Lesbos, Lampedusa, Arguineguín, cárceles migratorias, hitos en la historia de la infamia


Hasta 2.500 inmigrantes han llegado a hacinarse en el muelle de Arguineguín con evidente vulneración de sus derechos más elementales

Perdonaréis que esta entrada tenga un tono inusualmente polémico. No me indigno fácilmente, pero la llamada “crisis” migratoria de Canarias me subleva. Creo que las políticas migratoria europea y española son injustas, inhumanas, ineficientes y perjudiciales para nuestras democracias y economías. Pienso que el enmarque informativo predominante es acomodaticio, poco esclarecedor, cuando no directamente xenófobo. Propongo otros encuadres, pero en esta ocasión -es un desahogo personal- casi sin referencia a otras fuentes.

No, no es una invasión

Llegados a Canarias en lo que va de año: en torno a 18.500 migrantes. Población de Mogán (Arguineguín): 2517 habitantes. Población de Canararias: 2.153.000 habitantes. Población de España: 47.329.981 habitantes. Población UE: 448 millones de habitantes. Para un pequeño municipio la llegada de un contingente de personas que sextuplican su población es un trauma; para una región insular, asistir e integrar a nuevos inmigrantes que supone un 0,86% de su población es un muy difícil reto; pero para España(0,039%) y no digamos para la UE (0,0041%), estas cifras son insignificantes.

No, no es una crisis migratoria, es una crisis de gestión de la inmigración

Desde mediados de 2019 era evidente que, reforzado el control del Estrecho, del Mediterráneo central y del Mediterráneo oriental, la ruta atlántica se estaba reactivando. Y no se tomaron medidas para poner en servicio los mecanismos de acogida creados durante la llamada “crisis de los cayucos” en 2006, cuando en un año llegaron a las islas 36.000 migrantes, desmontados después por el Partido Popular. Clamorosa ha sido la descoordinación entre el Ministerio de Migraciones, con su escasa capacidad de generar recursos y partidario de los traslados a la Península, el del Interior, guardián de la cárcel canaria, el de Defensa, puesto de perfil en la cesión de instalaciones y el de Exteriores, que solo ha reactivado ahora los contactos con los países de origen.

La criminal política de los enclaves cárcel

Lampedusa primero, Lesbos después de manera muy destacada, Ceuta y Melilla siempre, y ahora Canarias, territorios de soberanía europea no continentales, se han convertido en cárceles migratorias. La Unión Europea y sus miembros han decidido que los migrantes no deben llegar a territorio continental para evitar su movilidad por territorio Schengen. Que los que desembarcan en Arguineguín no lleguen a Estocolmo, Amsterdam o Varsovia.

Dentro de estos enclaves se crean campamentos cárceles, se niega el futuro al migrante; se le somete a trato degradante (que es si no mantener a miles de personas hacinadas en muelle, con tres bocadillos al día, con váteres químicos saturados y sin duchas ni agua corriente, ¡con separación temporal de los niños de sus madres!); se les deshumaniza y se hace imposible que los que tengan derecho de asilo o protección puedan ejercerlo (imposible o ineficiente asistencia letrada, devoluciones en caliente tristemente legitimadas esta semana por el Tribunal Constitucional). Que sepan que no saldrán de estas cárceles más o menos acondicionadas.

No importa que de esta manera la acogida sea imposible, que la solidaridad se trueque en estos lugares en xenofobia y que se puedan generar agravios territoriales, que en el caso de Canarias pueden hacer renacer, incluso, sentimientos independentistas.

La política migratoria de la fortaleza europea

Los enclaves cárcel son una de las manifestaciones más extremas de la idea xenófoba de que hay que proteger la fortaleza europea, nuestra riqueza, nuestro modo de vida, nuestra superior cultura, de los bárbaros que acechan a las puertas.

Progresivamente la Unión ha ido ampliando sus competencias migratorias, sobre la base de la distinción entre inmigración regular e irregular y entre derecho de asilo e inmigración económica. La Unión establece las condiciones de entrada y residencia legal de nacionales de terceros países en un Estado miembro, pero son estos los que establecen los cupos de inmigración legal en su territorio. La UE refuerza las fronteras con su propia policía migratoria, Frontex.

