El cierre de canales de TDT, una oportunidad para reordenar la televisión privada


Mañana 6 de mayo se apagan en España nueve canales en la televisión digital terrestre. ¿Supone un atentado al pluralismo como defienden las empresas titulares de las licencias?

Chapuzas jurídicas

El cierre impuesto por el Ministerio de Fomento cumple una sentencia del Tribunal Supremo que anula las licencias por haber sido concedidas sin concurso público, como establece el art. 27 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

El asunto es una sucesión de despropósitos jurídicos.

El gobierno Zapatero  aprobó en abril de 2010 (con la LGCA ya publicada en el BOE, pero antes de su entrada en vigor el 1 de mayo) un decreto que atribuía un multiplex a cada una de las 6 compañias privadas de televisión. Sin embargo, las previsiones de este decreto se hicieron efectivas por acuerdo del Consejo de Ministros de julio, cuando la LGCA  ya estaba plenamente en vigor. Dicho acuerdo fue recurrido por Infraestructuras y Gestion 2002 (INGEST), una pequeña empresa dedicada a la distribución de la señal. El Tribunal Supremo declaró nula la atribución de licencias y la consecuente concesión de espectro radioeléctrico. Otra demanda que solicita el cierre de otros 8 canales está a la espera de sentencia en el Supremo. Y los operadore ahora perjudicados anuncian demandas por daños y perjuicios.

El gobierno Rajoy no sacó las licencias a concurso pretextando la próxima reordenación del espectro y en trámite de ejecución de sentencia el Supremo ordenó el cierre de los canales. El secretario de Estado De Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, anuncia para antes de este verano un nuevo plan de ordenación del espectro radioeléctrico para acomodar los canales 4G que el Estado concedió a las telefónicas en la banda de 800 Mz, hoy ocupadas por las televisiones. Por cierto que si el 1 de enero de 2015 las telecos no tienen  a disposición estos canales (por los que pujaron altas sumas) el Estado tendría que pagar una penalización diaria. Y como los ingresos fiscales ya están consumidos, corresponderá a los particulares correr con los cargos de reorientar las antenas. ¡Menudo dividendo digital!

Intereses en presencia

Los intereses en juego explican este caos.

El gobierno Zapatero mimó a las cadenas privadas de televisión. Primero, en nombre del pluralismo, abrió el espectro analógico a la Cuatro y la Sexta. Luego, con la LGCA, creó el marco jurídico que ha permitido la concentración en dos grandes grupos mediáticos (y, por tanto, la reducción del pluralismo) y trasladó a la Televisión Digital Terrestre el modelo de canales generalistas en un marco jurídico ultraliberal, que convierte en la práctica la adjudicación de una licencia en un derecho a perpetuidad que se puede ceder para emitir cualquier tipo de contenidos. Y como regalo de despedida, el pastel de la publicidad de TVE a repartir entre las cadenas privadas.

Los dos grandes beneficiados han sido Atresmedia y Mediaset. Su modelo es el de la segmentación de contenidos a través de varios canales buscando el adaptarlos a targets (mujeres, hombres, jóvenes). No es una televisión especializada, aunque así se venda, sino una puesta al día de la televisión generalista para maximizar los ingresos publicitarios. Pero es una televisión abierta por la que el espectador no paga nada directamente (lo hace indirectamente como consumidor a través de los costes publicitarios de los productos). En principio, un modelo de televisión más integrador que el de la televisión de pago.

Los otros actores son las telecos. Su negocio y su campo de competición preferente es la banda ancha móvil (4G). El gobierno Rajoy tiene que atribuirles las frecuencias que ganaron en subasta, de manera que tiene que desalojar a las televisiones de la banda de 800 Mz. Pero no se trata sólo de un reajuste técnico. Si en la reordenación las televisiones privadas pierden canales, la televisión de pago se hace más atractiva. Y para las telefónicas un paquete de canales de pago no sólo es una oportunidad de negocio, sino sobre todo, un elemento diferencial es su oferta combinada de triple play (teléfono, banda ancha y televisión).

¿A quién quiere más Rajoy, a las televisiones o las telefónicas? A las dos. No puede molestar demasiado a ninguno de estos dos grandes poderes fácticos, así que buscará alguna solución que no dañe intereses vitales de unos u otros. Pero por de pronto en el apagón de mañana quien más pierde es Atresmedia ¿Un aviso para que Lara meta mano en la línea editorial de La Sexta?

