La verdad, la mejor arma contra el neofascismo


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Vox se ha convertido en un agente institucional que no puede ser ignorado por los medios

El auge espectacular de Vox en las elecciones de ayer en España requiere análisis profundo. Pueden aventurarse algunos factores que parecen obvios, como la polarización de la campaña en torno a Cataluña y en menor medida la exhumación de Franco, la falta de respuesta a Abascal en el debate de los líderes y el hundimiento de Ciudadanos. Mi hipótesis es que, además, ha sido decisiva su presencia institucional en los medios.

Vox obtuvo  por primera vez representación institucional relevante en las elecciones andaluzas de octubre de 2018, con casi un 11% de los votos. Hasta ahí, sus armas propagandística básica eran las redes sociales y la propagación de bulos, muy adecuadas para un partido antisistema. Desde entonces, y sobre todo, con su entrada en el Congreso de los Diputados con 24 escaños (2.688.092, 10,26%) y grupo parlamentario propio Vox se normalizó, se convirtió en un agente institucional, que los medios no podían obviar. Y desde ahí, como hacen todos los partidos neofascistas, han conseguido marcar la agenda informativa y condicionar la conversación pública.

Los medios no pueden ignorar a un partido que representa en torno a un 10% de los españoles. Dar voz a Abascal y a los suyos no es blanquearlos.  Blanquearlos es no contestar a sus mentiras. No recuerdo una campaña en la que menos se hayan analizado nuestros problemas reales y las respuestas de los partidos. Todo ha sido un circulo vicioso sobre Cataluña y las responsabilidades del bloqueo.

Los medios son responsables del alza de Vox por renunciar a su labor de clarificación y contextualización. Y por magnificar (sobre todo las televisiones) los disturbios nocturnos de Cataluña, sin que yo quiera negar la gravedad de la crisis social, política y constitucional de Cataluña. Por supuesto, los medios con una línea editorial a la derecha han estado oscilando entre el apoyo al PP y Vox, con una clara apuesta de la caverna mediática por Abascal, el líder fuerte que siempre habían añorado.

Vox ha vertido en el molde neofascista las pulsiones nacionalistas y de extremaderecha que el PP había remansado durante décadas.

Vox, como otros partidos neofascistas, alienta el odio al otro, el inmigrante y el «separatista», apuesta por soluciones radicales inviables y divisivas, se aglutina en torno a un macho alfa y desata una guerra ideológica en nombre de los valores conservadores.

Como todos los fascismos 3.0 explota la inseguridad. Hasta ahora sus propuestas económicas eran ultraliberales, pero últimamente empieza a conectar con el proteccionismo propio de estos movimientos: autonomías o pensiones, cuestionamiento de la Unión Europea, proteccionismo comercial, pero, por supuesto, bajando los impuestos a los más ricos.

Vox, como sus correligionarios, dice defender el Estado de Derecho, pero está dispuesto a vaciarle de contenido y convertirle en lo que ahora se llama democracias iliberales con propuestas como la ilegalización de los partidos independentistas, detenciones gubernamentales, estados de excepción. Rompe, además, consensos constitucionales, el Estado de las Autonomías, la lucha contra la violencia de género. Vox es un partido anticonstitucional.

Durante los últimos meses plataformas de verificación han luchado contra los bulos y la desinformación. La tarea era ingente y es difícil evaluar en que medida hayan podido  impedir la proliferación del virus de la desinformación. Los medios tienen que seguir con esta tarea de verificación, pero no es suficiente.

Periódicos, radios y televisiones comprometidos con los valores constitucionales deben dar a Vox la cobertura que le corresponda, según su representación y sus acciones. Pero deben luchar por limpiar la agenda, no dejándose llevar por falsas polémicas, diseñando desarrollos informativos en profundidad y a largo plazo sobre las grandes cuestiones: globalización, inmigración, emergencia climática, valores constitucionales, la búsqueda de soluciones de consenso para la crisis territorial, el valor de la Unión Europea, violencia de género, nuevas identidades personales y familiares, desigualdad económica, desarrollo sostenible, digitalización…

No se trata de dar respuesta a cada barbaridad o provocación, sino reconstruir la esfera pública sobre la base de la verdad y el debate no sectario. Por supuesto, los medios privados pueden adoptar posiciones editoriales explícitas, los públicos no.

