Por unas instituciones independientes: no a las cuotas partidistas


Estamos en plena guerra política sin cuartel por el control de las instituciones ¿Mayoría absoluta, 2/3, 3/5? ¿Magistrados, consejeros, progresistas o conservadores? No. Instituciones independientes en las que sus miembros sean elegidos por concurso de sus méritos profesionales.

La reforma y/o renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es la expresión más destacada de esa guerra política. Amenaza con convertirse en una crisis constitucional, ya está dañando la reputación democrática de España y puede abrir graves conflictos con la UE. Pero el problema es extensivo a otros órganos constitucionales, destacadamente el Tribunal Constitucional y el Consejo de Administración de RTVE y al conjunto de instituciones y autoridades reguladoras independientes.

La única vía explorada hasta ahora para profesionalizar estas instituciones es el concurso público para el Consejo de Administración de RTVE. Lamentablemente, los partidos parecen dispuestos a dar el carpetazo a esta iniciativa, cuando es la única alternativa al sistema de cuotas hasta ahora vigente que, si siempre ha sido cuestionable desde un punto de vista democrático, hoy es inviable en un escenario de polarización y fragmentación parlamentaria.

La exigencia de mayorías parlamentarias cualificadas (2/3, 3/5) podría haber forjado consensos de todas las fuerzas políticas en los mejores candidatos, pero en su lugar ha derivado en un sistema de reparto de cuotas partidistas negociadas fuera de toda transparencia: tantos para ti, tanto para mí, te cambio tres vocales del CGPJ por un magistrado constitucional…

A estas alturas del siglo XXI y en la presente situación españolas es urgente introducir en la práctica de la división de poderes unas instituciones constitucionales e independientes más profesionales y menos dependientes de los partidos.

Separación de poderes

Una democracia exige separación de poderes. Establecer esferas de poder separadas para el legislativo, el ejecutivo y el judicial evita la concentración absoluta del poder (“el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”) y ordena las funciones del Estado. Sin la separación de poderes no puede existir el Estado democrático.

En una democracia avanzada, además de tres clásicos poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, existen otras instituciones: tribunales constitucionales, defensores de los derechos humanos, autoridades independientes reguladoras neutrales de determinadas actividades. Se construye, así, un complejo edificio de pesos y contrapesos.

Los poderes clásicos u originarios, legislativo, ejecutivo y judicial emanan de la soberanía nacional que reside en el pueblo (art. 1.2 CE).

Esa soberanía se expresa mediante el voto popular, de él se derivan el poder legislativo y el gobierno y de ahí su fuerte conexión con la opinión pública y la tentación de todo gobierno de invocar el mandato popular por encima de los controles que garantizan la separación de poderes.

Poder Judicial

La legitimidad del poder judicial, en cambio, es puramente funcional y está inescindiblemente unida a su independencia: solo jueces independientes pueden juzgar y hacer cumplir lo juzgado, solo jueces independientes pueden garantizar el gobierno de las leyes, el Estado de Derecho. Porque el poder judicial lo constituyen todos y cada uno de los jueces y magistrados, no sus órganos de gobierno.

Hay tres sistemas de selección de los jueces: la elección popular, la designación por parte del ejecutivo o el legislativo y el acceso a la carrera por medio de oposiciones y concursos.

La elección popular (aplicada en alguno estados de Estados Unidos) puede parece muy democrática, pero se conjuga mal con la independencia -que es la razón de ser de la institución- y puede derivar en un populismo judicial. Peor, desde luego, es la designación por el ejecutivo o el legislativo, por mucho que el designado cuente luego con garantías como la inamovilidad. El sistema más funcional y que mejor garantiza la independencia es el de juez de carrera, imperante en la Europa continental. Se accede a la carrera por la superación de unas prueba (oposición, concurso de méritos), en ella se progresa y se accede a los distintos destinos judiciales por una mezcla de méritos y antigüedad, al menos hasta los tribunales superiores. Los jueces de carrera son inamovibles. El sistema de recursos garantiza la coherencia en la interpretación de las leyes.

Hasta la II Guerra Mundial los jueces de carrera eran gobernados por el ejecutivo, por los respectivos ministerios de Justicia. Las constituciones democráticas del último tercio del siglo XX introducen órganos de gobierno de los jueces, que rompen, con mayor o menor intensidad, la dependencia gubernamental en materia de nombramientos y potestad sancionadora. En España, la Constitución toma como modelo el Consejo Superior de la Magistratura italiano y crea el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El CGPJ es órgano de gobierno de los jueces: el poder judicial no se autogobierna.

El art. 122.3 CE establece que el CGPJ estará constituido, además de por el presidente del Tribunal Supremo, por 20 miembros: 8 elegidos por las cámaras por mayoría de 3/5 entre abogados y juristas de reconocida competencia y más de 15 años de ejercicio profesional y por 12 jueces y magistrados en los términos que determine la Ley Orgánica. La L.O 1/1980 (art. 12) estableció la elección de los 12 vocales judiciales por la elección directa de jueces y magistrados, mientras que la L. O. 6/1985, del Poder Judicial, encomienda la elección a las Cortes, por mayoría de 3/5 “partiendo de la base de que se trata del órgano de gobierno de un Poder del Estado, recordando que los poderes del Estado emanan del pueblo y en atención al carácter de representantes del pueblo soberano que ostentan las Cortes Generales”. La sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986 declara constitucional este sistema de selección. La finalidad del art. 122.3 de la CE es garantizar que la composición del Consejo refleje el pluralismo social, lo que se puede lograr por la elección directa, con el riesgo de politización de la carrera, pero también por la selección parlamentaria con mayoría de 3/5. El Tribunal advierte contra la tentación de subvertir el consenso en un sistema de cuotas partidarias:

“Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido [pluralismo] y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaría de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial.”

STC 108/1986

Simplifico, y sin referencia a la reforma del PP sobre las decisiones del CGPJ por mayoría, paso a exponer mi opinión:

  • La elección directa de los vocales manifiesta el pluralismo de jueces y magistrados, pero corre el riesgo del corporativismo y de politizar todos los escalones de la carrera, cuando ahora las etiquetas políticas solo afectan a los más altos.
  • Tan legítima y constitucional es la elección directa por los jueces como la parlamentaria, siempre que se mantengan los 3/5, pues no parece de recibo que el consenso para elegir a los jueces sea inferior del que la Constitución requiere para los juristas de prestigio.
  • La elección por mayoría absoluta significaría una inaceptable e inconstitucional dependencia gubernamental.
  • El bloqueo del proceso de elección, esgrimiendo vetos a unos u otros partidos, es un gravísimo atentado al espíritu constitucional y una irresponsabilidad política.
  • Tanto atentan contra la independencia judicial y la separación de poderes los miembros del gobierno que descalifican a un juez, como los jueces de los tribunales superiores que hacen declaraciones institucionales contra reformas legislativas en curso.

El caso de RTVE

RTVE no es un órgano constitucional, pero la Constitución (art. 20.3) remite su organización y control parlamentario a la ley, que deben garantizar el pluralismo social. Pero esa expresión del pluralismo en sus órganos de gobierno ha sido traicionada por unas regulaciones que han oscilado entre la pura dependencia gubernamental y el reparto de cuotas partidarias. Un sistema agotado en que de manera tímida se ha introducido un elemento de elección por mérito y capacidad: el concurso público.

El Estatuto de 1980 consagró el control gubernamental (nombramiento del Director General por el Gobierno, oído el Consejo de Administración, elegido por mayoría parlamentaria de 2/3). La Ley 17/2006 (gobierno R. Zapatero) estableció la elección parlamentaria tanto de los consejeros como del Presidente de la Corporación por mayoría parlamentaria de 2/3. El Decreto-Ley 15/2012 (gobierno Rajoy) permitió la elección por mayoría absoluta y eliminó la dedicación exclusiva y la remuneración de los consejeros y todo ello tuvo como consecuencia el absoluto control gubernamental y la pérdida de independencia de la Corporación, hasta tal punto que en 2017 se aprueba con una rara unanimidad la Ley 5/2017, que declara en su título la finalidad de “recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos”.

La Ley de 2017 vuelve a la elección parlamentaria de 2/3, pero permite (disp. tr. 1ª) que si esa mayoría cualificada no se logra se aplique la mayoría absoluta con el apoyo de cuatro grupos parlamentarios. La Ley introduce el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres y no cambia el estatus de los consejeros, que siguen sin dedicación exclusiva ni remuneración.

La gran novedad, y esto en una disposición transitoria, es la introducción de un concurso público en el que los candidatos son evaluados por un comité de expertos designados por un los grupos parlamentarios, para después comparecer en audiencia ante la comisión parlamentaria de nombramientos. En definitiva, se introduce elementos de selección por mérito y capacidad en un proceso que, básicamente, sigue siendo de selección parlamentaria.

Disoluciones parlamentarias, pandemia y un procedimiento caótico en manos de las mesas de Congreso y Senado y de la Comisión Mixta de Control de RTVE han puesto en peligro varias veces el concurso. Ahora, unos partidos arrepentidos de haber abierto esta vía a la profesionalización se escudan en que de los 20 candidatos propuestos solo son tres mujeres, los que pondría en la presencia equilibrada que exige la Ley.

Más allá de las peculiaridades del medio público, este proceso deja algunas lecciones:

  • El procedimiento de un concurso debe estar fijado por Ley y no puede dejarse a la potestad reglamentaria de las cámaras sobre sus propias actuaciones, porque entonces, como ha ocurrido con RTVE, la seguridad jurídica se ve afectada.
  • Los baremos tienen que conocerse antes de la convocatoria.
  • Dependiendo de la naturaleza de la institución, los candidatos pueden presentarse personalmente (cuando lo que se busque es la mayor competencia profesional), mientras que en otros casos correspondería la proposición a la sociedad organizada (cuando los candidatos lo sean a un órgano en el que se manifiesten la voces plurales de los sectores involucrados o stakeholders).
  • Los procedimientos tienen que ser transparentes, de modo que, por ejemplo, sean públicos después del concurso los proyectos presentados.
  • Los recursos de los candidatos deben resolverse con celeridad.
  • Solo evaluando en listas separadas y anónimas a hombres y mujeres puede garantizarse la paridad de género.
  • La elección de las comisiones evaluadoras debiera de hacerse por sorteo entre los pertenecientes a cuerpos administrativos, docentes o instituciones académicas.

Instituciones y cultura democrática

En las democracias parlamentarias, mientras el poder legislativo se ha convertido en gran medida en una extensión del ejecutivo, las instituciones independientes han venido restando áreas de poder al gobierno.

Cada una de estas instituciones tiene su propia función constitucional, pero todas ellas plantean cuestiones de legitimidad e independencia. Sean cuales sean las soluciones, que estas instituciones sean funcionales depende de que exista una verdadera cultura democrática compartida por toda la sociedad.

Las instituciones son difíciles de construir. En su establecimiento requieren de análisis, aplicación de conocimiento experto y consenso político. Las instituciones se pueden copiar, pero sin una cultura democrática no pueden funcionar.

La cultura democrática española deja mucho que desear.

Los partidos ya no son más que máquinas electorales, sus cuadros invaden las administraciones bajo la forma de asesores y, lo que es peor, capturan las instituciones seduciendo a profesionales que promueven a los órganos de gobierno institucionales, profesionales que quedan, a partir de entonces, marcados con una etiqueta partidista.

Entre una parte de la ciudadanía resurge el franquismo sociológico (“todos son iguales”, “no me interesa la política”) y en sus expresiones más extremas, el autoritarismo, el patrioterismo y el fascismo 3.0. De otro lado, está la exaltación de un voto popular sin límites y el cuestionamiento de la democracia representativa: “no nos representan”, “tenemos derecho a decidir”, “los jueces no pueden coartar al gobierno”. Y desde la moción de censura que llevó al Gobierno a Pedro Sánchez, es moneda común entre la derecha negar la legitimidad del ejecutivo “socialcomunista”.

Una cultura democrática exige el conocimiento y la admisión de los límites del poder y del voto popular, el valor superior de los derechos fundamentales y la admisión de la legitimidad del otro para tomar decisiones y legislar en el marco de la división de poderes.

Cambiar la cultura democrática requiere de una pedagogía colectiva a través de la educación, los medios, los partidos y las propias instituciones. Una reforma institucional es imprescindible en cuanto tal y sería, en si si misma, elemento pedagógico para fortalecer la cultura democrática.

Regeneración democrática

Sin necesidad de cambiar la Constitución, a nivel legal, pueden acometerse reformas institucionales que hagan más funcional el sistema y sirvan de motor pedagógico de la cultura democrática:

  • Reducir al máximo los asesores. Por ejemplo, en la administración central solo ministros y secretarios de Estado podrían nombrar un número limitado de asesores. Al mismo tiempo, reforzar los cuerpos asesores públicos y su independencia.
  • Introducir un sistema de selección por mérito y capacidad de los miembros de las institucionales constitucionales y autoridades reguladoras, compatible con una legitimación final parlamentaria. Cada institución tiene su propia naturaleza e incluso regulación constitucional. Pero nada impide que en proceso de designación parlamentaria se introdujera el filtro previo de comisiones evaluadoras, que podrían constituirse previamente por sorteo entre expertos (catedráticos, académicos). Siempre que la Constitución no lo impidiera los proponentes no debieran ser ni el Gobierno ni los grupos parlamentarios, sino los interesados u organizaciones del sector.
  • Reforzar la transparencia de toda actividad pública.
  • Evaluación de las políticas públicas, no simplemente desde el economicismo, sino desde su funcionalidad constitucional y social.
  • Procesos de rendición de cuentas, que sean cortafuego de la corrupción y eviten la judicialización de la vida política.

Inviolabilidad, presunción de inocencia y rendición de cuentas


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Acto de Abdicación de Juan Carlos I (2014)

En estas semanas de crisis, los defensores de la Monarquía, después de resaltar los servicios de Juan Carlos I en la instauración de la democracia, terminan su argumentación apelando a la presunción de inocencia: hasta el peor criminal tiene derecho a ser considerado inocente en tanto no se pruebe lo contrario, no se puede, por tanto, imponer ningún tipo de sanción (como un destierro de hecho) a quien ni siquiera está formalmente investigado o imputado por los tribunales de España o Suiza. Deje la opinión pública en paz al Emérito -dicen- que tiene derecho a la presunción de inocencia.

Parecido argumento han venido invocando políticos y partidos cuando se han visto afectados por cualquier escándalo. Mientras no haya condena firme no se está dispuesto a asumir ninguna consecuencia política. El verbo dimitir se conjuga muy raramente en España. Esta invocación de la presunción de inocencia no es más que un rechazo a la rendición de cuenta a la que está obligado todo personaje público. Puede que la única excepción haya sido Demetrio Madrid, presidente socialista de Castilla-León entre 1983-1986, que dimitió antes de ser imputado por un presunto delito social en el marco de un conflicto laboral, del que fue finalmente absuelto.

La presunción de inocencia (art. 24.2 CE) es una garantía esencial en el proceso penal. Nadie tiene que demostrar su inocencia; por el contrario, son las acusaciones (fiscal, particular o popular) sobre las que pesa la carga de la prueba. La presunción de inocencia es una presunción iuris tantum, capaz de quedar anulado por la prueba en contra. Prueba de cargo, que demuestre la perpetuación del hecho delictivo y la participación del acusado. Prueba obtenida legítimamente en el proceso. Prueba que convenza al juez, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad de la acusado, de modo que si existe duda no se le puede condenarse (in dubio pro reo).

El proceso penal es garantista.  Cuando la investigación de los hechos delictivos apunta indiciariamente a unos o varios autores, estos adquieren la condición de investigados (antes imputados), lo que supone que, a partir de ese momento, pueden acceder al procedimiento asistidos de abogados. Lo que es, en esencia, una garantía procesal, no deja de ser un señalamiento probable de responsabilidad penal, de la que podrían derivarse consecuencias políticas y que, en cualquier caso, influye sobre el juicio de la opinión pública.

Las garantías procesales están justificadas porque  están en juego bienes esenciales: la vida, los derechos, el patrimonio de la persona lesionada; la libertad, los derechos, el patrimonio del presunto culpable. Pero la responsabilidad penal no agota la debida rendición de cuentas de todos aquellos que realizan acciones de trascendencia pública: responsabilidad administrativa, deontológica, política. Y en último término resta el juicio de la opinión pública.

El Rey, el Jefe del Estado, es inviolable y no está sujeto a responsabilidad y sus actos tienen que estar siempre refrendados (art. 56.3 CE) por el Presidente del Gobierno o los ministros en el que este delegue (art. 64 CE) y de sus actos serán responsables las personas que los refrenden. Se ha discutido estos días si esa irresponsabilidad se limita a los actos públicos o alcanza a los actos privados, y la opinión mayoritaria, sostiene que afecta a todos sus actos. Si es así, si no se puede juzgar a Juan Carlos de Borbón, al menos entre 1978 y 2014 ¿qué sentido tiene invocar la presunción de inocencia de quién, de entrada, es irresponsable?

