Otro referendum cortaría el nudo gordiano del conflicto catalán


Llevo muchos meses sin comparecer en este blog. Las razones, exceso de trabajo, vacaciones y -tengo que decirlo- un cierto cansancio. Hablar hoy de Cataluña, cuando prácticamente todo está dicho, es ya bastante inane. Valga esta entrada de desahogo personal.

En los próximos días nos jugamos la democracia y un futuro de paz y prosperidad para los próximos 25 años. Si una insurrección popular respaldara la muy probable declaración unilateral de independencia o si el gobierno recurriera a medidas de excepción habría terminado eso que algunos llaman el “régimen del 78” y que, con todos sus defectos, ha sido el período de democracia más dilatada de la historia de España.

Seamos optimistas. El referendum se celebra en medio de un caos organizativo, pero sin incidentes violentos. La participación no llega al 50% y los síes superan el 85%. Puigdemont proclama la independencia en medio de masivas movilizaciones. Y al día siguiente todo sigue igual. Ningún gobierno extranjero reconoce a la Cataluña independiente. Los empresarios siguen ingresando las cotizaciones en la Tesorería General de la Seguridad Social y la recaudación del IVA en la Agencia Tributaria. Las normas jurídicas, para ser tales, tienen que tener eficacia, ser acatadas por sus destinatarios. Y en el caso de la llamada de ley de transitoriedad eso solo es posible si se produce una insurrección popular, en medio de un enfrentamiento entre Guardia Civil y Mossos de Escuadra. Mejor no pensarlo.

¡Ay si se pudiera volver a empezar! Si pudieran borrarse las mesas de firmas del PP contra el Estatuto; el “Espanya ens roba”; la manipulación nacionalista de la Historia y la educación; la campaña de boicot a los productos catalanes; el recurso del PP ante el Constitucional; la manipulación de las inhabilitaciones de los magistrados del Constitucional; la sentencia derogatoria e interpretativa de partes (no sustanciales) del Estatuto; la manifestación contra el Estatuto; las movilizaciones de las Diadas; la cerrazón de ambas partes a un verdadero diálogo. Otro gallo nos cantaría si se hubiera celebrado un referendum, como proponía Rubio Llorente (¡en 2012!).

No, en las relaciones humanas, sociales y políticas no cabe el reinicio, el reseteo. No podemos empezar de cero. Mucho se ha perdido ya: la confianza entre Cataluña y el resto de España, una fractura difícil de cerrar dentro de la propia sociedad catalana. Veo a compañeros catalanes con los que he colaborado defendiendo la independencia y a otros en Sociedad Civil Catalana.  De ahí hay que partir, empezando por suavizar las tensiones.

No ayudan las sobreactuaciones de algunos jueces. Una cosa es incautar la infraestructura del referendum e incluso investigar y hasta procesar a sus responsables, y otra detenciones indiscriminadas o la prohibición de actos de propaganda, como ha ocurrido en Madrid, con la violación flagrante de las libertades de expresión y reunión. Mejor -más claro, más transparente- hubiera sido una suspensión de competencias autonómicas.

En el mejor de los casos habrá nuevas elecciones al Parlamento de Cataluña, que resultará en mayorías más cualificadas a favor de la independencia y el referendum. Y en este punto habrá que negociar. No la financiación autonómica o las inversiones. No, habrá que negociar unreferendum. No el referendum de autodeterminación de los independentistas, sino un referendum que deje clara la voluntad de los catalanes de iniciar un proceso de separación.

La pregunta podría ser “¿Quiere que Cataluña sea independiente y que para ello el Parlamento de Cataluña inste la reforma de la Constitución española?” Hace dos años me pronucié por incluir el poder de secesión en la reforma de la Constitución española (difícilmente se puede reconocer a Cataluña y no al resto de los territorios). Llegar a ese compromiso requeriría por parte de los independentistas detener el proceso insurrecional y por parte del resto de fuerzas políticas el compromiso firme de impulsar la reforma constitucional… pero dejando la última palabra a todo el pueblo español mediante un referendum final.

