En el Reino Unido (sin Constitución formal lo que simplifica las cosas) se logró por un pacto político. En Canadá, mediante la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de agosto de 1998, que en esencia falló que la provincia de Québec no tenía derecho a la secesión, pero que el gobierno central tendría que negociar con el de la provincia su separación si así lo manifestaran respondiendo a una pregunta clara una amplia mayoría de quebequenses.

Aquí estamos nosotros. El titular de la soberanía es el pueblo español, pero una parte significativa de catalanes quieren ejercer separadamente la soberanía. La solución es un estado federal que reconozca el poder de secesión a sus partes constitutivas.

¿Cómo conciliar la soberanía del pueblo español con la del pueblo de Cataluña? Con una reforma constitucional que en el marco de un estado federal reconozca la facultad de las partes de separarse. Si se sigue el proceso de reforma constitucional -aprobación por 2/3 de las cámaras, disolución, elección de Cortes Constituyentes y referéndum ratificatorio- los españoles pueden pronunciarse sobre ese ejercicio fraccionado de la soberanía nacional.

¿Qué requisitos debieran de reunirse para ejercer el poder de separación? Aprobación parlamentaria por mayoría de 2/3, sometimiento a referendum de la pregunta “¿quiere que su territorio sea independiente de España”, que debería de recibir la aprobación de al menos la mitad más uno del censo electoral y, en su caso, negociación entre el gobierno del territorio y del gobierno central en el marco de unas reglas previamente establecidas por la Constitución. En caso de no ser ratificada la secesión no podría plantearse de nuevo en los siguiente diez años.

En ese estado federal cada territorio podría declararse nación, región histórica, tribu o clan si así le place y se inscribe en el respectivo Estatuto. Una u otra identidad no supondría más poderes, beneficios o asimetrías. Todos sabemos que nuestro estado de las autonomías es materialmente un estado federal, pero que carece de mecanismos de cooperación y adolece de un deficiente reparto de competencias y un deficiente sistema de financiación. Que esa reforma constitucional convierta al Senado en cámara territorial, delimítense competencias y si es necesario incorpórese el principio de ordinalidad financiera. Pero no se olvide que los derecho son de los humanos no de entelequias históricas.

Me sorprende que ninguno de los partidos que habla de una reforma constitucional en profundidad se refiera al proceso tan exigente y complicado que requiere nuestra Constitución. Pero no hay otro camino. La disolución de las cámaras, la convocatoria de Cortes Constituyentes y el referendum final no sólo garantizan el imperio de la ley sino que permite dar voz a todos los españoles, titulares todos y cada uno de ellos de la soberanía nacional.

No soy tan ingenuo como para pensar que las élites catalanes que han propiciado la rebelión constitucional estén o hoy dispuestas a aceptar esta vía de solución del conflicto. Y de otro lado no veo líderes ni fuerzas políticas con las ideas suficientemente claras para, por ejemplo, jugarse una mayoría parlamentaria disolviendo las cámaras y convocando Cortes Constituyentes. Ni tengo claro que los españoles aprobaran en referéndum una Constitución que incluyera el poder de secesión. Quizá primero tenemos que precipitarnos por el precipicio. Estamos en la orilla.

Poder constituyente


Madrid, 14 de abril de 1931 – Alfonso Sánchez Portela

España se acostó monárquica y se levantó republicana. El 14 de abril de 1931 las masas recogieron el poder constituyente en la calle. Las candidaturas republicanas habían vencido en las grandes ciudades en aquellas elecciones municipales del domingo 12 de abril. Allfonso XIII entendió el mensaje y se marchó -“no se ha marchao, que le hemos hechao”, decían las gentes en las calles.

Cuando la multitud empezó a concentrarse en la Puerta del Sol el 13 de abril el capitán al mando de la Guardia Civil se negó a sacar las tropas a la calle porque sus hombres no iban a obedecerle. La legitimidad monárquico-constitucional había quedado seriamente dañada por el apoyo del rey a la Dictadura de Primo de Rivera. El Comité Revolucionario toma el poder. El general Sanjurjo, director de la Guardia Civil, se cuadra ante Miguel Maura.

Un  cambio de legitimidad convierte al poder en constituyente, esto es, con la capacidad suficiente para delimitar las grandes líneas de la convivencia política y social plasmadas en una nueva constitución. La legitimidad cambia la mayor parte de las veces por una revolución (más o menos violenta, más o menos pacífica) o  más raramente por un proceso de consenso entre las fuerzas políticas.

