Sistemas de financiación de los medios públicos en Europa. Por una financiación estable, suficiente y sostenible de RTVE


Financiación

Los medios públicos, signo de la identidad europea, están en peligro. La batalla por su supervivencia se da en el campo de la financiación

Antes la radiotelevisión pública (PBS), ahora los servicios públicos multimedia- multiplataforma (PSM) son esenciales para la cohesión social y territorial y el mantenimiento de una esfera pública comunicativa. No solo tienen que adaptarse al nuevo entorno interactivo y a los cambios en los hábitos de consumo, sino que afrontan poderosísimos competidores tecnológicos y la enemiga declarada de la emergente ultraderecha.

El populismo de extrema derecha, el fascismo 3.0 (que contagia a los viejos partidos conservadores) considera estratégico destruir el servicio público.

Como muestra el emblemático botón de la BBC. Dominic Cummings, el cerebro tras la victoria del Brexit y ahora el más poderoso asesor de Boris Johnson, declaraba ya en 2004 que para que el partido conservador dominara la comunicación era vital minar la credibilidad de la BBC, la creación de un conglomerado de medios equivalente a Fox News y permitir los anuncios políticos pagados en televisión.

Ahora, el gobierno conservador quiere revisar el estatus de la BBC en 2022 (la actual Carta Real estará en vigor hasta 2027) y parece dispuesto a eliminar la licencia obligatoria y convertirla en una suscripción voluntaria. Su director general, Lord Hall, ha dimitido. Y se procederá a despedir 450 periodistas para ahorrar 80 millones de libras. La Corporación ya había integrado sus redacciones de radio, tv y online. Ahora reduce autonomía de los programas, producirá menos noticias, dará prioridad a las distribución online. No, no es racionalizar, es destruir el servicio público

Mientras que los ataques a la independencia informativa son más fácilmente identificables, el debilitamiento del servicio público a través de una insuficiente y cuestionada financiación son más insidiosos, en cuanto que se presentan invocando a la eficiencia fiscal y a la adaptación a los nuevos hábitos de consumo. Proponer una suscripción pública voluntaria es un torpedo dirigido a la línea de flotación del servicio público.

La infografía que abre esta entrada el servicio de estudios de la UER resume las líneas básicas de la financiación entre sus asociados, 31 servicios públicos europeos, de dentro y fuera de la UE. Un dato medio, como un coste diario de 10 céntimos por ciudadano, puede ser engañoso, porque las diferencias entre países son  abismales. En cambio, es bien significativo que el conjunto de los servicios públicos audiovisuales se financien por debajo de la inflación, de modo que los recursos reales en el periodo 2014-2018 han decrecido algo más del 4%, mientras que los competidores privados han crecido en términos nominales casi un 40% y las grandes plataformas tecnológicas más del 200%.

El propósito de esta entrada no es analizar las cifras de la financiación, sino reflexionar sobre la fundamentación de los distintos sistemas, su pros y contras.

Sistemas de financiación

 

Financiación distribución

Fuente: Funding of Public Service Media 2019. EBU Intelligence Service

Los presupuestos de estos servicios públicos se nutren de recursos públicos y comerciales.

 

Recursos públicos son las dotaciones presupuestarias, las tasas por recepción, los impuestos directos finalistas de los contribuyentes, las tasas e impuestos directos finalistas pagados por operadores privados.

Recursos comerciales, la publicidad, el patrocinio, la explotación de productos y derechos y las distintas formas de acceso condicional (servicios de pago).

En todos los países se da una mezcla de fuentes de financiación, pero como se aprecia en el gráfico las dominantes son las dotaciones presupuestarias y, sobre todo, las tasas de recepción. Ni las figuras tributarias, ni los sistemas de administración, ni, por supuesto, las cuantías son equiparables de país a país, pero lo que distintos estudios muestran es una fuerte correlación entre financiación, contenidos, audiencia y apreciación (EBU y estudios académicos) y calidad democrática (Reuters Institute).

La financiación pública libera a los servicios de las exigencias del mercado, mientras que la publicidad los pone en línea con sus requerimientos. Pero eso no quiere decir que a la financiación publicitaria aumente la audiencia. Como se ha dicho, la audiencia depende de una financiación suficiente, sea mediante recursos públicos o comerciales.

La tasa de recepción (canon)

Licence fee, redevance, Rundfunkbeiträge, canone… aquí, en España, donde solo existió en los inicios de la televisión, llamamos canon a la tasa por recepción.

Conviene recordar la diferencia entre impuestos tasas. Un impuesto es una contribución pública general realizada por personas físicas y jurídicas que graba una determinada capacidad económica (renta, patrimonio, propiedad, transación económica, negocio jurídico). Una tasa es una contribución que compensa el disfrute particular de un determinado bien o servicio público, sin perjuicio de que ese servicio genere un beneficio general.

Un buen ejemplo de tasa puede ser el peaje pagado por atravesar un puente que une dos ciudades, cuya existencia genera beneficios para esas ciudades, la región y el país en su conjunto. El canon de la radiotelevisión es una tasa finalista dedicada al pago del servicio público (encomendado a una o varias empresas públicas).

canon mundo

Históricamente, cuando la radio nace en Europa, aparece como una tasa de naturaleza semejante a la pagada por estación emisora, en cuanto que el proceso emisión-recepción supone el uso de un recurso público, el espacio radioeléctrico. Lo recaudado se dedica a financiar las nacientes radios públicas. Poseer, primero en los 20, un receptor de radio y, luego en los 50, uno de televisión no dejaba de ser algo excepcional. De modo que, aunque los receptores estuvieran muy  pronto presentes en cualquier lugar se mantuvo la idea de que los poseedores de un aparato (la inmensa mayoría) debían de pagar el servicio con esta tasa.

Dependiendo de los países el canon se ha venido pagando conjunta o separadamente por uno o varios receptores de radio y/o televisión. Es una tasa finalista destinada a financiar uno o varios servicios (por ejemplo, en Alemania ARD y ZDF) y hasta la producción independiente en el caso de Irlanda. En la UE las cuantías pueden ir de los 10 € de Rumanía a los 327 de Dinamarca (ver gráfico, datos de 2014). Francia, Reino Unido, Alemania e Italia tienen como principal fuente de ingresos el canon.

Pros:

  • Crea una vinculación entre el servicio y los ciudadanos que lo pagan directamente. Consiguientemente, refuerza el sentimiento de que el servicio es de los ciudadanos y la obligación de dación de cuentas por los gestores.
  • Previsibilidad presupuestaria.
  • Liberación de las exigencias del mercado.
  • Relativa independencia de las vicisitudes políticas presupuestarias. La tasa se aprueba parlamentariamente, y, por tanto, puede modificarse conforme las mayorías parlamentarias, pero no depende de los ajustes presupuestarios anuales.

Contras

  • Defraudación. Un clásico de las viejas comedias británicas (por ejemplo Los Ropers) era la ocultación apresurada de los receptores ante la llamada del inspector de la licencia. De ahí el sistema coercitivo de multas por impago, con la consiguiente impopularidad. El porcentaje de defraudación sin mecanismos efectivos de coacción puede ser alto (Italia, 26%).
  • Altos costes de administración. Por ejemplo, en Suiza, Billag, la empresa encargada de cobrar la tasa tiene una plantilla de 300 trabajadores.
  • Carencia de progresividad. Todos pagan lo mismo, sea cual sea su capacidad económica. Ello obliga a establecer excepciones. Por ejemplo, en el Reino Unido los mayores están exentos. Esta excepción antes era compensada por el gobierno, pero en la última revisión de la Carta fue asumida por la Corporación, lo que le ha supuesto una importante merma de ingresos.
  • Cambio de hábitos de consumo. Hoy pueden consumirse los contenidos del servicio público sin tener una aparato de radio o televisión, o, como ocurre con los jóvenes, o no consumirlos en ningún dispositivo.

En toda Europa hay una reconsideración del canon. La propuesta más radical es su conversión en una suscripción voluntaria,  que más adelante analizaré. Apunta una tendencia a grabar a los hogares, con independencia de los dispositivos que se posean. Esta nueva tasa puede ser cobrada junto con impuestos sobre la vivienda o, como en el caso de Alemania (17,50 € al mes) o Italia (100 € al año) con el recibo de la luz, lo que simplifica su gestión.

Con todo, cuando los ciudadanos han sido consultados han validado el canon. En Suiza el billag (recibe popularmente el nombre de la empresa recaudadora), 387 € anuales, fue ratificado en 2018 en referéndum por una contundente mayoría de más del 71% de los votantes.

Dotación presupuestaria general

También puede denominarse subvención pública. Cada año, los presupuestos generales dedican una partida específica a la financiación del servicio, al margen de otros ingresos públicos, como el canon o los impuestos a operadores.

Conceptualmente, es el sistema que mejor se adapta a la verdadera naturaleza del servicio: todos los contribuyentes, consuman o no sus contenidos, se benefician de cohesión social y territorial, de su papel esencial para conformar la esfera pública, en consecuencia es justo que se financie con los impuestos de todos, como la educación o la sanidad.

En Europa es la segunda fuente financiera, tras el canon. En los Países Bajos y la mayor parte de los países de Europa del Este es el recurso más importante de la radiotelevisión pública.

A menudo, la dotación o subvención pública es acordada en marco plurianual con la entidad a la que se encomienda el servicio mediante un contrato-programa, que vincula la financiación pública al cumplimiento de determinadas obligaciones. De este modo, la subvención pública puede que financie programas informativos, culturales, los destinados a los menores, la promoción de la igualdad, la cohesión social y territorial, mientras que el puro entretenimiento puede estar pagado por la publicidad, donde existe.

Pros

  • Todos financian el servicio. En la medida en que el sistema tributario sea más o menos progresivo, así será más o menos justa esta financiación. En un panorama de crecimiento de la televisión de pago, los que más tienen y disfrutan de servicios de pago, financian también el servicio para todos, del mismo modo que los que acuden a la sanidad privada contribuyen a la sanidad pública.

Contras

  • Dependencia política. Cada año el gobierno puede aumentar o disminuir la dotación por razones políticas o simplemente financieras. Esta dependencia se palía con la existencia de un contrato programa.
  • Inestabilidad financiera.

Impuesto directo finalista ¿progresivo?

Impuesto finlandia

Impuesto directo en Finlandia. Fuente: The Next Web. 28-11-12

Como alternativa al canon, se crea un impuesto directo finalista a pagar por todos los contribuyentes en su declaración anual de la renta.

El caso más notable es el de Finlandia, donde ha sustituido al canon. El tipo es un 0,68% fijo sobre los ingresos sobre, con exenciones para menores de 18 años y rentas por debajo de los 7.352 € anuales y reducciones para los jubilados. Como puede verse en el cuadro, frente al canon anterior de 252 € por hogar, este nuevo impuesto es más progresivo.

El reto sería introducir un impuesto directo y finalista verdaderamente progresivo, con tipos crecientes con la renta. O quizá como un porcentaje sobre el resultado del IRPF. Telededotos propuso en su Dictamen de 2015 que en la declaración de la renta se incluyera información sobre la cantidad que cada contribuyente dedica a financiar RTVE.

Pros

  • Los mismo del canon: vinculación directa con el servicio, independencia del mercado y de los avatares políticos.
  • Mayor aceptación, a mayor progresividad.
  • Sencillez de recaudación.

Contras

  • Impopularidad de un nuevo impuesto allí donde no exista el canon.

Tasas e impuestos directos a operadores privados

Fue una ocurrencia de Sarkozy, copiada de prisa y corriendo por Rodríguez Zapatero: grabar a las televisiones privadas, a cambio de eliminar la publicidad de las públicas (en Francia se ha mantenido en prime time).

