Consultas públicas sobre el futuro del audiovisual


Durante enero y febrero algunas de las normas fundamentales de la regulación audiovisual han estado o están en período de información o consulta pública.

A lo largo de este año debieran, primero, promulgarse las normas reglamentarias que permitan que la TDT siga siendo el sistema de difusión de la televisión lineal y, luego presentarse el proyecto de ley que modifique la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) para adaptarla a la reforma de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual.

A buen seguro que los servicios de estudios de los grupos mediáticos echan humo y abogados y lobistas peregrinan por despachos de funcionarios y políticos. El Derecho español abre vías para que interesados y ciudadanos hagan sus aportaciones en los pasos previos del proceso legislativo. A buen seguro lo harán las instituciones (por ejemplo, CNMC, consejos audiovisuales de Andalucía y Cataluña), las empresas audiovisuales, de telecomunicaciones y publicitarias. Más difícil es que tengan la capacidad de hacer oír su voz las pocas organizaciones sociales y académicas interesadas en el sector.

Por si alguien se anima, en esta página del Ministerio de Economía se encuentran las distintas normas sometidas a información o consulta pública.

El segundo dividendo digital y el Plan Técnico de la TDT

Estamos inmersos en un proceso de reordenación del espectro radioeléctrico, en el que frecuencias hasta ahora ocupadas en la emisión de televisión se van a otorgar a los operadores de telecomunicaciones para el desarrollo de la nueva banda ancha inalámbrica móvil 5G. La nueva generación de telefonía móvil promete una enorme capacidad de transmisión de datos ( mínimo 20 Gbps y 10 Gbps de subida, latencia de 4 ms) para hacer posible el Internet de las cosas, esto es, que todo tipo de dispositivos puedan estar conectados en una misma red Ip con respuestas instantáneas.

A esa trasferencia (“liberación” en la jerga del sector) de frecuencias de los servicios de radiodifusión a los de telecomunicaciones se le ha llamado dividendo digital. Ya se produjo un primer crecimiento de la telefonía móvil en el espectro con la digitalización de la emisión de televisión y ahora viene el segundo.

¿Dividendo para quién? Sin duda para los telecos, para los gobiernos, que obtienen importantes ingresos en la subasta de las frecuencias, para las empresas que pueden desarrollar nuevos servicios y los ciudadanos que sean sus clientes. Pero un recurso de dominio público, como es el espectro, en lugar de utilizarse para la difusión de un servicio abierto de acceso universal y gratuito, como es la radiodifusión, se va a utilizar para un servicio de pago por suscripción a un operador de acceso.

Puesto que el aumento de la resolución (del SD al Hd, del 4 K al 8 K) de la imagen en emisión requerirá una ocupación mayor del espectro es muy improbable que la televisión lineal pueda seguirse distribuyéndose directamente por emisión hertziana y haya distribuirse por la red de datos bajo protocolo Ip. Dicho más claro: hora encendemos el receptor y oímos la radio o vemos la televisión sin suscripción ni pago, dentro de poco tendremos que tener un acceso a Internet, de pago, por supuesto, para acceder a la aplicación del canal, sea este abierto o no. ¿Privatización del dominio público?.

De momento, la televisión lineal tiene garantizada la emisión hertziana (la TDT, para entenderno) hasta 2030. Una decisión de la UE de 17 mayo de 2017 establece que la liberación de la banda de 700 Mz y su dedicación a la telefonía de banda ancha debe hacerse antes de 30 de junio de 2020, al tiempo que reserva hasta 2030 la banda de 470-694 Mz, canales 21-48, para las emisiones de televisión digital. Así que antes de julio del próximo año sufriremos otro baile de frecuencias. Las televisiones desocuparan los canales que utilizan en la banda de 700 Mz y habrán de acomodarse en los canales 21-48. Y los sufridos consumidores tendrán que readaptar las antenas.

Sale ahora a consulta el proyecto de Decreto del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre. En esencia, su objetivo es mantener la misma oferta de canales programáticos actuales, reacomodándolos a todos en los canales radioeléctricos 21 a 48, sobre los que operarán dos multiplex más, a sumar a los seis asistentes.

Más de lo mismo, mismo número de canales por operador, mayoría de canales en SD, canales en HD (replicados en simulcast en SD) de calidad muy mejorable, iguales capacidades de desconexión. Los mismos canales más apretados en menor ancho de banda, gracias, se supone, a una mejor administración del espectro.

Veremos si la calidad no se reduce aún más en esta migración. Falta ambición y una apuesta por la calidad en lugar de por la cantidad. Pero no se puede hacer otra cosa, teniendo en cuenta las licencias otorgadas. Ya se perdió una oportunidad en 2015 al otorgar otras tres licencias SD y otras tantas HD. Ahora todo se fía a la mejora que traerá la nueva norma de emisión DVB-T2, pero al respecto no se establece la obligatoriedad de su uso por los emisores, pero sí que los receptores estén adaptados a ella.