Desde el Convenio de Dublín de 1995 se supone que los sistemas de asilo de todos los estados miembros comparten unos mismos estándares en materia de derecho de asilo y el Estado al que llega el solicitante de protección es el que debe decidir si tiene o no derecho a la misma. Cuando Merkel abrió las fronteras alemanas en 2015 a los refugiados sirios el sistema de Dublín saltó por los aires y se hizo patente la falta de solidaridad entre los miembros con el fracaso absoluto del reparto por cuotas propuesto por la Comisión.

La respuesta ha sido externalizar el control migratorio: dinero y cooperación policial para que los bárbaros no nos invadan. Ciertamente no es lo mismo los 6.000 millones de euros del acuerdo de Turquía, entregados en el marco de programas concretos de asistencia a los migrantes, que pagar a Libia por encarcelar y violar los derechos de los migrantes o los acuerdos de devolución con Marruecos, Senegal o Mauritania. Pero con esta externalización Europa es más frágil: está bajo el continuo chantaje de Erdogan, Mohamed VI o de los señores de la guerra de Libia, un chantaje en el que no solo está en juego dinero, sino complejos intereses geoestratégicos.

La Comisaria de Interior, la sueca Ylva Johansson, a la que competen las migraciones ha presentado un plan que está muy lejos de suscitar la unanimidad, ni siquiera la mayoría cualificada que requieren las políticas migratorias. Pasa por agilizar los procedimientos de asilo, garantizar la acogida y la integración de los asilados, que Frontex controle direcamente las fronteras, expulsiones inmediatas a los inmigrantes económicos irregulares y mecanismos voluntarios de solidaridad entre los Estados (cuotas de acogida o dinero para los acogedores). En su visita a Canarias los testigos se refieren a Johanson como “haciéndose la sueca” ante las demandas de solidaridad de las autoridades locales.

Estas políticas han convertido nuestros mares en cementerios, han deshumanizado a los inmigrantes a su llegada, han causado dolor, han favorecido la xenofobia y la explotación laboral de los clandestinos.

El falso efecto llamada

La derecha, la extrema derecha y hasta los gobierno de centroizquierda agitan una y otra vez el espantajo del efecto llamada para negar la acogida, la normalización y hasta el trato humano a los llegados. Si los tratamos bien, si les permitimos quedarse e integrarse -dicen- cada vez vendrán más y seremos invadidos.

La realidad es que estas llegadas masivas en un lugar y momento dado responden a un efecto llamada inverso: puesto que la fortaleza está cerrada a cal y canto, cualquier hueco debe ser aprovechado. En los lugares de origen se produce una histeria colectiva, es ahora o nunca. Cuando se tapa esa brecha se busca otro resquicio y otra vez a empezar. Si la migración fuera ordenada y existieran oportunidades reales de emigrar para los que cumplieran determinadas condiciones esta fiebre colectiva se atemperaría.

Las mafias y el negocio de los muros

Los gobiernos europeos no se cansan de proclamar su lucha contra las mafias, como si ese fuera todo el problema. Las mafias son parte del problema, pero no su origen. Si no puedes viajar legalmente no te queda más remedio que ponerte en sus manos.

Pueden ser grupos delincuentes que tanto trafican con drogas como con seres humanos, como en el norte de Marruecos, que de una manera u otra actúan en connivencia con policías en los países de origen y con otros delincuentes en los de llegada. Pueden ser, también, puras terminaciones de milicias o grupos políticos militares como en el Sahel y Libia. O, simplemente, un pescador de Senegal que ve una buena oportunidad de negocio o un buen día decide echarse al mar con sus amigos para buscar una nueva vida.

Luchar contra las mafias no es detener a los patrones de las pateras, es desmontar el entramado de poder que hay detrás de ellas y eso es imposible si Europa sigue financiando a gobiernos no democráticos y a los oscuros poderes (militares, policiales, religiosos) en los que se sustentan.

Hay otro negocio más lucrativo que el de las mafias y es la industria de los de las fronteras. Según estudio del Overseas Development Institute (ODI) entre 2014 y 2016 los países de la UE gastaron 1.700 millones de euros en vallas, muros y sistemas de vigilancia, y otros nada menos que 15.300 millones en acuerdos con los países de salida. En España, la investigación de la Fundación por Causa ha rastreado el negocio migratorio: 350 empresas distintas han participado en 943 contratos diferentes, a los que España ha destinado a lo largo de 15 años más de 1.000 millones de euros.

Son muchos, en fin, los intereses, económicos y políticos, que alimentan la infamia.

