No se puede (ni se debe) intervenir TV3


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La aplicación del art. 155 de la CE para intervenir la autonomía de Cataluña es un fracaso colectivo del que España tardará muchos años en recuperarse. Se sabe como se entra (a veces me parece que ni siquiera eso), pero no se sabe como se sale.

Entre las medidas anunciadas, la posible intervención de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales  (CCMA) ha generado una condena casi generalizada entre periodistas y organizaciones sindicales de Cataluña y el resto de España.

El argumento más repetido es que sería como poner a la zorra a cuidar el gallinero: el gobierno Rajoy ha hecho un uso partidista de RTVE, como acreditan las reiteradas y documentadas denuncias de los consejos de Informativo de la Corporación. Pero prácticamente nadie ha recurrido a argumentos jurídico, que en este caso son esenciales.

 

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Extracto de la nota de prensa del Consejo de Ministros que decide activar el art. 155 CE

 

La Generalitat no puede intervenir la CCMA y, por tanto, tampoco el Gobierno

Como estuve tuiteando a lo largo del fin de semana, intervenir la CCMA no sería reestablecer la legalidad (uno de los objetivos que el acuerdo del Consejo de Ministros invoca para la activación del art. 155) sino vulnerarla. Parte  del ordenamiento jurídico son las leyes catalanas que encomiendan el servicio público audiovisual a la CCMA y establecen su autonomía funcional, sin que el Govern de la Generalitat, cuyas competencias vendría a asumir el Gobierno de España, tenga ninguna capacidad de intervenir su funcionamiento.

En la nota de prensa del Consejo de Ministros, cuyo extracto se recoge más arriba, se invocan las facultades de la Generalitat para garantizar la transmisión de información objetiva, veraz, plural, así como el conocimiento de los valores y principios constitucionales y estatutarios, citando dos (entre dieciséis) de las misiones  específicas de servicio público que el art. 26 de Ley 22/2005 de la comunicación audiovisual de Cataluña   impone a la CCMA, como prestador del servicio de gestión directa de la Generalitat. Ni este artículo ni ningún otro de la Ley 22/2005 reserva a la Generalitad competencia alguna de control o intervención sobre la CCMA. Muy al contrario, el art. 29 1 a) afirma expresamente su autonomía con relación al Govern en la gestión directa y ordinario del servicio público.

El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), órgano regulador de la comunicación audiovisual en la Comunidad Autónoma (L. 11/2007, art. 113) no tiene competencias ejecutivas sobre la CCMA (sí sobre los operadores privados), pero puede -y lo hace- emitir dictámenes sobre su cumplimiento de las obligaciones de servicio público.

La Ley 11/2007 de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (texto consolidado después de la reforma de 2012) adscribe a la Corporación al departamento de la Generalitat competente en materia audiovisual, para consagrar a continuación su independencia funcional (art. 3, puntos 2 y 3).

La gestión y dirección queda a cargo de un Consejo de Gobierno de 6 miembros, nombrados por un plazo de seis años por el Parlament,  que también elige entre ellos al Presidente. Ni uno ni otros pueden ser destituidos por el Govern y solo cesan por causas tasadas (inhabilitación, incompatibilidad sobrevenida, condena por delitos dolosos, art. 9.4).

En resumen, ni la Generalitat ni el Gobierno pueden nombrar ni cesar a los consejeros o al presidente, ni pueden darles instrucciones en la gestión del servicio público.

El art. 155 CE permite al Gobierno adoptar medidas para que el ejecutivo de la Comunidad Autónoma que incumpla la Constitución, las leyes o atente al interés general de España cumpla sus obligaciones. Su aplicación no puede dar cobertura a una vulneración de la leyes autonómicas legítimamente promulgadas que no sean contrarias a la Constitución, como es el caso. Otra cosa es dejar en suspenso el Estado de derecho.

No se olvide, además, que el servicio público se fundamenta en el acceso universal como vía para el ejercicio del derecho ciudadano a la información. Además, de modo directo se vería afectada la independencia y el derecho a informar de sus profesionales. La intervención de TV3 nos pondría al mismo nivel que la Hungría de Orban o la Polonia de Kaczyński.

