¡Ay Venezuela!


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Los ojos de Chávez, que todo lo vigilan

Sólo unas elecciones libres, legislativas y presidenciales, pactadas con mediación internacional y celebradas simultáneamente pueden dirimir el duelo de las dos legitimidades que se disputan el alma de Venezuela.

Declaración previa de principios

He dudado mucho antes de escribir sobre Venezuela. Es entrar en un territorio minado, en el que es difícil decir algo nuevo. Demasiadas lecciones desde la barrera se dan ya estos días. Pero tengo una especial vinculación con el país. Mi padre, como tantos españoles, fue emigrante allí. Conservo familiares y he tenido alumnos venezolanos. Así que, con el mayor respeto para todos los venezolanos, dejo aquí mis modestas reflexiones, que en este caso no irán respaldadas por fuentes. Por favor, críticas sí, insultos no.

Detesto a todo tipo de caudillos, civiles y militares. Aborrezco a los salvadores y mesías. No creo en los pueblos como unidades místicas.

No me gustó Chávez, desde que en aquel febrero ya tan lejano febrero de 1992 le vi por primera vez en el vídeo de su rendición. Tampoco siento ninguna simpatía por Maduro, una versión más burda de su mentor -en la entrevista de Évole tengo que reconocer que resultó ingenuo y candoroso.

Creo que las llamadas libertades formales (los derechos cívicos) son absolutamente sustanciales para garantizar la dignidad y permitir la conquista de los derechos sociales y económicos. Y que los fines no justifican nunca los medios.

Dos legitimidades

Maduro y Guaidó se consideran presidentes legales. Maduro, como vencedor en unas elecciones presidenciales. Guaidó, como “presidente encargado”, que reconoce esas elecciones y considerar usurpada la presidencia por Maduro, alegando una alambicada interpretación de la Constitución. Ambos, más allá de razones jurídicas, invocan legitimidades más profundas.

Maduro, el pueblo, la revolución, la transformación del país (siempre esgrime índices internacionales de desarrollo favorables a Venezuela), la resistencia contra el imperialismo del que la oposición es lacayo, la insurrección (“guarimbas”) contra el gobierno legítimo. En definitiva, el carácter redentor de la revolución bolivariana.

Guaidó y la oposición, el sectarismo, la desestructuración social, la militarización, la corrupción, el abuso de poder, el caos económico, los presos políticos, los asesinatos por las fuerzas del orden y paramilitares, la corrupción, la emigración masiva. En resumen, su legitimidad no es redentora, como la de los bolivarianos, sino que se basa en la rebelión frente a la tiranía.

Desde el punto de vista de la legalidad, el chavismo ha roto el equilibrio de poderes, si bien es cierto que la Constitución no puede ser más farragosa.

De la manera más ingenua, Maduro explicó a Évole como después de la victoria de la oposición en las legislativas buscó en la Constitución la manera de neutralizar la situación. Y lo hizo convocando al poder constituyente en unas elecciones que, por primera vez desde la llegada de Chávez, reciben denuncias muy serias de fraude. Previamente, el Tribunal Supremo declaró en desacato a la Asamblea Nacional por no reconocer su fallo sobre tres escaños en disputa. Los intentos de poner en marcha un referéndum revocatorio fueron obstaculizados de todas las maneras posibles desde el poder electoral, controlado por el chavismo. Y partidos y candidatos de la oposición fueron inhabilitados electoralmente.

La oposición, o sus sectores más radicales, preconstituyeron desde el principio la prueba para declarar fraudulentas las elecciones presidenciales, algo de lo que, por cierto, advirtió en su día Rodríguez Zapatero. Llamaron al boicot, pero según las cifras oficiales votó más del 46%, casi el 68% por Maduro. Participación desde luego baja para Venezuela, pero homologable a nivel internacional.

A buen seguro en esas elecciones se registrarían irregularidades (por mucho que se realizaran no sé si 16 auditorías informáticas), pero entonces hay que denunciar esas irregularidades concretas y no darlas por supuesto antes de comenzar las votaciones. En cualquier caso, admitiendo todas esas irregularidades, tanto en lo referente a las condiciones de partida, como en el mismo proceso de sufragio, no se pueden ignorar los más de 6 millones de votos y el apoyo popular al chavismo.

Fuente de legitimidad chavista fue durante años la prosperidad del país, basada en la bonanza petrolífera. Y el reparto de esa riqueza hacia los más desfavorecidos. El progreso social de aquellos años no puede negarlo nadie. Pero el planteamiento de las “misiones” con una mentalidad militar concentra las fuerzas en un objetivo que una vez logrado no requiere mayor mantenimiento. No son derechos, es asistencialismo clintelar.

A la inversa, el caos de los últimos años  erosiona la legitimidad chavista. Maduro esgrime una supuesta guerra económica del Imperio. Desde 2015 Estados Unidos y la Unión Europea han bloqueado las cuentas de altos cargos chavistas, medidas que en nada afectan a la economía nacional. Es en agosto de 2017 cuando la administración Trump impone la primera sanción financiera verdaderamente perjudicial para la economía venezolana,  al prohibir la emisión de bonos por el gobierno de Venezuela y PDVSA. Cierto es también que una página web de Miami ha jugado un papel muy poco transparente en el desplome de la divisa venezolana.

Sí, se ha despilfarrado la riqueza petrolífera, lo que no es nada nuevo en Venezuela. Hace 80 años Uslar Pietri proponía “sembrar el petróleo”, pero siempre el país ha dependido de la renta petrolífera y de las importaciones del extranjero. Lo mismo con la inseguridad. Desde los años 60, Caracas, ha sido siempre una de las capitales más peligrosas del mundo.

Dos legitimidades, en definitiva, cada una con sus apoyos populares, su invocación a la justicia y sus argumentos jurídicos.

El alcance de los reconocimientos

Un gobierno puede optar por aceptar o no a una determinada legitimidad en otro territorio. En los usos diplomáticos, si la acción de un gobierno extranjero es contraria a los intereses o principios de otro, lo común es romper relaciones y retirar al embajador, en la mayor parte de los casos con una previa llamada a consultas -como ha hecho este jueves Francia con su embajador en Roma.

El axioma diplomático dice que se reconocen estados, no gobiernos. Franco, después del incidente del embajador Lojendio, no dejo de reconocer al gobierno de Castro, que era el que de hecho ejercía el poder en Cuba, simplemente retiró al embajador durante una temporada. Durante la guerra española, Francia y Reino unido mantuvieron un representante ante el gobierno de Burgos, pero no reconocieron a Franco hasta la caída de Cataluña y la huída del gobierno de la República a Francia. En otras palabras, el reconocimiento es enviar embajadores ante el gobierno que ejerce el poder efectivo, lo que no es el caso de Guaidó.

Vale la pena recordar la doctrina Estrada, que López Obrador recupera después de unos años de activismo de la diplomacia mexicana. Así la formuló el 29 de septiembre de 1930 el canciller Genaro Estrada ante los representantes diplomáticos de los países latinoamericanos:

“El gobierno de México no otorga reconocimiento porque considera que esta práctica es denigrante, ya que a más de herir la soberanía de las otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores pueden ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. El gobierno mexicano sólo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente, ni a posteriori, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”

Se ha invocado estos días por los partidarios de Guaidó la llamada doctrina Betancourt, que informó dutante los sesenta la política exterior venezolana. Puede resumirse en esta cita del primer discurso presidencia de Rómulo Betancourt en 1959:

“Regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de los ciudadanos y los tiranicen con respaldo de policías políticas totalitarias, deben ser sometidos a riguroso cordón profiláctico y erradicados mediante acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica interamericana”

La doctrina Betancourt ha inspirado la acción de la OEA contra golpes de estado (derrocamiento de Aristide, autogolpe de Fujimori,  intento de golpe de Lino Oviedo en Paraguay) y favoreció el reforzamiento de las competencias de su secretario general, hoy el uruguayo Luis Almagro, uno de los más enérgicos acusadores de Maduro.

El reconocimiento del autoproclamado Guaidó tiene indudables efectos políticos – deslegitima y aisla a Maduro- pero ninguno diplomático, en tanto no se retiren los embajadores de Venezuela y se de el placet a los diplomáticos nombrados por Guaidó en estados y organizaciones internacionales. El arma más terrible de los países que han reconocido a Maduro es la imposición de sanciones financieras y congelación de cuentas estatales y de PDVSA.

La injerencia de Estados Unidos y la guerra fría

Todo indica, y así lo han reconocido destacados miembros de la oposición, que esta operación se ha fraguado en Washington. Y detrás de ella, además del estulto Trump, como ideólogo está John Bolton, que ya lo fuera de la invasión de Irak, y como ejecutor designado Elliot Abrams, quien también lo fue de la Operación Irak-Contra. ¿A dónde se puede ir con estos mentores?

Estados Unidos va a dar la batalla a Rusia y China en Venezuela. Venezuela paga los créditos rusos con petróleo y la rusa Rosfnet tiene importantes explotaciones en Venezuela. La deuda de Caracas con Pekín es de 60.000 millones de dólares. Cuba controla los servicios de seguridad. Según la agencia Reuters, que cita fuentes rusas, en Venzuela estarían destacados mercenarios del grupo Wagner para reforzar la seguridad de Maduro.

Los defensores internacionales de Maduro siempre sostienen que de lo que trata Estados Unidos es de hacerse con el petróleo de Venezuela. El petróleo venezolano ya no es una prioridad estratégica: supone un 7% de las importaciones norteamericanas (un 30% de las exportaciones para Venezuela) y es fácilmente sustituible en un contexto de creciente autosuficiencia de Estados Unidos. Pero sigue siendo un codiciado negocio para las empresas norteamericanas. Escuché en la radio una declaración de Guaidó en la que prometía mantener el caracte estatal de PDVSA, pero abrir el sector a la inversión privada. La misma política de la ley de hidrocarburos de Peña Nieto en México, que ahora López Obrador va a revertir.

En definitiva, un complicado tablero geopolítico lleno de trampas explosivas, que los países verdaderamente amigos de Venezuela debieran tratar de desactivar y no cebar.

No, no se dan las condiciones para una intervención internacional

En Washington se repite machaconamente “todas las opciones están abiertas”, como un eufemismo de intervención militar. Bolton muestra en su cuaderno ante los periodistas, de forma más provocativa que inadvertida, el enunciado “5.000 tropas a Colombia”.