Ningún Jefe de Estado, monárquico o republicano, puede ejercer sus funciones de máxima autoridad representativa sometido a un proceso judicial. Pero las diferencia entre monarquía y república son aquí esenciales:

  • Un presidente republicano es responsable de sus actos públicos.
  • La magistratura republicana es transitoria, mientras que la monárquica es vitalicia, lo que permite que un expresidente tenga que dar cuenta ante los tribunales por sus actos anteriores a su presidencia, como ocurrió, por ejemplo, con Jacques Chirac, por el caso de los falsos empleos cuando era alcalde de París.
  • Son muchas las constituciones republicanas presidencialistas (no las parlamentarias) que establecen algún procedimiento de responsabilidad política ante tribunales especiales formados en el seno del poder legislativo, como en el caso del impeachment.
  • La inviolabilidad de nuestra Constitución no deja de ser una última reminiscencia de la medieval legitimidad divina del monarca y una consecuencia práctica de la teoría de los dos cuerpos del Rey, una física y mortal y otra mística e imperecedera.

En la comparación de las dos formas de jefatura del Estado, la republicana y la monárquica, partiendo de que ambas son meramente representativas en el régimen parlamentario de un Estado de Derecho, se alega a favor de la monárquica su estabilidad, su independencia de los partidismos políticos y en contra, su carácter hereditario, que hurta a los ciudadanos el derecho a elegir la máxima magistratura. Pero creo que el caso de Juan Carlos I demuestra como la monarquía tiene un problema difícil de resolver en cuanto a responsabilidad y dación de cuentas.

En una sociedad abierta la vida privada de los personajes públicos está sometida a escrutinio, mucho más justificado cuando la magistratura monárquica se propone como imagen simbólica de unidad nacional. En todas las monarquías parlamentarias europeas la vida privada del monarca o de los miembros de la vida real ha sido en el último siglo fuente constante de conflictos. Todas reciben una dotación presupuestaria para el ejercicio de sus funciones, pero sus patrimonios privados no son siempre transparentes y se entrecruzan con el patrimonio nacional (véase el caso de la Corona británica).

No puedo a entrar aquí en el papel de Juan Carlos De Borbón en la Transición. El relato oficial le presenta como el piloto del cambio (Charles Powell), minusvalorando el papel de las luchas sociales en el advenimiento de la democracia. Juan Carlos ha sido un superviviente nato, que ha sabido navegar en mares procelosos, que paró sí, el 23-F, pero que quizá lo alentara buscando una alternativa a Suárez. En todo caso, con la monarquía asentada se sintió invulnerable y se comportó como un niño rico mal criado, sacando partido al peculiar capitalismo de amiguetes hispano, mientras los medios cerraban los ojos.

Se alega que no se puede confundir a la persona con la institución y que no se puede hacer responsable al hijo de la mala conducta del padre. Este último razonamiento, impecable en cualquier otro caso, es muy débil cuando hablamos de una institución hereditaria. La cuestión no es lo que haya hecho uno u otro, el problema es que no hay mecanismos de rendición de cuentas.

La falta de transparencia de la crisis deteriora a la institución. No, el lugar de residencia del padre del Rey, tercero en la sucesión a la Corona, no es una cuestión privada. La discusión entre República y Monarquía puede ser todo lo divisiva e inoportuna que se quiera, pero seguir como hasta ahora carcome la legitimidad toda del sistema político.

Sé que hoy, pese a las graves circunstancias en las que vivimos, a la suma de crisis que nos tienen al borde del abismo, es prácticamente imposible un nuevo pacto constituyente, quizá porque nos falte la amenaza de una revolución, el recuerdo todavía reciente de la guerra civil o el estímulo externo. Pero me atrevo a proponer como ejercicio teórico un nuevo acuerdo basado en una renovación monárquica (¿reinstauración?) a cambio de una democracia más responsable y social:

  • Monarquía transparente, con prohibición expresa de cualquier actividad económica privada, con publicidad del patrimonio de todos los miembros de la familia real y delegación del patrimonio particular del Rey en un fideicomiso nombrado por el Rey, con el acuerdo del Gobierno. Procedimiento de demanda civil (por ejemplo, por paternidad) ante el Tribunal Supremo. Eliminación de la precedencia masculina.
  • Blindaje de los servicios públicos.
  • Desarrollo de nuevos derechos fundamentales y reconocimiento de la efectividad directa de los derechos sociales frente a los poderes públicos.
  • Reforma fiscal progresiva que afecta a las rentas y los patrimonios.
  • Federalismo cooperativo.
  • Regeneración democrática, con eliminación de aforamientos y refuerzo de los procedimientos de rendición de cuentas y democratización interna de los partidos.

Los republicanos alegarán que ese pacto tiene trampa porque en el paquete de una democracia más profunda y social va impuesta la monarquía, como ocurrió en la Transición. Sinceramente creo que sería un justo quid pro quo, que nos permitiría vivir en un nuevo consenso.

Ciertamente, el procedimiento de reforma constitucional es muy exigente, aprobación de 2/3 en ambas cámaras, disolución, nuevas elecciones y nueva aprobación por las nuevas Cortes y finalmente referéndum. Un cambio constitucional de esta magnitud no se puede imponer por el acuerdo de los dos grandes partidos (como se hizo en la reforma del art. 135). Sería necesario un movimiento transversal entre todos los partidos, fruto de una laboriosa negociación en la que todos ganaran, a cambio de ceder, en otras posiciones. Y finalmente la última palabra la tendrían los españoles en referéndum.

En fin, un sueño.

Apuntes y lecturas de la pandemia: la nueva normalidad


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Así que esto era la nueva normalidad: convivir con el riesgo permanente del virus mortal.

Desde el 9 de mayo, fecha de mi última entrada en este blog, han pasado muchas cosas. Entre otras, la discusión de que podría ser esa “nueva normalidad” que nos proponían nuestros dirigentes.

En paralelo al aplanamiento de la curva en los países europeos, filósofos, sociólogos o economistas reflexionaban sobre cómo sería nuestra nueva vida personal, como cambiaría nuestra identidad, nuestras relaciones sociales o económicas. Se partía del supuesto de que, una vez contenida la primera oleada, con medidas de distancia social y control se evitaría una segunda oleada y la epidemia quedaría limitada a brotes aislados. Pero no, todo era más sencillo: la nueva normalidad consiste en intentar hacer una vida normal con multitud de restricciones y con el peligro de contagiarse en cualquier momento. La nueva normalidad es vivir en la incertidumbre. En la nueva normalidad, la persistencia amenazadora del virus frena la recuperación económica y la normalización de las relaciones sociales.

Durante estos casi tres meses he estado dedicado a la investigación del tratamiento de la covid-19 en los telediarios y he tenido que interrumpir la publicación aquí de esta serie de apuntes y lecturas sobre la pandemia, en los que pretendía reflexionar sobre el nuevo mundo virtual, los peligros de la sociedad de la vigilancia, la nueva economía, la lucha contra la desinformación, los paralelismos con la emergencia climática… Hoy, cierro por el momento este ciclo con los apuntes de lo ocurrido en este tiempo. Veremos en septiembre si soy capaz de retomar esos temas.

No hemos aprendido nada

Pasado el pico de la enfermedad, otra vez en la calle, la inmensa mayoría mantiene las precauciones (España es uno de los países europeos en los que más se usa la mascarilla). Pero las reuniones familiares, la irresponsabilidad de algunos grupos de jóvenes, el ocio nocturno en lugares cerrados y las condiciones de hacinamiento de los temporeros  (¡qué gran vergüenza!) nos han abocado a una explosión de brotes, que en algunas comunidades aparenta ya ser una segunda oleada con contagio comunitario. Después del terrible trauma seguimos sin estar preparados para parar un segundo golpe.

La cuarentena es medicina del s. XIX. La lucha contra las epidemias en el siglo XXI se basan en la estrategia de tests, rastreos y aislamiento apoyado (TTSI, testing, tracing, supported isolation).

En España, la identificación de los casos corresponde a la asistencia primaria y el seguimiento a los servicios de salud pública.

La asistencia primaria, deficitaria después de los recortes de la crisis financiera, y desestructurada durante el pico de la pandemia, pese a todo, detecta los casos y el sistema realiza los tests en tiempos razonables. Por ahora…

En cambio, en ninguna comunidad se cuenta con un sistema de rastreo eficaz. La Universidad John Hopkins recomienda 30 rastreadores por 100.000 habitantes. Como toda recomendación es una cifra relativa, pero Madrid y Cataluña están, más o menos, en un 10% de lo deseable. El dato más significativo es que solo se identifica entre 0 y 3 contactos identificados por cada positivo, esto es, o no se rastrea o no se llega más allá del núcleo de convivencia.

Tampoco se está haciendo un aislamiento asistido. Ni siquiera un seguimiento efectivo de las personas aisladas en sus casas.

Comunidades autónomas como Madrid recaen en ocurrencias (nefastas, como la supuesta cartilla inmunitaria) o grandes proyectos, como el hospital de pandemias, cuando de lo que se trata es de que no sea necesario llegar al hospital. Pero, claro, reforzar la asistencia primaria o contratar rastreadores no permite cortar cintas rojas, repartir bocadillos de calamares ni, sobre todo, bombear dinero a las empresas amigas de construcción y multiservicios (que vienen a ser lo mismo, y de los mismos amigos).

Nada ha vuelto a saberse de la aplicación de seguimiento probada en La Gomera. Los programas de Digital Contact Tracing (DCT) pueden ser una herramienta eficaz. El reto es garantizar la privacidad y que no se conviertan en un mecanismo de control general. Intentaré dedicar una entrada más adelante a desarrollar este asunto, pero anticipo mis conclusiones:

  • Las DCT tienen que ser voluntarias, pero para que sean efectivas deben cubrir un porcentaje importante de la población, al menos un 30%. Por eso, requieren campañas de promoción y transparencia sobre la privacidad.
  •  Mediante bluetooth registran todos los contactos de proximidad con otros teléfonos con la aplicación activada. En caso de que un usuario indique el contagio, todos sus contactos de proximidad (con unos requisitos de distancia y tiempo de cercanía) reciben una alarma, de modo que puedan acudir a los dispositivos sanitarios para hacerse el test.
  • Estos datos tienen que tener una fecha de caducidad.
  • Los datos pueden ser eliminados por el usuario.
  • Tiene que ser una aplicación descentralizada, que no envié datos a ningún organismo.
  • Su uso tiene que estar vigilado por una autoridad independiente, en el caso español debiera de ser por Agencia de Protección de Datos.

Lamentablemente, las distintas aplicaciones de los países europeos no son interoperables, pese al acuerdo de la UE sobre compatibilidad.

Incapaces de proteger los derechos fundamentales

No, el Estado de Alarma no era una dictadura constitucional. Tan atacado que fue, ahora ninguna fuerza política se cuestiona las medidas de restricción adoptadas por las distintas comunidades autónomas, quizá porque se toman por gobiernos de todos los signos. Pero el hecho es que, con una interpretación extensiva de Ley Orgánica 3/86 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública se están haciendo confinamientos locales y, lo que es más grave, se negó el derecho de voto a centenares de ciudadanos contagiados en las recientes elecciones en Galicia y País Vasco, cuando con una resolución de la Junta Electoral Central se podría haber habilitado un sistema de recogida de votos con intervención notarial.

Como en la prevención, también se ha perdido el tiempo para aprobar una Ley Orgánica, con unas garantías específicas adaptadas a la presente pandemia y un control judicial ágil y flexible. Que yo sepa ni el gobierno ni los partidos de la oposición lo han considerado necesario.

Seguimos desunidos y sin un plan de país

Según avanzaba la desescalada, la crispación iba atemperándose. Mi personal barómetro de la desinformación (esto es, la basura informativa que me llega) mostraba también una menor actividad. Estos últimos días parece que las redes de la confusión, el engaño y el odio están de nuevo más activas.

El caso es que llegados a este punto no hemos sido capaces más que de pergeñar unas conclusiones muy generales en materia de recuperación económica, sanidad, relaciones con Europa y ni siquiera ha habido acuerdo en políticas sociales. Una comisión parlamentaria no era el lugar adecuado para llegar a un gran pacto de Estado y el resultado ha sido un compendio de buenas intenciones. El acuerdo tendría que haberse centrado en un plan económico que garantizara inversión productiva en transición energética, digital y cuidados, garantizase el blindaje de los servicios públicos y afrontara una reforma tributaria en profundidad, bajo principios de mayor progresividad. Y en lo político un pacto para dar el salto a un estado federal cooperativo.

En este punto, la Unión Europea nos ha puesto las tareas que no hemos sido capaces de afrontar. Aprovechar los 144.000 millones en subvenciones y créditos es el gran reto. Que ese dinero se va a aprovechar, como se hizo con los fondos estructurales y de cohesión, no me cabe duda, pero que eso lleve a una transformación hacia una sociedad más sostenible y cohesionada es otra cosa. El riesgo es que esos ingentes recursos sean secuestrados, una vez más, por las élites extractivas.

Duelo y responsabilidad

Positivo fue el homenaje oficial a las víctimas, el primer “funeral” cívico de nuestra democracia. Pero faltó mayor participación popular. El duelo se tiene que hacer privadamente en las familias, pero en cada institución, pública o privada, en cada asociación, en cada club, en cada ayuntamiento,  se tiene que reconocer el dolor de los más próximos y realizar un apoyo efectivo. El apoyo, la resolución de las situaciones administrativas derivadas, el seguimiento médico… es la mejor forma de superar el duelo.

A los tribunales han llegado ya una avalancha de querellas, que seguirán su curso. Cada tribunal fallará de una manera u otra, seguirán los recursos y los procedimientos se alargarán. Creo que en paralelo a la vía judicial debieran de establecerse unos criterios indemnizatorios por parte del Estado, sin necesidad de que los tribunales reconozcan su responsabilidad patrimonial. Y sé que es imposible en nuestras circunstancias de polarización política, pero  me parece ineludible una Comisión de la Verdad, de expertos independientes que diagnostiquen las causas de esas 45.000 muertes y establezcan las responsabilidades, sin imposición de ningún tipo de sanción.

El Estado nos protege

En la investigación realizada sobre los telediarios (presentada para su publicación a revistas científicas en el campo de la comunicación) ha resultado que el encuadre dominante en la información televisiva fue “el Estado nos protege”. Efectivamente, el Estado puso en juego todos sus recursos, logísticos y sanitarios. Y a diferencia de crisis anteriores ha intentado desplegar un escudo social (ERTEs, suspensión de actividad de los autónomos, moratorias de impuestos y alquileres, aceleración de la implantación del Ingreso Mínimo Vital).

Todas estas medidas están sujetas a condiciones y pasan por el filtro administrativo, lo que merman su efectividad. Se ha perdido la oportunidad de aplicar un subsidio general, compensable a través del IRPF, que hubiera servido de ensayo general para una verdadera renta básica. No es descartable que si sufrimos una nueva oleada y volvemos a los confinamientos, o si en el otoño la situación social empeora (lo que es muy probable) sean necesarios estos subsidios generales directos.

El Estado democrático se encuentra en una encrucijada. Sobrevirá y se reforzará si consigue movilizar todos sus recursos para mantener a raya el virus, reactivar la economía, proteger realmente a todos, poniendo por delante a los más necesitados, y logra los consensos para cambiar el modelo productivo a una economía sostenible. Si no, si deja detrás a amplios sectores populares, colapsará para dejar paso a estados ilibrales o directamente autoritarios.

LECTURAS

Una sola lectura de verano, este largo texto transgénero (relato-ensayo-investigación) de Ramonet.

Ramonet, Ignacio (2020). “Coronavirus a bordo… La odisea del ‘Zaandam’, crucero maldito”. Le Monde Diplomatique en español. 31-05-2o.

(Otras entradas sobre la covid-19 en este enlace)

 

Apuntes y lecturas de la pandemia: el Estado de Alarma


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“Defensores de la libertad” armados entran en el Capitolio de Kentucky

¡Nos están quitando nuestra libertad! ¡Movilicémonos! ¡Armémonos contra el abuso! ¡Tomemos las caducas instituciones representativas! ¡Nuestra libertad está por encima de todo y en el origen de todo!

