Lesbos, Lampedusa, Arguineguín, cárceles migratorias, hitos en la historia de la infamia


Hasta 2.500 inmigrantes han llegado a hacinarse en el muelle de Arguineguín con evidente vulneración de sus derechos más elementales

Perdonaréis que esta entrada tenga un tono inusualmente polémico. No me indigno fácilmente, pero la llamada “crisis” migratoria de Canarias me subleva. Creo que las políticas migratoria europea y española son injustas, inhumanas, ineficientes y perjudiciales para nuestras democracias y economías. Pienso que el enmarque informativo predominante es acomodaticio, poco esclarecedor, cuando no directamente xenófobo. Propongo otros encuadres, pero en esta ocasión -es un desahogo personal- casi sin referencia a otras fuentes.

No, no es una invasión

Llegados a Canarias en lo que va de año: en torno a 18.500 migrantes. Población de Mogán (Arguineguín): 2517 habitantes. Población de Canararias: 2.153.000 habitantes. Población de España: 47.329.981 habitantes. Población UE: 448 millones de habitantes. Para un pequeño municipio la llegada de un contingente de personas que sextuplican su población es un trauma; para una región insular, asistir e integrar a nuevos inmigrantes que supone un 0,86% de su población es un muy difícil reto; pero para España(0,039%) y no digamos para la UE (0,0041%), estas cifras son insignificantes.

No, no es una crisis migratoria, es una crisis de gestión de la inmigración

Desde mediados de 2019 era evidente que, reforzado el control del Estrecho, del Mediterráneo central y del Mediterráneo oriental, la ruta atlántica se estaba reactivando. Y no se tomaron medidas para poner en servicio los mecanismos de acogida creados durante la llamada “crisis de los cayucos” en 2006, cuando en un año llegaron a las islas 36.000 migrantes, desmontados después por el Partido Popular. Clamorosa ha sido la descoordinación entre el Ministerio de Migraciones, con su escasa capacidad de generar recursos y partidario de los traslados a la Península, el del Interior, guardián de la cárcel canaria, el de Defensa, puesto de perfil en la cesión de instalaciones y el de Exteriores, que solo ha reactivado ahora los contactos con los países de origen.

La criminal política de los enclaves cárcel

Lampedusa primero, Lesbos después de manera muy destacada, Ceuta y Melilla siempre, y ahora Canarias, territorios de soberanía europea no continentales, se han convertido en cárceles migratorias. La Unión Europea y sus miembros han decidido que los migrantes no deben llegar a territorio continental para evitar su movilidad por territorio Schengen. Que los que desembarcan en Arguineguín no lleguen a Estocolmo, Amsterdam o Varsovia.

Dentro de estos enclaves se crean campamentos cárceles, se niega el futuro al migrante; se le somete a trato degradante (que es si no mantener a miles de personas hacinadas en muelle, con tres bocadillos al día, con váteres químicos saturados y sin duchas ni agua corriente, ¡con separación temporal de los niños de sus madres!); se les deshumaniza y se hace imposible que los que tengan derecho de asilo o protección puedan ejercerlo (imposible o ineficiente asistencia letrada, devoluciones en caliente tristemente legitimadas esta semana por el Tribunal Constitucional). Que sepan que no saldrán de estas cárceles más o menos acondicionadas.

No importa que de esta manera la acogida sea imposible, que la solidaridad se trueque en estos lugares en xenofobia y que se puedan generar agravios territoriales, que en el caso de Canarias pueden hacer renacer, incluso, sentimientos independentistas.

La política migratoria de la fortaleza europea

Los enclaves cárcel son una de las manifestaciones más extremas de la idea xenófoba de que hay que proteger la fortaleza europea, nuestra riqueza, nuestro modo de vida, nuestra superior cultura, de los bárbaros que acechan a las puertas.

Progresivamente la Unión ha ido ampliando sus competencias migratorias, sobre la base de la distinción entre inmigración regular e irregular y entre derecho de asilo e inmigración económica. La Unión establece las condiciones de entrada y residencia legal de nacionales de terceros países en un Estado miembro, pero son estos los que establecen los cupos de inmigración legal en su territorio. La UE refuerza las fronteras con su propia policía migratoria, Frontex.

Desde el Convenio de Dublín de 1995 se supone que los sistemas de asilo de todos los estados miembros comparten unos mismos estándares en materia de derecho de asilo y el Estado al que llega el solicitante de protección es el que debe decidir si tiene o no derecho a la misma. Cuando Merkel abrió las fronteras alemanas en 2015 a los refugiados sirios el sistema de Dublín saltó por los aires y se hizo patente la falta de solidaridad entre los miembros con el fracaso absoluto del reparto por cuotas propuesto por la Comisión.

La respuesta ha sido externalizar el control migratorio: dinero y cooperación policial para que los bárbaros no nos invadan. Ciertamente no es lo mismo los 6.000 millones de euros del acuerdo de Turquía, entregados en el marco de programas concretos de asistencia a los migrantes, que pagar a Libia por encarcelar y violar los derechos de los migrantes o los acuerdos de devolución con Marruecos, Senegal o Mauritania. Pero con esta externalización Europa es más frágil: está bajo el continuo chantaje de Erdogan, Mohamed VI o de los señores de la guerra de Libia, un chantaje en el que no solo está en juego dinero, sino complejos intereses geoestratégicos.

La Comisaria de Interior, la sueca Ylva Johansson, a la que competen las migraciones ha presentado un plan que está muy lejos de suscitar la unanimidad, ni siquiera la mayoría cualificada que requieren las políticas migratorias. Pasa por agilizar los procedimientos de asilo, garantizar la acogida y la integración de los asilados, que Frontex controle direcamente las fronteras, expulsiones inmediatas a los inmigrantes económicos irregulares y mecanismos voluntarios de solidaridad entre los Estados (cuotas de acogida o dinero para los acogedores). En su visita a Canarias los testigos se refieren a Johanson como “haciéndose la sueca” ante las demandas de solidaridad de las autoridades locales.