Fuera de Estados Unidos nadie apoya formalmente una intervención militar, pero no faltan voces que defienden una ingerencia llamada humanitaria.  La idea de una injerencia justificada en razones humanitarias nació en los 90, ante el escándalo por la pasividad internacional por los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y Ruanda.

En 2005 la ONU reconoció la doctrina de la responsabilidad de proteger: si los estados son soberanos, el reverso de esa soberanía es su deber de proteger a sus ciudadanos contra crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Si el estado no cumple con su responsabilidad la intervención está justificada, siempre que se den estas condiciones: Causa Justa, Intención Acertada, Último Recurso, Medios Proporcionales, Perspectivas Razonables y Autoridad Apropiada.

El secretario de la OEA, Luis Almagro, envió en junio de 2018, un informe a la fiscalía del Tribunal Penal Internacional un informe en el que se sostiene que en Venezuela se han cometido crímenes de intencionalidad política que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad. La fiscalía no se ha pronunciado, pero en cualquier caso estos crímenes se sustanciarían ante el TPI. Solo la persistencia de su comisión y el cumplimiento de los otros requisitos mencionados legitimaría una intervención en nombre del principio de la responsabilidad de proteger.

Estados Unidos ha puesto en marcha una operación de envío de suministros (alimentos, medicamentos, suplementos nutricionales) por un valor de 20 millones de dólares. El primer envío ya está en Cúcuta, en la frontera entre Venezuela y Colombia y se anuncian otros envíos desde la frontera con Brasil y desde alguna isla del Caribe.

Que Venezuela está en una situación humanitaria límite es indudable. Si fuera inteligente Maduro dejaría pasar estas mercancías y exigiría que fueran repartidas con transparencia por una organización que nada tuviera que ver con la oposición y fuera aceptada por todos (¿Cáritas?). Prohibir el paso por “dignidad” es el mejor escenario para Estados Unidos y Guaidó. Ya tenemos un casus belli.

La situación me recuerda a la de los inspectores internacionales en Irak. Sadam Husein se negaba a las inspecciones a las que estaba obligado por la legislación internacional por ser una ingerencia a su soberanía. Bajo una presión brutal, por fin permitió la entrada de los inspectores, que certificaron que no había armas de destrucción masiva, pero la administración Bush siguió adelante con su campaña de embustes (recuerdo la bochornosa intervención de Powell ante el Consejo de Seguridad) y finalmente desató una invasión, con las consecuencias conocidas (destrucción y guerra sectaria en Irak, explosión del yihadismo, guerra de Siria).

¿Y ahora qué?

Cuando dos legitimidades se enfrentan en un país, si ambas son solidas, están bien cohesionadas, con apoyos externos bien definidos y sin vías de entendimiento lo más probable es el enfrentamiento prolongado con resultados terribles. Pero también  puede que uno de los bloques no sea tan solido y se derrumbe, bien de modo dramático, bien mediante un lento deterioro durante el cual va perdiendo adhesiones.

La Historia nos deja imágenes emocionantes de soldados o policías que se niegan a disparar contra una manifestación, haciendo colapsar un régimen opresivo. También la de la de generales que ayer adulaban al tirano y hoy le suplantan, juntas de jóvenes oficiales que apelan al pueblo y, la más dramática, ejércitos de lealtades partidas que se enfrentan en guerra civil.

Hasta ahora el apoyo de la cúpula militar a Maduro ha sido férreo, la disciplina de los uniformados se ha mantenido y los militares parecen haber hecho oidos sordos a la oferta de amnistía de Guaidó. Un golpe militar, por mucho que se hiciera bajo la promesa de elecciones no haría más que perpetuar el papel de la milicia en la vida política. Y peor podría ser un desplome de la línea de mando, que podría traer el enfrentamiento entre unidades y un caos generalizado, con grupos paramilitares sembrado el terror.

Las sanciones económicas serán devastadoras para la pauperizada Venezuela. Están diseñadas para que el régimen colapse… a costa de maás sufrimiento para los venezolanos.

La única salida sería la convocatoria simultánea de elecciones legislativas y presidenciales, propiciadas por el Grupo de Contacto (UE) y el Mecanismo de Montevideo (México, Uruguay y países del Caribe). Las posiciones de estas dos iniciativas diplomáticas son distintas, pero no divergentes. En la reunión de Montenvideo de este jueves el Grupo de Contacto defendió la celebración de elecciones libres y el Mecanismo de Montevideo la negociación entre gobierno y oposición.

No soy diplomático, pero se de las dificultades que tiene cualquier salida pactada a una crisis interna. Con todo, me permito pensar en una ruta que condujera a unas elecciones legislativas y presidenciales libres, para que el pueblo venezolano dirima el duelo de legitimidades.

Esta hoja de ruta podría pasar por la suspensión condicionada de las sanciones por tres meses, durante los que gobierno y oposición negocien el proceso electoral. Si se han conseguido resultados, la suspensión  se prolongaría otros tres meses hasta la celebración efectiva de las elecciones y la aceptación de los resultados por todos.

La negociación, facilitada por el Grupo de Contacto y el Mecanismo de Montenvideo, exigiría renovar el Consejo Nacional Electoral, con personalidades prestigiosas aceptadas por todos, garantías en la actualización del censo electoral y observación internacional.

El gobierno debiera de aceptar también la apertura urgente de canales de ayuda humanitaria gestionados por organizaciones independientes. Otro elemento sería la puesta en libertad de todos los detenidos sin cargos por manifestaciones de protesta, la aceleración de procesos y la mejora de las condiciones carcelarias. También se podría acordar la negociación después de las elecciones de soluciones de justicia restaurativa y una negociación económica al estilo de los Pactos de la Moncloa.

Y que sean los venezolanos los que decidan su futuro en paz.

 

 

 

 

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Consultas públicas sobre el futuro del audiovisual


Durante enero y febrero algunas de las normas fundamentales de la regulación audiovisual han estado o están en período de información o consulta pública.

A lo largo de este año debieran, primero, promulgarse las normas reglamentarias que permitan que la TDT siga siendo el sistema de difusión de la televisión lineal y, luego presentarse el proyecto de ley que modifique la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) para adaptarla a la reforma de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual.

A buen seguro que los servicios de estudios de los grupos mediáticos echan humo y abogados y lobistas peregrinan por despachos de funcionarios y políticos. El Derecho español abre vías para que interesados y ciudadanos hagan sus aportaciones en los pasos previos del proceso legislativo. A buen seguro lo harán las instituciones (por ejemplo, CNMC, consejos audiovisuales de Andalucía y Cataluña), las empresas audiovisuales, de telecomunicaciones y publicitarias. Más difícil es que tengan la capacidad de hacer oír su voz las pocas organizaciones sociales y académicas interesadas en el sector.

Por si alguien se anima, en esta página del Ministerio de Economía se encuentran las distintas normas sometidas a información o consulta pública.

El segundo dividendo digital y el Plan Técnico de la TDT

Estamos inmersos en un proceso de reordenación del espectro radioeléctrico, en el que frecuencias hasta ahora ocupadas en la emisión de televisión se van a otorgar a los operadores de telecomunicaciones para el desarrollo de la nueva banda ancha inalámbrica móvil 5G. La nueva generación de telefonía móvil promete una enorme capacidad de transmisión de datos ( mínimo 20 Gbps y 10 Gbps de subida, latencia de 4 ms) para hacer posible el Internet de las cosas, esto es, que todo tipo de dispositivos puedan estar conectados en una misma red Ip con respuestas instantáneas.

A esa trasferencia (“liberación” en la jerga del sector) de frecuencias de los servicios de radiodifusión a los de telecomunicaciones se le ha llamado dividendo digital. Ya se produjo un primer crecimiento de la telefonía móvil en el espectro con la digitalización de la emisión de televisión y ahora viene el segundo.

¿Dividendo para quién? Sin duda para los telecos, para los gobiernos, que obtienen importantes ingresos en la subasta de las frecuencias, para las empresas que pueden desarrollar nuevos servicios y los ciudadanos que sean sus clientes. Pero un recurso de dominio público, como es el espectro, en lugar de utilizarse para la difusión de un servicio abierto de acceso universal y gratuito, como es la radiodifusión, se va a utilizar para un servicio de pago por suscripción a un operador de acceso.

Puesto que el aumento de la resolución (del SD al Hd, del 4 K al 8 K) de la imagen en emisión requerirá una ocupación mayor del espectro es muy improbable que la televisión lineal pueda seguirse distribuyéndose directamente por emisión hertziana y haya distribuirse por la red de datos bajo protocolo Ip. Dicho más claro: hora encendemos el receptor y oímos la radio o vemos la televisión sin suscripción ni pago, dentro de poco tendremos que tener un acceso a Internet, de pago, por supuesto, para acceder a la aplicación del canal, sea este abierto o no. ¿Privatización del dominio público?.

De momento, la televisión lineal tiene garantizada la emisión hertziana (la TDT, para entenderno) hasta 2030. Una decisión de la UE de 17 mayo de 2017 establece que la liberación de la banda de 700 Mz y su dedicación a la telefonía de banda ancha debe hacerse antes de 30 de junio de 2020, al tiempo que reserva hasta 2030 la banda de 470-694 Mz, canales 21-48, para las emisiones de televisión digital. Así que antes de julio del próximo año sufriremos otro baile de frecuencias. Las televisiones desocuparan los canales que utilizan en la banda de 700 Mz y habrán de acomodarse en los canales 21-48. Y los sufridos consumidores tendrán que readaptar las antenas.

Sale ahora a consulta el proyecto de Decreto del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre. En esencia, su objetivo es mantener la misma oferta de canales programáticos actuales, reacomodándolos a todos en los canales radioeléctricos 21 a 48, sobre los que operarán dos multiplex más, a sumar a los seis asistentes.

Más de lo mismo, mismo número de canales por operador, mayoría de canales en SD, canales en HD (replicados en simulcast en SD) de calidad muy mejorable, iguales capacidades de desconexión. Los mismos canales más apretados en menor ancho de banda, gracias, se supone, a una mejor administración del espectro.