Son los gritos de los grupos, que como los de la imagen, ocuparon las sedes de los Legislativos de distintos estados de EE.UU, en los que los gobernadores mantienen las medidas de confinamiento para luchar contra la Covid. Estos “patriotas” armados son un fenómeno muy estadounidense, promovido e instrumentalizado por Trump y la Fox, pero tienen una raíz ideológica muy profunda que es el libertarismo o anarcocapitalismo.

Para ellos, cada uno es responsable de si mismo y el Estado solo debe protegernos del crimen (contra la propiedad) y de los enemigos exteriores. La libertad, sobre todo la libertad económica, la libertad de empresa, son sacrosantas. Una versión extrema del liberalismo anglosajón, que, por cierto, ha sido el sustrato ideológico de las pequeñas iniciativas nacidas en garajes, que han terminado por convertirse en las poderosísimas plataformas tecnológicas que ponen hoy en jaque al Estado.

La pandemia ha exacerbado la tensión subyacente en toda democracia entre libertad y seguridad.

En las democracias, ante la amenaza cierta y temible del virus la ciudadanía puede aceptar sacrificios a la libertad, instrumentados por los gobiernos para debilitar los controles institucionales, subvertir el Estado de Derecho y convertirlo en una democracia iliberal.

En las democracias (?) iliberales y en las dictaduras la crisis es una gran oportunidad para hacer más todopoderoso al hombre fuerte, al mesías salvador. Trump, Bolsonaro, Putin, Lukashenko, Erdogan, Bukele, Duterte, Orban, Kazinsky, Modi … cada uno con su estilo y  circunstancias han aprovechado la crisis para reforzar su poder, bien azuzando el terror al virus, bien utilizando el miedo a la recesión e invocando la sacrosanta libertad absoluta de “hacer lo que me dé la gana”.

salvador

La pandemia ha favorecido violaciones flagrantes de los derechos humanos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, somete a los maras presos a este tratamiento inhumano y alardea de ello

cisHay algunos signos preocupantes en la opinión pública española, al menos en la fase más álgida de la pandemia. A la manipuladora y sesgada pregunta del CIS casi un 67% de los encuestados contestaron estar a favor de restringir y controlar las informaciones. Otro estudio español (Amat et al, ver referencia en Lecturas) muestran un deseo de liderazgos fuertes, predisposición a sacrificar las libertades y una tendencia a apoyar gobierno tecnocráticos.

En este clima, los ayer liberticidas hoy se convierten en libertarios y movilizan a sus huestes haciendo imposible un debate sereno.

Toda restricción de derechos tiene que estar legitimada por una norma legal de rango suficiente (en nuestro caso, ley orgánica), ser proporcional y limitada.

Ningún derecho es absoluto. Todo derecho tiene unos límites intrínsecos, esto es, debe ser ejercido conforme a su naturaleza y finalidad. Libertad de expresión no es dar la voz de fuego en un teatro abarrotado -declaró hace un siglo una sentencia del juez Holmes. Y todo derecho tiene unos límites extrínsecos, en cuanto que se relaciona con otros derechos. Se hace necesaria, así, la técnica de la ponderación, que en cada caso sopesa la importancia de cada derecho a la luz de su fundamento último, que es la dignidad humana, valora si su restricción es proporcional y modela su ejercicio para hacer ambos derechos compatibles en la medida de lo posible en unas circunstancias dadas. Es el abc de la práctica cotidiana de los tribunales, señaladamente de las cortes constitucionales.

En esta entrada me voy a ocupar del Estado de Alarma, y dejo para otras aspectos relacionados con los derechos fundamentales como la lucha contra la desinformación o las aplicaciones de registro y control del virus. Los tres asuntos tienen que ver con esa tensión entre libertad y seguridad consustancial a los derechos civiles y políticos.

En esta situación excepcional lo importante es que el conjunto de los derechos humanos sean la inspiración central para salir de la crisis. Derechos civiles y políticos para preservar la democracia. Derechos sociales, económicos y culturales para una salida justa, que haga avanzar la civilización. Así se lo pidieron al G20, el supuesto gobierno mundial, Amnistía Internacional, Transparencia Internacional y Civicus.

El Estado de Alarma no es una dictadura constitucional

En todo el mundo los gobiernos ha tenido que tomar medidas extraordinarias, la más frecuente y radical ordenar el confinamiento de las poblaciones, lo que supone una restricción a derechos básicos, como la libertad de movimientos o reunión.

En las democracias es necesaria una ley habilitante previa o votada ad hoc (caso del Reino Unido). En toda Europa se ha evitado la declaración de un estado de excepción, reservada para graves distorsiones de orden político, que, por muy embridado constitucionalmente que esté, no deja de recordar la teoría totalitaria de Carl Schmitt, según la cual “soberano es quien decide sobre el estado de excepción”.

En España solo conozco un caso de oposición radical a las medidas de confinamiento, en la línea del libertarismo anglosajón, que es este manifiesto de Joaquín Legina, Guillermo de la Dehesa, J.J. R. Calaza y A. Fernández Díaz. Califican los autores al Estado de Alarma de “arresto domiciliario”. Pero más ampliamente, aceptando en términos generales la necesidad de la restricción de movimientos, se ha cuestionado la propiedad de la declaración de Estado de Alarma y, en concreto, desde la derecha política, su aplicación, con gruesas descalificaciones, como considerarlo una “dictadura constitucional”, con constantes ataques en las redes sociales.

La Constitución Española, en su art.  116, remite a una ley orgánica la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio, estableciendo solo diferencias procedimentales en su declaración, pero sin determinar los supuestos de hecho que justifiquen la declaración. El Estado de Alarma se declara por Decreto, sin autorización previa del Congreso. Su prórroga si exige la autorización parlamentaria. El Estado de Excepción se decreta también por el Gobierno, pero requiere la autorización previa del Congreso. El Estado de Sitio se declara por mayoría absoluta del Congreso, a propuesta del Gobierno.

La Ley Orgánica 4/1981, cumple el mandato constitucional, deslindando claramente los supuestos de los tres estados excepcionales.

Estado de Alarma, catástrofes, crisis sanitarias (como epidemias), paralización de los servicios públicos y situaciones de desabastecimiento (art. 4). Estado de Excepción, cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten gravemente alterados (art. 13). Estado de Sitio, cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional (art. 32).

Los efectos son también distintos. En el Estado de Alarma todas las autoridades, administraciones y funcionarios quedan a las órdenes de la Autoridad competente -el Gobierno en el caso de afectar a todo el territorio nacional (art. 9)- que puede limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos, practicar requisas temporales de bienes, imponer prestaciones personales, intervenir u ocupar transitoriamente industrias, impartir órdenes para garantizar el abastecimiento (art. 11). En cambio, en la declaración de Estado de Excepción se puede suspender un amplio elenco de derechos cívicos: el derecho a la libertad (incluida las limitaciones de la detención preventiva y el habeas corpus), la inviolabilidad de domicilio y el secreto de las comunicaciones, la libertad de residencia y circulación, la libertad de expresión y el derecho a recibir información, el secuestro de publicaciones sin mandato judicial, el derecho de reunión y manifestación, el derecho a la huelga y al conflicto colectivo.

El análisis jurídico no es una ciencia exacta y en el ejercicio de la abogacía se puede defender una posición y su contraria. Pero creo que basta la somera lectura de la L. O 4/81 para concluir que el Estado de Alarma está pensado para una situación como la que vivimos y que las restricciones a las libertades, sobre todo de movimientos, nada tienen que ver con una suspensión casi general de los derechos civiles que se expresan en el espacio público, que es lo que permite el Estado de Excepción.

Me sorprende como insignes juristas, catedráticos de Derecho Constitucional y hasta exmagistrados constitucionales condenen el uso del Estado de Alarma con argumentos tan débiles como que requiere el control parlamentario (cómo si no lo hubiera), o  que exijan el Estado de Excepción, como si ello supusiera un control más estricto sobre el Gobierno. Sobre todo me asombra que sean partidarios de limitar derechos fundamentales con instrumentos jurídicos que no tienen el carácter de Ley Orgánica. En esta polémica, los argumentos de mayor enjudia son los de Tomás Quadra-Salcedo, a favor del Estado de Alarma, y los de Manuel Aragón en pro del Estado de Excepción.

Mis conclusiones sobre la pertinencia del Estado de Alarma:

  • El Estado de Alarma es la única norma con rango de ley orgánica que permite  establecer restricciones generales de movimientos a toda la población. Las otras normas, citadas por los contrarios al Estado de Alarma (Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública; Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad) solo autorizan a tomar medidas de confinamiento sobre enfermos y sus contactos y, por extensión, podrían aplicarse a una determinada área, pero nunca en todo el territorio nacional.
  • Solo el Estado de Alarma permite el establecimiento de una mando único. Por eso es lógico que a los independentistas y, en general, los gobiernos autonómicos no les guste, pero sorprende que los nuevos centralizadores estén tan en contra.
  • Las medidas económicas extraordinarias no están vinculadas al Estado de Alarma (cada una tiene su propia norma y habilitación) y, por tanto, no decaen con el Estado de Alarma, en contra de lo que ha sugerido el Gobierno. (P.S. Las normas no decaen, pero sí algunas medidas cuya vigencia está vincula a la permanencia del Estado de Alarma).
  • Las distintas declaraciones del Estado de Alarma ha sido sometido al preceptivo control parlamentario. Los grupos parlamentarios pueden modelar su contenido mediante propuestas. Si esas propuestas no han logrado modificar los planes del Gobierno es porque no han obtenido la mayoría necesaria. Con un procedimiento parecido, el Senado francés prácticamente le ha reescrito el plan de desescalada al gobierno de Edouard Philippe.
  • El Estado de Alarma no puede cronificarse. Para evitar más prórrogas y como, lamentablemente, puede haber retrocesos en el desconfinamiento, lo que se requeriría sería una Ley Orgánica específica. Dudo mucho que en este momento el Gobierno lograra una mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto de la norma, como exige el art. 81 de la CE y, desde luego, no hay tiempo para su tramitación parlamentaria.
  • La actividad parlamentaria se ha mantenido, aunque prácticamente limitada al control general del Gobierno y al seguimiento de la enfermedad. En el momento presente, con las consiguientes precauciones y distancia social, se debieran de activar comisiones y procedimientos parlamentarios pendientes.

¿Se ha convertido la declaración del Estado de Alarma en una forma de dictadura?  No, desde luego, pero será  en último término el Tribunal Constitucional el que deberá resolver si el Gobierno, como sostiene Vox en su recurso, se ha excedido en sus prerrogativas y ha vulnerado gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por el momento, varios tribunales superiores y el Tribunal Constitucional se han pronunciado sobre la vigencia y ejercicio del derecho de manifestación, y han declarado, como no podía ser menos que ni está suspendido ni puede suspenderse por el Estado de Alarma. Lo que han ponderado es si la prohibición de manifestaciones sindicales por parte de los subdelegados del gobierno  era o no proporcional para garantizar el bien protegido, esto es, los derechos a la salud y a la vida. Y, desde luego, no han “condenado” el Estado de Alarma, como uno de tantos mensaje desinformadores que se mueven en las redes sociales afirma.

La sentencia del Tribunal Superior de Aragón declara que el Decreto de Estado de Alarma puede limitar los movimientos del ciudadano en mayor o menor medida, pero nunca impedir el libre ejercicio del derecho de manifestación y considera desproporcionada la prohibición, en cuanto que a esa fecha, ya se podían dar paseos con niños.

Por su parte el Tribunal Constitucional, en el auto por el que inadmite a trámite el recurso de amparo contra la decisión del Tribunal Superior de Galicia, que desestimó una demanda de manifestación sindical el 1 de mayo en Vigo, al valorar la proporcionalidad de la restricción considera que las precauciones propuestas por los convocantes (caravana de vehículos ocupados por una sola persona con mascarilla) no garantizan la seguridad del bien protegido, porque pueden obstaculizar el acceso a los hospitales. Me parece muy débil este razonamiento, pero ni el Constitucional ratifica el Estado de Alarma, ni el Superior de Aragón lo condena.

En mi opinión que el Estado de Alarma no sea ninguna forma de dictadura no es óbice para que se hayan cometido errores y extaralimitaciones.

Políticamente, creo que la gestión ha sido desastrosa.

El Gobierno, investido de esos poderes centralizadores, se ha aislado. No ha sido capaz de crear un cauce fluido de comunicación con todos los grupos parlamentarios. Claro que ningún partido está dispuesto a corresponsabilizarse de la situación.

Más diálogo ha habido con las comunidades autónomas,  y aunque sus gobiernos se quejan de que en la conferencia de presidentes de los domingos Pedro Sánchez se ha limitado a comunicarles las medidas adoptadas, sí que ha existido interacción, intercambio y discusión de propuestas en la conferencia sectorial de Sanidad y entre el ministro de Sanidad y sus contrapartes autonómicos.

Jurídicamente se ha hecho un uso abusivo de la competencia sancionadora. Nadie ha explicado por qué debían de aplicarse las sanciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, en lugar de las prevista en la Ley de Sanidad. El número de sanciones parece desproporcionado y la tipificación de la desobediencia debiera de ser más rigurosa, como recomendó el informe del Consejo de Estado. Todos hemos visto vídeos en las televisiones en los que sujetos que supuestamente no respetaban las normas han sido reducidos con una violencia innecesaria. Han faltado instrucciones para que los agentes actuaran con flexibilidad.

Fuera del Estado de Alarma, se han podido utilizar los decretos-leyes para colar disposiciones que nada tienen que ver con la finalidad de la norma o no responden a la extraordinaria y urgente necesidad que requieren estas normas, como es práctica lamentable y reitirada de todos los gobiernos. El Tribunal Constitucional ha admitido los recursos contra la disposición final segunda del Decreto-ley 8/2020 que permite al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, formar parte de la comisión delegada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Veremos si entiende que este cambio organizativo responde a razones de extraordinaria y urgente necesidad.

(Otras entradas sobre la Covid-19 en este enlace)

LECTURAS

General

  • VV.AA. (2020). Sopa de Wuhan. Pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias. ASPO.
    • El libro de los filósofos: Giorgio Agamben; Slavoj Zizek; Jean Luc Nancy; Franco “Bifo” Berardi; Santiago López Petit; Judith Butler; Alain Badiou; David Harvey; Byung-Chul Han; Raúl Zibechi; María Galindo; Markus Gabriel; Gustavo Yáñez González; Patricia Manrique y Paul B. Preciado
  • Denworth, Lydia (2020). “Imaginer la fin du Covid-19”. Pour la Science. (5-04-20).
    • Las anteriores pandemias nos dan pistas de como puede termiar el Covid-19.
  • Martínez Ron, Antonio (2020). “¿Dónde falló el sistema? La pandemia y la teoría del queso suizo”. Vox Populi Next (4-05-20).
    • El experto en salud Rafael Bengoa aplica la teoría de las capas de seguridad para analizar los fallos en la respuesta a la pandemia.

Derechos y libertades

  • Amat, F., Arenas, A., Falcó-Gimeno, A., & Muñoz, J. (2020). “Pandemics meet democracy. Experimental evidence from the COVID-19 crisis in Spain”.  (6-04-20) https://doi.org/10.31235/osf.io/dkusw.
    • Estudio basado en 1.200 encuestas que detecta movimientos en la opinión pública española favorecedores de la seguridad sobre la libertad.
  • Nay, Olivier (2020). “Can a virus undermine human rights?”. The Lancet, V.5, I 5 (1-05-20). DOI:https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30092-X.
    • Un planteamiento general sobre la cuestión.
  • Muñoz Machado, Santiago (2020). “La Constitución, la peste y la economía”. El País (27-04-20).
    • El autor analiza el equilibrio constitucional entre la iniciativa privada y la intervención pública en la economía.

Apuntes y lecturas de la pandemia: conclusiones personales muy preliminares


mascara virus

¿Será mejor la civilización de la mascarilla?

La peste negra socavó los cimientos socioeconómicos del mundo medieval, cuestionó las autoridades, favoreció los movimientos de introspección religiosa, pero también una ola de gozo y excesos. Posiblemente fue uno de los vectores que condujeron al Renacimiento.

No tenemos ni idea si esta pandemia cambiará tan profundamente nuestra civilización como lo hizo la peste negra. Es muy pronto para sacar conclusiones. No sé que lecciones aprenderemos. Pero en la larga historia de las pandemias, es la primera vez que la mayor parte de las sociedades deciden confinarse y sacrificar el bienestar económico para proteger la vida de sus componentes, para, en definitiva, salvar la especie.

Hoy voy a saltarme el análisis fundamentado y voy a formular lo más brevemente posible las conclusiones provisionalísimas a las que personalmente estoy llegando. Dejo para más adelante los apuntes sobre economía, derechos y libertades y mundo virtual. Puede que repita alguna idea de las anteriores entradas o anticipe alguna de las venideras. En todo caso, tomadlo como un desahogo mental.