Estas políticas han convertido nuestros mares en cementerios, han deshumanizado a los inmigrantes a su llegada, han causado dolor, han favorecido la xenofobia y la explotación laboral de los clandestinos.

El falso efecto llamada

La derecha, la extrema derecha y hasta los gobierno de centroizquierda agitan una y otra vez el espantajo del efecto llamada para negar la acogida, la normalización y hasta el trato humano a los llegados. Si los tratamos bien, si les permitimos quedarse e integrarse -dicen- cada vez vendrán más y seremos invadidos.

La realidad es que estas llegadas masivas en un lugar y momento dado responden a un efecto llamada inverso: puesto que la fortaleza está cerrada a cal y canto, cualquier hueco debe ser aprovechado. En los lugares de origen se produce una histeria colectiva, es ahora o nunca. Cuando se tapa esa brecha se busca otro resquicio y otra vez a empezar. Si la migración fuera ordenada y existieran oportunidades reales de emigrar para los que cumplieran determinadas condiciones esta fiebre colectiva se atemperaría.

Las mafias y el negocio de los muros

Los gobiernos europeos no se cansan de proclamar su lucha contra las mafias, como si ese fuera todo el problema. Las mafias son parte del problema, pero no su origen. Si no puedes viajar legalmente no te queda más remedio que ponerte en sus manos.

Pueden ser grupos delincuentes que tanto trafican con drogas como con seres humanos, como en el norte de Marruecos, que de una manera u otra actúan en connivencia con policías en los países de origen y con otros delincuentes en los de llegada. Pueden ser, también, puras terminaciones de milicias o grupos políticos militares como en el Sahel y Libia. O, simplemente, un pescador de Senegal que ve una buena oportunidad de negocio o un buen día decide echarse al mar con sus amigos para buscar una nueva vida.

Luchar contra las mafias no es detener a los patrones de las pateras, es desmontar el entramado de poder que hay detrás de ellas y eso es imposible si Europa sigue financiando a gobiernos no democráticos y a los oscuros poderes (militares, policiales, religiosos) en los que se sustentan.

Hay otro negocio más lucrativo que el de las mafias y es la industria de las fronteras. Según estudio del Overseas Development Institute (ODI) entre 2014 y 2016 los países de la UE gastaron 1.700 millones de euros en vallas, muros y sistemas de vigilancia, y otros nada menos que 15.300 millones en acuerdos con los países de salida. En España, la investigación de la Fundación por Causa ha rastreado el negocio migratorio: 350 empresas distintas han participado en 943 contratos diferentes, a los que España ha destinado a lo largo de 15 años más de 1.000 millones de euros.

Son muchos, en fin, los intereses, económicos y políticos, que alimentan la infamia.

Ordenar una inmigración necesaria para la prosperidad global

Las migraciones han sido uno de los grandes motores de la historia de la humanidad. Siempre nos hemos movido y lo seguiremos haciendo huyendo de la violencia o la pobreza, buscando una vida mejor. En la actual globalización las mercancías circulan libremente, las personas no.

No defiendo un mundo sin fronteras, porque supondría que los estados no podrían ya ejercer sus funciones básicas. Defiendo un derecho de refugio y asilo, que puedan invocar no solo los que huyen de la guerra o la persecución, también los afectados por el cambio climático, los desastres naturales o las pandemias. Defiendo que, además, se consagre un derecho universal a la emigración, conforme al cual se pueda acceder a otro país siempre que se cumplan las cualificaciones educativas y laborales en los términos establecidos por cada estado en un sistema de cuotas de inmigración.

Europa es un continente envejecido, África es un continente joven. Hoy la prosperidad económica está en Europa, pero puede que mañana el dinamismo de una población joven cambie las tornas. La inmigración puede ser el motor de una prosperidad compartida.

La inmigración clandestina es la base de un sistema de explotación económica en los países ricos. En los países de origen cercena las posibilidades de desarrollo autónomo, pues son los más formados los que emigran. Las remesas económicas sostienen a las familias, pero las hacen dependiente, a ellas y al país, de un dinero ganado con enorme sufrimiento, que en su inmensa mayoría se destina directamente al consumo.

Es imprescindible que haya posibilidad de una inmigración legal cumpliendo unos requisitos razonables. Un sistema de pasarelas, de entrada y salida legal y flexible, vinculado a inversiones económicas y experiencias de educación compartida, que permitan que, por ejemplo, un joven reciba formación profesional reglada en su país, que le dé acceso en Europa a un trabajo en prácticas o a una residencia temporal que, en determinadas condiciones, pueda convertirse en permanente. Los sistemas de visados por puntos de los países anglosajones privilegian la entrada de migrantes muy cualificados e ignoran la realidad de los puestos de trabajo menos cualificados que los nacionales no quieren ocupar.

La integración no es fácil. En Alemania, del más del millón de personas llegadas en 2015 hoy más de la mitad tienen trabajo, pero son los primeros que lo están perdiendo con la pandemia. El comunitarismo anglosajón crea guetos culturales y el integracionismo republicano francés fracasa ante el hecho de que la discriminación económica y la falta de horizontes lleva a muchos jóvenes de segundas y terceras generaciones a la radicalización islamista. La integración requiere dinero y generosidad, un compromiso firme del Estado y la sociedad de acogida, pero también la exigencia firme del respeto a los derechos humanos, especialmente los de las mujeres, por parte de los inmigrantes y a la aceptación de que sus normas religiosas no pueden ser impuestas en un estado laico.

