Lesbos, Lampedusa, Arguineguín, cárceles migratorias, hitos en la historia de la infamia


Hasta 2.500 inmigrantes han llegado a hacinarse en el muelle de Arguineguín con evidente vulneración de sus derechos más elementales

Perdonaréis que esta entrada tenga un tono inusualmente polémico. No me indigno fácilmente, pero la llamada “crisis” migratoria de Canarias me subleva. Creo que la política migratoria europea y española son injustas, inhumanas, ineficientes y perjudiciales para la nuestras democracias y economías. Pienso que el enmarque informativo predominante es acomodaticio, poco esclarecedor, cuando no directamente xenófobo. Propongo otros encuadres, pero en esta ocasión -es un desahogo personal- casi sin referencia a otras fuentes.

No, no es una invasión

Llegados a Canarias en lo que va de año: en torno a 18.500 migrantes. Población de Mogán (Arguineguín): 2517 habitantes. Población de Canararias: 2.153.000 habitantes. Población de España: 47.329.981 habitantes. Población UE: 448 millones de habitantes. Para un pequeño municipio la llegada de un contingente de personas que sextuplican su población es un trauma; para una región insular, asistir e integrar a nuevos inmigrantes que supone un 0,86% de su población es un muy difícil reto; pero para España(0,039%) y no digamos para la UE (0,0041%), estas cifras son insignificantes.

No, no es una crisis migratoria, es una crisis de gestión de la inmigración

Desde mediados de 2019 era evidente que, reforzado el control del Estrecho, del Mediterráneo central y del Mediterráneo oriental, la ruta atlántica se estaba reactivando. Y no se tomaron medidas para poner en servicio los mecanismos de acogida creados durante la llamada “crisis de los cayucos” en 2006, cuando en un año llegaron a las islas 36.000 migrantes, desmontados después por el Partido Popular. Clamorosa ha sido la descoordinación entre el Ministerio de Migraciones, con su escasa capacidad de generar recursos y partidario de los traslados a la Península, el del Interior, guardián de la cárcel canaria, el de Defensa, puesto de perfil en la cesión de instalaciones y el de Exteriores, que solo ha reactivado ahora los contactos con los países de origen.

La criminal política de los enclaves cárcel

Lampedusa primero, Lesbos después de manera muy destacada, Ceuta y Melilla siempre, y ahora Canarias, territorios de soberanía europea no continentales, se han convertido en cárceles migratorias. La Unión Europea y sus miembros han decidido que los migrantes no deben llegar a territorio continental para evitar su movilidad por territorio Schengen. Que los que desembarcan en Arguineguín no lleguen a Estocolmo, Amsterdam o Varsovia.

Dentro de estos enclaves se crean campamentos cárceles, se niega el futuro al migrante; se le somete a trato degradante (que es si no mantener a miles de personas hacinadas en muelle, con tres bocadillos al día, con váteres químicos saturados y sin duchas ni agua corriente, ¡con separación temporal de los niños de sus madres!); se les deshumaniza y se hace imposible que los que tengan derecho de asilo o protección puedan ejercerlo (imposible o ineficiente asistencia letrada, devoluciones en caliente tristemente legitimadas esta semana por el Tribunal Constitucional). Que sepan que no saldrán de estas cárceles más o menos acondicionadas.

No importa que de esta manera la acogida sea imposible, que la solidaridad se trueque en estos lugares en xenofobia y que se puedan generar agravios territoriales, que en el caso de Canarias pueden hacer renacer, incluso, sentimientos independentistas.

La política migratoria de la fortaleza europea

Los enclaves cárcel son una de las manifestaciones más extremas de la idea xenófoba de que hay que proteger la fortaleza europea, nuestra riqueza, nuestro modo de vida, nuestra superior cultura, de los bárbaros que acechan a las puertas.

Progresivamente la Unión ha ido ampliando sus competencias migratorias, sobre la base de la distinción entre inmigración regular e irregular y entre derecho de asilo e inmigración económica. La Unión establece las condiciones de entrada y residencia legal de nacionales de terceros países en un Estado miembro, pero son estos los que establecen los cupos de inmigración legal en su territorio. La UE refuerza las fronteras con su propia policía migratoria, Frontex.

Desde el Convenio de Dublín de 1995 se supone que los sistemas de asilo de todos los estados miembros comparten unos mismos estándares en materia de derecho de asilo y el Estado al que llega el solicitante de protección es el que debe decidir si tiene o no derecho a la misma. Cuando Merkel abrió las fronteras alemanas en 2015 a los refugiados sirios el sistema de Dublín saltó por los aires y se hizo patente la falta de solidaridad entre los miembros con el fracaso absoluto del reparto por cuotas propuesto por la Comisión.

La respuesta ha sido externalizar el control migratorio: dinero y cooperación policial para que los bárbaros no nos invadan. Ciertamente no es lo mismo los 6.000 millones de euros del acuerdo de Turquía, entregados en el marco de programas concretos de asistencia a los migrantes, que pagar a Libia por encarcelar y violar los derechos de los migrantes o los acuerdos de devolución con Marruecos, Senegal o Mauritania. Pero con esta externalización Europa es más frágil: está bajo el continuo chantaje de Erdogan, Mohamed VI o de los señores de la guerra de Libia, un chantaje en el que no solo está en juego dinero, sino complejos intereses geoestratégicos.

La Comisaria de Interior, la sueca Ylva Johansson, a la que competen las migraciones ha presentado un plan que está muy lejos de suscitar la unanimidad, ni siquiera la mayoría cualificada que requieren las políticas migratorias. Pasa por agilizar los procedimientos de asilo, garantizar la acogida y la integración de los asilados, que Frontex controle direcamente las fronteras, expulsiones inmediatas a los inmigrantes económicos irregulares y mecanismos voluntarios de solidaridad entre los Estados (cuotas de acogida o dinero para los acogedores). En su visita a Canarias los testigos se refieren a Johanson como “haciéndose la sueca” ante las demandas de solidaridad de las autoridades locales.

Estas políticas han convertido nuestros mares en cementerios, han deshumanizado a los inmigrantes a su llegada, han causado dolor, han favorecido la xenofobia y la explotación laboral de los clandestinos.

El falso efecto llamada

La derecha, la extrema derecha y hasta los gobierno de centroizquierda agitan una y otra vez el espantajo del efecto llamada para negar la acogida, la normalización y hasta el trato humano a los llegados. Si los tratamos bien, si les permitimos quedarse e integrarse -dicen- cada vez vendrán más y seremos invadidos.

La realidad es que estas llegadas masivas en un lugar y momento dado responden a un efecto llamada inverso: puesto que la fortaleza está cerrada a cal y canto, cualquier hueco debe ser aprovechado. En los lugares de origen se produce una histeria colectiva, es ahora o nunca. Cuando se tapa esa brecha se busca otro resquicio y otra vez a empezar. Si la migración fuera ordenada y existieran oportunidades reales de emigrar para los que cumplieran determinadas condiciones esta fiebre colectiva se atemperaría.

Las mafias y el negocio de los muros

Los gobiernos europeos no se cansan de proclamar su lucha contra las mafias, como si ese fuera todo el problema. Las mafias son parte del problema, pero no su origen. Si no puedes viajar legalmente no te queda más remedio que ponerte en sus manos.

Pueden ser grupos delincuentes que tanto trafican con drogas como con seres humanos, como en el norte de Marruecos, que de una manera u otra actúan en connivencia con policías en los países de origen y con otros delincuentes en los de llegada. Pueden ser, también, puras terminaciones de milicias o grupos políticos militares como en el Sahel y Libia. O, simplemente, un pescador de Senegal que ve una buena oportunidad de negocio o un buen día decide echarse al mar con sus amigos para buscar una nueva vida.

Luchar contra las mafias no es detener a los patrones de las pateras, es desmontar el entramado de poder que hay detrás de ellas y eso es imposible si Europa sigue financiando a gobiernos no democráticos y a los oscuros poderes (militares, policiales, religiosos) en los que se sustentan.

Hay otro negocio más lucrativo que el de las mafias y es la industria de los de las fronteras. Según estudio del Overseas Development Institute (ODI) entre 2014 y 2016 los países de la UE gastaron 1.700 millones de euros en vallas, muros y sistemas de vigilancia, y otros nada menos que 15.300 millones en acuerdos con los países de salida. En España, la investigación de la Fundación por Causa ha rastreado el negocio migratorio: 350 empresas distintas han participado en 943 contratos diferentes, a los que España ha destinado a lo largo de 15 años más de 1.000 millones de euros.

Son muchos, en fin, los intereses, económicos y políticos, que alimentan la infamia.

Ordenar una inmigración necesaria para la prosperidad global

Las migraciones han sido uno de los grandes motores de la historia de humanidad. Siempre nos hemos movido y lo seguiremos haciendo huyendo de la violencia o la pobreza, buscando una vida mejor. En la actual globalización las mercancías circulan libremente, las personas no.

No defiendo un mundo sin fronteras, porque supondría que los estados no podrían ya ejercer sus funciones básicas. Defiendo un derecho de refugio y asilo, que puedan invocar no solo los que huyen de la guerra o la persecución, también los afectados por el cambio climático, los desastres naturales o las pandemias. Defiendo que, además, se consagre un derecho universal a la emigración, conforme al cual se pueda acceder a otro país siempre que se cumplan las cualificaciones educativas y laborales en los términos establecidos por cada estado en un sistema de cuotas de inmigración.

Europa es un continente envejecido, África es un continente joven. Hoy la prosperidad económica está en Europa, pero puede que mañana el dinamismo de una población joven cambie las tornas. La inmigración puede ser el motor de una prosperidad compartida.

La inmigración clandestina es la base de un sistema de explotación económica en los países ricos. En los países de origen cercena las posibilidades de desarrollo autónomo, pues son los más formados los que emigran. Las remesas económicas sostienen a las familias, pero las hacen dependiente, a ellas y al país, de un dinero ganado con enorme sufrimiento, que en su inmensa mayoría se destina directamente al consumo.

Es imprescindible que haya posibilidad de una inmigración legal cumpliendo unos requisitos razonables. Un sistema de pasarelas, de entrada y salida legal y flexible, vinculado a inversiones económicas y experiencias de educación compartida, que permitan que, por ejemplo, un joven reciba formación profesional reglada en su país, que le dé acceso en Europa a un trabajo en prácticas o a una residencia temporal que, en determinadas condiciones, pueda convertirse en permanente. Los sistemas de visados por puntos de los países anglosajones privilegian la entrada de migrantes muy cualificados e ignoran la realidad de los puestos de trabajo menos cualificados que los nacionales no quieren ocupar.

La integración no es fácil. En Alemania, del más del millón de personas llegadas en 2015 hoy más de la mitad tienen trabajo, pero son los primeros que lo están perdiendo con la pandemia. El comunitarismo anglosajón crea guetos culturales y el integracionismo republicano francés fracasa ante el hecho de que la discriminación económica y la falta de horizontes lleva a muchos jóvenes de segundas y terceras generaciones a la radicalización islamista. La integración requiere dinero y generosidad, un compromiso firme del Estado y la sociedad de acogida, pero también la exigencia firme del respeto a los derechos humanos, especialmente los de las mujeres, por parte de los inmigrantes y a la aceptación de que sus normas religiosas no pueden ser impuestas en un estado laico.

En un mundo con enormes desequilibrios demográficos y de desarrollo las migraciones seguirán imparables. Lo que tenemos que decidir es si queremos una prosperidad compartida o si preferimos, en nombre de la preservación de nuestra sacrosanta identidad, mantener un sistema criminal.

El Ministerio de la Verdad, la censura, la imparcialidad y otros mitos en la época de la desinformación


“Mientras tú permanecías atento a las elecciones americanas como si te jugases mucho en el desenlace, tu Gobierno, el de España, ha lanzado un blitzkrieg, una ofensiva relámpago, contra tus libertades. En una sola semana ha establecido la censura de contenidos en la prensa y las redes sociales, ha puesto trabas legales a la enseñanza concertada, ha suprimido la cooficialidad del castellano en los planes escolares y se dispone a permitir a Hacienda el allanamiento de tu casa sin aviso ni trámites”.

Ignacio Camacho – Más vale que sea el lechero – ABC 8-11-20

Se ha implantado la censura y yo sin enterarme. La apocalíptica columna de Ignacio Camacho es un perfecto ejemplo de mentiras, distorsión informativa y medias verdades al servicio de una opinión partidista. Como opinión tiene la protección constitucional de la libertad de expresión. Ni esta ni cualquier opinión ha sido censurada en este país, ni puede serlo. Por cierto, si al abrir el enlace solo podemos leer el primer párrafo de la columna no es porque nadie la haya censurado, es porque ABC (como todos los grandes diarios) tiene un muro de pago.

La publicación en el BOE del Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional desató una tormenta de críticas. La Comisión Permanente contra la desinformación creada por la Orden Ministerial fue estigmatizada como si del Ministerio de la Verdad orwelliano se tratara. Llego tarde a la polémica y puede que todo esté dicho. Pero creo que vale la pena mostrar como algunos de los principios (mitos si se quiere) en los que se ha fundamentado tradicionalmente el periodismo se ven confrontados por el fenómeno de la desinformación digital.

El mito de la censura de la Comisión de la Verdad

Leer en el BOE la dichosa orden es un ejercicio fastidioso. Resulta difícil extraer algo de esencia de ese lenguaje burocrático. Regula los procedimientos de coordinación entre los distintos organismos que, de hecho, estaban actuando (con los gobiernos de Sánchez y de Rajoy) en la lucha contra la desinformación y da un estado oficial al punto de conexión con los organismos europeos y el Plan Europeo de Acción contra la Desinformación.

Es importante subrayar que, de acuerdo con el marco europeo al que la Orden se remite, no toda información verificablemente falsa o engañosa debe combatirse -si así fuera, estaríamos ciertamente ante organismos europeos o nacionales que establecerían lo que es Verdad o Mentira- sino solo aquella que perjudique gravemente a los procesos democráticos o a bienes públicos, como la salud, el medio ambiente o la seguridad.

No se establece ninguna forma de censura (control previo a la difusión) ni procedimiento judicial para eliminar informaciones o mensajes. No obstante, que se confíe la monitorización, vigilancia, mitigación y gestión estratégica de las amenazas a una amalgama de órganos de seguridad (Departamento de Seguridad Nacional, Centro Nacional de Inteligencia) y comunicación (Secretaría de Estado de la Comunicación) hace temer una explotación propagandística: que la lucha contra la desinformación se convierta en parte de la política de comunicación al servicio del Gobierno. Preocupante fue aquella declaración del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil de que la institución vigilaba los bulos para minimizar el clima contrario al Gobierno, torpemente matizada luego.

Falta transparencia, por mucho que ahora, ante las críticas, el CNI facilite alguna información sobre los trabajos de su Observatorio contra la Desinformación, en el que -dice- se siguen 32 narrativas que atacan la confianza en las instituciones, el pensamiento científico, los medios de comunicación o el sistema financiero, como el negacionismo climático, la eurofobia, la criminalización de las minorías sexuales o la inmigración, el antisemitismo o el fomento de movimientos independentistas y supremacistas.

La pandemia del Covid-19 ha llegado en los tiempos de la desinformación y se ha convertido en infodemia. Bulos, manipulación informativa, libelos o campañas de propaganda los hubo siempre. Lo nuevo, lo distinto, no es tanto la amplificación que dan las redes sociales a la mentira o la tergiversación de la verdad. Lo diferente es el desprecio a las fuentes, los mensajes anónimos, la asunción acrítica de los mismos, su mayor capacidad de difusión en cuanto que más emocionales y divisivos resulten,  su gestión por máquinas inteligentes y, sobre todo, la inserción de estas técnicas en estrategias de guerra sicológica, tanto a nivel nacional como internacional.

Muchos de los bulos que hemos recibido como remedios milagrosos contra el coronavirus han sido creados por personajes que buscan un beneficio particular, como todos esos falsos doctores de medicinas alternativas. Otros son narcisos que no buscan más que brillar un momento y conseguir likes o seguidores.

El núcleo duro de las medias verdades, tergiversaciones, mentiras palmarias, insultos o descalificaciones proviene, sin embargo, de agentes políticos, más o menos organizados. Su estrategia es crear un clima de tensión, polarización, descrédito del adversario convertido en enemigo, quebrar la confianza en las fuentes expertas y en los procedimientos lentos y complejos de la democracia para promover las soluciones directas, sencillas, milagrosas. Así ganó Trump en 2016; así se fabricó el Brexit; así desarrolla Putin sus guerras asimétricas. Como en el terrorismo yihadista, además de las redes organizadas, miles  de individuos (en el caso del terrorismo), millones (en la guerra de la desinformación) generan mensajes propios siguiendo las pautas de sus modelos. El resultado es devastador para el debate civilizado en el que se basa la democracia.