La verdad es la mejor respuesta al neofascismo.

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De Siria a Túnez, imágenes que nos cuentan otra historia


Si antes de empezar a leer has visto el vídeo, habrás quedado atrapado en el dolor de esta madre. En mi caso, estas imágenes andan rondándome  por la cabeza desde hace unos días.

¿Por qué habéis matado a mi hijo? ha sido el grito desesperado de la mujer a lo largo de la historia. No hacen falta palabras ajenas que subrayen el dolor y la rabia, casi ni es necesario entender la pregunta desgarrada.  Son imágenes catárticas que responden a un código universal.

Como intento explicar a mis alumnos, en televisión, cuando las imágenes hablan, cállate y déjalas hablar por si mismas, no las anules o enturbies con palabras innecesarias. Pero también hay que desentrañar lo que las imágenes dicen más allá de lo evidente, lo que connotan, lo que esconden detrás de la emoción.

En este caso nos explican más de lo que parece la naturaleza de la guerra de Siria.

Diplomáticos y funcionarios apenas si se atreven a mirar a esta madre que les espera a la salida del hotel donde se desarrollan las conversaciones Ginebra II. ¿Sienten vergüenza o son indiferentes al dolor? No lo sabemos, pero por supuesto no han matado con sus manos al hijo de esta mujer, Abbas Khan, un médico ortopédico de nacionalidad británica, asesinado después de torturado, tras ser capturado cuando prestaba asistencia médica en una zona controlada por los rebeldes.

Ellos no le han matado, pero son, a su pesar o no, engranajes de un régimen asesino. Pueden ser burócratas obedientes o convencidos seguidores de Asad. Pueden ser sunníes o más probablemente alauíes. La dictadura de los Asad garantizaba estabilidad, protección a las minorías y tolerancia para las élites occidentalizadas. Ahora, seguramente algunos de estos funcionarios estarán horrorizados con los crímenes cometidos por el régimen, pero ahí siguen, por convicción, interés o miedo, tanto al propio régimen como, seguramente más, al califato yihadista.

Khan era uno de tantos inmigrantes, hijo de inmigrantes o vástago de las élites de países musulmanes que estudian en el Reino Unido y ejercen allí su profesión. Bachir el Asad podía seguir siendo a estas horas oftalmólogo en Londres si su hermano, el llamado a suceder a su padre, «el león de Damasco», no hubiera muerto. Abbas Khan escuchó la voz del deber (ético, profesional o religioso) para acudir a Oriente a salvar vidas. Bachir volvió a Damasco, pensábamos que para democratizar el régimen. En realidad regresó para convertirse en el carnicero de Damasco. Y, hoy por hoy, no parece que se pueda poner fin a la guerra sin algún pacto con él.

El Parlamento de Túnez aprueba su Constitución. Este segundo vídeo es, desde luego, menos impactante, pero para mi también emocionante. Aquí la empatía no nace de compartir el dolor, sino de compartir experiencia. También las imágenes cuentan una historia profunda (aunque en este caso el vídeo, por la forma en que está editado, no sea tan rotundo).

No he visto en ningún lugar que la aprobación de una ley o una constitución vaya acompañada de una emoción tan sincera. Esos hombres y mujeres que cantan el himno nacional y se abrazan están convencidos de vivir un momento histórico. No ha terminado la transición tunecina, que comenzó justo hace tres años con la caída de Ben Alí, pero se han superado momentos muy difíciles que podrían haber llevado al enfrentamiento entre islamistas y no islamistas. Unos y otros han cedido y han pactado. Es la esencia de un consenso constitucional.  Mañana comenzará la lucha política y ya veremos que apoyo electoral logra cada uno, pero ahí unas reglas comunes en las que todos están de acuerdo, sin exclusiones. ¡Qué diferencia con Egipto!

