Radiotelevisiones autonómicas, hacer de la necesidad virtud


imageDe las ruinas del saqueo y los errores estratégicos surgen en Madrid y Valencia, en medio de enormes dificultades, nuevas radiotelevisiones autonómicas que quieren recuperar el servicio público.

Una situación muy distinta a la de Extremadura, donde una pequeña organización, la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, tiene en común con los casos de Madrid y Valencia un giro decidido hacia el modelo multimedia.

Las tres corporaciones tienen en común una limitación de recursos que sus gestores quieren aprovechar para construir organizaciones más flexibles, sostenibles y multiplataforma. Hacer de la necesidad virtud.

Teledetodos organizó ayer, 17 de enero, una sesión de trabajo sobre la Nueva gobernanza en las radiotelevisiones autonómicas con la participación de Javier Marzal, uno de los académicos que más ha luchado por la recuperación de la radiotelevisión pública en la Comunidad Valenciana, Alejandro Perales, consejero de administración de Telemadrid, y Urbano García, director general del Canal Extremadura.  No es fácil seguir la evolución del servicio público en las distintas comunidades, cada una con sus peculiaridades, así que fue un privilegio contar con personalidades directamente implicadas en estas tres experiencias.

Teledetodos publicará la grabación de la sesión. Hago a continuación un resumen no detallado. Al final de esta entrada, mis reflexiones personales

Valencia

El caso valenciano es el paradigma de la destrucción del servicio público y de las dificultades para su recuperación. Saqueo de los recursos públicos, plataforma para la corrupción, propaganda sistemática que, junto con una programación de ínfima calidad, redunda en la desafección social. Y finalmente el cierre traumático.

Fueron los académicos de Periodismo y Comunicación Audiovisual los que aglutinaron a distintos sectores, incluido el industrial, en la Mesa del Sector Audiovisual (MESAV) para  concienciar a la sociedad y a los políticos del carácter imprescindible para cohesión social de los medios audiovisuales públicos. Su propuesta “Hacia un nuevo espacio audiovisual” (pdf) sirvió de base para la Ley 6/2016 de la Generalitat Valenciana (pdf), una vez que el nuevo gobierno PSOE-Compromís asumió la recuperación del servicio público.

El servicio público se encomienda a la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) que lo ejerce a través de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación.  Nótese que los medios ya no se califican de audiovisuales, lo que indica una orientación multimedia. De hecho, el medio resultante es A Punt Media, en una denominación de la que desaparecen las referencias a la radio y la televisión.

Experiencias positivas. Una nueva gobernanza, con una mayor representación social en los órganos de gobierno, exigencias de capacitación y consenso parlamentario. Transparencia en la gestión y las cuentas. Y, sobre todo, concurso público para elegir al Director General, máximo ejecutivo de la Sociedad y el medio, A Punt Media, en función de su curriculum y el proyecto presentado. Las Cortes Valencianas ya han elegido al Consejo Rector, al Presidente y por concurso a la Directora General. Hay una convocatoria para constituir el Consejo Ciudadano y está en trámite legislativo la Ley del Consejo Audiovisual.

Con todo, solo han empezado las emisiones de radio con horario limitado con programas externalizados. En la recuperación las dificultades han residido en la herencia de la RTVV y en la polarización política.

La Generalitat ha tenido que asumir la deuda de 1.400 millones; el coste de liquidación de la RTVV y del organismo fantasma creado por Fabra en el último momento asciende a 200 millones; la amortización del crédito del Fondo de Liquidez Autonómico para pagar a proveedores suponen 800.000 € anuales… En resumen, el presupuesto se queda en 55 millones, con unos raquíticos 10 € anuales por habitante.

Mayor problema supone la polarización política. La derecha mediática ha declarado la guerra a A Punt Media y las condiciones ventajosas para los antiguos trabajadores de RTVV a los concursos de selección de personal han dividido a los profesionales.

Madrid

Telemadrid, Radio Televisión Madrid, siguió el mismo camino que la RTVV (corrupción, manipulación, irrelevancia) y un ERE casi total la dejó al borde del precipicio. El caos que siguió al cierre de la rtv valenciana posiblemente evitó su cierre.  Las nuevas condiciones políticas después de las elecciones de 2014 propiciaron un aparente consenso político para eliminar la manipulación y regenerar Telemadrid. Fruto de ese relativo consenso es la Ley 8/2015 de Madrid (pdf), que ha permitido la creación de una nueva sociedad anónima de capital público.

En el Consejo de Administración se sientan ahora consejeros propuestos por los grupos parlamentarios y por organizaciones sociales, profesionales y del ámbito de la comunicación madrileñas, elegidos por consenso parlamentario. Entre esos consejeros propuestos por organizaciones (en su caso la Asociación de Usuarios de la Comunicación) se encuentra Alejandro Perales, uno de los ponentes en nuestro seminario.

El Director General también ha sido elegido por concurso público, convocado y resuelto por el Consejo de Administración y ratificado por la Asamblea, pero con la abstención de Podemos. La premura con que se resolvió el concurso, en poco más de tres horas, suscitó todo tipo de sospechas y dio lugar a un recurso contencioso-administrativo de uno de los candidatos excluidos.

El Consejo de Administración ha elaborado su Carta Básica, refrendada por la Asamblea de Madrid, a modo de Acuerdo Marco por 9 años (pdf, pgs. 85-105). La prioridad de la nueva Telemadrid ha sido, en primer lugar, recuperar la neutralidad de los informativos, y volver a la información local y a ser referente para los eventos acaecidos en Madrid. Comienza a recuperarse la producción propia y se ha contratado a una parte de la plantilla despedida. Por el momento -dijo Perales- no se puede renovar a fondo la programación, aunque el entendimiento de la nueva dirección es también dar el giro multimedia. Los datos de audiencia indican una ligera mejoría y una buena respuesta a las cobertura en directo.