Veremos si la calidad no se reduce aún más en esta migración. Falta ambición y una apuesta por la calidad en lugar de por la cantidad. Pero no se puede hacer otra cosa, teniendo en cuenta las licencias otorgadas. Ya se perdió una oportunidad en 2015 al otorgar otras tres licencias SD y otras tantas HD. Ahora todo se fía a la mejora que traerá la nueva norma de emisión DVB-T2, pero al respecto no se establece la obligatoriedad de su uso por los emisores, pero sí que los receptores estén adaptados a ella.

En el caso de RTVE la situación mejora un poco. Ahora tiene un multiplex (cuatro canales) en exclusiva y la mitad de otro, en total 6 canales radioeléctricos, que dan para 4 canales en simulcast (SD y HD al mismo tiempo) y uno solo en SD (Canal 24 Horas). En el nuevo Plan Técnico contará con un multiplex exclusivo y 3/4 de otro, en total 7 canales radioeléctricos, que debieran permitir, al menos, que el Canal 24 Horas se emita simultáneamente en SD y HD.

La emisión simultánea en SD y HD es una utilización bastante ineficiente del espectro, pero por ahora es la única manera de que todos los espectadores, incluso los menos actualizados tecnológicamente, puedan recibir todos los canales.

¿No se podría hacer un “apagón SD”, como se hizo un “apagón analógico”? Entonces todos tuvimos que comprar un decodificador o cambiar de televisor. Ahora con una medida similar, como sería la imposición de la norma DVB-T2 ¿quedaría alguien detrás, esto es, aumentaría la brecha entre “los que tienen” y “los que no tienen”?

La supervivencia de la televisión lineal en abierto pasa por mejorar su resolución, al menos a HD, con una previsión clara para llegar al UHD (4K). Sus competidores, las OTT del vídeo bajo demanda (VOD) prácticamente ofrecen todos sus contenidos en HD y muchos en UHD.

Para la migración a los canales 21-la Hoja de Ruta del segundo dividendo prevé subvenciones para la adaptación de las edificaciones (sí, habrá que resintonizar de nuevo las antenas, buen negocio para los antenistas) y para que los operadores emitan simultánea y transitoriamente en sus actuales canales de la banda 700 Mz y en los definitivos de la banda  470-694 Mz. Por el momento, solo hay abierta información pública para elaborar un Decreto de subvenciones a los operadores públicos.

No debe olvidarse tampoco el principio de neutralidad tecnológica,  esto es, que si se otorgan ayudas para la prestación del servicio, estas deben abrirse en condiciones de igualdad a las distintos sistemas de distribución de la señal: transmisión digital terrestre, cable, Internet. La neutralidad tecnológica forma parte de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, que ha ratificado la reclamación por parte de la Comisión de las ayudas a la implantación realizadas por Galicia y Castilla-León, aunque no en el caso de Castilla-La Mancha, por razones jurídicas que aquí no se pueden desarrollar. De modo que resultará complicado que se subvencione a Abertis, el operador de la red, para que las emisiones lleguen a lugares de difícil cobertura.

Por cierto, que en la reforma del Plan se sigue incumpliendo la obligación de reserva de espectro radioeléctrico para los servicios comunitarios sin ánimo de grupo (art. 32.2 LGCA).

La reforma de la Directiva de Servicios Audiovisuales y de la LGCA

Las infraestructuras y normas técnicas son decisivas para el futuro de la televisión, pero los cambios descritos no afectan a los contenidos, más allá de la resolución. La norma básica de regulación de los contenidos es la Directiva europea de Servicios Audiovisuales y su transposición española en la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual (texto consolidado).

En 1989, invocando la unidad del mercado de servicios, la Directiva de la Televisión sin Fronteras instauró una regulación europea del servicio de la televisión, independientemente de que fuera prestado por operadores públicos o privados.

Los estados tenían que aceptar las emisiones transfronterizas de otro estado miembro, bajo el supuesto de que los contenidos estaban sujetos al menos a esa mínima regulación. Básicamente, las materias reguladas han sido la publicidad y otras comunicaciones comerciales, el fomento de la producción europea, la protección de los menores y los consumidores.

La Directiva se amplió primero a los medios audiovisuales y luego al concepto más amplio de servicios de comunicación audiovisual. La Directiva, junto con la política de la competencia, han modelado la política audiovisual europea con una orientación mercantil, nada favorable para los operadores públicos. Y aunque se trata de una regulación de mínimos, los estados se han acomodado a ellos, sin normas más rigurosas protectora del pluralismo y el derecho a la información de los ciudadanos.

Su última reforma es la Directiva 2018/1808, de 14 de noviembre. Los estados deben trasponerla antes del 20 de septiembre de 2020. De aquí, la consulta para modificar la LGCA.

No se puede analizar aquí con extensión el contenido de la reforma de la Directiva, pero estas son sus líneas básicas:

  • Los servicios de vídeo bajo demanda (VOD) pasan a considerarse servicios de comunicación audiovisual y se adapta a ellos la regulación de los canales de televisión. La medida más destacada (art. 13) es la obligación de que un 30% de su catálogo sean producciones europeas y si el estado (como es el caso de España) impone a los canales de televisión obligaciones de financiación, estas serán aplicables también a estas plataformas de vídeos bajo demanda.
  • Los servicios de intercambio de vídeos se regulan específicamente. Se trata de servicios comerciales cuya actividad principal sea la agregación de vídeos, por tanto, una página web informativa que suba vídeos no entra dentro de esta categoría. A diferencia de los servicios de comunicación audiovisual (canales y plataformas de VOD) en estas plataformas no existe un control editorial de los contenidos, pero si una responsabilidad derivada de su capacidad de ordenar, presentar y destacar los vídeos generados y subidos por los usuarios. Su regulación es mucho más laxa que la de los servicios de comunicación audiovisual. Se podrán establecer medidas a proteger a los menores y evitar los vídeos que inciten al odio, la violencia o la comisión de delitos de terrorismo. La Directiva invita a los estados a adoptar fórmulas de autorregulación y corregulación. Las medidas adoptadas pasarán por la identificación de los contenidos, la verificación de la edad de los usuarios, facilidades de control parental, herramientas de denuncia de contenidos peligrosos. En ningún caso se podrán adoptar medidas de control previo ni filtrado de contenidos.
  • Liberalización de la publicidad. Reforma tras reforma, las condiciones impuestas a las comunicaciones comerciales son cada vez más laxas. Ahora, los canales de televisión ya no tendrán limitaciones hora a hora. Bastará con que cumplan el límite de un 20% de todo el tiempo de emisión en los horarios de 8 a 18 horas y de 18 a 24 horas. Así que los espectadores de los canales privados ya pueden prepararse para bloques publicitarios extremadamente largos cuando al operador le convenga. Las autopromociones y las cortinillas no cuentan como publicidad. Además, se permite el emplazamiento publicitario, salvo en los programas informativos, infantiles y religiosos.
  • Transparencia. Los estados deberán velar porque el público pueda acceder a la información básica del operador de un servicio, pero los estados si lo desean pueden obligar a hacer pública la estructura de la propiedad.
  • Reguladores audiovisuales. Refuerza las exigencias de independencia y admite que los reguladores lo puedan ser de varios sectores, algo que no favorece a los que hemos pedido un consejo audiovisual especializado, como establecía la LGCA y no el actual regulador omnibus que es la CNMC. Se crea el Grupo de Entidades Reguladoras (ERGA).

La transposición de la Directiva exige la modificación de la LGCA, para lo que se abre consulta pública hasta el 22 de marzo. La consulta realiza 22 preguntas, la mayor parte muy generales. No debe olvidarse que, conforme la Directiva (art. 4.1), los estados pueden imponer a los prestadores bajo su jurisdicción medidas más estrictas y detalladas (art. 4.1).

No tiene que ver con la adaptación de la Directiva, pero a mi modesto juicio la reforma más importante que requiere el derecho audiovisual español es la reforma del régimen de licencias. No puede ser que las medidas anticoncentración se apliquen solo antes de las fusiones y no después, con la consecuencia de un oligopolio de dos grandes grupos que concentran el 60% de la audiencia y el 85% de la publicidad. Los procesos de otorgamiento tienen que ser transparentes, los proyectos presentados públicos y deben establecerse procedimientos de retirada de la licencia si se incumplen los compromisos en función de los que fue otorgada.

A partir de ahora se desarrollará una batalla para que la reforma sea la más conveniente a los intereses de los grandes públicos.

¿Quién defenderá al servicio público y a los intereses y derechos de los ciudadanos?

Informativos de televisión ¿para qué?


Libertad ¿pará qué?

Es bien conocida la historia de la visita de Fernando de los Rios al país de los soviets y su entrevista con Lenin en 1920. De los Ríos le pregunta cuando llegará la plena libertad para sindicatos, prensa e individuos. Lenin, después de exponer su teoría de la dictadura del proletariado, termina diciendo “el problema para nosotros no es de libertad, pues respecto a esta siempre preguntamos ¿libertad para qué?”. A su regreso a España, Don Fernando recomendó que el PSOE no ingresara en la III Internacional, lo que dio lugar a una pequeña escisión que terminó por convertirse en el PCE.

Caben muchas exégesis, pero la más elemental es que Lenin no tomaba la libertad como un derecho esencial, sino como un instrumento al servicio de unos fines, concretamente a la construcción del comunismo.

La anécdota me vino a la cabeza al conocer que Mediaset va a eliminar los informativos diarios de Cuatro y a sustituirlos por una especie de magazin informativo de tarde. Ya sé que está muy cogido por los pelos, pero parece que para Mediaset la información no es un valor esencial en si mismo y si tienen alguna razón de ser, algún “para qué”, es el de servir a la audiencia de la cadena y, en último término, a la rentabilidad del grupo mediático.

Me propongo examinar en esta entrada el significado de la desaparición de estos informativos en nuestro sistema mediático y, sobre todo, el caracter esencial y las funcionalidades de los viejos informativos de televisión, tan cuestionados por todas partes.

La desaparición de los informativos de Cuatro

La primera cuestión es si Mediaset puede, jurídicamente, prescindir de los informativos diarios en un canal generalista de ámbito nacional como Cuatro.

La respuesta es sí.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010 (LGCA) declara a los servicios de comunicación audiovisual como servicios económicos de interés general y no, como lo eran en virtud de la Ley de la Televisión Privada de 1988, servicio público en régimen de gestión indirecta. No están sometidos a obligaciones de servicio público, pero deben de obtener una licencia para la adjudicación de las frecuencias de emisión.