Las campañas de desinformación cuestionan el sistema democrático en tres dominios esenciales (Tenove, 2020): la soberanía, la limpieza de las elecciones y la calidad de la deliberación pública. El reto es luchar contra estas amenazas respetando la libertad de expresión e información, pero también el derecho a recibir información veraz.

La respuesta en el ecosistema mediático analógico tiene ámbito estatal: cada uno responde por sus mensajes, esta responsabilidad solo puede ser exigida por los tribunales en aplicación del derecho penal (protección de los derechos fundamentales o la seguridad nacional) o civil (protección de los derechos de la personalidad) y solo un juez puede ordenar el cese de la difusión de un mensaje.

En el ecosistema digital estos mecanismos tienen que ser respetados, ningún mensaje puede ser, por ejemplo, eliminado por un funcionario. Hay diferencias sustanciales: los mensajes pueden originarse en otras jurisdicciones, sus autores pueden ser otros estados o grupos terroristas, los autores son a menudo anónimos o se pierden en cadenas virales promovidas por bots, la difusión está gobernada por algoritmos opacos que favorecen los mensajes extremos y son las propias plataformas las que pueden eliminar mensajes sin dar cuenta a nadie.

Hasta el momento no se ha abordado ningún tratado o instrumento del derecho internacional para luchar contra la desinformación. Las respuestas son nacionales, de alianzas militares (OTAN) o de la Unión Europea.

Los estados confían a sus agencias de seguridad la lucha contra la desinformación, unos organismos con una relación cuando menos conflictiva con el respeto de los derechos humanos. Son pocos los ejemplos de transparencia en este terreno, como el de Suecia, donde cada hogar recibe un folleto sobre las campañas de desinformación en curso.

Desde 2019 la Unión Europea tiene un Plan de Acción de lucha contra la desinformación. Se identifican como agentes de la desinformación a Rusia y en menor medida a China y Estados Unidos, pero también a organizaciones políticas europeas. La estrategia pasa por reforzar diversas estructuras para detección temprana de las falsas noticias, la reacción coordinada de los estados miembros frente a ataques exteriores, la promoción de entidades de verificación y la exigencia de un código de buenas prácticas a las plataformas tecnológicas. El objetivo (declarado) del tan denostado protocolo español sería garantizar la participación en el plan de acción comunitario.

No hay patrón común en las respuestas de los estados miembros de la UE, pero Alemania, Italia y Francia han adoptado las medidas más radicales.

En 2017 Alemania promulgó la que es seguramente la ley más rigurosa, la NetzDG o ley reguladora de la aplicación del ordenamiento a las redes sociales. Como su propia denominación indica, su objetivo no es propiamente la lucha contra la desinformación, sino que la comunicación que se vehicula a través de las redes sociales se sujete al ordenamiento jurídico. Las plataformas con más de dos millones de usuarios en Alemania están obligadas a crear mecanismos eficaces para que cualquier particular pueda denunciar mensajes que incurran en alguna de 22 categorías previamente delictivas, relacionadas con la difamación, el discurso del odio, informaciones falsas o propaganda de organizaciones prohibidas. Si el mensaje es manifiestamente ilegal la plataforma tiene 24 horas para retirar el mensaje o 7 días para los casos que no sean evidentes. Las plataformas que no se atengan a este marco pueden ser sancionadas con multas de hasta 50 millones de euros. La ley está pendiente de reforma para obligar también a las plataformas a denunciar judicialmente a los autores de estos mensajes. La norma ha sido polémica dentro y fuera de Alemania, pero la crítica más fundada es que supone, de hecho, la externalización de la potestad estatal sancionadora.

Italia aprobó para las elecciones de 2018 un protocolo que confió a la Policía Postal (¡cuántas policías distintas hay en Italia!) la vigilancia de las campañas de desinformación. Mediante un botón rojo en su página web cualquier ciudadano podía denuncia un mensaje y la propia policía podía discrecionalmente decidir si la información podía considerarse falsa, infundada o difamatoria y, en consecuencia, solicitar una acción judicial. El protocolo fue criticado como un peligro para las libertades de expresión e información por las organizaciones periodísticas y por el relator de la ONU para la libertad de expresión.

El ámbito de la ley francesa contra la manipulación de la información (LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018) es el electoral. Afecta a las plataformas con más de 5 millones de usuarios únicos mensuales y establece jueces especiales que durante el periodo de tres meses precedentes a las elecciones conocen de denuncias de desinformación y pueden ordenar la retirada inmediata del mensaje, si se trata de una información manifiestamente falsa, que se difunda masivamente y de manera artificial y pueda conducir a alterar la paz pública o la sinceridad del escrutinio. Además, el Consejo Superior de lo Audiovisual puede suspender unilateralmente durante la campaña cualquier organización mediática bajo influencia extranjera.

El mito de la imparcialidad periodística

La noche del 5 de noviembre los norteamericanos fueron testigos de un hecho excepcional en la Historia del periodismo. Las cadenas CBS, MSNBC, ABC News cortaron en directo al presidente de Estados Unidos. Trump comenzaba a desarrollar su discurso (anticipado en Twitter): “Si contamos los votos legales, gano fácilmente. Si cuentas los ilegales, nos van a tratar de robar…”. Apenas 27 segundos y los presentadores retomaron la conexión para puntualizar que las acusaciones de fraude de Trump no tenían fundamento alguno.

Que Trump ha sido un gran propalador de la desinformación está fuera de toda duda. Pero que a un presidente elegido legalmente en 2016 y que en esta elección ha obtenido más de 73 millones de votos no se le permita presentar sus argumentos en las cadenas de televisión, por muy falsos que sean, ¿puede considerarse una afrenta a la democracia (Bérengère Viennot, autora de “La langue de Trump”), una forma de censura?

En los tiempos de la desinformación los principios que han inspirado al periodismo anglosajón (y por extensión a todo el periodismo profesional) se han ido diluyendo.

Si históricamente el periodismo europeo (sobre todo el latino) era más opinativo, militante y partidista, los grandes periódicos anglosajones primero y luego las televisiones después, invocaron siempre como principio fundador el del “open market of ideas”: si todas las voces se expresan con libertad, los ciudadanos podrán donde discernir donde se encuentra la verdad.

La función de los medios es encontrar esas voces relevantes, prestarlas difusión, hacerlas dialogar. De manera que ya ese mercado abierto quedaba circunscrito a las decisiones editoriales de los medios, que, de hecho, privilegian a las voces más poderosas e institucionales. Los medios podían tener su definición editorial, pero debían mantener una imparcialidad en las informaciones. Imparcialidad contrapesada por la función de vigilante del poder, cualquier poder.

Un desarrollo aberrante del principio de imparcialidad es el periodismo de declaraciones que tanto se practica entre nosotros: A dice “x”, B dice “y” y el periodista ni pone en contexto estas declaraciones, ni analiza los argumentos, ni los confronta con los hechos, ni abre el diálogo a voces más plurales.

Desde comienzos de este siglo, con la llegada de Fox News, las cadenas de noticias norteamericanas por cable se fueron haciendo cada vez más partidistas. Trump declaró la guerra a los “medios mentirosos”, todos salvo Fox News, donde era una presencia constante y sus mentiras eran amplificadas por el coro de aduladores y sectarios falsos especialistas. Los medios desarrollaron mecanismos de verificación que contabilizaron diariamente las mentiras presidenciales.

Esa noche del 5 de noviembre, en un momento crítico para la democracia, las televisiones decidieron que no podían dejar que en sus pantallas Trump pusiera en cuestión la limpieza del sistema electoral. ¿Censura? No, porque esas declaraciones habían tenido ya más que sobrada difusión. Pero decisión editorial que profundizara la brecha que divide a los norteamericanos y marcará a estos medios como agentes partidistas.

La campaña electoral ha destruido otro mito, el de que las plataformas tecnológicas no son más que la versión digital de ese libre mercado de ideas, sin intervención editorial alguna. Por supuesto que con sus algoritmos dirigen el flujo informativo. Pero durante la campaña, Facebook y Twitter han tomado decisiones todavía más evidentes: eliminar mensajes supuestamente falsos o engañosos, e incluso etiquetar como no ajustadas a los hechos las declaraciones del propio presidente de Estados Unidos. Ahora los legisladores están dispuestos a modificar la norma legal que libera de responsabilidad a las plataformas por los contenidos difundidos.

En una encuesta promovida en abril por la organización Article 19 una mayoría aplastante se mostraba partidarias de que las redes suprimieran las informaciones falsas o engañosas sobre el coronavirus, incluso si la fuente era el presidente o los funcionarios. La desinformación está poniendo en peligro no ya el sistema democrático, sino hasta nuestras vidas. Pero la solución no puede ser sustituir la censura estatal por la censura privada.

La desinformación está ganando. Si no ¿cómo es posible que un 65% de loes españoles piensen que el virus ha sido creado en un laboratorio o que el 40% crea que hay una conspiración detrás de las vacunas? La desinformación es invencible porque su raíz está dentro de nosotros, en las heridas, reales o figuradas, que la sociedad nos inflige, justa o injustamente, en nuestras frustraciones, en nuestros amores y odios, en nuestras creencias, valores e intereses.

Para otra ocasión queda el profundizar en los recursos para luchar contra la desinformación: corregulación, etiquetas, transparencia en las fuentes, instancias de verificación, bloqueo de bots, pluralismo en los medios, educomunicación y, sobre todo, desarrollar los nuevos derechos digitales (propuesta de Carta de Derechos Digitales, sometida a consulta pública). Pero lo esencial es que cada uno de nosotros seamos el fusible que cortocircuite la difusión viral de los mensajes que nos intoxican.

Lecturas

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Guías de verificación

Naufraga el concurso público de RTVE, un fracaso para la regeneración democrática


Las peores previsiones se cumplen: PSOE y PP han llegado a un acuerdo para desnaturalizar el concurso público a la cúpula RTVE.

Finalmente, los partidos mayoritarios han decidido que los grupos parlamentarios propongan a sus candidatos para la designación parlamentaria (previa audiencia) entre los 95 presentados, sin ajustarse al informe de idoneidad emitido por el Comité de Expertos, lo que supone, en la práctica volver al sistema de cuotas.

Esta salida del limbo en que se encontraba el concurso frustra el único experimento para garantizar la independencia de las instituciones constitucionales y autoridades independientes, mediante la introducción de los principios de mérito y capacidad en sistemas de designación y legitimación parlamentaria. Paradójicamente, parece que el precio para rebajar la tensión política es sacrificar la independencia de estas instituciones.

El pretexto para dinamitar el concurso ha sido que el informe de idoneidad no respeta el principio de paridad de género, argumento que analizaré más adelante. La realidad es que los dos grandes partidos nunca han estado cómodos con este procedimiento que limitaba su control sobre los consejeros de RTVE.

Defiendo que el Presidente de RTVE deje de ser su máximo ejecutivo, para ser simple presidente rotatorio de un Consejo de Administración, que contrate por concurso público a un director general, máximo ejecutivo dependiente del Consejo.

También me he referido en otras ocasiones a las deficiencias de diseño de este proceso: oscuridad de las normas; control de proceso por parte de comisiones parlamentarias; valoración de méritos sesgados por la norma en favor de antiguos directivos de RTVE, sobre todo de sus servicios informativos; baremos hechos públicos después de presentados los candidatos… Y si repaso la lista de los 20 considerados idóneos por los expertos encuentro bastantes buenos candidatos a consejeros, muchos menos con experiencia de gestión para la presidencia y unos cuantos bastantes malos, por su trayectoria (no evaluada) de sectarismo y vínculos con las productoras que han parasitado RTVE.

Pues, bien, a pesar de todas estas objeciones creo que el concurso público habría de haberse concluido respetando la selección de los expertos. Otra cosa supone volver a lo de siempre, el enfeudamiento por los mismos partidos que han destruido a lo largo de 40 años la influencia y credibilidad de RTVE.

Pese a que poco parece que se puede hacer ya por sanar este proceso, vale la pena reflexionar sobre algunas cuestiones claves por si en un futuro fuera posible aplicar las lecciones aprendidas a otras instancias.

Idoneidad, evaluación y propuestas partidistas

En los procedimientos de designación parlamentaria de los miembros de las instituciones constitucionales la propuesta de los candidatos parte de los grupos parlamentarios. Resulta, pues, ineludible que los propuestos sean percibidos como vinculados a los grupos proponentes, de modo que profesionales de dilatadas y prestigiosas carreras terminan desacreditados con un sambenito partidista. Por supuesto, los partidos tienen el control del proceso de nombramientos, pero a costa de vampirizar a los candidatos y desacreditar a las instituciones.

En este novedoso proceso de RTVE, los candidatos se han presentado ellos mismos y su idoneidad ha sido evaluada por el Comité de Expertos (por cierto, también elegido por los grupos parlamentarios según su representación) de acuerdo con los criterios establecidos por la Resolución de las Mesas del Congreso y Senado, de 10 de julio de 2018, que es la norma reglamentaria que ha regido el proceso.

El mandato del Comité fue emitir un informe de evaluación de la idoneidad de los candidatos, previa elaboración de un baremo que puntuara los méritos recogidos en el Reglamento. En aplicación de la autonomía que el reglamento (norma segunda) reconoce al Comité, los expertos decidieron que sería idóneos los 20 candidatos que obtuvieran la mejor puntuación y siempre superior a 66 puntos sobre 100. De esta manera, las cámaras podrían designar 10 candidatos entre los 20 declarados idóneos.

En la presente legislatura la Comisión Mixta de Control de RTVE recibe el procedimiento y los recursos pendientes de los candidatos contra el informe de evaluación y solicita asesoramiento a los letrados del Senado de como proceder.

El informe del letrado viene a poner en cuestión todo el proceso. Objeta que no se cumple una representación equilibrada entre hombres y mujeres y -un argumento que ha recibido menos atención, pero que es capital- que el Comité no estaba habilitado para proceder a esa selección de candidatos idóneos y que su función era solo hacer un informe de evaluación no vinculante. Arguye que “constriñe el ámbito de la decisión política de las Cámaras a la hora de elegir a los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE”. En resumen, niega cualquier valor vinculante al informe de idoneidad.

Cualquier función pública tiene que ejercerse en el marco de una autorización habilitante, pero entiendo que el reglamento parlamentario otorga a los expertos no solo el mandato de evaluar los méritos, sino hacerlo para establecer su idoneidad: “el Comité de Expertos emitirá el informe de evaluación de la idoneidad de los solicitantes” (norma tercera del reglamento, la cursiva es mía).

La Comisión de Control ha decidido que los grupos parlamentarios podrán proponer candidatos entre los 95 presentados, lo que deja sin efecto jurídico el informe de evaluación de la idoneidad. Se vuelve al sistema tradicional, de modo que, por mucho que los candidatos hayan tomado la iniciativa de participar en la convocatoria, van a ser propuestos por los grupos parlamentarios, y, serán, por tanto, los candidatos del PP, del PSOE, de Podemos o de cualquier otro grupo.

Supongo que en estos días está en marcha el usual pasteleo: nosotros te proponemos como consejero, pero tendrás que jugar en el equipo del que hemos decidido que sea presidente. Al menos, si no por ética, por lo menos por estética, los candidatos propuestos por los grupos parlamentarios debieran de estar entre los 20 mejor puntuados.

Paridad, mérito y capacidad

La segunda objeción del letrado del Senado y la que preferentemente han alegado los partidos para neutralizar el informe de idoneidad, es que no cumple la representación equilibrada entre hombres y mujeres, como exige en su actual redacción el apartado 1 del art. 10 de la Ley 17/2006 y precisa el reglamento del concurso (norma novena).

Se plantea un interesante conflicto entre el principio de paridad y los de mérito y capacidad, que rigen el acceso a la función pública, art. 103.3 CE a la función pública.

De 95 candidatos, 22 eran mujeres, de modo que ya de partida resultaba complicado garantizar la paridad o representación equilibrada. La valoración de los méritos se hizo con criterios rigurosos de puntuación, igual para todos y los expertos evaluaron el proyecto de gestión (el rubro con más puntuación del baremo) de forma anónima. Y salió lo que salió, 4 mujeres y 16 hombres, que la dolorosa pérdida de Alicia Gómez Montano (con la puntuación más alta), redujo a 3 mujeres.

En un proceso de selección política se pueden establecer mecanismos de equilibrio, como hacen nuestras leyes electorales (listas cremallera) y ha ratificado la jurisprudencia constitucional.

En los procesos de selección por mérito y capacidad también pueden establecerse acciones positivas, que sean, como establece el art. 11 de la Ley de Igualdad, razonables y proporcionadas. Pero esta acción positiva tiene que establecerse por ley y, además, no debe desnaturalizar la propia evaluación de mérito y capacidad. Por ejemplo, hay pendiente un recurso en el Supremo sobre la dotación de plazas de consolidación de empleo en una universidad pública, en el que se da prioridad a las plazas ocupadas por mujeres en los departamentos con menor presencia femenina, pero sin que, una vez sacada la plaza a concurso tengan mejor trato los hombres que las mujeres.