Si en ese primer referendum catalán (que podría incluir también como alternativa una oferta de reforzamiento del autogobierno) vence la opción de la independencia habría por delante un arduo camino lleno de obstáculos, pero con una hoja de ruta clara. Si se rechazarara, entonces quizás podríamos ocuparnos de los problemas reales: rescate de los perdedores de la crisis, lucha contra la corrupción y regeneración, transformación de la estructura productiva, adaptación al cambio climático, lucha contra la desigualdad, reforzamiento de los derechos civiles, políticos y sociales.

El referendum habría roto cortado el nudo gordiano.

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Cataluña y el poder de secesión constitucional


No sé si la independencia de Cataluña que hoy de facto ha declarado el Parlamento de Barcelona podrá ser parada con métodos jurídicos, incluso con la puesta a las órdenes del Delegado del Gobierno de la policía catalana, en el marco de la suspensión de la autonomía. De lo que estoy seguro es que de ser así no harán sino aumentar los independentistas.

La resolución del Parlamento de Cataluña supone la apertura de un proceso constituyente, pero como todo proceso constituyente requiere de una nueva legitimidad, que en este caso una minoría (muy cualificada) quiere imponer a una mayoría de catalanes y al resto de los españoles. Habitualmente los procesos constituyentes siguen a las revoluciones; aquí el proceso es a la inversa, el proceso constituyente para seguir adelante tendrá que desembocar en un proceso revolucionario en el que a la coacción del Estado se responderá seguramente con una toma de control de los centros de poder por parte de las masas independentistas.

Puede que ya sea imposible una salida sensata, pero en todo caso ésta pasaría por reconocer un poder de secesión a las partes constitutivas del estado compuesto en un régimen federal. No se trata de reconocer un inexistente derecho a la autodeterminación ni articular su alternativa líquida, el derecho de decidir. Es simplemente buscar fórmulas para que las partes de un Estado pueda permanecer juntas conociendo en que condiciones se pueden separar.

Resulta aburrido recordar -todas las instancias internacionales lo han dicho- que el derecho de autodeterminación se refiere a aquellos territorios en manos de un poder colonial, o, que por extensión se encontraran en una situación de grave violación de los derechos fundamentales de cada ciudadano a su lengua, su cultura o  ser víctimas de un expolio económico. No creo que ningún observador externo entienda que esa es la situación de Cataluña.

Alternativo al derecho de autodeterminación se presenta el derecho a decidir, que se entiende como la imposición de una postura de una parte (decidida por mayoría) al todo. Se dice que si no se permite decidir sobre el futuro de un pueblo, y en cuanto ello supone una grave violación de los derechos fundamentales, la rebelión es legítima. El derecho a decidir -nos dicen- es la esencia de la democracia. Olvidan que la democracia es el gobierno de las mayoría en un marco de Estado de Derecho (imperio de la ley) que garantice los derechos fundamentales, la división de poderes y elecciones libres. Y con una Constitución que garantice que los pactos constitucionales en los que se asienta el Estado no son cambiados por una simple mayoría parlamentaria.

El sujeto de ese derecho a decidir es cada uno de los ciudadanos, no los pueblos, las naciones o los territorios. Los catalanes llevan ejerciendo ese derecho a decidir mediante multitud de elecciones generales, autonómicas y locales y de modo muy destacado a través de los referéndums sobre la Constitución y los dos sobre los Estatutos. Cierto es que resulta un disparate jurídico que una norma del bloque constitucional como es un estatuto pueda limitarse después de un referéndum ratificatorio por el Tribunal Constitucional; si acaso ese control debía de ser previo. En esa sentencia se encuentra la fuente de una buena parte de la desafección actual.