Extremadura

La Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales nació en el 2000 y actualmente está regulada por la Ley 3/2008 de Extremadura (pdf). Forma parte de la última generación de organismos autonómicos low cost -Urbano Garía dixit– caracterizados por sus bajos presupuestos y su apuesta por la externalización. La Ley encomienda el servicio público a dos sociedades públicas, de radio y televisión, ahora fusionada en una única.

La Ley, anterior a las demandas de participación social, basa su gobernanza en el consenso parlamentario (2/3 consejeros, 3/5 Director General) e incluye en su art. 7.2 una disposición tan llamativa como la que los grupos parlamentarios puedan sustituir durante su mandato a los consejeros que hayan propuesto, una norma que en la práctica viene a consagrar un mandato imperativo, a mi juicio incompatible con la gestión independiente que necesita una rtv pública.

Lo notable de Canal Extremadura, la marca con la que opera la Corporación Exteremeña, es la decidida apuesta de su equipo directivo por un modelo multimedia, local –hiperlocales para ser globales, en palabras de Urbano García- y de participación social. Desde el punto de vista organizativo se rompen las fronteras entre radio, televisión y medios interactivos en una estrategia multiplataforma, en la que los contenidos generados por los usuarios tengan un importante papel.

Lecciones, de lo estatal a lo autonómico y viceversa

  • Las autonómicas como test. La RTVE de 1980 fue el modelo para las grandes autonómicas, con sus virtudes y defectos, los más notables la falta de independencia y la insostenibilidad en un régimen de concurrencia comercial. Luego la reforma de 2006 supuso un modelo para mejorar el pluralismo en algunas autonómicas y después la involución de 2012 también tuvo su reflejo. En este sentido, el caso catalán es paradigmático. Las nuevas autonómicas surgidas de las cenizas de la corrupción y la manipulación (Valencia, Madrid) son campo de pruebas de un nueva gobernanza, con mayor consenso y participación social. Un caso como el de Canal Extremadura es una magnífica ocasión para ensayar la transformación del servicio audiovisual en servicio multimedia.
  • Las dificultades de conciliar consenso político, participación social y competencia profesional. Todas las reformas pasan por reforzar el consenso parlamentario para nombrar a los órganos de gobierno. La participación social en la gobernanza puede hacerse delimitando las organizaciones sociales proponentes de los consejeros, pero desvinculando absolutamente su ejercicio de las organizaciones. Para los órganos asesores, como el Consejo de la Ciudadanía de Valencia, hay que abrir cauces para que sean los propios ciudadanos los que puedan proponer sus propias candidaturas.
  • No confundir control con gestión. Lo que no tiene ningún sentido es seleccionar a los gestores por concurso de méritos y proyecto y luego proceder a un nombramiento parlamentario, que puede ratificar o no al seleccionado en el concurso. Insisto una vez más que los consejeros de administración no son gestores, son orientadores y controladores, es al director general, máximo gestor ejecutivo el que tiene que ser elegido por concurso por el consejo, sin necesidad de ratificación parlamentaria.
  • Alianzas sociales. El cambio tiene que ser impulsado por la Academia, movimientos y organizaciones sociales y profesionales. Es difícil, pero el caso de Valencia ha sido ejemplar.
  • Transparencia. Los tres participantes en el seminario insistieron en la importancia de una gestión transparente, que supere incluso las exigencias de la Ley de Transparencia. Sin embargo, los portales de transparencia son todavía bastante limitados.
  • Comunidad y servicio. Conocer mejor a la audiencia para servirla mejor; centrarse en el propio ámbito autonómico y cubrir los huecos locales sin cobertura mediática; contar con el público como creadores de contenidos; reforzar el derecho de acceso. Olvidémonos del share.
  • Multimedia e innovación. Dar a cada uno los contenidos que mejoren su vida, en cualquier momento, en cualquier plataforma. Buscar productos innovadores. Pero no olvidar que la ventaja diferencial es contar con los “viejos” medios masivos, que siguen delimitando el espacio público. ¿Qué consecuencias tendría para la población rural envejecida eliminar la radio de las ondas para llevarla a un canal por streaming
  • Recuperar a los jóvenes. Pero, ojo, no perder a los mayores.
  • Inmediatez en la información, pero también contenidos intemporales.
  • Tejido audiovisual. Los organismos autonómicos tienen que volver a ser los dinamizadores del sector audiovisual. Pero nunca más bombear dinero público a los amiguetes. Las externalizaciones tienen ser transparentes y los concursos (como hace Canal Extremadura) incluir una claúsula social. Externalizar los informativos es perder la independencia informativa.
  • Sinergias estatales-autonómicas. Los convenios de cooperación entre estos organismo y RTVE son un factor esencial de sostenibilidad. Nunca más competidores, sino colaboradores. Cabe citar como experiencia positiva que el Centro Territorial de RTVE se ubicará en la sede de la nueva CVMC en Burjasot.
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2017, un año oscuro


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Toma de posesión de Donald Trump – 20 de enero de 2017

Veo el año que termina como un año oscuro, un tiempo borrascoso, con enormes nubes negras. Algunas apenas empiezan a descargar -Trump- otras parecen haber quedado en suspenso -la ultraderecha europea- pero la borrasca sigue ahí, amenazante.

Escuchaba mientras conducía aquella tarde del 20 de enero el discurso de toma de posesión de Trump y me embargaba una sensación de desasiego.