 

La segunda Restauración


Regreso a este espacio (a veces las exigencias de la vida real dejan anuladas las actividades de la vida virtual) con una reflexión en paralelo entre la primera Restauración (1874-1923) y el régimen democrático nacido con la Constitución de 1978 que,  a efectos retóricos, llamaré la segunda Restauración.

La idea es que nuestro régimen democrático sufre en estos momentos una sacudida semejante a la que supuso el Desastre del 98 para la primera Restauración.

La primera Restauración vino a poner fin al periodo convulso (1868-1874) en el que se ensayaron varios regímenes democráticos (la monarquía democrática de Amadeo, la república unitaria y la república federal). Se instaura una monarquía limitadan en la que la soberanía reside en el Rey con las Cortes. El monarca retiene funciones ejecutivas, entre ellas la decisiva de disolver las Cortes. La Constitución de 1876 incluye un elenco de derechos, en buena medida recuperados del periodo revolucionario, pero cuya eficacia queda condicionada al desarrollo legal, siempre limitador. El sufragio es censitario, es decir, los electores no son los ciudadanos sino los propietarios.

La esencia del régimen político de la primera Restauración era el turno de partidos y el caciquismo. Las élites se turnan en el poder: conservadores, representantes de los propietarios agrarios y del catolicismo tradicional, y liberales, representantes de las élites industriales y financieras y del libre pensamiento. El poder real se ejerce a través de una red clientelar cuyas terminaciones últimas son los caciques locales. El ministro de Gobernación realiza el «encasillado» estableciendo el reparto de escaños antes de los comicios.

El sistema funcionó hasta la pérdidad de las colonias en 1898. Entonces el país se preguntó sobre su propia identidad (los noventayochistas), pero sobre todo aparecieron las grandes cuestiones: la obrera, la regional, la militar, la religiosa. Los partidos del turno se fraccionaron, las reivindicaciones obreras fueron reprimidas violentamente, el ejército se convirtió en una fuerza desestabilizadora y no se encuentró el modo de encajar constitucionalmente las exigencias de autonomía de la burguesía catalana.

En definitiva, a partir del 98 entra en crisis la legitimidad del régimen, que sobrevirá hasta el golpe de Primo de Rivera, pero en medio del desafecto de las clases populares y de buena parte de las élites.

El régimen de 1978 es también una restauración en la medida en que reinstala la monarquía, pero se asienta en una legitimidad democrática concretada en el estado social y democrático de derecho. Junto a la monarquía, ahora meramente representativa, se introducen en la Constitución concesiones hacia los poderes fácticos, pero el balance es una democracia moderna y avanzada, comparable, al menos jurídicamente, con cualquier otra europea. En este sentido, denominar a este régimen segunda Restauración no deja  de ser injusto, pues pone en primer término y como elemento central la monarquía y sugiere una comparación con el régimen de democracia limitada de 1876, pero, en fin, seguiré usando aquí el término como digo a efectos retóricos.

El mayor paralelismo entre las dos restauraciones reside en el sistema de partidos. En la segunda el turnismo se ha convertido en bipartidismo. Las elecciones son libres y no se pautan desde un despacho ministerial, pero el sistema electoral, los medios de comunicación y el deseo de estabilidad del electorado nos han conducido a una situación en la que los dos grandes partidos no sólo dominan la administración, sino que quieren hacer valer sus políticas partidistas en todas las instituciones democráticas cuya independencia subvierten. Y por si fuera poco el caciquismo, siempre latente, se ha revitalizado en las redes clientelares de las autonomías.

La crisis ha roto uno de los pilares de la legitimidad: el estado social. El pacto social se ha roto y su manifestación más solemne fue la modificación  por la vía rápida para introducir el déficit cero. En estas condiciones no puede sino crecer la desafección popular, que hasta ahora había soportado el asfixiante bipartidismo y la corrupción clientelar. Pero se mantiene todavía otro pilar de legitimidad, que es el estado de derecho. El estado de derecho se encuentra también amenazado por la leyes represivas que quieren controlar un estallido social.