La licencia se obtiene en un proceso de concurso público, por tanto, en concurrencia entre distintos propuestas, lo que significa que los poderes públicos seleccionan a los prestadores en función de un proyecto económico y programático. La LGCA establece todo una serie de requisitos de índole general que deben cumplir los prestadores, así como normas (muy laxas) para mantener la competitividad del mercado. Pero en ningún caso exige cumplir determinados requerimientos en cuanto a los contenidos, ni siquiera unos parámetros de valoración para seleccionar las ofertas.

De modo que, aunque el prestador del servicio presentó un proyecto para obtener la licencia, a partir del momento en que la obtiene puede ejercer la dirección editorial, reconocida en el art. 10.1 de la LGCA, y seleccionar libremente sus contenidos y horarios. Por tanto, aunque en un proyecto se contemplara la existencia de una programación informativa el prestador puede eliminarla, una vez obtenida la licencia, pues no hay en la LGCA ningún instrumento para retirar la licencia por este motivo. (*** aclaro esta cuestión en un PS final). Por el contrario, la licencia es un derecho transmisible, siempre que no se superen los límites anticoncentración (por ejemplo, no concentrar más de un 27% de la audiencia, art. 36.2 LGCA) en el momento de la transmisión, límites que pueden ser posteriormente superados (art. 36.3), de modo que puede llegarse a situaciones como el actual duopolio Mediaset-Atresmedia.

Así que, sí, Mediaset puede sacar de la parrilla de Cuatro los programas informativos diarios. Que pueda no quiere decir que el caso no sea escandaloso.

Cuatro tiene sus raíces en Canal+, la tercera concesión (junto con Antena 3 y Telecinco) otorgada en virtud de la Ley Orgánica de la Televisión Privada de 1988, un canal de pago de PRISA que tenía la obligación de emitir 6 horas de programación en abierto, informativos incluidos.

En 1999 PRISA (Sogecable) crea su plataforma de televisión de pago por satélite. Uno de los canales era CNN+, una empresa conjunta de PRISA y CNN. En 2005, el gobierno Zapatero convierte la concesión analógica de Canal+ en una licencia digital de multiplex compartido, en virtud de la Ley 10/2005 de Fomento del Pluralismo. Nace, así un nuevo canal generalista, Cuatro, y CNN+ se emite en abierto.

En 2010, Digital Plus, la operadora de esa concesión, ahora ya convertida en licencia, pasa a ser controlada por Telecinco, en una operación que supone también la entrada de Telecinco y Telefónica en Digital+. Es a esta concentración de las plataformas digitales a la que el regulador del momento, la Comisión Nacional de la Competencia, establece limitaciones en materia publicitaria y de adquisión de derechos exclusivos. Ninguna exigencia referidas a Cuatro y CNN+. En octubre de 2010 PRISA (que no Telecinco) cierra CNN+ por falta de rentabilidad, desapareciendo tanto del canal de TDT arrendado a Telecinco, como en la plataforma digital.

Gran Hermano sustituyó a CNN+ en la TDT, toda una metáfora de cómo, en ese tránsito de la información a la telerrealidad, el servicio público se sacrificaba a la rentabilidad privada. La desaparición de los informativos de Cuatro es la culminación tardía de esa tendencia.

En estos ocho años, Mediaset ha producido sus informativos en una redacción común con Telecinco. Como La Sexta, Cuatro ha venido emitiendo en el tramo horario previo a los telediarios de TVE, A3 y Telecinco. Si los telediarios de Telecinco han apostado con éxito, sobre todo en la edición noctuna con Pedro Piqueras, por la fórmula de sucesos y softs news, Cuatro ha mantenido una mayor apuesta por la información política, con un cierto escoramiento de principio a la izquierda, pronto neutralizado. Frente a la competencia de La Sexta, volcada en la información y la opinión y con una clara coloración editorial a la izquierda, los telediarios de Cuatro son hoy los de menor audiencia entre las cadenas generalistas nacionales.

El problema, como tantas veces ocurre en televisión, no ha sido tanto su propio contenido como su inserción en la programación de la cadena. Cuatro se ha convertido prácticamente en un canal temático especializado en la telerrealidad de las citas románticas. Evidentemente el público de ese formato no es el de los informativos. Así que ¿para qué mantener esta incoherencia? Rentabilidad, no servicio al público.

En muchos comentarios se ha insistido en la reducida audiencia. 675.000 espectadores de media puede que sean pocos para la estrategia publicitaria de Mediaset, pero son muchos, muchísimos, en términos de influencia editorial. ¿Consideraríamos influyente a un personaje que todos los días tuiteara a una determinda hora y su tuit tuviera 675.000 vistas? Seguro que sí, pero si ven las noticias en televisión parece que esos espectadores no cuentan en términos editoriales.

Esos espectadores tratados con tan poco respeto seguramente incrementarán los telediarios de La Sexta, en el mismo tramo horario y con una definición más radical, pero en el mismo espectro que Cuatro. No parece probable que alteren sustancialemente el equilibrio entre Antena 3, Telecinco y TVE. TVE, con una mejora notable no solo en la neutralidad sino también en su factura, ha perdido todos esos espectadores a las que el PP ha convencido de que la cadena pública está ahora al servicio del gobierno. Con la llegada de Zapatero al gobierno y de Caffarel a RTVE se produjo un fenómeno parecido de reacondicionamiento de audiencias, pero ahora los espectadores de izquierdas no vuelven a TVE. Prefieren los brochazos gruesos de La Sexta, la sátira del Intermedio. En una sociedad polarizada malos tiempos para una información completa, equilibrada y neutral, como la que es debida en un servicio público.

¿Siguen teniendo sentido de los telediarios?

Podría decirse que la decisión de Mediaset no es sino un aviso de la tan anunciada muerte de los informativos. ¿Para qué ver los telediarios si ya nos han llegado las noticias por las redes sociales, si ya hemos visto esos vídeos impactantes que nos divierten y emocionan? Uf, los telediarios son viejunos. Para qué verlos si ya lo sabemos todo y podemos dedicar ese rato a ver una serie en Netflix.

Muchas de estas críticas tienen fundamento. Los telediarios son pasto del infoentretenimiento, del periodismo de declaraciones (ahora con la competencia insuperable deTwitter), no innovan o lo hacen mal e ignoran a los jóvenes. El profesor García Avilés recoge en este artículo muchas de estas críticas y las propuestas de innovación formuladas por profesionales en las Jornadas de Innovación Periodística en la Universidad Miguel Hernández.

Lo que no es cierto es que las audiencias den la espalda a los informativos. Todos los días un par de telediarios están entre los programas más vistos. Concretamente, el 17 de enero, la segunda edición de Informativo T5 fue el programa más visto del día con 3.173.000 espectadores y nada menos que un 18,3% de cuota. El éxito de este informativo se puede explicar en parte por el efecto arrastre de Pasapalabra, que cada vez retrasa más su final. El 17 de enero el minuto de oro fue para el concurso de T5, concretamente a las 21:07 (sobrepasando ya la hora oficial del informativo, las 21:05) con 3.856.000 espectadores, heredados a continuación por Piqueras.

No, los telediarios no están muertos. Y mal hará una cadena que los asesine, porque la información en directo, conducida por una figura con credibilidad periodística, es una de las bazas esenciales de la televisión lineal, frente a la televisión no lineal, el streaming y las plataformas OTT.

Serán los informativos, el deporte y el espectáculo que implique competición en directo los grandes pilares de la televisión lineal, esa en la que las cadenas comerciales colocan la -hasta ahora- tan rentable publicidad.

En concreto, los noticieros, los telediarios, siguen ofreciendo una versión editada y sintética de la actualidad de la jornada y de sus imágenes más notables. Sí, hoy son muchos los que desconfían de la edición profesional, pero las empresas informativas no pueden renunciar a presentar una versión ordenada y jerarquizada del mundo, de acuerdo con criterios de verificación profesional y conforme a su línea editorial. Los telediarios no son ya el más relevante determinante de la conversación, pero siguen teniendo un papel muy importante.

La innovación tecnológica y narrativa es imprescindible, pero muchas veces se confunde innovación con formatos de presentación más espectaculares. Bien está la incorporación de la realidad virtual y la realidad virtual a los estudios, pero ¿para qué? ¿para hacer con holografías directos obvios que nada aportan? ¿para traer al estudio la ola de un maremoto?

La innovación esencial que piden a gritos los telediarios es la profundización informativa. No puede ser que a las 9 de la noche se siga haciendo un directo-sumario en el escenario de un hecho acontecido hace diez o doce horas. En un canal con dos ediciones, la del mediodía podría mantener el formato actual, muy fragmentado, con el dominio del relato breve en directo, mientras que el vespertino debiera de desarrollar los grandes temas del día, aportando informes, reportajes y otras narraciones más innovadoras. Más análisis basado en las imágenes, menos canutazos y tuits. Pero para eso hay que reforzar las redacciones, planificar, tener liderazgo editorial, profesionales con credibilidad, gastar más y estar dispuestos a correr riesgos.

Los telediarios deben tener análisis no opinión. Para la opinión ya están los magazines, donde se convierte en espectáculo. Análisis solvente de periodistas, profesionales y técnicos; transparente, en cuanto al origen y los intereses de esos profesionales; contrastado, pero sin poner en el mismo plano verdad y mentira (en sus múltiples versiones de bulos y “realidades alternativas”); sereno, intentando evitar la polarización. Difícil, pero obligado e imprescindible en este tiempo de guerras culturales.

Los telediarios, como el resto de la programación, deben estar insertos en una estrategia interactiva. No se trata ya de que buscar más impactos con las redes sociales. Se trata de que la fábrica informativa adapte cada acontecimiento al lenguaje más adecuado para cada plataforma y lo difunda a lo largo de un proceso temporal que vaya añadiendo valor: desde la alerta informativa, el vídeo si editar en directo, la narración en directo y con voz personal en las redes sociales, el reportaje apenas editado para la web… hasta el informe analítico y el reportaje bien facturado del telediario. Y todo ello para dar servicio a cada ciudadano por la plataforma y en el momento que elija.

Otra opción suicida es llenar los telediario de vídeo virales, que no tienen más recorrido informativo (no es el caso de algunos vídeos virales, insustituibles documentos audiovisuales). Esos son los vídeos que todos han visto ya en las redes sociales.