Que discurso tan oscuro -pensé. Ciertamente, muchas de sus frases, en otro contexto y dichas por otro, podrían suscitar esperanza. “Recordaremos este día como el día en el que la gente volvió a tener el contro de su gobierno”. Pero no, el mensaje último, subyacente, era el de una retroutopía, una vuelta a un pasado idílico, a costa de los otros, de los derechos, de los intereses, de las vidas de los otros, de los que no son como nosotros.

No pude por menos de recordar este discurso cuando hace unas semanas vi el Joven Papa, la serie de Sorrentino, donde un joven cardenal norteamericano llegado al papado casi por casualidad quiere retrotraer a la Iglesia Católica a la intolerancia, el fanatismo, a los tiempos oscuros. Sus discursos, al pueblo de Roma, a los cardenales, tienen como eje conceptual la oscuridad. Sorrentino construye una poderosa metáfora de nuestros tiempos.

Trump ha abandonado el acuerdo del cambio climático, ignorado el derecho internacional (abandono de la UNESCO, traslado embajada a Jerusalén), hace la vida imposible a los inmigrantes sin papeles, y traslada el dinero de los pobres al bolsillo de los millonarios con una reforma fiscal, que, no nos engañemos, hubiera hecho también otro presidente republicano. Ha cumplido una mínima parte de sus promesas, y aunque el sistema de pesos y contrapesos estadoundense le frena, me parece que lo peor está por llegar.

Si repasamos el perfil de los líderes de la escena mundial, el panorama es desolador.

Putin, el hombre fuerte y sinuoso, no solo el nuevo zar, sino la referencia para grupos alternativos de extrema derecha o extrema izquierda, y patrón de la internacional del regreso a los valores tradicionales. Jugador arriesgado en el ajedrez geopolítico, al que se le supone más cabeza y control que a Trump.

Xi Jingping, el gobernante que más poder ha acumulado en China desde Mao. Paradojas de este tiempo oscuro, ahora resulta el paladín de la mundialización, del librecambio, de un mundo interconectado, pero en el que los derechos humanos no tienen lugar. Es el líder más previsible.

Kim Jong-un, heredero caprichoso y mal criado, como Trump, con el botón nuclear y con menos controles que Trump. Las nuevas sanciones empobrecerán, sin duda, aún más a Corea del Norte. ¿Le moderarán? Me temo que no, que en 2018 hablaremos bastante de Corea del Norte.

¿Qué decir de otro joven heredero, MBS, Mohamed bin Salman, con su agresiva política exterior y su modernización interior, cambios para que nada cambie? Otros antes vistos como modernizadores, Erdogan y Bashar el Assad, ahí siguen. Uno ha convertido a Turquía en el modelo de las pseudo democracias autoritarias, y el otro emerge de la carnicería que desató.

Para colmo, este año se nos ha caído del pedestal, The Lady, Aung San Suu Kyi, la señora que encarnaba la lucha por la libertad y la democracia en Myanmar, pero que ha sido incapaz de levantar la voz en favor de los rohingyás, la última minoría objeto de genocidio.

Macron quiere presentarse como el nuevo líder de cosmopolitismo liberal. Parte de sus propuestas no son más que nuevas fórmulas del fracasado mantra neoliberal. Y Francia, que con él quiere recuperar la grandeur, carece del peso de antaño para impulsar iniciativas como el liderazgo contra el cambio climático. Sin una Merkel, engolfada en la pequeña administración de su casa, Macron no será más que un fugaz fuego artificial.

En Europa se ha frenado la marea ultraderechista en Francia o eh Holanda, pero no en Austria. Ahí está agazapada, en todas partes. Y lo peor, sus propuestas contra la inmigración han permeado ya las políticas de muchos gobiernos europeos.

En España, 2017 ha sido el año de la ruptura de la conviencia y el consenso constitucional. En Cataluña la sociedad se ha dividido en dos bloques antagónicos y la convivencia se ha resentido. En el resto de España, la cuestión catalana tapa el resto de los problemas y propicia el resurgimiento del españolismo ultranacionalista. Todos sabemos que habrá que reformar la Constitución para permitir que de un modo u otro Cataluña vote si quiere ser o no un país independiente, pero ningun partido quiere arriesgar buscando una fórmula que le haga perder votos.

Mientras discutimos de fronteras y banderas, el mundo real se virtualiza, las relaciones laborales se uberizan, prometiendo colaboración y creatividad y trayendo, en cambio, más precariedad, inseguridad y pobreza. La robotización y la inteligencia artificial amenaza ya a los trabajos intelectuales. Vamos a una selva sin normas, donde los grandes depredaradores son las benéficas tecnológicas, y los jóvenes creativos apuestan por convertirse en pequeños depredadores a la sombra de los grandes.

El año que termina puede ser el del principio del fin de Internet como la red en que todos somos iguales. La derogación de la neutralidad de la Red por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) significa que los operadores de telecomunicaciones estadounidenses podrán favorecer la velocidad de unos contenidos frente a otros.

En principio, es una derrota para las tecnológicas, pero que duda cabe que llegarán a acuerdos con las telecos. El problema lo tendrá el pequeño blog, la página de la pequeña empresa u organización, el activista youtuber. Internet nunca fue el libre mercado de ideas, pero a partir de ahora lo será aún menos. Mientras tanto, los algoritmos nos mantienen en nuestra burbuja para confirmarnos en nuestras fobias y filias.

La rebelión de las mujeres contra el acoso sexual es uno de los cambios más positivos de 2017. Pero también muestra uno de los fenómenos más preocupantes de nuestro tiempo, las redes sociales como espacio de indignación irreflexivo. Nada de multitudes inteligentes, en su lugar, turbas estúpidas.