Y existe un tercer actor, que son las compañías de distribución por satélite, que siempre han acusado de falta de neutralidad tecnológica a la ordenación de la televisión digital. Supongo que estarán presionando para que en esa nueva ordenación del espectro se les tome en cuenta como una alternativa a la televisión digital terrestre.

¿Sufre el pluralismo?

El cierre de canales, de entrada,  a quién más perjudica es a sus titulares, pero no es una buena cosa la reducción de ofertas aunque el real pluralismo de contenidos que representan sea muy limitado.

Las frecuencias de Net Tv (Vocento) y Veo Tv (Unidad Editorial) habían ido perdiendo sus canales por distintas razones hasta quedar reducidos a teletiendas. Atresmedia y Mediaset utilizan estos canales para reemitir los contenidos de sus canales generalistas, empaquetados de nuevo para conquistar la fidelidad de targets específicos. Ciertamente, un 6´7%  de la audiencia tendrá que buscar nuevos canales, pero no le será difícil encontrar los mismos contenidos.

Si entendemos el pluralismo como la libertad de elegir del espectador el cierre de una canal de telenovelas daña el pluralismo, pero no por ello creo que sufra la calidad de la vida democrática, ni se reduzca la capacidad real de elegir.

Es imprescindible una nueva ordenación de la televisión privada

La LGCA definió la prestación del servicio de la televisión por operadores privados como una actividad no de servicio sino de interés general y la impuso una serie de obligaciones, la mayor parte derivadas del derecho comunitario. Si las licencias no se otorgaran por concurso sería lógico que cada cual hiciera con ella lo que quisiera, siempre que respetara esas obligaciones generales. Pero si las licencias son limitadas por razones técnicas y los prestadores son seleccionados mediante concurso, esa selección no debiera hacer por la simple aplicación de las reglas de la Ley de Contratos del Estado.

El Estado debe establecer unos criterios generales para promover una real diversidad de contenidos de calidad que sirvan verdaderamente al público: contenidos especializados y originales, promoción de la cultura, de la información, de los servicios al ciudadano, de la participación social y política. Criterios generales y transparentes, recogidos en la ley y no fabricados ad hoc en los pliegos de los concursos para que gane la compañía afín, como han hecho las comunidades autónomas.

(Otra entrada en este blog El fiasco de la TDT y el dividendo digital. Puede consultarse también mi libro El contenido jurídico del servicio público de la radiotelevisión en España. Las obligaciones de los operadores públicos y privados(descarga gratuita)

 

Televisión pública y televisión privada, cada vez más diferenciadas


Desde la aparición de las televisiones privadas, la televisión pública sufrió una degradación progresiva que llevó a una pérdida de identidad de TVE. A los ojos de gran parte del público, “todos los canales eran lo mismo”. En el nuevo modelo, cuyas normas básicas son la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal y la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), lo público y lo privado están en un proceso de nítida diferenciación. De cara al espectador, la desaparición de la publicidad en TVE ha marcado un ante y un después.

La reciente sentencia de la Audiencia Nacional, que declara como no ajustados a Derecho los servicios mínimos impuestos en las televisiones privadas durante la huelga general, es un paso más en este sentido.

La sentencia empieza a dar contenido (restrictivo) a la categoría de “servicio esencial”, régimen jurídico al que, a partir de la LGCA están sujetos los operadores privados. De concesionarios del servicio público (Estatuto de 1980 y Ley de la Televisión Privada) han pasado a ser licenciatarios de un servicio de interés general.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional considera que los servicios mínimos (informativos de 20 minutos) impuestos por Orden del Ministerio de Industria ya no están justificados, pues ese servicio esencial (unos informativos reducidos) ya está satisfecho por los operadores públicos que siguen sometidos a un régimen de servicio público.

Veremos si el Tribunal Supremo y, en su caso, el Constitucional ratifican el criterio de la Audiencia, de modo que a partir de ahora no puedan imponerse servicios mínimos en las televisiones privadas. De lo que no cabe duda es que el servicio público cobra un nuevo valor.

Que la actividad de los operadores privados de televisión sea servicio esencial y no ya servicio público es arma de doble filo.

Los empresarios privados que, ciertamente, han visto consolidadas su posición con unas licencias casi a perpetuidad, se encuentran ahora que no ser servicio público estricto también tiene sus inconvenientes, como no poder imponer unos servicios informativos mínimos.