Vivimos entre lo real y lo irreal

La vida continua, mueren muchos, se recuperan más, nacen pocos. El ciclo de la vida sigue y la pandemia no es más que un pequeño evento de los equilibrios ecológicos. Nuestra especie es frágil y no sé si ahora tomaremos conciencia de ello.

En este tiempo suspendido los servicios básicos -por ahora- funcionan. Eso nos da una sensación de normalidad, de vacaciones forzosas. Improvisamos y aprendemos lo básico, pero por el momento no revisamos lo esencial.

La comunicación virtual preserva nuestra sociabilidad y refuerza la sensación de que es como cuando nos vamos de vacaciones y nos comunicamos con nuestros seres queridos.

Confío que esta espera no sea como la “drôle de guerre”, “la guerra de broma”, ese tiempo muerto entre abril de 1939 y mayo de 1940 en el que los franceses pensaron que la guerra no iba con ellos y en París seguía la fiesta. O, que no seamos como el superviviente de un terremoto, que mientras se sacude el polvo se queda petrificado en la playa esperando la llegada de la gran ola del tsunami.

El virus discrimina tanto como los humanos

Nos hemos hartado de escuchar que el virus no conoce de fronteras, que a todos nos afecta, que mata por igual. Aparte de que ataque más y gravemente a los más mayores y más los hombres que a las mujeres, el virus discrimina según la posición social.

Ataca a los que están en la primera fila, a los sanitarios, la mayor parte jóvenes, mal pagados y precarios. A los servidores públicos de base, como policías, militares y bomberos. A los trabajadores mal pagados de supermercados y reparto.

Sobre todo, ataca a los desfavorecidos.  A los que viven en los distritos más pobres. A los hacinados en pisos pateras. A los que no tienen más remedio que viajar en transporte público para ir a trabajar.

Y mata a los viejos de las residencias, no solo por serlo, sino por estar abandonados. No, sus hijos, que pagaban cada mes una fortuna,  no quieren que mueran y ahora harían cualquier cosa por salvarlos; sus cuidadores -los peor pagados, formados y apreciados- casi siempre ponen hasta su vida en peligro por atenderlos. Pero el sistema los confinó hace muchos años y los archivó en los llamados eufemísticamente centros sociosanitarios, sin protocolos para una emergencia, desconectados del sistema de asistencia primaria.

Si hablamos de las consecuencias económicas, también la pandemia castiga más a los débiles: a los trabajadores temporales, a los falsos autónomos, a las pequeñas empresas sin liquidez, a los emigrantes. Ante esto la respuesta del Estado son ayudas dispersas, condicionadas y de difícil tramitación.

El sistema de salud pública no ha funcionado

Nuestro sistema de alerta no ha funcionado o no lo ha hecho eficazmente. El órgano competente, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dirigido por Fernando Simón, y dependiente de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, supongo que siguió sus protocolos de gestión proactiva del riesgo -hablo sin conocimiento experto, como simple observador- pero quizá estos protocolos eran demasiado conservadores, o las advertencias que llegaban de la OMS era demasiado tranquilizadoras. En el periodo crítico de enero y marzo la OMS seguía sin confirmar el contagio a partir de asintomáticos.

Quizá se dio la alerta adecuada, la que marcaban los protocolos, pero se fue incapaz de aplicar las medidas necesarias para contener el virus: aplicación masiva de tests, seguimiento y confinamiento de los contagiados. En las primeras semanas, sin la información adecuada, se luchó a ciegas contra el virus.

España es puntera en investigación biomédica. Pero los centros de investigación, castigados por la financiación insuficiente y la precariedad del personal, están encapsulados, sometidos a asfixiantes procedimientos burocráticos. A estas alturas todavía no se ha movilizado la capacidad que centros de investigación autónomos, el CESID y las universidades tienen para realizar los test PCR basados en la detección de un fragmento de material genético.

La sanidad pública ha resistido pese al brutal impacto. Ha aguantado mejor el envite que los sistemas de alerta y prevención, pese al castigo de recortes salvajes, privatizaciones y política de personal irracionales. La inversión media en sanidad, por persona y año, es de 2.371 euros; la media de la UE está en 2.884 euros. En algunos puntos se ha estado al borde del colapso, pero se ha evitado, gracias a la dedicación y el coraje de los sanitarios y de la autonomía de los propios hospitales para reordenar todos sus recursos.

El gran fiasco ha resultado el sistema de suministros sanitarios. España, como todos los países (menos Finlandia) carecía de una reserva de material básico. Intentar comprar centralizadamente en un mercado caótico, sin la experiencia previa, no ha funcionado. El Ministerio de Sanidad es más un regulador que un órgano gestor y carecía de los mecanismos adecuados para la tarea. Algunas comunidades lo han hecho mejor por sus vínculos con los suministradores y en algún caso acudiendo a contactos personales.

Un estado federal lo hubiera hecho mejor

Alemania lo ha hecho mejor y es un estado federal. Francia es un estado centralizado y lo ha hecho tan mal como España. Estados Unidos es un estado federal y lo está haciendo peor que España. Hay, por supuesto otros factores además del sistema de distribución del poder político, desde la cultura, el consenso social, la riqueza, el clima y, por supuesto, los decisivos sistemas sociosanitarios y científicos. Con todo, creo que en nuestro caso, un verdadero Estado federal lo hubiera hecho mejor.

Nuestro Estado de las Autonomías es un estado compuesto, cuyo punto de partida es un estado-nación unitario en el que no se ha operado, como en los estados federales clásicos, una delegación de poderes por parte de entes menores con una cuasi soberanía al estado federal, sino un proceso de asunción de poderes por entes territoriales. Pero el resultado de las comunidades autónomas, con sus estatutos, poder legislativo y ejecutivo con amplísimas competencias se asemeja en la práctica a un estado federal. Nos faltan los mecanismos de cooperación y solidaridad que equilibran un verdadero estado federal y una efectiva, clara y terminante distribución de competencias.

Uno de los mecanismos de coordinación (que no de cooperación) que mejor ha funcionado en las dos últimas décadas es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Consejeros de todas las tendencias han discutido las medidas con el Ministro de Sanidad; unas veces han llegado a acuerdos, otras no, pero todos los testimonios hablan de un trabajo positivo y provechoso.

El Estado de Alarma delega poderes extraordinarios en el Ministro de Sanidad, pero ocurre que su Departamento es, en gran medida, una cáscara vacía, que las competencias sanitarias las ejercen las consejerías de las comunidades y que el Ministro puede imponer normas y regulaciones, pero su aplicación efectiva corresponde a las consejerías, que son las que tienen los medios, las capacidades y hasta el saber hacer.

En esta coordinación hay fallos incompresibles, salvo que la explicación sea buscar el rédito político. ¿Tan difícil es crear una base de datos alimentada por todas las comunidades con unos criterios comunes y accesible al público? Una base con el conjunto más amplio de variables y valores: ingresos hospitalarios, altas, enfermos en UCI, confirmados PCR, confirmados por otros tests, fallecidos con prueba realizada, fallecidos con sospecha, total de defunciones… Así no sería necesario una cifra oficial de fallecidos por la enfermedad, que el Gobierno, siguiendo las recomendaciones de la OMS, solo considera si el difunto ha dado positivo en la prueba PCR.

¿Qué hubiera ocurrido en un estado centralizado? Con el principal brote en Madrid ¿habrían fluido los recursos hacia la periferia? ¿no habría sido peor la respuesta local?

¿Saldremos de esta mejores?

Aquellos que personalmente han pasado por una experiencia excepcional, ya sea el trauma de la muerte de un ser querido, el padecimiento de la enfermedad o el estrés de los sanitarios, puede que se replanteen su vida y salgan más fortalecidos y mejores personas.

Como sociedad tengo muchas dudas. Nos adaptaremos, pero no sé si nuestra sociedad será más justa y nuestra civilización (¿la de la mascarilla?) más humana, al tiempo que respetuosa ecológicamente.

Vivimos una tensión entre seguridad y libertad, que no sabemos como se resolverá. Estos días se reivindica lo público, se cuestiona el capitalismo financiero y la globalización. Pero los sistemas no se cambian con buena voluntad ni con pensamiento positivo. Cambiar el mundo a mejor requiere reflexión, pensamiento estratégico, confrontación, negociación, sacrificios compartidos y proporcionales a las capacidades de cada uno,  largos procesos de incierto resultado. Y aquí tenemos pocas habilidades para todo eso. Entramos en la pandemia divididos y saldremos aún más.

Vivimos en el espejismo de la solidaridad de los aplausos a las ocho, pero puede que, como en la canción de Serrat, Fiesta, cuando acabe esta noche de San Juan del confinamiento, “con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas”.

(Otras entradas sobre la pandemia en este enlace.)

LECTURAS

Apuntes y lecturas de la pandemia: los medios de comunicación


televirus

Los medios en los tiempos del coronavirus

Saturación informativa, infodemia, enfoques informativos, peticiones de ayuda por ejercer una función publica…. Vivimos días críticos en los que la cantidad y calidad de la información que consumimos resulta decisiva para nuestra respuesta personal y colectiva a la pandemia.

Después de la comunicación institucional de crisis en estos apuntes abordo ahora la función de los medios (tradicionales y cibermedios) en la construcción de la imagen del mundo golpeado por la pandemia y cómo esta crisis está afectando a su propia supervivencia. Como siempre es una entrada exageradamente larga, así que os podéis mover por los títulos a los asuntos que más os interesen.

Consumos informativos: el regreso a los medios tradicionales

El público, las audiencias, los usuarios (como queramos llamarlos según la perspectiva de cada uno) se ha volcado en los medios profesionales. El hambre de información ante esta emergencia y el confinamiento, con sus secuelas de tiempo libre y necesidad de entretenimiento han disparado todas las mediciones (ahora lo llaman métricas), tanto las directas (audímetros de televisión, páginas vistas) como las indirectas por encuesta. Y ha ocurrido, con sus particularidades, en todos partes.

Aquí es imposible realizar un resumen de estos datos. Pero sí marcar las tendencias principales, en nuestro país, pero bastante similares en todas partes (fuente principal estudio de Havas Media Group España):

  • Gran aumento del consumo de la información producida por los medios profesionales. Los diarios digitales españoles han aumentado de media sus visitas un 100%. En televisión, 41 millones vieron los informativos en marzo, 2,6 millones más que en febrero. Los informativos lideran los rankings de audiencia (ver los datos de televisión más abajo.
  • La televisión es el medio que más crece, pero la radio también, sobre todo por la noche, reafirmando su papel de acompañamiento. También crece el tiempo dedicado a consultar la web y las redes sociales.
  • La radio, la televisión, los diarios digitales, por este orden, son los medios más creíbles. Los menos (4/7) las redes sociales.
  • La televisión es el principal medio de entretenimiento.
  • Niños y jóvenes vuelven a consumir información en los medios tradicionales.
  • Los más mayores se ponen al día, consumen más información en línea y hacen un gran uso de sistemas de videoconferencia y video llamada.

reparto audiencias

Reparto de la audiencia televisión lineal/no lineal. Fuente Barlovento

Los datos para la televisión son más concluyentes, en cuanto que la metodología de los audímetros (muchas veces cuestionada en cuanto que lo que trata de ofrecer es una medición para poner precio a la publicidad) está bien asentada. Según el informe de marzo realizado por Barlovento a partir de los datos de Kantar Media (ver más abajo en Lecturas):

  • Marzo ha batido todos los récords: 284 minutos/día de media (sobre un universo de 45.5 millones de españoles), 371 minutos/día por espectador ¡6 horas y 11 minutos!. El domingo 15 de marzo es el día de mayor consumo de televisión desde que se hacen estas mediciones. El incremento medio respecto al mes anterior fue de un 40% (+88 minutos).
  • Los jóvenes de 13 a 24 años han incrementado su consumo de televisión en un 60% y los niños de 4 a 12 casi un 50%.
  • La televisión lineal en abierto sigue siendo la reina de la pantalla (284 minutos/día) y es responsable de más del 80% del crecimiento de la audiencia (ver gráfico). Al streaming y otros usos de Internet se dedican solo 21 minutos. Pero, atención, este consumo se refiere solo al que se hace en la pantalla tradicional. El streaming en otros dispositivos (tabletas y móviles) será mucho más elevado.
  • La información es, sin duda, motor de este incremento de las audiencias. En total, 41 millones vieron los telediarios, 2,6 millones más. Las cadenas que más crecen son las más “informativa”, La Uno (+0.6%) y La Sexta (+1, 4%). El Canal 24 Horas ha doblado su audiencia (de 1,1 a 2,1%). (Sobre TVE, ver el último apartado de esta entrada.

credibilidad

Elaboración propia a partir de los datos del estudio de DigiLab

Llegan las primeras encuestas más cualitativas, como esta del DigiLab (véase en Lecturas). Sus datos son interesantes porque se refieren al periodo 3-10 de abril, mientras que los anteriormente recogidos corresponden a marzo:

  • Un 90% de los españoles se informa al menos una vez al día sobre la Covid-19 y un 52% tres o más veces. Y esto aunque el 42% informarse le genere angustia.
  • Los medios más utilizados son los diarios digitales (38.3%), seguidos de la televisión (33,9%).
  • La mayoría (77,4%) creen que los medios sesgan la información  conforme a su línea editorial y un 44,6% se quejan de sansacionalismo y creen que han generado un alama innecesaria.
  • TVE es el medio más creíble (ver gráfico)
  • Un 80,3% dice haber recibido noticias falsas, el 64,3% por WhatsApp.

Por último, el informe del Reuters Institute (ver referencia en Lecturas), con encuestas realizadas en marzo y principios de abril, que se centra más en la confianza de los medios y que aporta la visión comparativa en 6 países (Argentina, España, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos). Estas son las tendencias:

  • La dieta informativa combina todas las plataformas informativas, con el dominio de la información en línea (en la que se incluye tanto la visita a cibermedios, sitios de información institucional o búsquedas), seguido por la televisión, las redes sociales, la radio y los periódicos. El mayor recurso a las redes sociales se hace en España y, sobre todo, en Argentina. Hay diferencias notables en cuanto a las fuentes propiamente dichas: en España, Corea y Argentina se recurre en primer lugar a los medios informativos (con porcentajes mucho más bajos a otras fuentes), mientras que en los otros tres países se busca la información casi en la misma medida información en los medios y en las fuentes oficiales, lo que parece traslucir una mayor desconfianza en España, Corea y Argentina hacia las fuentes oficiales. En fin, en todas partes, WhatsApp es, por encima de Facebook, la red social de comentarios con amigos y familares, pero nuevamente son España, Argentina y Corea del Sur los países que más usan esta plataforma (por encima del 50%). A menor grado de educación formal menos se acude a los medios informativos y más se depende de las redes sociales y aplicaciones de mensajería.

dieta

En cuanto a la confianza en las fuentes, en todas partes se cree más a las fuentes expertas (médicos, sistema sanitario nacional u organizaciones internacionales de salud). Después se confía en los medios informativos y los gobierno y luego, ya mucho menos en la gente y los políticos. Un dato preocupante, España tiene los porcentajes más bajos de plena confianza en los medios (un poco más del 50%) y el Gobierno (en torno al 46%, Estados Unido un poco menos, 44%).

confianza reuters

  • La mayoría de los encuestados dicen haber encontrado poca desinformación en las distintas plataformas (un dato que constrasta con los resultados españoles del DigiLab, ver más arriba). En Estados Unidos, Corea del Sur y España las respuestas identifican a los políticos como fuente frecuente de desinformación.

Recapitulando más allá de todos estos informes. Que nadie eche las campanas al vuelo por este hambre de información. La confianza en los medios informativos no es ni mucho menos plena y es menor cuanto más baja sea el nivel de educación y la polarización política del país. Las audiencias están angustiadas y cautivas. Estos consumos no se mantendrán en una vuelta a la normalidad. Y durante el confinamiento corremos el peligro de caer en una saturación informativa.

En Italia ya se ha producido un importante reflujo. En la última semana de marzo -Italia va por delante de España una o dos semanas en el desarrollo de la enfermedad, no necesariamente en los comportamientos sociales- el telediario nocturno de la RAI cayó en 352.000 espectadores, pero, sobre todo, el especial que le sigue perdió nada menos que 3,8 millones. Este último dato parece indicar la necesidad de salir del círculo angustioso (un relato sin esperanza) de una información quizá repetitiva y buscar entretenimiento y evasión.

¿Mantendrán los jóvenes alguno de los vínculos informativos generados durante el confinamiento? Puede que no, pero por lo menos habrán visto que hay otro mundo y otra forma de contar más allá de sus redes sociales.