Perdonad esta oscura reflexión ¿No hay nada positivo? Por supuesto que sí. La lucha de pequeños grupos en todo el mundo por la justicia, los derechos humanos, la igualdad. No suelen tener visiblidad, pero estos hombres y mujeres son las que sostienen el mundo y los que pueden hacer que 2018 sea menos oscuro que 2017.

Feliz 2018 a todos.

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El laberinto de la gobernanza de RTVE


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El año termina en RTVE sin una perspectiva clara de la renovación de los órganos de gobierno, imprescindibles para su regeneración democrática. Los partidos deben establecer un procedimiento rápido y transparente que garantice la selección de profesionales competentes y erradique para siempre las cuotas partidarias.

Los últimos 5 años puede que hayan sido los más aciagos de la historia de RTVE. El gobierno del PP derogó por Decreto-Ley la independencia institucional que es condición mínima para que la radiotelevisión estatal cumpla su función pública.

Y a partir de ahí, con la designación por el Gobierno del presidente y los consejeros, manipulación, pérdida absoluta de la credibilidad y de la condición de referencia informativa, caída de las audiencias y gestión a la deriva, sin afrontar los retos que el nuevo ecosistema comunicativo plantea, hasta un punto donde la misma pervivencia de RTVE está en cuestión.

Dos han sido las respuestas jurídicas, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 50 diputados y senadores socialistas, que acaba de estimarse parcialmente por el Tribunal Constitucional, y la Ley 5/2017, para recuperar la independencia de RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos.

La mala técnica jurídica de la nueva ley, la renuencia de los dos grupos parlamentarios mayoritarios a desarrollar por concurso público el nombramiento de consejeros y presidente, y la derogación parcial por el Tribunal Constitucional del R.D-L. 15/2012, llevan a todo tipo de interpretaciones teóricas y a una paralización práctica del proceso de renovación.

Escaso impacto práctico de la sentencia del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constituciona declara inconstitucionales y nulas disposiciones del Decreto-Ley sobre la composición del consejo que ya no estaban en vigor, por haber sido modificadas por la Ley 5/2017, de modo que el bloque normativo aplicable es la Ley 17/2006, con las modificaciones realizadas por la Ley 5/2017.

No es que la sentencia carezca de transcendencia jurídica. El TC no examina la constitucionalidad de todo el Decreto-Ley,  porque los argumentos de los recurrentes se centraban solo en los preceptos sobre la composición y el modo de elección de consejeros y presidente. Otros preceptos del D-L., como el  ap. 7 y 8, que modifican el régimen de incompatibilidades y retribuciones de los consejeros y el presidente, no son sometidos a examen por el TC y siguen en vigor.

Constata el TC que estas normas han sido derogadas por la Ley 5/2017 y, por tanto, siguiendo su doctrina, no juzga si su contenido es conforme a la Constitución. Pero si aplica el examen de constitucionalidad al procedimiento de modificación, esto es, a si el Decreto-Ley es herramienta legítima para modificar esas normas.

El Tribunal entiende que no se da la la extraordinaria y urgente necesidad, supuesto habilitante que el art. 81.6 de la CE exige al Decreto-Ley, para cambiar la composición del consejo, reduciendo los consejeros de 12 a 9 y eliminado a los consejeros propuestos por los sindicatos. En cambio, sí admite que este presupuesto se de respecto del cambio del método de elección, en cuanto permitiendo la elección en segunda votación por mayoría absoluta del presidente se podía resolver el bloqueo que ponía en riesgo el funcionamiento normal de RTVE.

De modo que aunque la sentencia hubiera llegado en un tiempo razonable, y no cuando los preceptos impugnados ya no están en vigor, no hubiera impedido el nombramiento por la mayoría absoluta parlamentaria, en la práctica un nombramiento gubernamental. Pero sí habría cambiado la composición del consejo, que hubiera sido más plural, con la presencia de los consejeros propuestos por los sindicatos mayoritarios, y que hubiera podido someter al presidente a un control más eficaz.

Deja la sentencia otras dos consideraciones que pueden tener una cierta trascendencia en el futuro. Puesto que un Decreto-Ley no puede modificar una institución esencial del Estado, el Tribunal, aunque recuerda su función vital para la vida democrática, declara que RTVE no es una de las instituciones básicas de nuestra Constitución, porque esta no se refiere a ella expresamente. Y finalmente, que el modo de elección de sus órganos con mayor o menor consenso, no menosca el control parlamentario que establece el art. 20.3 CE.

Composición y modo de elección del Consejo de Administración y el Presidente

Resultan aplicables la Ley 17/2006, el R.D-L. en lo no derogado por la Ley 5/2017 y las disposiciones de esta última (ver el texto consolidado de la ley 17/2006):

  • El Consejo de Administración estará formado por 10 miembros, con suficiente cualificación y experiencia profesional, con presencia equilibrada de hombres y mujeres (art. 10.1).
  • La cualifiación y experiencia se concretan en la exigencia de personas de formación superior y reconocida competencia, que hayan desempeñado al menos durante 5 años funciones de administración, alta dirección, control o asesoramiento en entidades públicas o privadas, o relevantes méritos en el ámbito de la comunicación, experiencia profesional, docente o investigadora.
  • Serán elegidos 6 por el Congreso y 4 por el Senado (art. 11.1).
  • Comparecerán en audiencia pública en el Congreso y el Senado para que las cámara se informen de su idoneidad (art. 11.3). Nada se establece sobre quién puede proponer a los candidatos.
  • Serán elegidos por mayoría de 2/3 en cada cámara (art. 11.3). No se establece un procedimiento alternativo para el caso en que no se alcance esta mayoría.
  • El Congreso designará también por mayoría de 2/3 de entre los 10 consejeros al Presidente.
  • El mandato de los consejeros será por 6 años no renovables, renovándose por mitades cada tres años (art. 12).
  • El Presidente será retibuido conforme al régimen de los máximos responsables del sector público empresarial. En cambio, los consejeros solo recibirán indemnizaciones por asistencia a las sesiones (art. 15.4), lo que significan que no tienen el régimen de dedicación exclusiva que establecía la Ley 17/2006.

