Igualdad de oportunidades en la campaña electoral espectáculo


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Campaña espectáculo

Quién nos iba a decir que la nueva política iba a consistir en cocinar con Bertín Osborne, bailar en El Hormiguero, correr rallies con Jesús Calleja o comentar partidos de fútbol en El Larguero.

La política espectáculo ha llegado a su mayoría de edad -o lo que es lo mismo, a su estadio más infantiloide. Pensábamos que era el momento de discutir grandes cuestiones (reforma constitucional, modelo económico, regeneración pública) y, no, de lo que se trata es de ser simpático en los infoshows y realities.

Jurídicamente estos programas de televisión están fuera de la campaña electoral y son plenamente legales y legítimos, tanto desde el punto de vista de los partidos como de los operadores de televisión. Está por ver su influencia real en el voto, pero en una situación en la que hay un porcentaje muy alto de indecisos justamente en la franja de población menos ideologizada, estos programas que venden el perfil humano del candidato no pueden dejar de tener efectos. Por eso hay que plantear alguna forma de equidad entre candidatos en su acceso al infoentretenimiento televisivo.

La descentralización y desrregulación de los debates

Costó en España mantener debates electorales. Prácticamente hasta ahora han respondido a un modelo bipartidista: uno o dos debates entre los candidatos de PP y PSOE (en televisiones privadas o realizados por la Academia de la Televisión) y uno o varios debates a más bandas en TVE.

La llegada de los partidos emergentes y la posibilidad de nuevas plataformas de debate audiovisual suponen una descentralización y proliferación de los debates que van a tener lugar con distintos formatos y variados contendientes. Ello es bueno. Cuántos más debates, mejor. Pero entraña una desrregulación que redunda en tratamientos poco equitativos.

Será interesante ver el lunes como funciona la interactividad en el Debate organizado por El País (¿cuánto tardarán otros diarios nacionales en organizar actos semejantes?). De conformidad con su libertad editorial, El País no ha invitado a Unidad Popular (IU) n ai UPyD. Garzón ha recurrido al Junta Electoral Central que ha fallado en contra. Dice la Junta que la regulación de los debates no afecta a la prensa escrita. No hace falta saber nada de convergencia digital para ver la falacia de la respuesta, basta leer el periódico: “El País se convertirá en una pantalla de televisión” -dice su director.

Una palabra sobre el ectoplasma marianista. Dejar sillas vacías en los debates es una falta de respeto a los electores, pero quizá es una buena opción desde el punto de vista de resultados. Cameron siguió la misma estrategia (a la inversa, porque lo que no quería era debates a dos con el candidato laborista) y obtuvo mayoría absoluta. Rajoy es un buen parlamentario, pero carece de telegenia y de instinto asesino para el debate. El PP tiene asegurados un 25% de los votos, mejor dejar que los demás se desgasten.

En este proceso de desrregulación los partidos más perjudicados son UPyD y IU, convertidos en marginales por los medios antes de que los electores se pronuncien.

Igualdad de oportunidades en campaña y precampaña: derecho a un tratamiento equitativo

Que las candidaturas electorales tengan una cobertura equitativa es una condición imprescindible para la garantía del derecho activo al sufragio (el derecho de todos los candidatos a poder dar a conocer sus propuestas) y del derecho pasivo (el derecho de los electores a poder conocer los programas de todos los partidos).

La mayor equidad viene por la vía de la regulación de ingresos y gastos electorales y, en general, por la financiación de los partidos. La financiación general está regulada por la L. O. 8/2007 (pdf) y los gastos y subvenciones electorales por la Ley Electoral (L.O 5/85, pdf). Los gastos están limitados a una cantidad por elector (en las generales 0,37 €). La nueva L. O. 3/2015, de control económico financiero de los partidos (pdf) prohibe las donaciones de las personas jurídicas, las anónimas y las de las persona jurídicas superiores a 50.000 €. Falta todavía la prohibición de la condonación de las deudas de los partidos por los bancos.

Pero aún garantizada una equidad financiera, los medios podrían negar el acceso a determinadas candidaturas o privilegiar otras.