Los defensores de lo público, que ven ahora ven revalorizado el papel de la televisión pública, no deben tampoco olvidar que la LGCA impone a los titulares de esos servicios de interés general toda una serie de obligaciones de carácter público, formulado a menudo en términos muy genéricos, y que las siguientes batallas deberán librarse por concretar esas obligaciones y exigir su cumplimiento.

Cuatro + Telecinco/ Antena 3 + Sexta = > Pluralismo


En estos momentos, media tarde del viernes 23 de diciembre, se cierra la fusión entre las cadenas de televisión española Telecinco y Cuatro.

Según ABC, la nueva sociedad resultante estará participada en un 78% por Mediaset y en un 22% por Prisa, aunque su participación podría bajar en el futuro. La sociedad común operará, de momento, con sus dos cadenas, Telecinco y Cuatro. Prisa propondrá al director de Informativos de Cuatro durante el primer año, pero la decisión corresponde a Mediaset, que a partir del segundo año nombrará con completa libertad a los responsables editoriales de ambas cadenas.

Por su parte, la Sexta, esto es Contreras y Roure, negocian con Alejandro Echevarría y Paolo Vasile, la absorción por Antena 3.

Las fusiones han sido posibles merced al Decreto-Ley del pasado febrero que permitió a la concentración de los canales privados, siempre que no controlaran más de un 27% de la audiencia en el momento de la fusión (porcentaje superable posteriormente) y 8 canales digitales. Una norma a medida de los intereses de los poderosos e influyentes operadores privados de televisión, un regalo de un gobierno débil a los magnates de los medios.

Todos ellos harán magníficos negocios y, en concreto, Prisa, verá disminuida su deuda de 5000 millones de euros (un fardo que pesa sobre su independencia) en 500 millones que recibirá en metálico.

El año 2010 el ecosistema audiovisual cambia radicalmente. TVE sin publicidad, con una financiación incierta, recurrida por las telefónicas y revisada por Bruselas, líder de audiencia, perderá la primacía, dado que no puede competir en series, películas y deportes. Los informativos de las cadenas privadas, por mucho que mantengan marcas y logotipos, se dirigirán desde los  intereses políticos de Lara y Berlusconi.

¡Viva el pluralismo! ¡Viva el gobierno que promueve el pluralismo!

(Reacciones en Italia: Se consuma la venganza de Berlusconi)

Sacar a RTVE del mercado


El gobierno cuece en el horno de la negociación con las televisiones privadas y los operadores telefónicos el Decreto Ley de la financiación de radiotelevisión pública que puede ser la puntilla final de RTVE.

Una vez más este gobierno débil recurre a la herramienta del Decreto Ley, alegando una urgencia inexistenta, si no es para salvar la cuenta de resultados de alguna televisión privada. Se priva a la sociedad de un verdadero debate, mientras se negocia de tapadillo porcentajes para que las cuentas aparentemente cuadren.

Vaya por delante que creo en una radiotelevisión pública sin publicidad. He valorado reiteradamente en este blog los pros y los contras,  a raíz de la iniciativa francesa que copia ahora Zapatero. Incluso, como ya he dicho, en la página 133 de mi tesis avancé un modelo de financiación parecido.

El problema es la suficiencia de esa financiación, que el gobierno dice garantizar aplicando porcentajes más o menos arbitrarios sobre los benficios de las televisiones privadas y las telefónicas. Las primeras serán las grandes ganadoras al repartirse el pastel de la publicidad de TVE. Pero las segundas no sacan un beneficio directo de este cambio -¿qué recibirán a cambio?. La pregunta es ¿cuanto tardarán unas y otras en tener una coyuntura política favorable para sacudirse este gravamen?

Lo más preocupante de todo es que parece que se pretende que TVE deje de hacer competencia a las privadas. El servicio público comporta obligaciones positivas y negativas. Es lógico que el porcentaje del presupuesto dedicado a financiar el cine nacional sea mayor en la pública que en las privadas, pero no que estas puedan dedicar ese dinero a financiar exclusivamente series.

No se puede atar las manos a TVE prohibiéndole competir o limitando su capacidad en los mercados del deporte y los éxitos de Hollywood. La buena administración de los recursos es responsabilidad del Consejo de Administración, que conforme a la ley vigente cesa automáticamente si genera pérdidas en dos ejercicios. Si la televisión pública no compite en los deportes y en las películas norteamericanas pierde dos importantísimos motores de audiencia. No nos engañemos: cuando cae la audiencia, cae la audiencia general de una cadena, los buenos programas y los malos programas. Sea cual sea nuestro concepto de calidad, es indudable que en esas dos categorías de programas, deportes y cine de Hollywood, hay productos dignos del servicio público, pero siempre con un alto precio.