La Ley 8/2009 (pdf) justifica la medida en su Preámbulo declarando que “parece lógico que quienes resulten beneficiados por esta decisión sean también quienes soporten, en parte, esa carga económica”. Beneficiados, de forma directa, lo fueron los canales privados de televisión -los promotores de la norma en la sombra-, aunque la medida se extendió a los operadores de telecomunicaciones que presten servicios audiovisuales. La supresión de la publicidad pavimentó el camino al oligopolio de los dos grandes grupos, Atresmedia y Mediaset, que terminó por consagrar normativamente la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual.

Más allá de su origen, en un régimen  de competencia público-privada, una de las funciones del servicio público es paliar las deficiencias del mercado. Tiene lógica, por tanto, que sean los operadores privados quienes financien, en todo o en parte, las misiones de servicio público.

En España, los operadores de telecomunicaciones de ámbito estatal o superior a una comunidad autónoma prestadores de servicios audiovisuaales realizan una aportación de un 0’9% de los ingresos brutos de explotación, mientras que en el caso de las televisiones privadas, que entonces concesionarias del servicio público de ámbito estatal, deben pagar el 3%, también sobre sus ingresos brutos de explotación. A este impuesto -así reconocido por la STS 2425/2017– se suma la transferencia de un porcentaje de la tasa por la reserva del dominio público radioléctrico, existente con anterioridad.

Este impuesto directo ha sido combatido por las compañías de telecomunicaciones en los tribunales españoles y europeos, que han fallado que el gravamen es conforme al derecho español y al comunitario, que no incumple las normas que rigen las ayudas públicas ni vulnera la regulación de las tasas contempladas por el Reglamento Europeo de Telecomunicaciones. No obstante, la liquidación de estas aportaciones ha dado lugar a todo tipo de controversias ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el regulador español.

Pros

  • Los que se benefician de un mercado cuyas deficiencias son paliadas por el servicio público son los que cargan con su financiación.
  • No supone una carga ni para la Hacienda pública, ni para los ciudadanos, aunque los operadores de telecomunicaciones pueden terminar por repercutir el gravamen en el precio de los servicios prestados.
  • Como el resto de los recursos públicos, libera al operador del servicio público de las exigencias del mercado.

Contras

  • Imprevisibilidad. Las empresas públicas no pueden hacer sino previsiones aproximadas de cuales serán sus ingresos por estos conceptos, pues desconocen los planes de las compañías privadas de televisión y telecomunicaciones.
  • “Cuanto mejor audiencia tengan mis competidores, más ingresos tendré”. El servicio público no puede reducirse a un proveedor de contenidos minoritarios, las televisiones públicas tienen que seguir compitiendo por las grandes audiencias, de modo que, paradójicamente, cuanto mejor sean los resultados de su competidores y perores los propios más recursos recibirá.
  • Contenciosidad. Las grandes compañías privadas y sus poderosos servicios jurídicos despliegan cada año todos sus recursos legales para minmizar estas aportaciones.

Publicidad

La televisión se desarrolla en Europa en los años 50 en el molde público de los ya existentes servicios públicos de radio, entonces en la mayor parte encomendados a empresas estatales. Pero es también muy fuerte la influencia de Estados Unidos, donde la televisión se había convertido en el gran medio de masas. Así que, como hay que realizar importantes inversiones y la televisión con cortes publicitarios era un éxito al otro lado del Atlántico, son pocos los países que se resisten a introducir los anuncios en los nuevos programas de televisión.

La publicidad se convierte en fuente importante de financiación de los nuevos servicios en muchos países, destacadamente Francia e Italia y en menor medida Alemania. La BBC queda preservada, pero a cambio es el primer operador público que tiene que competir con un operador con publicidad, la ITV.

El caso de España es especial. Pronto se abandona el canon, y con los ingresos publicitarios se construye la red de transmisión, los estudios e instalaciones y los programas que se llevaban a festivales internacionales para intentar lavar la cara al franquismo. Y todavía cada año un importante remanente nutría las arcas de la Dirección General del Tesoro. Si, como por entonces dijo Lord Thompson (propietario de The Times), una licencia de televisión era lo más parecido a un permiso para acuñar moneda, más aún en un régimen de monopolio. Por si fuera poco, el régimen franquista podía presumir de que España era el único país europeo en el la televisión era gratis.

La llegada de las televisiones privadas en los 90 va mermando los ingresos y arrastra a TVE a una competencia feroz que degrada sus programas y crea un enorme agujero financiero. En 2009, el gobierno Zapatero, entrega a las televisiones privadas el mercado publicitario en el que TVE todavía era líder. Hoy Atresmedia y Mediaset concentran más del 80% del mercado publicitario.

En toda Europa, las rtv públicas han visto declinar los ingresos publicitarios y, en consecuencia, ha aumentado el porcentaje de ingreso públicos de una u otra procedencia. Quizá sea la RAI la comañía pública que mejor saca provecho a la publicidad, con unos ingresos de 550 millones de euros, pero muy por debajo de los 1.758 millones recaudados por el cano (presupuesto consolidado 2108).

publicicad por plataforma

Fuente: Funding of Public Service Media 2019. EBU Intelligence Service

La televisión no ha sufrido la terrible sangría publicitaria que en el ecosistema digital ha castigado a la prensa, como se aprecia en el gráfico adjunto. En su conjunto, la televisión lineal tradicional pierde muy poco audiencia, pero la fragmentación limita notablemente la capacidad de las televisiones públicas de financiarse con publicidad. Además, los hábtos cambian. Los jóvenes consumen ficción en streaming y este hábito se extiende poco a poco a la población de mayor edad, en parte por la política comercial agresiva de los operadores de telecomunicaciones y las plataformas OTT por sucripción, en parte por el empobrecimiento de los contenidos de las televisiones lineales, propiaciado por la lucha por el prime time en las televisiones comerciales y recortes presupuestarias en las públicas.

Pros

  • Libera a los operadores públicos de la dependencia política y las restricciones presupuestarias de los recursos públicos y les ayuda a lograr la autonomía financiera.
  • Exige acomodar la programación a los gustos de las mayores minorías.
  • Libera al contribuyente de gravámenes específicos, aunque los gastos publicitarios sean trasladados luego a los consumidores vía precios.

Contras

  • Somete a los operadores públicos a los requerimientos del mercado.
  • Hace indistingibles las programaciones de las televisiones comerciales y las televisiones públicas.
  • Es un recurso en declive, debido a la fragmentación de audiencias y al cambio de hábitos de consumo.

Recursos de explotación

Todas las radiotelevisiones públicas explotan comercialmente sus producciones y prestan servicios a terceros. En la edad dorada, las televisiones públicas europeas eran grandes fábricas audiovisuales y la venta de sus productos suponían importantes ingresos. Las normas europeas de apoyo a la producción independiente, los cambios del mercado y las constricciones presupuestarias han convertido a los operadores más en contratistas que productores, pero todavía la gestión de los derechos de las producciones propias y coproducciones, así como la prestación de servicios a terceros sigue siendo una relevante fuente de recursos, aunque por detrás del canon, la dotación o subvención pública y, allí donde existe, la publicidad.

En esta categoría cabría incluir el patrocinio, pues aunque es una forma de publicidad menos agresiva, va ligada directamente a un determinado programa o contenido digital. La Ley 8/2009 solo permite a RTVE el patrocinio y el intercambio publicitario de contenidos culturales y deportivos. La CNMC ha sancionado en varias ocasiones a RTVE por introducir patrocinios o publicidad en retransmisiones deportivos con multas de hasta un millón de euros.

Pros

  • Aumenta la autonomía financiera.
  • La producción debe planificarse con un ciclo de explotación más allá del consumo inmediato.
  • Obliga a los operadores públicos a establecer una explotación eficiente de sus productos y servicios.

Contras

  • La búsqueda del patrocinio o de su ulterior explotación puede condicionar la calidad de los contenidos.

Acceso condicional. La trampa de la suscripción

Los servicios públicos mediáticos pueden financiarse mediante alguna forma de acceso condicional: pago por visión o suscripción temporal. Puesto que uno de los fundamentos esenciales de estos servicios es el acceso universal, libre y gratuito ningún operador europeo (al menos que yo conozca) aplica sistemas de acceso condicional dentro de su territorio.

En cambio, imponen sistemas de pago a aquellos que quieren acceder a sus canales o contenidos digitales desde otros países. Los operadores públicos europeos contratan con operadores de pago la difusión de sus canales en el extranjero (como hace TVE), crean canales internacionales por satélite que no están sometidos a restricciones publicitarias (caso de la BBC) o establecen sistemas de vídeo bajo de demanda de pago.

financiacion publica frente suscripción privada

Fuente: Funding of Public Service Media 2019. EBU Intelligence Service

Como se dijo más arriba, en la reconsideración del canon aparecen propuestas (como la del gobierno conservador británico) para sustituirle por una suscripción voluntaria. Es frecuente la comparación de la cuantía del canon o de lo pagado por cada ciudadano con el coste de los paquetes de canales de pago y sobre todo con el precio de suscripción a los servicios OTT, cuyo representante más agresivo en Netflix. Más allá de que, como puede verse en la infografía, el coste medio es notablemente inferior en el caso del servicio público, lo importante es que esa suscripción voluntaria es radicalmente contraria a la esencia del servicio público y su introducción significaría su destrucción a medio plazo.

La comparación con Netflix y otros operadores OTT no se sostiene. El servicio público tiene un conjunto de misiones complejas: promover el debate público, la cultura, la igualdad, la cohesión territorial, contenidos dirigidos a públicos minoritarios o protegidos y, en definitiva, modelar una esfera de comunicación pública. Produce información, formación y entretenimiento, todo tipos de géneros y formatos televisivos y contenidos en los nuevos lenguajes multimedia destinados a todos. Netflix y adláteres producen esencialmente ficción y, en menor medida, documentales y su finalidad no es ya congregar audiencias masivas sino lograr con cada nueva producción un impacto mediático que conquiste más suscriptores y una fidelidad para sucesivas entregas del producto. Sus resultados económicos dependen del número de suscriptores, no del consumo que se realice.

Supongamos que una ciudanía muy concienzada se sucribe masivamente. ¿Qué pasa con el resto?  ¿Se beneficiarían de los contenidos informativos, de entretenimiento y culturales sin pagar nada? Sí, los suscriptores tendrían un vínculo personal con el servicio, pero ¿podrían darse de baja o de alta, como tanto consumidores hacen hoy cambiando casi mensualmente de servicio OTT en función de las novedades ofertadas?

Financiación participativa

Bonini y Pais (veáse Fuentes) han realizado una interesante propuesta, introducir modalidades de crowdfunding y participación en los sistemas de canon.

El canon se mantedría con su misma estructura y cuantía, pero quien lo deseara podría darse de alta en un sistema participativo mediante el pago de 5 € (por costes de administración), lo que les daría derecho a decidir sobre los contenidos a producir por un valor de un 20% de la inversión total, de modo semejante al modelo de presupuestos participativos introducidos por algunos ayuntamientos.

Un método como este podría perfectamente aplicarse no solo donde haya canon, también donde exista un impuesto directo o individuación de lo aportada a través del impuesto sobre la renta.

Lograr una participación popular es uno de los grandes retos del servicio público, de modo que es imprescindible explorar sistemas como el descrito. Una suscripción participativa podría servir no solo para decidir sobre los contenidos a producir, sino también para crear un cauce de elección de representantes del público en los órganos de asesoramiento y gobierno y, en general, para crear un canal para hacer oir la voz del público en el interior del servicio público.

Una financiación sostenible para RTVE

No hace falta recordar que RTVE se encuentra en una crisis profunda, uno de cuyos elementos es su insuficiencia financiera. RTVE es uno de los servicios con una menor coste per capita, solo 19 €., frente a los, por ejemplo, 41 € de la RAI (veáse cuadro). Nunca se ha alcanzado el tope de los 1.200 millones de euros, establecido por la Ley 8/2009 para el bienio 11-12 y conflictos como el de la aplicación del IVA han supuesto mermas muy importantes en unos presupuestos ya de partida insuficientes.