Podría haberse establecido una acción positiva, pero no se hizo. Por ejemplo, crear dos listas, una de hombres y mujeres, evaluarlas separadamente y proponer como idóneos a los 10 primeros hombres y las 10 primeras mujeres. Y si la ley no establecía una acción compensadora el Comité de Expertos no podía hacerlo.

Fuentes

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Por unas instituciones independientes: no a las cuotas partidistas


Estamos en plena guerra política sin cuartel por el control de las instituciones ¿Mayoría absoluta, 2/3, 3/5? ¿Magistrados, consejeros, progresistas o conservadores? No. Instituciones independientes en las que sus miembros sean elegidos por concurso de sus méritos profesionales.

La reforma y/o renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es la expresión más destacada de esa guerra política. Amenaza con convertirse en una crisis constitucional, ya está dañando la reputación democrática de España y puede abrir graves conflictos con la UE. Pero el problema es extensivo a otros órganos constitucionales, destacadamente el Tribunal Constitucional y el Consejo de Administración de RTVE y al conjunto de instituciones y autoridades reguladoras independientes.

La única vía explorada hasta ahora para profesionalizar estas instituciones es el concurso público para el Consejo de Administración de RTVE. Lamentablemente, los partidos parecen dispuestos a dar el carpetazo a esta iniciativa, cuando es la única alternativa al sistema de cuotas hasta ahora vigente que, si siempre ha sido cuestionable desde un punto de vista democrático, hoy es inviable en un escenario de polarización y fragmentación parlamentaria.

La exigencia de mayorías parlamentarias cualificadas (2/3, 3/5) podría haber forjado consensos de todas las fuerzas políticas en los mejores candidatos, pero en su lugar ha derivado en un sistema de reparto de cuotas partidistas negociadas fuera de toda transparencia: tantos para ti, tanto para mí, te cambio tres vocales del CGPJ por un magistrado constitucional…

A estas alturas del siglo XXI y en la presente situación españolas es urgente introducir en la práctica de la división de poderes unas instituciones constitucionales e independientes más profesionales y menos dependientes de los partidos.

Separación de poderes

Una democracia exige separación de poderes. Establecer esferas de poder separadas para el legislativo, el ejecutivo y el judicial evita la concentración absoluta del poder (“el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”) y ordena las funciones del Estado. Sin la separación de poderes no puede existir el Estado democrático.

En una democracia avanzada, además de tres clásicos poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, existen otras instituciones: tribunales constitucionales, defensores de los derechos humanos, autoridades independientes reguladoras neutrales de determinadas actividades. Se construye, así, un complejo edificio de pesos y contrapesos.

Los poderes clásicos u originarios, legislativo, ejecutivo y judicial emanan de la soberanía nacional que reside en el pueblo (art. 1.2 CE).

Esa soberanía se expresa mediante el voto popular, de él se derivan el poder legislativo y el gobierno y de ahí su fuerte conexión con la opinión pública y la tentación de todo gobierno de invocar el mandato popular por encima de los controles que garantizan la separación de poderes.

Poder Judicial

La legitimidad del poder judicial, en cambio, es puramente funcional y está inescindiblemente unida a su independencia: solo jueces independientes pueden juzgar y hacer cumplir lo juzgado, solo jueces independientes pueden garantizar el gobierno de las leyes, el Estado de Derecho. Porque el poder judicial lo constituyen todos y cada uno de los jueces y magistrados, no sus órganos de gobierno.

Hay tres sistemas de selección de los jueces: la elección popular, la designación por parte del ejecutivo o el legislativo y el acceso a la carrera por medio de oposiciones y concursos.

La elección popular (aplicada en alguno estados de Estados Unidos) puede parece muy democrática, pero se conjuga mal con la independencia -que es la razón de ser de la institución- y puede derivar en un populismo judicial. Peor, desde luego, es la designación por el ejecutivo o el legislativo, por mucho que el designado cuente luego con garantías como la inamovilidad. El sistema más funcional y que mejor garantiza la independencia es el de juez de carrera, imperante en la Europa continental. Se accede a la carrera por la superación de unas prueba (oposición, concurso de méritos), en ella se progresa y se accede a los distintos destinos judiciales por una mezcla de méritos y antigüedad, al menos hasta los tribunales superiores. Los jueces de carrera son inamovibles. El sistema de recursos garantiza la coherencia en la interpretación de las leyes.

Hasta la II Guerra Mundial los jueces de carrera eran gobernados por el ejecutivo, por los respectivos ministerios de Justicia. Las constituciones democráticas del último tercio del siglo XX introducen órganos de gobierno de los jueces, que rompen, con mayor o menor intensidad, la dependencia gubernamental en materia de nombramientos y potestad sancionadora. En España, la Constitución toma como modelo el Consejo Superior de la Magistratura italiano y crea el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El CGPJ es órgano de gobierno de los jueces: el poder judicial no se autogobierna.

El art. 122.3 CE establece que el CGPJ estará constituido, además de por el presidente del Tribunal Supremo, por 20 miembros: 8 elegidos por las cámaras por mayoría de 3/5 entre abogados y juristas de reconocida competencia y más de 15 años de ejercicio profesional y por 12 jueces y magistrados en los términos que determine la Ley Orgánica. La L.O 1/1980 (art. 12) estableció la elección de los 12 vocales judiciales por la elección directa de jueces y magistrados, mientras que la L. O. 6/1985, del Poder Judicial, encomienda la elección a las Cortes, por mayoría de 3/5 “partiendo de la base de que se trata del órgano de gobierno de un Poder del Estado, recordando que los poderes del Estado emanan del pueblo y en atención al carácter de representantes del pueblo soberano que ostentan las Cortes Generales”. La sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986 declara constitucional este sistema de selección. La finalidad del art. 122.3 de la CE es garantizar que la composición del Consejo refleje el pluralismo social, lo que se puede lograr por la elección directa, con el riesgo de politización de la carrera, pero también por la selección parlamentaria con mayoría de 3/5. El Tribunal advierte contra la tentación de subvertir el consenso en un sistema de cuotas partidarias:

“Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido [pluralismo] y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaría de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial.”

STC 108/1986

Simplifico, y sin referencia a la reforma del PP sobre las decisiones del CGPJ por mayoría, paso a exponer mi opinión:

  • La elección directa de los vocales manifiesta el pluralismo de jueces y magistrados, pero corre el riesgo del corporativismo y de politizar todos los escalones de la carrera, cuando ahora las etiquetas políticas solo afectan a los más altos.
  • Tan legítima y constitucional es la elección directa por los jueces como la parlamentaria, siempre que se mantengan los 3/5, pues no parece de recibo que el consenso para elegir a los jueces sea inferior del que la Constitución requiere para los juristas de prestigio.
  • La elección por mayoría absoluta significaría una inaceptable e inconstitucional dependencia gubernamental.
  • El bloqueo del proceso de elección, esgrimiendo vetos a unos u otros partidos, es un gravísimo atentado al espíritu constitucional y una irresponsabilidad política.
  • Tanto atentan contra la independencia judicial y la separación de poderes los miembros del gobierno que descalifican a un juez, como los jueces de los tribunales superiores que hacen declaraciones institucionales contra reformas legislativas en curso.

El caso de RTVE

RTVE no es un órgano constitucional, pero la Constitución (art. 20.3) remite su organización y control parlamentario a la ley, que deben garantizar el pluralismo social. Pero esa expresión del pluralismo en sus órganos de gobierno ha sido traicionada por unas regulaciones que han oscilado entre la pura dependencia gubernamental y el reparto de cuotas partidarias. Un sistema agotado en que de manera tímida se ha introducido un elemento de elección por mérito y capacidad: el concurso público.

El Estatuto de 1980 consagró el control gubernamental (nombramiento del Director General por el Gobierno, oído el Consejo de Administración, elegido por mayoría parlamentaria de 2/3). La Ley 17/2006 (gobierno R. Zapatero) estableció la elección parlamentaria tanto de los consejeros como del Presidente de la Corporación por mayoría parlamentaria de 2/3. El Decreto-Ley 15/2012 (gobierno Rajoy) permitió la elección por mayoría absoluta y eliminó la dedicación exclusiva y la remuneración de los consejeros y todo ello tuvo como consecuencia el absoluto control gubernamental y la pérdida de independencia de la Corporación, hasta tal punto que en 2017 se aprueba con una rara unanimidad la Ley 5/2017, que declara en su título la finalidad de “recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos”.

La Ley de 2017 vuelve a la elección parlamentaria de 2/3, pero permite (disp. tr. 1ª) que si esa mayoría cualificada no se logra se aplique la mayoría absoluta con el apoyo de cuatro grupos parlamentarios. La Ley introduce el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres y no cambia el estatus de los consejeros, que siguen sin dedicación exclusiva ni remuneración.

La gran novedad, y esto en una disposición transitoria, es la introducción de un concurso público en el que los candidatos son evaluados por un comité de expertos designados por un los grupos parlamentarios, para después comparecer en audiencia ante la comisión parlamentaria de nombramientos. En definitiva, se introduce elementos de selección por mérito y capacidad en un proceso que, básicamente, sigue siendo de selección parlamentaria.

Disoluciones parlamentarias, pandemia y un procedimiento caótico en manos de las mesas de Congreso y Senado y de la Comisión Mixta de Control de RTVE han puesto en peligro varias veces el concurso. Ahora, unos partidos arrepentidos de haber abierto esta vía a la profesionalización se escudan en que de los 20 candidatos propuestos solo son tres mujeres, los que pondría en la presencia equilibrada que exige la Ley.

Más allá de las peculiaridades del medio público, este proceso deja algunas lecciones:

  • El procedimiento de un concurso debe estar fijado por Ley y no puede dejarse a la potestad reglamentaria de las cámaras sobre sus propias actuaciones, porque entonces, como ha ocurrido con RTVE, la seguridad jurídica se ve afectada.
  • Los baremos tienen que conocerse antes de la convocatoria.
  • Dependiendo de la naturaleza de la institución, los candidatos pueden presentarse personalmente (cuando lo que se busque es la mayor competencia profesional), mientras que en otros casos correspondería la proposición a la sociedad organizada (cuando los candidatos lo sean a un órgano en el que se manifiesten la voces plurales de los sectores involucrados o stakeholders).
  • Los procedimientos tienen que ser transparentes, de modo que, por ejemplo, sean públicos después del concurso los proyectos presentados.
  • Los recursos de los candidatos deben resolverse con celeridad.
  • Solo evaluando en listas separadas y anónimas a hombres y mujeres puede garantizarse la paridad de género.
  • La elección de las comisiones evaluadoras debiera de hacerse por sorteo entre los pertenecientes a cuerpos administrativos, docentes o instituciones académicas.

Instituciones y cultura democrática

En las democracias parlamentarias, mientras el poder legislativo se ha convertido en gran medida en una extensión del ejecutivo, las instituciones independientes han venido restando áreas de poder al gobierno.

Cada una de estas instituciones tiene su propia función constitucional, pero todas ellas plantean cuestiones de legitimidad e independencia. Sean cuales sean las soluciones, que estas instituciones sean funcionales depende de que exista una verdadera cultura democrática compartida por toda la sociedad.

Las instituciones son difíciles de construir. En su establecimiento requieren de análisis, aplicación de conocimiento experto y consenso político. Las instituciones se pueden copiar, pero sin una cultura democrática no pueden funcionar.

La cultura democrática española deja mucho que desear.

Los partidos ya no son más que máquinas electorales, sus cuadros invaden las administraciones bajo la forma de asesores y, lo que es peor, capturan las instituciones seduciendo a profesionales que promueven a los órganos de gobierno institucionales, profesionales que quedan, a partir de entonces, marcados con una etiqueta partidista.

Entre una parte de la ciudadanía resurge el franquismo sociológico (“todos son iguales”, “no me interesa la política”) y en sus expresiones más extremas, el autoritarismo, el patrioterismo y el fascismo 3.0. De otro lado, está la exaltación de un voto popular sin límites y el cuestionamiento de la democracia representativa: “no nos representan”, “tenemos derecho a decidir”, “los jueces no pueden coartar al gobierno”. Y desde la moción de censura que llevó al Gobierno a Pedro Sánchez, es moneda común entre la derecha negar la legitimidad del ejecutivo “socialcomunista”.

Una cultura democrática exige el conocimiento y la admisión de los límites del poder y del voto popular, el valor superior de los derechos fundamentales y la admisión de la legitimidad del otro para tomar decisiones y legislar en el marco de la división de poderes.

Cambiar la cultura democrática requiere de una pedagogía colectiva a través de la educación, los medios, los partidos y las propias instituciones. Una reforma institucional es imprescindible en cuanto tal y sería, en si si misma, elemento pedagógico para fortalecer la cultura democrática.

Regeneración democrática

Sin necesidad de cambiar la Constitución, a nivel legal, pueden acometerse reformas institucionales que hagan más funcional el sistema y sirvan de motor pedagógico de la cultura democrática:

  • Reducir al máximo los asesores. Por ejemplo, en la administración central solo ministros y secretarios de Estado podrían nombrar un número limitado de asesores. Al mismo tiempo, reforzar los cuerpos asesores públicos y su independencia.
  • Introducir un sistema de selección por mérito y capacidad de los miembros de las institucionales constitucionales y autoridades reguladoras, compatible con una legitimación final parlamentaria. Cada institución tiene su propia naturaleza e incluso regulación constitucional. Pero nada impide que en proceso de designación parlamentaria se introdujera el filtro previo de comisiones evaluadoras, que podrían constituirse previamente por sorteo entre expertos (catedráticos, académicos). Siempre que la Constitución no lo impidiera los proponentes no debieran ser ni el Gobierno ni los grupos parlamentarios, sino los interesados u organizaciones del sector.
  • Reforzar la transparencia de toda actividad pública.
  • Evaluación de las políticas públicas, no simplemente desde el economicismo, sino desde su funcionalidad constitucional y social.
  • Procesos de rendición de cuentas, que sean cortafuego de la corrupción y eviten la judicialización de la vida política.

Inviolabilidad, presunción de inocencia y rendición de cuentas


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Acto de Abdicación de Juan Carlos I (2014)

En estas semanas de crisis, los defensores de la Monarquía, después de resaltar los servicios de Juan Carlos I en la instauración de la democracia, terminan su argumentación apelando a la presunción de inocencia: hasta el peor criminal tiene derecho a ser considerado inocente en tanto no se pruebe lo contrario, no se puede, por tanto, imponer ningún tipo de sanción (como un destierro de hecho) a quien ni siquiera está formalmente investigado o imputado por los tribunales de España o Suiza. Deje la opinión pública en paz al Emérito -dicen- que tiene derecho a la presunción de inocencia.

Parecido argumento han venido invocando políticos y partidos cuando se han visto afectados por cualquier escándalo. Mientras no haya condena firme no se está dispuesto a asumir ninguna consecuencia política. El verbo dimitir se conjuga muy raramente en España. Esta invocación de la presunción de inocencia no es más que un rechazo a la rendición de cuenta a la que está obligado todo personaje público. Puede que la única excepción haya sido Demetrio Madrid, presidente socialista de Castilla-León entre 1983-1986, que dimitió antes de ser imputado por un presunto delito social en el marco de un conflicto laboral, del que fue finalmente absuelto.

La presunción de inocencia (art. 24.2 CE) es una garantía esencial en el proceso penal. Nadie tiene que demostrar su inocencia; por el contrario, son las acusaciones (fiscal, particular o popular) sobre las que pesa la carga de la prueba. La presunción de inocencia es una presunción iuris tantum, capaz de quedar anulado por la prueba en contra. Prueba de cargo, que demuestre la perpetuación del hecho delictivo y la participación del acusado. Prueba obtenida legítimamente en el proceso. Prueba que convenza al juez, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad de la acusado, de modo que si existe duda no se le puede condenarse (in dubio pro reo).

El proceso penal es garantista.  Cuando la investigación de los hechos delictivos apunta indiciariamente a unos o varios autores, estos adquieren la condición de investigados (antes imputados), lo que supone que, a partir de ese momento, pueden acceder al procedimiento asistidos de abogados. Lo que es, en esencia, una garantía procesal, no deja de ser un señalamiento probable de responsabilidad penal, de la que podrían derivarse consecuencias políticas y que, en cualquier caso, influye sobre el juicio de la opinión pública.

Las garantías procesales están justificadas porque  están en juego bienes esenciales: la vida, los derechos, el patrimonio de la persona lesionada; la libertad, los derechos, el patrimonio del presunto culpable. Pero la responsabilidad penal no agota la debida rendición de cuentas de todos aquellos que realizan acciones de trascendencia pública: responsabilidad administrativa, deontológica, política. Y en último término resta el juicio de la opinión pública.