En un mundo con enormes desequilibrios demográficos y de desarrollo las migraciones seguirán imparables. Lo que tenemos que decidir es si queremos una prosperidad compartida o si preferimos, en nombre de la preservación de nuestra sacrosanta identidad, mantener un sistema criminal.

Fascismo 3.0


Germany Europe Nationalists

Cumbre de la ultraderecha. Pretty, Le Pen, Salvini, Wilders reunidos en Coblenza 21-1-16

Pretty, Le Pen, Salvini, Wilders. En la foto faltan al menos Farage, Orban, Kaczynski. Son los representantes del nuevo fascismo europeo. Sus santos patronos son Trump, Putin, Erdogan. Ya han vencido antes de disputar las elecciones. Fillon, Rutte, Seehofer, las derechas de siempre, llevan en sus programas lo esencial de las medidas de la ultraderecha.

Fascismo 1.0. Fascismo 2.0. Fascismo 3.0.

El fascismo 1.0, el de los años 20 y 30: el de Mussolini (1.1), ultraconservador y católico; el de Hitler (1.2) revolucionario y autodestructivo; el de los émulos de Mussolini en la Europa del sur y el este, los Franco, Salazar (1.3).

Fascismo 2.0: los nostálgicos del fascismo 1.0 y los pelotones de choque de jóvenes descerebrados, cabezas rapadas, siempre minoritarios, pero con una enorme capacidad de desestabilización.

Fascismo 3.0, el de American First, el del Brexit, el de regreso de los muros a Europa.

Todos los fascismos tienen un hilo conductor común: el miedo y el odio al otro. Hay que leer de nuevo El miedo a la libertad, la obra en la que Erich Fromm analiza, desde una perspectiva histórica y psicoanalítica, las pulsiones que llevaron a la clase media alemana a echarse en manos de Hitler.

Convivir con el diferente no es fácil sin una pedagogía social. Cuando desde los poderes políticos, religiosos y culturales (de un lado y otro) se exacerba la diferencia, el otro es confinado o se autoconfina en un gueto. Eran los guetos judíos de la Europa oriental de principios del siglo XX, o salvando las distancias, son los banlieus franceses. Pero cuando llega un cataclismo social entonces el otro ya no es simplemente alguien ajeno, sino el enemigo a eliminar.

En los 20 y los 30 el cataclismo fue primero la Gran Guerra y después la Gran Depresión. La clase media se entregó a las partidas de la porra, que sintió que la defendía de las masas obreras revolucionarias. Anuladas las libertades, exterminadas las fuerzas revolucionarias, la única manera de lanzar la economía era poner en marcha la máquina de guerra. Y proyectar el odio acumulado contra el otro, judío, gitano, homosexual.

Nuestro cataclismo ha sido una globalización que ha roto el pacto socialdemócrata y ha dejado atrás a las clases populares, un cataclismo con cuenta gotas que se ha exacerbado con la Gran Recesión: paro, precariedad, menores salarios, destrucción de los servicios públicos.

Las políticas europeas han marcado ya al chivo expiatorio. La falta de verdaderas políticas de integración, la política migratorio que prácticamente hace imposible el acceso legal a la fortaleza europea y ahora la negación del derecho de asilo, en palmaria violación de los tratados internacionales, muestran al migrante y al refugiado como un peligro.

A diferencia del fascismo 1.0, el fascismo 3.0 no propone sustituir la democracia por un sistema totalitario. Su pretensión es una democracia nacional, esto es, una democracia sin derechos para los otros, una democracia de identidad, una democracia de valores tradicionales excluyentes, con gobierno fuertes y desaparición de contrapoderes. La democracia de Putin y Erdogan. Una democracia autoritaria, que quiere acabar con lo bueno y lo malo de la globalización, con el cosmopolitismo, con el derecho y las instituciones internacionales.

En Estados Unidos todas las medidas de Trump (que como Hitler hace lo que dice) van en la dirección de esa democracia nacional. Ya veremos si los contrapoderes y la resistencia social le paran.

En Europa si Le Pen ganara la presidencia de Francia, la Unión Europea podría darse por liquidada. Las guerras comerciales que Trump va a desencadenar y la implosión de la Unión Europea podrían ser el verdadero cataclismo de nuestra tiempo. Y entonces las escuadras del fascismo 2.0 serían de gran utilidad a este fascismo postmoderno 3.0. Mientras tanto, inyectan sus políticas excluyentes en nuestra sociedad. Restricciones a la libre circulación, vallas, muros, rechazo del derecho de asilo.

¿Qué hacer? Desde luego resistir, resistir en el terreno en el que hoy se libra la batalla cultural, en el ciberespacio, en las redes sociales. Acoger, de acuerdo con nuestras posibilidades. No negar las realidades y los problemas, con cuestionamientos radicales del sistema que no conducen a ninguna parte. No es lo mismo Trump que Clinton. No es lo mismo Putin que Merkel. Si dejamos caer a la Unión Europea, rechazándola como expresión de la dominación neoliberal, con ella se irán nuestro derechos, nuestra prosperidad y nuestra paz.

PS. Ya que este artículo adolecía de enlaces, aquí dejo este artículo de The Guardian sobre la vigencia del pensamiento de Anna Harendt. Como uno de los estudiosos de Arendt dice si pensamos que el mal es una persona podemos confrontarlo, pero ahora el mal es banal y se manifiesta en una serie de decisiones cotidianas que poco a poco cambian nuestras vidas.

Los muros de Europa


Como millones de europeos he disfrutado de mis vacaciones en el Mediterráneo. Mientras, centenares de miles trataban de superar el muro líquido. Miles han muerto en el intento. Nuestra pasividad es culpable. No basta sentir compasión. Voluntarios y ongs (Médicos Sin Fronteras rescatando naúfragos) no pueden salvar la responsabilidad de todos. Es hora de que la indignación fuerce un cambio de política en los estados y en la Unión Europea. Pero al menos en España todo el mundo está en campaña electoral y no parece que la acogida de los que, simplemente, buscan una vida digna, vaya a estar en lo alto de la agenda.