Hasta que se afronte una reforma general, es imprescindible una aumento de la dotación presupuestaria compesatoria del servicio público, como se anunciaba para los no aprobados presupuestos de 2019 (incremento del 9’5%). Pero lo importante es establecer un sistema que asegure una financiación sostenible y suficiente para las misiones de un servicio público, que ya no se limita a la radiotelevisión, sino que se extiende a todo tipo de plataformas.

El primer paso es que el las Cortes aprueben un nuevo mandato marco, que defina para la próxima década las misiones del servicio público, en el nuevo ecosistema comunicativo, muy distinto al de 2006. E inmediantamente iniciar la negociación de un contrato-programa, que concrete los objetivos y las aportaciones presupuestarias en un marco trianual.

Examino a continuación el papel que cada una de las fuentes debieran de tener en uno nuevo mix financiero:

  • Publicidad, no. De cuando en cuando todavía se oye alguna voz que pide la reintroducción de la publicidad. La publicidad se eliminó precipitadamente, en un pacto con las televisiones privadas, sin un plan serio sobre las consecuencias de la medida, pero hoy su regreso sería letal. El servicio público, multimedia, multiplataforma, volvería a ser medido exclusivamente por los ingresos publicitarios, lo que obligaría a una deriva aún más comercial de los programas. TVE perdería un imporante signo de identidad, la emisión sin interminables pausas publicitarias. Y los ingresos podrían ser magros, pues el mercado es muy distinto al de 2010. Ahora el oligopolio Atresmedia-Mediaset absorve más del 80% de los recursos publicitarios. Además, RTVE desmontó sus servicios de comercialización publicitaria. Y, sobre todo, sería suicida volver a apostar por un recurso declinante, como es la publicidad.
  • Canon, no. Como hemos visto se encuentra sometido a revisión en toda Europa, pero además en España, sin tradición, significaría una carga altamente impopular y con costes elevados de administración.
  • Mantener y extender las aportaciones de los operadores privados. Una vez que los tribunales españoles y europeos han declarado estos gravámenes conforme a Derecho, no tendría sentido eliminarlos. Al contrario, deben extenderse a los servicios de vídeo bajo de demanda. Y debe clarificarse su liquidación para evitar conflictos y aumentar, en la medida de lo posible, su previsibilidad.
  • Mantener la transferencia del 100% de la tasa sobre el la reserva del dominio radioeléctrico.
  • Dedicar un porcentaje fijo de los ingresos sobre el IRPF. No supondría una carga nueva, daría estabilidad e informaría a cada contribuyente sobre su aportación al servicio público. Permitiría crear, además, algún instrumento de participación, al estilo de los presupuestos participativos.
  • Flexibilizar el patrocinio y reforzar la explotación comercial en el exterior.
  • Subvención compensatoria. La dotación presupuestaria directa tendría que complementar a las otras fuentes hasta satisfacer el total de las obligaciones presupuestarias derivadas del contrato-programa.

¿Qué porcentaje debiera de corresponder a cada fuente? En 2018 las aportaciones de los operadores privados fueron de 193 millones, 380 millones la tasa radioeléctrica, 341 la subvención compesatoria y 58 los ingresos comerciales. Sin un análisis económico no se puede responder, pero el ideal podría estar en un 30% tasa radioléctrica, 30% aportaciones operadores, 20% IRPF, 10% explotación comercial y 10% subvención compensatoria, esto es, 60 % aportaciones de operadores privados, 30% aportaciones públicas y 10% explotación comercial.

FUENTES

EBU Media Intelligence Service. (2019). Funding of PSM 2019. (pdf)

Saurwein, F., Eberwein, T., & Karmasin, M. (2019). Public Service Media in Europe: Exploring the Relationship between Funding and Audience Performance. Javnost – The Public, 26(3), 291–308. https://doi.org/10.1080/13183222.2019.1602812

Bonini, T., & Pais, I. (2017). Hacking Public Service Media Funding: A Scenario for Rethinking the License Fee as a Form of Civic Crowdfunding. JMM International Journal on Media Management, 19(2). https://doi.org/10.1080/14241277.2017.1298109

Campos Freire, F. (2014). “El nuevo horizonte de la financiación de la radiotelevisión pública europea”. COMUNICACIÓN AEIC BILBAO 2014.

How is TV funded around the world? BBC news, 31-03-14.

 

 

Conectar con los jóvenes: la difícil recuperación de la universalidad del servicio de los medios públicos


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La foto que ilustra la portada del último informe del Reuters Institute sobre la audiencia de los informativos de las rtvs públicas lo dice todo: receptores de televisión arrumbados para su desguace. Y un título también expresivo, una audiencia de mayor edad, bien educada y políticamente diversa. En las conclusiones -y en los titulares de las noticias que dan cuenta del informe publicado la pasada semana- términos amenazantes: riesgo de irrelevancia si no se conecta en el nuevo ecosistema multiplataforma con el público joven y menos educado.

¿Están los medios públicos condenados a la irrelevancia, a una lenta decadencia mientras sus viejos espectadores y oyentes van muriendo? ¿Siguen prestando un servicio esencial en una sociedad democrática? ¿Deben ser financiados con recursos públicos si sus contenidos solo alcanzan a los más mayores y más educados?

Estas preguntas no tienen fácil respuesta. En esta entrada acudiré a las aproximaciones de los más recientes informes sobre el estado de los medios públicos y sus servicios informativos (ver fuentes al final), para terminar con una reflexión personal.

Una precisión terminológica. Los medios públicos europeos se categorizan hoy como Public System Media (PSM), en lugar del tradicional Public System Broadcasting (PSB), en cuanto que ya su distribución no se limita a los canales lineales de radio o televisión dirigidos a audiencias masivas (broadcasting) sino que se realiza también en un entorno multiplataforma en línea. Lamentablemente no tenemos en español una traducción fácil de estas denominaciones, pero para PSM propongo Servicio Público Multimedia.

Informe Reuters Institute: la audiencia de los medios públicos

El estudio analiza el alcance de los medios públicos en 8 países europeos a partir de encuestas con una muestra de en torno a 2.000 encuestados en cada país. Son datos desglosados de su Digital News Report y se han obtenidos a comienzos de 2019. No son datos de audiencia obtenidos por sistemas de medición a partir de audímetros (televisión) o distribución de etiquetas digitales (plataformas) y no comparan los medios públicos más que con sus mayores competidores privados (analógicos y digitales). Su valor es limitado, pero muy útil como indicador de tendencias.

Su principal conclusión es que los servicios de los medios públicos (PSM) ya no son servicios universales, pues aunque mantienen un muy relevante alcance social con su programación en línea que llega a una audiencia políticamente diversa, dejan de lado a los más jóvenes y menos educados, siendo su impacto muy pequeño en las plataformas digitales.

Veamos los datos.

Alcance

Al hablar de las audiencias televisivas estamos acostumbrados a manejar el share, esto es, el porcentaje de espectadores que ven un determinado programa sobre el total de los espectadores que ven en un momento determinado la televisión. Es un dato pensado para retribuir la publicidad y propicio para crear relatos de ganadores y perdedores y, sí, también, muy útil para que los programadores midan el impacto de sus contenidos. Pero para un servicio público el dato relevante debiera de ser el reach, el alcance, esto es, el porcentaje de la población total a la que da servicio durante un periodo de tiempo determinado. En el caso de este informe y referido a los servicios de noticias (radio, televisión, web y otras plataformas digitales) el periodo es la semana.

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A la vista de los datos puede afirmarse que los servicios de noticias de los medios públicos siguen siendo un factor informativo muy relevante que alcanza a más de la mitad de la población, salvo en Francia, España y Grecia.

La fortaleza de los medios públicos reside en los tradicionales servicios lineales offline (todos, menos RTVE y ERT, superan a sus competidores privados), pero aunque en algunos casos el porcentaje alcanzado online es notable, en la mayor parte se trata ya de espectadores u oyentes alcanzados por los canales lineales, siendo muy limitado el porcentaje que solo se sirve de los servicios de noticias online.

La BBC es un caso único, pues no solo la audiencia digital supera el 50%, sino que además añade un 10% al alcance total. Malos son los resultados de RTVE, tanto en audiencias offline como online. Llama la atención el caso de la RAI, con buenas audiencias offline y online, pero con muy pocos usuarios exclusivamente online.

¿Es una fortaleza o una debilidad esta dependencia de los canales tradicionales? Los redactores del informe sostienen que es una debilidad, que es insostenible depender de estos canales lineales, pero como argumentaré más adelante puede ser también una fortaleza y la más importante.

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Jóvenes

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Del gráfico anterior resultan algunas conclusiones. Que los competidores digitales privados superan a los públicos en su alcance online (salvo en el caso de la BBC). Y que el servicio de noticias a los jóvenes entre los 18 y los 25 años lo siguen prestando los medios públicos fundamentalmente a través de los canales lineales. Estamos hablando del sector de la población menos interesada en las noticias y así y todo están escuchando o viendo las noticias de los medios públicos en porcentajes muy significativos, el menor un 32% en RTVE, el mayor un 51% en RAI.

Solo la BBC tiene una audiencia online mayor entre los menores de 25 años. Jóvenes y mayores se informan en porcentajes muy significativos por Facebook, sobre todo mayores, y Youtube, sobre todo jóvenes, (no se incluyen otras plataformas), siempre inferiores a los canales tradicionales de los medios públicos, pero a veces superiores a sus canales online. Pero hay otros datos, la audiencia online de 18 a 25 años es decreciente y, sobre todo, el grupo más numeroso de audiencia exclusivamente offline es el de mayores de 55 años en todos los países.

Sí, es cierto, los medios públicos están sirviendo sus noticias preferentemente a la población más mayor a través de sus canales lineales, pero aún así el alcance a los jóvenes a través de estos mismo canales es significativa.

Población con menores niveles de educación formal

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Los resultados de la encuesta muestran que los sectores menos educados de la población se informan menos a través de los medios públicos que los que tienen más altos niveles educativos. En dos países son más notables estas diferencias, República Checa y Reino Unido, pero prácticamente inapreciable en España. En general, este desfase es mayor en los servicios online que en los tradicionales offline. Y mayor en las plataformas sociales que en los competidores privados offline y online de los medios públicos. Nuevamente hay que recordar que estamos ante una encuesta, donde las muestras pueden estar sesgadas: por ejemplo, en la muestra británica los menos educados son 559 sobre 839, mientras que en España son 706 sobre un total de 730.

Con todo admitamos las conclusiones: los sectores menos educados se informan más por los medios privados que por los públicos y más todavía por las plataformas tecnológicas. Y el corolario (discutible) es que los medios públicos están fracasando en una de sus misiones esenciales, promover sociedades más igualitarias y más cohesionadas y en cambio pueden estar profundizando la brecha social.

Posiciones políticas

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En el eje izquierda/derecha la mayor parte de la audiencia de los medios públicos europeos es centrista, especialmente en los casos de BBC, RAI y RTVE, salvo el caso de Grecia, con una ERT claramente situada a la izquierda y su principal competidor privado muy escorado a la derecha. En general, las audiencias de los medios privados se sitúan más a la derecha. Los encuestados más a la derecha desconfían más de los medios públicos que los de la izquierda.

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En general, las audiencias de los medios públicos son menos populistas (entendido el populismo como cuestionamiento a la democracia representativa, véanse las preguntas que aparecen en el anterior gráfico) que las de los medios privados, con la excepción de RTVE, con una ligera orientación más populista (¿Sesgo en la muestra?) el sondeo no encuentra diferencias significativas en la confianza en los medios públicos entre los más y los menos populistas.