Ordenar una inmigración necesaria para la prosperidad global

Las migraciones han sido uno de los grandes motores de la historia de humanidad. Siempre nos hemos movido y lo seguiremos haciendo huyendo de la violencia o la pobreza, buscando una vida mejor. En la actual globalización las mercancías circulan libremente, las personas no.

No defiendo un mundo sin fronteras, porque supondría que los estados no podrían ya ejercer sus funciones básicas. Defiendo un derecho de refugio y asilo, que puedan invocar no solo los que huyen de la guerra o la persecución, también los afectados por el cambio climático, los desastres naturales o las pandemias. Defiendo que, además, se consagre un derecho universal a la emigración, conforme al cual se pueda acceder a otro país siempre que se cumplan las cualificaciones educativas y laborales en los términos establecidos por cada estado en un sistema de cuotas de inmigración.

Europa es un continente envejecido, África es un continente joven. Hoy la prosperidad económica está en Europa, pero puede que mañana el dinamismo de una población joven cambie las tornas. La inmigración puede ser el motor de una prosperidad compartida.

La inmigración clandestina es la base de un sistema de explotación económica en los países ricos. En los países de origen cercena las posibilidades de desarrollo autónomo, pues son los más formados los que emigran. Las remesas económicas sostienen a las familias, pero las hacen dependiente, a ellas y al país, de un dinero ganado con enorme sufrimiento, que en su inmensa mayoría se destina directamente al consumo.

Es imprescindible que haya posibilidad de una inmigración legal cumpliendo unos requisitos razonables. Un sistema de pasarelas, de entrada y salida legal y flexible, vinculado a inversiones económicas y experiencias de educación compartida, que permitan que, por ejemplo, un joven reciba formación profesional reglada en su país, que le dé acceso en Europa a un trabajo en prácticas o a una residencia temporal que, en determinadas condiciones, pueda convertirse en permanente. Los sistemas de visados por puntos de los países anglosajones privilegian la entrada de migrantes muy cualificados e ignoran la realidad de los puestos de trabajo menos cualificados que los nacionales no quieren ocupar.

La integración no es fácil. En Alemania, del más del millón de personas llegadas en 2015 hoy más de la mitad tienen trabajo, pero son los primeros que lo están perdiendo con la pandemia. El comunitarismo anglosajón crea guetos culturales y el integracionismo republicano francés fracasa ante el hecho de que la discriminación económica y la falta de horizontes lleva a muchos jóvenes de segundas y terceras generaciones a la radicalización islamista. La integración requiere dinero y generosidad, un compromiso firme del Estado y la sociedad de acogida, pero también la exigencia firme del respeto a los derechos humanos, especialmente los de las mujeres, por parte de los inmigrantes y a la aceptación de que sus normas religiosas no pueden ser impuestas en un estado laico.

En un mundo con enormes desequilibrios demográficos y de desarrollo las migraciones seguirán imparables. Lo que tenemos que decidir es si queremos una prosperidad compartida o si preferimos, en nombre de la preservación de nuestra sacrosanta identidad, mantener un sistema criminal.

El Ministerio de la Verdad, la censura, la imparcialidad y otros mitos en la época de la desinformación


“Mientras tú permanecías atento a las elecciones americanas como si te jugases mucho en el desenlace, tu Gobierno, el de España, ha lanzado un blitzkrieg, una ofensiva relámpago, contra tus libertades. En una sola semana ha establecido la censura de contenidos en la prensa y las redes sociales, ha puesto trabas legales a la enseñanza concertada, ha suprimido la cooficialidad del castellano en los planes escolares y se dispone a permitir a Hacienda el allanamiento de tu casa sin aviso ni trámites”.

Ignacio Camacho – Más vale que sea el lechero – ABC 8-11-20

Se ha implantado la censura y yo sin enterarme. La apocalíptica columna de Ignacio Camacho es un perfecto ejemplo de mentiras, distorsión informativa y medias verdades al servicio de una opinión partidista. Como opinión tiene la protección constitucional de la libertad de expresión. Ni esta ni cualquier opinión ha sido censurada en este país, ni puede serlo. Por cierto, si al abrir el enlace solo podemos leer el primer párrafo de la columna no es porque nadie la haya censurado, es porque ABC (como todos los grandes diarios) tiene un muro de pago.