Tan suicida como insistir en el infoentretenimiento, porque si te quieres divertir siempre habrá algo más entretenido que las noticias, que, por mucho que se critique, serán mayormente negativas, pues lo nuevo -la Síesencia de la noticia- cursa casi siempre como desorden.

Los telediarios deben seguir congregando audiencias heterogéneas, dentro del perfil del público y la línea editorial de la cadena. No pueden ser informativos para millenials ni para jubilados. Sí, hay que escuchar a las audiencias, pero hay que seguir buscando ese (mínimo) denominador que a todos congrega en un espacio común, el espacio público. Intentar unir burbujas, favorecer y conducir la conversación pública

Claro que deben atenderse los intereses informativos de los jóvenes y las narrativas que mejor conectan con ellos, pero a través de otros espacios de la programación y, sobre todo, en las redes sociales y en las plataformas de vídeo bajo demanda. Por cierto, ¿los jóvenes solo están interesados en la diversidad de identidades sexuales, los festivales de música electrónica o el pop ñoño, como parecen pensar muchos programadores? ¿no están interesados y preocupados por el empleo, la vivienda, la degradación de los servicios públicos, el racismo y la xenofobia?

Innovación en los telediarios, sí, pero muy medida, no sea que nos carguemos el artefacto retórico que tan bien ha funcionado hasta aquí. Lo que es imprescindible es innovar informativamente más allá de los telediarios y ampliar el servicio público de la información a otras audiencias, respetando al público tradicional que sigue fielmente los noticieros cada día.

Post scriptum sobre licencias

En un tuit, Javier García (@Radioelectriko) me advertía de la posibilidad de sanciones si se alteraba la oferta ganadora de una licencia en concurso.

Copio a continuación el intercambio que hemos realizado en Twitter.

Eso no es del todo así. Las licencias están sujetas a los compromisos del proyecto por el cual obtuvieron la licencia mediante concurso obteniendo mayor puntuación bq otras ofertas. Si ese proyecto incluye contenidos q ya no ofrece podrían imponerse sanciones.— Javier García (@Radioelectriko) 21 de enero de 2019

¿Cabe sanción por la desaparición de los informativos de Cuatro? @Radioelectriko me hace ver que si se cambian los contenidos del proyecto de la licencia obtenida en concurso podrían imponerse sanciones? Abro hilo— rafaeldiazarias (@rafaeldiazarias) 22 de enero de 2019

En la LGCA es infracción muy grave el incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia (art. 57.10) y leve el incumplimiento de las no esenciales (ar. 59.3).— rafaeldiazarias (@rafaeldiazarias) 22 de enero de 2019

¿Son los informativos de Cuatro condiciones esenciales de la licencia? Entiendo que las condiciones en este caso son las de la concesión de 2005 y supongo que los informativos eran parte importante de ese proyecto— rafaeldiazarias (@rafaeldiazarias) 22 de enero de 2019

¿Conoce alguien una sanción de la @CNMC_ES por incumplimiento de las condiciones esenciales o no esenciales de una licencia de radio o televisión— rafaeldiazarias (@rafaeldiazarias) 22 de enero de 2019

La definición de aspectos esenciales se indica en los pliegos de concurso. Si es previo a LGCA es posible q no lo indique. Un antecedente es la modificación del proyecto Canal+ en abierto, eso fue una modificación de aspectos esenciales— Javier García (@Radioelectriko) 22 de enero de 2019

Sería necesario ver el proyecto presentado y qué compromisos asumieron para ver en q grado se incumple. Si asumían un porcentaje de contenidos informativos o si se comprometían a cosas más concretas. Hay q pedir por transparencia la oferta presentada— Javier García (@Radioelectriko) 22 de enero de 2019

Hay está un tema clave, si es una concesión originaria del 90 o si es derivada de la ampliación sin concurso de 2005, porque entonces no hay oferta con compromisos— Javier García (@Radioelectriko) 22 de enero de 2019

Creo que es convesión de la concesión sin concurso de 2005. Buena idea pedir por transparencia el expediente. Buen tema para investigar o para asociación o movimiento en favor del servicio público audiovisual. Personalmente, en este momento me supera.— rafaeldiazarias (@rafaeldiazarias) 22 de enero de 2019

Yo estoy apunto d acceder a las del concurso de 2015… después de dos años— Javier García (@Radioelectriko) 23 de enero de 2019

(Una reflexión más extensa puede encontrarse en este texto que formará parte de un próximo libro editado por el Máster en Innovación en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández)

El mejor y el peor de los tiempos


«Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada; caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual, que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo». (Comienzo de Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, en su versión castellana en prosa)

Andaba buscando un balance de 2018 e intentando adivinar tendencias para 2019, pero no quería recaer en un pesimismo, por otra parte más que justificado. Por supuesto, 2018 ha sido un año tan oscuro como 2017 y muchas de esas nubes negras amenazantes han descargado terribles tormentas. El lobo -el odio, el miedo, la xenofobia, el neofascismo- ya está entre nosotros y tendremos que acostumbrarnos a convivir con él, intentar mantenerlo a raya, evitar en la medida de lo posible sus dentelladas.

Ese es para mi el rasgo más significativo del año que nos deja, la consolidación del neofascismo, que gobiern en Italia, Brasil, que llega a las instituciones en España.

Pero ¿no hay nada positivo en 2018, no hay ninguna buena tendencia para 2019?

Entonces recordé esos versos geniales con los que Dickens empezó su Historia de dos ciudades: “It was the best of times / it was the worst of the times….”

En todos los tiempos la luz y las tinieblas se mezclan de forma inseparable. El siglo XX -“un despliegue de maldad insolente” -Enrique Santos Discépolo dixit en Cambalache– nos dejó los campos de exterminio y el gulag, pero también el despliegue de los derechos humanos y la mejora de la vida material de una buena parte de la Humanidad. Claro que eso es una visión general, de poco consuelo para las víctimas de los distintos genocidios. O no, porque también en su vida habría momentos de luz.

Recientementemente una corriente de pensamiento insiste -en una versión actualizada de la idea del progreso, pero no determinista- en que si este no es el mejor mundo posible -obviamente tienen que reconocer las tinieblas que existen entre nosotros- sí es la mejor época para la Humanidad en su conjunto.

De entre los defensores de estas ideas, el más burdo es el sueco Johan Norberg, defensor de la globalización neoliberal. Su fundamentación es estadística: más salud, más riqueza, más esperanza de vida, más educación…

También se basa en los datos el norteamericano Steven Pinker, uno de esos gurús intelectuales que han sustituido a los viejos intelectuales comprometidos. Pinker, científico cognitivo, va más allá del puro dato estadístico y remiténdose a todo tipo de ciencias, y de modo especial a la Historia, sostiene que la evolución humana viene desarrollando “el ángel que llevamos dentro” y modelando una nueva mente.

El filósofo francés Michel Serres comparte datos y argumentos con los anteriores y defiende que hemos entrado en una edad dulce, en que se desarrolla la vida y el espíritu a través de tres maneras: la médica, la pacífica y la digital.

Todos ellos coinciden que esa percepción de vivir en el peor de los tiempos es responsabilidad de los medios que subrayan y enfatizan lo negativo, una crítica muy común, pero que olvida que solo conociéndolos podemos terminar con los males que nos aflijen.

Sí, estadísticamente, la Humanida nunca ha vivido mejor. Sí, los poderosos de hace siglos sufrían y morían con males que hoy parecen banales y se curan rutinariamente. Es cierto también que hoy un gran millonario puede estar utilizando el mismo teléfono u ordenador que tú o yo, por mucho que las decisiones que tome con estas herramientas vayan a determinar el futuro de millones de seres humanos. Y es verdad que más importante que la desigualdad es que disminuya la pobreza en términos absolutos.

Pero estos autores subestiman que en el origen de la desigualdad está el empobrecimiento de grandes capas de la población de Europa y Estados Unidos, justamente porque, roto el pacto social, la riqueza se acumula en menos manos y su goteo se detiene en los estratos cosmopolitas, quedando para los demás unos servicios sociales que cada día se parecen más a instituciones de beneficiencia. Olvidan que ese desarrollo de las sociedades asiáticas, que ha sacado de la pobreza a millones de personas, se ha hecho comumente en sistemas autoritarios, que limitan los derechos y un verdadero desarrollo personal.

Sí, vivimos en el mejor de los tiempos, pero son millones los que soportan la peor de las vidas. Y en nuestras democracias, la ruptura del pacto social, ha generado la desconexión entre representantes y representados. Representantes cada vez más irresponsables, representados que solo actúan socialmente por impulsos emocionales. Parece que, finalmente, Thatcher ha triunfado y ya no existe sociedad, solo individuos.

Volviendo al balance del año que termina, la fragmentación social, el miedo, el pesimismo y la desconfianza han generado la ola de neofascismo y a explosiones como la de los chalecos amarillos, que expresan la impotencia de las clases populares ante decisiones que nos les toman en cuenta.

Gravar más el gasoil va en la buena dirección de luchar contra una contaminación que cuesta vidas, pero hacerlo sin tener en cuenta las consecuencias para los que necesitan su viejo diesel para trabajar es una nueva manifestación del despotismo ilustrado. Para poner las cosas en su contexto, si 1.100.000 franceses pidieron, en el origen de los chalecos amarillos, la retirada de la tasa al diesel, 1.700.000 apoyan ahora una denuncia colectiva contra el estado francés por no afrontar las medidas necesarias para detener el cambio climático. Luces y sombras.

Luces de 2018 han sido el Pacto de las Migraciones de Marraquech
(pdf texto Pacto Mundial) y el reglamento técnico adoptado en Katowice para desarrollar el Acuerdo de París contra el calentamiento global. También la Comisión Europea ha publicado su visión estratégica y España las directrices para la futura ley de transición energética. Son pasos cortos, lentos, insuficientes, que siguen dejando el futuro de la Humanidad en manos de las soberanías nacionales, pero el multilateralismo es por el momento la única herramienta para concertar intereses a nivel universal, sin el recurso a la guerra.

A nivel mundial y muy destacadamente en España, 2018 nos ha dejado una gran luz, la explosión del movimiento feminista, uno de los mayores vectores actuales de progreso.

Otra luz de 2018, muy pequeña, muy personal, es la resolución de forma positiva del concurso público para el Consejo de RTVE. Suscribo completamente la opinión de Enrique Bustamante, más luces que sombras. Ahora veremos si los partidos están a la altura.