La conclusión es que los medios públicos informan a una población políticamente diversa, sin grandes sesgos a derecha o izquierda.

Diferencias entre países

En este estudio, la BBC tiene los mejores resultados de adaptación al nuevo ecosistema digital y servicio a los jóvenes y en segundo lugar está la finlandesa YLE. Las noticias de la BBC llegan online al 50% de la muestra, a un 48% de jóvenes offline y a un 56% online, y aún así los canales online no suman más que un 10% a los offline. Los otros grandes, Alemania, Francia, Italia y España son mucho más dependientes de sus canales online y en el caso de RTVE los resultados también son malos offline.

Hay que poner los resultados en el contexto de los recursos. El coste de RTVE es de solo 19 € por habitante (por detrás solo los 17 de la griega ERT) frente a los 102 de la BBC o los 112 de Alemania. Que yo sepa, ninguna de las informaciones sobre este informe han recogido el siguiente cuadro.

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Informe sobre el consumo de información por los jóvenes

CapturaEl Reuters Institute dedicó una sección de su Digital News Report al consumo informativo de los jóvenes y luego, este septiembre, ha profundizado más cualitativamente sobre actitud ante la información, aunque en este caso solo referido a Estados Unidos y Reino Unido.

Del primer informe general destaco un dato, para el 69% de los menores de 35 años el móvil es el principal dispositivo de acceso a la información. Pero más interesante me parece el análisis que el estudio cualitativo realiza sobre la actitud de los jóvenes británicos y estadounidenses ante la información.

Hay una ruptura de paradigma entre los medios periodísticos y los jóvenes. Los medios, los periodistas, creen que su misión es contar lo que su audiencia debe saber sobre el mundo en general y sobre todo su propio país. En cambio, los jóvenes, desde una perspectiva individualista, solo están interesados con los hechos que conectan con ellos personalmente y su entorno más concreto, las noticias que les resultan útiles, que les ayudan a progresar en su sus objetivos, las que les entretienen y les divierten.

Carmela Ríos ha resumido el informe en un estupendo hilo en Twitter. A la izquierda,  un destacado del propio informe sobre cómo conectan los jóvenes con las noticias.

Informe sobre la correlación entre medios públicos y calidad democrática

El Media Inteligence Servicie de UER/EBU (la organización de los medios públicos europeos) ha publicado también este septiembre un informe donde relaciona una serie de índices sobre la calidad de la democracia con los resultados y financiación de los medios públicos. Como fuentes externas utiliza los índices de democracia y participación política de The Economist, el de estabilidad política y control de la corrupción del Banco Mundial, el de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras y la satisfacción con la democracia del Eurobarómetro. Y como propias, las audiencias de televisión, radio y financiación.

La conclusión es que existe una fuerte correlación entre la calidad de la democracia y las audiencias y financiación de los medios públicos. Correlación, como recuerda el informe no significa casualidad, sino coincidencia, esto es que a mayores niveles de democracia los medios públicos están mejor financiados y tienen mayores audiencias.

En general, los países nórdicos obtienen los mejores resultados en los índices de calidad democrática y en la calidad de los medios públicos, seguidos por los cinco grandes, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. En los casos de Italia y España la correlación es algo más débil. Italia tiene peores índices de calidad democrática que España, pero mejores resultados de los medios públicos, mientras que en España los resultado de los medios públicos están por debajo de los índices democráticos del país.

A título de ejemplo se recoge aquí el gráfico de correlación entre el índice de democracia y la financiación de los servicios.

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Informe EBU/UER sobre el estado de los servicios informativos de los medios públicos

El más completo informe sobre los informativos de los medios públicos lo produce cada año UER/EBU, recogiendo aportaciones de profesionales, directivos y expertos y mediante el análisis de casos de buenas prácticas. El de 2018 se titula 50 ways to  make it better. Bulding audiences and trust.

El informe parte del hecho de que en el nuevo ecosistema se pasa de la atención concentrada en directo a la atención dispersa bajo demanda. Detecta una crisis de confianza en los informativos, con opiniones públicas más polarizadas y críticas. Y un déficit de conexión con las audiencias, especialmente con los jóvenes. Estudia 50 casos de buenas prácticas y resume el informe en 25 recomendaciones que aquí recogemos.

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Las seis primeras se refieren al modo de posicionarse estratégicamente en el nuevo ecosistema. Todos los medios públicos intentar posicionarse en el mayor número posible de plataformas y servir la información al público donde está su atención y en la la forma y el lenguaje más apropiado, pero esto exige un enorme esfuerzo e ingentes recursos, porque no se trata de adaptar el mismo contenido a distintos formatos y lenguajes, sino producir contenidos nativos para cada plataforma e innovar. El informe recoge experiencias interesantes, casos muy particulares, casi siempre de medios pequeños, salvo, como siempre la BBC embarcada en grandes proyectos como el análisis de datos o la construcción de algoritmos con valores de servicio público para posicionar sus contenidos.

El resto de las recomendaciones se refieren a lograr una nueva vinculación con la audiencia y reconstruir la confianza del público. Escuchar a la audiencia hoy es el mantra. Y pareciera que la única escucha posible es el escrutinio de las redes sociales. El informe advierte que no toda la población está en las redes sociales a las que tienen acceso los periodistas y que estas plataformas están sesgadas por algoritmos que buscan la mayor interacción con fines comerciales. Así que recomienda acudir a encuestas y a programas o contenidos construidos directamente desde la experiencia o expectativas de la audiencia. La mayor parte de las recomendaciones para reconstruir la confianza no son sino actualización de tradicionales buenas prácticas periodísticas.

Quizá las recomendaciones más novedosas se refieran a responder a las críticas de políticos y plataformas populistas. Tradicionalmente, en nombre de su imparcialidad, los medios públicos tenían que soportar estoicamente las críticas de los políticos, dejando que sus gestores dieran las explicaciones pertinentes en las instituciones (parlamento, consejos audiovisuales). Pero en este escenario político altamente polarizado, el informe considera que la pasividad no hará sino degradar más la confianza. Y a las tradicionales críticas de los políticos se suma el acoso a los periodistas en las redes sociales.

El informe concluye que las críticas provienen sobre todo de minorías organizadas articuladas en las redes sociales. La respuesta activa dependerá de cada situación institucional, pero se mencionan casos de recursos a los tribunales, retirada de los periodistas de las plataformas en que son acosados y se recomienda crear instancias rápidas y efectivas para dar respuesta y en su caso satisfacción a las quejas personales. Y, por supuesto, no echar más leña al fuego, no alimentar falsas polémicas, no amplificar la desinformación.

¿Cómo reconstruir la universalidad del servicio público?

La misión del servicio público de la radiotelevisión ha sido, tradicionalmente, servir gratuitamente a toda la población entretenimiento, información y cultura, a fin de mantener la cohesión social, atenuar las desigualdades de educación y lograr una ciudadanía participativa.

Ni siquiera en la etapa de los monopolios –share 100 %- se llegaba en los programas de mayor audiencia a toda la población. Con la llegada de la competencia privada el share se redujo drásticamente. En las audiencias de radio o televisión, unos lo han hecho mejor (BBC, alemanes, RAI) y otros peor (Francia, RTVE). Pero en todo caso, el alcance de sus distintos canales de radio y televisión era, es todavía, muy relevante. El riesgo es la irrelevancia en las plataformas en línea, la desafección de los jóvenes y los menos educados, tanto online como offline.

En el presente ecosistema de atención fragmentada el principio de universalidad exige, que al tiempo que se mantiene el peso e influencia en las grandes audiencias de los canales tradicionales, ofrecer y posicionar correctamente en línea los contenidos para las necesidades específicas de los distintos segmentos de la población, no atendidas o atendidas deficientemente por los medios privados.

El problema es que los medios son limitados y más en estas organizaciones públicas, siempre constreñidas presupuestariamente. ¿Qué hacer? ¿Transferir recursos de los canales tradicionales a las plataformas digitales? Puede ser suicida debilitar la mayor fortaleza del servicio público, su capacidad de congregar audiencias masivas. No es lo mismo, echar un vistazo a los titulares desde una red social que ver un fragmento del telediario. No es lo mismo por  tiempo dedicado, capacidad de atención y, sobre todo, porque el informativo en directo congrega simultáneamente una audiencia masiva que sigue siendo un factor decisivo de la conformación de la esfera pública.

Los contenidos informativos de los canales tradicionales de los medios públicos tienen que seguir siendo referente informativo primordial de la sociedad. Si esa batalla se pierde, todo está perdido. Eso no quiere decir que todo el esfuerzo de producción se concentre en los telediarios ni, desde luego, que una información se reserve para ser emitida a las tres o las nueve.

Es un mantra de las redacciones digitales el online first. Sí, primero en la web, en las plataformas digitales el avance, el directo y los primeros testimonios en las redes sociales, los hilos de Twitter; luego en el telediario la información elaborada y la valoración editorial; después, los podcast, los vídeos de animación didáctica para las redes sociales, los reportajes, documentales y debates en los canales de radio y televisión, las narraciones personalizadas para los jóvenes en redes…

¿Todo con los mismos recursos? Solo se puede intentar con una redacción integrada y una concentración en los verdaderamente importante, eliminando narraciones redundantes, aprovechando sinergias… Difícil, pero no imposible.

¿Cómo reconectar con los jóvenes y los sectores menos educados? En los programas de televisión y radio aumentando la diversidad, buscando su punto de vista para las cuestiones de actualidad, dando voz a los que no la tienen, abriendo la puerta a que colectivos sociales produzcan sus propios contenidos; no, desde luego, con más espectáculo o noticias entretenidas, que terminarían por expulsar a los verdaderamente interesados en la información. En las plataformas online buscando nuevas narrativas, temas más cercanos a los jóvenes, más personalización, más interacción.

No es fácil, porque hemos visto en los informes que la perspectiva de los jóvenes es muy individualista, buscan utilidad, entretenimiento, diversión en las noticias. Y ahí el servicio público tiene límites que no puede traspasar, no puede convertirse en un nodo más de la red del infoentretimiento para jóvenes. Por supuesto que los jóvenes están preocupados por la diversidad y el reconocimiento de las distintas formas de expresar la sexualidad, pero ¿no les preocupa el machismo, la vivienda, los empleos basura, la explotación de nuestros datos por las tecnológicas, el medio ambiente, el calentamiento global, las desigualdades crecientes, la Historia…?

¿Cómo reconstruir la confianza? La respuesta fácil es sacando al servicio público de la lucha política, pero eso sabemos que es imposible. Solo caben dos caminos. Mejorar la gobernanza y transparencia -en el caso español llevar a término el concurso público para el Consejo de Administración- y dando respuesta efectiva a las quejas de la ciudadanía. Pero aquí también el servicio público tiene límites. En una sociedad polarizada, la mayoría ya no quiere información imparcial sino sesgada hacia su posición.

El servicio público tiene que mantener sus propias plataformas digitales (web, postcasts, aplicaciones) y, por supuesto estar en las grandes plataformas de las tecnológicas. Tiene que buscar acuerdos cuando sea posible, pero no depender exclusivamente de ellas. Piénsese en la debacle de algunos ciberdiarios que habían centrado en su estrategia en Facebook cuando Zuckerberg decide reducir la presencia de contenidos noticiosos.

En cualquier caso, el objetivo de los medios de servicio público nunca será el clic (su financiación no puede depender del número de páginas vistas), sino el alcance, el servicio, la influencia.

Y desde luego para todo ello hace falta una financiación suficiente, estable, sostenible -lo que no es el caso de España.

Fuentes

Reuters Institute (2019): Old, Educated, and Politically Diverse: The Audience of Public Service News (pdf).