Para la primera elección se estable un régimen transitorio, la mayor parte de cuyas disposiciones podrían tener validez con caracter general y no para la primera renovación después de la reforma.

  • Si no se alcanza la mayoría de 2/3 en segunda votación bastará la mayoría abosluta, siempre que el candidato haya sido propuesto por la mitad de los grupos parlamentarios de la Cámara.
  • Elección por concurso público de los consejero y el presidente, conforme a un reglamento aprobado por las Cortes Generales en el plazo de tres meses, con la participación de un comité de expertos nombrados por los grupos parlamentarios, comité que emitirá informes de evaluación que elevará a la comisión parlamentaria competente para la audiencia de los candidatos.
  • En tanto se apruebe ese reglamento, la elección se llevaría a cabo conforme al procedimiento vigente.

Bloqueo de la regeneración democrática de RTVE

El caso es que ese plazo de tres meses se cumple el 31 de diciembre. ¿Cómo es posible que los grupos parlamentarios no hayan encontrado ni siquiera tiempo para reunirse hasta elm 14 de diciembre?. Claramente, ni PSOE, que no es partidario del concurso público, ni el PP, que resiste numantinamente, tienen interés. Quizá por eso se añadió esa salvaguardia de volver al procedimiento vigente.

Según los letrados del Congreso, el plazo no es preclusivo, por lo que no pasaría nada si este reglamento se aprobará, por ejemplo, el 20 de enero. De hecho, Ciudadanos ha hecho una propuesta. Pero dicen los letrado que, de no aprobarse, el “procedimiento vigente” sería el de mayoría absoluta en segunda votación (el del R.D-L), que es la apuesta del PP. No parece que aunque no se haya desarrollado el régimen transitorio se deje sin aplicar un aspecto sustancial del mismo claramente formulado, como es el de 2/3 en primera votación y mayoría absoluta y la mitad de los grupos parlamentarios en segunda, que es la apuesta del PSOE. Ciudadanos y Podemos apuestan por el concurso público.

Lo importante es la competencia de los candidatos y la transparencia del proceso

Como ya he razonado anteriormente, el concurso tiene sentido para elegir un Director General Ejecutivo, no para elegir a los miembros de un órgano que marca las directrices y controla la gestión, pero no es un órgano ejecutivo. Sí tiene sentido elegir al Presidente por concurso y exigirle un plan estratégico, en cuanto que máximo ejecutivo, pero con tal procedimiento el Presidente será muy poco controlable por reunir tanto el consenso parlamentario como un plan estratégico aprobado. Desde luego, no se puede exigir a unos candidatos a consejeros no retribuidos y sin dedicación exclusiva que presenten un plan estratégico.

En consecuencia, el reglamento de elección (¡que solo está previsto para la primera renovación!) podría basarse en estos principios:

  • Proponen a los consejeros sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones de utilidad pública u organizaciones profesionales del mundo de la comunicación.
  • Un comité de expertos formados por dos profesionales designados por cada grupo parlamentario evalúa la competencia de los candidatos.
  • Los consejeros son designados con las mayorías parlamentarias de la Ley 5/2017, previa examen en audiencia pública.
  • Los consejeros se podrán postular para presidente, presentado un plan estratégico. Los candidatos y sus planes serán evaluados por el comité de expertos y elegido por el Congreso por mayoría de 2/3 y previo examen en audiencia pública.

 

 

 

Hágase la luz en Navidad


 

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Luz y Navidad. Navidad, fiesta originariamente pagana, cristianizada durante 2000 años y nuevamente paganizada en la sociedad de consumo. En todas sus versiones es elemento esencial el paso de la oscuridad a la luz, la superación del solsticio de invierno, el nacimiento del Mesías como nueva luz, la iluminación de las ciudades para crear una euforia consumista.

Todos necesitamos la luz, salir de la oscuridad, un nuevo comienzo. Pero sobre todo los aherrojadas a las tinieblas cotidianas.

Hágase la luz para los rohingyás, expulsados de sus casas y malviviendo en Bangladesh, en Cox Bazar.

Hágase la luz para los refugiados sirios, afganos, eritreos, atrapados sin futuro en la periferia del sueño europeo, en Lesbos, o para los subsaharianos encerrados en una cárcel malagueña, que se quiere hacer pasar por centro de acogida.

Hágase la luz para los colombianos y colombianas que salen de una guerra y buscan acomodo en una sociedad civil que no entienden.

Hágase la luz para los gitanos rumanos, que mendigan en nuestros semáforos y han perdido suss chabolas en el incendio del Gallinero.

Hágase la luz para los yemeníes que sufren el cólera, como si fuera una maldición biblíca, y no la consecuencia de la la guerra que Arabia Saudí e Irán libran por fuerzas interpuestas en el país.

Hágase la luz para los palestinos, que hasta el derecho a una capital se les niega.

En fin, hágase la luz para todos nosotros, que no vivimos en el abismo, pero también tenemos nuestras tinieblas particulares.

Feliz Navidad a todos.

(Aquí tenéis uan selección del Oratorio de Navidad de Bach y en este enlace podéis encontrar el conciento completo de la Orquesta y Coro de RTVE. ¡Ah! y que se haga la luz para RTVE, que falta hace)

 

No se puede (ni se debe) intervenir TV3


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La aplicación del art. 155 de la CE para intervenir la autonomía de Cataluña es un fracaso colectivo del que España tardará muchos años en recuperarse. Se sabe como se entra (a veces me parece que ni siquiera eso), pero no se sabe como se sale.