La monarquía, otro pilar de la legitimidad, más simbólico que real, también se resquebraja. El caso Urdangarín o la cacería del rey no son más que las manifestaciones más evidentes. La monarquía castiza de Juan Carlos o la tecnocrática de Felipe no ofrecen un modelo de identificación y unidad a los españoles. Perisiste la sagrada unión del altar, el trono y las armas, completadas últimamente con el papel de representante de los intereses de las multinacionales españolas.

Más de tres décadas después la Constitución de 1978 requería una reforma:

– Para actualizar la carta de derechos, agregar derechos de cuarta generación y mecanismos de efectividad de los derechos sociales:

– Delimitar con mayor precisión el estatus del monarca;

– Limitar los poderes de los partidos;

– Agilizar el funcionamiento de las instituciones constitucionales;

– Modificar el sistema electoral:

– Introducir mecanismos de participación popular interactiva;

– Convertir el estado de las autonomías en un verdadero estado federal;

– Precisar las transferencias de soberanía a la Unión Europa y establecer mecanismos de control democrático.

Desgraciadamente pienso que esa reforma no es posible. En este momento, dado el equilibrio de fuerzas, cualquier reforma constitucional serían regresiva.

Después del 98 la primera Restauración vivió casi un cuarto de siglo en crisis hasta que la legitimidad dictatorial de Primo de Rivera la suspendió y la legitimidad republicana la sustituyera en 1931. En nuestro caso, no se adivina más legitimidad alternativa que la que representa 15 M. El movimiento ha sido capaz de influir en la agenda social y mediática y proyectar nuevos valores, pero su carácter de red le hace de alguna manera autosuficiente e incapaz de aglutinar una alternativa política real mayoritaria.

No creo que esta segunda restauración viva una agonía de 25 años. En el siglo XXI el tiempo corre más deprisa.

(Gracias a los que hayáis llegado al final de este largo texto, en absoluto adapatado a la concisión, estilo directo y enlaces propios de la entrada en un blog. A veces uno necesita expresarse en un formato más tradicional.)

2011: el año en que se rompió el pacto social y democrático


La Cumbre de Bruselas de los días pasados ha alumbrado un mecanismo intergubernamental de transferencia de la soberanía fiscal para salvar el euro. No sabemos si el euro sobrevirá, pero estamos casi seguros de que entraremos en una nueva profunda recesión. Con ser eso malo lo terrible es que el acuerdo de 26 países europeos da la estocada final al maltrecho pacto social sobre el que se ha basado la Europa democrática de los últimos sesenta años.

La Europa que salió de la II Guerra Mundial se construyó sobre un respeto a los derechos civiles y políticos (con algunas limitaciones en el contexto de la Guerra Fría) y el desarrollo de los derechos sociales y económicos a través de los servicios públicos. La Constitución española asumió ese modelo en su fórmula más avanzada, justo en vísperas de la contrarrevolución conservadora, que durante treinta años ha ido desmontando pieza a pieza el estado social.

La integración europea -en una tensión permanente entre lo confederal y lo federal- ha aportado un enorme progreso económico, una homogeneización burocrática, una mayor aproximación entre los pueblos. Pero también ha sido vehículo de esa degradación del Estado Social y Democrático de Derecho. La dimensión social nunca pasó de la ilusión, mientras que por la vía de la regulación del mercado único la Unión Europea ha sido la coartada para implantar el neoliberalismo económico.

La crisis ha sido la gran oportunidad para dar la vuelta definitiva a la tortilla. La llamada «reglad de oro» de la estabilidad fiscal, exigida por Alemania y que ahora vendrá impuesta por el futuro tratado intergubernamental, so capa de tratarse de un mecanismo técnico, subvierte la naturaleza social del Estado, ahora incapaz de utilizar la política fiscal para poner sus recursos al servicio de los derechos de los ciudadanos. España ya ha sido pionera en esta rendición para congraciarse, sin mucho éxito, con los mercados.

Los estados europeos ya entregaron su política monetaria al Banco Central Europeo. Ahora van a transferir su política fiscal a un directorio de los gobierno, encargando la vigilancia a la Comisión Europea (nombrada por los gobiernos) y con una serie de mecanismos automáticos de sanciones. Se rompe así una regla esencial de cualquier democracia. «sin representación no hay impuestos».