Ese consenso constitucional se produjo en la España de la Transición.  Sin una ruptura formal con el orden anterior se llegó a una legitimidad democrática a lo largo de un tortuoso camino que desembocó en la Constitución de 1978. Desde luego que ese proceso no fue una hoja de ruta pensada por Juan Carlos de Borbón y ejecutada por Adolfo Suárez. Fue un proceso de negociación política a muchas bandas que no se hubiera producido sin la presión popular en la calle.

En una revolución el poder constituyente puede imponer una constitución. Eso en teoría, porque en la práctica entre las fuerzas revolucionarias suele haber pluralidad de criterios e intereses y muchas veces la discusión de la constitución fragmenta el concurso social que trajo la revolución. En cualquier caso, una constitución impuesta por una parte de la sociedad (más o menos mayoritaria) al resto sólo puede mantenerse por la fuerza o se disuelve en una sucesión de conflictos que termina por traer otra legitimidad.

Una constitución requiere un consenso tan mayoritario como para que no queden fuera más que fuerzas marginales, enemigas acérrimas de la nueva legitimidad. El poder constituyente se convierte en poder constituido con la proclamación de la constitución, pero para preservar el sistema logrado mediante pactos es necesario que el poder constituido (gobierno, parlamento) no puedan cambiar mediante un proceso legislativo ordinario la norma fundamental.

Todas las constituciones formales tienen alguna forma de blindaje. El problema es que si el blindaje es muy riguroso (“constituciones rígidas”) la reforma resulta casi imposible y, por tanto, en lugar de su puesta al día la única alternativa es abrir un nuevo proceso constituyente… pero para eso hace falta una ruptura y un cambio de legitimidad.

Los constituyentes del 78 establecieron (Título X) un proceso de reforma muy rígido, que exige siempre el acuerdo de las fuerzas parlamentarias mayoritarias (3/5 de las cámaras) y un mecanismo reforzado para la revisión total o una parcial que afecte a la definición del Estado, los derechos fundamentales y libertades públicas y la Corona: disolución de las Cortes por mayoría de 2/3, elecciones a cortes constituyentes, aprobación por mayoría de 2/3 y referendum.  Podría decirse que, en este paquete, si para unos se garantizaba que no se tocaran los derechos fundamentales, para otros, a cambio, se blindaba la monarquía.

Y en esta encrucijada nos encontramos. La legitimidad de 1978 se ha visto erosionada. La ruptura del pacto social ha dejado en la cuneta a gran parte de nuestra sociedad. Con nocturnidad y alevosía PP y PSOE se pusieronde acuerdo para modificar el art. 135, en teoría una norma de regulación de los presupuestos públicos, pero que, en la práctica al someter la política fiscal al dogma del déficit cero, supone la desnaturalización del estado social y democrático consagrado en el art. 1. La partitocracia ha arruinado la vida democrática.

La abdicación de Juan Carlos plantea de nuevo la cuestión de la forma de gobierno. La sociedad española está dividida por líneas ideológicas que hunden sus raíces en República y la Guerra y fragmentada por la crisis, con riesgo para la cohesión social. Por eso la causa republicana aglutina no sólo a los republicanos sino a muchos de los que llevan años defendiendo en la calle el estado social. Puede ser un proyecto ilusionante, pero también un espejismo: ¿y si detrás de la fachada de una república el edificio siguiera teniendo los mismos problemas estructurales?.

Las encuestas dicen que una mayoría está a favor de un referendum para decidir entre monarquía y república. En principio podría recurrirse al referendum consultivo del art. 92, pero constitucionalmente sería más que dudoso, en cuanto que  lo que se pregunta atañe a una de las instituciones  protegidas por el procedimiento de reforma reforzada. Pero imaginemos que se convoca tal referendum y gana la opción republicana. Evidentemente, entonces no tendría ningún sentido poner en marcha una reforma constitucional: estaríamos ante una nueva legitimidad y se abríría un proceso constituyente. ¿Habría consenso para desarrollarlo?.

Otro tanto pueede ocurrir con la consulta catalana. El próximo 9 de noviembre en Cataluña puede haber otra legitimidad. La proclamación unilateral de independencia resultaría imparable. ¿Habría consenso interno en Cataluña? ¿Lo habría en el resto de España para negociar la separación e iniciar nuestro propio proceso constituyente?.

Me temo que a la vista de resultados electorales y encuestas en España es muy difícil alcanzar un consenso para regenerar el sistema político. ¿Podría hacernos reaccionar un trauma grave y repentino como la separación de Cataluña?

De lo único que estoy seguro es que no hay soluciones milagrosoas; que ni un rey ni un presidente de la república pueden en un régimen parlamentario liderar esa regeneración. Por eso me preocupan artículos como el de Josep Colomer que en la práctica aboga por una reedición del 23-F con Felipe VI al frente.

 

 

 

 

 

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