Una nube negra proyecta sus sombras sobre 2019, una nueva guerra fría pilotada por Trump, Putin y Xi Jinping. Es grande el riesgo de que una guerra comercial traiga el año próximo una nueva recesión a nivel mundial. Una guerra fría que en Europa puede tener estallidos calientes, en Ucrania y, más improbable, en las repúblicas bálticas.

El primer reto para 2019 es parar el avance del neofascismo. En España no debe hacerse con cordones sanitarios ni, desde luego, con violencia en las calles, sino -y esa es tarea del periodismo- desenmascarando sus mentiras, sus abusos, su falsa virginidad política. A nivel personal, no consintiendo ni un meme, ni un chiste racista o machista.

Otro de los grandes retos para el año que viene es la gestión de la inmigración. Está bien abrir los puertos españoles, pero no lo está mantener las concertinas y no habilitar pasarelas humanitarias para evitar el lanzarse al mar o desgarrarse en las cuchillas de una valla. España debe activar los recursos necesarios para que la primera acogida sea digna y eficaz, solidariamente entre todas las comunidades y ciudades. Y establecer planes a largo plazo para una integración real, que aporte diversidad y cree riqueza. En otro caso, el racismo siempre latente se despertará.

En cuanto al gran reto de nuestro tiempo, el calentamiento global, no se me ocurre más que un consejo, andar y usar el transporte público siempre que se pueda.

Todos estos retos se van a librar en unas elecciones decisivas, las europeas. Por supuesto, que las locales y autonómicas del mismo día, y no digamos las nacionales que planean, son importantísimas, pero en las europeas nos jugamos la existencia de la Unión Europea. Una gran victoria del neofascismo (y en España el sistema electoral les favorece) supondrá si no la muerte de la UE, sí la renuncia a sus prinicpios humanistas y la reversión de sus competencias hacia los estados nacionales.

A continuación, fuentes de los autores del “mejor de los tiempos” y como contraste, Serrat cantando Cambalache, tan valido en el siglo XX como en el XXI.

Feliz 2019.

Fuentes del “mejor de los tiempos”


No hay lugar para ellos en nuestra Navidad


Escultura de Elia Li Gioi con restos de barcas de inmigrantes. Catedral de Noto (Sicilia). Foto Rafael Díaz

Lo sé, no es una imagen navideña al uso, pero es lo que me pide el cuerpo para felicitar las fiestas a los seguidores de este modesto blog. Los restos del naufragio, las esperanzas, los sufrimientos, las muertes de tantos inmigrantes simbolizados en esta obra de arte. Los restos de los naugragios de Lampedusa, que tanto nos impresionaron y hoy ya nadie recuerda.

No hay lugar para ellos en nuestra confortable posada, en nuestras ciudades engalanadas e iluminadas, en la fiesta del consumo y los sentimientos edulcorados.

Las migraciones son el gran fenómeno de nuestro tiempo. Ni siquiera un pacto internacional no vinculante, que reconoce a cada estado el control de las fronteras y la gestión de la inmigración, pero propone tratar a los migrantes como seres humanos con derechos, ha logrado el acuerdo de países autoproclamados civilizados y cristianos como Austria, Hungría, Estados Unidos… (pdf texto Pacto Mundial).

No existe una solución sencilla, pero permitidme que esta navidad recuerde a los que huyen de la guerra, la violencia, la muerte, la discriminación y la pobreza y buscan entre nosotros una vida digna. Por supuesto, no son los únicos que no encuentran acomodo (los enfermos mentales, los que viven en la calle, los desahuciados y un sinfin de “otros”), pero dejadme que hoy me fije en los que vienen de más allá de nuestras fronteras.

Os deseo a todos unas felices fiestas, ya sea la celebración del solsticio de invierno, el nacimiento de Jesús o, simplemente, el reencuentro con amigos y familiares. Os dejo una música tópica de Navidad, el Mesías de Haendel, que más allá de las creencias de cada cual, es una expresión de belleza que a todos nos puede unir.

El Mesías con el coro de niños de King’s College de Cambridge. Se puede navegar por los marcadores del vídeo. En el minuto 30, el coral”For unto us a child is born”, uno de mis preferidos


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La Constitución es mi patria


Patriotismo constitucional

Ni banderas, ni escudos, ni religiones, ni ancestrales tradiciones (que como mucho tienen dos siglos). En una sociedad democrática y plural la Constitución es el punto de encuentro común, las bases para que todos podamos desarrollar nuestros proyecto personales y colectivos de manera pacífica.

La Constitución es la patria política, la polis común.El patriotismo constitucional,en la visión de Habermas, es la identificación y el compromiso con los valores de la Constitución, que nos hace ciudadanos y que nos reconoce derechos, pero también nos exige una activa participación y una serie de deberes cívicos.

La lengua, en este caso el español, es una patria global, que nos permite compartir marcos mentales con más de 400 millones de seres humanos. La lengua es la patria mental.

rNo soy de homenajes ni de celebraciones, pero valga  esta reflexión  personal ahora que la Constitución española cumple 40 años y por aquello de que uno no sabe si podrá celebrar los 50 (por los avatares políticos o la desaparición personal).

 Cuando estudiaba Derecho en los estertores del franquismo, estudiábamos y envidíabamos las constituciones de Italia o Alemania, nos explicaban instituciones como los tribunales constitucionales (una creación del genial Kelsen) o nos introducíamos con el emblemático libro de Elías Díaz en la idea del Estado social y democrático de derecho (pdf con un resumen del libro Estado de Derecho y Sociedad Dmocrática, de su autor).

Luego, en mis primeros pasos como periodista, aunque no hacía información política, seguí con pasión los debates constitucionales y vi con satisfacción como aquellas ideas estudiadas en la Facultad tomaban cuerpo en nuevas institucionales y, sobre todo, en una muy avanzada declaración de derechos civiles y políticos.

Hoy, 40 años después, la norma fundamental muestra un desgaste lógico, facilmente superable si el pacto constitucional se mantuviera vivo, pero no lo está.

El pacto constitucional

No hubo unas elecciones constituyentes, pero las de 1977 lo fueron de hecho. Las circunstancias económicas y políticas no podía ser más adversas: un terrible crisis económica, terrorismos varios, ejército y policía sin control.

Las diferencias entre las fuerzas constituyentes eran abismales, pero todos sabían que no se podía volver atrás, que no eran viables ni el franquismo ni la dictadura del proletariado, que había modelos de éxito, que nos encontrábamos en una determinada órbita geopolítica. Y, sobre todo, que la falta de acuerdo significaba el riesgo cierto del enfrentamiento civil generalizado. Por eso hubo pacto.

Unos cedieron cuando no les quedó más remedio, otros conquistaron todo el terreno que era posible. Las movilizaciones sociales fueron mucho más importantes que el cabildeo de los reservados de los restaurantes y Juan Carlos de Borbón no fue el agente decisivo, sino un navegador ambiguo sobre la marejada, pero es cierto que con él abiertamente en contra todo habría sido más difícil.

En mi opinión, hoy la relación de fuerzas entre conservadores y progresistas sería menos favorables para estos últimos.

Nuestra Constitución, a diferencia de la portuguesa de 1976, no promete abrir una camino hacia la sociedad socialista, pero establece los principios de libertad, igualdad, pluralismo y participación y -muy importante- asigna a todos los poderes públicos la función de hacer reales la libertad, la igualdad y la participación.

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.” (art. 9.2)

La declaración de derechos civiles y políticos (la Sección 1ª del Capítulo II) es avanzada, con reconocimiento de derechos entonces novedosos como la limitación de la informática para preservar la intimidad, o el derecho de acceso a los medios públicos de los grupos políticos y sociales representativos. Y sobre todo estas libertades públicas se convierten en verdaderos derechos subjetivos, con una protección judicial efectiva.

En ningún artículo se aprecian tan claramente los difíciles equilibrios como en el 27, que reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y da base a la coexistencia de dos tipos de centros, los públicos y los concertados.

 Lógicamente, el desarrollo de estos derechos se remitía a la ley orgánica. Y ahí no siempre ha habido consenso y sí clamorosos incumplimientos de mandatos constitucionales. Un ejemplo, la ley orgánica que el art. 20 1.d) ordenaba no llegó hasta 1997 (Ley 2/97) y a la ley del secreto profesional todavía la estamos esperando (aunque la jurisprudencia ha llenado ese vacío).

En cambio, los derechos sociales y culturales quedaron rebajados a la categoría de principios rectores de la política social y económica, un marco de progreso, pero carente de una protección judicial efectiva, que se ha demostrado, sobre todo desde la Gran Recesión, como imprescindible.

Ciertamente, la monarquía fue una imposición, pero sin ella hubiera sido imposible el consenso. La monaquía parlamentaria, con un rey sin poder político, es perfectamente homologable. Pero ¡ojo!, los privilegios, los abusos y la identificación con los poderes económicos pueden poner en cuestión ese pacto, por mucho que un presidente de la República, en la actual fase de polarización, sería una trichera más de la batalla política y haría nuestro sistema todavía más inestable.

En el diseño institucional se copió de aquí y de allá. La moción de censura constructiva de la Ley Fundamental de Bonn. El Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura de la Constitución italiana. El Estado autonómico es el desarrollo de los principios del Estado integral de la Constitución de la II República con aportaciones del federalismo alemán.

No, los consensos posteriores nunca fueron fáciles y hoy son casi imposibles. Pero el pacto constitucional se ha mantenido casi hasta ahora y eso nos ha permitido convivir y avanzar como sociedad.

La reforma de la Constitución

Nuestra Historia tiene muchas constituciones, pero pocas reformas constitucionales. Una reforma mantiene la misma legitimidad constitucional, los principios fundacionales, pero actualiza derechos y retoca, más o menos profundamente, las instituciones.

La Constitución requiere una reforma si no queremos que se degrade hasta hacerse inútil. Pero no nos engañemos, la mayor parte de nuestro problemas (la corrupción, el paro estructural, la deficiencias educativas, la degradación de los servicios públicos) no requieren cambios constitucionales y puede resolverse por pactos legislativos y, ante todo, por cambios en la cultura política.