La traición al servicio público

Entonces, ¿es independiente de hecho del Govern la CCMA? No, no lo es, como no lo es, RTVE. En ambos casos, sus consejos y presidentes son elegidos, de hecho, por sus respectivos gobiernos. En virtud de sendas reformas de 2012, en las que el PP y CiU se apoyaron mutuamente, los gestores se eligen por mayoría de 2/3, que de no alcanzarse se convierte en mayoría absoluta, lo que pone su nombramiento en manos de los respectivos gobiernos. La gubernamentalización ha redundado en manipulación, pérdida de audiencias y descrédito informativo. TVE y TV3 son -en expresión del profesor Bustamante- dos caras simétricas y deformadas del conflicto.

No sigo ni la televisión ni la radio pública catalana, por eso no puedo juzgar si son plenamente ciertas las denuncias de adoctrinamiento. La historia de TV3 hasta 2012 es de una relativa imparcialidad política institucional, mayor que la de TVE, salvo en el corto periodo 2006-2011.

En este momento, ambas radiotelevisiones públicas son claramente dependientes de la política informatica de sus gobiernos. En el caso de TVE las manipulacions son tan burdas que hasta el espectador más desapercibido las nota.

En TV3, dando por buenos los múltiples relatos y descripciones sobre sus informativos y programas, creo que la clave reside en que ha venido dando al procès el tratamiento de lo que Dayan y Katz llamaron “acontecimiento mediático de conquista”, es decir la dramatización de una iniciativa política que pretende unir a la audiencia a su alrededor. Si en el análisis clásico de Dayan y Katz, estos acontecimientos mediáticos eran dirigidos por un personaje carismático, aquí el protagonista ha sido el poble de Catalunya.

Desde esta perspectiva, todo vale, ya no estamos ante manipulación sino ante mecanismos de agit-prop. En esta situación, poco valor tienen los análisis de contenidos como el del CAC, que valora el pluralismo (mayor en TV3 que en TVE) por las fuentes utilizadas. Cuando se construye la república independiente todo vale.

Tratamiento semejante al que puede dar TVE a la Fiesta Nacional, a la boda real (acontecimiento de celebración) o a la victoria de la selección nacional (acontecimiento de competición). Da igual que haya voces discrepantes, lo que cuenta es el tono general apoteósico y de “unidad nacional”.

¡Ojo! No es que TV3 formatee la conciencia de los catalanes, es que expresa la división de la sociedad: la televisión pública aglutina a los más catalonaparlantes, independentistas y  votantes de Junts pel Sí y la CUP.

Todo esto no se soluciona poniendo a la CCMA a las órdenes de La Moncloa, muy al contrario: intentar que TV3 sea un clon de TVE es imposible y solo dará más argumentos al independentismo.

Lo terrible de todo esto es que redundará aún más en la deslegitimación del servicio público.

 

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El consenso parlamentario no es suficiente para regenerar RTVE


lazo-naranja-d1El Congreso de los Diputados se dispone a revisar la reforma del PP, que en 2012 entregó el gobierno de RTVE a la mayoría parlamentaria, o lo que es lo mismo al ejecutivo del Partido Popular, y que ha propiciado los niveles más bajos de credibilidad y relevancia de la rtv pública en toda su historia.

Todo indica que esta misma mañana se admitirá a trámite una proposición de ley del PSOE que básicamente pretende reinstaurar el sistema de la ley 17/2006: mayoría parlamentaria de 2/3 para elegir a los consejeros, dos consejeros elegidos a propuesta de los dos sindicatos más representativos y elección parlamentaria del presidente, también con mayoría parlamentaria cualificada de 2/3.

Como toda proposición de ley, esta estará sometida a una tramitación parlamentaria que puede modificar sustancialmente su contenido. No es el procedimiento más adecuado para afrontar la profunda reforma que requiere RTVE, pero sí puede ser una oportunidad para ir más allá de un retorno al pasado y en su lugar establecer un conjunto de medidas urgentes para detener el deterioro del servicio público.

Volver a las mayorías parlamentarias cualificadas es, desde luego, infinitamente mejor que el régimen actual, en el que el gobierno puede nombrar al consejo y al presidente de la Corporación. Además, en el momento presente cuatro consejeros se mantienen en funciones cuatro años después de haber terminado su mandato, en una situación legal cuando menos cuestionable. Y, en fin, todo lo que conduzca a la renovación de la dirección más nefasta de la historia de RTVE es un paso positivo.