En esta Europa las decisiones no las van a tomar los ciudadanos a través de sus representantes, ni siquiera los gobiernos mediante acuerdos intergubernamentales. Las tomarán tecnócratas conectados con las instituciones financieras, supuestamente independientes, pero altamente ideologizados y vinculados a los intereses de los bancos de inversión de los que han salido.

Hace poco Lula decía que «Europa es un patrimonio democrático que la humanidad debe preservar». Suena a especie en vías de extinción. ¿Pueden en estas condiciones los prepotentes mandatarios europeos pedir a China que respete el medio ambiente y trate mejor a sus trabajadores? No, ahora es China quien nos da lecciones y nos exige que desmontemos el estado del bienestar para prestarnos ese dinero imprescindible para la supervivencia del euro.

Durante tres décadas muchos nos hemos podido sentir plenamente identificados con nuestra Constitución, pese a sus deficiencias y las concesiones que exigió la Transición. Hoy ya no siento esa identificación. No me voy a echar al monte y seguiré defendiendo todo lo que tiene de valioso, pero ya no es la Constitución de 1978.

Ayer se cumplía el 63º aniversario de la Declaración de Derechos Humanos y el 50º del nacimiento de Amnistía Internacional. Si miramos para atrás veremos cuanto se ha avanzado en el respeto de los derechos civiles y políticos, en la lucha contra la impunidad. Pero del mismo modo en que los derechos sociales sin derechos políticos son dádivas graciosas que manipulan gobiernos demagógicos, sin derechos sociales la ciudadanía pierde la base para ejercer los derechos políticos. Queda la esperanza de que ante nuevos desafíos se encontrarán nuevas respuestas. El movimiento de los indignados es un primer atisbo de buscar otra forma de hacer política.

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Reforma de la Constitución: TVE no puede acallar las voces que piden referendum


La reforma express de la Constitución modifica profundamente el sentido del estado social y democrático de Derecho que proclama su art. 1. Bajo la apariencia de una regla técnica de política presupuestaria lo que se hace es introducir la concreción del dogma neoliberal, con la práctica renuncia a la política fiscal al servicio de los derechos fundamentales.

Como se ha visto en el Pleno del Congreso de esta mañana el consenso constitucional de 1978 se ha roto. Por eso, aunque formalmente no es necesario el referendum, la única forma de restaurar ese acuerdo sustancial sería mediante una consulta popular.

TVE está cayendo en el error de reducir el pluralismo inserto en su misión de servicio público a un  puro pluralismo institucional, limitándose a dar voz a las fuerzas parlamentarias en función de su número de escaños, y acallando incluso la disidencia dentro del Partido Socialista. Más grave aún: las únicas voces sociales que se escuchan son las de los economistas neoliberales, como los de FEDEA, cuyo presidente se prodiga en los telediarios y en el lamentable Informe Semana del sábado pasado.

TVE fue sectaria en momentos de pasadas crisis. Lo fue con la crisis de los GAL, con una entrevista con Sancristobal de 12 minutos abriendo un telediario. Fue sectaria con la huelga general (y las ce ce oo oo de Urdaci) y por ello fue condenado en los tribunales. Y fue sectaria con la guerra de Irak, con sus documentales de armas de destrucción masiva. Por no hablar del 11-M…

TVE se juega en estos días la legitimidad que sus informativos han conquistado en los últimos años.

PS.- El Informe Semanal del sábado 3 de septiembre (Reforma deficitaria) fue un buen reportaje en el que estuvieron correctamente representadas las distintas opciones. No obstante, su carencia más importante fue no explicar cómo va a funcionar la reforma y las relaciones entre déficit corriente y déficit estructural.

Túnez: los dilemas de la transición


La revolución del Jazmín, revolución popular

El pueblo de Túnez ha derrocado al dictador. La revolución es suya y sólo suya. No de Twitter ni de WikiLeaks; no de Anonymus; no del Departamento de Estado ni del Quay d’Orsay.