Aquí un elenco de posibles reformas:

  • Derechos civiles y políticos. Retoques mínimos para adaptar, por ejemplo la privacidad al ecosistema digital, pero no abrir “melones” como el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.
  • Derechos económicos y sociales. Conversión en derechos subjetivos exigibles ante los tribunales en la medida de lo posible. Una pensión, una prestación por dependencia o el derecho a una vivienda digna pueden ser reconocidos por los tribunales y su cumplimiento impuesto a los poderes públicos. El derecho a la negociación colectiva también. Pero ¿puede ser exigible ante los tribunales un puesto de trabajo?.
  • Regeneración democrática. Eliminación de aforamientos. Selección por mérito de los miembros de los órganos constitucionales y autoridades independientes. Refuerzo de las incompatibilidades entre mandatos políticos.
  • Monarquía. Eliminación de la prelación masculina. Eliminación de la inviolabilidad del monarca en actos privados, no en actos políticos que, por definición, no puede realizar, pues todos sus actos requieren la ratificación del gobierno y este es el responsable.
  • Laicidad. Lo más prudente sería no tocar el art. 16.2, pero denunciar los acuerdos con el Vaticano y hacer una nueva ley de libertad religiosa en la que quedara clara que la colaboración con cualquier religión lo es en la medida en que la acción de sus fieles e instituciones lo sea para hacer real la igualdad y la libertad. No cabe colaborar en el puro cumplimiento de los fines religiosos de un determinado credo, pero si prestaciones especiales (por ejemplo, menús particulares en establecimientos públicos) para respetar la libertad religiosa.
  • Encaje en la Unión Europea. Clarificar la jerarquía normativa con respecto a las normas europeas. Una reforma conveniente, pero no imprescindible.
  • Estructura territorial. Es la única reforma imprescidible, pero la más difícil, por no decir imposible. Apertura semántica a naciones en lugar de nacionalidades. Conversión del estado autonómico en estado federal. Conversión del Senado en cámara territorial con competencias exclusivas. Clarificación de las competencias entre el Estado central y las comundades federadas. Introducción de una cláusula de secesión: referedum con aprobación por mayoría absoluta del censo electoral, que solo se pueda celebrar cada 25 años.

La ruptura del pacto constitucional

No hay consenso para reformar la Constitución ni siquiera en asuntos menores en los que no hay desacuerdos profundos entre las fuerzas política, porque la oposición (cualquier oposición) en este marco de crispación no está dispuesta a dar ninguna victoría al gobierno (a cualquier gobierno). No digamos ya en los asuntos como la soberanía, la monarquía o los derechos fundamentales que requieren el proceso de modificación agravada: referedum, disolución de la cámaras, aprobación por las nuevas Cortes.

Nada queda del espíritu de consenso de la denostada Transición, que no era puro pasteleo, sino el convencimiento de que había que llegar a acuerdos porque nos jugábamos la pura supervivencia.

Defender la abolición de la repúbica, la independencia de Cataluña o la abolición de las autonomías no es, per se, una ruptura del pacto constitucional.  Es una propuesta de revisión radical, que exigiría un proceso constituyente.

Proponer la eliminación o recortes de derechos fundamentales es, en cambio, absolutamente incompatible con el sistema de valores de la Constitución, una propuesta que no puede ver expedito ningún procedimiento de avance.

Los independentistas catalanes han roto el pacto y la lealtad constitucional no por defender la idependencia sino por vulnerar la Constitución y los procedimientos que la garantizan. Esa ruptura y sobre todo la división social creada son muy difíciles de suturar. Alguna propuesta política habrá que realizar. No aceptarán una reforma federal, tampoco los nacionalistas vascos, que apuestan por el confederalismo. Solo una cláusula de secesión podría restaurar el pacto constitucional.

No hay término más manoseado que el de “constitucionalista”. Las fuerzas que más alardean de ello son las que más han manipulado la composición del Tribunal Constitucional y otros órganos constitucionales, las que más derechos han recortado por vía legislativa.

No tiene sentido proponer, por tanto, frentes de fuerzas constitucionalistas. Los independentistas que han roto el pacto constitucional y la ultraderecha que quiere romperlo están o van a estar en los parlamentos. Cordones sanitarios frente a la ultraderecha solo puede funcionar en Francia, merced a su sistema centralizado, mayoritario a doble vuelta.

Será legítimo que a la izquierda y a la derecha se pacte con los que han roto o han querido romper el pacto constitucional, pero sin concesiones que supongan limitaciones de derechos o sean contrarios a los valores e instituciones constitucionales.

A España ya ha llegado la utraderecha neofascista que cabalga por Europa. Lo peor no es la representación que obtienen, lo peor es que los partidos de derecha aceptan su programa, sus propuestas dominan el debate público (con la complicidad de los medios) y el fascismo impregna poco a poco el imaginario social.

Sin frentismo, sin violencia callejera,  sin concesiones, sin una sonrisa ante un chiste machista, sin compartir ni un meme de odio, en movilizaciones cuando haya que defender derechos… ni un paso atrás, todos con la Constitución.

La censura en los tiempos de Facebook


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De Facebook, de Twitter, de YouTube, de Google, de Whastapp… La censura en las plataformas a través de las que nos comunicamos. Una censura externalizada, privada, empresarial, sin mecanismos de defensa. Una censura global ejercida por las plataformas tecnológica y por las turbas estúpidas y paranoicas, por los enjambres digitales de hipócritas trolls.

¿Qué es censura?

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Un informe de un censor franquista: ¿atenta al dogma, a la Iglesia, al Régimen?

En sentido estricto, censura es el control previo de los mensajes que se van a difundir.

Censura es el proceso de control de la comunicación pública por el poder político y/o religioso. Supone un examen previo, la necesidad de obtener un permiso o placet de un poder público para difundir un mensaje público.

Es el control propio de las galaxias Gutemberg y Marconi.

Editar en el absolutismo era un privilegio real que se concedía a los impresores, sin perjuicio de la necesidad de obtener la aprobación previa del censor, político y/o religioso (a menudo la misma figura).

En el régimen liberal, la libre comunicación de pensamientos ideas se convierte en uno de los derechos más preciados, y cualquiera puede hablar, escribir o imprimir libremente “siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la Ley” (art. 11 Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, 1789).

Se pasa, así, de un régimen de censura previa a un régimen de responsabilidad. El problemas son “los casos determinados por la ley”. Dependiendo del momento histórico y de que gobiernos fueran más o menos liberales, los límites establecidos por la ley podían ser más o menos amplios.

En la Europa continental, durante todo el siglo XIX y la primera parte del XX fueron las leyes fueron bastante limitantes y los tribunales exigentes. Los límites se referían, en general, a la protección del Estado, sus dignatarios y sus símbolos, la protección de la propiedad, la religión dominante y la moral. Por supuesto, solo se exigía responsabilidad en la comunicación pública (prensa, primero, radio y televisión después), primero por su transcendencia social, pero también por la imposibilidad de controlar la comunicación privada.

Puede hablarse de censura en un sentido amplio cuando sin existir propiamente un control previo, el régimen de responsabilidad es tan estricto (límites amplísimos y mal definidos, sanciones administrativas, penas muy rigurosas, secuestro preventivo.

El caso del franquismo es bien ilustrativo. De la censura previa de la Ley de Serrano Súñer de 1938 a la cuasi censura de la Ley Fraga de 1966 (texto): límites amplísimos (art. 2), fuertes sanciones administrativas, responsabilidad penal, depósito previo y secuestro gubernativo. No pocas veces, decretado el secuestro por las autoridades administrativas (que conocían el contenido por el obligatorio depósito previo) la policía retiraba los ejemplares de los periódicos de los quioscos apenas estos abrían. La Constitución de 1978 prohibe cualquier tipo de censura previa y elimina el secuestro gubernativo (art. 20).

La censura hoy

En nuestro actual ecosistema comunicativo, la comunicación privada y la pública se funden. Por supuesto nos queda un ámbito privado de comunicación interpersonal, sin mediación tecnológica, pero más allá, hasta los mensajes intercambiados privadamente utilizando cualquier plataforma tecnológica pueden hacerse públicos por uno de los interlocutores y de hecho así ocurre muy frecuentemente.

El sistema libertad/responsabilidad se sigue aplicando a la comunicación pública estricta, a los mensajes profesionales en los medios de comunicación.  Hasta aquí ningún problema (sin entrar ahora en la cuestión de si los tipos penales son proporcionados y actualizados o las normas de protección civil al honor y la propia imagen funcionan adecuadamente, que intentaré abordar en otra entrada).

El problema aparece cuando este esquema se aplica a mensajes privados o de grupo que se hacen públicos en las plataformas tecnológicas.

¿Tiene la misma responsabilidad el autor de un tuit que el de una columna de opinión en un periódico o el de una sátira en la televisión? Dependerá del contexto y la difusión del mensaje, pero no debe olvidarse que muchos de los mensajes no profesionales van dirigidos a un grupo, a una comunidad, que comparte ideas y valores y que, por tanto, su potencial ofensivo puede ser menor; además, en este entorno suele procederse de un modo informal, incluso como forma de diversión. Lo que desencadena el conflicto es la salida de la burbuja, el encadenamiento que hace viral el mensaje y le convierte en una forma plena de comunicación pública.

En resumen, en la actualidad se aplican los siguientes sistemas de control de la comunicación:

  1. Control editorial. El que ejercen los titulares de los medios de comunicación a través de instancias profesionales. En rigor más que de control, debiéramos de hablar de poder editorial. En situación de oligopolio o de preponderancia de los medios más poderosos, los propietarios, de hecho, moderan y restringen la comunicación pública, a menudo en connivencia con los poderes políticos. Los medios, en la denuncia de la corriente crítica, son “la voz de su amo”. Por supuesto que la crítica tiene base, pero debe matizarse teniendo en cuenta la diversidad de voces (pluralismo externo), la función de control del poder político y el pluralismo entre los profesionales (pluralismo interno). Los medios audiovisuales públicos requilibran el poder editorial privado. Los medios hoy ya no son el único determinante de la comunicación pública, pero siguen sirviendo como enlace entre las burbujas privadas en que se ha fragmentado.
  2. Libertad/responsabilidad, aplicable a los mensajes difundidos en los medios masivos. En una sociedad democrática, no puede existir forma alguna de control previo y la responsabilidad solo puede ser exigida por los tribunales, por la comisión de un delito o por la exigencia de reparación establecidas en las leyes civiles que protegen la intimidad, el honor y la propia imagen. Los límites están establecidos en las leyes aprobadas en los parlamentos, son públicas, y el procedimiento de exigencia de responsabilidad lleva consigo un sistema de garantías y recursos.
  3. Libertad/responsabilidad, aplicación conflictiva en el ámbito de la comunicación público-privada de las plataformas tecnológicas. No está claro que actos tienen la entidad suficiente para generar responsabilidad y, por tanto, supone un cierto grado de inseguridad jurídica. Como en el caso 2, la exigencia de responsabilidad lleva consigo garantías y recursos.
  4. Control previo de las plataformas tecnológicas. Las empresas privadas ejercen un peculiar sistema de admisión, establecen normas poco transparentes sobre lo que se puede o no difundir y carecen de un verdadero sistema de recursos o garantías. El control no es previo, pero casi. Los algoritmos detectan  instantáneamente los contenidos no aceptables y, bien los eliminan directamente, bien los someten a un proceso de evaluación humana. Sus gestores se resisten a ejercer un poder editorial, que llevaría consigo una responsabilidad que no quieren aceptar.
  5. Linchamiento digital. Ni estados, ni empresas, cada uno podemos ser ahora un cruel censor, denunciar cualquier cosa que no nos guste en las redes, pedir acciones contra quien sentimos que nos ha ofendido, insultarle impunemente, desarrollar campañas de boicot. En sociedades cada vez más polarizadas e intolerantes es la censura más peligrosa e inapelable (veáse, por citar solo el más reciente, el caso de Dani Mateo).