Entre las medidas anunciadas, la posible intervención de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales  (CCMA) ha generado una condena casi generalizada entre periodistas y organizaciones sindicales de Cataluña y el resto de España.

El argumento más repetido es que sería como poner a la zorra a cuidar el gallinero: el gobierno Rajoy ha hecho un uso partidista de RTVE, como acreditan las reiteradas y documentadas denuncias de los consejos de Informativo de la Corporación. Pero prácticamente nadie ha recurrido a argumentos jurídico, que en este caso son esenciales.

 

Captura

Extracto de la nota de prensa del Consejo de Ministros que decide activar el art. 155 CE

 

La Generalitat no puede intervenir la CCMA y, por tanto, tampoco el Gobierno

Como estuve tuiteando a lo largo del fin de semana, intervenir la CCMA no sería reestablecer la legalidad (uno de los objetivos que el acuerdo del Consejo de Ministros invoca para la activación del art. 155) sino vulnerarla. Parte  del ordenamiento jurídico son las leyes catalanas que encomiendan el servicio público audiovisual a la CCMA y establecen su autonomía funcional, sin que el Govern de la Generalitat, cuyas competencias vendría a asumir el Gobierno de España, tenga ninguna capacidad de intervenir su funcionamiento.

En la nota de prensa del Consejo de Ministros, cuyo extracto se recoge más arriba, se invocan las facultades de la Generalitat para garantizar la transmisión de información objetiva, veraz, plural, así como el conocimiento de los valores y principios constitucionales y estatutarios, citando dos (entre dieciséis) de las misiones  específicas de servicio público que el art. 26 de Ley 22/2005 de la comunicación audiovisual de Cataluña   impone a la CCMA, como prestador del servicio de gestión directa de la Generalitat. Ni este artículo ni ningún otro de la Ley 22/2005 reserva a la Generalitad competencia alguna de control o intervención sobre la CCMA. Muy al contrario, el art. 29 1 a) afirma expresamente su autonomía con relación al Govern en la gestión directa y ordinario del servicio público.

El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), órgano regulador de la comunicación audiovisual en la Comunidad Autónoma (L. 11/2007, art. 113) no tiene competencias ejecutivas sobre la CCMA (sí sobre los operadores privados), pero puede -y lo hace- emitir dictámenes sobre su cumplimiento de las obligaciones de servicio público.

La Ley 11/2007 de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (texto consolidado después de la reforma de 2012) adscribe a la Corporación al departamento de la Generalitat competente en materia audiovisual, para consagrar a continuación su independencia funcional (art. 3, puntos 2 y 3).

La gestión y dirección queda a cargo de un Consejo de Gobierno de 6 miembros, nombrados por un plazo de seis años por el Parlament,  que también elige entre ellos al Presidente. Ni uno ni otros pueden ser destituidos por el Govern y solo cesan por causas tasadas (inhabilitación, incompatibilidad sobrevenida, condena por delitos dolosos, art. 9.4).

En resumen, ni la Generalitat ni el Gobierno pueden nombrar ni cesar a los consejeros o al presidente, ni pueden darles instrucciones en la gestión del servicio público.

El art. 155 CE permite al Gobierno adoptar medidas para que el ejecutivo de la Comunidad Autónoma que incumpla la Constitución, las leyes o atente al interés general de España cumpla sus obligaciones. Su aplicación no puede dar cobertura a una vulneración de la leyes autonómicas legítimamente promulgadas que no sean contrarias a la Constitución, como es el caso. Otra cosa es dejar en suspenso el Estado de derecho.

No se olvide, además, que el servicio público se fundamenta en el acceso universal como vía para el ejercicio del derecho ciudadano a la información. Además, de modo directo se vería afectada la independencia y el derecho a informar de sus profesionales. La intervención de TV3 nos pondría al mismo nivel que la Hungría de Orban o la Polonia de Kaczyński.

La traición al servicio público

Entonces, ¿es independiente de hecho del Govern la CCMA? No, no lo es, como no lo es, RTVE. En ambos casos, sus consejos y presidentes son elegidos, de hecho, por sus respectivos gobiernos. En virtud de sendas reformas de 2012, en las que el PP y CiU se apoyaron mutuamente, los gestores se eligen por mayoría de 2/3, que de no alcanzarse se convierte en mayoría absoluta, lo que pone su nombramiento en manos de los respectivos gobiernos. La gubernamentalización ha redundado en manipulación, pérdida de audiencias y descrédito informativo. TVE y TV3 son -en expresión del profesor Bustamante- dos caras simétricas y deformadas del conflicto.

No sigo ni la televisión ni la radio pública catalana, por eso no puedo juzgar si son plenamente ciertas las denuncias de adoctrinamiento. La historia de TV3 hasta 2012 es de una relativa imparcialidad política institucional, mayor que la de TVE, salvo en el corto periodo 2006-2011.

En este momento, ambas radiotelevisiones públicas son claramente dependientes de la política informatica de sus gobiernos. En el caso de TVE las manipulacions son tan burdas que hasta el espectador más desapercibido las nota.

En TV3, dando por buenos los múltiples relatos y descripciones sobre sus informativos y programas, creo que la clave reside en que ha venido dando al procès el tratamiento de lo que Dayan y Katz llamaron “acontecimiento mediático de conquista”, es decir la dramatización de una iniciativa política que pretende unir a la audiencia a su alrededor. Si en el análisis clásico de Dayan y Katz, estos acontecimientos mediáticos eran dirigidos por un personaje carismático, aquí el protagonista ha sido el poble de Catalunya.