El funcionamiento del sistema entre 2006 y 2012 garantizó una razonable independencia informativa, pero no dejó de presentar problemas, como la relación entre los consejeros y los grupos parlamentarios o sindicatos proponentes y, sobre todo, el poder del presidente sobre el Consejo, que desnaturaliza la función de control que este debe ejercer sobre aquel. Por no mencionar la falta de acuerdo para sustituir al dimitido Alberto Oliart, que fue alegada por el PP para cambiar el sistema de nombramiento.

La plataforma de académicos y profesionales Teledetodos propuso el pasado año un conjunto de medidas legislativas urgentes para propiciar la salvación del servicio público y abrir un proceso de reforma en profundidad. La proposición de ley socialista y el debate que se adivina tienen un planteamiento mucho más limitado, pero al menos debieran de añadir algunos mecanismos de garantía para no recaer en el reparto de cromos parlamentario:

  1. Reforzar los requisitos de profesionalidad, independencia y trayectoria de servicio público de los consejeros. Profesionalidad contrastada en al menos cinco años de trabajo en el sector de la comunicación, la universidad o de la alta gestión. Independencia, excluyendo a cualquier comunicador que haya ejercido profesionalmente el gabinetes de de los partidos. Trayectoria de servicio público, dando prioridad a aquellos profesionales que hayan desarrollado su carrera preferentemente en el sector público.
  2. Reforzar los mecanismos de escrutinio ante las cámaras. Que las audiencias no sean un mero trámite porque los candidatos ya se han repartido previamente, tanto para ti, tantos para mi.
  3. Establecer mecanismos de desbloqueo. Teledetodos propone que si en un mes cada uno de los candidatos no obtienes los 2/3, puedan ser ratificados por la mitad más uno de los grupos parlamentarios de la cámara respectiva.
  4. Transferir las competencias ejecutivas del Presidente (reguladas en los arts. 17 a 20 de la L. 17/2006) a un Director General, que sería elegido por el Consejo de Administración por concurso público.

¿Por qué un director general ejecutivo? Para separar la gestión de la orientación y control que son las funciones del Consejo de Administración. Al ser el Presidente elegido directamente por las cámaras es al mismo tiempo máximo responsable de la gestión y presidente del órgano que debe controlarle y además se conviere en la práctica en el jefe natural de los consejeros que expresan un determinado consenso parlamentario. Consecuencias de todo ello es un consejo débil que se implica en la gestión más de lo que debiera en lugar de controlarla.

Ese director ejecutivo es el que tiene que ser elegido por concurso público, en el que se valoraría la trayectoria profesional de más de 10 años y  un plan estratégico propuesto. No tiene sentido elegir a los consejeros por concurso, pues no son los gestores.

Estas medidas mínimas podrían ser perfectamente incorporadas a la reforma que se va a tramitar. Pero una regeneración en profundidad (como propuso Teledetodos en 2015) debe basarse en:

  • Recuperar la credibilidad informativa, garantizando la independencia jurídica, reforzando los órganos de pluralismo interno (como los consejos de informativos) y haciendo efectiva una carrera profesional.
  • Lograr una gestión independiente, profesional y transparente, desligando, como se ha dicho, los órganos de control y gestión y sacando a concurso público la figura de una nuevo director general ejecutivo.
  • Fomentar la participación social, haciendo presente la diversidad social en la programación, haciendo efectivo el derecho de acceso, reforzando la Defensoría de la Audiencia, creando organismos de participación social y mecanismo de participación interactiva y abriendo hueco en los programas a las creaciones de la ciudadanía.
  • Realizar la conversión  en un servicio público multimedia, ofreciendo contenidos interactivos de calidad en todo tipo de plataformas, en cualquier lugar y en cualquier momento.
  • Convertirse en el nodo central de instituciones dedicadas a la cultura y el fomento de la comunicación pública, incluyendo en esta red a organismos latinoamericanos.
  • Lograr una financiación pública suficiente y estable que cubra el coste neto del servicio público.

 

 

 

La necesaria regeneración de TVE en su 60 aniversario


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Mañana, 28 de octubre, TVE cumple 60 años y no hay mucho que celebrar.