En el caso de RTVE la situación mejora un poco. Ahora tiene un multiplex (cuatro canales) en exclusiva y la mitad de otro, en total 6 canales radioeléctricos, que dan para 4 canales en simulcast (SD y HD al mismo tiempo) y uno solo en SD (Canal 24 Horas). En el nuevo Plan Técnico contará con un multiplex exclusivo y 3/4 de otro, en total 7 canales radioeléctricos, que debieran permitir, al menos, que el Canal 24 Horas se emita simultáneamente en SD y HD.

La emisión simultánea en SD y HD es una utilización bastante ineficiente del espectro, pero por ahora es la única manera de que todos los espectadores, incluso los menos actualizados tecnológicamente, puedan recibir todos los canales.

¿No se podría hacer un “apagón SD”, como se hizo un “apagón analógico”? Entonces todos tuvimos que comprar un decodificador o cambiar de televisor. Ahora con una medida similar, como sería la imposición de la norma DVB-T2 ¿quedaría alguien detrás, esto es, aumentaría la brecha entre “los que tienen” y “los que no tienen”?

La supervivencia de la televisión lineal en abierto pasa por mejorar su resolución, al menos a HD, con una previsión clara para llegar al UHD (4K). Sus competidores, las OTT del vídeo bajo demanda (VOD) prácticamente ofrecen todos sus contenidos en HD y muchos en UHD.

Para la migración a los canales 21-la Hoja de Ruta del segundo dividendo prevé subvenciones para la adaptación de las edificaciones (sí, habrá que resintonizar de nuevo las antenas, buen negocio para los antenistas) y para que los operadores emitan simultánea y transitoriamente en sus actuales canales de la banda 700 Mz y en los definitivos de la banda  470-694 Mz. Por el momento, solo hay abierta información pública para elaborar un Decreto de subvenciones a los operadores públicos.

No debe olvidarse tampoco el principio de neutralidad tecnológica,  esto es, que si se otorgan ayudas para la prestación del servicio, estas deben abrirse en condiciones de igualdad a las distintos sistemas de distribución de la señal: transmisión digital terrestre, cable, Internet. La neutralidad tecnológica forma parte de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, que ha ratificado la reclamación por parte de la Comisión de las ayudas a la implantación realizadas por Galicia y Castilla-León, aunque no en el caso de Castilla-La Mancha, por razones jurídicas que aquí no se pueden desarrollar. De modo que resultará complicado que se subvencione a Abertis, el operador de la red, para que las emisiones lleguen a lugares de difícil cobertura.

Por cierto, que en la reforma del Plan se sigue incumpliendo la obligación de reserva de espectro radioeléctrico para los servicios comunitarios sin ánimo de grupo (art. 32.2 LGCA).

La reforma de la Directiva de Servicios Audiovisuales y de la LGCA

Las infraestructuras y normas técnicas son decisivas para el futuro de la televisión, pero los cambios descritos no afectan a los contenidos, más allá de la resolución. La norma básica de regulación de los contenidos es la Directiva europea de Servicios Audiovisuales y su transposición española en la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual (texto consolidado).

En 1989, invocando la unidad del mercado de servicios, la Directiva de la Televisión sin Fronteras instauró una regulación europea del servicio de la televisión, independientemente de que fuera prestado por operadores públicos o privados.

Los estados tenían que aceptar las emisiones transfronterizas de otro estado miembro, bajo el supuesto de que los contenidos estaban sujetos al menos a esa mínima regulación. Básicamente, las materias reguladas han sido la publicidad y otras comunicaciones comerciales, el fomento de la producción europea, la protección de los menores y los consumidores.

La Directiva se amplió primero a los medios audiovisuales y luego al concepto más amplio de servicios de comunicación audiovisual. La Directiva, junto con la política de la competencia, han modelado la política audiovisual europea con una orientación mercantil, nada favorable para los operadores públicos. Y aunque se trata de una regulación de mínimos, los estados se han acomodado a ellos, sin normas más rigurosas protectora del pluralismo y el derecho a la información de los ciudadanos.

Su última reforma es la Directiva 2018/1808, de 14 de noviembre. Los estados deben trasponerla antes del 20 de septiembre de 2020. De aquí, la consulta para modificar la LGCA.

No se puede analizar aquí con extensión el contenido de la reforma de la Directiva, pero estas son sus líneas básicas:

  • Los servicios de vídeo bajo demanda (VOD) pasan a considerarse servicios de comunicación audiovisual y se adapta a ellos la regulación de los canales de televisión. La medida más destacada (art. 13) es la obligación de que un 30% de su catálogo sean producciones europeas y si el estado (como es el caso de España) impone a los canales de televisión obligaciones de financiación, estas serán aplicables también a estas plataformas de vídeos bajo demanda.
  • Los servicios de intercambio de vídeos se regulan específicamente. Se trata de servicios comerciales cuya actividad principal sea la agregación de vídeos, por tanto, una página web informativa que suba vídeos no entra dentro de esta categoría. A diferencia de los servicios de comunicación audiovisual (canales y plataformas de VOD) en estas plataformas no existe un control editorial de los contenidos, pero si una responsabilidad derivada de su capacidad de ordenar, presentar y destacar los vídeos generados y subidos por los usuarios. Su regulación es mucho más laxa que la de los servicios de comunicación audiovisual. Se podrán establecer medidas a proteger a los menores y evitar los vídeos que inciten al odio, la violencia o la comisión de delitos de terrorismo. La Directiva invita a los estados a adoptar fórmulas de autorregulación y corregulación. Las medidas adoptadas pasarán por la identificación de los contenidos, la verificación de la edad de los usuarios, facilidades de control parental, herramientas de denuncia de contenidos peligrosos. En ningún caso se podrán adoptar medidas de control previo ni filtrado de contenidos.
  • Liberalización de la publicidad. Reforma tras reforma, las condiciones impuestas a las comunicaciones comerciales son cada vez más laxas. Ahora, los canales de televisión ya no tendrán limitaciones hora a hora. Bastará con que cumplan el límite de un 20% de todo el tiempo de emisión en los horarios de 8 a 18 horas y de 18 a 24 horas. Así que los espectadores de los canales privados ya pueden prepararse para bloques publicitarios extremadamente largos cuando al operador le convenga. Las autopromociones y las cortinillas no cuentan como publicidad. Además, se permite el emplazamiento publicitario, salvo en los programas informativos, infantiles y religiosos.
  • Transparencia. Los estados deberán velar porque el público pueda acceder a la información básica del operador de un servicio, pero los estados si lo desean pueden obligar a hacer pública la estructura de la propiedad.
  • Reguladores audiovisuales. Refuerza las exigencias de independencia y admite que los reguladores lo puedan ser de varios sectores, algo que no favorece a los que hemos pedido un consejo audiovisual especializado, como establecía la LGCA y no el actual regulador omnibus que es la CNMC. Se crea el Grupo de Entidades Reguladoras (ERGA).

La transposición de la Directiva exige la modificación de la LGCA, para lo que se abre consulta pública hasta el 22 de marzo. La consulta realiza 22 preguntas, la mayor parte muy generales. No debe olvidarse que, conforme la Directiva (art. 4.1), los estados pueden imponer a los prestadores bajo su jurisdicción medidas más estrictas y detalladas (art. 4.1).

No tiene que ver con la adaptación de la Directiva, pero a mi modesto juicio la reforma más importante que requiere el derecho audiovisual español es la reforma del régimen de licencias. No puede ser que las medidas anticoncentración se apliquen solo antes de las fusiones y no después, con la consecuencia de un oligopolio de dos grandes grupos que concentran el 60% de la audiencia y el 85% de la publicidad. Los procesos de otorgamiento tienen que ser transparentes, los proyectos presentados públicos y deben establecerse procedimientos de retirada de la licencia si se incumplen los compromisos en función de los que fue otorgada.

A partir de ahora se desarrollará una batalla para que la reforma sea la más conveniente a los intereses de los grandes públicos.

¿Quién defenderá al servicio público y a los intereses y derechos de los ciudadanos?

El cierre de canales de TDT, una oportunidad para reordenar la televisión privada


Mañana 6 de mayo se apagan en España nueve canales en la televisión digital terrestre. ¿Supone un atentado al pluralismo como defienden las empresas titulares de las licencias?

Chapuzas jurídicas

El cierre impuesto por el Ministerio de Fomento cumple una sentencia del Tribunal Supremo que anula las licencias por haber sido concedidas sin concurso público, como establece el art. 27 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

El asunto es una sucesión de despropósitos jurídicos.

El gobierno Zapatero  aprobó en abril de 2010 (con la LGCA ya publicada en el BOE, pero antes de su entrada en vigor el 1 de mayo) un decreto que atribuía un multiplex a cada una de las 6 compañias privadas de televisión. Sin embargo, las previsiones de este decreto se hicieron efectivas por acuerdo del Consejo de Ministros de julio, cuando la LGCA  ya estaba plenamente en vigor. Dicho acuerdo fue recurrido por Infraestructuras y Gestion 2002 (INGEST), una pequeña empresa dedicada a la distribución de la señal. El Tribunal Supremo declaró nula la atribución de licencias y la consecuente concesión de espectro radioeléctrico. Otra demanda que solicita el cierre de otros 8 canales está a la espera de sentencia en el Supremo. Y los operadore ahora perjudicados anuncian demandas por daños y perjuicios.

El gobierno Rajoy no sacó las licencias a concurso pretextando la próxima reordenación del espectro y en trámite de ejecución de sentencia el Supremo ordenó el cierre de los canales. El secretario de Estado De Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, anuncia para antes de este verano un nuevo plan de ordenación del espectro radioeléctrico para acomodar los canales 4G que el Estado concedió a las telefónicas en la banda de 800 Mz, hoy ocupadas por las televisiones. Por cierto que si el 1 de enero de 2015 las telecos no tienen  a disposición estos canales (por los que pujaron altas sumas) el Estado tendría que pagar una penalización diaria. Y como los ingresos fiscales ya están consumidos, corresponderá a los particulares correr con los cargos de reorientar las antenas. ¡Menudo dividendo digital!