La publicación en el BOE del Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional desató una tormenta de críticas. La Comisión Permanente contra la desinformación creada por la Orden Ministerial fue estigmatizada como si del Ministerio de la Verdad orwelliano se tratara. Llego tarde a la polémica y puede que todo esté dicho. Pero creo que vale la pena mostrar como algunos de los principios (mitos si se quiere) en los que se ha fundamentado tradicionalmente el periodismo se ven confrontados por el fenómeno de la desinformación digital.

El mito de la censura de la Comisión de la Verdad

Leer en el BOE la dichosa orden es un ejercicio fastidioso. Resulta difícil extraer algo de esencia de ese lenguaje burocrático. Regula los procedimientos de coordinación entre los distintos organismos que, de hecho, estaban actuando (con los gobiernos de Sánchez y de Rajoy) en la lucha contra la desinformación y da un estado oficial al punto de conexión con los organismos europeos y el Plan Europeo de Acción contra la Desinformación.

Es importante subrayar que, de acuerdo con el marco europeo al que la Orden se remite, no toda información verificablemente falsa o engañosa debe combatirse -si así fuera, estaríamos ciertamente ante organismos europeos o nacionales que establecerían lo que es Verdad o Mentira- sino solo aquella que perjudique gravemente a los procesos democráticos o a bienes públicos, como la salud, el medio ambiente o la seguridad.

No se establece ninguna forma de censura (control previo a la difusión) ni procedimiento judicial para eliminar informaciones o mensajes. No obstante, que se confíe la monitorización, vigilancia, mitigación y gestión estratégica de las amenazas a una amalgama de órganos de seguridad (Departamento de Seguridad Nacional, Centro Nacional de Inteligencia) y comunicación (Secretaría de Estado de la Comunicación) hace temer una explotación propagandística: que la lucha contra la desinformación se convierta en parte de la política de comunicación al servicio del Gobierno. Preocupante fue aquella declaración del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil de que la institución vigilaba los bulos para minimizar el clima contrario al Gobierno, torpemente matizada luego.

Falta transparencia, por mucho que ahora, ante las críticas, el CNI facilite alguna información sobre los trabajos de su Observatorio contra la Desinformación, en el que -dice- se siguen 32 narrativas que atacan la confianza en las instituciones, el pensamiento científico, los medios de comunicación o el sistema financiero, como el negacionismo climático, la eurofobia, la criminalización de las minorías sexuales o la inmigración, el antisemitismo o el fomento de movimientos independentistas y supremacistas.

La pandemia del Covid-19 ha llegado en los tiempos de la desinformación y se ha convertido en infodemia. Bulos, manipulación informativa, libelos o campañas de propaganda los hubo siempre. Lo nuevo, lo distinto, no es tanto la amplificación que dan las redes sociales a la mentira o la tergiversación de la verdad. Lo diferente es el desprecio a las fuentes, los mensajes anónimos, la asunción acrítica de los mismos, su mayor capacidad de difusión en cuanto que más emocionales y divisivos resulten,  su gestión por máquinas inteligentes y, sobre todo, la inserción de estas técnicas en estrategias de guerra sicológica, tanto a nivel nacional como internacional.

Muchos de los bulos que hemos recibido como remedios milagrosos contra el coronavirus han sido creados por personajes que buscan un beneficio particular, como todos esos falsos doctores de medicinas alternativas. Otros son narcisos que no buscan más que brillar un momento y conseguir likes o seguidores.

El núcleo duro de las medias verdades, tergiversaciones, mentiras palmarias, insultos o descalificaciones proviene, sin embargo, de agentes políticos, más o menos organizados. Su estrategia es crear un clima de tensión, polarización, descrédito del adversario convertido en enemigo, quebrar la confianza en las fuentes expertas y en los procedimientos lentos y complejos de la democracia para promover las soluciones directas, sencillas, milagrosas. Así ganó Trump en 2016; así se fabricó el Brexit; así desarrolla Putin sus guerras asimétricas. Como en el terrorismo yihadista, además de las redes organizadas, miles  de individuos (en el caso del terrorismo), millones (en la guerra de la desinformación) generan mensajes propios siguiendo las pautas de sus modelos. El resultado es devastador para el debate civilizado en el que se basa la democracia.

Las campañas de desinformación cuestionan el sistema democrático en tres dominios esenciales (Tenove, 2020): la soberanía, la limpieza de las elecciones y la calidad de la deliberación pública. El reto es luchar contra estas amenazas respetando la libertad de expresión e información, pero también el derecho a recibir información veraz.