Que salvado el Mediterráno los muros y las fronteras se multipliquen de un país a otro es un fracaso de la Unión Europea. Es consecuencia de la falta de una política de asilo e inmigración común.

La inmigración económica no se detendrá mientras la brecha económica entre las dos orillas sea gigantesca. Promover desarrollo y democracia son las soluciones a largo plazo para que nadie se vea forzado a buscar un futuro mejor lejos de su tierra. Pero ahora el motor de la crisis son las guerras de Libia, Irak, Siria, Sudán, Afganistán, Eritrea.

En el caso de Siria se ha dejado a los países vecinos, sobre todo a Jordania y Líbano, con una enorme carga. No es que la política europea fuera muy eficaz en las guerras de la antigua Yugoslavia, pero al menos hubo acogida y ayuda. Ahora, la Unión Europea tendría que estar dando asistencia a los países de acogida y crear en los campos de Turquía, Jordania y Líbano oficinas para solicitar refugio. Todo menos esos terribles peregrinajes para finalmente queda varados en una estación húngara.

Es paradójico que el gran Orban haya levantado un muro de espino en la frontera con Serbia. En el verano del 88 fueron los policías húngaros los que cortaron las alambradas que separaban de Austria, para que puedieran pasar los miles de alemanes orientales que habían decidido aprovechar las vacaciones para saltar a Occidente. Aquella avalancha, favorecida por los comunistas reformistas húngaros, fue el principio del fin del muro de Berlín.

Recorrí en el otoño del 2001 la frontera entre Hungría y Serbia. En el reportaje “La Europa que viene” de En Portada queríamos contar como sería la nueva Europa a la que iban a incorporarse los países ex comunistas. Uno de los temas, que decidimos centrar en Hungría, era el de la gestión de las fronteras exteriores. Entonces, lo que se planteaba era la relación con los países de la antigua Yugoslavia que acababan de terminar un ciclo de guerras. Así, la perspectiva era conectar dos autopistas, una húngara, otra serbia, que terminaban abruptamente a pocos kilómetros de la raya fronteriza (Tito siempre temió una invasión soviética desde Hungría). Catorce años después hay un nuevo muro de separación.

En Hungría revisamos también los irredentismos históricos. La nostalgia de la Gran Hungría, el territorio previo a la desmembración que supuso el Tratado del Trianón después de la I Guerra Mundial, ha sido un motor constante de la política húngara. Orban ofrece pasaporte a todos los nacionales de países vecinos húngaros de origen. Identidades, pasaportes, yo y el otro. Justamente, en el sur de Hungría estos sentimientos identitarios son más fuertes y la acogida de los refugiados más difícil. Orban finalmente está actuando con total desprecio para la dignidad de los que que buscan llegar como sea a Alemania -al final más generosa que los “solidarios” mediterráneos. La mala gestión de la crisis por parte del gobierno húngaro está estallándole en pleno centro de Budapest.

No sé si los que llegan a nuestras fronteras quieren ser europeos, pero perciben a Europa como un lugar de paz y dignidad. Y los estamos defraudando.

(Dejo aquí el vídeo de la “Europa que viene”)

 

Confesión desencantada de un español aspirante a europeo


Firma del Tratado de Adhesión – 12 de junio de 1985

Europa en Suma organiza la próxima semana una jornada para reflexionar sobre la tres décadas pasadas desde que España firmaba su adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea.  Se nos invita a sus socios a colaborar con nuestra reflexiones. Pues esta es la mía.

Primero un recuerdo personal. Por entonces yo luchaba por crear bases documentale en los Servicios Informativos de TVE. Y para ello trabajaba con un sistema Mistral, que incluía hardware y software de la empresa francesa Honeywell Bull. Al tiempo que RTVE adquirieron este equipamiento el Congreso, el Senado y varios ministerios. Mistral (¡ay! ¡qué nostalgia de los nombre poéticos de la tecnología francesa de los 80!) venía en el mismo paquete que el AVE o la entrega de etarras. Herramientas imprescindibles para la modernización, pero adquiridas como contrapartida negociadora, muchas veces sin un dimensionamiento riguroso de costes y necesidades. Me parece que al menos durante la primera década en Europa se compraron demasiados “paquetes llave en mano” y se entregaron a cambio sectores que necesitaban modernizarse, pero que no era necesario liquidar.

Como muchos sentí que la adhesión significaba que ya “semos europeos”. Esto es, que no cabía marcha atrás en la democracia y el progreso económico. Y que podíamos reforzar el ala de los países federalistas, dirigida por una Francia tantas veces desdeñosa, pero de la que ahora nos convertíamos en un importante aliado. Ingenuamente pensaba que eran posibles los Estados Unidos de Europa, un polo de democracia social, equilibrador de la democracia capitalista norteamericana y del bloque comunista, ya en proceso de franca descomposición.

Por supuesto no me afectaron los cambios de la política agraria. Ciertamente el campo español necesitaba un redimensionamiento, pero desde la ciudad no nos preocupaba demasiado que pasaba con las explotaciones lecheras tradicionales. No sabíamos -ni sabemos, ni nos importa- de donde viene la leche que consumimos en bric. Pensabamos que si las imposiciones se proyectaban sobre el calibre de las fresas o los pepinos la cosa no tenía más trascendencia.

Tampoco me vi afectado por las reconversiones industriales, años de verdadera revuelta social que se apagaron con ayudas sociales imprescindibles, pero que dejaron un desierto industrial, que es una de las causas de la dureza de la actual crisis. Reconvertir se reconvirtió poco, cerrar y destruir, mucho.