Hace 10 años, al llegar al medio siglo, no faltaron los faustos triunfalistas. No es que entonces no hubiera sombras, pero al menos se estrenaba nueva legislación que garantizaba la independencia jurídica, se reconstruía la credibilidad de los programas informativos, muy dañados por la manipulación de anterior etapa del PP, se mantenía el liderazgo de audiencia y había dinero para desarrollar la misión de servicio público. La contrarreforma del gobierno Zapatero, primero, eliminando la publicidad sin dejar bien asentada otras formas de financiación, y, luego, la política del gobierno Rajoy, derogando la independencia jurídica, poniendo la información a su servicio, dejando en mínimos la financiación pública, con una gestión incompetente y sectaria, han convertido a TVE en irrelevante y puesto a RTVE en peligro de desaparición.

RTVE está descapitalizada, mal financiada, sus informativos carecen de credibilidad, ha perdido el liderazgo de audiencia y sus espectadores envejecen. A pesar del buen trabajo realizado en lo que hasta hace poco se llamaba área de interactivos, RTVE está muy lejos de adaptarse a la innovación tecnológica. TVE tiene cerrados sus estudios, su personal está desmoralizado y se externalizan hasta espacios de reportajes sobre voluntariado. Y lo más grave de todo, la población no considera como algo propio a este servicio público y, sobre todo entre los jóvenes, se prefiere el comercialismo a ultranza de las cadenas privadas, o, en la izquierda del espectro ideológico, los nuevos medios sociales.

En aquella inauguración en el Paseo de la Habana, ahora hace 60 años, dominaban dos fuerzas, el Estado franquista y la Iglesia católica. El poder político siempre ha utilizado RTVE a su antojo, no solo manipulando políticamente, sino también tratando al servicio público como un cortijo. El poder de la Iglesia se fue difuminando con el tiempo (que no desapareciendo del todo) y fue sustituido por la influencia de las grandes instituciones económicas y sociales. Quizá el servicio público deba ser institucional, pero sin dar la espalda a la ciudadanía como ha hecho frecuentemente.

Pese a todo no han faltado las luces. Aún en el profundo franquismo brillaban los destellos de creatividad y hasta de osadía crítica. Sí, aquella televisión era la franquista y paternalista de Historias de un pueblo, pero también de Estudios 1 como Esperando a Godot o Calígula de Camus. Desde siempre sus periodista lucharon por dar una imagen real de España y el mundo, mientras realizaban grandes reportajes y documentales. Durante los 80 estuvo a la vanguardia de la creatividad y se convirtió en una de las más solventes cadenas públicas europeas. No se preparó bien para la competencia, porque el poder y la sociedad le exigió competir en un terreno que no era el suyo con una vara de medir (el share) que la llevaba a traicionar su misión.

La misión está clara sobre el papel, dar un acceso general a la información a los contenidos de calidad, fomentar la cultura y la cohesión social y territorial, pero hay que tomar medidas inmediatas porque si no la parálisis puede degenerar en el coma y la muerte final.

Desde Teledetodos se realizó el pasado año un diagnóstico y una propuesta de regeneración, que luego se completó con un manifiesto con la propuesta de una serie de medidas urgentes. La regeneración tiene que pasar por:

  • Recuperar la credibilidad informativa, garantizando la independencia jurídica, reforzando los órganos de pluralismo interno (como los consejos de informativos) y haciendo efectiva una carrera profesional.
  • Lograr una gestión independiente, profesional y transparente, desligando los órganos de control y gestión y sacando a concurso público la figura de una nuevo director general ejecutivo.
  • Fomentar la participación social, haciendo presenta la diversidad social en la programación, haciendo efectivo el derecho de acceso, reforzando la Defensoría de la Audiencia, creando organismos de participación social y mecanismo de participación interactiva y abriendo hueco en los programas a las creaciones de la ciudadanía.
  • Realizar la conversión  en un servicio público multimedia, ofreciendo contenidos interactivos de calidad en todo tipo de plataformas, en cualquier lugar y en cualquier momento.
  • Convertirse en el nodo central de instituciones dedicadas a la cultura y el fomento de la comunicación pública, incluyendo en esta red a organismos latinoamericanos.
  • Lograr una financiación pública suficiente y estable que cubra el coste neto del servicio público.

Ojala no sea muy tarde.

El futuro de la radiotelevisión pública a debate


Nunca la credibilidad de la radiotelevisión pública ha sido tan baja (véase, por ejemplo, el informe del IPI) y su peso social tan pequeño. Nunca el duopolio de dos grupos multimedia (Atresmedia y Mediaset) había sido tan absoluto.