Desde esta perspectiva, todo vale, ya no estamos ante manipulación sino ante mecanismos de agit-prop. En esta situación, poco valor tienen los análisis de contenidos como el del CAC, que valora el pluralismo (mayor en TV3 que en TVE) por las fuentes utilizadas. Cuando se construye la república independiente todo vale.

Tratamiento semejante al que puede dar TVE a la Fiesta Nacional, a la boda real (acontecimiento de celebración) o a la victoria de la selección nacional (acontecimiento de competición). Da igual que haya voces discrepantes, lo que cuenta es el tono general apoteósico y de “unidad nacional”.

¡Ojo! No es que TV3 formatee la conciencia de los catalanes, es que expresa la división de la sociedad: la televisión pública aglutina a los más catalonaparlantes, independentistas y  votantes de Junts pel Sí y la CUP.

Todo esto no se soluciona poniendo a la CCMA a las órdenes de La Moncloa, muy al contrario: intentar que TV3 sea un clon de TVE es imposible y solo dará más argumentos al independentismo.

Lo terrible de todo esto es que redundará aún más en la deslegitimación del servicio público.

 

Otro referendum cortaría el nudo gordiano del conflicto catalán


Llevo muchos meses sin comparecer en este blog. Las razones, exceso de trabajo, vacaciones y -tengo que decirlo- un cierto cansancio. Hablar hoy de Cataluña, cuando prácticamente todo está dicho, es ya bastante inane. Valga esta entrada de desahogo personal.

En los próximos días nos jugamos la democracia y un futuro de paz y prosperidad para los próximos 25 años. Si una insurrección popular respaldara la muy probable declaración unilateral de independencia o si el gobierno recurriera a medidas de excepción habría terminado eso que algunos llaman el “régimen del 78” y que, con todos sus defectos, ha sido el período de democracia más dilatada de la historia de España.

Seamos optimistas. El referendum se celebra en medio de un caos organizativo, pero sin incidentes violentos. La participación no llega al 50% y los síes superan el 85%. Puigdemont proclama la independencia en medio de masivas movilizaciones. Y al día siguiente todo sigue igual. Ningún gobierno extranjero reconoce a la Cataluña independiente. Los empresarios siguen ingresando las cotizaciones en la Tesorería General de la Seguridad Social y la recaudación del IVA en la Agencia Tributaria. Las normas jurídicas, para ser tales, tienen que tener eficacia, ser acatadas por sus destinatarios. Y en el caso de la llamada de ley de transitoriedad eso solo es posible si se produce una insurrección popular, en medio de un enfrentamiento entre Guardia Civil y Mossos de Escuadra. Mejor no pensarlo.

¡Ay si se pudiera volver a empezar! Si pudieran borrarse las mesas de firmas del PP contra el Estatuto; el “Espanya ens roba”; la manipulación nacionalista de la Historia y la educación; la campaña de boicot a los productos catalanes; el recurso del PP ante el Constitucional; la manipulación de las inhabilitaciones de los magistrados del Constitucional; la sentencia derogatoria e interpretativa de partes (no sustanciales) del Estatuto; la manifestación contra el Estatuto; las movilizaciones de las Diadas; la cerrazón de ambas partes a un verdadero diálogo. Otro gallo nos cantaría si se hubiera celebrado un referendum, como proponía Rubio Llorente (¡en 2012!).

No, en las relaciones humanas, sociales y políticas no cabe el reinicio, el reseteo. No podemos empezar de cero. Mucho se ha perdido ya: la confianza entre Cataluña y el resto de España, una fractura difícil de cerrar dentro de la propia sociedad catalana. Veo a compañeros catalanes con los que he colaborado defendiendo la independencia y a otros en Sociedad Civil Catalana.  De ahí hay que partir, empezando por suavizar las tensiones.

No ayudan las sobreactuaciones de algunos jueces. Una cosa es incautar la infraestructura del referendum e incluso investigar y hasta procesar a sus responsables, y otra detenciones indiscriminadas o la prohibición de actos de propaganda, como ha ocurrido en Madrid, con la violación flagrante de las libertades de expresión y reunión. Mejor -más claro, más transparente- hubiera sido una suspensión de competencias autonómicas.

En el mejor de los casos habrá nuevas elecciones al Parlamento de Cataluña, que resultará en mayorías más cualificadas a favor de la independencia y el referendum. Y en este punto habrá que negociar. No la financiación autonómica o las inversiones. No, habrá que negociar unreferendum. No el referendum de autodeterminación de los independentistas, sino un referendum que deje clara la voluntad de los catalanes de iniciar un proceso de separación.

La pregunta podría ser “¿Quiere que Cataluña sea independiente y que para ello el Parlamento de Cataluña inste la reforma de la Constitución española?” Hace dos años me pronucié por incluir el poder de secesión en la reforma de la Constitución española (difícilmente se puede reconocer a Cataluña y no al resto de los territorios). Llegar a ese compromiso requeriría por parte de los independentistas detener el proceso insurrecional y por parte del resto de fuerzas políticas el compromiso firme de impulsar la reforma constitucional… pero dejando la última palabra a todo el pueblo español mediante un referendum final.

Si en ese primer referendum catalán (que podría incluir también como alternativa una oferta de reforzamiento del autogobierno) vence la opción de la independencia habría por delante un arduo camino lleno de obstáculos, pero con una hoja de ruta clara. Si se rechazarara, entonces quizás podríamos ocuparnos de los problemas reales: rescate de los perdedores de la crisis, lucha contra la corrupción y regeneración, transformación de la estructura productiva, adaptación al cambio climático, lucha contra la desigualdad, reforzamiento de los derechos civiles, políticos y sociales.