La Ley Electoral regula con detalle la campaña electoral: prohibición de la publicidad electoral en televisión, espacios gratuitos en los medios públicos y una simple mención a la obligación de las emisoras privadas de respetar los principios de pluralismo e igualdad, así como la proporcionalidad en debates y entrevistas y neutralidad en la información electoral (art. 66.2).

Combinando los principios de representación parlamentaria en el Congreso (corregido por la Junta Electoral con los resultados obtenidos en las locales y que da acceso a los partidos emergentes) y número de candidaturas representada se obtiene un elenco de candidaturas con un derecho equitativo de acceso a los espacios gratuitos.

Mi propuesta es que  estas candidaturas con acceso a los espacios gratuitos públicos tengan también un derecho de tratamiento equitativo en todos los medios desde el momento de su publicación en el BOE.

Me inspiro en mecanismos que funcionan o se han probando en otros lugares: el equal time norteamericano y la par condicio italiana. La regla de tiempo igual sigue aplicándose en Estados Unidos, donde la campaña es una lucha de spots publicitarios: si una televisión vende tiempo a un candidato, cualquier otro puede exigir que se le venda en las mismas condiciones. La par condicio fue introducida en Italia por Ley de 22 de febrero de 2000 y en esencia (era una regulación complicada y casuística) lo que pretendía era conseguir un tratamiento equitativo en las televisiones privadas de Berlusconi.

Este derecho de tratamiento equitativo significaría que cualquier candidato de una candidatura relevante (las que la Junta Electoral reconoce el derecho a espacios gratuitos) puede reclamar su presencia en programas, entrevistas y debates en los que aparezcan otros candidatos, con proporcionalidad a la representación reconocida por la Junta Electoral.

Ello significaría que Herzog y Garzón estuvieran no sólo en el debate de El País o en el de Antena 3, sino también que, junto con los 5 partidos nacionales con representación en el Congreso, pasaran por los programas de Bertín, Calleja, Mª Teresa Campos, José Manuel de la Morena o Pablo Motos. ¿Qué sería una barbaridad? Puede que sí, pero entonces la alternativa es que los candidatos desaparezcan de los infoshows durante la precampaña electoral.

Cambio espacios publicitarios por bloques electorales

Ya me pronuncié el pasado mayo en otra entrada de este blog por sustituir los espacios gratuitos, que se han convertido en cuñas y spots publicitarios ( ver reparto en RTVE), en espacios en los que sean los propios partidos los que informen desus  campañas, eliminando los bloques de los telediarios y permitiendo a radios y televisiones públicas informar con criterios profesionales y sin el corsé ortopédico del reparto previo de tiempos (ver plan de cobertura de RTVE).

Los repartos de tiempo a priori deben sustituirse por informes diarios enviados por los medios (públicos y privados) a la Junta Electoral para controlar una verdadera equidad de tratamiento: que todos están en entrevistas, debates y espacios no informativos de forma equitativa y que los informativos se da una presencia proporcional con desviaciones diarias que podrían llegar a un 20% de los tiempos y que en el conjunto de la campaña no superen el 10%, con la correspondiente sanción en caso contrario.

FUENTES

Propuesta Voltaire

– Almirón, Núria et al (2010): “The Regulation of Public Broadcasters’ News Coverage of Political Actors in Ten European Union Countries”. Comunicación y Sociedad, V. XXIII (1), 205-236 (pdf).
– Almirón, Núria et al (2010): “Los bloques electorales en los medios públicosdel Estado español: una excepción en Europa”. Cuadernos del CAC, 34, vol. XIII (1), 95-102. (pdf),

– Díaz Arias, Rafael (2000): “PAR CONDICIO versus EQUAL TIME”. Experiencia de regulación de spots políticos en televisión” (pdf).

– Díaz Arias, Rafael (1978): “Aproximación al régimen jurídico de la propaganda electoral”. Persona y Derecho, Nº. 5, 227-308 (pdf).

 

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Atentados de París: terrorismo, no guerra


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Si esto es una guerra, los terroristas ya la han ganado

“Francia está en guerra” -dice Hollande. Y todos repiten, en Francia y fuera de Francia, “esto es una guerra”.