El caso de Facebook

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Mensaje de Facebook de rechazo de una reclamación

Todas las plataformas de contenidos afronta parecidos problemas, pero Facebook es un mundo en si mismo. Con sus 2.200 millones de usuarios (¿cuántos activos?) se presenta como una nación digital global: “la Comunidad”.

Para muchos de esos millones, Facebook es su fundamental espacio de comunicación: el lugar donde interaccionan con amigos y familiares reales y con los “amigos virtuales”, el espacio en el que comparten y reciben informaciones que consideran, por su propio origen, fiables, aun cuando prácticamente todos sigan consumiendo información en unos medios tradicionales, en los que cada vez confían menos.

De modo que sí, el 4º método de control descrito más arriba, el control cuasi previo de los contenidos en las plataformas tecnológicas y especialmente en Facebook puede considerar la más relevante de las “censuras” de nuestros días.

Zuckerberg, como la mayoría de los “padres fundadores” de Silicon Valley es un libertario neoliberal, contrario a cualquier forma de regulación y convencido de que la tecnología es en si misma una arma de progreso capaz de resolver los problemas humanos con la fuerza bruta del cálculo y los algoritmos. Todos ellos consideran que sus plataformas simplemente han hecho tecnológicamente posible la utopía del libre mercado de ideas de Milton y Stuart Mill. Zuckerberg repite como un mantra que la misión de Facebook es construir “un mundo más abierto y conectado”.

Así que ¿para que establecer controles sobre los mensajes si a mayor cantidad y diversidad más rico, en teoría, ese libre mercado de las ideas, convertido en la práctica en una propiedad privada que rinde más beneficios cuanto más se interactue con esos mensajes? (vía publicidad y venta de datos).

El primer problema lo plantean los derechos de autor. Los titulares del copyright no aceptan que se lleven a ese mercado productos protegidos. Quizá los primeros controles aparecen en YouTube (la segunda plataforma más influyente) para eliminar contenidos protegidos, como consecuencia de las presiones de las grandes empresas, especialmente los estudios de Hollywood.

Después las plataformas tendrán que afrontar los problemas de la privacidad, especialmente en relación con la normativa europea (notablemente reforzada en el nuevo reglamento). Y finalmente, las quejas de los propios usuarios, gobiernos o lobbys por la presencia de contenidos dañinos (¿para quién, en qué contexto?).

Facebook establece unas normas -estándares de la Comunidad los llama- sobre lo que puede o no ser publicado. Estas normas no son plenamente públicas hasta un fecha tan reciente como el pasado abril.  Pero el resultado es que cuando se intenta publicar un determinado mensaje, sobre todo imágenes y vídeos, se recibe un mensaje de prohibición advirtiendo que el contenido viola esas normas.

Los documentales Les nettoyeurs y Dispatches revelan el proceso interno de control o moderación. Los algoritmos o las quejas de los usuarios se colocan en interminables listas de revisión los casos sospechosos. La “limpieza” corre a cargo de agentes contratados por terceras empresas, esto es, Facebook externaliza la censura. La carga de trabajo de estos agentes es enorme, su formación deficiente y sus conocimientos del contexto de esos mensajes nulo. De manera que lo más fácil es, en la duda, eliminar, so pena de entrar en discusiones casuísticas que retrasan el trabajo.

En los documentales vemos como los “limpiadores” eliminan fotos de Abu Grhaib porque las consideran propaganda del Estado Islámico. En otro caso, se reconoce que la foto de la niña abrasada por el napalm es un icono de la guerra de Vietnam, pero, puesto que se muestran los genitales, es un caso claro en el que las normas exigen su borrado. Y en cambio, resulta evidente como los supervisores deciden mantener los discursos de odio, porque alegan que son manifestación de la libertad de expresión y -ahí está la clave- porque generan mucha interacción.

Facebook ignoró las denuncias de que la plataforma se estaba utilizando como arma de guerra por los prorrusos en Ucrania, que en Birmania era el vehículo de la propaganda anti-roginha que llevó al genocidio. Pero entonces le estalló la interferencia rusa en las elecciones presidenciales norteamericanas y en concreto el caso Cambridge Analytica y Zuckerberg (con pocas habilidades comunicativas) no tuvo más remedio que dar explicaciones públicas, comenzando por un comité del Senado.

Una revisión de las normas comunitarias ahora públicas nos muestran unos principios generales, desarrollados con mayor o menor casuismo. Parece un ejercicio imposible de poner puertas al campo: cómo establecer que contenidos pueden considerar dañinos, para quién, en qué contexto, en dónde. Dan la impresión de mayor tolerancia con la violencia no terrorista, los suicidios o el discurso del odio que con los simples desnudos. Pero a la luz del proceso de revisión revelado por los documentales, qué se borra o no parece bastante aleatorio. Y un borrado sistemático puede significar que un icono tan relevante como el de la niña de Vietnam puede convertirse en inaccesible a para 2.200 millones de personas, o, por lo menos, para aquellos que se comunican esencialmente en el entorno de Facebook.

La pasada semana Zuckerberg respondió a las crítica con un post en el que presentaba un borrador para una nueva gobernanza.

Algunos elementos son, por lo menos para mi, preocupantes. Desarrollar métodos de Inteligencia Artificial para que los contenidos dañinos sean eliminados antes de que nadie pueda verlos (¡la censura previa del Gran Hermano!). Sostiene que sus herramientas de Inteligencia Artificial ya detectan y eliminan el 96% de los desnudos. Categorías prioritarias de control: terrorismo y daño autoinfringido.

Lo más relevante puede ser un cambio esencial en la dinámica de Facebook: desincentivar y netralizar la interacción con lo que Zuckerberg llama borderline content, los contenidos límite, esto es, los mensajes más próximos a lo que las normas prohiben, que son los que, hasta ahora más interacción consiguen.

Este hilo de Hugo Sáez lo explica brillantemente.

Entre estos contenidos límite, Zuckerberg cita la desinformación y el clickbait. ¿Seguirá siendo rentable la plataforma si elimina esos contenidos límite, que son los que logran mayor interacción? ¿Cómo neutralizarlos? Una de las líneas que avanza el fundador de Facebook es la corregulación.

Regulación del estatuto editorial

Facebook, como el resto de las plataformas de contenidos, siempre ha pretendido evitar las obligaciones propias de los medios de comunicación, en concreto, la responsabilidad jurídica por los contenidos que publican. De hecho, su marco legal ha sido el del comercio electrónico, tanto en Estados Unidos como en Europa (Directiva de Comercio Electrónico de 2002) o España (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, 2002).

Los acontecimientos del último lustro, especialmente la marea de la desinformación, y las críticas subsiguientes, les ha obligado a aceptar a regañadientes alguna forma de regulación.

En su reciente post, Zuckerber propone la corregulación, esto es, una regulación negociada con los estados y  aplicada internamente. Concretamente, se muestra dispuesto a colaborar con la UE y con la ley de Macron contra la desinformación en campaña electoral, y que tantas críticas a recibido dentro y fuera de Francia. Otras medidas que propone es que todas las plataformas publiquen las métricas de contenidos dañinos y se compromete a crear antes del fin de 2019 un organismo independiente de recurso (¿único? ¿en cada país?). En fin, promesas vagas.

Que las plataformas tecnológicas no pueden ni deben ejercer el mismo control sobre la información que los editores de los medios de comunicación es evidente. Pero como de hecho cada vez ejercen un mayor control, este no puede ser opaco, confiando a herramientas de Inteligencia Artificial, con unas normas genéricas para toda la humanidad, en el marco de una relación de servicios, sin ningún tipo de garantías.

Se quiera o no, la solución hay que buscarla en el marco nacional o al menos multilateral. Por ejemplo, las plataformas podrían crear comités independientes nacionales, que adaptaran las normas y revisaran las quejas, siendo sus decisiones recurribles ante los tribunales. No puede esperarse que las plataformas se autorregulen, tienen que ser los legisladores nacionales los que creen un marco vinculante para la autorregulación, es decir, una corregulación efectiva.

Ciertamente, retrotraer el problema al marco nacional nos remite al sistema de control tradicional de los medios, lo que puede suponer en sociedades autoritarias anular las potencialidades democráticas de estas nuevas plataformas. Pero un paso adelante en Estados Unido o la Unión Europea marcarían la pauta, por mucho que Putin, Erdogan o Xi Jinping ejerzan una censura efectiva.

Responsabilidad de los medios públicos europeos es, sin pretender anular ni competir con las plataformas privadas, asumir esa tarea de construir sociedades más conectadas y abiertas de acuerdo con criterios de verdadero interés público.

Fuentes

Políticas de Facebook

La crisis de Facebook

Documentales

Lamentablemente, los documentales de la Noche Temática solo están un tiempo limitado en rtve.es, por lo que solo los he podido encontrar en inglés. Lo mismo, lógicamente, que los dos documentales de Frontline, el espacio de investigación de PBS, dedicados a la crisis en torno al escándalo Cambridge Analytica y, en general, al dilema de adoptar o no una responsabilidad editorial.

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