Una de las primeras determinaciones de los gobiernos con mayoría absoluta PP-Vox, constituidos después la elecciones autonómicas de mayo ha sido modificar las leyes reguladoras de la radiotelevisiones autonómicas públicas para garantizarse su control, forzar el cambio de directivos, y reducir sus presupuestos. (Aquí la denuncia de la Federación de Sindicatos de Periodistas)
En general, pasa a elegirse los órganos de gobierno por mayoría absoluta, en lugar de por mayoría cualificada. Un sistema proveniente de RTVE que exigía al menos el consenso de los dos principales grupos parlamentarios, un sistema propio del bipartidismo, muy deficiente democráticamente, pues terminaba por significar un reparto por cuotas de los consejeros, pero que, al menos garantizaba que en los órganos de gobierno hubiera representantes de la oposición.
Tanto en RTVE, como en las autonómicas se buscan alternativas a partir de 2010. En RTVE se intenta seleccionar por concurso público a los consejeros, pero finalmente PP y PSOE acuerdan -prácticamente el único acuerdo en 5 años- tirar a la basura las evaluaciones del concurso (hecho por una comisión independiente de expertos) y repartirse el Consejo de Administración por cuotas, sin ni siquiera elegir a los candidatos mejor valorados de su tendencia.
En el caso de las autonómicas, quizá la mejor experiencia de democratización se dio en RTV Madrid, cuando el gobierno del PP de Cifuentes dependía de Ciudadanos. Telemadrid se recuperó después de que los tribunales revirtieran el ERE de la época de Esperanza Aguirre, que había dejado a la cadena herida de muerte. La Ley 8/2015 introduce interesantes mecanismos participación social, como que los consejeros fueran designados parlamentariamente, a propuesta no solo de los grupos parlamentarios (4), sino también grupos sociales y profesionales (5) y luego tenían que ser elegidos por 2/3 de la Cámara.
Después de que Díaz Ayuso lograra mayoría absoluta realizó dos reformas para designar al Director General con mayoría absoluta en segunda votación (si en una primera no se logran la cualificada de 2/3). Posteriormente las reformas han ido dirigidas a recortar la participación social, primero mediante una proposición de ley de 2021, que caducó con la legislatura, y ahora con una ley omnibus (Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración).
En Valencia, PP y Vox aumentan su peso en el Consejo Rector de Á Punt y limitan su presupuesto. En Aragón han eliminado el concurso público para elegir a los órganos rectores. En Andalucía, los trabajadores siguen denunciando las injerencias políticas.
Para ser justos, en España estas malas prácticas no son solo atribuibles a PP y Vox. En Canarias Coalición Canaria pacta a dos bandas. Con el PP su socio de gobierno para designar directamente un Administrador General de la RTV canaria; y con el PSOE (en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez) para intervenir en el nombramiento de los directivos de RTVE en las islas. De modo que CC se garantiza un alto grado de control sobre los medios públicos canarios.
Y por si fuera poco, el PSOE se dispone a nombrar como presidente de EFE a Miguel Ángel Oliver, exsecretario de Estado de Comunicación, un perfil poco o nada propicio para garantizar la independencia de la agencia pública de noticias.
Como se ve, los partidos siguen apostando por el control de los medios públicos. Son inamisibles los cambios que permiten nombrar los órganos de gobierno y gestión por mayoría absoluta, lo que entrega su control a los gobiernos de turno. Pero también está agotado la elección por mayorías cualificadas que termina por convertirse en un sistema de reparto por cuotas.
Es hora de una verdadera regeneración que pasaría por consejos de administración propuestos por la sociedad civil y gestores y administradores seleccionados por concurso público.
Periodismo Global: la otra mirada 