Intereses en presencia

Los intereses en juego explican este caos.

El gobierno Zapatero mimó a las cadenas privadas de televisión. Primero, en nombre del pluralismo, abrió el espectro analógico a la Cuatro y la Sexta. Luego, con la LGCA, creó el marco jurídico que ha permitido la concentración en dos grandes grupos mediáticos (y, por tanto, la reducción del pluralismo) y trasladó a la Televisión Digital Terrestre el modelo de canales generalistas en un marco jurídico ultraliberal, que convierte en la práctica la adjudicación de una licencia en un derecho a perpetuidad que se puede ceder para emitir cualquier tipo de contenidos. Y como regalo de despedida, el pastel de la publicidad de TVE a repartir entre las cadenas privadas.

Los dos grandes beneficiados han sido Atresmedia y Mediaset. Su modelo es el de la segmentación de contenidos a través de varios canales buscando el adaptarlos a targets (mujeres, hombres, jóvenes). No es una televisión especializada, aunque así se venda, sino una puesta al día de la televisión generalista para maximizar los ingresos publicitarios. Pero es una televisión abierta por la que el espectador no paga nada directamente (lo hace indirectamente como consumidor a través de los costes publicitarios de los productos). En principio, un modelo de televisión más integrador que el de la televisión de pago.

Los otros actores son las telecos. Su negocio y su campo de competición preferente es la banda ancha móvil (4G). El gobierno Rajoy tiene que atribuirles las frecuencias que ganaron en subasta, de manera que tiene que desalojar a las televisiones de la banda de 800 Mz. Pero no se trata sólo de un reajuste técnico. Si en la reordenación las televisiones privadas pierden canales, la televisión de pago se hace más atractiva. Y para las telefónicas un paquete de canales de pago no sólo es una oportunidad de negocio, sino sobre todo, un elemento diferencial es su oferta combinada de triple play (teléfono, banda ancha y televisión).

¿A quién quiere más Rajoy, a las televisiones o las telefónicas? A las dos. No puede molestar demasiado a ninguno de estos dos grandes poderes fácticos, así que buscará alguna solución que no dañe intereses vitales de unos u otros. Pero por de pronto en el apagón de mañana quien más pierde es Atresmedia ¿Un aviso para que Lara meta mano en la línea editorial de La Sexta?

Y existe un tercer actor, que son las compañías de distribución por satélite, que siempre han acusado de falta de neutralidad tecnológica a la ordenación de la televisión digital. Supongo que estarán presionando para que en esa nueva ordenación del espectro se les tome en cuenta como una alternativa a la televisión digital terrestre.

¿Sufre el pluralismo?

El cierre de canales, de entrada,  a quién más perjudica es a sus titulares, pero no es una buena cosa la reducción de ofertas aunque el real pluralismo de contenidos que representan sea muy limitado.

Las frecuencias de Net Tv (Vocento) y Veo Tv (Unidad Editorial) habían ido perdiendo sus canales por distintas razones hasta quedar reducidos a teletiendas. Atresmedia y Mediaset utilizan estos canales para reemitir los contenidos de sus canales generalistas, empaquetados de nuevo para conquistar la fidelidad de targets específicos. Ciertamente, un 6´7%  de la audiencia tendrá que buscar nuevos canales, pero no le será difícil encontrar los mismos contenidos.

Si entendemos el pluralismo como la libertad de elegir del espectador el cierre de una canal de telenovelas daña el pluralismo, pero no por ello creo que sufra la calidad de la vida democrática, ni se reduzca la capacidad real de elegir.

Es imprescindible una nueva ordenación de la televisión privada

La LGCA definió la prestación del servicio de la televisión por operadores privados como una actividad no de servicio sino de interés general y la impuso una serie de obligaciones, la mayor parte derivadas del derecho comunitario. Si las licencias no se otorgaran por concurso sería lógico que cada cual hiciera con ella lo que quisiera, siempre que respetara esas obligaciones generales. Pero si las licencias son limitadas por razones técnicas y los prestadores son seleccionados mediante concurso, esa selección no debiera hacer por la simple aplicación de las reglas de la Ley de Contratos del Estado.

El Estado debe establecer unos criterios generales para promover una real diversidad de contenidos de calidad que sirvan verdaderamente al público: contenidos especializados y originales, promoción de la cultura, de la información, de los servicios al ciudadano, de la participación social y política. Criterios generales y transparentes, recogidos en la ley y no fabricados ad hoc en los pliegos de los concursos para que gane la compañía afín, como han hecho las comunidades autónomas.