El comportamiento de los medios

Me considero incapaz de hacer un juicio medianamente fundamentado sobre el comportamiento de los medios profesionales. Hará falta mucha investigación, que a buen seguro ya se está desarrollando.

Internacionalmente, el fenómeno más interesante y, además, decisivo en el tratamiento de la pandemia es la simbiosis entre Trump y Fox News. Durante todo su mandato, el presidente se ha nutrido de la información altamente polarizada de la cadena y esta ha sido su gran altavoz. Trump ha tenido que ceder, en parte, y adoptar a regañadientes las medidas que le recomiendan sus expertos, con los que mantiene una relación conflictiva. Fox abrazó la narrativa trumpista de minimimizar la importancia de la enfermedad y ahora presiona al presidente para una vuelta precipitada a la normalidad. Trump lanzó desde el principio una guerra contra los medios, las broncas en la sala de prensa de la Casa Blanca han sido una constante, per en esta guerra los medios están respondiendo con la contundencia que requiere la emergencia.

En España observo, claro, el sesgo editorial, como advierten los encuestados del DigiLab y como no podía ser menos. Los medios de derechas (la mayoría) apoyan editorialmente y con su sesgo editorial la narrativa del PP (incluida el encuadre que culpa al 8-M como principal causa del brote). Los de centroizquierda y relativa izquierda (los menos) apoyan críticamente el relato del Gobierno. Hasta ahí, todo legitimo.

En general, todos los medios están haciendo un enorme esfuerzo de contextualización, divulgación y reportajes (también con sus sesgos). No creo que ninguna información sobre la Covid-19, ningún dato haya sido ocultado, ninguna imagen por dura que fuera censurada, ninguna crítica anulada. Poco a poco se va escuchado -siempre dependiendo de la línea editorial- la voz de los últimos de nuestra sociedad, los más pobres, los inmigrantes que viven 10 personas en 40 metros cuadrados, las familias monparentales sin recursos, los que vivían en la calle, los que dependían de la venta callejera.

Percibo el sensacionalismo sobre todo en los magazines de televisión (la audiencia de los de la franja de la mañana ha crecido un 65%). Por supuesto, el principal problema es nuestro sesgo perceptivo, seguimos viviendo en cómodas burbujas en las que nuestras filias y fobias se ven confortablemente confirmadas.

Lo peor es lo que la pandemia oculta o deja en un muy segundo plano informativo otras realidades de nuestro mundo:

Nodos mediáticos en la campaña de desinformación

Hay una constelación de medios aparentemente profesionales que son esenciales en la distribución de la desinformación, en la infodemia que padecemos. PR noticias, moncloa.com, periodistadigital… entre otros.

No producen bulos puros y duros, pero pueden hacerse eco de ellos, dándoles una apariencia de veracidad. Y, sobre todo, cultivan la información manipulada, que a partir de datos reales, de medias verdades, ocultan el contexto y sacan conclusiones falsas. Esas “informaciones” son convertidas en virales en las redes de la derecha y la ultraderecha, ya sea por cuentas verdaderas o, directamente, por cuentas automatizadas.

Por último, para darles una difusión masiva más allá de las redes, basta citar a estos “medios” en los magazines de Ana Rosa Quinta y Susana Griso, ambos con un largo historial de manipulación. Por citar, solo una de estas últimas, la manipulación en Espejo Público de las declaraciones de un científico británico, para culpar al 8-M de brote, respondida por el propio científico.

bulo whatsapp

El bulo de WhatsApp

Estos días he observado personalmente un caso típico de desinformación, a partir de la decisión de WhatsApp de limitar la posibilidad de compartir a todos los grupos y contactos los mensajes reenviados más de cinco veces.

El estudio de esta medida merece su propio análisis, pero ha sido el pretexto para lanzar una campaña de desinformación de libro. El día 7 leo la noticia en The Guardian. El mismo día la publica El Mundo de manera más concisa, pero irreprochable. Dos días después y con un enlace a la información veraz de El Mundo me llega por el propio WhatsApp el bulo (ver imagen). En este caso no entran en juego esa constelación de medios, sino que se utiliza una noticia correcta, publicada por un medio profesional de línea editorial de derechas, que ofrece credibilidad para los sectores de esta ideología. No puedo investigar quién originó el bulo, pero en esta ocasión se ha demostrado como bulos y desinformación que podría atribuirse a la ultraderecha son compartidos por figuras tan destacadas del PP como Rafael Hernando (véase tuit).

Efectivamente, la “gente”, alguna gente, se ha ido a Telegram. De repente Telegram me avisa que una decena de viejos contactos (un fontanero, un perito, un viejo conocido, un abogado que me llevó un caso…) se han dado de alta en la aplicación.

La campaña ha tenido éxito. No porque la “gente” se haya dado de alta en Telegrama. El primer objetivo era atacar al periodismo de verificación, que les hace mucho daño, y, en cierto modo, amenazar a esta instancias profesionales, como denuncia la FESP. Pero, el objetivo último y más estratégico es crear una desconfianza general, favorecer un estado de ira dirigido contra el Gobierno: la tormenta de mierda.

(Para una ulterior entrada sobre derechos y libertades dejo la polémica sobre la disparatada pregunta del CIS sobre si es necesario para luchar contra contra la desinformación abolir la libertad de expresión y pohibir todas las fuentes que no sean oficiales).

El encuadre informativo de la pandemia

Dejemos la desinformación. Hace mucho que sabemos que tan importante como qué se dice es cómo se dice. Una de las líneas de investigación en comunicación es la teoría del enmarque, encuadre o enfoque, el framing, uno de cuyos padres más destacados es el lingüista George Lakoff.

Los temas informativos se encuadran en marcos mentales que les dan sentido. Unas veces estos marcos responden a un consenso social general (“la ciencia es buena”, “hay que comer sano”), o a un sentido compartido en una determinada comunidad (por ejemplo, el consenso de “tenemos derecho a decidir” entre los independentistas). Suelen ser los marcos más implícitos. Otras veces, en situaciones de polarización, los marcos pueden ser visiones opuestas que dividen a una sociedad. Estos marcos contradictorios son más explícitos.

El Observatorio de la Información de la Calidad de la Información en Televisión (OCITV), un grupo de investigación de la UCM que coordiné hasta mi jubilación, realiza desde hace 6 años un trabajo de análisis de contenido de los telediarios de las cadenas nacionales (metodología), en el que se investiga el ámbito, los agentes informativos, los temas y el tratamiento de las noticias de los noticieros (por ejemplo, este estudio sobre los agentes informativos).

No analizamos los encuadres, porque salvo los marcos muy generales, el framing, es particular de cada tema informativo, y los informatrivos son multitemáticos. No en estos dos últimos meses, donde el tema dominante, sino exclusivo es la Covid-19. Así que adaptamos nuestra oleada de análisis, que iba del 9 de marzo al 20 de marzo y añadimos como elementos de análisis una serie de etiquetas por duplas dicotómicas (por ejemplo, “El Estado nos protege / El Estado no nos protege”).

Hoy estamos en condiciones de adelantar unos resultado preliminares. La muestra se realiza sobre un número prácticamente idéntico de informativos de TVE, A3, T5 y La Sexta (Cuatro se nos cayó cuando dejó de hacer telediarios). Nuestra unidad de análisis es la pieza informativa y hasta ahora solo se han analizado 499 piezas, la mitad de las previstas. En una misma pieza se pueden detectar varios marcos, incluso alguno de estos pares dicotómicos al mismo tiempo.  Estos son los resultados preliminares, sin desglosar por cadenas, quizá los más significativos, teniendo en cuenta que en estos días la práctica es ver informativos de distintas canales.

encuadre general

Fuente OCITV

Como se ve, los marcos positivos dominan, sobre todo el del Estado nos protege. Pero los marcos negativos también son significativos: la enfermedad afecta a todos (no es solo cuestión de viejos), el virus mata y tenemos miedo.

Especialmente significativa es la comparación de las duplas más presentes, donde se ve como el enfoque positivo domina sobre el negativo de el mismo marco. Insisto, son resultados preliminares y se refieren al conjunto de los informativos nacionales de las cuatro cadenas de ámbito estatal.

encuadre positivo

Fuente OCITV

¿Sobrevirán los medios a la pandemia o morirán de éxito?

Con cifras nunca vista de audiencias y consumo informativo, los medios (privados) corren, paradójicamente, el riesgo de desaparecer. Los medios siguen dependiendo en gran medida de la financiación publicitaria y los anunciantes han suprimido prácticamente todas las campañas. La caída de los ingresos ha sido drástica, tanto para la prensa como para las televisiones en abierto.

La prensa abrazó Internet con entusiasmo. Antes de la explosión de la burbuja digital, primero volcó sus contenidos analógicos y luego desarrolló sus páginas web gratuitas. La publicidad digital complementaría los ingresos del papel (venta, suscripción, publicidad). Un gran negocio. Pero resultó que el público dejó de pagar por el diario en papel, un producto que se ofrecía gratis en la web, y que la publicidad digital dejaba un ingreso irrisorio por cada contacto. Algunos (por ejemplo El País o El Mundo) decidieron hace su web de pago, pero su tráfico se hundió y con él su influencia social, asi que abrieron de nuevo las webs.

Y en esto llego la recesión de 2008 y las corporaciones multimedia apalancadas con deudas impagables quebraron o estuvieron a punto de hacerlo. Muchos optaron por reducir periodistas y, por tanto, calidad, e intentaron seguir a los llamados medios nativos digitales, basados en el clickbait, en lograr millones de clics (y millones de céntimos) con titulares sensacionalistas. Tampoco funcionó. Quienes monetizaban esos clics eran Google y Facebook, así que se buscaron la sindicación de contenidos con las plataformas tecnológicas y pasaron a depender de las redes sociales, hasta tal punto que un cambio de algoritmo de Facebook pudo hundir el tráfico de los diarios que optaron por esta estrategia suicida.

Siguiendo la estela de The New York Times, los medios de calidad terminaron por apostar por los llamados muros de pago inteligentes, es decir permitir el acceso gratuito a un determinado número de informaciones, proponer la suscripción y sugerir áreas de interés para el usuario. Otros medios nativos digitales se basaron desde su nacimiento en una suscripción activa, más de adhesión asociativa que de puro abono informativo, dejando libres sus contenidos. Otros, con un modelo no lucrativo, confían en las aportaciones de fundaciones o incluso del crowfunding. En lo que todo el mundo está de acuerdo es que la información de calidad tiene un precio.

El coronavirus ha llegado justamente cuando algunos diarios (por ejemplo El País) estaban a punto de realizar la transición a un modelo de muro de pago inteligente. El problema ha sido no tanto la caída de los ingresos por publicidad digital, como la pérdida de la publicidad en el papel, que, salvo en casos contados como The New York Times, seguía siendo el principal soporte financiero. En la emergencia unos han levantado los muros, los otros los han abierto parcialmente y otros han retrasado su implantación. Justamente los que mejor tenían implantado el sistema, como The New York Times, y en situaciones de polarización política, han registrado espectaculares crecimientos en las suscripciones. Pero no ha sido, desde luego, la regla general.

La información de calidad cada vez está más detrás de muros de pago. Los muros de pago liberan del clic y la publicidad. Renuevan el compromiso con el suscriptor. Pero limitan el pluralismo. Pocos tendrán varias suscripciones, más allá de los profesionales. Más calidad sí, pero una dieta informativa menos diversa, menor pluralismo, en definitiva. Aparece una nueva grieta divisiva, solo los más ricos y más educados, los que más confían en los medios, son suscriptores, los demás  tienen que contentarse con la información viralizada por el clicbait o, peor, quedan directamente a merced de la desinformación.

Estamos en los primeros compases de una recesión, sino depresión, como no hemos conocido antes. Los medios privados ya anuncian reestructuraciones. El primero ha sido The Guardian, con un modelo no lucrativo y dependiente de una fundación, que despedirá a 100 trabajadores no relacionados con tareas editoriales. En España, todos los grandes grupos anuncian reducciones salariales o la aplicación de ERTEs (de momento a la parte de la plantilla no redaccional). En estos días, todos los periodistas teletrabajan. ¿Desaparecerán las grandes y costosas redacciones?.

Función pública y servicio público

Nunca como en estos días aparece tan incuestionable la función pública del periodismo y de los medios que lo vehiculan. Una información contrastada, completa, contextualizada es imprescindible para nuestra supervivencia personal y la superación colectiva de la crisis.

Las organizaciones empresariales solicitan ayudas económicas del Gobierno. UTECA, el lobby de las televisiones privadas, va más allá, pues no solo pide ayudas directas sino que exige dejar de realizar aportaciones a RTVE, que, por lógica, disminuirán, pues son una tasa de un 3% sobre sus ingresos brutos de explotación. El Gobieno les ha escuchado y les ha dado una propinilla de 15 milones para mantener en la TDT “durante un plazo de seis meses determinados porcentajes de cobertura poblacional obligatoria” (art. 46 RD-L. 11/2020). Que yo sepa, ningún otro sector, salvo el turístico (y por la vía de ampliar el fondo para compensar la quiebra de Thomas Cook), ha recibido una ayuda específica.

“En pocas ocasiones como en esta los medios de comunicación han ejercido su papel de servicio público para la comunidad” -dice un editorial de El País del 22 de marzo, y añade “reivindicar la información como tarea esencial en estos momentos no significa reclamar un privilegio”. Afirmaciones como esta exigen distinguir entre función pública y servicio público.

Ejercer el periodismo es una función pública, pues de esta actividad depende la conformación de una esfera pública sin la que una sociedad democrática no puede existir. Ejercer una función pública conlleva responsabilidades especiales y puede exigir una regulación pública rigurosa. Pero la actividad se realiza en nuestros sociedades en el marco del mercado. Sería lo que en el derecho comunitario se denomina servicios económicos de interés general.

En cambio, la función del servicio público supone desempeñar una actividad esencial que no puede quedar supeditada o condicionada a las exigencias del mercado. Una actividad de servicio público puede ser encomendada directamente una empresa o ente público (gestión directa) o una empresa privada (gestión indirecta).  La actividad de servicio público implica el cumplimiento de unas prestaciones exigentes y bien definidas, que van más allá de la responsabilidad y limitaciones que pueda imponer la legislación sobre los servicios económicos de interés general.

En España, el art. 20 de la Constitución reconoce a todos el derecho a la libertad de expresión e información. Ordena la regulación legal de específicos derechos profesionales, como el de la cláusula de conciencia (desarrollada por la L.O   2/97) y el secreto profesional (sin desarrllo y con un reconocimiento jurisprudencial no siempre pacífico). Y establece el control parlamentario y el derecho de acceso a los “medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público”.

En la práctica, con la liquidación en los 80 del organismo Medios de Comunicación Social del Estado, los medios públicos quedaron reducidos a las radiotelevisiones, la estatal RTVE y las autonómica. La Ley de la televisión privada (L. 10/88) declaraba en su preámbulo que la radio y la televisión son en España, de conformidad con el art. 128 de la Constitución, un servicio público esencial de titularidad estatal, para en su articulado regular la posibilidad de delegar este servicio en régimen de concesión administrativa a sociedades anónimas. Finalmente, la Ley General de la Comunicación Audiovisual  (L. 7/2010) en su art. 22 declara a los servicios de comunicación audiovisual como servicios de interés general, mientras que en el art. 40 establece los fines y misiones del servicio público audiovisual que el Estado, las Comunidades Autónomas y los Entes locales podrán establer.

No creo que las empresas periodísticas que hoy claman ser servicio público esencial quieran pasar a ser de titularidad pública. Y me temo que ni siquiera estarían dispuestos a someterse a una regulación rigurosa, como la que, con todas sus lagunas y escapatorias, están obligadas a cumplir las radios y televisiones privadas. Pero por lo menos no debieran olvidar comportamiento previos poco acordes con la función pública (EREs salvajes y discriminatorios, campañas de desinformación como la de la atribución de los atentados del 11-M a ETA). Sobre todo debieran dar muestras de estar dispuestas a asumir responsabilidades específicas que implica la función pública de informar como un autocontrol rigurosa y fiable, un mayor pluralismo interno con instituciones que reconozcan que los derechos profesionales de los periodistas pueden limitar el onmimodo poder del propietario y su libertad de empresa.

Las radiotelevisiones pública europeas

Los servicios públicos audiovisuales europeos (Public System Media, PSM), una de la señas de la identidad del viejo continente, han tenido, como todos los medios, un enorme crecicimiento en su audiencias y, lo que es más importante, en su alcance, esto es, al conjunto de los ciudadanos que prestan un servicio. Según un estudio realizado a mediados de marzo por la Unión Europa de Radiodifusión (UER-EBU) (ver en Lecturas), sus socios, las rtvs. públicas su alcance en los países más afectados por el Covid-19 se ha multiplicado por 2,5, las audiencias de sus informativos nocturnos han subido un 20%, con un muy significativo aumento entre los jóvenes de un 42%. Y todavía más se ha multiplicado (x 1,7) la consulta de sus noticias en línea y el acceso a sus aplicaciones móviles se ha doblado. (PS. datos actualizados, después de que EBU actulizara su informe.