Las privadas ganan. No sólo se repaten toda la tarta publicitaria. Además TVE -actual líder de audiencia- dejará de ser competencia.

Un servicio público sin audiencia deja de ser servicio público.

(Desde las radios y televisiones comunitarias se está gestando un manfiesto en favor de la televisión pública, al que se puede acceder, en parte, desde la Revista Latina de Comunicación Social y para el que se piden adhesiones de profesores y académicos.)

(El 7 de mayo los sindicatos de RTVE han llevado a cabo una jornada de movilización en defensa del sistema de financiación mixta -vía Presupuesto General del Estado y publicidad. Anteriormente entregaron un manifiesto a los grupos parlamentarios.)

La televisión que viene


Zapatero ayer anunció el próximo envío al Congreso de la tan dilatada Ley General Audiovisual. Y anticipó un elemento: una sustancial reducción de la publicidad en la televisión pública.

Como tantas veces, parece que se opta por el modelo francés: supresión de la publicidad en la televisión pública y a cambio, los realmente beneficiados, los operadores privados, son grabados con un nuevo impuesto o un recargo en alguno de los existentes, destinado a compensar la financiación perdida por TVE.

Me he referido aquí a este modelo (Las trampas, La utopía) y a la oposición que ha generado en Francia. Resumo argumentos:

– Bienvenida esa supresión, siempre que existan recursos suficientes para cumplir la misión de servicio público en las mismas o mejores condiciones.

– En época de recesión, es de temer una reducción de financiación, que redunde en jibarización de la televisión pública. Las privadas se verían doblemente beneficiadas: se quedarían con toda la tarta publicitaria y su competidor público se debilitaría.

– Los gestores, programadores y profesionales tienen el reto de diseñar una programación diversificada, de servicio a todos los sectores sociales, no sometida a la tiranía del “share”, pero que no renuncie a audiencias masiva y al liderazgo social.

La otra pata de la estrategia gubernamental es favorece la concentración de los operadores privados. Para ello ha suavizado por Decreto-Ley las restricciones existentes. La Sexta es la novia que busca dote. Ofrece, a cambio, sus derechos deportivos. Para que estos sean más rentables el gobierno parece dispuesto a permitir la TDT de pago. En plena Semana Santa así lo anunció el Ministerio de Industria en una nota de prensa, que luego tuvo que retirar. Todo bastante descarado.

La TDT de pago ya fracasó una vez (Quiero Tv). ¿Funcionará ahora? Si la Sexta y Antena 3 se fusionan ¿apoyarán al gobierno?

Televisión: por el pluralismo a la concentración


Ya esta en el BOE el Decreto Ley que da vía libre a la concentración de la televisión privada. El gobierno Zapatero se descolgó el 23-F con un golpe audiovisual que permitirá una mayor concentración de las televisiones privadas y que limita el peso de las televisiones públicas en el espacio audiovisual. Y lo más divertido es que, con el fantasma de la crisis, la nueva regulación se vende como un avance en el pluralismo y la liberación.

La nueva regulación modifica la Ley de la Televisión Privada y permite las participaciones cruzadas de hasta el 5% entre las empresas operadoras de las televisiones privadas estatales, siempre que el operador resultante no controle más del 27% de la audiencia media de los 12 meses anteriores. Y se permite expresamente que ese control sobre la audiencia aumente después de la fusión. Otra de las limitaciones a la concentración es que ningún operador controle más de 2 multiplex, lo que, según la práctica actual, se traduce en 8 canales de TDT.

Además, ningún operador público podrá controlar más del 25% del espectro radioeléctrico y a nivel de comunidad autónoma el conjunto de los operadores públicos se ven constreñidos a un 50% del espectro radioléctrico.

El Decreto Ley también adopta una serie de medidas para facilitar la extensión de los canales de TDT a través de satélite.