Reuters Institute (2019): How Young People Consume News and the Implications for Mainstream Media (pdf).

EBU Media Intelligence Service (2019): Democracy & PSM. How A Nation’s Democratic Health Relates To The Strength Of Its Public Service Media (pdf).

EBU (2019): Ebu (2019): 50 Ways To Make It Better. News Report 2018. Building audience and trust (pdf).

TDT: un plan técnico continuista


(Este texto ha sido originariamente publicado en Teledetodos el 15 de julio de 2019)

Otra vez el baile de canales en aras del llamado segundo dividendo digital. Más espectro radioeléctrico, más dominio público, para los servicios avanzados de telecomunicaciones (5G), menos para la televisión. Más servicios avanzados de pago con grandes promesas (Internet de las cosas), los mismos servicios de televisión abierta recolocados en un ancho de banda menor.

Antes del 30 de junio de 2020 tiene que producirse un reacomodo en el espectro radioeléctrico de los canales públicos y privados que emiten por la TDT, lo que supondrá para los consumidores volver a reprogramas las antenas de los edificios comunitarios y resintonizar los televisores. El proceso se ha puesto en marcha con la publicación en el BOE del 25 de junio del Real Decreto 391/2019, por el que se aprueba el nuevo Plan Técnico de la Televisión Terrestre, que sustituye al de 2014.

El Real Decreto fue sometido al trámite de audiencia e información pública, en el que Teledetodos presentó sus aportaciones, a las que luego nos referiremos.

El segundo dividendo digital

El espectro radioeléctrico es un dominio público natural sobre el que se desarrollan las radiocomunicaciones, una gran diversidad de servicios, que, dado que las ondas radioeléctricas no conocen fronteras, requieren una administración internacional, llevada a cabo por las conferencias mundiales de radiocomunicaciones en el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Las conferencias deciden la asignación de frecuencias a los distintos servicios (militares, de emergencias, de comunicaciones aéreas y marítimas, radiodifusión, telefonía etc.), reparten las frecuencias por continentes y asignan a los países los canales correspondientes para cada uno de los servicios.

En este marco intergubernamental, en el que las compañías de telecomunicaciones tienen enorme influencia, ha ido asentándose el consenso de atribuir más espectro, más dominio público, al desarrollo de los servicios avanzados de banda ancha inalámbrica en detrimento de los servicios broadcast (difusión masiva de programas de radio y televisión directamente por las ondas), sobre la premisa de que una administración más eficiente del espectro y avances en las normas técnicas de emisión permitirán mantener los mismos servicios de radio y televisión, incluso con mayor calidad. Más con menos, o, por mejor decir, mismos servicios con mejor calidad en menor ancho de banda.

Así, la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015 (CMR-15) asignó a los servicios de telefonía 5G en la Región 1 de la UIT (en la que está España) la banda de 700 Mz (694-790 Mz), hasta ahora dedicada a servicios de radio y televisión. Por su parte, la Unión Europea en la Decisión (UE) 2017/899 del Parlamento y el Consejo, de 17 de mayo de 2017 (pdf) regula las directrices para el uso coordinado de esta banda y establece la fecha límite del 30 de junio de 2020 para que los servicios de la televisión digital terrestre desocupen la banda de 700 Mz.

El contenido del Plan Técnico

El Plan Técnico Nacional hace efectivo en España el marco internacional al que estamos sujetos (CMR-17, Decisión (UE) 2017/899). Se trata de acomodar los operadores existentes, públicos y privados, en la banda de frecuencias de 470-690 Hz (canales radioeléctricos 21 a 48), lo que supone que una tercera parte de los canales de televisión cambiarán de canal radioeléctrico.

Se mantienen 8 múltiples digitales, cada uno con capacidad para cuatro canales radioeléctricos. RGE1 (con la posibilidad de realizar desconexiones territoriales) y las ¾ partes de RGE2 para RTVE, en total siete canales radioeléctricos (actualmente 6). Otros cinco múltiples (MPE1, 2, 3, 4 y 5) y un ¼ de del RGE2 para los canales privados.

Como hasta ahora corresponden a Atresmedia seis canales y siete a Mediaset, dos a Veo TV y Net Tv y uno a Trece Tv, Real Madrid, Ten Tv y Radio Blanca (en este último caso, 1/4 del RG2 que comparte con RTVE). A las comunidades autónomas se les otorga el múltiple MAUT. Y se mantienen los múltiples locales e insulares del anterior plan.

Durante el periodo de transición los operadores que deban cambiar de múltiple y canal radioeléctrico podrán emitir simultáneamente por el antiguo y el nuevo canal (simulcast), como ya ocurriera durante la liberación del primer dividendo digital. El calendario de migración se aprobará por resolución de la Secretaría de Estado para el Avance Digital.

La cobertura de los nuevos canales será la misma que en el anterior Plan: un 98% en el RGE1 (cuatro canales de RTVE), el 96% en el RGE2 (3 canales de RTVE y uno privado), 96% en los múltiples dedicados a los canales privados y 98% en los canales autonómicos públicos y 96% en los privados.

No se ha tenido en cuenta la propuesta de Teledetodos realizada en el trámite de audiencia pública para que la cobertura de los canales de RTVE en el múltiple RGE2 fuera del 98%, de modo que todos los canales de TVE tuvieran la misma cobertura, “garantizando una prestación homogénea y acorde a la vocación de prestación universal”. Así que puede ocurrir que en una misma localidad puedan verse unos canales de TVE y otros no. En cualquier caso, tanto los prestadores públicos como los privados deben alcanzar la misma cobertura de población alcanzada conforme el Plan de 2014.

Más grave es que el Plan Técnico no asigne frecuencias a los servicios de comunicación comunitaria sin ánimo de lucro, como también propuso Teledetodos. La LGCA (art. 32.2 y disp. tr. 14ª) ordenaba en 2010 al Gobierno que en el plazo de 12 meses estableciera las disposiciones reglamentarias adecuadas para dotar de frecuencias a estos servicios, tercera pata del sistema junto con los servicios públicos y los privados de interés general. Lamentablemente, este Gobierno, como los anteriores, sigue ignorando a este tercer sector, decisivo para una comunicación participativa y vivificador de las comunidades locales.

Las entidades que compartan un mismo múltiple deberán asociarse para su gestión técnica. En el caso de RTVE, respecto al múltiple que comparte ahora con Ten y luego con Radio Blanca, y de los prestadores de servicio público referido al múltiple MAUT deberán comunicar a las entidades privadas a los que se asigne canales en el mismo múltiple las condiciones que aplican para la gestión técnica, condiciones que se regirán por los principios de objetividad, proporcionalidad y buena fe “garantizando en todo momento la calidad y continuidad en la prestación de los servicios públicos de comunicación audiovisual televisiva de cobertura estatal y autonómica” (disp. ad. 2ª.1). Este redactado parece querer garantizar la primacía de la calidad de emisión de los servicios públicos, estatales o autonómicos, sobre los privados. En todos los casos la gestión debe permitir la optimización del uso de la capacidad del múltiple. Los conflictos se dirimirán ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

RTVE gana un canal radioeléctrico, pasa de seis a siete, lo que puede facilitar un salto más rápido a HD de todos sus canales (ahora de cinco canales solo TVE1 y La Dos emiten en simulcast en HD y SD) y, sobre todo, favorecer las emisiones en 4K.  Lástima que para ejercer un liderazgo en esta materia se requieran recursos de los que la Corporación no anda sobrada.

El Plan asigna a RTVE (y a los operadores autonómicos públicos) como obligación de servicio público la actualización del software de los aparatos receptores, para lo que llegarán a acuerdos transparentes, objetivos y no discriminatorios con los fabricantes, con las consiguientes contraprestaciones económicas, proporcionales a la capacidad del múltiple dedicada a esta tarea. Veremos si estos acuerdos son realmente ventajosos para los operadores de servicio público, o se convierten en una carga difícil de asumir para unas organizaciones infrafinanciadas.

Es, pues, en definitiva, este un plan continuista con el anterior de 2014, pues mantiene los mismos servicios, como no podía ser de otra manera, pues un Plan Técnico, promulgado por Decreto, no puede suprimir o conceder licencia ni crear o eliminar operadores de servicio público.

El ecosistema de la televisión en abierto en España es disfuncional. En el paso de la emisión analógica a la digital se apostó por trasladar el modelo de la televisión generalista, y los gobiernos sucesivos (Aznar, Zapatero, Rajoy) otorgaron licencias sin una programación diferenciada ni requerir verdadera especialización; sacrificando la calidad de imagen a la ocupación del espectro con el mayor número de canales posibles y sin exigir la implantación de nuevos servicios.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010 (pdf) en la práctica privatizó las frecuencias. Las licencias son por 15 años, renovables y transferibles. Al licenciatario se le entrega, de hecho, una frecuencia prácticamente de por vida, que puede transferir y arrendar (art. 29). Además, las laxas normas anticoncentración, solo aplicables antes de la operación de fusión o absorción, pero no a posteriori (art. 36 LGCA) han propiciado un oligopolio dominado por los dos grandes grupos, Atresmedia y Mediaset. El resultado son programaciones falsamente temáticas de los dos grandes grupos (los mismos programas de la televisión generalista empaquetados para targets publicitarios) y el arriendo de canales a las grandes majors norteamericanas por parte del resto de los licenciatarios. El Plan da continuidad técnica a esta situación.

Subvenciones para la reantenización

 El Plan Técnico va acompañado por el Real Decreto 392/2019, de 21 de junio, que regula la concesión directa de subvenciones para compensar a los propietarios los gastos que deban de hacer para adaptar las instalaciones de recepción de los edificios sujetos al régimen de comunidad, como ya se hizo con ocasión del primer dividendo digital. Las subvenciones van de 104,3 € hasta 677,95 €, en función de la adaptación y el equipo que haya de instalarse según el número de múltiples que cambien en cada zona geográfica, como se detalla en un anexo del Decreto. La cuantía estimada para estas ayudas es de 150 millones de euros (280 millones en el primer dividendo digital). No se contemplan ayudas para las viviendas unifamiliares, que en general no requieren más adaptación que resintonizar los canales en el aparato receptor. En este segundo dividendo digital no se habilitan subvenciones para compensar a los operadores por transmitir simultáneamente transitoriamente en dos frecuencias, como se hizo en el primero (R.D. 677/2014, de 1 de agosto).

El Gobierno comunicó estas ayudas a la Comisión Europea, que dictó con fecha 12 de abril de 2019 la Decisión C (2019) 2772, que consider la ayuda compatible con el mercado interior y adecuada y necesaria para favorecer el segundo dividendo digital y garantizar los servicios de televisión para los espectadores, proporcionada y neutral tecnológicamente. Se podrá utilizar cualquier solución tecnológica disponible, adsl, cable, satélite, TDT… menciona el preámbulo del R.D. Pero lo cierto, es que, como ocurriera en las subvenciones del primer dividendo, donde también se establecía el principio de neutralidad tecnológica, la inmensa mayoría de las adaptaciones realizadas en los edificios de vecinos para recibir las programaciones en abierto se hicieron –y se harán- en los equipos de recepción de la TDT.

La cobertura de las zonas de sombra

 Los operadores corren con el coste de la cobertura asignada, el 96% para los privados y el 98% para los públicos. Pero queda un 2’5% de la población sin cobertura de la TDT por vivir en zonas menos urbanizadas o remotas (zona II) y otro 1’5% que por razones orográficas no pueden recibir las emisiones terrestres (zona III).

En la transición de la televisión analógica a la digital se optó por emplear conexiones por satélite para la cobertura de la zona III y por establecer redes terrestres para la zona II, con la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos. En 2013 la Comisión, a raíz de una denuncia del operador de satélites ASTRA, declaraba incompatibles estas ayudas con el mercado interior. En 2017, el Tribunal Europeo de Justicia anuló en casación la decisión de la Comisión, pero en otro caso fallado en 2018 sí obligó a devolver las ayudas de Castilla-La Mancha a Cellnex.