El Rey, el Jefe del Estado, es inviolable y no está sujeto a responsabilidad y sus actos tienen que estar siempre refrendados (art. 56.3 CE) por el Presidente del Gobierno o los ministros en el que este delegue (art. 64 CE) y de sus actos serán responsables las personas que los refrenden. Se ha discutido estos días si esa irresponsabilidad se limita a los actos públicos o alcanza a los actos privados, y la opinión mayoritaria, sostiene que afecta a todos sus actos. Si es así, si no se puede juzgar a Juan Carlos de Borbón, al menos entre 1978 y 2014 ¿qué sentido tiene invocar la presunción de inocencia de quién, de entrada, es irresponsable?

Ningún Jefe de Estado, monárquico o republicano, puede ejercer sus funciones de máxima autoridad representativa sometido a un proceso judicial. Pero las diferencia entre monarquía y república son aquí esenciales:

  • Un presidente republicano es responsable de sus actos públicos.
  • La magistratura republicana es transitoria, mientras que la monárquica es vitalicia, lo que permite que un expresidente tenga que dar cuenta ante los tribunales por sus actos anteriores a su presidencia, como ocurrió, por ejemplo, con Jacques Chirac, por el caso de los falsos empleos cuando era alcalde de París.
  • Son muchas las constituciones republicanas presidencialistas (no las parlamentarias) que establecen algún procedimiento de responsabilidad política ante tribunales especiales formados en el seno del poder legislativo, como en el caso del impeachment.
  • La inviolabilidad de nuestra Constitución no deja de ser una última reminiscencia de la medieval legitimidad divina del monarca y una consecuencia práctica de la teoría de los dos cuerpos del Rey, una física y mortal y otra mística e imperecedera.

En la comparación de las dos formas de jefatura del Estado, la republicana y la monárquica, partiendo de que ambas son meramente representativas en el régimen parlamentario de un Estado de Derecho, se alega a favor de la monárquica su estabilidad, su independencia de los partidismos políticos y en contra, su carácter hereditario, que hurta a los ciudadanos el derecho a elegir la máxima magistratura. Pero creo que el caso de Juan Carlos I demuestra como la monarquía tiene un problema difícil de resolver en cuanto a responsabilidad y dación de cuentas.

En una sociedad abierta la vida privada de los personajes públicos está sometida a escrutinio, mucho más justificado cuando la magistratura monárquica se propone como imagen simbólica de unidad nacional. En todas las monarquías parlamentarias europeas la vida privada del monarca o de los miembros de la vida real ha sido en el último siglo fuente constante de conflictos. Todas reciben una dotación presupuestaria para el ejercicio de sus funciones, pero sus patrimonios privados no son siempre transparentes y se entrecruzan con el patrimonio nacional (véase el caso de la Corona británica).

No puedo a entrar aquí en el papel de Juan Carlos De Borbón en la Transición. El relato oficial le presenta como el piloto del cambio (Charles Powell), minusvalorando el papel de las luchas sociales en el advenimiento de la democracia. Juan Carlos ha sido un superviviente nato, que ha sabido navegar en mares procelosos, que paró sí, el 23-F, pero que quizá lo alentara buscando una alternativa a Suárez. En todo caso, con la monarquía asentada se sintió invulnerable y se comportó como un niño rico mal criado, sacando partido al peculiar capitalismo de amiguetes hispano, mientras los medios cerraban los ojos.

Se alega que no se puede confundir a la persona con la institución y que no se puede hacer responsable al hijo de la mala conducta del padre. Este último razonamiento, impecable en cualquier otro caso, es muy débil cuando hablamos de una institución hereditaria. La cuestión no es lo que haya hecho uno u otro, el problema es que no hay mecanismos de rendición de cuentas.

La falta de transparencia de la crisis deteriora a la institución. No, el lugar de residencia del padre del Rey, tercero en la sucesión a la Corona, no es una cuestión privada. La discusión entre República y Monarquía puede ser todo lo divisiva e inoportuna que se quiera, pero seguir como hasta ahora carcome la legitimidad toda del sistema político.

Sé que hoy, pese a las graves circunstancias en las que vivimos, a la suma de crisis que nos tienen al borde del abismo, es prácticamente imposible un nuevo pacto constituyente, quizá porque nos falte la amenaza de una revolución, el recuerdo todavía reciente de la guerra civil o el estímulo externo. Pero me atrevo a proponer como ejercicio teórico un nuevo acuerdo basado en una renovación monárquica (¿reinstauración?) a cambio de una democracia más responsable y social:

  • Monarquía transparente, con prohibición expresa de cualquier actividad económica privada, con publicidad del patrimonio de todos los miembros de la familia real y delegación del patrimonio particular del Rey en un fideicomiso nombrado por el Rey, con el acuerdo del Gobierno. Procedimiento de demanda civil (por ejemplo, por paternidad) ante el Tribunal Supremo. Eliminación de la precedencia masculina.
  • Blindaje de los servicios públicos.
  • Desarrollo de nuevos derechos fundamentales y reconocimiento de la efectividad directa de los derechos sociales frente a los poderes públicos.
  • Reforma fiscal progresiva que afecta a las rentas y los patrimonios.
  • Federalismo cooperativo.
  • Regeneración democrática, con eliminación de aforamientos y refuerzo de los procedimientos de rendición de cuentas y democratización interna de los partidos.

Los republicanos alegarán que ese pacto tiene trampa porque en el paquete de una democracia más profunda y social va impuesta la monarquía, como ocurrió en la Transición. Sinceramente creo que sería un justo quid pro quo, que nos permitiría vivir en un nuevo consenso.

Ciertamente, el procedimiento de reforma constitucional es muy exigente, aprobación de 2/3 en ambas cámaras, disolución, nuevas elecciones y nueva aprobación por las nuevas Cortes y finalmente referéndum. Un cambio constitucional de esta magnitud no se puede imponer por el acuerdo de los dos grandes partidos (como se hizo en la reforma del art. 135). Sería necesario un movimiento transversal entre todos los partidos, fruto de una laboriosa negociación en la que todos ganaran, a cambio de ceder, en otras posiciones. Y finalmente la última palabra la tendrían los españoles en referéndum.

En fin, un sueño.

Apuntes y lecturas de la pandemia: la nueva normalidad


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Así que esto era la nueva normalidad: convivir con el riesgo permanente del virus mortal.

Desde el 9 de mayo, fecha de mi última entrada en este blog, han pasado muchas cosas. Entre otras, la discusión de que podría ser esa “nueva normalidad” que nos proponían nuestros dirigentes.

En paralelo al aplanamiento de la curva en los países europeos, filósofos, sociólogos o economistas reflexionaban sobre cómo sería nuestra nueva vida personal, como cambiaría nuestra identidad, nuestras relaciones sociales o económicas. Se partía del supuesto de que, una vez contenida la primera oleada, con medidas de distancia social y control se evitaría una segunda oleada y la epidemia quedaría limitada a brotes aislados. Pero no, todo era más sencillo: la nueva normalidad consiste en intentar hacer una vida normal con multitud de restricciones y con el peligro de contagiarse en cualquier momento. La nueva normalidad es vivir en la incertidumbre. En la nueva normalidad, la persistencia amenazadora del virus frena la recuperación económica y la normalización de las relaciones sociales.

Durante estos casi tres meses he estado dedicado a la investigación del tratamiento de la covid-19 en los telediarios y he tenido que interrumpir la publicación aquí de esta serie de apuntes y lecturas sobre la pandemia, en los que pretendía reflexionar sobre el nuevo mundo virtual, los peligros de la sociedad de la vigilancia, la nueva economía, la lucha contra la desinformación, los paralelismos con la emergencia climática… Hoy, cierro por el momento este ciclo con los apuntes de lo ocurrido en este tiempo. Veremos en septiembre si soy capaz de retomar esos temas.

No hemos aprendido nada

Pasado el pico de la enfermedad, otra vez en la calle, la inmensa mayoría mantiene las precauciones (España es uno de los países europeos en los que más se usa la mascarilla). Pero las reuniones familiares, la irresponsabilidad de algunos grupos de jóvenes, el ocio nocturno en lugares cerrados y las condiciones de hacinamiento de los temporeros  (¡qué gran vergüenza!) nos han abocado a una explosión de brotes, que en algunas comunidades aparenta ya ser una segunda oleada con contagio comunitario. Después del terrible trauma seguimos sin estar preparados para parar un segundo golpe.

La cuarentena es medicina del s. XIX. La lucha contra las epidemias en el siglo XXI se basan en la estrategia de tests, rastreos y aislamiento apoyado (TTSI, testing, tracing, supported isolation).

En España, la identificación de los casos corresponde a la asistencia primaria y el seguimiento a los servicios de salud pública.

La asistencia primaria, deficitaria después de los recortes de la crisis financiera, y desestructurada durante el pico de la pandemia, pese a todo, detecta los casos y el sistema realiza los tests en tiempos razonables. Por ahora…

En cambio, en ninguna comunidad se cuenta con un sistema de rastreo eficaz. La Universidad John Hopkins recomienda 30 rastreadores por 100.000 habitantes. Como toda recomendación es una cifra relativa, pero Madrid y Cataluña están, más o menos, en un 10% de lo deseable. El dato más significativo es que solo se identifica entre 0 y 3 contactos identificados por cada positivo, esto es, o no se rastrea o no se llega más allá del núcleo de convivencia.

Tampoco se está haciendo un aislamiento asistido. Ni siquiera un seguimiento efectivo de las personas aisladas en sus casas.

Comunidades autónomas como Madrid recaen en ocurrencias (nefastas, como la supuesta cartilla inmunitaria) o grandes proyectos, como el hospital de pandemias, cuando de lo que se trata es de que no sea necesario llegar al hospital. Pero, claro, reforzar la asistencia primaria o contratar rastreadores no permite cortar cintas rojas, repartir bocadillos de calamares ni, sobre todo, bombear dinero a las empresas amigas de construcción y multiservicios (que vienen a ser lo mismo, y de los mismos amigos).

Nada ha vuelto a saberse de la aplicación de seguimiento probada en La Gomera. Los programas de Digital Contact Tracing (DCT) pueden ser una herramienta eficaz. El reto es garantizar la privacidad y que no se conviertan en un mecanismo de control general. Intentaré dedicar una entrada más adelante a desarrollar este asunto, pero anticipo mis conclusiones:

  • Las DCT tienen que ser voluntarias, pero para que sean efectivas deben cubrir un porcentaje importante de la población, al menos un 30%. Por eso, requieren campañas de promoción y transparencia sobre la privacidad.
  •  Mediante bluetooth registran todos los contactos de proximidad con otros teléfonos con la aplicación activada. En caso de que un usuario indique el contagio, todos sus contactos de proximidad (con unos requisitos de distancia y tiempo de cercanía) reciben una alarma, de modo que puedan acudir a los dispositivos sanitarios para hacerse el test.
  • Estos datos tienen que tener una fecha de caducidad.
  • Los datos pueden ser eliminados por el usuario.
  • Tiene que ser una aplicación descentralizada, que no envié datos a ningún organismo.
  • Su uso tiene que estar vigilado por una autoridad independiente, en el caso español debiera de ser por Agencia de Protección de Datos.

Lamentablemente, las distintas aplicaciones de los países europeos no son interoperables, pese al acuerdo de la UE sobre compatibilidad.

Incapaces de proteger los derechos fundamentales

No, el Estado de Alarma no era una dictadura constitucional. Tan atacado que fue, ahora ninguna fuerza política se cuestiona las medidas de restricción adoptadas por las distintas comunidades autónomas, quizá porque se toman por gobiernos de todos los signos. Pero el hecho es que, con una interpretación extensiva de Ley Orgánica 3/86 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública se están haciendo confinamientos locales y, lo que es más grave, se negó el derecho de voto a centenares de ciudadanos contagiados en las recientes elecciones en Galicia y País Vasco, cuando con una resolución de la Junta Electoral Central se podría haber habilitado un sistema de recogida de votos con intervención notarial.

Como en la prevención, también se ha perdido el tiempo para aprobar una Ley Orgánica, con unas garantías específicas adaptadas a la presente pandemia y un control judicial ágil y flexible. Que yo sepa ni el gobierno ni los partidos de la oposición lo han considerado necesario.

Seguimos desunidos y sin un plan de país

Según avanzaba la desescalada, la crispación iba atemperándose. Mi personal barómetro de la desinformación (esto es, la basura informativa que me llega) mostraba también una menor actividad. Estos últimos días parece que las redes de la confusión, el engaño y el odio están de nuevo más activas.

El caso es que llegados a este punto no hemos sido capaces más que de pergeñar unas conclusiones muy generales en materia de recuperación económica, sanidad, relaciones con Europa y ni siquiera ha habido acuerdo en políticas sociales. Una comisión parlamentaria no era el lugar adecuado para llegar a un gran pacto de Estado y el resultado ha sido un compendio de buenas intenciones. El acuerdo tendría que haberse centrado en un plan económico que garantizara inversión productiva en transición energética, digital y cuidados, garantizase el blindaje de los servicios públicos y afrontara una reforma tributaria en profundidad, bajo principios de mayor progresividad. Y en lo político un pacto para dar el salto a un estado federal cooperativo.

En este punto, la Unión Europea nos ha puesto las tareas que no hemos sido capaces de afrontar. Aprovechar los 144.000 millones en subvenciones y créditos es el gran reto. Que ese dinero se va a aprovechar, como se hizo con los fondos estructurales y de cohesión, no me cabe duda, pero que eso lleve a una transformación hacia una sociedad más sostenible y cohesionada es otra cosa. El riesgo es que esos ingentes recursos sean secuestrados, una vez más, por las élites extractivas.

Duelo y responsabilidad

Positivo fue el homenaje oficial a las víctimas, el primer “funeral” cívico de nuestra democracia. Pero faltó mayor participación popular. El duelo se tiene que hacer privadamente en las familias, pero en cada institución, pública o privada, en cada asociación, en cada club, en cada ayuntamiento,  se tiene que reconocer el dolor de los más próximos y realizar un apoyo efectivo. El apoyo, la resolución de las situaciones administrativas derivadas, el seguimiento médico… es la mejor forma de superar el duelo.

A los tribunales han llegado ya una avalancha de querellas, que seguirán su curso. Cada tribunal fallará de una manera u otra, seguirán los recursos y los procedimientos se alargarán. Creo que en paralelo a la vía judicial debieran de establecerse unos criterios indemnizatorios por parte del Estado, sin necesidad de que los tribunales reconozcan su responsabilidad patrimonial. Y sé que es imposible en nuestras circunstancias de polarización política, pero  me parece ineludible una Comisión de la Verdad, de expertos independientes que diagnostiquen las causas de esas 45.000 muertes y establezcan las responsabilidades, sin imposición de ningún tipo de sanción.

El Estado nos protege

En la investigación realizada sobre los telediarios (presentada para su publicación a revistas científicas en el campo de la comunicación) ha resultado que el encuadre dominante en la información televisiva fue “el Estado nos protege”. Efectivamente, el Estado puso en juego todos sus recursos, logísticos y sanitarios. Y a diferencia de crisis anteriores ha intentado desplegar un escudo social (ERTEs, suspensión de actividad de los autónomos, moratorias de impuestos y alquileres, aceleración de la implantación del Ingreso Mínimo Vital).

Todas estas medidas están sujetas a condiciones y pasan por el filtro administrativo, lo que merman su efectividad. Se ha perdido la oportunidad de aplicar un subsidio general, compensable a través del IRPF, que hubiera servido de ensayo general para una verdadera renta básica. No es descartable que si sufrimos una nueva oleada y volvemos a los confinamientos, o si en el otoño la situación social empeora (lo que es muy probable) sean necesarios estos subsidios generales directos.

El Estado democrático se encuentra en una encrucijada. Sobrevirá y se reforzará si consigue movilizar todos sus recursos para mantener a raya el virus, reactivar la economía, proteger realmente a todos, poniendo por delante a los más necesitados, y logra los consensos para cambiar el modelo productivo a una economía sostenible. Si no, si deja detrás a amplios sectores populares, colapsará para dejar paso a estados ilibrales o directamente autoritarios.

LECTURAS

Una sola lectura de verano, este largo texto transgénero (relato-ensayo-investigación) de Ramonet.

Ramonet, Ignacio (2020). “Coronavirus a bordo… La odisea del ‘Zaandam’, crucero maldito”. Le Monde Diplomatique en español. 31-05-2o.

(Otras entradas sobre la covid-19 en este enlace)

 

Apuntes y lecturas de la pandemia: el Estado de Alarma


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“Defensores de la libertad” armados entran en el Capitolio de Kentucky

¡Nos están quitando nuestra libertad! ¡Movilicémonos! ¡Armémonos contra el abuso! ¡Tomemos las caducas instituciones representativas! ¡Nuestra libertad está por encima de todo y en el origen de todo!