Ilusionantes era los grandes proyectos de Delors. La mayor parte quedaron en nada. Entonces apareció la meta de la moneda única y con ella los criterios de Maastrich. Domeñar la deuda, el déficit para llegar al euro, con el coste de una crisis, infinitamente más suave que la actual. Desde entonces se ha hecho cada vez más evidente que el adn de la Unión es el economicismo, la competitividad, la prioridad de las empresas sobre los ciudadanos.

Afortunadamente aparecen algunos resquicios, como el Protocolo Adicional al Tratado de Ámsterdam que permite a los estados definir tan ampliamente como deseen el servicio público de la radio y la televisión, delimitando eso sí su financiación pública: que se limite al coste neto del servicio, que sea proporcionado y no incurra en competencia desleal.

En 2001 tuve la oportunidad de recorrer los países del centro y este de Europa que se preparaban para su adhesión. Todavía encontré algún eco de admiración por la transisión española (sobre todo en Polonia), pero estaba claro que los nuevos socios se iban a orientar a la derecha, en el bando de los que quieren mercado, pero no unión. Luego, serían la “nueva Europa” de Rumsfeld.

Todavía a la hora del referendum sobre la Constitución Europea defendí que era un paso adelante hacia la unión política, frente a tanto amigos que la veían como la consagración del neoliberalismo. Como dije antes, ahora me parece que la constitución material se rige por un principio esencial: competitividad empresarial. Por cierto ¿qué fue de la Europa Social?.

Ahora siento a menudo vergüenza de esta Europa de 28 países y más de 500 millones que se pelea para reapartirse 40.000 refugiados. Una Europa al que le pesa Grecia y sólo censura con la boca pequeña la deriva hacia la dictadura del húngaro Orban. Una Europa que aprovechará el chantaje de Cameron para ser todavía menos Europa y más mercado, más intergubernamental y menos unión. Una Europa cada vez más dominada por partidos postfascistas (¿por qué llamarlos populistas?), fascistas 3.0, por ahora sin uniformes, pero que quieren destruir cualquier atisbo de solidaridad.

Por supuesto que el balance también tiene mucho de positivo. Ahí están los erasmus, ahí está la protección del consumidor. Ahí quedaron los fondos estructurales y de cohesión, que España no utilizó tan mal como Grecia o Italia. Pero tengo la sensación que más que déficit democrático tenemos impotencia democrática. Da igual lo que se vote a nivel nacional o europeo, esa constitución material de la competitividad empresarial está siempre por encima. Se me dirá que eso es consecuencia de la globalización. De acuerdo, pero yo creía que la Unión Europea era el ámbito para integrarnos en una globalización eficiente y solidaria. ¡Qué iluso!

Las telefónicas tienen que financiar el servicio público audiovisual francés


El Tibunal Europeo de Justicia ha declarado conforme al derecho comunitario el impuesto especial que graba a los operadores de telecomunicaciones franceses y que se destina a financiar a las radiotelevisiones públicas. La sentencia, un precedente para el similar caso español, llega cuando en nuestro país parecía que el gobierno preparaba la reintroducción de la publicidad en TVE.

 

La sentencia: tasas e impuestos especiales

El fallo ha sido una sorpresa porque la mayoría de los expertos apostaban por la abrogación del impuesto especial.

La interpretación dominante -la sostenida por la Comisión en su demanda ante el TEJ- era que la Directiva de autorización de redes y servicios electrónicos de 2002 no permitía grabar a los operadores de telecomunicaciones con cargas impositivas que no fueran destinadas a cubrir los gastos administrativos ocasionados por la gestión, el control y la ejecución del régimen de autorización general.

El Tribunal (adoptandola posición de la República Francesa, apoyada por España y Hungría) entiende  que esa es una intepretación extensiva. Que la tasa que la Directiva regula está vinculada a los gastos originados por la autorización de la actividad y que nada impide a un estado miembro imponer otras cargas fiscales distintas. La regulación de la tasa pretende hacer transparente y no discriminatorio el sistema de autorización y que el estado no condicione la expedición de la autorización a unos gravámenes abusivos.

Para entender la cuestión hay que recordar la clásica distinción del derecho tributario entre tasas e impuestos especiales.

El hecho tributario es en la tasa el beneficio obtenido por el sujeto como consecuencia del disfrute del dominio público o de la prestación de un servicio público. Como recuerda el Tribunal, las tasa (redevances en el derecho francés) tienen carácter remuneratorio. La carga tributaria establecida por la Directiva es una tasa vinculada a la prestación del servicio de autorización.

En cambio, los impuestos especiales gravan una actividad económica específica del sujeto tributario, sin que éste reciba una prestación pública. El Tribunal viene a considerar el gravamen como un impuesto especial (aunque no utiliza esta terminología), que no está vinculado a la prestación del servicio de autorización y que, por tanto, el estado francés puede establecer soberamente, sin que entre en conflicto con la Directiva. Entre otros argumentos, el Tribunal considera que el hecho de que sólo estén obligados los operadores con ingresos superiores a los 5 millones de euros indica que es un gravamen no general y, por tanto, no vinculado al proceso de autorización.

 

El precedente para el caso español

España espera la resolución de un caso prácticamente idéntico. El precedente parece decisivo para desestimar la demanda de la Comisión, pero la experiencia dice que es temerario dar por hecho el sentido de cualquier sentencia en cualquier instancia judicial.

El gobierno Zapatero copió la ocurrencia de Sarkozy de eliminar la publicidad en la televisiones públicas, y establecer, en cambio, un gravamen sobre las televisiones privadas y los operadores de telecomunicaciones. Pero hay diferencias que pueden pesar en la futura sentencia:

– Como en Francia, en España no todos los operadores están sujetos al gravamen. Si en Francia lo están los ingresen más de 5 millones de euros, en España (art. 5 L. 8/2009) el gravamen pesa sobre los de ámbito estatal o superior a una comunidad autónoma, siempre que presten servicios audiovisuales.