Todos los servicios ha hecho un enorme esfuerzo, con gran despliegue informativo, adapatando sus recorsos y programación a la emergencia (aquí el caso de la BBC). Pero lo más importante, como pone de relieve el informe de la UER es que a las clásicas misiones de formar, informar y entretener se ha añadido una si acaso más esencial en estos días, la de apoyo: fomento de actividades solidarias, soporte psicológico, apoyo de iniciativas de creatividad espontánea, recopilación de puntos de atención sanitaria.

Función de apoyo

RTVE

A RTVE le ha cogido la emergencia en su crisis perpetua, con una dirección provisional que lleva camino de ser eterna, un concurso para su cúpula paralizado, muy debilitada por falta de recursos y objetivos estratégicos.

Como todo el mundo ha improvisado. Ha doblado estudios fuera de Torrespaña, creados dobles equipos, producido remotamente toda la programación de RNE, utilizado dispositivos móviles para la producción de las noticias de los telediarios. En algún momento se ha notado en pantalla el cansancio de los reporteros. Organizativamente ignoro las dificultades internas, aunque conozco las quejas sindicales sobre medidas de protección, pero hacia fuera todo para haber funcionado.

En el campo informativo lo ha hecho brillantemente, aunque sus telediarios, pese al crecimiento de la audiencia, no consigan conquistar el liderazgo, solo empatar con Antena 3, y eso sumando las audiencias simultáneas de La Uno y el Canal 24 Horas. Como siempre, la cobertura internacional ha sido un factor diferencial frente a la competencia.

Intentó el camino de los especiales el 4 de marzo con “Coronavirus. Combatir el miedo”. A toro pasado podemos decir que fue un gran error, que espacios como este creaban una falsa confianza. Pero allí estaban todos los asesores científicos del Gobierno y el tono didáctico era el adecuado. Que el Gobierno y sus asesores se equivocaron es hoy claro, pero en aquel momento el servicio público exigía ese especial, frente a los magazines sensacionalistas de la competencia. Sea como sea, TVE abandonó los especiales y se ha limitado a dar un carácter monotemático a sus magazines  de mañana y tarde.

Uno de los puntos fuertes de TVE es su programación regional, que lamentablemente al mediodía se ha sacrificado a la cobertura de las ruedas de prensa de la “autoridad competente”, que muy bien podrían haberse retransmitido exclusivamente en el Canal 24 Horas.

Los telediarios de TVE y espacios informativos de RNE como Las Mañanas son sobresalientes por la calidad de las entrevistas y, en el caso de TVE, por el esfuerzo realizado en reportajes sobre el terreno y no solo usando recursos de Internet y video llamadas.

Los telediarios de TVE no han ocultado un tema ni una imagen. Pero han sido el objetivo de las campañas de la derecha (las cartas de Díaz Ayuso cada vez que un “sindicalista” criticaba los recortes sanitarios) y la ultraderecha, con el notable apoyo en las redes de antiguos directivos manipuladores.

Lamentablemente han tenido que ser los propios informadores los que se hayan defendido (Xavier Fortes / Carlos Franganillo, en este caso la crítica a la que se responde era matizada y profesional, pero los ejemplos de la respuesta neutralizan las mentiras de las campañas de descrédito). Se ha echado en falta un contrataque institucional, a diferencia de la respuesta corporativa de Atresmedia a las declaciones de la diputada de Vox que comparaba a La Sexta con la Gestapo.

El servicio público no se agota en los informativos. Se cumple de ordinario de modo destacado en programas escondidos en La Dos o en RNE, como El Cazador de Cerebros, que ha conseguido hacer “viral” la entrevista con el virólogo Luis Enjuanes.

En esta emergencia el servicio público ha sido formación con Educlan, que, a pesar de sus carencias de partida está logrando atender a los alumnos más desfavoridos que no pueden seguir el curso en línea. Es entretenimiento diferente, con Crónicas de la Cuarentena. Y es apoyo con sesiones de gimnasia o iniciativas como el Memorial virtual del Lab de RTVE, la primera iniciativa institucional de duelo.

Como bien dicen Concha Mateos y María Lamuedra, TVE ha sido el botón de calma de esta crisis.

(Otras entradas sobre la pandemia en este enlace)

LECTURAS

El futuro de la especie

Medidas para salir del confinamiento

El capitalismo es culpable

Estudios sobre consumos informativos

¿Sobrevirán los diarios?

Medios audiovisuales

Desinformación

Apuntes y lecturas de la pandemia: comunicación de crisis


 

sanchez-virus

Comunicación de crisis: del relato a los hechos hay mucho trecho

Nunca como en una crisis de estas dimensiones es tan imprescindible que las autoridades e instituciones comuniquen  de forma directa, veraz, transparente, eficazmente. De ello depende en gran medida la respuesta responsable de la población.

En España, como en casi todas partes, esta comunicación de crisis se ha movido en dos planos, el de la información y el relato.

Primero una reflexión sobre liderazgo y relato. Perdón por esta larga introducción didáctica, que creo imprescindible.

Tradicionalmente, el líder político marcaba unos objetivos y bien por convencimiento, bien por la fuerza y el terror acomodaba toda la acción de la comunidad a esos objetivos.

En democracias, ya en la clásica Grecia, como en las muy imperfectas europeas del siglo XIX, el elemento esencial para forjar el consenso era el discurso, especialmente el oral.  Hitos históricos son, entre otros muchos, el discurso fúnebre de Pericles, el discurso de Lincoln en Gettysburg, o el de “sangre sudor y lágrimas” de Churchill. Estos líderes, discutidos y discutibles, unieron a sus pueblos para superar momentos de grave adversidad y sus discursos, piezas oratorias magníficas, son hoy todavía referentes morales y políticos.

Hasta, digamos, los años 60-70 del pasado siglo, el líder reunía a su autoridad sobre una parte importante de la población, su capacidad de conformar una unidad nacional en épocas de crisis, además del control de poderosas maquinarias partidistas.

En el último tercio del siglo XX, si no antes, el líder ya no fija el rumbo de acuerdo con unos objetivos estratégicos,  sino que acomoda estos a lo que le descubren las encuestas de opinión, o, simplemente, renuncia a tener una trayectoria propia y va cambiando de meta, cual veleta, según los resultados de las encuestas.

Los programas políticos se venden con herramientas de marketing y cambian como lo hacen los productos de consumo. Esto ocurre, además, en medio de una progresiva disolución de la fuerza organizativa de los partidos. Con una creciente semejanza en los mensajes de los partidos, diferenciados solo en matices, los ciudadanos votaban con menor fidelidad, cambiando de partido como de marca de detergente.

En el siglo XXI los políticos comprenden que hay que diferenciar claramente los mensajes. Se impone, así, la teoría y práctica del RELATO, el storytelling. La acción política no se apoya en la comunicación, la comunicación es la acción política.  Se trata de construir un buena historia y establecer una conexión emocional con el electorado.

Los spin doctors, los directores de comunicación que mueven la rueda del relato intentando acomodar los hechos a la historia contada, dominan la acción política, hasta el punto que hoy en España (Iván Redondo) y el Reino Unido (Dominic Cummings) son los jefes de gabinete de los primeros ministros y los poderes efectivos en la sombra.

La acción política se somete a los “argumentarios”, catecismos de preguntas y respuestas, que todos repiten como papagayos.  Los líderes políticos ya no son los viejos movilizadores, ni siquiera los tecnócratas sin alma, no tienen más trayectoria profesional que la especialización práctica (y, en algunos casos, teórica) en comunicación.

Cuando se viven crisis divisivas -el 11-S, las guerras de Afganistán e Irak, el 11-M, la Gran Recesión- la mejor manera de lograr esa vinculación entre líderes y electorado es polarizar el relato.

Y aquí estábamos cuando el virus, el SARS-CoV-2, mandó a parar.

El primer relato fue “no tengamos miedo, estamos en la fase de contención, somos capaces de trazar los casos importados y aislarlos para evitar el contagio”. Este relato se confió a un médico, el doctor Fernando Simón, un buen especialista y un gran comunicador, achicharrado por su excesiva exposición y ahora víctima de una miserable campaña de descrédito y burla por parte de la derecha y ultraderecha -por cierto a Simón le nombró como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias el gobierno de Rajoy en 2012.

Los mensajes de Simón durante enero y febrero eran prácticamente una copia de los de la Organización Mundial de la Salud. El gobierno y sus asesores científicos aplicaron las recomendaciones internacionales, pero ni se fue capaz de detectar la circulación del virus por el vector de los asintomáticos, ni se tomaron las previsiones para lo que se avecinaba. Es de poco consuelo que en toda Europa (si se quiere con la discutible excepción de Alemania) los gobiernos fueran igual de improvisadores. Con todo, creo que el relato de la fase de contención no ocultó hechos, evitó el pánico y el desabastecimiento, pero tuvo la grave consecuencia de inducir una falsa confianza en la población.

Todo cambia cuando se pasa a la fase de contención y se declara el Estado de Alarma.  Ahora el mensaje principal es:

  • “Todos unidos venceremos”

Y los secundarios más importantes:

  • “Será muy duro, pero tenemos la sanidad y los científicos necesarios para vencer”
  • “Será muy duro, pero el Estado nos protegerá, nadie, ni sanitariamente, ni social, ni económicamente quedará detrás”
  • “Será muy duro, pero con la solidaridad de todos, vencemos”
  • “El Gobierno sigue las recomendaciones de los científicos”
  • “El Gobierno centraliza la lucha, pero se coordina con las comunidades autónomas”

Y uno de empatía, que se ha ido incorporando más tarde y que ahora abre prácticamente cualquier declaración, rueda de prensa o entrevista:

  • “Nuestras condolencias con los familiares y amigos de los fallecidos, nuestra solidaridad con sanitarios, policías, trabajadores sociales etc. etc.”

Este relato ha imbuido todos los mensajes oficiales y se ha desarrollado en dos planos, el de las declaraciones solemnes del presidente del Gobierno y las ruedas de prensa de las “autoridades competentes delegadas” establecida por el Decreto de Estado de Alarma (ministros de Interior, Transportes, Sanidad y ministra de Defensa).

Confieso que la primera comparecencia de Pedro Sánchez, el 13 de marzo, para anunciar la declaración del Estado de Alarma hasta me pareció “presidencial”. Los mensajes eran los necesarios: la invocación a la unidad, la advertencia de que “vendrán días muy duros”, la promesa de protección del Estado, con todos sus recursos bajo una única autoridad y la promesa de que “tardaremos semanas, pero pararemos unidos al virus”. Y el tono de gravedad imprescindible. Hasta en ese momento -echándole mucha comprensión- pudiera justificarse en la improvisación la subsiguiente rueda de prensa con preguntas filtradas por el Secretario de Estado de la Información.

Empezó entonces el carrusel de ruedas de prensa diarias, a cargo de ministros y funcionarios, la mayor parte de ellos con limitadas capacidades comunicativas. Larguísimas declaraciones en las que se enuncia más intenciones que hechos. Y luego ruedas de prensa con las preguntas filtradas, que se responden vagamente o directamente se eluden, sin posibilidad de repregunta. Eso sí, un mensaje visual: el Estado centralizado vuelve con toda su pompa de uniformes y medallas.

Ocurre que la información que supuestamente posee la “autoridad competente”, es insuficiente o directamente inexistente. Que las medidas se improvisan sobre la marcha. Que las estrategias hay que cambiarlas cada día. Que en el especulativo mercado internacional de suministros sanitarios España es impotente. Además, la capacidad de aplicar las medidas que se anuncian ni siquiera está en manos de la “autoridad competente”, sino en gran medida de las comunidades autónomos (no se ha explicado bien que el control de las residencias de ancianos compete a las comunidades). Que las medidas sociales y económicas son de gran complejidad y nuestras administraciones, profesionales y honradas, pero lentas y poco adaptadas al cambio, no están preparadas para aplicarlas. Que los expertos no siempre están de acuerdo y que la ciencia no puede dar respuesta a una pandemia en una semana. Y, en cambio, resulta que ni ministros ni funcionarios tienen experiencia de crisis y no saben más que responder en una jerga burocrática que en nada ayuda.

El fallo garrafal de las ruedas de prensa filtradas se ha corregido al remolque de la protesta de los periodistas y sus organizaciones y del plante de algunos medios. Las preguntas recibidas y seleccionadas de antemano han dado una falsa seguridad a los comparecientes, que por mucho que hayan conocido previamente las preguntas no han sido capaces de dar respuestas concretas. En el caso del presidente del Gobierno pareciera que algunas respuestas estaban ya preparadas para ser leídas en el telepromter.

En buena práctica periodística, las preguntas se plantean después de las declaraciones, no antes, y pueden ser completadas con repreguntas. Desgraciadamente, es un un lugar común que los políticos, todos, no respondan a lo preguntado y que solo muy raramente se les repregunte. Dicho todo lo cual, creo que en estas ruedas de prensa se plantearon (filtradas y ordenadas) todas las preguntas relevantes y, desde luego, no puede hablarse de censura, ni de que el presidente del Gobierno no ha comparecido en ruedas de prensa. También cabe recordar que, a diferencia del resto de los presidentes autonómicos, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no da ruedas de prensa.

Sánchez ha abusado de este relato presidencial de unidad en lugar de dar cuentas y responder a las preguntas esenciales. No es de recibo hacer comparecencias de 40 minutos a las tres de la tarde, a la hora de los telediarios, para remachar el relato con mensajes manidos. Los españoles agradecen los mensajes de empatía, pero quieren saber porque las cosas se han hecho como se han hecho y, sobre todo, cómo se van a hacer. No basta reconocer genéricamente que se han cometido errores, hay que dar explicaciones coherentes de cuáles y por qué.

El relato del PP ha sido cambiante. De un primer enfásis en la unidad (por cierto, rídicula la aparición el 13 de marzo de un Casado “presidencial” inmediatamentes después de Pedro Sánchez, copiando el discurso churchilliano de “lucharemos en las playas…”). Luego, además de críticas más que justrificadas a la acción de gobierno, descalificaciones absolutas, en la lógica de la crispación, y, finalmente, la construcción de un nuevo relato: Podemos va dar un golpe de estado socioeconómico a través de las medidas de emergencia.

Vox es el partido que más se desmarca del relato de unidad (por mucho que su diputada contagiada, Macarena Olona, luzca la bandera de España en su mascarilla). Pide nada menos que la dimisión y enjuciamiento del Gobierno y la constitución de un ejecutivo de técnicos (¿qué técnicos?), mientra alienta el discurso del odio en las redes sociales desde sus cuentas automatizadas.

Ahora emerge otro relato, el de unos nuevos pactos de la Moncloa. Es claro que un acuerdo entre todos, partidos, Gobierno de España y de las comunidades autónomas, empresarios y sindicatos y organizaciones sociales es absolutamente imprescindible para salir a flote de la crisis. Lógico es que cada cual prepare sus reivindicaciones. No será -si es que se llega a poner en marcha- un proceso tan sencillo como los de los pactos de 1977. Lo que no es de recibo es que el PP construya de antemano su relato, acusando al Gobierno de tomar esos posibles pactos como una excusa para convertirnos en otra Venezuela. (PS. El Gobierno de Andalucía -no sé si otros gobierno autonómicos puedan estar haciéndolo también- recurre al publirreportaje para elogir su gestión de la crisis, luego con amplia repercusión en medios digitales afines y redes sociales).

En fin, ójala volvamos pronto a la normalidad para que los millones de españoles que ahora se creen expertos en epidemiología, salud pública y enfermedades infecciosas vuelvan a su estado natural de seleccionadores del equipo nacional de fútbol.

(Como ya es muy larga esta entrada dejo para la próxima la conducta y los cambios en los medios. Muy ligado a este tema está el de un mundo virtual, al que dedicaré otra distinta entrada más adelante.)

Otras entradas sobre la pandemia en este enlace.

LECTURAS

Antes de lecturas correspondiente al tema aquí desarrollado, algunas referencias a las reflexiones sobre otros asuntos que he encontrado estos días. Pongo *** a las lecturas que me parecen imprescindibles

El futuro

  • *** Harari, Yuvari. “El mundo después del coronavirus”. La Vanguardia (5-04-20).
    • El texto del historiador israelí ha circulado profusamente. “En este momento de crisis, nos enfrentamos a dos elecciones particularmente importantes. La primera es entre vigilancia totalitaria y empoderamiento ciudadano. La segunda es entre aislamiento nacionalista y solidaridad mundial”.