Son los gritos de los grupos, que como los de la imagen, ocuparon las sedes de los Legislativos de distintos estados de EE.UU, en los que los gobernadores mantienen las medidas de confinamiento para luchar contra la Covid. Estos “patriotas” armados son un fenómeno muy estadounidense, promovido e instrumentalizado por Trump y la Fox, pero tienen una raíz ideológica muy profunda que es el libertarismo o anarcocapitalismo.

Para ellos, cada uno es responsable de si mismo y el Estado solo debe protegernos del crimen (contra la propiedad) y de los enemigos exteriores. La libertad, sobre todo la libertad económica, la libertad de empresa, son sacrosantas. Una versión extrema del liberalismo anglosajón, que, por cierto, ha sido el sustrato ideológico de las pequeñas iniciativas nacidas en garajes, que han terminado por convertirse en las poderosísimas plataformas tecnológicas que ponen hoy en jaque al Estado.

La pandemia ha exacerbado la tensión subyacente en toda democracia entre libertad y seguridad.

En las democracias, ante la amenaza cierta y temible del virus la ciudadanía puede aceptar sacrificios a la libertad, instrumentados por los gobiernos para debilitar los controles institucionales, subvertir el Estado de Derecho y convertirlo en una democracia iliberal.

En las democracias (?) iliberales y en las dictaduras la crisis es una gran oportunidad para hacer más todopoderoso al hombre fuerte, al mesías salvador. Trump, Bolsonaro, Putin, Lukashenko, Erdogan, Bukele, Duterte, Orban, Kazinsky, Modi … cada uno con su estilo y  circunstancias han aprovechado la crisis para reforzar su poder, bien azuzando el terror al virus, bien utilizando el miedo a la recesión e invocando la sacrosanta libertad absoluta de “hacer lo que me dé la gana”.

salvador

La pandemia ha favorecido violaciones flagrantes de los derechos humanos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, somete a los maras presos a este tratamiento inhumano y alardea de ello

cisHay algunos signos preocupantes en la opinión pública española, al menos en la fase más álgida de la pandemia. A la manipuladora y sesgada pregunta del CIS casi un 67% de los encuestados contestaron estar a favor de restringir y controlar las informaciones. Otro estudio español (Amat et al, ver referencia en Lecturas) muestran un deseo de liderazgos fuertes, predisposición a sacrificar las libertades y una tendencia a apoyar gobierno tecnocráticos.

En este clima, los ayer liberticidas hoy se convierten en libertarios y movilizan a sus huestes haciendo imposible un debate sereno.

Toda restricción de derechos tiene que estar legitimada por una norma legal de rango suficiente (en nuestro caso, ley orgánica), ser proporcional y limitada.

Ningún derecho es absoluto. Todo derecho tiene unos límites intrínsecos, esto es, debe ser ejercido conforme a su naturaleza y finalidad. Libertad de expresión no es dar la voz de fuego en un teatro abarrotado -declaró hace un siglo una sentencia del juez Holmes. Y todo derecho tiene unos límites extrínsecos, en cuanto que se relaciona con otros derechos. Se hace necesaria, así, la técnica de la ponderación, que en cada caso sopesa la importancia de cada derecho a la luz de su fundamento último, que es la dignidad humana, valora si su restricción es proporcional y modela su ejercicio para hacer ambos derechos compatibles en la medida de lo posible en unas circunstancias dadas. Es el abc de la práctica cotidiana de los tribunales, señaladamente de las cortes constitucionales.

En esta entrada me voy a ocupar del Estado de Alarma, y dejo para otras aspectos relacionados con los derechos fundamentales como la lucha contra la desinformación o las aplicaciones de registro y control del virus. Los tres asuntos tienen que ver con esa tensión entre libertad y seguridad consustancial a los derechos civiles y políticos.

En esta situación excepcional lo importante es que el conjunto de los derechos humanos sean la inspiración central para salir de la crisis. Derechos civiles y políticos para preservar la democracia. Derechos sociales, económicos y culturales para una salida justa, que haga avanzar la civilización. Así se lo pidieron al G20, el supuesto gobierno mundial, Amnistía Internacional, Transparencia Internacional y Civicus.

El Estado de Alarma no es una dictadura constitucional

En todo el mundo los gobiernos ha tenido que tomar medidas extraordinarias, la más frecuente y radical ordenar el confinamiento de las poblaciones, lo que supone una restricción a derechos básicos, como la libertad de movimientos o reunión.

En las democracias es necesaria una ley habilitante previa o votada ad hoc (caso del Reino Unido). En toda Europa se ha evitado la declaración de un estado de excepción, reservada para graves distorsiones de orden político, que, por muy embridado constitucionalmente que esté, no deja de recordar la teoría totalitaria de Carl Schmitt, según la cual “soberano es quien decide sobre el estado de excepción”.

En España solo conozco un caso de oposición radical a las medidas de confinamiento, en la línea del libertarismo anglosajón, que es este manifiesto de Joaquín Legina, Guillermo de la Dehesa, J.J. R. Calaza y A. Fernández Díaz. Califican los autores al Estado de Alarma de “arresto domiciliario”. Pero más ampliamente, aceptando en términos generales la necesidad de la restricción de movimientos, se ha cuestionado la propiedad de la declaración de Estado de Alarma y, en concreto, desde la derecha política, su aplicación, con gruesas descalificaciones, como considerarlo una “dictadura constitucional”, con constantes ataques en las redes sociales.

La Constitución Española, en su art.  116, remite a una ley orgánica la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio, estableciendo solo diferencias procedimentales en su declaración, pero sin determinar los supuestos de hecho que justifiquen la declaración. El Estado de Alarma se declara por Decreto, sin autorización previa del Congreso. Su prórroga si exige la autorización parlamentaria. El Estado de Excepción se decreta también por el Gobierno, pero requiere la autorización previa del Congreso. El Estado de Sitio se declara por mayoría absoluta del Congreso, a propuesta del Gobierno.

La Ley Orgánica 4/1981, cumple el mandato constitucional, deslindando claramente los supuestos de los tres estados excepcionales.

Estado de Alarma, catástrofes, crisis sanitarias (como epidemias), paralización de los servicios públicos y situaciones de desabastecimiento (art. 4). Estado de Excepción, cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten gravemente alterados (art. 13). Estado de Sitio, cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional (art. 32).

Los efectos son también distintos. En el Estado de Alarma todas las autoridades, administraciones y funcionarios quedan a las órdenes de la Autoridad competente -el Gobierno en el caso de afectar a todo el territorio nacional (art. 9)- que puede limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos, practicar requisas temporales de bienes, imponer prestaciones personales, intervenir u ocupar transitoriamente industrias, impartir órdenes para garantizar el abastecimiento (art. 11). En cambio, en la declaración de Estado de Excepción se puede suspender un amplio elenco de derechos cívicos: el derecho a la libertad (incluida las limitaciones de la detención preventiva y el habeas corpus), la inviolabilidad de domicilio y el secreto de las comunicaciones, la libertad de residencia y circulación, la libertad de expresión y el derecho a recibir información, el secuestro de publicaciones sin mandato judicial, el derecho de reunión y manifestación, el derecho a la huelga y al conflicto colectivo.

El análisis jurídico no es una ciencia exacta y en el ejercicio de la abogacía se puede defender una posición y su contraria. Pero creo que basta la somera lectura de la L. O 4/81 para concluir que el Estado de Alarma está pensado para una situación como la que vivimos y que las restricciones a las libertades, sobre todo de movimientos, nada tienen que ver con una suspensión casi general de los derechos civiles que se expresan en el espacio público, que es lo que permite el Estado de Excepción.

Me sorprende como insignes juristas, catedráticos de Derecho Constitucional y hasta exmagistrados constitucionales condenen el uso del Estado de Alarma con argumentos tan débiles como que requiere el control parlamentario (cómo si no lo hubiera), o  que exijan el Estado de Excepción, como si ello supusiera un control más estricto sobre el Gobierno. Sobre todo me asombra que sean partidarios de limitar derechos fundamentales con instrumentos jurídicos que no tienen el carácter de Ley Orgánica. En esta polémica, los argumentos de mayor enjudia son los de Tomás Quadra-Salcedo, a favor del Estado de Alarma, y los de Manuel Aragón en pro del Estado de Excepción.

Mis conclusiones sobre la pertinencia del Estado de Alarma:

  • El Estado de Alarma es la única norma con rango de ley orgánica que permite  establecer restricciones generales de movimientos a toda la población. Las otras normas, citadas por los contrarios al Estado de Alarma (Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública; Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad) solo autorizan a tomar medidas de confinamiento sobre enfermos y sus contactos y, por extensión, podrían aplicarse a una determinada área, pero nunca en todo el territorio nacional.
  • Solo el Estado de Alarma permite el establecimiento de una mando único. Por eso es lógico que a los independentistas y, en general, los gobiernos autonómicos no les guste, pero sorprende que los nuevos centralizadores estén tan en contra.
  • Las medidas económicas extraordinarias no están vinculadas al Estado de Alarma (cada una tiene su propia norma y habilitación) y, por tanto, no decaen con el Estado de Alarma, en contra de lo que ha sugerido el Gobierno. (P.S. Las normas no decaen, pero sí algunas medidas cuya vigencia está vincula a la permanencia del Estado de Alarma).
  • Las distintas declaraciones del Estado de Alarma ha sido sometido al preceptivo control parlamentario. Los grupos parlamentarios pueden modelar su contenido mediante propuestas. Si esas propuestas no han logrado modificar los planes del Gobierno es porque no han obtenido la mayoría necesaria. Con un procedimiento parecido, el Senado francés prácticamente le ha reescrito el plan de desescalada al gobierno de Edouard Philippe.
  • El Estado de Alarma no puede cronificarse. Para evitar más prórrogas y como, lamentablemente, puede haber retrocesos en el desconfinamiento, lo que se requeriría sería una Ley Orgánica específica. Dudo mucho que en este momento el Gobierno lograra una mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto de la norma, como exige el art. 81 de la CE y, desde luego, no hay tiempo para su tramitación parlamentaria.
  • La actividad parlamentaria se ha mantenido, aunque prácticamente limitada al control general del Gobierno y al seguimiento de la enfermedad. En el momento presente, con las consiguientes precauciones y distancia social, se debieran de activar comisiones y procedimientos parlamentarios pendientes.

¿Se ha convertido la declaración del Estado de Alarma en una forma de dictadura?  No, desde luego, pero será  en último término el Tribunal Constitucional el que deberá resolver si el Gobierno, como sostiene Vox en su recurso, se ha excedido en sus prerrogativas y ha vulnerado gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por el momento, varios tribunales superiores y el Tribunal Constitucional se han pronunciado sobre la vigencia y ejercicio del derecho de manifestación, y han declarado, como no podía ser menos que ni está suspendido ni puede suspenderse por el Estado de Alarma. Lo que han ponderado es si la prohibición de manifestaciones sindicales por parte de los subdelegados del gobierno  era o no proporcional para garantizar el bien protegido, esto es, los derechos a la salud y a la vida. Y, desde luego, no han “condenado” el Estado de Alarma, como uno de tantos mensaje desinformadores que se mueven en las redes sociales afirma.

La sentencia del Tribunal Superior de Aragón declara que el Decreto de Estado de Alarma puede limitar los movimientos del ciudadano en mayor o menor medida, pero nunca impedir el libre ejercicio del derecho de manifestación y considera desproporcionada la prohibición, en cuanto que a esa fecha, ya se podían dar paseos con niños.

Por su parte el Tribunal Constitucional, en el auto por el que inadmite a trámite el recurso de amparo contra la decisión del Tribunal Superior de Galicia, que desestimó una demanda de manifestación sindical el 1 de mayo en Vigo, al valorar la proporcionalidad de la restricción considera que las precauciones propuestas por los convocantes (caravana de vehículos ocupados por una sola persona con mascarilla) no garantizan la seguridad del bien protegido, porque pueden obstaculizar el acceso a los hospitales. Me parece muy débil este razonamiento, pero ni el Constitucional ratifica el Estado de Alarma, ni el Superior de Aragón lo condena.

En mi opinión que el Estado de Alarma no sea ninguna forma de dictadura no es óbice para que se hayan cometido errores y extaralimitaciones.

Políticamente, creo que la gestión ha sido desastrosa.

El Gobierno, investido de esos poderes centralizadores, se ha aislado. No ha sido capaz de crear un cauce fluido de comunicación con todos los grupos parlamentarios. Claro que ningún partido está dispuesto a corresponsabilizarse de la situación.

Más diálogo ha habido con las comunidades autónomas,  y aunque sus gobiernos se quejan de que en la conferencia de presidentes de los domingos Pedro Sánchez se ha limitado a comunicarles las medidas adoptadas, sí que ha existido interacción, intercambio y discusión de propuestas en la conferencia sectorial de Sanidad y entre el ministro de Sanidad y sus contrapartes autonómicos.

Jurídicamente se ha hecho un uso abusivo de la competencia sancionadora. Nadie ha explicado por qué debían de aplicarse las sanciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, en lugar de las prevista en la Ley de Sanidad. El número de sanciones parece desproporcionado y la tipificación de la desobediencia debiera de ser más rigurosa, como recomendó el informe del Consejo de Estado. Todos hemos visto vídeos en las televisiones en los que sujetos que supuestamente no respetaban las normas han sido reducidos con una violencia innecesaria. Han faltado instrucciones para que los agentes actuaran con flexibilidad.

Fuera del Estado de Alarma, se han podido utilizar los decretos-leyes para colar disposiciones que nada tienen que ver con la finalidad de la norma o no responden a la extraordinaria y urgente necesidad que requieren estas normas, como es práctica lamentable y reitirada de todos los gobiernos. El Tribunal Constitucional ha admitido los recursos contra la disposición final segunda del Decreto-ley 8/2020 que permite al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, formar parte de la comisión delegada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Veremos si entiende que este cambio organizativo responde a razones de extraordinaria y urgente necesidad.

(Otras entradas sobre la Covid-19 en este enlace)

LECTURAS

General

  • VV.AA. (2020). Sopa de Wuhan. Pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias. ASPO.
    • El libro de los filósofos: Giorgio Agamben; Slavoj Zizek; Jean Luc Nancy; Franco “Bifo” Berardi; Santiago López Petit; Judith Butler; Alain Badiou; David Harvey; Byung-Chul Han; Raúl Zibechi; María Galindo; Markus Gabriel; Gustavo Yáñez González; Patricia Manrique y Paul B. Preciado
  • Denworth, Lydia (2020). “Imaginer la fin du Covid-19”. Pour la Science. (5-04-20).
    • Las anteriores pandemias nos dan pistas de como puede termiar el Covid-19.
  • Martínez Ron, Antonio (2020). “¿Dónde falló el sistema? La pandemia y la teoría del queso suizo”. Vox Populi Next (4-05-20).
    • El experto en salud Rafael Bengoa aplica la teoría de las capas de seguridad para analizar los fallos en la respuesta a la pandemia.

Derechos y libertades

  • Amat, F., Arenas, A., Falcó-Gimeno, A., & Muñoz, J. (2020). “Pandemics meet democracy. Experimental evidence from the COVID-19 crisis in Spain”.  (6-04-20) https://doi.org/10.31235/osf.io/dkusw.
    • Estudio basado en 1.200 encuestas que detecta movimientos en la opinión pública española favorecedores de la seguridad sobre la libertad.
  • Nay, Olivier (2020). “Can a virus undermine human rights?”. The Lancet, V.5, I 5 (1-05-20). DOI:https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30092-X.
    • Un planteamiento general sobre la cuestión.
  • Muñoz Machado, Santiago (2020). “La Constitución, la peste y la economía”. El País (27-04-20).
    • El autor analiza el equilibrio constitucional entre la iniciativa privada y la intervención pública en la economía.

Apuntes y lecturas de la pandemia: conclusiones personales muy preliminares


mascara virus

¿Será mejor la civilización de la mascarilla?

La peste negra socavó los cimientos socioeconómicos del mundo medieval, cuestionó las autoridades, favoreció los movimientos de introspección religiosa, pero también una ola de gozo y excesos. Posiblemente fue uno de los vectores que condujeron al Renacimiento.

No tenemos ni idea si esta pandemia cambiará tan profundamente nuestra civilización como lo hizo la peste negra. Es muy pronto para sacar conclusiones. No sé que lecciones aprenderemos. Pero en la larga historia de las pandemias, es la primera vez que la mayor parte de las sociedades deciden confinarse y sacrificar el bienestar económico para proteger la vida de sus componentes, para, en definitiva, salvar la especie.