La respuesta en el ecosistema mediático analógico tiene ámbito estatal: cada uno responde por sus mensajes, esta responsabilidad solo puede ser exigida por los tribunales en aplicación del derecho penal (protección de los derechos fundamentales o la seguridad nacional) o civil (protección de los derechos de la personalidad) y solo un juez puede ordenar el cese de la difusión de un mensaje.

En el ecosistema digital estos mecanismos tienen que ser respetados, ningún mensaje puede ser, por ejemplo, eliminado por un funcionario. Hay diferencias sustanciales: los mensajes pueden originarse en otras jurisdicciones, sus autores pueden ser otros estados o grupos terroristas, los autores son a menudo anónimos o se pierden en cadenas virales promovidas por bots, la difusión está gobernada por algoritmos opacos que favorecen los mensajes extremos y son las propias plataformas las que pueden eliminar mensajes sin dar cuenta a nadie.

Hasta el momento no se ha abordado ningún tratado o instrumento del derecho internacional para luchar contra la desinformación. Las respuestas son nacionales, de alianzas militares (OTAN) o de la Unión Europea.

Los estados confían a sus agencias de seguridad la lucha contra la desinformación, unos organismos con una relación cuando menos conflictiva con el respeto de los derechos humanos. Son pocos los ejemplos de transparencia en este terreno, como el de Suecia, donde cada hogar recibe un folleto sobre las campañas de desinformación en curso.

Desde 2019 la Unión Europea tiene un Plan de Acción de lucha contra la desinformación. Se identifican como agentes de la desinformación a Rusia y en menor medida a China y Estados Unidos, pero también a organizaciones políticas europeas. La estrategia pasa por reforzar diversas estructuras para detección temprana de las falsas noticias, la reacción coordinada de los estados miembros frente a ataques exteriores, la promoción de entidades de verificación y la exigencia de un código de buenas prácticas a las plataformas tecnológicas. El objetivo (declarado) del tan denostado protocolo español sería garantizar la participación en el plan de acción comunitario.

No hay patrón común en las respuestas de los estados miembros de la UE, pero Alemania, Italia y Francia han adoptado las medidas más radicales.

En 2017 Alemania promulgó la que es seguramente la ley más rigurosa, la NetzDG o ley reguladora de la aplicación del ordenamiento a las redes sociales. Como su propia denominación indica, su objetivo no es propiamente la lucha contra la desinformación, sino que la comunicación que se vehicula a través de las redes sociales se sujete al ordenamiento jurídico. Las plataformas con más de dos millones de usuarios en Alemania están obligadas a crear mecanismos eficaces para que cualquier particular pueda denunciar mensajes que incurran en alguna de 22 categorías previamente delictivas, relacionadas con la difamación, el discurso del odio, informaciones falsas o propaganda de organizaciones prohibidas. Si el mensaje es manifiestamente ilegal la plataforma tiene 24 horas para retirar el mensaje o 7 días para los casos que no sean evidentes. Las plataformas que no se atengan a este marco pueden ser sancionadas con multas de hasta 50 millones de euros. La ley está pendiente de reforma para obligar también a las plataformas a denunciar judicialmente a los autores de estos mensajes. La norma ha sido polémica dentro y fuera de Alemania, pero la crítica más fundada es que supone, de hecho, la externalización de la potestad estatal sancionadora.

Italia aprobó para las elecciones de 2018 un protocolo que confió a la Policía Postal (¡cuántas policías distintas hay en Italia!) la vigilancia de las campañas de desinformación. Mediante un botón rojo en su página web cualquier ciudadano podía denuncia un mensaje y la propia policía podía discrecionalmente decidir si la información podía considerarse falsa, infundada o difamatoria y, en consecuencia, solicitar una acción judicial. El protocolo fue criticado como un peligro para las libertades de expresión e información por las organizaciones periodísticas y por el relator de la ONU para la libertad de expresión.

El ámbito de la ley francesa contra la manipulación de la información (LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018) es el electoral. Afecta a las plataformas con más de 5 millones de usuarios únicos mensuales y establece jueces especiales que durante el periodo de tres meses precedentes a las elecciones conocen de denuncias de desinformación y pueden ordenar la retirada inmediata del mensaje, si se trata de una información manifiestamente falsa, que se difunda masivamente y de manera artificial y pueda conducir a alterar la paz pública o la sinceridad del escrutinio. Además, el Consejo Superior de lo Audiovisual puede suspender unilateralmente durante la campaña cualquier organización mediática bajo influencia extranjera.