Lucha contra el virus

Comunicación

 

 

Apuntes y lectura de la pandemia: la globalización


mundo conectado

La pandemia en un mundo hiperconectado

Vuelvo sobre la relación entre el coronavirus y la globalización, después de una primera aproximación, el 28 de febrero, cuando la enfermedad todavía no era una pandemia.

Dicen que esta es la pandemia de la globalización. Que el virus pondrá fin a la globalización. Veremos…

La globalización no es la causante de la pandemia, pero sí, esta es la pandemia de la globalización.

Las pestes de otras época se propagaban a paso de caballo o de camello, a la velocidad de barcos de vela. La gripe española lo hizo con el tempus del ferrocarril y los barcos de vapor, transmitida por los soldados desmovilizados y las poblaciones desplazadas. En enero de 2020 un portador del virus podía dar tres o cuatro veces la vuelta al mundo durante el periodo de incubación, contagiando a centenares o miles antes de que la enfermedad se manifestara.

En estos apuntes de hoy os traslado el precipitado de mis lecturas de estos días sobre los distintos tipos de respuesta, en función de la cultura y el sistema político; de la dolorosa y cínica inacción de la UE; y, en fin, de lo que se atisba pueden ser cambios en la globalización. Al final, unas lecturas escogidas. Y antes unas observaciones generales, sobre el sesgo y el lenguaje bélico.

El pensamiento confinado: el sesgo

Toma la expresión prestada de Laurent Joffrin, el director de Libération. En la avalancha de reflexiones de pensadores de todo signo, el pensamiento parece seguir estando confinado por el sesgo de cada uno. Los nacionalistas piden más fronteras. Los liberales un estado más ágil. Los altermundistas otra globalización. Los religiosos conservadores unas costumbres menos liberales. Los partidarios de lo público culpan a la liberalización de los servicios sanitarios. Para unos el responsable es Trump; para otros Sánchez, o, al otro lado del espectro, Esperanza Aguirre y Díaz Ayuso… Ninguno somos capaces de escapar de nuestro marco mental. Yo tampoco. No obstante, propongo algunos posibles puntos de acuerdo:

  • Las pandemias son un elemento natural más del ecosistema Tierra;
  • Este coronavirus no está fabricado en un laboratorio. Es un caso más de zoonosis, aunque no esté claro si el virus mutó en un huésped animal antes de saltar a un humano o mutó en un huésped humano (contagiado por un animal) antes de tener capacidad de contagiar a otros seres humanos. Harán falta todavía muchos estudios, pero valga por el momento el artículo de Nature, que incluyo más abajo en lecturas;
  • Las sociedades responden con sus recursos conforme a su cultura;
  • Los gobernantes improvisan en una situación inédita, balanceando la vida, la economía y su propia supervivencia política y, según el peso de cada factor, así es la respuesta, que debemos criticar en caliente, pero que solo seremos capaces de valorar más adelante (Capítulo aparte: Bolsonaro, Trump, López Obrador, ejemplos de estulticia criminal);
  • Cuando todo termine debieran de abrirse espacios institucionales (nacionales e internacionales) de reflexión para determinar que sociedad queremos.

Esto no es una guerra

Es muy comprensible el recurso de políticos, médicos o periodistas a calificar esta situación excepcional como una guerra. Hasta el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, dice que estamos perdiendo esta guerra. La III Guerra Mundial. Una guerra contra un enemigo invisible; en la que debemos permanecer unidos; una guerra que venceremos. La excepcionalidad de la pandemia se acomoda bien a la excepcionalidad de la guerra.

Pero no, no es una guerra. Ningún estado ataca a otro, no hay enemigos humanos, no hay -no debe haber- odio. Ningún ser humano va a ser obligado a matar a otro, aunque los doctores tienen puedan tener que decidir a quien dan prioridad en sus tratamientos. Ninguna infraestructura debe ser destruida; ningún estado o ideología erradicada; ninguna nación sacrificada. Sí debiera servir para parar las guerras o, al menos, como pide Guterres, decretar un alto el fuego inmediato y global.

Las palabras modelan la acción. La palabra guerra nos convoca a la unidad, al coraje,  a la resistencia personal y colectiva, a la búsqueda de soluciones inéditas. Pero también activa emociones excluyentes y, esto es lo peor, puede servir para justificar el sacrificio de sectores sociales o la adopción de medidas antidemocráticas, como acaba de hacer Orban en Hungría.

Un problema global, respuestas nacionales

Una pandemia como esta manifiesta la dramática ausencia de instituciones de gobernanza global.

En el sistema multilateral de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS-WHO)  promueve la salud de todos los pueblos, “una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados”. Con 7000 funcionarios elabora directrices y normas sanitarias, asesoran a los países, promueven la investigación y refuerzan  los sistemas de salud de los países más débiles. A la OMS compete lanzar alarmas de emergencia o declarar una pandemia. Pero la respuesta sigue siendo nacional. Cada país ha reaccionado conforme su cultura, sistema político y recursos sanitarios.

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Chiang Mai (Tailandia), marzo 2019. Foto propia

China, Japón y Corea han aplicado soluciones distintas, aparentemente efectivas, pero ahora corren el riesgo de un segundo brote, como advirtió el estudio del Imperial College. Cualquiera que haya viajado por Asia Oriental habrá constatado la omnipresencia de la mascarilla. En Bangkok o Pekín protegen de una contaminación asfixiante, pero en todas partes, hasta en los mercados más abarrotados, los asiáticos parecían ser conscientes de que tarde o temprano habría otra epidemia vírica. En Asia estalló el SARS (primo de este SARS-CoV-2), la gripe aviar, el Mers, las grandes epidemias del siglo XX (salvo el ébola), que afortunadamente no se convirtió en pandemia.

Por eso, porque esperaban otra epidemia,  la respuesta asiática ha sido más rápida y aparentemente más eficaz.

China aplicó medidas draconianas con un confinamiento de una provincia de 60 millones de personas y medidas de aislamiento y vacaciones de tres semanas en todo el país. A pesar de las graves distorsiones de su economía, de las que tardará mucho en recuperarse, la inmensa China ni se vio por igual afectada, ni se paralizó totalmente.

El régimen ha coreografiada una cuidadosa propaganda de su eficacia y lo cierto es que, aparentemente, el contagio comunitario ha terminado. La superioridad -dicen también fuera de China- del autoritarismo. Pero fue el autoritarismo, la supresión de la crítica, la falta de libertad de expresión, la ocultación, la que hizo que el virus se propagara. Para Reporteros Sin Fronteras “si la prensa china fuera libre, el coronavirus no sería una pandemia”.

The New York Times ha analizado como se propagó el virus antes del cierre de Wuhan utilizando los datos publicados por Waidu, el operador chino de telecomunicaciones. Desde que el 31 de diciembre China advirtió a la OMS que tenía un brote de un nuevo virus, prevenible y controlable hasta que se cerró la ciudad el 23 de enero, 7 millones de viajeros, coincidiendo con el año nuevo chino, salieron de la ciudad, extendiendo la epidemia por las grandes ciudades chinas y desde allí a grandes zonas metropolitanas de todo el mundo.

China ha logrado controlar la epidemia con confinamientos drásticos, parada parcial de la producción y control social. Control tradicional a partir de la policía, el encuadramiento en las organizaciones del partido y los comités de barrio. Control cibernético, a partir del big data, cámaras de vigilancia, reconocimiento facial, carnets por puntos de buena conducta y salvoconductos digitales. En fin, un conjunto de políticas intrusivas. Y poniendo a pleno rendimiento su enorme capacidad fabril de material sanitario, lo que ahora la coloca en posición dominante en el mercado mundial. Las medidas de distancia se levantan poco a poco, con enormes precauciones.

Corea del Sur ha controlado el virus sin paralizar su economía. Una semana después del primer positivo, las autoridades requirieron a la industria farmacéutica que produjeran test a gran escala. Los tests se aplicaron a cualquier sospechoso incluidos aquellos con síntomas leves, con celeridad, en centros en la calle habilitados para ello. Mediante el uso de los datos telefónicos se geolocalizó el movimiento de los pacientes, se advirtió del peligro de zonas de contagio, se dio la atención médica a todos los pacientes. Y lo más importante, desde el primer momento se protegió al personal sanitario, sin permitir que colapsara el sistema.

Japón comenzó por gestionar desastrosamente el caso del crucero Diamond Princess con una cuarentena a bordo que multiplicó el número de contagiados. Después combatió con éxito un brote en Osaka (el virus se propagó entre chicas que asistían a conciertos en la noche de San Valentín) con asistencia médica a los enfermos más grave y tratando al resto en casa. No se han tomado más medidas restrictivas que el cierre de los colegios durante un mes, aunque puede que el distanciamiento social, propio de la cultura japonesa, haya tenido un importante papel en la ralentización de los contagios. De mala gana ha aceptado el retraso en un año de los los Juegos Olímpicos. Ahora los casos crecen en Tokio y las autoridades no descartan ya cerrar la capital.

En Europa, la UE ha fracasado estrepitosamente. La Comisión von der Leyen, que se jactaba de tener una visión estratégica, ha sido incapaz de garantizar que los países no bloquearan el comercio de suministros sanitarios (no digamos ya coordinar el cierre de las fronteras en el marco del acuerdo de Schegen) o proponer una estrategia común (el tema económico lo dejo para otro post). Dentro de quince días llegaran los productos sanitarios comprados conjuntamente, lo que está muy bien, pero durante todo la crisis los ciudadanos europeos están teniendo sola la referencia protectora -con todos sus fallos y negligencias- de su estado nacional, no de la Unión -por no mencionar los insultos calvinistas a los vagos católicos mediterráneos.

La respuesta europea más eficaz parece haber sido la de Alemania, mientras que Italia, primero y España, después, se han hundido en el marasmo. Es un misterio la baja letalidad del virus en Alemania ¿se registran todos los muertos? ¿no hay interacción entre jóvenes y ancianos y por tanto estos últimos son más preservados del contagio? Parece muy probable que Alemania haya sido uno de los focos más tempranos en Europa, como demuestra que los primeros casos importados en España fueran alemanes. Pero lo decisivo, sin duda, ha sido la masiva realización de test y la atención adecuada a los enfermos: por cada 100.000 habitantes Alemania tiene 29,2 camas de cuidados intensivos, España 9,7, esto es, tres veces menos. Ahora, visto lo visto en Italia y España, todos los países adelantan y endurecen las medidas de confinamiento y hasta el inefable Boris abandona precipitadamente su criminal idea del contagio e inmunización grupal. El éxito dependerá de la fortaleza de los sistemas sanitarios, de la capacidad de liderazgo y de la unidad de las sociedades.

Como a todos los virus, al SARS-CoV-2, le gustan las concentraciones y la interacción humana y, por tanto, prolifera en las metrópolis. Después de Lombardía, Madrid y Cataluña, Nueva York ahora es el pricipal foco. Estados Unidos es el primer país en contagios. La plaga será terrible por la inexistencia de un sistema público de salud. Aún con seguro médico, los copagos pueden arruinar a muchas familias de rentas medias. En un país federal la respuesta será muy distinta de unos lugares a otros. Tienen una gran ventaja: al igual que China es un país inmenso donde la epidemia no castigará del mismo modo y al mismo tiempo en todas partes, así que podrá mantener al menos parcialmente su -mermada por la deslocalización- capacidad productiva.

En India, 1.300 millones de personas tiene orden de quedarse en sus casas. Millones de agricultores, y todos los que viven en la calle y de la economía informal, tendrán que elegir entre confinarse o morir de hambre.

En Latinoamérica han tenido dos, tres semanas, para mirarse en Italia y España. Las medidas de confinamiento son más o menos rígidas, pero los sistemas de salud son frágiles y, sobre todo, la dependencia de la economía informal hacen difícil el distanciamiento.

Qué decir de África, donde el lavarse la manos puede ser un lujo. Pero los africanos si saben lo que es un virus mortal. Se han enfrentado al ébola y por eso sus sistemas sanitarios, por precarios que sean, están ya orientados hacia estas emergencias y la población sabe la importancia de respetar la distancia social.

Ruptura de la lógica de la globalización y cambios geoestratégicos

En un mundo físicamente detenido -aunque virtualmente conectado- el comercio y las cadenas de producción se rompen. La globalización está en hibernación. ¿Se retomará cuando, poco a poco, vuelva la normalidad? ¿Cómo se alteraran los equilibrios estratégicos?

La globalización de 1870-1914 estaba basada en la extracción colonial y en el libre comercio entre los imperios. En la actual, con una red de transportes de máxima eficacia económica (y mínima eficiencia energética), y un comercio multilateral regulado por acuerdos comerciales entre bloques o por las normas mínimas de la OMC, la producción también está globalizada. Las cadenas de producción están distribuidas a lo largo de todo el globo, buscando que cada elemento se produzca en el lugar en el que se presente una ventaja competitiva: menor precio de la mano de obra, menor coste de transporte, mejores infraestructuras, más concentración de conocimiento, mayor proximidad. Objetivo: maximación de los beneficios. Y también bajos precios de venta. Beneficio para los consumidores, reducción de la pobreza extrema, crecimiento de las clases medias de los países emergentes, dualización en los países centrales.

En general, los elementos de menor valor añadido se han confiado a los países más pobres, con manos de obra barata o casi esclava, mientras que los países centrales (Europa, Estados Unidos) se ha reservado las tareas de mayor valor añadido, como el diseño, o servicios especializados, como los financieros. Y todo con una sincronía temporal de modo que cada elemento estuviera en el lugar adecuado en el momento oportuno, con los minimos stocks. En este esquema, China se convirtió en la fábrica del mundo. Al tiempo, con el enorme poder de su Estado detrás, fue creciendo en investigación y diseño, con el claro designio de independizarse o al menos competir ventajosamente con los países centrales.

Antes de la pandemia las cadenas de valor ya estaban recolocándose. China, con su mejora del nivel de vida, ya no era el productor competitivo para los productos de menor valor añadido. Incluso, inversores chinos fabrican productos de valor tecnologico medio en otros países, mientras el gobierno apuesta a tope por la róbotica e inteligencia artificial. Las guerras comerciales y las políticas agresivas de Trump anunciaban relocalizaciones.

Por mucho que durante el pasado año se hablará de “desacople” o “desglobalización”, lo cierto es que estas semanas se ha demostrado que China sigue siendo la fábrica de algo tan estratégico como suministros sanitarios básicos.

Ahora, además de la relocalizaciones por razones ecnómicas o por el simple caos causado por la pandemia, es de esperar que los estados redefinan un conjunto de productos y servicios esenciales estratégicos. No se puede depender de proveedores externos, sobre todo cuando lo que aparece en el horizonte es una fragmentación en bloques geoestratégicos. No para bienes como medicamentos, y menos para infraestructuras determinantes, como las redes 5G. Ello requeriría ingentes inversiones públicas y privadas, poco probables en en un panorama de sobreendeudamiento público y privado.

No, la globalización no se desmontará, porque es el sistema sanguíneo de nuestro mundo. Pero las cadenas de valor se redistribuirán más equitativamente. No será tan importante el just in time, como la seguridad del suministro.

No se vislumbra, desgraciadamente, nuevas instituciones que gobiernen la globalización. Quizá se refuerce la OMS, pero poco más.

En los equilibrios estratégicos,  Estados Unidos, ya antes en fase de repliegue de su poder blando para apostarlo todo al poder duro, va a sufrir mucho, en términos de muertos, pérdidas económicas y destrucción de la confianza. Aparentemente China sale reforzada de esta crisis. Intenta jugar el papel líder, al que Estados Unidos ha renunciado. Presenta su -relativa- eficacia para combatir la epidemia, su solidaridad con el envío de productos sanitarios y médicos a los países más afectados. Nada dice de los abusos de sus empresas. Pero su talón de Aquiles es, justamente, su proyecto estrella, la nueva Ruta de la Seda. Basado en la conexión del mundo entero con China mediante la construcción de infraestruturas duras (puertos, ferrocarriles, carreteras). ¿Seguirán interesados los países “beneficiados” en endeudarse con China en el marasmo económico que puede seguir a la pandemia?. Por su parte, la UE es un elefante lento (y no sé si seguro). Su maquinaria es poderosa, pero le falta espíritu. Tiene que decidir si quiere regresar al puro mercado único o convertirse en una verdadera unión de ciudadanos.

(P.S. Una manifestación de la globalización que ahora es decisiva es la colaboración internacional entre científicos. Igual que las cadenas de producción son globales, así también las cadenas de investigación. Una vacuna no será ni china ni norteamericana, será el fruto de la colaboración entre distintos institutos de investigación a lo largo del mundo. Los científicos ahora están compartiendo sus resultados de forma libre, sin esperar a la lenta publicación en las revistas prestigiosas. Lo cuenta The New York Times.)