“War on terror” -dijo Bush. Y muchos (los mismos que hoy dicen que estamos en guerra) declararon entonces”estamos en una nueva era; hay que reinterpretar los derechos humanos”. Y vinieron Guantánamo, Abu Ghraib, la destrucción de Irak, Al Qaeda en Irak y el Estado Islámico.

Si esto es una guerra, los terroristas ya la han ganado.

Porque los estados democráticos se colocan entonces en su terreno de juego.

Porque les reconocen como beligerantes, no en términos de las Convenciones de Ginebra (esos molestos tratados que Bush reinterpretó), sino en cuanto que adversarios que encarnan unos valores que ponen en peligro los nuestros -nueva versión del Choque de Civilizaciones de Huntington.

Porque la guerra supone la limitación de los derechos en los que se basan nuestras sociedades y, por tanto, les estaremos dando la razón de que la democracia es una farsa.

Porque esa guerra no se puede ganar en casa usando medios militares.

Porque esa guerra librada militarmente en el extranjero es imposible de ganar sin soldados en el terreno y no queremos que ninguno de nuestros hijos muera en tierras lejanas.

Porque afrontar el terrorismo como una guerra generará más terroristas.

Debiéramos ya saber que no hay atajos contra el terrorismo. Que los GAL, la guerra sucia, legitima a los terroristas. Que la aplicación de normas de control basadas -de hecho, no necesariamente de derecho- en la raza o la religión no hacen más que castigar y enajenar a comunidades enteras. Que en España, con una legislación antiterrorista dura, pero en general bajo control policial, se pudo luchar contra ETA y condenar a los responsables de los atentados de Madrid.

Estado policial

Francia va introducir medidas que permiten a la policía o al ministro del Interior limitar derechos fundamentales: libertad de residencia y movimientos, derecho a la nacionalidad, libertad de expresión, secreto de las comunicaciones. Y la inmensa mayoría de la población las acepta. En el eterno debate entre libertad y seguridad se impone el miedo.

Una limitación temporal bajo condiciones estrictas es aceptable en cualquier democracia. El problema es si estas medidas se pueden prorrogar automáticamente o se incorporan a las leyes antiterroristas como limitaciones permanentes. Cualquier suspensión, reducción o limitación de derechos debe quedar bajo control judicial, si se quiere en el marco de procedimientos especiales, rápidos y simplificados.

Lo otro es aplicar la esencia del derecho totalitario: el derecho como arma contra el enemigo interior, las medidas de seguridad que imponen controles -penas y castigos de hecho- a los que se supone predispuestos a delinquir.

Y la policía, claro, se equivoca, pero esos errores letales quedan salvados bajo el manto de la guerra total. Jean Charles de Menezes era un pacífico inmigrante brasileño que la policía mató en una estación del metro de Londres, sin darle siquiera posibilidad de responder a un interrogatorio. Los titulares de entonces, 2005, decían “la policía mata a un sospechoso de terrorismo”. La familia ha luchado durante 10 años por lavar su honor y obtener la condena a este asesinato extrajudicial. Todo lo que han conseguido es que Scotland Yard sea multado con 175.000 libras por incumplir la Ley de Seguridad Laboral (los agentes estaban bajo presión para obtener resultados contra el terrorismo).

Las agencias de espionaje que libran la guerra encubierta también yerran. Jalid El-Masri, ciudadano alemán fue secuestrado en 2003 por la CIA en Macedonia, torturado y enviado a una cárcel secreta en Afganistán. Fue puesto en libertad cinco meses después en el marco de una investigación sobre “secuestros erróneos”.  Por no hablar de las armas de destrucción masiva o de los “falsos positivos” de Colombia.

Como en Nueva York en 2001 o en Madrid en 2005, ahora en París se han puesto en evidencia fallos policiales y problemas de coordinación entre cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia. Que aumente el intercambio de información entre servicios europeos, establézcanse alertas tempranas, mayores controles de seguridad en acceso a lugares públicos o en las fronteras exteriores, pero respétense las garantías de los derechos. Eso es lo que justamente nos diferencia de las tiranías.