Creo que ninguna Constitución de un estado compuesto reconoce el derecho de autodeterminación de sus partes. Lo hacía la Constitución de la República Federativa yugoslava. Las distintas repúblicas lo ejercieron rompiendo Yugoslavia, pero el problema vino cuando las minorías de esos nuevos estados invocaron también la autodeterminación. El resultado es dolorosamente conocido. ¿Donde termina  ese supuesto derecho natural? ¿en la nación, en el pueblo, en la región, en la comarca, en el municipio, en el barrio, en el cantón?

En cambio, dos estados compuestos, Canadá y Reino Unido, han encontrado solución para el problema de que una parte significativa de la población no quiera vivir con el resto. En el Reino Unido (sin Constitución formal lo que simplifica las cosas) se logró por un pacto político. En Canadá, mediante la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de agosto de 1998, que en esencia falló que la provincia de Québec no tenía derecho a la secesión, pero que el gobierno central tendría que negociar con el de la provincia su separación si así lo manifestaran respondiendo a una pregunta clara una amplia mayoría de quebequenses.

Aquí estamos nosotros. El titular de la soberanía es el pueblo español, pero una parte significativa de catalanes quieren ejercer separadamente la soberanía. La solución es un estado federal que reconozca el poder de secesión a sus partes constitutivas.

¿Cómo conciliar la soberanía del pueblo español con la del pueblo de Cataluña? Con una reforma constitucional que en el marco de un estado federal reconozca la facultad de las partes de separarse. Si se sigue el proceso de reforma constitucional -aprobación por 2/3 de las cámaras, disolución, elección de Cortes Constituyentes y referéndum ratificatorio- los españoles pueden pronunciarse sobre ese ejercicio fraccionado de la soberanía nacional.

¿Qué requisitos debieran de reunirse para ejercer el poder de separación? Aprobación parlamentaria por mayoría de 2/3, sometimiento a referendum de la pregunta “¿quiere que su territorio sea independiente de España”, que debería de recibir la aprobación de al menos la mitad más uno del censo electoral y, en su caso, negociación entre el gobierno del territorio y del gobierno central en el marco de unas reglas previamente establecidas por la Constitución. En caso de no ser ratificada la secesión no podría plantearse de nuevo en los siguiente diez años.

En ese estado federal cada territorio podría declararse nación, región histórica, tribu o clan si así le place y se inscribe en el respectivo Estatuto. Una u otra identidad no supondría más poderes, beneficios o asimetrías. Todos sabemos que nuestro estado de las autonomías es materialmente un estado federal, pero que carece de mecanismos de cooperación y adolece de un deficiente reparto de competencias y un deficiente sistema de financiación. Que esa reforma constitucional convierta al Senado en cámara territorial, delimítense competencias y si es necesario incorpórese el principio de ordinalidad financiera. Pero no se olvide que los derecho son de los humanos no de entelequias históricas.

Me sorprende que ninguno de los partidos que habla de una reforma constitucional en profundidad se refiera al proceso tan exigente y complicado que requiere nuestra Constitución. Pero no hay otro camino. La disolución de las cámaras, la convocatoria de Cortes Constituyentes y el referendum final no sólo garantizan el imperio de la ley sino que permite dar voz a todos los españoles, titulares todos y cada uno de ellos de la soberanía nacional.

No soy tan ingenuo como para pensar que las élites catalanes que han propiciado la rebelión constitucional estén o hoy dispuestas a aceptar esta vía de solución del conflicto. Y de otro lado no veo líderes ni fuerzas políticas con las ideas suficientemente claras para, por ejemplo, jugarse una mayoría parlamentaria disolviendo las cámaras y convocando Cortes Constituyentes. Ni tengo claro que los españoles aprobaran en referéndum una Constitución que incluyera el poder de secesión. Quizá primero tenemos que precipitarnos por el precipicio. Estamos en la orilla.

Poder constituyente


Madrid, 14 de abril de 1931 – Alfonso Sánchez Portela

España se acostó monárquica y se levantó republicana. El 14 de abril de 1931 las masas recogieron el poder constituyente en la calle. Las candidaturas republicanas habían vencido en las grandes ciudades en aquellas elecciones municipales del domingo 12 de abril. Allfonso XIII entendió el mensaje y se marchó -“no se ha marchao, que le hemos hechao”, decían las gentes en las calles.