Hoy voy a saltarme el análisis fundamentado y voy a formular lo más brevemente posible las conclusiones provisionalísimas a las que personalmente estoy llegando. Dejo para más adelante los apuntes sobre economía, derechos y libertades y mundo virtual. Puede que repita alguna idea de las anteriores entradas o anticipe alguna de las venideras. En todo caso, tomadlo como un desahogo mental.

Vivimos entre lo real y lo irreal

La vida continua, mueren muchos, se recuperan más, nacen pocos. El ciclo de la vida sigue y la pandemia no es más que un pequeño evento de los equilibrios ecológicos. Nuestra especie es frágil y no sé si ahora tomaremos conciencia de ello.

En este tiempo suspendido los servicios básicos -por ahora- funcionan. Eso nos da una sensación de normalidad, de vacaciones forzosas. Improvisamos y aprendemos lo básico, pero por el momento no revisamos lo esencial.

La comunicación virtual preserva nuestra sociabilidad y refuerza la sensación de que es como cuando nos vamos de vacaciones y nos comunicamos con nuestros seres queridos.

Confío que esta espera no sea como la “drôle de guerre”, “la guerra de broma”, ese tiempo muerto entre abril de 1939 y mayo de 1940 en el que los franceses pensaron que la guerra no iba con ellos y en París seguía la fiesta. O, que no seamos como el superviviente de un terremoto, que mientras se sacude el polvo se queda petrificado en la playa esperando la llegada de la gran ola del tsunami.

El virus discrimina tanto como los humanos

Nos hemos hartado de escuchar que el virus no conoce de fronteras, que a todos nos afecta, que mata por igual. Aparte de que ataque más y gravemente a los más mayores y más los hombres que a las mujeres, el virus discrimina según la posición social.

Ataca a los que están en la primera fila, a los sanitarios, la mayor parte jóvenes, mal pagados y precarios. A los servidores públicos de base, como policías, militares y bomberos. A los trabajadores mal pagados de supermercados y reparto.

Sobre todo, ataca a los desfavorecidos.  A los que viven en los distritos más pobres. A los hacinados en pisos pateras. A los que no tienen más remedio que viajar en transporte público para ir a trabajar.

Y mata a los viejos de las residencias, no solo por serlo, sino por estar abandonados. No, sus hijos, que pagaban cada mes una fortuna,  no quieren que mueran y ahora harían cualquier cosa por salvarlos; sus cuidadores -los peor pagados, formados y apreciados- casi siempre ponen hasta su vida en peligro por atenderlos. Pero el sistema los confinó hace muchos años y los archivó en los llamados eufemísticamente centros sociosanitarios, sin protocolos para una emergencia, desconectados del sistema de asistencia primaria.

Si hablamos de las consecuencias económicas, también la pandemia castiga más a los débiles: a los trabajadores temporales, a los falsos autónomos, a las pequeñas empresas sin liquidez, a los emigrantes. Ante esto la respuesta del Estado son ayudas dispersas, condicionadas y de difícil tramitación.

El sistema de salud pública no ha funcionado

Nuestro sistema de alerta no ha funcionado o no lo ha hecho eficazmente. El órgano competente, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dirigido por Fernando Simón, y dependiente de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, supongo que siguió sus protocolos de gestión proactiva del riesgo -hablo sin conocimiento experto, como simple observador- pero quizá estos protocolos eran demasiado conservadores, o las advertencias que llegaban de la OMS era demasiado tranquilizadoras. En el periodo crítico de enero y marzo la OMS seguía sin confirmar el contagio a partir de asintomáticos.

Quizá se dio la alerta adecuada, la que marcaban los protocolos, pero se fue incapaz de aplicar las medidas necesarias para contener el virus: aplicación masiva de tests, seguimiento y confinamiento de los contagiados. En las primeras semanas, sin la información adecuada, se luchó a ciegas contra el virus.

España es puntera en investigación biomédica. Pero los centros de investigación, castigados por la financiación insuficiente y la precariedad del personal, están encapsulados, sometidos a asfixiantes procedimientos burocráticos. A estas alturas todavía no se ha movilizado la capacidad que centros de investigación autónomos, el CESID y las universidades tienen para realizar los test PCR basados en la detección de un fragmento de material genético.

La sanidad pública ha resistido pese al brutal impacto. Ha aguantado mejor el envite que los sistemas de alerta y prevención, pese al castigo de recortes salvajes, privatizaciones y política de personal irracionales. La inversión media en sanidad, por persona y año, es de 2.371 euros; la media de la UE está en 2.884 euros. En algunos puntos se ha estado al borde del colapso, pero se ha evitado, gracias a la dedicación y el coraje de los sanitarios y de la autonomía de los propios hospitales para reordenar todos sus recursos.

El gran fiasco ha resultado el sistema de suministros sanitarios. España, como todos los países (menos Finlandia) carecía de una reserva de material básico. Intentar comprar centralizadamente en un mercado caótico, sin la experiencia previa, no ha funcionado. El Ministerio de Sanidad es más un regulador que un órgano gestor y carecía de los mecanismos adecuados para la tarea. Algunas comunidades lo han hecho mejor por sus vínculos con los suministradores y en algún caso acudiendo a contactos personales.

Un estado federal lo hubiera hecho mejor

Alemania lo ha hecho mejor y es un estado federal. Francia es un estado centralizado y lo ha hecho tan mal como España. Estados Unidos es un estado federal y lo está haciendo peor que España. Hay, por supuesto otros factores además del sistema de distribución del poder político, desde la cultura, el consenso social, la riqueza, el clima y, por supuesto, los decisivos sistemas sociosanitarios y científicos. Con todo, creo que en nuestro caso, un verdadero Estado federal lo hubiera hecho mejor.

Nuestro Estado de las Autonomías es un estado compuesto, cuyo punto de partida es un estado-nación unitario en el que no se ha operado, como en los estados federales clásicos, una delegación de poderes por parte de entes menores con una cuasi soberanía al estado federal, sino un proceso de asunción de poderes por entes territoriales. Pero el resultado de las comunidades autónomas, con sus estatutos, poder legislativo y ejecutivo con amplísimas competencias se asemeja en la práctica a un estado federal. Nos faltan los mecanismos de cooperación y solidaridad que equilibran un verdadero estado federal y una efectiva, clara y terminante distribución de competencias.

Uno de los mecanismos de coordinación (que no de cooperación) que mejor ha funcionado en las dos últimas décadas es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Consejeros de todas las tendencias han discutido las medidas con el Ministro de Sanidad; unas veces han llegado a acuerdos, otras no, pero todos los testimonios hablan de un trabajo positivo y provechoso.

El Estado de Alarma delega poderes extraordinarios en el Ministro de Sanidad, pero ocurre que su Departamento es, en gran medida, una cáscara vacía, que las competencias sanitarias las ejercen las consejerías de las comunidades y que el Ministro puede imponer normas y regulaciones, pero su aplicación efectiva corresponde a las consejerías, que son las que tienen los medios, las capacidades y hasta el saber hacer.

En esta coordinación hay fallos incompresibles, salvo que la explicación sea buscar el rédito político. ¿Tan difícil es crear una base de datos alimentada por todas las comunidades con unos criterios comunes y accesible al público? Una base con el conjunto más amplio de variables y valores: ingresos hospitalarios, altas, enfermos en UCI, confirmados PCR, confirmados por otros tests, fallecidos con prueba realizada, fallecidos con sospecha, total de defunciones… Así no sería necesario una cifra oficial de fallecidos por la enfermedad, que el Gobierno, siguiendo las recomendaciones de la OMS, solo considera si el difunto ha dado positivo en la prueba PCR.

¿Qué hubiera ocurrido en un estado centralizado? Con el principal brote en Madrid ¿habrían fluido los recursos hacia la periferia? ¿no habría sido peor la respuesta local?

¿Saldremos de esta mejores?

Aquellos que personalmente han pasado por una experiencia excepcional, ya sea el trauma de la muerte de un ser querido, el padecimiento de la enfermedad o el estrés de los sanitarios, puede que se replanteen su vida y salgan más fortalecidos y mejores personas.

Como sociedad tengo muchas dudas. Nos adaptaremos, pero no sé si nuestra sociedad será más justa y nuestra civilización (¿la de la mascarilla?) más humana, al tiempo que respetuosa ecológicamente.

Vivimos una tensión entre seguridad y libertad, que no sabemos como se resolverá. Estos días se reivindica lo público, se cuestiona el capitalismo financiero y la globalización. Pero los sistemas no se cambian con buena voluntad ni con pensamiento positivo. Cambiar el mundo a mejor requiere reflexión, pensamiento estratégico, confrontación, negociación, sacrificios compartidos y proporcionales a las capacidades de cada uno,  largos procesos de incierto resultado. Y aquí tenemos pocas habilidades para todo eso. Entramos en la pandemia divididos y saldremos aún más.

Vivimos en el espejismo de la solidaridad de los aplausos a las ocho, pero puede que, como en la canción de Serrat, Fiesta, cuando acabe esta noche de San Juan del confinamiento, “con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas”.

(Otras entradas sobre la pandemia en este enlace.)

LECTURAS

Apuntes y lecturas de la pandemia: los medios de comunicación


televirus

Los medios en los tiempos del coronavirus

Saturación informativa, infodemia, enfoques informativos, peticiones de ayuda por ejercer una función publica…. Vivimos días críticos en los que la cantidad y calidad de la información que consumimos resulta decisiva para nuestra respuesta personal y colectiva a la pandemia.

Después de la comunicación institucional de crisis en estos apuntes abordo ahora la función de los medios (tradicionales y cibermedios) en la construcción de la imagen del mundo golpeado por la pandemia y cómo esta crisis está afectando a su propia supervivencia. Como siempre es una entrada exageradamente larga, así que os podéis mover por los títulos a los asuntos que más os interesen.

Consumos informativos: el regreso a los medios tradicionales

El público, las audiencias, los usuarios (como queramos llamarlos según la perspectiva de cada uno) se ha volcado en los medios profesionales. El hambre de información ante esta emergencia y el confinamiento, con sus secuelas de tiempo libre y necesidad de entretenimiento han disparado todas las mediciones (ahora lo llaman métricas), tanto las directas (audímetros de televisión, páginas vistas) como las indirectas por encuesta. Y ha ocurrido, con sus particularidades, en todos partes.

Aquí es imposible realizar un resumen de estos datos. Pero sí marcar las tendencias principales, en nuestro país, pero bastante similares en todas partes (fuente principal estudio de Havas Media Group España):

  • Gran aumento del consumo de la información producida por los medios profesionales. Los diarios digitales españoles han aumentado de media sus visitas un 100%. En televisión, 41 millones vieron los informativos en marzo, 2,6 millones más que en febrero. Los informativos lideran los rankings de audiencia (ver los datos de televisión más abajo.
  • La televisión es el medio que más crece, pero la radio también, sobre todo por la noche, reafirmando su papel de acompañamiento. También crece el tiempo dedicado a consultar la web y las redes sociales.
  • La radio, la televisión, los diarios digitales, por este orden, son los medios más creíbles. Los menos (4/7) las redes sociales.
  • La televisión es el principal medio de entretenimiento.
  • Niños y jóvenes vuelven a consumir información en los medios tradicionales.
  • Los más mayores se ponen al día, consumen más información en línea y hacen un gran uso de sistemas de videoconferencia y video llamada.

reparto audiencias

Reparto de la audiencia televisión lineal/no lineal. Fuente Barlovento

Los datos para la televisión son más concluyentes, en cuanto que la metodología de los audímetros (muchas veces cuestionada en cuanto que lo que trata de ofrecer es una medición para poner precio a la publicidad) está bien asentada. Según el informe de marzo realizado por Barlovento a partir de los datos de Kantar Media (ver más abajo en Lecturas):

  • Marzo ha batido todos los récords: 284 minutos/día de media (sobre un universo de 45.5 millones de españoles), 371 minutos/día por espectador ¡6 horas y 11 minutos!. El domingo 15 de marzo es el día de mayor consumo de televisión desde que se hacen estas mediciones. El incremento medio respecto al mes anterior fue de un 40% (+88 minutos).
  • Los jóvenes de 13 a 24 años han incrementado su consumo de televisión en un 60% y los niños de 4 a 12 casi un 50%.
  • La televisión lineal en abierto sigue siendo la reina de la pantalla (284 minutos/día) y es responsable de más del 80% del crecimiento de la audiencia (ver gráfico). Al streaming y otros usos de Internet se dedican solo 21 minutos. Pero, atención, este consumo se refiere solo al que se hace en la pantalla tradicional. El streaming en otros dispositivos (tabletas y móviles) será mucho más elevado.
  • La información es, sin duda, motor de este incremento de las audiencias. En total, 41 millones vieron los telediarios, 2,6 millones más. Las cadenas que más crecen son las más “informativa”, La Uno (+0.6%) y La Sexta (+1, 4%). El Canal 24 Horas ha doblado su audiencia (de 1,1 a 2,1%). (Sobre TVE, ver el último apartado de esta entrada.

credibilidad

Elaboración propia a partir de los datos del estudio de DigiLab

Llegan las primeras encuestas más cualitativas, como esta del DigiLab (véase en Lecturas). Sus datos son interesantes porque se refieren al periodo 3-10 de abril, mientras que los anteriormente recogidos corresponden a marzo:

  • Un 90% de los españoles se informa al menos una vez al día sobre la Covid-19 y un 52% tres o más veces. Y esto aunque el 42% informarse le genere angustia.
  • Los medios más utilizados son los diarios digitales (38.3%), seguidos de la televisión (33,9%).
  • La mayoría (77,4%) creen que los medios sesgan la información  conforme a su línea editorial y un 44,6% se quejan de sansacionalismo y creen que han generado un alama innecesaria.
  • TVE es el medio más creíble (ver gráfico)
  • Un 80,3% dice haber recibido noticias falsas, el 64,3% por WhatsApp.

Por último, el informe del Reuters Institute (ver referencia en Lecturas), con encuestas realizadas en marzo y principios de abril, que se centra más en la confianza de los medios y que aporta la visión comparativa en 6 países (Argentina, España, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos). Estas son las tendencias:

  • La dieta informativa combina todas las plataformas informativas, con el dominio de la información en línea (en la que se incluye tanto la visita a cibermedios, sitios de información institucional o búsquedas), seguido por la televisión, las redes sociales, la radio y los periódicos. El mayor recurso a las redes sociales se hace en España y, sobre todo, en Argentina. Hay diferencias notables en cuanto a las fuentes propiamente dichas: en España, Corea y Argentina se recurre en primer lugar a los medios informativos (con porcentajes mucho más bajos a otras fuentes), mientras que en los otros tres países se busca la información casi en la misma medida información en los medios y en las fuentes oficiales, lo que parece traslucir una mayor desconfianza en España, Corea y Argentina hacia las fuentes oficiales. En fin, en todas partes, WhatsApp es, por encima de Facebook, la red social de comentarios con amigos y familares, pero nuevamente son España, Argentina y Corea del Sur los países que más usan esta plataforma (por encima del 50%). A menor grado de educación formal menos se acude a los medios informativos y más se depende de las redes sociales y aplicaciones de mensajería.

dieta

En cuanto a la confianza en las fuentes, en todas partes se cree más a las fuentes expertas (médicos, sistema sanitario nacional u organizaciones internacionales de salud). Después se confía en los medios informativos y los gobierno y luego, ya mucho menos en la gente y los políticos. Un dato preocupante, España tiene los porcentajes más bajos de plena confianza en los medios (un poco más del 50%) y el Gobierno (en torno al 46%, Estados Unido un poco menos, 44%).

confianza reuters

  • La mayoría de los encuestados dicen haber encontrado poca desinformación en las distintas plataformas (un dato que constrasta con los resultados españoles del DigiLab, ver más arriba). En Estados Unidos, Corea del Sur y España las respuestas identifican a los políticos como fuente frecuente de desinformación.

Recapitulando más allá de todos estos informes. Que nadie eche las campanas al vuelo por este hambre de información. La confianza en los medios informativos no es ni mucho menos plena y es menor cuanto más baja sea el nivel de educación y la polarización política del país. Las audiencias están angustiadas y cautivas. Estos consumos no se mantendrán en una vuelta a la normalidad. Y durante el confinamiento corremos el peligro de caer en una saturación informativa.

En Italia ya se ha producido un importante reflujo. En la última semana de marzo -Italia va por delante de España una o dos semanas en el desarrollo de la enfermedad, no necesariamente en los comportamientos sociales- el telediario nocturno de la RAI cayó en 352.000 espectadores, pero, sobre todo, el especial que le sigue perdió nada menos que 3,8 millones. Este último dato parece indicar la necesidad de salir del círculo angustioso (un relato sin esperanza) de una información quizá repetitiva y buscar entretenimiento y evasión.

¿Mantendrán los jóvenes alguno de los vínculos informativos generados durante el confinamiento? Puede que no, pero por lo menos habrán visto que hay otro mundo y otra forma de contar más allá de sus redes sociales.