Los terroristas

Que europeos convertidos en yihadistas regresen de Siria es un riesgo adicional. Pero en esa falsa guerra el “enemigo” está dentro y se ha incubado en nuestra sociedades con marginación, humillación e intolerancia religiosa.

La integración republicana en la escuela ha fracasado porque, a diferencia de los años 60 o 70, la educación universal ha dejado de ser un factor de ascenso social. No es un problema tanto de pobreza como de rechazo. Un título escolar no garantiza el empleo, pero si el apellido es musulmán mucho menos. Frente a unas familias de valores patriarcales, los hijos caen en la droga y la pequeña delincuencia de los banlieus. La ideología yihadista es la redención de esa vida indigna, la recuperación del orgullo, como las maras puede serlo para los latinos perdidos en Los Angeles. En Europa, el mensaje religioso es imbatible: promete un paraíso directo dando vía libre al odio acumulado, a la testosterona contenida.

La infantería yijhadista sale de los banlieus  o de barrios como El Príncipe. Pero hay otra minoría, educados, profesionales (normalmente con títulos técnicos) que responden más a un impulso radical de justicia, ante la situación en Palestina, los bombardeos y matanzas (no importa que sean sectarias y no intervengan occidentales) en Siria, Irak, Afganistán. Salvando todas las distancias son lo que fueron los jóvenes de las Brigadas Rojas o de la Facción del Ejército Rojo en los 70.

No voy a discutir si el Islam es una religión de paz, no conozco el Corán ni las hadices; supongo que sí, que el Islam es paz y misericordia y estoy seguro que la inmensa mayoría de los musulmanes consideran estos hechos execrables. Pero el problema no es sólo el wahabismo radical infiltrado por el dinero del petróleo saudí en el islam europeo. El problema es que el discurso predominante del Islam conservador sigue considerando como abominables los valores de tolerancia, relativismo y laicismo de las sociedades europeas. Problema es ese padre que se niega a que sus hija haga gimnasia; mayor problema todavía es que teólogos que propugnan un Islam europeo se nieguen a estrechar la mano de las reporteras que les entrevistan.

Puede que mañana no exista el Estado Islámico o Al Qaeda, pero el potencial terrorista de estos jóvenes seguirá activo.

Así que hay un enorme trabajo por delante para hacer una sociedad verdaderamente intercultural, desde el diálogo y el respeto.

La guerra contra el Estado Islámico

Rusia, Estados Unidos y Francia bombardean al Estado Islámico en Siria. La única intervención legal es la de Rusia, que responde a la llamada del gobierno con reconocimiento internacional, el de Asad. A su vez, los bombardeos occidental en Irak son también legales, pues lo son a petición del gobierno de Bagdad. Sólo una autorización del Consejo de Seguridad de la ONU podría dar cobertura legal a todas estas operaciones. Tal como están las cosas quizá sea Barack Obama el que tenga más objeciones a esa luz verde, que para Putin significaría un aval de la política imperial de Rusia.

En cualquier caso, la guerra contra el Estado Islámico no se puede ganar desde el aire.Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Francia ni Gran Bretaña enviarán tropas. Saben que caerían en la trampa, que es una guerra sin batallas en la que siempre se pierde.

Todos los vecinos puede estar de acuerdo con aplastar al califato yihadista, pero desconfían de las tropas del otro. Los kurdos -la opción preferida en Occidente- están a su vez en guerra con Turquía y no pueden tomar territorios de mayoría sunní sin riesgo de reforzar a los yihadistas. Lo mismo ocurre con las milicias chiíes iraquíes, a falta de un verdadero ejército nacional. O de los voluntarios de Irán o Hezbolá, que serán tratados como invasores en zonas sunníes.

El proceso de paz en marcha pasa por aceptar transitoriamente a Asad, establecer un gobierno de todos con respaldo electoral (¿se pueden hacer elecciones en Siria?) y luchar juntos contra el Estado Islámico. Luego, quizá, Asad podría correr la suerte de Milosevic. Veremos.