La regeneración de un sistema público de comunicación es vital para una democracia real.

Telededotos, un grupo de estudios de académicos y profesionales, ha realizado una propuesta completa en la que he participado. Sus líneas básicas son independencia profesional, transparencia, participación social y conversión de la radiotelevisión pñublica en un servicio multimedia.

Teledetodos ha presentado este informe, que pretende de alguna manera reeditar el “informe de los sabios” de 2004, en distintos foros. Creíamos que nuestra obligación era también promover un debate con los partidos políticos sobre sus programas en esta materia. Gracias a la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III y a Infolibre y su director Jesús Maraña ayer se celebró este debate.

Vamos a vivir una campaña electoral con muchos debates en múltiples formatos. Pero los debates de los líderes se centrarán en las grandes cuestiones generales (economía, paro, corrupción, reforma constitucional, Cataluña, terrorismo yihadista) quedando fuera los programas sectoriales. El conocimiento de los programas es un elemento de esclareciemiento para el electorado. Y además se pueden concretar compromisos para que luego puedan ser exigidos a los gobiernos.

El debate

El programa (tres párrafos) más creíble es el del PP porque promete seguir haciendo lo que ha hecho durante esta legislatura a nivel nacional y en las autonomías en las que ha gobernado: hace irrelevantes las radiotelevisiones públicas y externalizar sus servicios.

La representante popular en el debate, Isabel Díaz Ayuso (coreada por un grupo de Nueva Generaciones) no quiso comprometerse con ninguna de las medidas debatidas, porque todo dependerá -dijo- del mapa resultante del 20D. Eso sí, negó la manipulación e intento restar legitimidad al Consejo de Informativos de TVE, “porque no representa más que a 700  trabajadores y con su composición sólo va a criticarnos a nosotros”. Olvida que el Consejo representa a los profesionales implicados directamente en la elaboración de información periodística y que es elegido mediante candidaturas uninominales, con un sistema que permite la presencia de candidatos minoritarios (se vota a 6 sobre un total de 11) y que garantiza que el pluralismo interno se manifieste.

El PSOE prácticamente propone volver a la situación anterior a las contrarreformas del PP. La única novedad es establecer un sistema de indicadores cualitativos y cuantitativos que permita evaluar periódicamente el grado de pluralismo de los contenidos. En el debate estuvo Óscar López, peso pesado socialista y en la cocina legislativa de las regulaciones de la etapa Zapatero. Defendió que la retirada de la publicidad permitió a RTVE salvar la crisis, sin una caída abrupta de ingresos y defendió una financiación 50% vía presupuesto, 50% otros ingresos (tasas, patrocinio, comercialización). Ni una palabra sobre revisar la Ley General de la Comunicación Audiovisual e introducir medidas anticoncentración más rigurosas.

UPyD no tiene publicado un programa específico. Las intervenciones de su representante Julio Lleonart fueron en general de sentido común. Aseguró que cuando Rosa Díez pedía el cierre de las televisiones autonómicas se refería a terminar con el despilfarro y la manipulación.

El programas de Ciudadanos se limita a mediadas de racionalización de la gestión de RTVE. Su representante, Marta Rivera, demostró poseer información interna que utilizó para poner ejemplos de mala gestión.

Unidad Popular (IU) ha desarrollado un programa extenso que contempla un reparto equitativo del espectro radioeléctrico, la democratización de los medios públicos (con medidas en la línea de las propuestas por Teledetodos, por ejemplo, consejos sociales, acción directa ciudadana), independencia de los contenidos y neutralidad de Internet. Sol Sánchez reiteró esta propuestas en sus términos generales.

Podemos también tiene un extenso programa en materia de comunicación pública: revisar  el reparto del espacio radioeléctrico para dar más oportunidades a los medios comunitarios, crear sendos canales de radio y televisión alimentados por los medios comunitarios, desgubernamentalización de los medios públicos. Su representante, Miguel Álvarez insistió sobre todo en las posibilidades para la participación social.

Acuerdos, discrepancias e indefiniciones

En la línea del Manifiesto promovido por los consejos de informativos de RTVE, todos los partidos, menos el PP, se comprometen a elegir al Presidente de la Corporación por mayoría de 2/3. Si toda la legislación quedara como está, este sería un paso imprescindible. Pero hoy la reforma tiene que ser más profunda.