(Otra entrada en este blog El fiasco de la TDT y el dividendo digital. Puede consultarse también mi libro El contenido jurídico del servicio público de la radiotelevisión en España. Las obligaciones de los operadores públicos y privados(descarga gratuita)

 

Lee mis labios: el problema es la degradación del empleo


Primero una explicación sobre el título.  Read my lips: no taxes es una famosa frase de George Bush padre ante la Convención Republicana de 1988 que le eligió como candidato presidencial. Esa promesa de no subir impuestos tuvo un enorme impacto en la campaña, pero Bush, como suele ocurrir, tuvo que incumplir su promesa y subió impuestos en 1990, y la frasecita se convirtió en un boomeran en la campaña de 1992 que llevó a la presidencia a Clinton.

La frase me vino a la memoria cuando recibí el texto de Jesús Martínez sobre desfases de audio y vídeo, que reproduzco a continuación. Lamentablemente, cada vez son más frecuentes las desincronías de audio y vídeo en las emisiones de la televisión digital. Uno pudiera pensar que es una fatalidad tecnológica propia de la TDT, pero no, Jesús, nos demuestra que se trata de desidia a la hora de aplicar correctamente los procedimientos técnicos. Así que cuando veamos que los labios de un presentador o un reportero se mueven sin sincronía con su sonido recordemos el motivo: la degradación del empleo en las televisiones españolas.

Jesús Martínez Barbero es profesor de Tecnología Multimedia en la UPM, fue director técnico de Antena 3 y anteriormente desempeñó distintas responsabilidade en RTVE. Esta es su aportación a Periodismo Global para mejorar nuestra cultura técnica.

Cada vez que veo la tele me lleno de estupor con la creciente  asincronía entre el vídeo/audio con la que nos deleitan las cadenas de televisión. Es difícil ver un presentador con su audio síncrono, que no haya diferencia entre los movimientos labiales y el sonido que se escucha. Se conocen las bases por las que existe dicha asincronía y las herramientas para corregir dicho desfase, entonces ¿Por qué no se soluciona en las producciones?. En los últimos tiempos se ha visto una degradación no solo en la calidad de la señal, también en los contenidos y en las basuras que inundan nuestra TDT.

Cada cadena tiene su propio modelo de fracaso en el control de su emisión. Los factores que pueden afectar tienen mucho que ver con las últimas tendencias en la gestión; la externalización a empresas de bajo coste y la inexperiencia de trabajadores más baratos que otros de más experiencia. Desde un punto de vista simplista, para que el proceso de externalización de una producción pueda ser económicamente viable, la empresa que presta los servicios ha de usar menos personal y de menor cualificación técnica que la existente. Otra forma de bajar los gastos es despedir personal de amplia experiencia y contratar mano de obra menos cualificada y más barata para el control de los equipos. Al final se está más pendiente de la evolución de caja que de la salida de la propia emisión.

Uno de los principales factores de la asincronía entre audio y vídeo, ha sido la digitalización de la producción de contenidos. Mientras que en los equipos analógicos se va tratando loa señal de imagen según va llegando, en los equipos digitales se almacena el cuadro completo para tratar la imagen y después transmitir dicho cuadro. Pongamos un ejemplo; cuando en un codificador llega el audio y el vídeo, estos dos elementos se separan y mientras el audio se va digitalizando de forma instantánea, en el caso del  vídeo se almacena un cuadro completo para su codificación (en el mejor de los casos, puesto que suelen ser varios cuadros), obteniendo un retardo de 20 milisegundos para el caso de 50 imágenes por segundo o de 40 milisegundos para 25 imágenes por segundo. Si conocemos el retardo en un equipo, es fácil retardar el sonido el mismo tiempo que se retrasa el vídeo, de esta forma se mantiene síncrono el audio y el vídeo.

El retardo de una etapa es impredecible cuando entran en escena equipos que su retardo está en función de la forma de operar, como puedan ser los mezcladores de vídeo en los que el retardo introducido puede variar desde un cuadro hasta el número de bancos de efecto que tenga el mezclador. Este es el ejemplo clásico de un estudio de producción y lo que se suele realizar es poner un retardo fijo de cuadro y medio de forma que no se note el retardo se trabaje en el banco de efectos que el operador trabaje.  Si no se realizan estos retardos en los estudios, el retardo general de una producción es la suma de los retardos en cada una de las fases. Si tenemos dos estudios trabajando en cadena sin ajustar los retardos, no se nota la diferencia en cada estudio, pero si se notará en las señales que atraviesen los dos estudios.

Hay métodos de ajuste automático, el método más común es el estudio de la imagen y e ajuste del audio dependiendo de los movimientos de los labios. Plantea varios problemas en el caso de multilenguaje y no se suele utilizar en centros de producción. Hay una patente española que consiste en la inserción de cierto tipo de datos del audio dentro de la imagen y con el reconocimiento de dichos datos en la imagen se puede retrasar el audio, este caso necesita procesar menos información puesto que solo procesa el audio y no el vídeo y se puede justar en cualquier fase de la producción.

Aparte de todos estos ajustes, habría que hacer un ajuste de los retardos de los audios de todas las señales de entrada a los estudios. Cuando se trabajaba con señales analógicas había que sincronizar la señal de vídeo de todas las señales de entrada del estudio. Ahora habría que hacer lo mismo con el retardo del audio y ajustarlo en cada una de las entradas. La forma más sencilla es el uso de claquetas de forma que se pueda ajustar toda la cadena, eso sí, es necesario una cierta dedicación.