Europa y los refugiados

Nada se sabía de los atacantes, pero muy pronto apareció un supuesto pasaporte de un sirio que había pasado por Grecia. Casi una semana después el asunto sigue sin aclarar, pero no importa, para muchos es la prueba de que el obispo Cañizares tenía razón (“no todos son trigo limpio”), que Orban tenía razón.

Si antes de los atentados se cerraban las fronteras interiores, ahora  que cada país quiere ser una fortaleza, en los fosos de esas fortalezas van a quedar centenares de miles de seres humanos cuyo delito es huir de la brutalidad yihadista, de los bombardeos de la coalición, de los bidones explosivos de Asad. ¿Se recuperarán los campos de internamiento como el de Rivesaltes en Francia en que penaron los republicanos españoles? Como la Jungla de Calais, esos serán lugares de vergüenza, pero también fuente de tensiones de todo tipo.

Europa está a punto de abolir la libertad de movimientos. ¿Quedará sólo el mercado único, como quiere Cameron?.

(Ya que esta entrada no tiene ni un solo enlace, recojo aquí al menos tres opiniones tres artículos que creo también rechazan la retórica de la guerra.

Cataluña y el poder de secesión constitucional


No sé si la independencia de Cataluña que hoy de facto ha declarado el Parlamento de Barcelona podrá ser parada con métodos jurídicos, incluso con la puesta a las órdenes del Delegado del Gobierno de la policía catalana, en el marco de la suspensión de la autonomía. De lo que estoy seguro es que de ser así no harán sino aumentar los independentistas.

La resolución del Parlamento de Cataluña supone la apertura de un proceso constituyente, pero como todo proceso constituyente requiere de una nueva legitimidad, que en este caso una minoría (muy cualificada) quiere imponer a una mayoría de catalanes y al resto de los españoles. Habitualmente los procesos constituyentes siguen a las revoluciones; aquí el proceso es a la inversa, el proceso constituyente para seguir adelante tendrá que desembocar en un proceso revolucionario en el que a la coacción del Estado se responderá seguramente con una toma de control de los centros de poder por parte de las masas independentistas.

Puede que ya sea imposible una salida sensata, pero en todo caso ésta pasaría por reconocer un poder de secesión a las partes constitutivas del estado compuesto en un régimen federal. No se trata de reconocer un inexistente derecho a la autodeterminación ni articular su alternativa líquida, el derecho de decidir. Es simplemente buscar fórmulas para que las partes de un Estado pueda permanecer juntas conociendo en que condiciones se pueden separar.

Resulta aburrido recordar -todas las instancias internacionales lo han dicho- que el derecho de autodeterminación se refiere a aquellos territorios en manos de un poder colonial, o, que por extensión se encontraran en una situación de grave violación de los derechos fundamentales de cada ciudadano a su lengua, su cultura o  ser víctimas de un expolio económico. No creo que ningún observador externo entienda que esa es la situación de Cataluña.

Alternativo al derecho de autodeterminación se presenta el derecho a decidir, que se entiende como la imposición de una postura de una parte (decidida por mayoría) al todo. Se dice que si no se permite decidir sobre el futuro de un pueblo, y en cuanto ello supone una grave violación de los derechos fundamentales, la rebelión es legítima. El derecho a decidir -nos dicen- es la esencia de la democracia. Olvidan que la democracia es el gobierno de las mayoría en un marco de Estado de Derecho (imperio de la ley) que garantice los derechos fundamentales, la división de poderes y elecciones libres. Y con una Constitución que garantice que los pactos constitucionales en los que se asienta el Estado no son cambiados por una simple mayoría parlamentaria.

El sujeto de ese derecho a decidir es cada uno de los ciudadanos, no los pueblos, las naciones o los territorios. Los catalanes llevan ejerciendo ese derecho a decidir mediante multitud de elecciones generales, autonómicas y locales y de modo muy destacado a través de los referéndums sobre la Constitución y los dos sobre los Estatutos. Cierto es que resulta un disparate jurídico que una norma del bloque constitucional como es un estatuto pueda limitarse después de un referéndum ratificatorio por el Tribunal Constitucional; si acaso ese control debía de ser previo. En esa sentencia se encuentra la fuente de una buena parte de la desafección actual.