Como Decreto-Ley constitucionalmente esta norma debiera de estar justificada por una urgente necesidad. Yo no se la veo por ninguna parte. Se trata, una vez más, de una regulación ad hoc para resolver los problemas de alguna cadena amiga. No voy a sumar porcentajes, pero da toda la impresión de que lo que se busca es constituir un operador privado poderoso. Inaceptable me parece encorsetar el desarrollo de los canales públicos en la TDT. Si de alguna manera se puede cumplir la misión de servicio público es a través de la diversificación y especialización de los contenidos, pero el gobierno prefiere que se clonen una y otra vez los canales privados.

Y todo en el nombre del pluralismo. En la ley de 2005 se aprovechó la regulación de la TDT para introducir dos nuevos canales analógicos en abierto y se nos dijo que era para favorecer el pluralismo. Ahora se limita a los canales públicos y se autoriza que menos propietarios controlen los canales privados también para aumentar el pluralismo.

¿En qué quedamos? ¿Es pluralismo mayor número de voces? ¿Es pluralismo las mismas voces controladas por menos propietarios? ¿Es pluralismo menor presencia de la televisión pública?

Acoso a la televisión pública


UTECA, el lobby de las televisiones privadas, acusa a TVE de que casi el 40% de sus programas no son de servicio público. Y se basa en un estudio encargado a un grupo de profesores de universidades madrileñas, dirigidos por el profesor Núñez Ladeveze (pdf). La respuesta de RTVE no se ha hecho esperar: UTECA miente y falsea sus propios datos.

No vale la pena analizar los respectivos comunicados en los que cada cual interpreta los datos como más conviene a sus intereses. Enseguida comentaré el informe, pero antes creo que conviene poner este episodio, verdadera serpiente audiovisual de otoño, en su contexto, que no es otro que el del continuo acoso por la vía de la deslegitimación de la radiotelevisión públicas en España y en toda Europa. UTECA, como el resto de sus colegas europeos, quisieran reducir el servicio público a una presencia testimonial en la audiencia y por eso interpreta el servicio público como limitado a una programación cultural poco atractiva. No es esa la realidad en Europa, donde todos los servicios compiten con las televisiones privadas. Y es que, desde el protocolo adicional al Tratado de Amsterdam (BOE 7-5-99), documentos) son los Estados los que definen las funciones que comprende el servicio público y pueden financiar esas funciones “siempre que no afecte al comercio y la competencia en un grado que sea contrario al interés común”. El reto de los servicios públicos reside en mantener audiencias masivas (no necesariamente ser líder en todas las franjas horarias), diferenciando susproductos de sus competidores comerciales, como ya indiqué en una entrada anterior, al comentar el libro From Public Service Broadcasting to Public Service Media. El caso español sigue siendo anómalo, porque la financiación mixta, consagrada en la Ley 17/2006, tiene una composición casi al 50% (presupuesto 2008), con una presencia de la publicidad muy superior a la de países como Francia o Italia. En estas condiciones, parece un logro que el 63,7% de los programas emitidos por La Una y La Dos tengan un elevado grado de cumplimiento del servicio público, pues tal es la principal conclusión del informe en cuestión. Además, no debe olvidarse que RTVE desarrolla su función de servicio público de una forma todavía más nítida a través de 5 cadenas de radio y 6 canales de televisión, que se suman a las dos cadenas generalistas que con su publicidad financian a la Corporación.

Análisis del informe

El informe ha sido encargado por UTECA y ha analizado la programación de las dos cadenas desde 2005. Que sea un encargo no le resta mérito. Una cosa es el informe y otra la interpretación de UTECA. La metodología desarrollada ha consistido en establecer un Índice de Servicio Público, mediante el agregado de una serie de variables, según el siguiente cuadro:

De todos estos indicadores, los que resultan más relevantes son el género y la adecuación de los contenidos a la hora de protección infantil. Los géneros han sido tomados de la base de datos de Barlovento Comunicación y a cada uno se le ha asignado un valor, por ejemplo, 5 a la información, 2 a los espacios del corazón. Todos estos factores son de carácter objetivo, menos el de creatividad. Todos los factores me parecen relevantes para la misión de servicio público, pero no está tan claro su distinto valor y, sobre todo, la ausencia de otros relevantes, como por ejemplo el servicio a la cohesión territorial. Creo que esta investigación marca un camino para intentar construir un índice de servicio público a partir de las misiones definidas en la Ley 17/2006 y, sobre todo, del Mandato Marco, que concreta para el periodo de 9 años esa misión. Precisamente, la construcción de un índice fiable, aceptado por todos, puede ser un factor de legitimidad del servicio público. Un reto para los investigadores…

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