 

El fiasco de la TDT y el dividendo digital


El Gobierno del PP pretende reducir a la mitad el número de canales en la TDT, so pretexto de favorecer la implantación de nuevos servicios de banda ancha en movilidad, el llamado dividendo digital. La medida, que cuenta con la oposición de las televisiones privadas, es un ejemplo más de arbitrismo gubernamental, pero también pone de manifiesto el fracaso del modelo de la TDT.

Con UTECA hemos topado

El 21 de marzo el nuevo Secretario de Estado de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, convocó a los operadores de televisión. Calvo-Sotelo soltó la bomba. El Gobierno les pedía que renunciaran a la mitad de sus múltiplex digitales, o lo que es lo mismo a la mitad de sus canales, reducción que también afectaría a TVE y a las autonómicas. Razón nº 1: ahorrar 800 millones en el primer dividendo digital. Razón nº 2: favorecer un hipotético segundo dividendo digital. Razón nº 3: hacer más sostenible el mercado audiovisual.

Ni que decir tiene que la reacción de los “propietarios” de las frecuencias fue incendiaria. Escándalo, robo, expropiación… los señores de la tele, los prebostes de UTECA no ahorraron gruesos calificativos.

Al Gobierno se le abre un frente peligroso. Si el movimiento es más que un globo sonda y siguen adelante con el plan, la artillería mediática de “los señores de la tele” se volverá en contra. Aunque seguramente la sangre no llegará al río, porque el gobierno del PP y UTECA comparten un objetivo estratégico: debilitar a TVE.

La privatización del espectro

El asunto puede terminar en los tribunales y ganar el pleito los “propietarios expropiados”.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual  (pdf) en la práctica privatizó las frecuencias televisivas. Las licencias son por 15 años, renovables y transferibles. Vamos, que al licenciatario se le entrega una frecuencia prácticamente de por vida, sin estar obligado a mantener la programación para la que se le concedió la licencia, que puede transferir y arrendar (art. 29). Y así se está haciendo ya por Net-Tv (Vocento) y Veo-Tv (UNEDISA), arrendando sus canales a los major norteamericanas.

En la práctica, esta regulación de las licencias equivale a la privatización del espectro: un recurso de dominio público se entrega a particulares para su explotación y comercialización prácticamente a perpetuidad.

La implantación de la TDT y el dividendo digital

La implantación de la televisión digital terrestre (TDT) se ha hecho en España con la norma técnica DVB-T. El apagón digital se produjo en abril de 2010. El primer plan técnico data de 1998. Es un largo proceso, acelerado en su fase final por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, en casi dos años a lo exigido por la Unión Europea.

La transmisión digital permite comprimir la señal y disminuir el ancho de banda utilizado, de manera que por la frecuencia que en analógico se transmitía antes un único canal, ahora puede transmitirse típicamente cuatro con una calidad MPEG-2. Por tanto, al menos en teoría, para el mismo número de canales se utilizan un menor número de frecuencias, con lo cual pueden liberarse frecuencias y destinarlas para otros usos distintos de los servicios de radiodifusión. Es el llamado dividendo digital.

La idea es que atribuir esas frecuencias “liberadas” (los términos ya indican un prejuicio contra los servicios de radiotelevisión) a la telefonía móvil, concretamente a los nuevos servicios de banda ancha en movilidad (por ejemplo, telefonía 4G) supondrá un revulsivo económico. Los gobiernos sacan estas frecuencias en subasta y obtienen pagos sustanciales de las telefónicas.

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (UIT) decide en 2007 reservar la banda de 792-860 Mz (canales 61 a 69) a los servicios móviles. Se trata de frecuencias que tienen una buena capacidad de propagación y penetración en los edificios y, por tanto, muy adecuadas para móviles.

La Unión Europea establece en 2010 un nuevo apagón digital. El 31 de diciembre de 2015 los canales 61 a 69 tendrán que haber sido desalojados de los servicios de radiotelevisión y estar asignados a la telefonía móvil.

El problema en España es que al adelantar ese primer apagón digital esos canales están ocupados por los operadores de TDT. No obstante, el Gobierno Zapatero los saca a subasta y obtiene en julio de 2011 2.000 millones de las operadoras telefónicas, que no pujan hasta los 2.500 que esperaba el Gobierno. Se aprueba un Plan Marco del Dividendo Digital (pdf) y la Ley de Economía Sostenible (art. 51) establece que los costes derivados de la reorganización del espectro se sufragen con cargo a los ingresos obtenidos por la licitación de frecuencias. Estos costes se estiman en 800 millones y supone cambios en los centros de emisión, emitir simultaneamente en dos canales durante la fase de transición y reorientar de nuevo las antenas comunitarias.