Ahora, volverán a producirse zonas de sombra para los canales que cambien de múltiple. El Plan (disp. ad. 6ª) regula la que llama “iniciativa pública en la extensión de la cobertura de la televisión digital. Para que las Administraciones públicas puedan desarrollar esas iniciativas deberán obtener la conformidad de los prestatarios del servicio, no incurrir en distorsión del mercado, respetar el principio de neutralidad tecnológica y cumplir la normativa europea sobre ayudas estatales. La neutralidad tecnológica tiene especial relevancia pues su falta, esto es, la discriminación en favor de la solución terrestre en detrimento del satélite, fue el argumento central que llevó a la Comisión Europea a considerar ilegales las ayudas, de modo que ahora los concursos que puedan convocarse para ampliar la cobertura deberán ser especialmente estrictos en evitar cualquier discriminación entre plataformas tecnológicas.

La transición al HD y al UHD

 A estas alturas todavía solo los canales cabecera de cada uno de los grupos públicos y privados emite en alta definición (HD). El Plan fija la fecha del 1 de enero de 2023 para que todos los canales emitan en HD bajo la norma técnica H.264/MPEG-4 AVC, pero exigiendo solo la resolución de 720 líneas verticales, la calidad mínima para ser considerada alta definición. No se considerarán emisiones en alta definición las que hayan sufrido a lo largo de la cadena de producción, edición, transporte o difusión, algún tipo de conversión a otros formatos (art. 9.2). Creo que esta norma debiera interpretarse como cambio de formato el de la programación del canal en su conjunto o de partes significativas. De otro modo resultaría imposible utilizar material de archivo en los informativos u otros programas.

Durante el periodo de transición los operadores podrán seguir emitiendo en SD (576 líneas) los canales que ya hayan convertido en HD. De modo, que hasta julio de 2020 habrá programaciones emitiéndose en sendos canales radioeléctricos en dos bandas distintas y hasta 2023 canales transmitiendo simultáneamente en SD y HD.

A partir del 1 de enero de 2023 no habrá ya duplicación de canales y ello junto con una administración más eficiente del espectro y las mejoras de la adopción de la norma DVT-2 podrá liberar ancho de banda. El Ministerio de Economía podrá modificar el número de canales por múltiple en función de mejoras técnicas, pero este mejor aprovechamiento no habilitará para rebasar las condiciones de la licencia ni aumentar el número de canales por los licenciatarios (art. 7.3) y se podrá utilizar la capacidad restante para que los licenciatarios puedan prestar servicios conexos (guía electrónica de programación, transmisión de ficheros, aplicaciones, actualización de software) sin sobrepasar el 20% de la capacidad del múltiple (art. 7.4). Bien está que no se permita a los licenciatarios aumentar canales sobre el ancho de banda asignado, pero la norma parece dejar abierta la posibilidad de sacar a concurso nuevos canales, algo completamente innecesario con la actual saturación, cuando lo correcto sería apostar por aumentar la resolución o exigir que los licenciatarios desarrollen servicios conexos innovadores que potencien la interacción.

¿Y qué hay de la Ultra Alta Definición (4K)? El Plan contempla el 4K como una excepción. Solo se podrán emitir eventos extraordinarios por los operadores en los múltiples en que ya todos los canales hayan evolucionado a la emisión en HD, sin sobrepasar la capacidad que el licenciatario tenga asignada (disp. ad. 15ª.3). La codificación del vídeo se hará conforme la norma H.265/HEVC y con una resolución mínima de 2160 líneas verticales (art.10).

En el plazo de nueve meses se exige a todos los aparatos receptores de más de 24 pulgadas que incorporen sintonizador para HD conforme a la norma DVB-T2, que los de 40 pulgadas o mayores sean capaces de sintonizar 4K y conexión a banda ancha y a todos los de más de 24 pulgadas capacidades de televisión híbrida, conforme a la norma HbbTV 2.0.1 o posterior. En realidad, unas especificaciones que prácticamente cumplen todos los aparatos receptores que salen hoy al mercado, pero que dejan obsoletos a los televisores vendidos antes de 2014, cuyos propietarios para ver la televisión, cuando todos los canales emitan en HD el 1 de enero de 2023 no tendrán más remedio que conectar un decodificador al “viejo” televisor.

Son decisiones que garantizan que a partir de 2023 todos los canales emitan en DBV-T2 HD en la norma H.264 y que puedan existir canales en 4K bajo la norma H.265, con costes limitados para los operadores y gastos importantes para los consumidores si compran nuevos televisores o más asequibles, si optan por la compra de simples decodificadores. Se garantiza, así, que la TDT sea relativamente competitiva con las ofertas de pago en streaming, pero con una demora de más de tres años, que con la evolución acelerada de la tecnología parece excesiva.

El problema es que por mucho que los receptores puedan captar emisiones en Ultra Alta Definición las programaciones con esta resolución serán un caso excepcional, mientras no se adopten decisiones políticas: reserva de ancho de banda para estas emisiones y establecimiento de obligaciones de emisión tanto para los operadores públicos como para los licenciatarios privados.

El futuro de la distribución de la información audiovisual

El Plan (disp. ad. 14ª) garantiza hasta 2030 el uso por los servicios audiovisuales de la banda de 470-694 Hz, conforme a la citada Decisión 2017/899, que indica que esta asignación habrá de revisarse en 2025. Se apunta ya, por tanto, una posible merma de la banda destinada a la radiotelevisión en favor de un posible 3º (?) dividendo digital.

Durante algo más de una década será posible acceder gratuitamente a servicios primero en HD y luego, no antes de 2023 y como algo excepcional, en 4K, calidades que ya son ofrecidas por los servicios de pago en streaming. Ha faltado ambición de los poderes públicos y los operadores de la TDT para afrontar esa competencia.

Durante casi un siglo, desde la implantación de la radio en los años 20, la distribución a través de las ondas radioeléctricas del sonido y la imagen ha sido el método más eficaz y asequible para difundir masivamente contenidos de información, formación y entretenimiento. El público receptor ha disfrutado de estos mensajes sin costes de acceso, configurándose un servicio universal, esencial para el progreso, la cohesión y el pluralismo de las sociedades democráticas.

La digitalización ha traído unos nuevos servicios esenciales en la Sociedad de la Información, que nos han abocado a una tercera revolución industrial. La sociedad en conjunto se ha beneficiado, pero han sido los operadores de telecomunicaciones quienes han obtenido ingentes beneficios y los estados, mediante el procedimiento de la subasta del espectro, logrado importantes ingresos fiscales. En cambio, los usuarios de estos nuevos servicios digitales, deben pagar un coste de acceso, a diferencia del acceso gratuito a los tradicionales servicios broadcast.

No hay que ser adivino para pensar que los nuevos servicios digitales seguirán devorando más ancho de banda, en detrimento de los servicios de radiodifusión. Estos, por su parte, tendrán cada vez más difícil ofrecer resoluciones más altas (¿8K?) que exigen más ancho de banda, un recurso asignado cada vez más cicateramente al broadcast. Puede que en 2030 las programaciones de televisión deban necesariamente distribuirse sobre la banda ancha a través del protocolo IP, u otros semejantes (como el futuro DVB-I) , abandonando para siempre las ondas. En tal caso, los estados habrán de encontrar fórmulas para un acceso universal gratuito en banda ancha a los contenidos audiovisuales, especialmente, la información y la formación que se difunden en abierto por las ondas.

 

La comunicación en los programas electorales


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Estudio 1 de TVE en el que el 22 de abril se celebrará el primer debate a cuatro entre los cuatro principales candidatos de las elecciones del 28 de abril

El episodio del debate sobre los debates -el sainete, como lo calificó el Consejo de Informativos de TVE- ha puesto en evidencia, una vez más, el carácter instrumental para alcanzar y mantener el poder que para los partidos tiene la comunicación pública, y en particular RTVE como bastión, arma arrojadiza o apéndice desechable en su lucha por el poder. La única consecuencia positiva ha sido la demostración de que los consejos de informativos están bien consolidados y son capaces de defender la independencia profesional y editorial  -la misión que les encomienda la ley- en difíciles condiciones.

En la época en que la esfera pública se fragmenta en nichos, las rtvs públicas están en crisis, los medios han perdido credibilidad y los bulos son virales en las redes sociales, cabría pensar que los partidos en sus programas propondrían medidas para potenciar la comunicación pública y regenerar la esfera pública como espacio de ejercicio de derechos. Pues no, solo PP y Podemos tienen propuestas para RTVE, y solo el partido morado se ocupa de la responsabilidad informativa en el nuevo entorno digital.

Partido Popular

PP

En la medida 421  de su programa el PP propone unos principios rectores para los medios públicos que son inobjetables y que de hechos ya están incorporados en las normas reguladoras tanto de RTVE como de los organismos autonómicos. La cuestión es como hacer efectivos y garantizar esos principios. Podría decir que esos principios de profesionalidad, transparencia, pluralidad y racionalidad económica han sido reiteradamente traicionados por los gestores nombrados por el PP, pero ese juicio lo dejo al criterio de cada uno.

La única propuesta concreta es la eliminación del modelo de Administrador único, para el que no se ofrecen alternativas. ¿Volverá a defender el PP una elección de la cúpula de RTVE por mayoría absoluta, como solía desde el Gobierno, en un parlamento fragmentado?

Podemos

Podemos1

Podemos2

Los compromisos de Podemos en su programa respecto a RTVE, como se ve, son detallados. Más allá de la invocación del modelo BBC (que algún día deberemos revisar) apuestan por la consolidación del proceso de concurso, que con todos sus problemas de puesta en práctica, es la única vía factible para una nueva gobernanza más profesional y transparente. Añaden una medida inédita y no sé si de fácil ejecución: una auditoría semestral con participación rotativa de los profesionales.

En cuanto a la participación ciudadana, eterna asignatura pendiente de los medios públicos, se dice que se fomentará la participación directa de la audiencia, pero luego esa participación parece concretarse en concretar el derecho de acceso de los grupos sociales y políticos significativos, derecho constitucional (art. 20.3 CE) regulado restrictivamente por un reglamento interno de RTVE.

Respecto a la producción, proponen un plan de producción digital como desarrollo de la función de servicio público. En cuanto a la exclusión de la externalización de los servicios informativos, ya está en la ley en lo que se refiere a la programación informativa, aunque las sucesivas direcciones, de uno u otro color, han interpretado que esa prohibición no le impide contratar medios y personal externo. Por lo tanto, ¿se trataría de prohibir absolutamente esas contrataciones externas o simplemente limitarlas cuantitativamente y cualitativamente?.

Pero quizá el compromiso más importante y sin el que no podría abordarse los demás es volver a las dotaciones presupuestarias de 2012.

En esta propuesta detallada se echa de menos la necesidad de transformar RTVE en grupo multimedia y multiplataforma global, única vía para que el servicio público garantice el acceso universal a contenidos de calidad para todos y sea pilar central de la reconstrucción de la esfera pública.

Captura

Podemos es el único partido que contempla el fenómeno de las llamadas fake news. Apuesta por combatirlas mediante la deontología informativa, programas de alfabetización mediática y la participación de la audiencia en medios comunicación plurales. El problema va más allá de los bulos y reside en la comunicación basada en las emociones y en la polarización identitaria, pero las medidas genéricas propuestas son un punto de partida sensato para sanear la esfera pública. Y en la última línea se cuela una medida de calado, como es hacer transparentes los gastos de comunicación de la Administraciones Públicas, fuente de corrupción (casos Gürtel y Púnica) y de manipulación informativa.