Como puede leerse en Nawaat, «del acto desesperado de Mohamed Bouazizi ha nacido una ola de indignación que se ha convertido en una fuente de esperanza». Por supuesto que los tunecinos (con un  nivel de desarrollo más que aceptable) han utilizado en su movilización los medios sociales, ante el silencio de los medios tradicionales censurados, pero el incendio se hubiera extendido del mismo modo sin Facebook ni Twitter en una sociedad de pequeñas ciudades y pueblos muy próximos, donde la calle y los cafetines siguen siendo el espacio público por excelencia.

El jazmín es el símbolo de Túnez, así que está bien bautizar a esta revuelta como la «revolución del jazmín». Pero no nos engañemos. El olor del jazmín puede disiparse enseguida.

El largo proceso a la democracia

Finalmente, la huida de Ben Alí ha abierto un escenario que es una mezcla entre el escenario democrático y el escenario continuista, que aventuraba en mi última entrada. La entrada en un gobierno de unidad nacional de los representantes de la oposición es más un símbolo que un cambio real de poder. El primer ministro, el ministro de defensa, el jefe del ejército… seguirán controlando los aparatos de poder político y económico, pero ya sin legitimidad, por lo que su decisiones serán difíciles de aplicar.

El peligro es que los viejos clanes se reciclen y «todo cambien para que todo siga igual», en poder de los mismos.

La clave de cualquier transición política son unas elecciones democráticas y la asunción de una Constitución que consagre la nueva legitimidad. No se pueden celebrar elecciones en 60 días, porque ninguna opción democrática estaría preparada y porque lo primero que tiene que cambiar es la ley electoral. Pero tampoco se puede elaborar y refrendar una Constitución (como por ejemplo se propone en Nawaat) porque sus redactores carecería de legitimidad democrática.

Estas son algunas ideas sacadas de la transición democrática, especialmente desde el referendum para la reforma política (el cambio de legitimidad) en diciembre de 1976 hasta las primera elecciones en junio de 1977.

– El gobierno de unidad nacional debiera centrarse en superar el caos y hacer funcionar el país. Tan pronto como la tranquilidad vuelva a las calles, debiera derogar todas las normas represivas y eliminar censuras en los medios privados y públicos,

– El gobierno, las fuerzas políticas y sociales tienen que negociar un calendario y una nueva ley electoral , pero esa negociación debiera de hacerse en una comisión amplia en la que todos estuvieran representados y no ser una decisión tomada en el seno del propio gobierno, que a la fuerza no podría ser neutral.

– El gobierno de unidad nacional debiera negociar un pacto social con el sindicato UGTT y los empresarios para evitar que la transición se lleve por delante la economía tunecina.

– Con libertad de expresión y un clima de efervescencia política surgirán nuevas opciones y nuevos líderes. Repásense esos seis meses de enero a junio de 1976 en España y se verá cómo pueden cambiar las cosas cuando una transición va en serio.

– Las elecciones conformarían un parlamento constituyente.

– En todo el proceso es básica la neutralidad del ejército. El nuevo gobierno tiene que encontrar mandos policiales con las manos no manchadas de sangre. Los responsables de las masacres de estas semanas podrían ser juzgados de inmediato, pero una Comisión de la Verdad, que hiciera la luz sobre un cuarto de siglo de represión, tendría que esperar a después de las elecciones.

– Paralelamente se podría constituir una comisión de investigación sobre la corrupción, pero no podría funcionar con verdadera independencia hasta que no se celebraran las elecciones democráticas. Más allá de confiscar las propiedades de Ben Alí, sólo será posible una limpieza a fondo una vez elegido un parlamento constituyente. Como me recuerda mi amigo Alberto Marinero no es despreciable el riego es que la revolución se reduzca a repartirse los bienes de Ben Ali entre nuevos clanes de poder.

– Los apoyos exteriores serán decisivos para la consolidación de la democracia y de las nuevas opciones. Los europeos debemos exigir a nuestros gobiernos un apoyo a todas las fuerzas sociales y políticas, en un amplio arco, siempre que estén seriamente comprometidos con la democracia. Y a la Unión Europea asistencia técnica y económica para paliar las consecuencias económicas de la revuelta y de esta difícil transición.

 

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