Lo que la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones plantea ahora es ahorrarse esa factura. Si el número de multiplex se reduce a la mitad no es necesario la migración y no hay costes de adaptación. Además, se dice, la Unión Europea puede exigir la liberación de más frecuencias para la banda ancha móvil y conviene prepararse para este segundo dividendo digital (que en todo caso no se impondría hasta 2020).

La respuesta más articulada que he encontrado no viene de los “señores de la tele”, sino de Pedro Pérez (@pperezf), el presidente de los productores audiovisuales, a través de 17 tuits. Sostiene que esa reducción de canales supondría un grave quebranto para la ya castigada industria audiovisual y que lo único que pretende el Gobierno es ahorrarse los costes después de haber obtenido los ingresos. Propone una solución técnica, la adopción de la norma DVB-T2, con la que dice, TVE podría emitir 5 canales en Alta Definición. Pero el problema es que ya no sólo se trataría de reorientar antenas, sino de comprar un nuevo descodificador, pues no valen los actuales, algo que haría feliz a los constructores electrónicos, pero no a los consumidores que han comprado pantallas planas que no podrían recibir las nuevas emisiones.

Insostenible TDT

El tercer argumento gubernamental es hacer sostenible el mercado audiovisual, lo que viene a reconocer el despropósito del modelo de TDT, conformado por los gobiernos de Aznar, primero, y de Rodríguez Zapatero, después.

Lo que se ha hecho ha sido trasladar el modelo de la televisión generalista a la TDT, sin exigir ni especialización, ni nuevos servicios digitales ni un mínimo de calidad a los operadores privados, que como hemos visto pueden transferir sus canales. Además, los concursos autonómicos se han hecho con total falta de transparencia.

Si a ello le sumanos las muy laxas normas anticoncentración, nos encontramos con el siguiente resultado:

– Una gran fragmentación de la audiencia, que sólo permite la rentabilidad a los grandes grupos privados.

– Una gran concentración de propiedad (muy limitado pluralismo externo), con dos grandes grupos, Mediaset y Antena 3, concentrando audiencias y publicidad. Su estrategia de programación es repetir los mismos contenidos en sus distintas ventanas para rentabilizar la publicidad, que se contrata para todos los canales y al precio de la audiencia del más visto.

– Dos operadores nacionales privados, UNEDISA y Vocento, sin experiencia en televisión, que no han hecho más que dar bandazos y que han terminado por arrendar sus canales a los major norteamericanos. A ellos es a los que podría beneficiar la medida si va acompañada de alguna compesación económica para rescindir los actuales contrato de arrendamiento.

– Operadores privados autonómicos castigados por la crisis publicitaria y que rellenan sus horas con videntes.

– TVE y los operadores públicos autonómicos con dificultades presupuestarias para mantener sus canales. Para los operadores públicos es vital mantener estos canales porque es la manera de servir contenidos diversos a un público cada vez más diverso. El PP ha anunciado reiteradamente su intención de retirar un multiplex a TVE, que de 6 canales (uno de ellos en HD) pasaría a 4.

– Programas muy poco diversos, escasamente novedosos (como demostró Daniel Giménez Simón en su Trabajo Fin de Máster de Periodismo Multimedia) que se repiten una y otra vez en todas las cadenas.

– No se emite en verdadera HD, salvo los canales experimentales de TVE y de algunas autonómicas. En el mejor de los casos se emite en 720 p, escalando (inflando) unos contenidos producidos para 650 líneas. Algunas cadenas emiten películas con calidad de VHS.

Es hora de replantearse el modelo, pero los derechos e intereses adquiridos lo hacen prácticamente imposible. Una oportunidad perdida.

 

Gol a la TDT


El gobierno Zapatero autoriza en pleno agosto la televisión digital de pago. Y lo hace mediant Decreto-Ley por razones de urgente necesidad . Con razón, la urgencia es evidente, la liga está a punto de comenzar y la Sexta tiene que rentabilizar sus inversiones futbolísticas.

Supongo que ayer el ciberespacio español bulliría a favor y en contra, conforme la adscripión política y empresarial de cada cual. Me quedo simplemente con el sano escepticismo de Enric González.

Seguramente todo estará dicho, pero me apunto a la imagen fácil en una tarde de agosto: la Sexta ya ha ganado su trofeo, ya tiene su Canal Gol, pero el gol se lo ha  metido el gobierno a todos los españoles, al convertir la regulación del sector audiovisual en ocasión para hacer “mercedes” a sus amigos.

El interés general no consiste en facilitar una nueva plataforma de pago para el fútbol sino en establecer una regulación completa y ambiciosa de las posibilidades de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Los gobiernos de Aznar apostaron por multiplicar los canales, dividiendo las concesiones entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos, de modo que el espectro se ha repartido por razones de puro clientelismo político, de un signo u otro. El gobierno Zapatero ha seguido con el mismo modelo. El resultado es multiplicar la misma televisión comercial homogénea del modelo analógico.

La regulación de la TDT debiera seguir estas líneas básicas:

– Repartir los canales posibles entre la emisión convencional y la emisión en alta definición (HD).

– Diversificar los contenidos de servicio público con canales especializados, tanto de los operadores públicos, como de operadores privados.