PSOE

El Partido Socialista nada tiene que proponer en su programa sobre los medios públicos ¿será que no tienen ningún problema? Ni una mención, tampoco, a la esfera pública y a los derechos comunicativos de los ciudadanos en el nuevo entorno digital. Su estrategia de ciudadanía digital (p. 153) se limita a proponer medidas de acceso a la banda ancha.

Es detallado el programa de cultura, pero para nada se contempla su acceso a través de los medios masivos o los nuevos medios digitales. Se propone, sí, un impulso a la creación audiovisual y que las empresas de distribución y explotación, entre las que se citan las televisiones y las de VOD (vídeo bajo demanda) contribuyan al desarrollo del sector. La referencia al VOD parece una pista de que se someterá a las plataformas de vídeo en streaming a obligaciones de financiación de la producción europea, en términos semejantes a las televisiones, como requiere la Directiva de Servicios Audiovisuales, que tiene que transponerse antes del 20 de septiembre de 2020.

Ciudadanos

En el programa minimalista del partido naranja no hay ni una línea dedicada a estas cuestiones. Sorprende, en cuanto que Ciudadanos fue, junto con Podemos, gran defensor del concurso público para RTVE.

Vox

Entre las 100 medidas del programa de Vox, en la 35, dentro de su política de drástica reducción del gasto público, encontramos la promesa de cierre de las televisiones autonómicas, medida coherente con su objetivo (inconstitucional) de recentralización y desmontaje del Estado de las Autonomías.

En defensa de unos medios públicos veraces, libres e independientes

Así reza la declaración lanzada después de la convocatoria electoral por un conjunto amplio de organizaciones académicas, ciudadanas, sindicales y profesionales, nacionales e internacionales, en defensa de RTVE. Estas organizaciones dan la alarma sobre la situación de RTVE, proponen la conclusión del concurso público, el rearme financiero del servicio público y abrir un proceso público de discusión sobre el futuro del servicio público.

También la red Innonews (grupos de investigación sobre innovación en informativos de televisión) lanzó su propia declaración en defensa de la calidad de la democracia y la comunicación, que insta tanto a los partidos como a la ciudadanía a reconstruir una comunicación responsable, crítica y participativa, esencial para la democracia.

El balance del repaso de los programas electorales es decepcionante, con la relativa excepción de Podemos. En una situación de fragmentación parlamentaria y, presumiblemente, gobiernos de coalición frágiles, será difícil que sea una prioridad el mantenimiento de un espacio de comunicación pública que pivote sobre unos medios públicos regenerados.

Las iniciativas sociales aquí mencionadas apuntan un camino. Construir no un pacto de Estado -cualquier pacto de Estado parece hoy cada vez más difícil- sino un gran consenso social, un gran pacto social previo sobre el que construir después las medidas legislativas.

Por fin vía libre al concurso para la renovación de RTVE


lazo-naranja-d1Les ha costado, pero finalmente ayer las mesas del Congreso y el Senado aprobaron las bases que regulan la renovación por concurso del Consejo de Administración de RTVE (pdf).

La nueva situación creada por el RDL. 4/2018 ha levantado todos los bloqueos. Ahora todos parecen tener la máxima urgencia en que el concurso se celebre y el Consejo de Administración y el Presidente que se están eligiendo estos días el Congreso y el Senado conforme a las reglas del RDL. sea no ya provisionales, sino provisionalísimos.

Hay que felicitar a los trabajadores de RTVE, a los consejos de informativos, al movimiento de las mujeres, que con su reivindación han hecho posible esta solución. Y a grupos de estudios como Teledetodos que han fundamentado teóricamente su necesidad.

No me interesa señalar culpables, vencedores o vencidos, no me interesa el análisis político. Me preocupa que las declaraciones de unos y otros sigan considerando a los expertos que decidirán el concurso como sus delegados, lo que no hace más que anticipar divisiones partidistas a lo largo del proceso.

Las bases aprobadas parecen garantizar la limpieza. La comisión de expertos tendrá que hacer público su baremo antes de la publicación definitiva de los admitidos. Se valorará la formación superior, el ejercicio periodístico, la experiencia en RTVE, la experiencia en otros medios, desarrollo de funciones de gestión en el sector de la comunicación, el proyecto de gestión y otros méritos relevantes profesionales, de investigación y docencia. Si los expertos hacen un baremo equilibrado, la composición del Consejo puede ser plural, no ya en la orientación ideológica, sino en las competencias profesionales. En mi opinión, el proyecto debiera tener una valoración destacada.

Los experto harán un informe personal motivado, puntuación incluida, por cada candidato, lo que supone contar con una lista por orden de méritos. La gran cuestión es si los consensos de los grupos parlamentarios respetarán esta jerarquía de méritos. Sería un escándalo que el candidato mejor valorado, especialmente en el proyecto de gestión, y sobre todo si hay diferencias claras, no fuera luego elegido Presidente.

Lo importante ahora es que personas con verdadero espíritu de servicio público y competencias acreditadas se animen a presentarse. Hay que recordar que los consejeros no tienen dedicación, ni remuneración, más allá de dietas por asistencia.

El Presidente sigue siendo el gestor todopoderoso. Antes tenía asegurada una mayoría de apoyo, de acuedo con los consensos partidistas. Ahora está por ver, pero tendrá, sin embargo, el plan de gestión presentado, que puede ser el argumento invocado ante un Consejo crítico.

Los plazos de todo el proceso son perentorios. Afortunadamente se miden en días hábiles y no naturales, como en alguna versión previa de esta norma. Frenta a la opinión mayoritaria creo que ahora es más importante la solidez de las resoluciones que su rapidez. No estaría mal que, teniendo en cuenta que agosto es inhábil parlamentariamente, el plazo para la presentación de candidaturas terminara a primeros de septiembre, de modo que los interesados pudieran perfilar mejor sus proyectos. En cualquier caso, un proyecto de gestión no puede ser un corta y pega y no se improvisa en quince ni en treinta días. Espero que los expertos sean capaces de discernir la calidad y originalidad de los proyectos.

Ahora solo queda que los partidos sean generosos y no interfieran. Por favor, comisarios políticos disfrazados de expertos o profesionales, absténganse.

¿Alguien cree en la independencia de RTVE?


La tormentosa tramitación del reglamento parlamentario para elegir al Consejo de Administración de RTVE y a su presidente tuvo este martes otro episodio de ruptura del consenso, que no augura nada bueno. La renovación de la cúpula de la Corporación se ha convertido en un escenario de batalla, donde la oposición del PP y C’s quieren desafiar al gobierno de Pedro Sánchez. Y en esa guerra está en juego la independencia y hasta la propia superivivencia de la radiotelevisión pública.

Competencia vs consenso

Entiendo la indignación de los profesionales de RTVE. Es cierto que con la composición aprobada los expertos designados por el PP (6) y C’s (1) tendrán mayoría en la comisión de expertos. Pero, ¿de qué estamos hablando de profesionales expertos que evalúan a otros profesionales o de representantes de los partidos, que filtran y ordenan los candidatos en función de intereses partidistas?

Parece que todo el mundo da por supuesto que esos expertos (¿catedráticos, profesores, periodistas, realizadores, técnicos, gestores?) no pueden ser independientes y que actuarán al dictado de los partidos que los designen para lograr, finalmente, una evaluación positiva para sus candidatos al Consejo y, sobre todo, a la presidencia.

Tenemos un problema y es que nadie se cree la independencia de los expertos, primero, y de los consejeros, después. Pareciera que lo de concurso es un paripé, una cortina de humo para que cada uno coloque a los suyos.

El sistema de nombramiento -tan chapuceramente establecido por la Ley 5/2017– combina la selección por competencia (curriculum y propuesta de un plan de gestión) con el consenso parlamentario. Los expertos evalúan. Las cámaras examinan y designan por la mayoría reforzada de 2/3 y de lograrse por mayoría absoluta, siempre que el candidato esté propuesto por la mitad de los grupos parlamentarios.

Lo que hay que exigir a la comisión de expertos es una evaluación independiente. Para ello es esencial que junto con la convocatoria del concurso se hagan públicos los baremos de evaluación, de modo que estos no se acomoden a posteriori al perfil de los candidatos.

Según el reglamento los expertos tienen que seleccionar 20 candidatos. ¿Simplemente aptos o no aptos? ¿Una lista con puntuaciones? En el primer caso, se dejaría más espacio para el reparto entre los grupos parlamentarios; en el segundo, el consenso parlamentario estaría condicionado por la evaluación técnica. En todo caso, la evaluación de cada candidato debiera de ir acompañada de un informe motivado.

La tentación del Decreto-Ley

En su entrevista en RTVE, Pedro Sánchez prácticamente anunció un Decreto-Ley si el reglamento del concurso seguía bloqueado en las Cortes. “El Gobierno -dijo- no va a mirar para otro lado”.

El cese de José Antonio Sánchez por cumplirse su mandato el día 22 deja a RTVE en una interinidad insostenible. Los consejeros rotarán en la Presidencia, pero sin las competencias ejecutivas del Presidente,  que, de hecho, serán ejercidas por los directivos a los que el Presidente delegó competencias. Se anuncian dictámenes y recursos para que el Consejo actúe ejecutivamente, pero ello no evitará la paralización.

Aparentemente, se dan las razones de “extraordinaria y urgente necesidad” que justificarían un Decreto-Ley. Pero además de reunir las mayoría parlamentaria necesaria para su convalidación, el Decreto-Ley puede ser objeto de recurso de inconstitucionalidad por parte de 50 diputados o senadores.

La interinidad que siguió a la dimisión de Alberto Oliart fue invocada por Rajoy para justificar el Decreto-Ley 15/2012, declarado parcialmente inconstitucional el pasado diciembre. La sentencia del Tribunal Constitucional declara que no se da la la extraordinaria y urgente necesidad, supuesto habilitante que el art. 81.6 de la CE exige al Decreto-Ley, para cambiar la composición del consejo, reduciendo los consejeros de 12 a 9 y eliminado a los consejeros propuestos por los sindicatos. En cambio, sí admite que este presupuesto existe respecto del cambio del método de elección, en cuanto permitiendo la elección en segunda votación por mayoría absoluta del Presidente se podía resolver el bloqueo que ponía en riesgo el funcionamiento normal de RTVE.

De modo, que según esta doctrina, el Gobierno no podría ir más allá de resolver el supuesto bloqueo para la elección de la cúpula directiva. Pero ¿existe tal bloqueo? Dudoso. El reglamento está en el último paso de su tramitación parlamentaria, guste o no la composición de la comisión de expertos. Correspondería, entonces, su aplicación. Bloqueo no, procedimiento que lleva varios meses, sí.

No es ejemplar la negociación de que dan cuenta las crónicas periodística en base a ofrecer consejeros a las distintas fuerzas políticas. ¿La regeneración es la vuelta a las cuotas?

El todopoderoso presidente

Antes el Director General del Ente y luego el Presidente de la Corporación han sido  siempre ejecutivos todopoderosos, en la medida que contaban con la aprobación gubernamental o con un amplio consenso parlamentario (2006-2012), que se traducía en una mayoría estable de apoyo en el Consejo. El sistema de concurso, si es que algún día llega a aplicarse, le daría todavía más poder, en cuanto que, además del consenso parlamentario, habría sido seleccionado por su méritos personales y por el proyecto de gestión presentado.

Si, como parece, el Dereto-Ley instaura una elección por consenso reforzado, lo decisivo será el nombre del Presidente. En el sistema de cuotas cada uno designará a los suyos y lo que se estará negociando es el Presidente, que difícilmente será “provisional”, salvo gestión catastrófica, cambio de composición parlamentaria o de gobierno.

¿Qué perfil debe tener el Presidente? En primer lugar, no debe ser un ejecutivo con intereses en el sector de las productoras. No a las puertas giratorias. No al bombeo de dinero público al sector privado.