En España se hace una vinculación expresa entre el gravamen y los beneficios obtenidos por los operadores en atención a la nueva regulación de las telecomunicaciones, especialmente la ampliación de los servicios de banda ancha y móvil, la supresión de la publicidad y la renuncia de RTVE a los contenidos de pago o acceso condicional (ar. 5 L. 8/2009).

Esta vinculación podría llevar a calificar de tasa a este gravamen, en cuanto vinculado a unos beneficios, pero en cualquier caso no creo que pueda entenderse que el gravamen es una tasa de autorización, porque no está vinculado a la administración y gestión de la autorización.

 

¿Qué hacemos con la financiación de RTVE?

La abolición de la publicidad fue un regalo político a las televisiones privadas. UTECA, como es lógico, se ha felicitado por sentencia. El ministro de Hacienda e incluso la vicepresidenta Santamaría venían sugiriendo la vuelta de la publicidad.Habrá que esperar a la sentencia sobre España, pero si es desestimatoria de la demanda, el gobierno va a tener muy cuesta arriba volver a instaurar los anuncios. Rajoy, tampoco amigo de conflictos, respiraría tranquilo, al no tener que enfrentarse al poderos lobby de la teles privadas.

Que se superen los obstáculos jurídicos, no quiere decir que el sistema no tenga que ser revisado a la luz de la actual crisis económica.

Soy contrario a la reintroducción de la publicidad, primero porque se perdería la principal seña de identidad con la que audiencia identifica al servicio público, y, segundo, porque si la publicidad se convirtiera dde nuevo en la principal fuente de financiación el Estado se inhibiría en garantizar la suficiencia financiera para cumplir la misión de servicio público, que quedaría, así, a los azares del mercado publicitario.

Nada pasaría, en cambio, si se admitiera la publicidad como fuente de financiación secundaria, con muy estrictas limitaciones (por ejemplo, no más de cuatro minutos por hora, sin interrupción de ningún programa y sin presencia en franjas de especial protección de los menores). Por el momento, hay que clarificar el uso de patrocinios culturales, para que por esa vía no se cuelen disparates como, por ejemplo, anuncios de juegos deportivos que parecen están vinculados al uso por Estudio Estadio de las imágenes del fútbol de la segunda división.

Lo imprescindible es un contrato-programa que establezcan específicamente la programación que supone la misión de servicio público y garantice su financiación.

 

FUENTES

Sentencia de 27 de junio de 2013 TEJ que declara conforme al derecho comunitario el impuesto sobre los operadores de telecomunicaciones franceses destinada a financiar las radiotelevisiones públicas

 

Directiva 2020/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva de autorización) [Diario Oficial L 108 de 24.4.2002]

 

Art. 12 Directiva 2020/20/CE

1. Las tasas administrativas que se impongan a las empresas que presten un servicio o suministren una red al amparo de la autorización general o a quienes se haya otorgado un derecho de uso:

a) cubrirán en total solamente los gastos administrativos que ocasionen la gestión, el control y la ejecución del régimen
de autorización general, de los derechos de uso y de lasobligaciones específicas a que se hace referencia en el apartado
2 del artículo 6, pudiendo quedar incluidos gastos de cooperación internacional, armonización y normalización,
análisis de mercado, respeto de las normas y otros controles de mercado, así como el trabajo de regulación relativo a
la preparación y puesta en práctica de derecho derivado y de decisiones administrativas, como pueden ser decisiones
sobre el acceso y la interconexión; y

b) se impondrán a las empresas de una manera objetiva, transparente y proporcional, que minimice los costes administrativos adicionales y las cargas que se deriven de ellos.

2. Cuando las autoridades nacionales de reglamentación impongan tasas administrativas, publicarán un resumen anual
de sus gastos administrativos y del importe total de las tasas recaudadas. A la vista de la diferencia entre la suma total de las tasas y los gastos administrativos, deberán introducirse los reajustes adecuados.

 

Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación RTVE

 

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2011: el año en que se rompió el pacto social y democrático


La Cumbre de Bruselas de los días pasados ha alumbrado un mecanismo intergubernamental de transferencia de la soberanía fiscal para salvar el euro. No sabemos si el euro sobrevirá, pero estamos casi seguros de que entraremos en una nueva profunda recesión. Con ser eso malo lo terrible es que el acuerdo de 26 países europeos da la estocada final al maltrecho pacto social sobre el que se ha basado la Europa democrática de los últimos sesenta años.

La Europa que salió de la II Guerra Mundial se construyó sobre un respeto a los derechos civiles y políticos (con algunas limitaciones en el contexto de la Guerra Fría) y el desarrollo de los derechos sociales y económicos a través de los servicios públicos. La Constitución española asumió ese modelo en su fórmula más avanzada, justo en vísperas de la contrarrevolución conservadora, que durante treinta años ha ido desmontando pieza a pieza el estado social.

La integración europea -en una tensión permanente entre lo confederal y lo federal- ha aportado un enorme progreso económico, una homogeneización burocrática, una mayor aproximación entre los pueblos. Pero también ha sido vehículo de esa degradación del Estado Social y Democrático de Derecho. La dimensión social nunca pasó de la ilusión, mientras que por la vía de la regulación del mercado único la Unión Europea ha sido la coartada para implantar el neoliberalismo económico.

La crisis ha sido la gran oportunidad para dar la vuelta definitiva a la tortilla. La llamada “reglad de oro” de la estabilidad fiscal, exigida por Alemania y que ahora vendrá impuesta por el futuro tratado intergubernamental, so capa de tratarse de un mecanismo técnico, subvierte la naturaleza social del Estado, ahora incapaz de utilizar la política fiscal para poner sus recursos al servicio de los derechos de los ciudadanos. España ya ha sido pionera en esta rendición para congraciarse, sin mucho éxito, con los mercados.