Teledetodos propone distinguir entre el Presidente del Consejo de Administración y un Director General, máximo ejecutivo, elegido por concurso público previo presentación de un plan estratégico. Unidad Popular lleva esta misma propuesta en el programa. En el programa de C’s se aboga por elegir el Presiente por concurso. En el debate todos (menos el PP) se manifestaron partidarios del concurso público, pero no se distinguió claramente entre Presidente y Director General.

Teledetodos cree que el Consejo de Administración es el garante de la misión de servicio público, pero no debe entrar en la gestión cotidiana, que confía a un Director General. Tanto en el Estatuto de 1980 como en la Ley de 2006 el Director General, primero, y el Presidente, después, lo eran todo, tenían la legitimidad de la mayoría parlamentaria-gubernamental y quedaban de hecho fuera del control del Consejo de Administración.

También confusión sobre la participación social. C’s, Podemos, UPyD y Unidad Popular se mostraron a favor de la presencia de la sociedad en los órganos de gestión. Mientras que Podemos y Unidad Popular están en la línea de un Consejo Social propuesto por Teledetodos como representante de la sociedad organizada y garante del derecho de acceso, parece que C’s es proclive a alguna forma de elección del Consejo de Administración con participación social. El PSOE mantiene una elección parlamentaria con mayoría cualificada y el PP prefiere no pronunciarse.

Todos los partidos se manifestaron a favor de modernizar tecnológicamente RTVE y en general por la conversión en un servicio multimedia. Pero personalmente me dio más la impresión de que seguían pensando en las nuevas plataformas interactivas como un canal más. Hoy el servicio público multimedia tiene que ir más allá, personalizar los contenidos, crear espacios de debate y participación interactiva, dar espacio a los contenidos de los usuarios y, en definitiva reconectar el espacio público fragmentado en multitud de burbujas.

Respecto a la financiación, acuerdo en principio entre todos los partidos en no volver a la publicidad. Insistencia en mejorar la comercialización y el patrocinio, ningún compromiso expreso en instaurar un canon. Todos menos el PP se quejaron de la falta de transparencia.

FUENTES

ENLACE A VÍDEO COMPLETO

La trampa del regreso de la publicidad a TVE


El Partido Popular plantea el regreso de la publicidad a TVE. En una proposición no de ley aboga por un modelo de financiación sostenible de RTVE que “fomente la obtención de ingresos comerciales, incluidos los derivados de la participación en el mercado de la publicidad” (agregación de informaciones en Google News). Lo inconcreto de la propuesta y el instrumento parlamentario elegido para hacerla lleva a pensar que su función es un aviso a los operadores privados para que acomoden sus informativos a los intereses del PP y no un intento serio de cambiar el sistema de financiación.

Me he pronunciado reiteradamente en este blog contra la publicidad en TVE y he criticado el modo en que se eliminó. Hoy sistematizo y actualizo argumentos en contra y a favor.

En contra de la publicidad en TVE

Dañaría la imagen del servicio público. En estos casi cuatro años el público identifica el servicio público con una televisión sin publicidad. La vuelta de los anuncios eliminarían una señal de identidad.

Disminuiría la audiencia. Al menos en un primer momento, y al margen de los cambios que la programación pudiera sufrir, el efecto zapping framentaría más la audiencia.

Exigiría una programación más comercial para competir con las privadas. Con menguados presupuestos es improbable que esa competencia tuviera éxito. En lugar de competir con productos de alto presupuesto habría que recurrir a producciones cutres o regresar al modelo José Luis Moreno. Sería un suicidio. Se entraría en un círculo vicioso: menor audiencia, menores recursos, menor calidad, menos espectadores…

TVE no está preparada para captar publicidad. Después de desmontar su estructura comercial, tendría ahora que competir con las centrales publicitarias de los dos grandes grupos oligopólicos, Atresmedia y Mediaset, que concentran el 60% de la audiencia y casi el 90% de la publicidad. Los grupos privados gestionan globalmente la publicidad de sus canales, algo muy difícil para TVE con canales como La Dos o 24 Horas. Ni siquiera en los tiempos en que La Uno era líder de audiencia TVE lograba la misma rentabilidad publicitaria.