La figura ideal debiera provenir del mundo de la comunicación, tener experiencia de gestión, visión de futuro y, sobre todo, autoridad, independencia contrastada y trayectoria de servicio público. No sé si existe ese mirlo blanco, pero si hay que elegir prefiero un personaje independiente capaz de seleccionar un eficaz equipo de gestores.

En fin, seguimos discutiendo si son galgos o podencos, sin adaptar, entre tanto, el servicio público a los cambios que el nuevo ecosistema informativo requiere.

P.S Y llegó el Decreto-Ley

Recojo aquí los dos tuits que he publicado una vez publiado el RDL. 4/2018.

Visto el texto RDL 4/2018 RTVE, bien justificada “extraordinaria y urgente necesidad”. Dudosa constitucionalidad modificar la composición de la comisión de expertos (véase doctina TC).

La prueba del algodón para la independencia de RTVE es que todos los grupos impulsen la elección por concurso, sin bloqueos, y que la dirección elegida ahora por cuotas sea realmente provisional, como establece el RDL.

Así se manipula


 

El objeto de esta entrada es reflexionar sobre un concepto tan elástico como el de manipulación.

Hace unos días las trabajadoras de RTVE (@mujeresRtve) lanzaron la campaña #Asísemanipula. Se trata de contar en primera persona episodios de manipulación en que se hayan visto envueltos los profesionales.  Las mujeres de la radiotelevisión pública han querido aprovechar las redes creadas en torno al 8 de marzo para denunciar la manipulación, justo en el momento en el que el PP ha bloqueado el proceso de selección por concurso de la cúpula de RTVE.

La campaña ha tenido éxito (1,3 millones de impactos en tres días), pero no olvidemos que los mensajes en las redes sociales llegan a los convencidos y que cualquier telediario de La Uno más que dobla esa audiencia. Así que, más impacto tienen los viernes negros, con presentadores y reporteros de negro para exigir que el PP se sume al consenso para aplicar el concurso público.

Lo que hacen los trabajadores de RTVE es denunciar malas prácticas periodísticas.

El testimonio en primera persona tienen mucha fuerza, pero estas malas prácticas están sistemáticamente documentadas en los informes de los consejos de informativos que, lamentablemente, no están directamente disponibles en sus páginas webs.

Antes de la existencia legal de los consejos, los periodistas de TVE y RNE crearon  (1996-2006) distintas instancias alegales (Comité Antimanipulación, Consejo Provisional de Informativos) que denunciaron manipulación ante la prensa. Y siempre existieron denuncias internas, incluso difundidas por los sistemas de mensajería electrónica, desde que en 1988 se instaló el primer sistema informático en la Redacción. De modo que no, los informadores de RTVE no han despertado de repente.  Pero, ahora, están diciendo basta, hasta aquí hemos llegado.

¿Solo existe manipulación en los medios públicos? Por supuesto que no, pero el precio a pagar en los privados por las denuncias puede ser el despido. En los medios públicos el castigo es el ostracismo profesional: arrinconamiento de los profesionales más críticos y, como consecuencia, creación de redacciones paralelas de fieles.

Informar es encuadrar

Que no se escandalice nadie. Informar es manipular en un sentido amplio. La realidad es multiforme y cada uno, tanto en nuestra percepción personal, o como periodistas, nos aproximamos a ella con una serie de filtros: valores personales, profesionales y principios editoriales en el caso de los periodistas. No existe una información objetiva única que pueda encerrar toda la realidad. Y menos en un minuto de telediario.

Para entender la realidad y hacerla entendible los periodistas no tenemos más remedio que enmarcarla o encuadrarla, esto es acudir a una idea central organizadora, que da sentido al acontecimiento y sugiere lo que está en juego (London, 1993). No es lo mismo crimen pasional que crimen machista.

Quizá una de las mejores aproximaciones al encuadre es la de Entman (1993):

“Encuadrar es seleccionar algunos aspectos de una realidad percibida y hacerlos más sobresalientes en el contexto de un proceso de comunicación, de tal manera que se fomente una definición particular del problema, una interpretación causal, una valoración moral y/o la recomendación de un tratamiento para el asunto descrito.”

Entonces ¿no existe la verdad? Claro que sí, los hechos son sagrados, pero no siempre es fácil desentrañar su sentido. Por eso se requiere una información plural, proviniente de distintos medios con distintos principios editoriales (pluralismo externo) y construida profesionalmente respetando la libertad de los informadores y el respeto a sus códigos éticos (pluralismo interno).

Qué es manipular

Manipular es presentar la realidad de forma que no sea reconocible para un observador neutral. Habrá diferencia en las interpretaciones, pero los datos básicos deben respetarse y ser reconocibles, aunque los llamemos y los enmarquemos de manera distinta.

Manipular es:

  • Mentir. Presentar como real algo inexistente. Se puede mentir hasta con fotografías, cuando, por ejemplo, se presenta una captura de un vídeo tutorial sobre intubación como la prueba del estado crítico de Chávez. Se miente también cuando se alteran las imágenes, cuando se cierra el plano para, por ejemplo, mostrar en una pancarta la conjunción euskera “eta”, como si fuera un lema de apoyo a la organización terrorista;
  • Ocultar la realidad. Fijarse solo en un aspecto parcial de la realidad que no es representativo de la misma. Un caso clásico: la información sobre una manifestación masiva y pacífica se focaliza en los disturbios provocados por una minoría. Ocultar la realidad es, también, quedarse en lo episódico, en lo banal;
  • Ser parcial.Tomar partido por una de las partes en un conflicto, anulando e igorando al resto. Por supuesto, los medios privados tienen sus principios editoriales, que les legitiman para apoyar a las opciones políticas o sociales que deseen, pero no para anular los argumentos de otras partes relevantes. En el caso de los medios públicos la regla es la imparcialidad. La radiotelevisión pública no puede tomar más partido que a favor de la dignidad humana, los derechos fundamentales y los principios constitucionales;
  • Ser falsamente imparcial. Recoger acríticamente las distintas versiones, sin profundizar, sin mayor esclarecimiento, tratando a todas por igual. Por ejemplo, poniendo en el mismo plano a los contrarios a las vacunas y a la doctrina científica. O, lo que es el mal más generalizado en España, limitando el trabajo informativo a recoger “cortes”, “totales” o “tuits” de los partidos que nada aportan (periodismo de declaraciones);
  • Sesgar la información. El encuadre supone una confrontación con la realidad, un esfuerzo por aprehender sus elementos definitorios, por encontrar su sentido y hacerlo de forma comprensible para los demás. El sesgo aparece cuando se sustituye un enfoque trabajosamente construido por un enfoque prefabricado (por nuestros intereses o prejuicios, por las fuentes o por los responsables editoriales) que excluye esa búsqueda de lo relevante; esto es. una pauta impuesta de modo sistemático.

La manipulación opera en la selección del acontecimiento (qué es y qué no es noticia) y su tratamiento (valoración editorial, relieve, duración en el tiempo).

Malas prácticas profesionales

La manipulación se asienta en malas prácticas periodísticas, que es lo que están denunciando los trabajadores de RTVE.

El trabajo informativo tiene una dimensión ética. Desde los años 20 del pasado siglo, las organizaciones de periodistas han codificado los deberes éticos que el periodismo comporta.  Un paso más es concretar los principios éticos generales en catálogos de buenas prácticas y delimitar las malas prácticas que incurren en algún tipo de manipulación o atentan contra la libertad informativa de los periodistas.

En el caso de RTVE, el código ético se encuentra recogido en el Estatuto de Información y las buenas y malas prácticas en su Manual de Estilo. Los informes de los consejos de informativos tienen su referencia normativa en estos documentos. No así, en las denuncias personales de estos días, mucho más libres.

Simplificando, creo que estas denuncias pueden clasificarse en dos categorías:

  • Atentados a la libertad de información y al buen hacer y la dignidad profesional: recibir el argumentario del PP para hacer una información; exigir que se den unas declaraciones y no otras; retirar a un corresponsal de un escenario bélico por presiones externas; ordenar hacer una información sin un elemento sustancial; ordenar que no se verifique una información…
  • Parcialidad, sesgo, encuadre episódico: dar más relieve a las posiciones del gobierno, ocultar los datos que le son negativos, no dar un hecho hasta que no hay réplica gubernamental, llenar los informativos de banalidades…

Percepción de la manipulación

Cada uno tenemos una mayor o menor identificación con los distintos medios, de acuerdo con nuestos puntos de vista y posiciones en la vida. Así que tendemos a considerar que manipulan aquellos medios que no se adaptan a nuestra visión.

Las denuncias profesionales son un buen barómetro de la manipulación. Por supuesto, tienen más valor las documentadas y argumentadas por los consejos de informativos que los tuits de estos días. Pero, en todo caso, en cuanto que agentes del proceso, están cargadas de una ineludible carga subjetiva.

Que no se me entienda mal, doy todo el crédito a estas denuncias, pero para determinar la existencia de manipulación debe acudirse a estudios científicos, análisis de contenido rigurosos que tengan en cuenta el toda la programación informativa: una información puede estar sesgada o no profundizar, pero el conjunto puede ser equilibrado y esclarecedor.

Estudios de contenidos realizan distintos grupos de investigación, pero siempre con muestras limitadas o sobre acontecimientos puntuales. Deben ser los reguladores externos quienes realicen de modo sistemático estos estudios. En nuestro caso, la CNMC, se limita a estudios puramente comparativos de la presencia y el tiempo dedicados a las fuerzas políticas (Informe CNMC cumplimiento servicio público RTVE). En TVE, en 2015 el Gobierno y su partido acaparan un 57% y bajan a un 40% en 2016. En RNE, en 2015 suman un 45%.

Mi percepción -todo lo sesgada que se quiera, en cuanto extrabajador de RTVE- es la de que los informativos de TVE están claramente sesgados a favor del Gobierno, enfangados en lo episódico y lo banal, pero, con todo, son más completos y permiten tener una visión más general del mundo que los de la televisiones privadas.

En cuanto a los informativos de RNE me parecen mucho menos parciales que los de TVE y así lo dejo dicho aquí, rectificando la equiparación que realizaba en la tribuna publicada la semana pasada en El País.

Los espacios de opinión de ambos medios, y especialmente sus tertulias, me parece carentes de pluralismo y son expresión del “pensamiento único”: ortodoxia neoliberal, toda alternativa es populismo, interpretación restrictiva y partidista de la Constitución.

De la manipulación a las fake news

Mal que bien estamos -profesionales y público- acostumbrados a tratar con la manipulación. Conocemos la orientación editorial de los medios, podemos seguir distintos medios si queremos, detectamos la parcialidad, sobre todo si va contra nuestras posiciones.

Las técnicas tradicionales de manipulación se centran en oscurecer la verdad, interpretarla abusivamente, retorcerla… Ahora hemos entrado en un nuevo estadio, el de las noticias falsas, las fake news. Se trata de, invocando el pluralismo, construir otro relato, una “verdad” alternativa, en el que las teorías conspirativas tienen una parte muy importante. La verdad ya no importa.

Las noticias se fabrican para una parte importante de la opinión pública que cuestiona radicalmente a los medios tradicionales, a los que acusan de manipulación sistemática. Se trata de sectores sociales polarizados a la izquierda y la derecha, que requieren respuestas sencillas a problemas complejos. Y una vez fabricadas se viralizan en estrategias perfectamente diseñadas, hasta construir un ecosistema mediático alternativo. Recomiendo la lectura de este trabajo que disecciona el fenómeno en Estados Unidos.

Si difícil es luchar contra la manipulación tradicional, más difícil lo será contra esta manipulación alternativa. La solución, una ciudadanía educada y crítica. No, desde luego, procedimientos de censura que establezcan la “verdad oficial”.

 

 

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