LECTURAS

Recomiendo la suscripción a Coronavirus Readings by The Syllabus (Suscripción/ Archivo) de donde he sacado muchas de estas lecturas. La mayoría no son de prensa española, que doy por supuesto que son más conocidas.

(Otras entradas en el blog en este enlace)

Apuntes y lecturas de la pandemia: la división


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Este tiempo suspendido del confinamiento se hace cada vez más espeso. El silencio de las calles se rompe cada poco por las sirenas de las ambulancias que se dirigen a uno de los grandes hospitales madrileños. El virus nos cerca y nos toca: el dolor por amigos o seres queridos afectados por el virus o por sus consecuencias económicas; muertes que crecen exponencialmente; desconcierto; vulnerables dejados a su suerte: solidaridad… y división.

En estos días es difícil mantener la cabeza fría. Intentaré mantener el blog con apuntes de mi reflexión a partir de la lectura de la ingente masa de información que nos llega. Voy a intentar ejercer esa labor de curaduría (sobre la que investigué en un artículo académico) compartiendo aquí, además de en Twitter (@rafaeldiazarias) las piezas reflexivas que me parezcan más valiosas. Pero ahora es imposible no manifestar los sentimientos ni los sesgos, que como todo el mundo tengo.

¿Desunidos venceremos?

Tiene todo el derecho este médico a indignarse.  Es legítimo su grito. Nuestros sanitarios son como los liquidadores de Chernobyl. Los hemos enviado a luchar contra un virus mortal sin los medios necesarios.

Lo que no es legítimo es la utilización partidista, agresiva, divisoria, de su grito. Una ola de indignación crece en las redes sociales a caballo de bulos y medias verdades, que,  manipulada puede llegar a convertirse en odio.

Toda crítica, por muy dura que sea, es legítima y necesaria en una democracia. El Gobierno toma todos los días decisiones extremas, unas más acertadas, otras menos, aunque su efectividad en la mayor parte de los casos se verificará en los próximos meses. Sánchez abusa de la retórica de la unidad para ocultar las carencias.

La oposición cumple con su función de controlar al Gobierno y formalmente adopta una actitud de Estado aprobando Decretos-Leyes, prorrogando el Estado de Alarma, pero PP y Vox vuelven al juego de las declaraciones descalificadoras, mientras su galaxia comunicativa (periodista digital, moncloa.es, okdiario etc.) lanzan mensajes envenenados, replicados en las redes sociales y, sobre todo, manipulan las expresiones más que justificadas de indignación. O, directamente, como Vox, estigmatiza a los emigrantes irregulares, exigiendo que se les niegue la gratuidad de la asistencia (aquí la verificación sobre esta información)

No es un consuelo que toda Europa lo esté haciendo tarde y mal. Seguramente en todas partes ha habido una tensión entre intentar parar de raíz la epidemia con medidas drásticas y el deseo de crear las menores disfunciones sociales y económicas. Los gobiernos, y no digamos la UE, no han estado a la altura, pero el problema es que las sociedades no estaban preparadas.

¿Alguien recuerda la airada reacción nacionalista (catalana o española) cuando se suspendió el Mobile? Parecía que era una conjura contra Barcelona, Cataluña, España (por ese orden). En las ruedas de prensa el Director General de la OMS, Tedros Adhanom, se limitaba a pedir que los países se preparasen. La declaración de emergencia internacional de la OMS del 30 de enero no obligaba más que a la coordinación entre países bajo el marco de la OMS en la elaboración y aplicación de medidas preventivas y planes de contingencia.

Incluso los mensajes que llegaban de la comunidad científica eran tranquilizadores. ¿Fueron mal asesorados los gobernantes o los asesores les dijeron lo que querían oír? ¿O, directamente, ignoraron de forma suicida las llamadas de atención?

Las sociedades europeas veían el mal como una más de las epidemias asiáticas, algo que, dada nuestra superioridad (moral, política, económica, sanitaria) no iba con nosotros.

Faltó liderazgo. Nuestros líderes no nos advirtieran y tomarán con anticipación y tranquilidad las medidas que han adoptado tarde y en peores condiciones. Y la ola de la epidemia ha roto contra el frágil dique de unos servicios de salud debilitados por los recortes en Italia y España (en este magnífico hilo de Rosa Medel se explica los estragos de las estrategias de privatización sobre el sistema de salud madrileño).

Cuando esto termine habrá que abrir comisiones de investigación serias (no el consabido pim pam pum de “y tú más”) que determinen lo que falló, la responsabilidad de cada cual y, sobre todo, recomendaciones (y procesos para su aplicación) de lo que hay que hacer ante una pandemia (o una catástrofe medioambiental).

Son muchos los héroes anónimos, los que lo están entregando todo. No solo los sanitarios que están en primera fila; también todos los trabajadores que mantienen el país en funcionamiento y hacen posible que los supermercados funcionen. La mayor parte son jóvenes y precarios (empezando por el personal sanitario).

Los médicos voluntarios o los técnicos que altruistamente han montado el hospital de Ifema o los que organizan grupos de autoayuda en los barrios. A todos ellos hay que aplaudirles a las ocho de la tarde. Y también a los que hemos dejado a su suerte: los ancianos de las residencias, los confinados en los CIEs (qué cinismo el de Grande-Marlaska al decir que se estudiará caso a caso para ver a quien se puede devolver a su país),  los niños en riesgo de pobreza que han perdido su tabla de salvación de la escuela…

Acaba de terminar el aplauso de las ocho. Más o menos la mitad de las ventanas y balcones se han abierto. A las nueve llegará la cacerolada. Entonces, también a ojo de buen cubero, en este barrio acomodado de Madrid en el que PP y Vox acumulan más del 70% de votos, se abrirán una de cada tres ventanas.

¿Unidos venceremos?

(Esta entrada ya es demasiado larga, así que dejaré otros apuntes sobre la globalización para la próxima)

LECTURAS

Al menos una lectura, quizá la más general y comprensiva, las siete lecciones preliminares de Ivan Krastev: la pandemia reforzará a los poderes públicos (1), al estado nación (2), el nacionalismo (3), aumentará la confianza en los expertos (4), acentuará el uso del big data (5), afectará a las dinámicas intergeneracionales (6) y -más que una lección un hecho- habrá que elegir entre proteger a las personas y la economía (7). Por supuesto, recoger una lectura aquí no quiere decir compartir las conclusiones.

 

Ante el coronavirus distancia social, distancia reflexiva


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Aislamiento físico/comunicación virtual

Nos piden -y nos debemos a nosotros y a los demás- confinamiento y distancia social. Tiempo suspendido por la excepcionalidad de la epidemia. Tiempo de aislamiento social, pero de extrema comunicación virtual.

Vídeos, memes, útiles consejos, bulos, noticias urgentes, chistes (penosamente machistas muchos de ellos), interesantes análisis: información imprescindible, sí, pero también intoxicación y saturación informativa. Por cierto, esta explosión de interacciones es una mina para las tecnológicas (gran negocio) que tienen nuestros datos y es un terreno que exige investigaciones comunicativas, pues es la primera vez que nuestra sociabilidad se hace radicalmente virtual.

Sin dejar de atender a todas nuestras redes que sustituyen la imprescindible sociabilidad presencial, conviene tomar una cierta distancia en el análisis y la reflexión. Y desde luego no compartir cualquier cosa (en el infierno seguro que hay un lugar especial para el diseñador de esa flechita curva de “compartir” que aparece en el WhatsApp). Como todos, he recibido preocupantes mensajes de médicos que auguraban centenares de miles de muertos y otros también de sanitarios que decían que lo mejor era seguir con la vida cotidiana. En fin, contaminación informativa. Pero también agudos análisis, como este de Xavier Ferrás, que auna en una visión tecnológica y estratégica algunas de las tendencias que se apuntan estos días.

Con esta entrada pretendo, en primer lugar, serenarme escribiendo, y luego compartir lo que he ido aprendiendo estos días. Perdonad si con ello os agobio con un mensaje más.

Estrategias contra el virus

En primer lugar, mea culpa. Como tantos otros elogié y exigí una información serena que no alentara el miedo. Pero los medios responsables, lo mismo que el Gobierno, creo que mal asesorado por los expertos, no supieron anticipar la gravedad de la situación y crearon una falsa conciencia de seguridad entre la población, de que esto era como una gripe un poco más contagiosa. Y parecía haber un consenso entre los especialistas de que eran suficientes las medidas de contención: seguir los contagios y aislar los focos localizados.

Confieso que no empecé a preocuparme hasta ver el día 11 este análisis estadístico de Kiko Llaneras. Los números y los gráficos me mostraron que el virus era más contagioso y letal de lo que tenía asumido, y, sobre todo, que nuestra curva de crecimiento parecía estar condenada a dar el salto exponencial que ya habíamos visto en Italia.

Ese mismo miércoles 11 de marzo, el doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y estupendo comunicador, que día tras día insistía en tranquilizar a la población, explicó la estrategia de aplanar la curva, de modo que evitando un pico abrupto no se colapsara el sistema sanitario y los contagios progresivos pudieran recibir atención. El vídeo se convirtió en viral. Venía a decirnos que si respetábamos la distancia social limitaríamos la letalidad del virus y daríamos tiempo al sistema sanitario para ir poco a poco atendiendo a los contagiados.

Mientras el sábado 14 el Gobierno estaba reunido en Consejo de Ministros para declarar el Estado de Alarma, esclarecedora y preocupante me pareció esta entrevista con Santiago Moreno, jefe de servicio de enfermedades infecciosas en el hospital Ramón y Cajal de Madrid. Reconocía que la comunidad científica había pecado de exceso de confianza y que nuestra magnífica sanidad pública no estaba preparada para esto.

Entonces recordé la lucha de la Marea Blanca contra el previsto cierre del hospital Carlos III por el gobierno de Esperanza Aguirre en 2013 (consejero entonces de Sanidad Fernández Lasketty, hoy de Hacienda). El Carlos III, como centro de referencia de enfermedades infecciosas, se salvó porque nos salpicó el ébola. El caso es que nuestro sistema sanitario sigue enfocado al tratamiento de agudos,  un poco hacia las largas estancias y nada hacia unas enfermedades infecciosas, que parecía de otra época. Recordé también haber leído a un epidemiólogo que allá por 2009, cuando la gripe A, decía que lo cierto es que la pregunta no era si había otras pandemias, sino cuando llegarían. Había olvidado esa advertencia y como yo, parece,que también el sistema sociosanitario.

La información que me ha resultado más esclarecedora me ha llegado a través del chat de Europa En Suma. En un brillante análisis de Roberto Buffani, originariamente publicada en una web italiana de izquierdas, desarrolla la hipótesis (que advierte que no puede contrastar estadística y epidemiológicamente) de que existen dos aproximaciones en la lucha contra la enfermedad:

  • La que yo llamaría comunitaria, que es la de sacrificar la economía para salvar el mayor número de personas, lo que es coherente con el confucionismo-comunismo chino y con los valores familiares-católicos de los países mediterráneos.
  • La que podríamos llamar neoliberal, que hace un cálculo coste-beneficio y decide sacrificar a los más vulnerables, que no podrán ser atendidos por un sistema sanitario en emergencia, antes que paralizar la estructura productiva, confiando, además, que la extensión generalizada del virus termine por inmunizar a la población y la epidemia se detenga. Es el planteamiento del Reino Unido, y, en menor medida de Francia y Alemania -Merkel ha hablado de un contagio de un 70% de la población.

Italia (una sociedad fuerte con un estado débil) y España (una sociedad débil con un estado fuerte) han llegado tarde a la primera estrategia, por exceso de confianza y, seguramente, también por pensar que medidas draconianas no eran posibles más que en una dictadura como la China. Pero esa estrategia también era posible aplicarla tempranamente con transparencia (y tecnología), como ha hecho Corea del Sur, con indudable éxito.

Boris Johnson hablaba hasta ahora -como vimos aquí al doctor Simón- de aplanar la curva (“aplastar el sombrero” decía), con el apoyo de asesores científicos de máximo prestigio. Le han llovido las críticas (los contagiados podrían llegar a los 8 millones y los muertos hasta los 300.000) y ha terminado por pedir medidas de distancia social, pero todavía ni siquiera cierra las escuelas. Trump también pide confinamientos voluntarios. Me da la impresión que la fuerza de las cosas obligará en estos países a ir mutando de la estrategia neoliberal a la estrategia comunitaria.

El virus del odio

Hemos hablado mucho del virus del miedo, pero poco del virus del odio, que es su consecuencia. La ultraderecha europea no para y con toda su poderosa artillería en las redes sociales vincula pandemia y emigración. Trump aprovecha para cargar contra la UE y los chicos de Bolsonaro consideran la pandemia castigo divino Dejo aquí este excelente hilo en Twitter de Carles Planas.

 

Nada será igual

Vivimos un tiempo extraordinario, histórico. Por todas partes leo que “ya nada será igual”. Seguro, pero no tenemos perspectiva para saber cómo será el tiempo nuevo después de la plaga. Cuidado con los discursos performativos y distópicos.

También sabíamos que todo sería distinto después del 11-S y de la caída de Lehman Brothers. Los discursos inmediatos, entonces como ahora pretendían predeterminar el futuro.

Recuerdo como inmediatamente después de la caída de las Torres Gemelas había una pulsión entre la derecha española para proclamar que esa gilipollez de los derechos humanos se había acabado. Y luego vino la foto de las Azores, la War on Terror, la invasión de Irak, el 11-M, las fotos de Abu Grhaib, el Estado Islámico… Sí, se cometieron graves violaciones de los derechos humanos, pero no se logró destruir completamente la protección del derecho internacional -debilitada, pero ahí está la Corte Penal Internacional- ni el ideal de respeto a la dignidad personal por encima de los intereses de Estado. Sí, se asoló Oriente Próximo, se cambiaron los equilibrios estratégicos y después de varias guerras sin victoria, Estados Unidos, que sigue siendo la primera e indiscutible potencia militar ha perdido su liderazgo mundial.

¿En que quedó aquello de Sarkozy de “refundar el capitalismo”? En una destrucción del tejido social, en un crecimiento de la desigualdad sin precedentes y dentro de la UE en unas tímidas reformas, que apenas si pueden ahora garantizar la supervivencia del euro (lo que no es poco), pero que resultan patéticamente incapaces de gestionar una respuesta comunitaria a la crisis actual desde valores solidarios.

Mientras crecía la pandemia la señora von der Leyen revisaba desde un helicóptero el cierre de la frontera de Grecia no al virus, sino a los refugiados lanzados por Turquía hacia Lesbos o al confín del río Evros. Grecia -dijo- es nuestro escudo… para negar los derechos internacionalmente reconocidos a los parias de las guerras de ese mundo que cambio el 11-S. Nunca me he sentido tan avergonzado de la UE

Si alguna vez la Unión tuvo liderazgo hoy parece que no queda ni traza del mismo. El problema no es que se reinstauren las fronteras, el problema es que se haga desordenadamente por cada Estado. No basta con permitir saltarse los límites del déficit o con rescatar 37.000 millones no gastados de los fondos estructurales. Se requiere urgentemente un plan de choque para producir y adquirir el material sanitario necesario y, cuando se levanten los confinamientos, un gran plan de inversiones. Alemania ya ha anunciado que movilizará su enorme superávit dentro de sus fronteras, pero o existen planes comunes y solidarios europeos o la Unión dejará de tener sentido y terminará por ser una simple área de libre comercio, como desean los países del Norte.

En este confinamiento he tenido tiempo para entrar más a fondo en el libro de Thomas Piketty “Capital e ideología”, en el que hasta ahora no había avanzado. Estos días se habla de la lucha contra la epidemia como una guerra (Macron), pues bien, los países europeos salieron de la II Guerra Mundial con unas deudas públicas descomunales (200% en el caso del Reino Unido) ¿Cómo se disminuyeron en pocos años? Con aportaciones extraordinarias sobre el capital, impuestos realmente progresivos sobre la renta y el capital… e inflación. Soluciones extraordinarias para tiempos extraordinarios.

No tenemos ni idea qué mundo saldrá de la pandemia. ¿Más virtual? ¿Más justo? ¿Más multilateral? ¿Menos consumista? De lo que no hay duda es que cuando volvamos a salir a la calle, cuando despertemos de este sueño social que es el confinamiento, los problemas seguirán ahí: desigualdad, nacionalismo, xenofobia, crisis de la democracia, globalización, adaptación a un entorno virutal, emergencia climática, destrucción del ecosistema, limitación de recursos, crisis demográficas.

El futuro no está escrito.

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