Se perderían los ingresos por las tasas de operadores privados y telecos. Con el retorno de la publicidad estas empresas lograrían la derogación de la tasa que graba sus ingresos.El Tribunal Europeo declaró conforme al derecho comunitario esta tasa. Su cuantía dependerá de la marcha general de la economía. En cualquier caso, mejor que paguen los grupos oligopólicos (de televisión o telefonía) que no introducir un canon general que grabara a todos.

El servicio público sería medido por los resultados publicitarios. Audiencias e ingresos publicitarios serían el baremo legitimador del servicio público. Si los ingresos publicitarios no llegaran a cubrir los objetivos presupuestarios RTVE sufriría recortes en su estructura y personal y estaría en riesgo de desaparecer.

A favor de la publicidad en TVE

Todos los argumentos a favor parten de la premisa de una publicidad limitada que excluya la comercialización de la programación.

Los programadores se esforzarían en conquista a la audiencia. Una televisión sin publicidad corre el riesgo de divorciarse de las audiencias. No hay servicio público sin público.

La diversificación de fuentes da estabilidad financiera. Los ingresos publicitarios pueden compensar los altbajos de los recursos públicos.

Efecto benéfico sobre el mercado publicitario. El regreso de un competidor como TVE, por muy disminuido que esté, aumentaría la competencia en este mercado oligopólico.

Por una reconsideración del servicio público multimedia y su financiación

El servicio público de RTVE no puede ser reducido a TVE y menos a los resultados de audiencia de La Uno en prime time. El servicio público consiste en una oferta de contenidos audiovisuales de calidad (plurales, incitadores de pensamiento crítico y de la participación social) a través de los canales tradicionales de radio y televisión y de las nuevas plataformas interactivas.

La financiación de este servicio puede tener las siguientes de fuentes de financiación:

Presupuestos generales. Los presupuestos deben financiar el coste neto total del servicio público, concretado en las obligaciones establecidas por un contrato programa.

Tasas sobre televisiones y telecos. Su cuantía minoraría la aportación de la subvención pública al coste neto del servicio público. El procedimiento de cálculo debe concretarse al máximo para evitar su judicialización.

Ingresos comerciales. Explotación de productos. Patrocinio y publicidad limitada. Reducciones drásticas sobre los tiempos de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, sin interrupción de los programas y ausencia en determinadas franjas, como las de protección infantil. Estos ingresos publicitarios tendrían que obtenerse con independencia de los ingresos públicos y respetando las reglas de la competencia y servirían para financiar programas con un caracter de servicio público menos marcado.

Salvemos RTVE, queda poco tiempo


Asisto con dolor a un nuevo asalto contra la televisión pública.

Vuelve José Antonio Sánchez, condenado por la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical como máximo responsable de aquella TVE del Prestige, la huelga general, el Yak 42, las armas de destrucción masiva (aquel documental de Judit Miller emitido a toda prisa)… En una década su curriculum como gestor ha ganado brillo: ha despedido improcedentemente a prácticamente toda la plantilla de Telemadrid, pagado indemnizaciones a costa de los madrileños y externalizada la producción en favor de empresas amigas, él, trabajador en excedencia de Telefónica y colaborador del PP. No importa, algunos en el PP piensan que apretando los tornillos en TVE todavía se pueden ganar las elecciones ¿En que mundo viven? ¿No se han enterado todavía que la televisión ya no es omnipotente y que si lo fuera ellos ya se han encargado de reducirla a la irrelevancia?

Y Montoro anuncia que TVE ya no jugará en la liga de las privadas. Como he visto en algún tuit TVE tiene que jugar en la liga de la BBC (que no deja de tener también sus graves problemas). El asalto neoliberal es todavía más grave que el de la manipulación, aunque este justifica aquel. ¿En qué consiste el servicio público? ¿En lo que no resulta rentable para las privadas? Eso es lo que parece suguerir el ministro de Hacienda, que entre tanto mantiene el suspense de cómo evitará la quiebra de RTVE si es que sigue sin aflojar los 130 millones que le negó a González Echenique.

Orgullo porque una institución como el Consejo de Informativos, por la que tanto luchamos durante décadas, esté funcionando. El Consejo de Informativos no es un soviet, sino un órgano institucional de RTVE al que la ley confiere la defensa de la independencia profesional de los informadores y de la independencia editorial de TVE. Alejandro Caballero, su presidente, lo explica perfectamente en el vídeo que incrusto al final.