El comportamiento de los medios

Me considero incapaz de hacer un juicio medianamente fundamentado sobre el comportamiento de los medios profesionales. Hará falta mucha investigación, que a buen seguro ya se está desarrollando.

Internacionalmente, el fenómeno más interesante y, además, decisivo en el tratamiento de la pandemia es la simbiosis entre Trump y Fox News. Durante todo su mandato, el presidente se ha nutrido de la información altamente polarizada de la cadena y esta ha sido su gran altavoz. Trump ha tenido que ceder, en parte, y adoptar a regañadientes las medidas que le recomiendan sus expertos, con los que mantiene una relación conflictiva. Fox abrazó la narrativa trumpista de minimimizar la importancia de la enfermedad y ahora presiona al presidente para una vuelta precipitada a la normalidad. Trump lanzó desde el principio una guerra contra los medios, las broncas en la sala de prensa de la Casa Blanca han sido una constante, per en esta guerra los medios están respondiendo con la contundencia que requiere la emergencia.

En España observo, claro, el sesgo editorial, como advierten los encuestados del DigiLab y como no podía ser menos. Los medios de derechas (la mayoría) apoyan editorialmente y con su sesgo editorial la narrativa del PP (incluida el encuadre que culpa al 8-M como principal causa del brote). Los de centroizquierda y relativa izquierda (los menos) apoyan críticamente el relato del Gobierno. Hasta ahí, todo legitimo.

En general, todos los medios están haciendo un enorme esfuerzo de contextualización, divulgación y reportajes (también con sus sesgos). No creo que ninguna información sobre la Covid-19, ningún dato haya sido ocultado, ninguna imagen por dura que fuera censurada, ninguna crítica anulada. Poco a poco se va escuchado -siempre dependiendo de la línea editorial- la voz de los últimos de nuestra sociedad, los más pobres, los inmigrantes que viven 10 personas en 40 metros cuadrados, las familias monparentales sin recursos, los que vivían en la calle, los que dependían de la venta callejera.

Percibo el sensacionalismo sobre todo en los magazines de televisión (la audiencia de los de la franja de la mañana ha crecido un 65%). Por supuesto, el principal problema es nuestro sesgo perceptivo, seguimos viviendo en cómodas burbujas en las que nuestras filias y fobias se ven confortablemente confirmadas.

Lo peor es lo que la pandemia oculta o deja en un muy segundo plano informativo otras realidades de nuestro mundo:

Nodos mediáticos en la campaña de desinformación

Hay una constelación de medios aparentemente profesionales que son esenciales en la distribución de la desinformación, en la infodemia que padecemos. PR noticias, moncloa.com, periodistadigital… entre otros.

No producen bulos puros y duros, pero pueden hacerse eco de ellos, dándoles una apariencia de veracidad. Y, sobre todo, cultivan la información manipulada, que a partir de datos reales, de medias verdades, ocultan el contexto y sacan conclusiones falsas. Esas “informaciones” son convertidas en virales en las redes de la derecha y la ultraderecha, ya sea por cuentas verdaderas o, directamente, por cuentas automatizadas.

Por último, para darles una difusión masiva más allá de las redes, basta citar a estos “medios” en los magazines de Ana Rosa Quinta y Susana Griso, ambos con un largo historial de manipulación. Por citar, solo una de estas últimas, la manipulación en Espejo Público de las declaraciones de un científico británico, para culpar al 8-M de brote, respondida por el propio científico.

bulo whatsapp

El bulo de WhatsApp

Estos días he observado personalmente un caso típico de desinformación, a partir de la decisión de WhatsApp de limitar la posibilidad de compartir a todos los grupos y contactos los mensajes reenviados más de cinco veces.

El estudio de esta medida merece su propio análisis, pero ha sido el pretexto para lanzar una campaña de desinformación de libro. El día 7 leo la noticia en The Guardian. El mismo día la publica El Mundo de manera más concisa, pero irreprochable. Dos días después y con un enlace a la información veraz de El Mundo me llega por el propio WhatsApp el bulo (ver imagen). En este caso no entran en juego esa constelación de medios, sino que se utiliza una noticia correcta, publicada por un medio profesional de línea editorial de derechas, que ofrece credibilidad para los sectores de esta ideología. No puedo investigar quién originó el bulo, pero en esta ocasión se ha demostrado como bulos y desinformación que podría atribuirse a la ultraderecha son compartidos por figuras tan destacadas del PP como Rafael Hernando (véase tuit).

Efectivamente, la “gente”, alguna gente, se ha ido a Telegram. De repente Telegram me avisa que una decena de viejos contactos (un fontanero, un perito, un viejo conocido, un abogado que me llevó un caso…) se han dado de alta en la aplicación.

La campaña ha tenido éxito. No porque la “gente” se haya dado de alta en Telegrama. El primer objetivo era atacar al periodismo de verificación, que les hace mucho daño, y, en cierto modo, amenazar a esta instancias profesionales, como denuncia la FESP. Pero, el objetivo último y más estratégico es crear una desconfianza general, favorecer un estado de ira dirigido contra el Gobierno: la tormenta de mierda.

(Para una ulterior entrada sobre derechos y libertades dejo la polémica sobre la disparatada pregunta del CIS sobre si es necesario para luchar contra contra la desinformación abolir la libertad de expresión y pohibir todas las fuentes que no sean oficiales).

El encuadre informativo de la pandemia

Dejemos la desinformación. Hace mucho que sabemos que tan importante como qué se dice es cómo se dice. Una de las líneas de investigación en comunicación es la teoría del enmarque, encuadre o enfoque, el framing, uno de cuyos padres más destacados es el lingüista George Lakoff.

Los temas informativos se encuadran en marcos mentales que les dan sentido. Unas veces estos marcos responden a un consenso social general (“la ciencia es buena”, “hay que comer sano”), o a un sentido compartido en una determinada comunidad (por ejemplo, el consenso de “tenemos derecho a decidir” entre los independentistas). Suelen ser los marcos más implícitos. Otras veces, en situaciones de polarización, los marcos pueden ser visiones opuestas que dividen a una sociedad. Estos marcos contradictorios son más explícitos.

El Observatorio de la Información de la Calidad de la Información en Televisión (OCITV), un grupo de investigación de la UCM que coordiné hasta mi jubilación, realiza desde hace 6 años un trabajo de análisis de contenido de los telediarios de las cadenas nacionales (metodología), en el que se investiga el ámbito, los agentes informativos, los temas y el tratamiento de las noticias de los noticieros (por ejemplo, este estudio sobre los agentes informativos).

No analizamos los encuadres, porque salvo los marcos muy generales, el framing, es particular de cada tema informativo, y los informatrivos son multitemáticos. No en estos dos últimos meses, donde el tema dominante, sino exclusivo es la Covid-19. Así que adaptamos nuestra oleada de análisis, que iba del 9 de marzo al 20 de marzo y añadimos como elementos de análisis una serie de etiquetas por duplas dicotómicas (por ejemplo, “El Estado nos protege / El Estado no nos protege”).

Hoy estamos en condiciones de adelantar unos resultado preliminares. La muestra se realiza sobre un número prácticamente idéntico de informativos de TVE, A3, T5 y La Sexta (Cuatro se nos cayó cuando dejó de hacer telediarios). Nuestra unidad de análisis es la pieza informativa y hasta ahora solo se han analizado 499 piezas, la mitad de las previstas. En una misma pieza se pueden detectar varios marcos, incluso alguno de estos pares dicotómicos al mismo tiempo.  Estos son los resultados preliminares, sin desglosar por cadenas, quizá los más significativos, teniendo en cuenta que en estos días la práctica es ver informativos de distintas canales.

encuadre general

Fuente OCITV

Como se ve, los marcos positivos dominan, sobre todo el del Estado nos protege. Pero los marcos negativos también son significativos: la enfermedad afecta a todos (no es solo cuestión de viejos), el virus mata y tenemos miedo.

Especialmente significativa es la comparación de las duplas más presentes, donde se ve como el enfoque positivo domina sobre el negativo de el mismo marco. Insisto, son resultados preliminares y se refieren al conjunto de los informativos nacionales de las cuatro cadenas de ámbito estatal.

encuadre positivo

Fuente OCITV

¿Sobrevirán los medios a la pandemia o morirán de éxito?

Con cifras nunca vista de audiencias y consumo informativo, los medios (privados) corren, paradójicamente, el riesgo de desaparecer. Los medios siguen dependiendo en gran medida de la financiación publicitaria y los anunciantes han suprimido prácticamente todas las campañas. La caída de los ingresos ha sido drástica, tanto para la prensa como para las televisiones en abierto.

La prensa abrazó Internet con entusiasmo. Antes de la explosión de la burbuja digital, primero volcó sus contenidos analógicos y luego desarrolló sus páginas web gratuitas. La publicidad digital complementaría los ingresos del papel (venta, suscripción, publicidad). Un gran negocio. Pero resultó que el público dejó de pagar por el diario en papel, un producto que se ofrecía gratis en la web, y que la publicidad digital dejaba un ingreso irrisorio por cada contacto. Algunos (por ejemplo El País o El Mundo) decidieron hace su web de pago, pero su tráfico se hundió y con él su influencia social, asi que abrieron de nuevo las webs.

Y en esto llego la recesión de 2008 y las corporaciones multimedia apalancadas con deudas impagables quebraron o estuvieron a punto de hacerlo. Muchos optaron por reducir periodistas y, por tanto, calidad, e intentaron seguir a los llamados medios nativos digitales, basados en el clickbait, en lograr millones de clics (y millones de céntimos) con titulares sensacionalistas. Tampoco funcionó. Quienes monetizaban esos clics eran Google y Facebook, así que se buscaron la sindicación de contenidos con las plataformas tecnológicas y pasaron a depender de las redes sociales, hasta tal punto que un cambio de algoritmo de Facebook pudo hundir el tráfico de los diarios que optaron por esta estrategia suicida.

Siguiendo la estela de The New York Times, los medios de calidad terminaron por apostar por los llamados muros de pago inteligentes, es decir permitir el acceso gratuito a un determinado número de informaciones, proponer la suscripción y sugerir áreas de interés para el usuario. Otros medios nativos digitales se basaron desde su nacimiento en una suscripción activa, más de adhesión asociativa que de puro abono informativo, dejando libres sus contenidos. Otros, con un modelo no lucrativo, confían en las aportaciones de fundaciones o incluso del crowfunding. En lo que todo el mundo está de acuerdo es que la información de calidad tiene un precio.

El coronavirus ha llegado justamente cuando algunos diarios (por ejemplo El País) estaban a punto de realizar la transición a un modelo de muro de pago inteligente. El problema ha sido no tanto la caída de los ingresos por publicidad digital, como la pérdida de la publicidad en el papel, que, salvo en casos contados como The New York Times, seguía siendo el principal soporte financiero. En la emergencia unos han levantado los muros, los otros los han abierto parcialmente y otros han retrasado su implantación. Justamente los que mejor tenían implantado el sistema, como The New York Times, y en situaciones de polarización política, han registrado espectaculares crecimientos en las suscripciones. Pero no ha sido, desde luego, la regla general.

La información de calidad cada vez está más detrás de muros de pago. Los muros de pago liberan del clic y la publicidad. Renuevan el compromiso con el suscriptor. Pero limitan el pluralismo. Pocos tendrán varias suscripciones, más allá de los profesionales. Más calidad sí, pero una dieta informativa menos diversa, menor pluralismo, en definitiva. Aparece una nueva grieta divisiva, solo los más ricos y más educados, los que más confían en los medios, son suscriptores, los demás  tienen que contentarse con la información viralizada por el clicbait o, peor, quedan directamente a merced de la desinformación.

Estamos en los primeros compases de una recesión, sino depresión, como no hemos conocido antes. Los medios privados ya anuncian reestructuraciones. El primero ha sido The Guardian, con un modelo no lucrativo y dependiente de una fundación, que despedirá a 100 trabajadores no relacionados con tareas editoriales. En España, todos los grandes grupos anuncian reducciones salariales o la aplicación de ERTEs (de momento a la parte de la plantilla no redaccional). En estos días, todos los periodistas teletrabajan. ¿Desaparecerán las grandes y costosas redacciones?.

Función pública y servicio público

Nunca como en estos días aparece tan incuestionable la función pública del periodismo y de los medios que lo vehiculan. Una información contrastada, completa, contextualizada es imprescindible para nuestra supervivencia personal y la superación colectiva de la crisis.

Las organizaciones empresariales solicitan ayudas económicas del Gobierno. UTECA, el lobby de las televisiones privadas, va más allá, pues no solo pide ayudas directas sino que exige dejar de realizar aportaciones a RTVE, que, por lógica, disminuirán, pues son una tasa de un 3% sobre sus ingresos brutos de explotación. El Gobieno les ha escuchado y les ha dado una propinilla de 15 milones para mantener en la TDT “durante un plazo de seis meses determinados porcentajes de cobertura poblacional obligatoria” (art. 46 RD-L. 11/2020). Que yo sepa, ningún otro sector, salvo el turístico (y por la vía de ampliar el fondo para compensar la quiebra de Thomas Cook), ha recibido una ayuda específica.

“En pocas ocasiones como en esta los medios de comunicación han ejercido su papel de servicio público para la comunidad” -dice un editorial de El País del 22 de marzo, y añade “reivindicar la información como tarea esencial en estos momentos no significa reclamar un privilegio”. Afirmaciones como esta exigen distinguir entre función pública y servicio público.

Ejercer el periodismo es una función pública, pues de esta actividad depende la conformación de una esfera pública sin la que una sociedad democrática no puede existir. Ejercer una función pública conlleva responsabilidades especiales y puede exigir una regulación pública rigurosa. Pero la actividad se realiza en nuestros sociedades en el marco del mercado. Sería lo que en el derecho comunitario se denomina servicios económicos de interés general.

En cambio, la función del servicio público supone desempeñar una actividad esencial que no puede quedar supeditada o condicionada a las exigencias del mercado. Una actividad de servicio público puede ser encomendada directamente una empresa o ente público (gestión directa) o una empresa privada (gestión indirecta).  La actividad de servicio público implica el cumplimiento de unas prestaciones exigentes y bien definidas, que van más allá de la responsabilidad y limitaciones que pueda imponer la legislación sobre los servicios económicos de interés general.

En España, el art. 20 de la Constitución reconoce a todos el derecho a la libertad de expresión e información. Ordena la regulación legal de específicos derechos profesionales, como el de la cláusula de conciencia (desarrollada por la L.O   2/97) y el secreto profesional (sin desarrllo y con un reconocimiento jurisprudencial no siempre pacífico). Y establece el control parlamentario y el derecho de acceso a los “medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público”.

En la práctica, con la liquidación en los 80 del organismo Medios de Comunicación Social del Estado, los medios públicos quedaron reducidos a las radiotelevisiones, la estatal RTVE y las autonómica. La Ley de la televisión privada (L. 10/88) declaraba en su preámbulo que la radio y la televisión son en España, de conformidad con el art. 128 de la Constitución, un servicio público esencial de titularidad estatal, para en su articulado regular la posibilidad de delegar este servicio en régimen de concesión administrativa a sociedades anónimas. Finalmente, la Ley General de la Comunicación Audiovisual  (L. 7/2010) en su art. 22 declara a los servicios de comunicación audiovisual como servicios de interés general, mientras que en el art. 40 establece los fines y misiones del servicio público audiovisual que el Estado, las Comunidades Autónomas y los Entes locales podrán establer.

No creo que las empresas periodísticas que hoy claman ser servicio público esencial quieran pasar a ser de titularidad pública. Y me temo que ni siquiera estarían dispuestos a someterse a una regulación rigurosa, como la que, con todas sus lagunas y escapatorias, están obligadas a cumplir las radios y televisiones privadas. Pero por lo menos no debieran olvidar comportamiento previos poco acordes con la función pública (EREs salvajes y discriminatorios, campañas de desinformación como la de la atribución de los atentados del 11-M a ETA). Sobre todo debieran dar muestras de estar dispuestas a asumir responsabilidades específicas que implica la función pública de informar como un autocontrol rigurosa y fiable, un mayor pluralismo interno con instituciones que reconozcan que los derechos profesionales de los periodistas pueden limitar el onmimodo poder del propietario y su libertad de empresa.

Las radiotelevisiones pública europeas

Los servicios públicos audiovisuales europeos (Public System Media, PSM), una de la señas de la identidad del viejo continente, han tenido, como todos los medios, un enorme crecicimiento en su audiencias y, lo que es más importante, en su alcance, esto es, al conjunto de los ciudadanos que prestan un servicio. Según un estudio realizado a mediados de marzo por la Unión Europa de Radiodifusión (UER-EBU) (ver en Lecturas), sus socios, las rtvs. públicas su alcance en los países más afectados por el Covid-19 se ha multiplicado por 2,5, las audiencias de sus informativos nocturnos han subido un 20%, con un muy significativo aumento entre los jóvenes de un 42%. Y todavía más se ha multiplicado (x 1,7) la consulta de sus noticias en línea y el acceso a sus aplicaciones móviles se ha doblado. (PS. datos actualizados, después de que EBU actulizara su informe.