El referendum habría roto cortado el nudo gordiano.

El consenso parlamentario no es suficiente para regenerar RTVE


lazo-naranja-d1El Congreso de los Diputados se dispone a revisar la reforma del PP, que en 2012 entregó el gobierno de RTVE a la mayoría parlamentaria, o lo que es lo mismo al ejecutivo del Partido Popular, y que ha propiciado los niveles más bajos de credibilidad y relevancia de la rtv pública en toda su historia.

Todo indica que esta misma mañana se admitirá a trámite una proposición de ley del PSOE que básicamente pretende reinstaurar el sistema de la ley 17/2006: mayoría parlamentaria de 2/3 para elegir a los consejeros, dos consejeros elegidos a propuesta de los dos sindicatos más representativos y elección parlamentaria del presidente, también con mayoría parlamentaria cualificada de 2/3.

Como toda proposición de ley, esta estará sometida a una tramitación parlamentaria que puede modificar sustancialmente su contenido. No es el procedimiento más adecuado para afrontar la profunda reforma que requiere RTVE, pero sí puede ser una oportunidad para ir más allá de un retorno al pasado y en su lugar establecer un conjunto de medidas urgentes para detener el deterioro del servicio público.

Volver a las mayorías parlamentarias cualificadas es, desde luego, infinitamente mejor que el régimen actual, en el que el gobierno puede nombrar al consejo y al presidente de la Corporación. Además, en el momento presente cuatro consejeros se mantienen en funciones cuatro años después de haber terminado su mandato, en una situación legal cuando menos cuestionable. Y, en fin, todo lo que conduzca a la renovación de la dirección más nefasta de la historia de RTVE es un paso positivo.

El funcionamiento del sistema entre 2006 y 2012 garantizó una razonable independencia informativa, pero no dejó de presentar problemas, como la relación entre los consejeros y los grupos parlamentarios o sindicatos proponentes y, sobre todo, el poder del presidente sobre el Consejo, que desnaturaliza la función de control que este debe ejercer sobre aquel. Por no mencionar la falta de acuerdo para sustituir al dimitido Alberto Oliart, que fue alegada por el PP para cambiar el sistema de nombramiento.

La plataforma de académicos y profesionales Teledetodos propuso el pasado año un conjunto de medidas legislativas urgentes para propiciar la salvación del servicio público y abrir un proceso de reforma en profundidad. La proposición de ley socialista y el debate que se adivina tienen un planteamiento mucho más limitado, pero al menos debieran de añadir algunos mecanismos de garantía para no recaer en el reparto de cromos parlamentario:

  1. Reforzar los requisitos de profesionalidad, independencia y trayectoria de servicio público de los consejeros. Profesionalidad contrastada en al menos cinco años de trabajo en el sector de la comunicación, la universidad o de la alta gestión. Independencia, excluyendo a cualquier comunicador que haya ejercido profesionalmente el gabinetes de de los partidos. Trayectoria de servicio público, dando prioridad a aquellos profesionales que hayan desarrollado su carrera preferentemente en el sector público.
  2. Reforzar los mecanismos de escrutinio ante las cámaras. Que las audiencias no sean un mero trámite porque los candidatos ya se han repartido previamente, tanto para ti, tantos para mi.
  3. Establecer mecanismos de desbloqueo. Teledetodos propone que si en un mes cada uno de los candidatos no obtienes los 2/3, puedan ser ratificados por la mitad más uno de los grupos parlamentarios de la cámara respectiva.
  4. Transferir las competencias ejecutivas del Presidente (reguladas en los arts. 17 a 20 de la L. 17/2006) a un Director General, que sería elegido por el Consejo de Administración por concurso público.

¿Por qué un director general ejecutivo? Para separar la gestión de la orientación y control que son las funciones del Consejo de Administración. Al ser el Presidente elegido directamente por las cámaras es al mismo tiempo máximo responsable de la gestión y presidente del órgano que debe controlarle y además se conviere en la práctica en el jefe natural de los consejeros que expresan un determinado consenso parlamentario. Consecuencias de todo ello es un consejo débil que se implica en la gestión más de lo que debiera en lugar de controlarla.

Ese director ejecutivo es el que tiene que ser elegido por concurso público, en el que se valoraría la trayectoria profesional de más de 10 años y  un plan estratégico propuesto. No tiene sentido elegir a los consejeros por concurso, pues no son los gestores.

Estas medidas mínimas podrían ser perfectamente incorporadas a la reforma que se va a tramitar. Pero una regeneración en profundidad (como propuso Teledetodos en 2015) debe basarse en:

  • Recuperar la credibilidad informativa, garantizando la independencia jurídica, reforzando los órganos de pluralismo interno (como los consejos de informativos) y haciendo efectiva una carrera profesional.
  • Lograr una gestión independiente, profesional y transparente, desligando, como se ha dicho, los órganos de control y gestión y sacando a concurso público la figura de una nuevo director general ejecutivo.
  • Fomentar la participación social, haciendo presente la diversidad social en la programación, haciendo efectivo el derecho de acceso, reforzando la Defensoría de la Audiencia, creando organismos de participación social y mecanismo de participación interactiva y abriendo hueco en los programas a las creaciones de la ciudadanía.
  • Realizar la conversión  en un servicio público multimedia, ofreciendo contenidos interactivos de calidad en todo tipo de plataformas, en cualquier lugar y en cualquier momento.
  • Convertirse en el nodo central de instituciones dedicadas a la cultura y el fomento de la comunicación pública, incluyendo en esta red a organismos latinoamericanos.
  • Lograr una financiación pública suficiente y estable que cubra el coste neto del servicio público.

 

 

 

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