Los estados europeos ya entregaron su política monetaria al Banco Central Europeo. Ahora van a transferir su política fiscal a un directorio de los gobierno, encargando la vigilancia a la Comisión Europea (nombrada por los gobiernos) y con una serie de mecanismos automáticos de sanciones. Se rompe así una regla esencial de cualquier democracia. “sin representación no hay impuestos”.

En esta Europa las decisiones no las van a tomar los ciudadanos a través de sus representantes, ni siquiera los gobiernos mediante acuerdos intergubernamentales. Las tomarán tecnócratas conectados con las instituciones financieras, supuestamente independientes, pero altamente ideologizados y vinculados a los intereses de los bancos de inversión de los que han salido.

Hace poco Lula decía que “Europa es un patrimonio democrático que la humanidad debe preservar”. Suena a especie en vías de extinción. ¿Pueden en estas condiciones los prepotentes mandatarios europeos pedir a China que respete el medio ambiente y trate mejor a sus trabajadores? No, ahora es China quien nos da lecciones y nos exige que desmontemos el estado del bienestar para prestarnos ese dinero imprescindible para la supervivencia del euro.

Durante tres décadas muchos nos hemos podido sentir plenamente identificados con nuestra Constitución, pese a sus deficiencias y las concesiones que exigió la Transición. Hoy ya no siento esa identificación. No me voy a echar al monte y seguiré defendiendo todo lo que tiene de valioso, pero ya no es la Constitución de 1978.

Ayer se cumplía el 63º aniversario de la Declaración de Derechos Humanos y el 50º del nacimiento de Amnistía Internacional. Si miramos para atrás veremos cuanto se ha avanzado en el respeto de los derechos civiles y políticos, en la lucha contra la impunidad. Pero del mismo modo en que los derechos sociales sin derechos políticos son dádivas graciosas que manipulan gobiernos demagógicos, sin derechos sociales la ciudadanía pierde la base para ejercer los derechos políticos. Queda la esperanza de que ante nuevos desafíos se encontrarán nuevas respuestas. El movimiento de los indignados es un primer atisbo de buscar otra forma de hacer política.

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El hundimiento


De la consolidación financiera al caos

Los presagios son tan malos que espero me permitáis este baño de pesimismo

Hasta las últimas horas de la Batalla de Berlín Hitler seguía moviendo divisiones inexistentes sobre el mapa. En las últimas semanas me vienen a la mente las escenas de “El Hundimiento” la película de Olivier Hirschbiegel, adaptación del libro de Joachim Fest. Merkozy, como Hitler en Berlín con sus divisiones virtuales, movilizan fondos que no existen e imponen rescates imposibles que nos llevan al desastre.

Grecia, al borde del corralito. París y Berlín conspirando para expulsar de la UE a los manirrotos. Las instituciones europeas reducidas a la más absoluta irrelevancia.

Los mercados ya no sólo imponen ajustes, ahora también invisten gobierno. A ningún inversor le importaba la falta de carisma y brillantez de Papandreu; menos aún la falta de vergüenza y el populismo de Berlusconi. Pero ahora ya no suscitan confianza. Sus puestos los van a ocupar tecnócratas serios y fiables, diseñadores de las mismas políticas ortodoxas que nos han llevado al borde del abismo. Que causalidad que los Monti, Papademos, Draghi tengan todos algún punto de conexión con Goldman Sachs.

Aquí nos preparamos para dar la más potente mayoría absoluta de la democracia al partido que propone exacerbar esas mismas políticas. ¿Será MAFO el presidente de un gobierno de emergencia nacional dentro de un año?

Como los pobres latinoamericanos de la “década pérdida”, que tanta lástima nos daban, ahora dependemos de poderes externos. Poderes económicos. Y también políticos. China ahora nos da lecciones: si quieren nuestro dinero desmonten el estado del bienestar. O dicho de otra manera, trabajar y vivir como chinos (entre otras cosas, sin libertad política). Se acabó lo de dar lecciones de derechos humanos.

Por si faltaban fuegos artificiales Netanyahu nos los quiere ofrecer. La filtración de la pasada semana de que un ataque a Irán divide al gobierno israelí es una operación de política interna a corto plazo. Pero por si acaso, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, o mejor su jefe Yukiya Amano,  prepara el terreno. Que los ayatolás (un régimen nefasto para su pueblo y la paz mundial) no admitan inspecciones libres no quiere decir que se esté cerca de la bomba atómica. Sadam no permitió inspecciones y no tenía armas de destrucción masiva.

Un rayo de esperanza: el movimiento global de resistencia, entre el poder y la legitimidad -Beck dixit.

Para fustigarme otro rato me voy a ver el telediario. Os dejo con una secuencia bien significativa de “El Hundimiento”.

Vergüenza de Europa


Vergüenza de esa Europa que aplaude las revoluciones e interviene “humanitariamente”, pero rechaza a los refugiados.

Vergüenza de la Europa que deja morir en el mar a los que huyen de la guerra o la miseria.

Vergüenza de la Europa que es incapaz de establecer una política de acogida solidaria para 30.000 refugiados o inmigrantes.

Vergüenza de la Europa que se entrega a la xenofobia, de la Europa cuyos gobiernos se pliegan a los partidos neofascistas que han ayudado a crecer con su populismo.

Vergüenza de la Europa que abandona las políticas de integración.

Vergüenza de la Europa que impone planes de ajuste que hunden a los países en la recesión.

Vergüenza de esa Europa donde el componente social no existe.

Vergüenza de la Europa que ya no es más que un mercado.