El mito de la imparcialidad periodística

La noche del 5 de noviembre los norteamericanos fueron testigos de un hecho excepcional en la Historia del periodismo. Las cadenas CBS, MSNBC, ABC News cortaron en directo al presidente de Estados Unidos. Trump comenzaba a desarrollar su discurso (anticipado en Twitter): “Si contamos los votos legales, gano fácilmente. Si cuentas los ilegales, nos van a tratar de robar…”. Apenas 27 segundos y los presentadores retomaron la conexión para puntualizar que las acusaciones de fraude de Trump no tenían fundamento alguno.

Que Trump ha sido un gran propalador de la desinformación está fuera de toda duda. Pero que a un presidente elegido legalmente en 2016 y que en esta elección ha obtenido más de 73 millones de votos no se le permita presentar sus argumentos en las cadenas de televisión, por muy falsos que sean, ¿puede considerarse una afrenta a la democracia (Bérengère Viennot, autora de “La langue de Trump”), una forma de censura?

En los tiempos de la desinformación los principios que han inspirado al periodismo anglosajón (y por extensión a todo el periodismo profesional) se han ido diluyendo.

Si históricamente el periodismo europeo (sobre todo el latino) era más opinativo, militante y partidista, los grandes periódicos anglosajones primero y luego las televisiones después, invocaron siempre como principio fundador el del “open market of ideas”: si todas las voces se expresan con libertad, los ciudadanos podrán donde discernir donde se encuentra la verdad.

La función de los medios es encontrar esas voces relevantes, prestarlas difusión, hacerlas dialogar. De manera que ya ese mercado abierto quedaba circunscrito a las decisiones editoriales de los medios, que, de hecho, privilegian a las voces más poderosas e institucionales. Los medios podían tener su definición editorial, pero debían mantener una imparcialidad en las informaciones. Imparcialidad contrapesada por la función de vigilante del poder, cualquier poder.

Un desarrollo aberrante del principio de imparcialidad es el periodismo de declaraciones que tanto se practica entre nosotros: A dice “x”, B dice “y” y el periodista ni pone en contexto estas declaraciones, ni analiza los argumentos, ni los confronta con los hechos, ni abre el diálogo a voces más plurales.

Desde comienzos de este siglo, con la llegada de Fox News, las cadenas de noticias norteamericanas por cable se fueron haciendo cada vez más partidistas. Trump declaró la guerra a los “medios mentirosos”, todos salvo Fox News, donde era una presencia constante y sus mentiras eran amplificadas por el coro de aduladores y sectarios falsos especialistas. Los medios desarrollaron mecanismos de verificación que contabilizaron diariamente las mentiras presidenciales.

Esa noche del 5 de noviembre, en un momento crítico para la democracia, las televisiones decidieron que no podían dejar que en sus pantallas Trump pusiera en cuestión la limpieza del sistema electoral. ¿Censura? No, porque esas declaraciones habían tenido ya más que sobrada difusión. Pero decisión editorial que profundizara la brecha que divide a los norteamericanos y marcará a estos medios como agentes partidistas.

La campaña electoral ha destruido otro mito, el de que las plataformas tecnológicas no son más que la versión digital de ese libre mercado de ideas, sin intervención editorial alguna. Por supuesto que con sus algoritmos dirigen el flujo informativo. Pero durante la campaña, Facebook y Twitter han tomado decisiones todavía más evidentes: eliminar mensajes supuestamente falsos o engañosos, e incluso etiquetar como no ajustadas a los hechos las declaraciones del propio presidente de Estados Unidos. Ahora los legisladores están dispuestos a modificar la norma legal que libera de responsabilidad a las plataformas por los contenidos difundidos.

En una encuesta promovida en abril por la organización Article 19 una mayoría aplastante se mostraba partidarias de que las redes suprimieran las informaciones falsas o engañosas sobre el coronavirus, incluso si la fuente era el presidente o los funcionarios. La desinformación está poniendo en peligro no ya el sistema democrático, sino hasta nuestras vidas. Pero la solución no puede ser sustituir la censura estatal por la censura privada.