– Reservar una parte de los canales para entidades locales sin ánimo de lucro.

– Explotar las posibilidades de interactividad de la TDT, para lo que es necesario una regulación técnica que unifique y exija unas prestaciones mínimas a los equipos decodificadores y medidas de fomento para que los operadores creen contenidos interactivos.

A base de favores a los amigos, cuando llegue la Ley Audiovisual tendrá que limitarse a unir los distintos remiendos.

Hoy ya tenemos a nuestra disposición una veintena de canales. Por una parte está la oferta de los canales nacionales analógicos. Por otra, los nuevos canales digitales que repiten el modelo de los anteriores a base de reposiciones. La única novedad son los canales sectarios de la derecha. Y ahora, el Gol de la Sexta.

La televisión que viene


Zapatero ayer anunció el próximo envío al Congreso de la tan dilatada Ley General Audiovisual. Y anticipó un elemento: una sustancial reducción de la publicidad en la televisión pública.

Como tantas veces, parece que se opta por el modelo francés: supresión de la publicidad en la televisión pública y a cambio, los realmente beneficiados, los operadores privados, son grabados con un nuevo impuesto o un recargo en alguno de los existentes, destinado a compensar la financiación perdida por TVE.

Me he referido aquí a este modelo (Las trampas, La utopía) y a la oposición que ha generado en Francia. Resumo argumentos:

– Bienvenida esa supresión, siempre que existan recursos suficientes para cumplir la misión de servicio público en las mismas o mejores condiciones.

– En época de recesión, es de temer una reducción de financiación, que redunde en jibarización de la televisión pública. Las privadas se verían doblemente beneficiadas: se quedarían con toda la tarta publicitaria y su competidor público se debilitaría.

– Los gestores, programadores y profesionales tienen el reto de diseñar una programación diversificada, de servicio a todos los sectores sociales, no sometida a la tiranía del “share”, pero que no renuncie a audiencias masiva y al liderazgo social.

La otra pata de la estrategia gubernamental es favorece la concentración de los operadores privados. Para ello ha suavizado por Decreto-Ley las restricciones existentes. La Sexta es la novia que busca dote. Ofrece, a cambio, sus derechos deportivos. Para que estos sean más rentables el gobierno parece dispuesto a permitir la TDT de pago. En plena Semana Santa así lo anunció el Ministerio de Industria en una nota de prensa, que luego tuvo que retirar. Todo bastante descarado.

La TDT de pago ya fracasó una vez (Quiero Tv). ¿Funcionará ahora? Si la Sexta y Antena 3 se fusionan ¿apoyarán al gobierno?

Televisión: por el pluralismo a la concentración


Ya esta en el BOE el Decreto Ley que da vía libre a la concentración de la televisión privada. El gobierno Zapatero se descolgó el 23-F con un golpe audiovisual que permitirá una mayor concentración de las televisiones privadas y que limita el peso de las televisiones públicas en el espacio audiovisual. Y lo más divertido es que, con el fantasma de la crisis, la nueva regulación se vende como un avance en el pluralismo y la liberación.

La nueva regulación modifica la Ley de la Televisión Privada y permite las participaciones cruzadas de hasta el 5% entre las empresas operadoras de las televisiones privadas estatales, siempre que el operador resultante no controle más del 27% de la audiencia media de los 12 meses anteriores. Y se permite expresamente que ese control sobre la audiencia aumente después de la fusión. Otra de las limitaciones a la concentración es que ningún operador controle más de 2 multiplex, lo que, según la práctica actual, se traduce en 8 canales de TDT.

Además, ningún operador público podrá controlar más del 25% del espectro radioeléctrico y a nivel de comunidad autónoma el conjunto de los operadores públicos se ven constreñidos a un 50% del espectro radioléctrico.

El Decreto Ley también adopta una serie de medidas para facilitar la extensión de los canales de TDT a través de satélite.

Como Decreto-Ley constitucionalmente esta norma debiera de estar justificada por una urgente necesidad. Yo no se la veo por ninguna parte. Se trata, una vez más, de una regulación ad hoc para resolver los problemas de alguna cadena amiga. No voy a sumar porcentajes, pero da toda la impresión de que lo que se busca es constituir un operador privado poderoso. Inaceptable me parece encorsetar el desarrollo de los canales públicos en la TDT. Si de alguna manera se puede cumplir la misión de servicio público es a través de la diversificación y especialización de los contenidos, pero el gobierno prefiere que se clonen una y otra vez los canales privados.

Y todo en el nombre del pluralismo. En la ley de 2005 se aprovechó la regulación de la TDT para introducir dos nuevos canales analógicos en abierto y se nos dijo que era para favorecer el pluralismo. Ahora se limita a los canales públicos y se autoriza que menos propietarios controlen los canales privados también para aumentar el pluralismo.

¿En qué quedamos? ¿Es pluralismo mayor número de voces? ¿Es pluralismo las mismas voces controladas por menos propietarios? ¿Es pluralismo menor presencia de la televisión pública?

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