Vergüenza de la Europa que obliga a los servicios públicos a competir con las empresas privadas en condiciones desfavorables.

Muchos abrazamos el ideal de la integración europea. Los gobiernos europeos han secuestrado ese ideal, le han vaciado de contenido y utilizan a las instituciones europeas como una camisa de fuerza para sus propios países. La regeneración de Europa es imprescindible.

Es urgente buscar alternativas a la financiación de RTVE


El pasado 30 de septiembre la Comisión Europea exigió a Francia y España que pongan fin a las tasas impuestas a los operadores telefónicos para financiar a las radiotelevisiones públicas.

Como era previsible, la Comisión declara contrarias al art. 12 de la Directiva de los Servicios Electrónicos estas tasas, por considerar que no financia los costes regulatorios del mercado de las telecomunicaciones, sino el déficit originado en los servicios públicos de la radio y la televisión por la supresión de la publicidad.

Los requerimientos, en forma de dictámenes motivados, dan dos meses ambos a Estados para que modifiquen su legislación. De no ser atendido el requerimiento, la Comisión llevaría el caso al Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo.

El Gobierno dice estar seguro de la conformidad del sistema con la legislación europea y el presidente de RTVE, Alberto Oliart, avanza que España y Francia pueden ir de la mano en su defensa ante el Tribunal de Luxemburgo.

Las perspectivas de ganar el caso en Luxemburgo son escasas, porque desde su sentencia de 2003 en el caso Albacom ha sentado una jurisprudencia que se resume en este fallo:

” (La Directiva) prohíbe a los Estados miembros imponer a las empresas titulares de licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones, por el mero hecho de poseer tales licencias, cargas pecuniarias, como la controvertida en los asuntos principales, distintas de las autorizadas por dicha Directiva y que se añaden a éstas.”

Para CC.OO, el gobierno pretende que sea el Tribunal el que dé la última estocada a RTVE y prpone volver al sistema anterior.

Sea cuál sea el fallo, el problema lo será para el gobierno salido de las próximas elecciones. Si la sentencia es contraria, habría que devolver las tasas recaudada con sus intereses y costas. Zapatero ya tiene bastantes problemas como para rectificar en esta cuestión, pero lo único sensato sería abordar ya un nuevo modelo de financiación.

Manteniendo la tasa sobre las televisiones privadas y la transferencia de la tasa sobre el espacio radioeléctrico las alternativas para sustituir a la financiación de las telefónicas son:

– Canón. Difícil de implantar en plena recesión y con altos costes de administración.

– Elevar la tasa de las televisiones privadas, verdaderas beneficiarias de la supresión de la publicidad.

– Reinstaurar una publicidad limitada. Tiempos limitados, sin posibilidad de interrumpir programas. Serviría también para normalizar el mercado publicitario.

Creo que la solución más apropiada sería una mezcla de las dos últimas alterntativas.

(Otras entradas: Más sobre financiación de RTVE,El calvario de la financiación de los servicios públicos de radio y televisión)

Poder gitano


Europa en Suma dedicó su Hora Europea de ayer a los Gitanos en la UE. La cuestión central que se planteó en una tertulia muy estimulante fue ¿debe la UE reconocer a los gitanos como un pueblo europeo sin territorio y dotarles de una representación al máximo nivel?

La propuesta partió de Miguel Fonda, presidente de la Federación de Asociaciones de Rumanos en España (FEDROM). Fonda, español hijo de exilados rumanos, recordó que los gitanos fueron legalmente esclavos en Rumanía hasta 1860 y que hoy, todavía muchos gitanos viven en situaciones de marginación equivalentes a la esclavitud. Se nos recordó también por un asistente el genocidio gitano perpetrado por los nazis.

Por todo ello, Fonda defendió que el pueblo gitano, un pueblo sin territorio ni Estado, conquiste poder y autonomía (empoderamiento, apoderamiento) y adquiera una representación institucional al máximo nivel como uno de los elementos constitutivos de la identidad europea. Este apoderamiento debería de ir acompañado de políticas sociales para lograr su integración.

Esta propuesta tiene un primer desarrollo indiscutible. Son los propios gitanos los que deben tomar en sus manos su destino, adaptando su cultura al mundo de hoy y promoviendo líderes comunitarios que puedan ser interlocutores con las autoridades locales.

Más discutible me parece una representación política como pueblo europeo. Porque entiendo que no se trata de formar un consejo asesor de la Comisión o el Parlamento, sino de una verdadera instancia política con competencias definidas. ¿Cómo insertar este poder en la complicada arquitectura institucional de la UE? ¿Cómo elegirla? ¿Por sufragio universal?. Y, sobre todo ¿no supondría fragmentar la ciudadanía?

Muy relacionada con este debate estuvo la intervención de Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana, dependiente del Ministerio de Cultura. Fernández, que definió la fundación que preside como un órgano político, defendió la suma de identidades en una única ciudadanía. Hoy -dijo- la integración de los gitanos españoles es un modelo para Europa. Pero nos recordó cómo si del siglo XV al XVIII la política española ante los gitanos fue la expulsión en el XIX y el XX, hasta la democracia, fue la reclusión.

Francisco Fonseca, director de la Representación de la Comisión Europea en España, ilustró brillantemente el derecho a libertad de circulación y residencia a partir de la Directiva 2004/38 (pdf, directrices de la Comisión para su trasposición). La Comisión ha emplazado a Francia para que su legislación interna cumpla la normativa europea en materia de expulsiones, de modo que éstas estén sometidas a un conjunto de garantías procesales.

Por su parte, el embajador de Eslovaquia, Jan Skoda, resumió el desarrollo de proyectos europeos para la integración de los gitanos en su país.

La operación xenófoba de Sarkozy nos ha recordado a todos que un pueblo europeo, el gitano, merece la justicia que se le ha negado durante siglos.

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