Pena por la escasa respuesta social. He abogado por el rescate ciudadano de RTVE, pero, pese a todo el esfuerzo de los trabajadores, no se ha logrado construir un movimiento, una “marea”, en favor de la radiotelevisión pública, en gran parte porque los nuevos movimientos sociales han nacido con una desconfianza genética hacia los medios de comunicación masivos (la hostilidad de los grupos multimedias oligopólicos viene de suyo).

Defiendo la rentabilidad económica y social de la radiotelevisión pública y su conversión en un servicio público multimedia, que ofrezca a todos contenidos gratuitos de calidad en todas las plataformas: un servicio público que mida su rentabilidad no por los beneficios o los índices de audiencia del prime time, sino por el servicio a los ciudadanos, medido por el alcance de sus contenidos y servicios en todas esas plataformas.

El Consejo de Informativos defendía ayer volver a un modelo de independencia informativa. La independencia se gana en el día a día, pero para ello es condición mínima contar con la independencia jurídica, esto es, volver, al menos a un Presidente que cuente con consenso parlamentario.

Creo que ese sistema debe revisarse, ampliando las entidades que puedan proponer candidatos a consejeros y presidente a organizaciones profesionales, sindicales y sociales y someter a los candidatos a un sistema de escrutinio riguroso para verificar sus méritos profesionales e independencia. Confiar la orientación estratégica y la supervisión al consejo de administración y a su presidente y entregar la gestión a un ejecutivo independiente elegido en concurso público. Y someter a referedum vinculante de los informadores el nombramiento del director de los Servicios Informativos.

Sí, la independencia es posible, el servicio público genuino esencial para la democracia también. Pero no sé si dentro de unos meses RTVE no será una ruina irrecuperable.

(En este blog he hablado mucho del servicio público de la radiotelevisión. Estas son las etiquetas para recuperar las entradas: servicio público, TVE, RTVE)

No a la fusión de La Dos y Teledeporte


Distintas informaciones periodísticas  (El Mundo / El País) aseguran que la Dirección de RTVE se dispone a fusionar La Dos y Teledeporte, en el marco de un supuesto “plan de eficiencia”, operación que en sincronía con el cierrre de canales de TDT para desalojar frecencias en favor de la telefonía 4G.

Fusionar ambas cadenas es más que un error, es un suicidio. Es mezclar agua y aceite, dos temáticas y dos audiencias incompatibles. En plena fragmentación de audiencias y en con la debacle de RTVE, La Dos resiste. Su audiencia está en torno al 2’7% (ayer 3’6) cuando TV1 ha caído por debajo del 10% (ayer 8’7%). Quiere decir que La Dos no se ha visto afectada ni por la falta de credibilidad (La Dos Noticias ayer 272.000 espectadores de media) ni por la pérdida de calidad de los programas. En cambio, Teledeporte no remonta (0’7% de cuota de audiencia en el último mes). Debe ser que a los españoles no les interesa más que los deportes tribales mayoritarios.

Los tiempos en los que La Una y La Dos se complementaban han pasado. Entonces, TVE podía competir con dos cadenas con A3 y T5 (con una sola cadena cada una) y rentabilizar derechos deportivos adquiridos por la UER. Ahora, los competidores tienen varios canales administrados con una pauta publicitaria única y buscando “targets” específicos y RTVE no está en condiciones de comprar derechos deportivos que atraigan audiencias masivas.

La Dos + Teledeporte es menos que una cadena. Lógicamente, los deportes minoritarios que nutren TDP tendrían que tener sus espacios propios en la cadena, en detrimento de los programas culturales, informativos y cinematográficos que nutren ahora La Dos. La Dos es la única opción para una audiencia exigente en todo el panorama televisivo español. Las llamadas “temáticas”, salvo la presencia de series norteamericanas de culto, no son sino de reempaquetados de programas para “targets” publicitarios.

He escrito y mantengo que el deporte minoritario de TDP es más servicio público que la Champions. Para ello sería suficiente un canal en streaming, como parece que se planea. Si el acontecimiento deportivo lo merece, su lugar es La Una.

Es hora de que RTVE saque todo el partido a sus medios interactivos y establezca mayores sinergias entre canales analógicos e interactivos.

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