La desinformación está ganando. Si no ¿cómo es posible que un 65% de loes españoles piensen que el virus ha sido creado en un laboratorio o que el 40% crea que hay una conspiración detrás de las vacunas? La desinformación es invencible porque su raíz está dentro de nosotros, en las heridas, reales o figuradas, que la sociedad nos inflige, justa o injustamente, en nuestras frustraciones, en nuestros amores y odios, en nuestras creencias, valores e intereses.

Para otra ocasión queda el profundizar en los recursos para luchar contra la desinformación: corregulación, etiquetas, transparencia en las fuentes, instancias de verificación, bloqueo de bots, pluralismo en los medios, educomunicación y, sobre todo, desarrollar los nuevos derechos digitales (propuesta de Carta de Derechos Digitales, sometida a consulta pública). Pero lo esencial es que cada uno de nosotros seamos el fusible que cortocircuite la difusión viral de los mensajes que nos intoxican.

Lecturas

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Guías de verificación

Naufraga el concurso público de RTVE, un fracaso para la regeneración democrática


Las peores previsiones se cumplen: PSOE y PP han llegado a un acuerdo para desnaturalizar el concurso público a la cúpula RTVE.

Finalmente, los partidos mayoritarios han decidido que los grupos parlamentarios propongan a sus candidatos para la designación parlamentaria (previa audiencia) entre los 95 presentados, sin ajustarse al informe de idoneidad emitido por el Comité de Expertos, lo que supone, en la práctica volver al sistema de cuotas.

Esta salida del limbo en que se encontraba el concurso frustra el único experimento para garantizar la independencia de las instituciones constitucionales y autoridades independientes, mediante la introducción de los principios de mérito y capacidad en sistemas de designación y legitimación parlamentaria. Paradójicamente, parece que el precio para rebajar la tensión política es sacrificar la independencia de estas instituciones.

El pretexto para dinamitar el concurso ha sido que el informe de idoneidad no respeta el principio de paridad de género, argumento que analizaré más adelante. La realidad es que los dos grandes partidos nunca han estado cómodos con este procedimiento que limitaba su control sobre los consejeros de RTVE.

Defiendo que el Presidente de RTVE deje de ser su máximo ejecutivo, para ser simple presidente rotatorio de un Consejo de Administración, que contrate por concurso público a un director general, máximo ejecutivo dependiente del Consejo.

También me he referido en otras ocasiones a las deficiencias de diseño de este proceso: oscuridad de las normas; control de proceso por parte de comisiones parlamentarias; valoración de méritos sesgados por la norma en favor de antiguos directivos de RTVE, sobre todo de sus servicios informativos; baremos hechos públicos después de presentados los candidatos… Y si repaso la lista de los 20 considerados idóneos por los expertos encuentro bastantes buenos candidatos a consejeros, muchos menos con experiencia de gestión para la presidencia y unos cuantos bastantes malos, por su trayectoria (no evaluada) de sectarismo y vínculos con las productoras que han parasitado RTVE.

Pues, bien, a pesar de todas estas objeciones creo que el concurso público habría de haberse concluido respetando la selección de los expertos. Otra cosa supone volver a lo de siempre, el enfeudamiento por los mismos partidos que han destruido a lo largo de 40 años la influencia y credibilidad de RTVE.

Pese a que poco parece que se puede hacer ya por sanar este proceso, vale la pena reflexionar sobre algunas cuestiones claves por si en un futuro fuera posible aplicar las lecciones aprendidas a otras instancias.

Idoneidad, evaluación y propuestas partidistas

En los procedimientos de designación parlamentaria de los miembros de las instituciones constitucionales la propuesta de los candidatos parte de los grupos parlamentarios. Resulta, pues, ineludible que los propuestos sean percibidos como vinculados a los grupos proponentes, de modo que profesionales de dilatadas y prestigiosas carreras terminan desacreditados con un sambenito partidista. Por supuesto, los partidos tienen el control del proceso de nombramientos, pero a costa de vampirizar a los candidatos y desacreditar a las instituciones.

En este novedoso proceso de RTVE, los candidatos se han presentado ellos mismos y su idoneidad ha sido evaluada por el Comité de Expertos (por cierto, también elegido por los grupos parlamentarios según su representación) de acuerdo con los criterios establecidos por la Resolución de las Mesas del Congreso y Senado, de 10 de julio de 2018, que es la norma reglamentaria que ha regido el proceso.