Creo que ninguna Constitución de un estado compuesto reconoce el derecho de autodeterminación de sus partes. Lo hacía la Constitución de la República Federativa yugoslava. Las distintas repúblicas lo ejercieron rompiendo Yugoslavia, pero el problema vino cuando las minorías de esos nuevos estados invocaron también la autodeterminación. El resultado es dolorosamente conocido. ¿Donde termina  ese supuesto derecho natural? ¿en la nación, en el pueblo, en la región, en la comarca, en el municipio, en el barrio, en el cantón?

En cambio, dos estados compuestos, Canadá y Reino Unido, han encontrado solución para el problema de que una parte significativa de la población no quiera vivir con el resto. En el Reino Unido (sin Constitución formal lo que simplifica las cosas) se logró por un pacto político. En Canadá, mediante la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de agosto de 1998, que en esencia falló que la provincia de Québec no tenía derecho a la secesión, pero que el gobierno central tendría que negociar con el de la provincia su separación si así lo manifestaran respondiendo a una pregunta clara una amplia mayoría de quebequenses.

Aquí estamos nosotros. El titular de la soberanía es el pueblo español, pero una parte significativa de catalanes quieren ejercer separadamente la soberanía. La solución es un estado federal que reconozca el poder de secesión a sus partes constitutivas.

¿Cómo conciliar la soberanía del pueblo español con la del pueblo de Cataluña? Con una reforma constitucional que en el marco de un estado federal reconozca la facultad de las partes de separarse. Si se sigue el proceso de reforma constitucional -aprobación por 2/3 de las cámaras, disolución, elección de Cortes Constituyentes y referéndum ratificatorio- los españoles pueden pronunciarse sobre ese ejercicio fraccionado de la soberanía nacional.

¿Qué requisitos debieran de reunirse para ejercer el poder de separación? Aprobación parlamentaria por mayoría de 2/3, sometimiento a referendum de la pregunta “¿quiere que su territorio sea independiente de España”, que debería de recibir la aprobación de al menos la mitad más uno del censo electoral y, en su caso, negociación entre el gobierno del territorio y del gobierno central en el marco de unas reglas previamente establecidas por la Constitución. En caso de no ser ratificada la secesión no podría plantearse de nuevo en los siguiente diez años.

En ese estado federal cada territorio podría declararse nación, región histórica, tribu o clan si así le place y se inscribe en el respectivo Estatuto. Una u otra identidad no supondría más poderes, beneficios o asimetrías. Todos sabemos que nuestro estado de las autonomías es materialmente un estado federal, pero que carece de mecanismos de cooperación y adolece de un deficiente reparto de competencias y un deficiente sistema de financiación. Que esa reforma constitucional convierta al Senado en cámara territorial, delimítense competencias y si es necesario incorpórese el principio de ordinalidad financiera. Pero no se olvide que los derecho son de los humanos no de entelequias históricas.

Me sorprende que ninguno de los partidos que habla de una reforma constitucional en profundidad se refiera al proceso tan exigente y complicado que requiere nuestra Constitución. Pero no hay otro camino. La disolución de las cámaras, la convocatoria de Cortes Constituyentes y el referendum final no sólo garantizan el imperio de la ley sino que permite dar voz a todos los españoles, titulares todos y cada uno de ellos de la soberanía nacional.

No soy tan ingenuo como para pensar que las élites catalanes que han propiciado la rebelión constitucional estén o hoy dispuestas a aceptar esta vía de solución del conflicto. Y de otro lado no veo líderes ni fuerzas políticas con las ideas suficientemente claras para, por ejemplo, jugarse una mayoría parlamentaria disolviendo las cámaras y convocando Cortes Constituyentes. Ni tengo claro que los españoles aprobaran en referéndum una Constitución que incluyera el poder de secesión. Quizá primero tenemos que precipitarnos por el precipicio. Estamos en la orilla.

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