Todos los servicios ha hecho un enorme esfuerzo, con gran despliegue informativo, adapatando sus recorsos y programación a la emergencia (aquí el caso de la BBC). Pero lo más importante, como pone de relieve el informe de la UER es que a las clásicas misiones de formar, informar y entretener se ha añadido una si acaso más esencial en estos días, la de apoyo: fomento de actividades solidarias, soporte psicológico, apoyo de iniciativas de creatividad espontánea, recopilación de puntos de atención sanitaria.

Función de apoyo

RTVE

A RTVE le ha cogido la emergencia en su crisis perpetua, con una dirección provisional que lleva camino de ser eterna, un concurso para su cúpula paralizado, muy debilitada por falta de recursos y objetivos estratégicos.

Como todo el mundo ha improvisado. Ha doblado estudios fuera de Torrespaña, creados dobles equipos, producido remotamente toda la programación de RNE, utilizado dispositivos móviles para la producción de las noticias de los telediarios. En algún momento se ha notado en pantalla el cansancio de los reporteros. Organizativamente ignoro las dificultades internas, aunque conozco las quejas sindicales sobre medidas de protección, pero hacia fuera todo para haber funcionado.

En el campo informativo lo ha hecho brillantemente, aunque sus telediarios, pese al crecimiento de la audiencia, no consigan conquistar el liderazgo, solo empatar con Antena 3, y eso sumando las audiencias simultáneas de La Uno y el Canal 24 Horas. Como siempre, la cobertura internacional ha sido un factor diferencial frente a la competencia.

Intentó el camino de los especiales el 4 de marzo con “Coronavirus. Combatir el miedo”. A toro pasado podemos decir que fue un gran error, que espacios como este creaban una falsa confianza. Pero allí estaban todos los asesores científicos del Gobierno y el tono didáctico era el adecuado. Que el Gobierno y sus asesores se equivocaron es hoy claro, pero en aquel momento el servicio público exigía ese especial, frente a los magazines sensacionalistas de la competencia. Sea como sea, TVE abandonó los especiales y se ha limitado a dar un carácter monotemático a sus magazines  de mañana y tarde.

Uno de los puntos fuertes de TVE es su programación regional, que lamentablemente al mediodía se ha sacrificado a la cobertura de las ruedas de prensa de la “autoridad competente”, que muy bien podrían haberse retransmitido exclusivamente en el Canal 24 Horas.

Los telediarios de TVE y espacios informativos de RNE como Las Mañanas son sobresalientes por la calidad de las entrevistas y, en el caso de TVE, por el esfuerzo realizado en reportajes sobre el terreno y no solo usando recursos de Internet y video llamadas.

Los telediarios de TVE no han ocultado un tema ni una imagen. Pero han sido el objetivo de las campañas de la derecha (las cartas de Díaz Ayuso cada vez que un “sindicalista” criticaba los recortes sanitarios) y la ultraderecha, con el notable apoyo en las redes de antiguos directivos manipuladores.

Lamentablemente han tenido que ser los propios informadores los que se hayan defendido (Xavier Fortes / Carlos Franganillo, en este caso la crítica a la que se responde era matizada y profesional, pero los ejemplos de la respuesta neutralizan las mentiras de las campañas de descrédito). Se ha echado en falta un contrataque institucional, a diferencia de la respuesta corporativa de Atresmedia a las declaciones de la diputada de Vox que comparaba a La Sexta con la Gestapo.

El servicio público no se agota en los informativos. Se cumple de ordinario de modo destacado en programas escondidos en La Dos o en RNE, como El Cazador de Cerebros, que ha conseguido hacer “viral” la entrevista con el virólogo Luis Enjuanes.

En esta emergencia el servicio público ha sido formación con Educlan, que, a pesar de sus carencias de partida está logrando atender a los alumnos más desfavoridos que no pueden seguir el curso en línea. Es entretenimiento diferente, con Crónicas de la Cuarentena. Y es apoyo con sesiones de gimnasia o iniciativas como el Memorial virtual del Lab de RTVE, la primera iniciativa institucional de duelo.

Como bien dicen Concha Mateos y María Lamuedra, TVE ha sido el botón de calma de esta crisis.

(Otras entradas sobre la pandemia en este enlace)

LECTURAS

El futuro de la especie

Medidas para salir del confinamiento

El capitalismo es culpable

Estudios sobre consumos informativos

¿Sobrevirán los diarios?

Medios audiovisuales

Desinformación

Apuntes y lecturas de la pandemia: comunicación de crisis


 

sanchez-virus

Comunicación de crisis: del relato a los hechos hay mucho trecho

Nunca como en una crisis de estas dimensiones es tan imprescindible que las autoridades e instituciones comuniquen  de forma directa, veraz, transparente, eficazmente. De ello depende en gran medida la respuesta responsable de la población.

En España, como en casi todas partes, esta comunicación de crisis se ha movido en dos planos, el de la información y el relato.

Primero una reflexión sobre liderazgo y relato. Perdón por esta larga introducción didáctica, que creo imprescindible.

Tradicionalmente, el líder político marcaba unos objetivos y bien por convencimiento, bien por la fuerza y el terror acomodaba toda la acción de la comunidad a esos objetivos.

En democracias, ya en la clásica Grecia, como en las muy imperfectas europeas del siglo XIX, el elemento esencial para forjar el consenso era el discurso, especialmente el oral.  Hitos históricos son, entre otros muchos, el discurso fúnebre de Pericles, el discurso de Lincoln en Gettysburg, o el de “sangre sudor y lágrimas” de Churchill. Estos líderes, discutidos y discutibles, unieron a sus pueblos para superar momentos de grave adversidad y sus discursos, piezas oratorias magníficas, son hoy todavía referentes morales y políticos.

Hasta, digamos, los años 60-70 del pasado siglo, el líder reunía a su autoridad sobre una parte importante de la población, su capacidad de conformar una unidad nacional en épocas de crisis, además del control de poderosas maquinarias partidistas.

En el último tercio del siglo XX, si no antes, el líder ya no fija el rumbo de acuerdo con unos objetivos estratégicos,  sino que acomoda estos a lo que le descubren las encuestas de opinión, o, simplemente, renuncia a tener una trayectoria propia y va cambiando de meta, cual veleta, según los resultados de las encuestas.

Los programas políticos se venden con herramientas de marketing y cambian como lo hacen los productos de consumo. Esto ocurre, además, en medio de una progresiva disolución de la fuerza organizativa de los partidos. Con una creciente semejanza en los mensajes de los partidos, diferenciados solo en matices, los ciudadanos votaban con menor fidelidad, cambiando de partido como de marca de detergente.

En el siglo XXI los políticos comprenden que hay que diferenciar claramente los mensajes. Se impone, así, la teoría y práctica del RELATO, el storytelling. La acción política no se apoya en la comunicación, la comunicación es la acción política.  Se trata de construir un buena historia y establecer una conexión emocional con el electorado.

Los spin doctors, los directores de comunicación que mueven la rueda del relato intentando acomodar los hechos a la historia contada, dominan la acción política, hasta el punto que hoy en España (Iván Redondo) y el Reino Unido (Dominic Cummings) son los jefes de gabinete de los primeros ministros y los poderes efectivos en la sombra.

La acción política se somete a los “argumentarios”, catecismos de preguntas y respuestas, que todos repiten como papagayos.  Los líderes políticos ya no son los viejos movilizadores, ni siquiera los tecnócratas sin alma, no tienen más trayectoria profesional que la especialización práctica (y, en algunos casos, teórica) en comunicación.

Cuando se viven crisis divisivas -el 11-S, las guerras de Afganistán e Irak, el 11-M, la Gran Recesión- la mejor manera de lograr esa vinculación entre líderes y electorado es polarizar el relato.

Y aquí estábamos cuando el virus, el SARS-CoV-2, mandó a parar.

El primer relato fue “no tengamos miedo, estamos en la fase de contención, somos capaces de trazar los casos importados y aislarlos para evitar el contagio”. Este relato se confió a un médico, el doctor Fernando Simón, un buen especialista y un gran comunicador, achicharrado por su excesiva exposición y ahora víctima de una miserable campaña de descrédito y burla por parte de la derecha y ultraderecha -por cierto a Simón le nombró como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias el gobierno de Rajoy en 2012.

Los mensajes de Simón durante enero y febrero eran prácticamente una copia de los de la Organización Mundial de la Salud. El gobierno y sus asesores científicos aplicaron las recomendaciones internacionales, pero ni se fue capaz de detectar la circulación del virus por el vector de los asintomáticos, ni se tomaron las previsiones para lo que se avecinaba. Es de poco consuelo que en toda Europa (si se quiere con la discutible excepción de Alemania) los gobiernos fueran igual de improvisadores. Con todo, creo que el relato de la fase de contención no ocultó hechos, evitó el pánico y el desabastecimiento, pero tuvo la grave consecuencia de inducir una falsa confianza en la población.

Todo cambia cuando se pasa a la fase de contención y se declara el Estado de Alarma.  Ahora el mensaje principal es:

  • “Todos unidos venceremos”

Y los secundarios más importantes:

  • “Será muy duro, pero tenemos la sanidad y los científicos necesarios para vencer”
  • “Será muy duro, pero el Estado nos protegerá, nadie, ni sanitariamente, ni social, ni económicamente quedará detrás”
  • “Será muy duro, pero con la solidaridad de todos, vencemos”
  • “El Gobierno sigue las recomendaciones de los científicos”
  • “El Gobierno centraliza la lucha, pero se coordina con las comunidades autónomas”

Y uno de empatía, que se ha ido incorporando más tarde y que ahora abre prácticamente cualquier declaración, rueda de prensa o entrevista:

  • “Nuestras condolencias con los familiares y amigos de los fallecidos, nuestra solidaridad con sanitarios, policías, trabajadores sociales etc. etc.”

Este relato ha imbuido todos los mensajes oficiales y se ha desarrollado en dos planos, el de las declaraciones solemnes del presidente del Gobierno y las ruedas de prensa de las “autoridades competentes delegadas” establecida por el Decreto de Estado de Alarma (ministros de Interior, Transportes, Sanidad y ministra de Defensa).

Confieso que la primera comparecencia de Pedro Sánchez, el 13 de marzo, para anunciar la declaración del Estado de Alarma hasta me pareció “presidencial”. Los mensajes eran los necesarios: la invocación a la unidad, la advertencia de que “vendrán días muy duros”, la promesa de protección del Estado, con todos sus recursos bajo una única autoridad y la promesa de que “tardaremos semanas, pero pararemos unidos al virus”. Y el tono de gravedad imprescindible. Hasta en ese momento -echándole mucha comprensión- pudiera justificarse en la improvisación la subsiguiente rueda de prensa con preguntas filtradas por el Secretario de Estado de la Información.

Empezó entonces el carrusel de ruedas de prensa diarias, a cargo de ministros y funcionarios, la mayor parte de ellos con limitadas capacidades comunicativas. Larguísimas declaraciones en las que se enuncia más intenciones que hechos. Y luego ruedas de prensa con las preguntas filtradas, que se responden vagamente o directamente se eluden, sin posibilidad de repregunta. Eso sí, un mensaje visual: el Estado centralizado vuelve con toda su pompa de uniformes y medallas.

Ocurre que la información que supuestamente posee la “autoridad competente”, es insuficiente o directamente inexistente. Que las medidas se improvisan sobre la marcha. Que las estrategias hay que cambiarlas cada día. Que en el especulativo mercado internacional de suministros sanitarios España es impotente. Además, la capacidad de aplicar las medidas que se anuncian ni siquiera está en manos de la “autoridad competente”, sino en gran medida de las comunidades autónomos (no se ha explicado bien que el control de las residencias de ancianos compete a las comunidades). Que las medidas sociales y económicas son de gran complejidad y nuestras administraciones, profesionales y honradas, pero lentas y poco adaptadas al cambio, no están preparadas para aplicarlas. Que los expertos no siempre están de acuerdo y que la ciencia no puede dar respuesta a una pandemia en una semana. Y, en cambio, resulta que ni ministros ni funcionarios tienen experiencia de crisis y no saben más que responder en una jerga burocrática que en nada ayuda.

El fallo garrafal de las ruedas de prensa filtradas se ha corregido al remolque de la protesta de los periodistas y sus organizaciones y del plante de algunos medios. Las preguntas recibidas y seleccionadas de antemano han dado una falsa seguridad a los comparecientes, que por mucho que hayan conocido previamente las preguntas no han sido capaces de dar respuestas concretas. En el caso del presidente del Gobierno pareciera que algunas respuestas estaban ya preparadas para ser leídas en el telepromter.

En buena práctica periodística, las preguntas se plantean después de las declaraciones, no antes, y pueden ser completadas con repreguntas. Desgraciadamente, es un un lugar común que los políticos, todos, no respondan a lo preguntado y que solo muy raramente se les repregunte. Dicho todo lo cual, creo que en estas ruedas de prensa se plantearon (filtradas y ordenadas) todas las preguntas relevantes y, desde luego, no puede hablarse de censura, ni de que el presidente del Gobierno no ha comparecido en ruedas de prensa. También cabe recordar que, a diferencia del resto de los presidentes autonómicos, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no da ruedas de prensa.

Sánchez ha abusado de este relato presidencial de unidad en lugar de dar cuentas y responder a las preguntas esenciales. No es de recibo hacer comparecencias de 40 minutos a las tres de la tarde, a la hora de los telediarios, para remachar el relato con mensajes manidos. Los españoles agradecen los mensajes de empatía, pero quieren saber porque las cosas se han hecho como se han hecho y, sobre todo, cómo se van a hacer. No basta reconocer genéricamente que se han cometido errores, hay que dar explicaciones coherentes de cuáles y por qué.

El relato del PP ha sido cambiante. De un primer enfásis en la unidad (por cierto, rídicula la aparición el 13 de marzo de un Casado “presidencial” inmediatamentes después de Pedro Sánchez, copiando el discurso churchilliano de “lucharemos en las playas…”). Luego, además de críticas más que justrificadas a la acción de gobierno, descalificaciones absolutas, en la lógica de la crispación, y, finalmente, la construcción de un nuevo relato: Podemos va dar un golpe de estado socioeconómico a través de las medidas de emergencia.

Vox es el partido que más se desmarca del relato de unidad (por mucho que su diputada contagiada, Macarena Olona, luzca la bandera de España en su mascarilla). Pide nada menos que la dimisión y enjuciamiento del Gobierno y la constitución de un ejecutivo de técnicos (¿qué técnicos?), mientra alienta el discurso del odio en las redes sociales desde sus cuentas automatizadas.

Ahora emerge otro relato, el de unos nuevos pactos de la Moncloa. Es claro que un acuerdo entre todos, partidos, Gobierno de España y de las comunidades autónomas, empresarios y sindicatos y organizaciones sociales es absolutamente imprescindible para salir a flote de la crisis. Lógico es que cada cual prepare sus reivindicaciones. No será -si es que se llega a poner en marcha- un proceso tan sencillo como los de los pactos de 1977. Lo que no es de recibo es que el PP construya de antemano su relato, acusando al Gobierno de tomar esos posibles pactos como una excusa para convertirnos en otra Venezuela. (PS. El Gobierno de Andalucía -no sé si otros gobierno autonómicos puedan estar haciéndolo también- recurre al publirreportaje para elogir su gestión de la crisis, luego con amplia repercusión en medios digitales afines y redes sociales).

En fin, ójala volvamos pronto a la normalidad para que los millones de españoles que ahora se creen expertos en epidemiología, salud pública y enfermedades infecciosas vuelvan a su estado natural de seleccionadores del equipo nacional de fútbol.

(Como ya es muy larga esta entrada dejo para la próxima la conducta y los cambios en los medios. Muy ligado a este tema está el de un mundo virtual, al que dedicaré otra distinta entrada más adelante.)

Otras entradas sobre la pandemia en este enlace.

LECTURAS

Antes de lecturas correspondiente al tema aquí desarrollado, algunas referencias a las reflexiones sobre otros asuntos que he encontrado estos días. Pongo *** a las lecturas que me parecen imprescindibles

El futuro

  • *** Harari, Yuvari. “El mundo después del coronavirus”. La Vanguardia (5-04-20).
    • El texto del historiador israelí ha circulado profusamente. “En este momento de crisis, nos enfrentamos a dos elecciones particularmente importantes. La primera es entre vigilancia totalitaria y empoderamiento ciudadano. La segunda es entre aislamiento nacionalista y solidaridad mundial”.

Lucha contra el virus

Comunicación

 

 

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