El mandato del Comité fue emitir un informe de evaluación de la idoneidad de los candidatos, previa elaboración de un baremo que puntuara los méritos recogidos en el Reglamento. En aplicación de la autonomía que el reglamento (norma segunda) reconoce al Comité, los expertos decidieron que sería idóneos los 20 candidatos que obtuvieran la mejor puntuación y siempre superior a 66 puntos sobre 100. De esta manera, las cámaras podrían designar 10 candidatos entre los 20 declarados idóneos.

En la presente legislatura la Comisión Mixta de Control de RTVE recibe el procedimiento y los recursos pendientes de los candidatos contra el informe de evaluación y solicita asesoramiento a los letrados del Senado de como proceder.

El informe del letrado viene a poner en cuestión todo el proceso. Objeta que no se cumple una representación equilibrada entre hombres y mujeres y -un argumento que ha recibido menos atención, pero que es capital- que el Comité no estaba habilitado para proceder a esa selección de candidatos idóneos y que su función era solo hacer un informe de evaluación no vinculante. Arguye que “constriñe el ámbito de la decisión política de las Cámaras a la hora de elegir a los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE”. En resumen, niega cualquier valor vinculante al informe de idoneidad.

Cualquier función pública tiene que ejercerse en el marco de una autorización habilitante, pero entiendo que el reglamento parlamentario otorga a los expertos no solo el mandato de evaluar los méritos, sino hacerlo para establecer su idoneidad: “el Comité de Expertos emitirá el informe de evaluación de la idoneidad de los solicitantes” (norma tercera del reglamento, la cursiva es mía).

La Comisión de Control ha decidido que los grupos parlamentarios podrán proponer candidatos entre los 95 presentados, lo que deja sin efecto jurídico el informe de evaluación de la idoneidad. Se vuelve al sistema tradicional, de modo que, por mucho que los candidatos hayan tomado la iniciativa de participar en la convocatoria, van a ser propuestos por los grupos parlamentarios, y, serán, por tanto, los candidatos del PP, del PSOE, de Podemos o de cualquier otro grupo.

Supongo que en estos días está en marcha el usual pasteleo: nosotros te proponemos como consejero, pero tendrás que jugar en el equipo del que hemos decidido que sea presidente. Al menos, si no por ética, por lo menos por estética, los candidatos propuestos por los grupos parlamentarios debieran de estar entre los 20 mejor puntuados.

Paridad, mérito y capacidad

La segunda objeción del letrado del Senado y la que preferentemente han alegado los partidos para neutralizar el informe de idoneidad, es que no cumple la representación equilibrada entre hombres y mujeres, como exige en su actual redacción el apartado 1 del art. 10 de la Ley 17/2006 y precisa el reglamento del concurso (norma novena).

Se plantea un interesante conflicto entre el principio de paridad y los de mérito y capacidad, que rigen el acceso a la función pública, art. 103.3 CE a la función pública.

De 95 candidatos, 22 eran mujeres, de modo que ya de partida resultaba complicado garantizar la paridad o representación equilibrada. La valoración de los méritos se hizo con criterios rigurosos de puntuación, igual para todos y los expertos evaluaron el proyecto de gestión (el rubro con más puntuación del baremo) de forma anónima. Y salió lo que salió, 4 mujeres y 16 hombres, que la dolorosa pérdida de Alicia Gómez Montano (con la puntuación más alta), redujo a 3 mujeres.

En un proceso de selección política se pueden establecer mecanismos de equilibrio, como hacen nuestras leyes electorales (listas cremallera) y ha ratificado la jurisprudencia constitucional.

En los procesos de selección por mérito y capacidad también pueden establecerse acciones positivas, que sean, como establece el art. 11 de la Ley de Igualdad, razonables y proporcionadas. Pero esta acción positiva tiene que establecerse por ley y, además, no debe desnaturalizar la propia evaluación de mérito y capacidad. Por ejemplo, hay pendiente un recurso en el Supremo sobre la dotación de plazas de consolidación de empleo en una universidad pública, en el que se da prioridad a las plazas ocupadas por mujeres en los departamentos con menor presencia femenina, pero sin que, una vez sacada la plaza a concurso tengan mejor trato los hombres que las mujeres.

Podría haberse establecido una acción positiva, pero no se hizo. Por ejemplo, crear dos listas, una de hombres y mujeres, evaluarlas separadamente y proponer como idóneos a los 10 primeros hombres y las 10 primeras mujeres. Y si la ley no establecía una acción compensadora el Comité de Expertos no podía hacerlo.

Fuentes

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