Cuando la multitud empezó a concentrarse en la Puerta del Sol el 13 de abril el capitán al mando de la Guardia Civil se negó a sacar las tropas a la calle porque sus hombres no iban a obedecerle. La legitimidad monárquico-constitucional había quedado seriamente dañada por el apoyo del rey a la Dictadura de Primo de Rivera. El Comité Revolucionario toma el poder. El general Sanjurjo, director de la Guardia Civil, se cuadra ante Miguel Maura.

Un  cambio de legitimidad convierte al poder en constituyente, esto es, con la capacidad suficiente para delimitar las grandes líneas de la convivencia política y social plasmadas en una nueva constitución. La legitimidad cambia la mayor parte de las veces por una revolución (más o menos violenta, más o menos pacífica) o  más raramente por un proceso de consenso entre las fuerzas políticas.

Ese consenso constitucional se produjo en la España de la Transición.  Sin una ruptura formal con el orden anterior se llegó a una legitimidad democrática a lo largo de un tortuoso camino que desembocó en la Constitución de 1978. Desde luego que ese proceso no fue una hoja de ruta pensada por Juan Carlos de Borbón y ejecutada por Adolfo Suárez. Fue un proceso de negociación política a muchas bandas que no se hubiera producido sin la presión popular en la calle.

En una revolución el poder constituyente puede imponer una constitución. Eso en teoría, porque en la práctica entre las fuerzas revolucionarias suele haber pluralidad de criterios e intereses y muchas veces la discusión de la constitución fragmenta el concurso social que trajo la revolución. En cualquier caso, una constitución impuesta por una parte de la sociedad (más o menos mayoritaria) al resto sólo puede mantenerse por la fuerza o se disuelve en una sucesión de conflictos que termina por traer otra legitimidad.

Una constitución requiere un consenso tan mayoritario como para que no queden fuera más que fuerzas marginales, enemigas acérrimas de la nueva legitimidad. El poder constituyente se convierte en poder constituido con la proclamación de la constitución, pero para preservar el sistema logrado mediante pactos es necesario que el poder constituido (gobierno, parlamento) no puedan cambiar mediante un proceso legislativo ordinario la norma fundamental.

Todas las constituciones formales tienen alguna forma de blindaje. El problema es que si el blindaje es muy riguroso (“constituciones rígidas”) la reforma resulta casi imposible y, por tanto, en lugar de su puesta al día la única alternativa es abrir un nuevo proceso constituyente… pero para eso hace falta una ruptura y un cambio de legitimidad.

Los constituyentes del 78 establecieron (Título X) un proceso de reforma muy rígido, que exige siempre el acuerdo de las fuerzas parlamentarias mayoritarias (3/5 de las cámaras) y un mecanismo reforzado para la revisión total o una parcial que afecte a la definición del Estado, los derechos fundamentales y libertades públicas y la Corona: disolución de las Cortes por mayoría de 2/3, elecciones a cortes constituyentes, aprobación por mayoría de 2/3 y referendum.  Podría decirse que, en este paquete, si para unos se garantizaba que no se tocaran los derechos fundamentales, para otros, a cambio, se blindaba la monarquía.

Y en esta encrucijada nos encontramos. La legitimidad de 1978 se ha visto erosionada. La ruptura del pacto social ha dejado en la cuneta a gran parte de nuestra sociedad. Con nocturnidad y alevosía PP y PSOE se pusieronde acuerdo para modificar el art. 135, en teoría una norma de regulación de los presupuestos públicos, pero que, en la práctica al someter la política fiscal al dogma del déficit cero, supone la desnaturalización del estado social y democrático consagrado en el art. 1. La partitocracia ha arruinado la vida democrática.

La abdicación de Juan Carlos plantea de nuevo la cuestión de la forma de gobierno. La sociedad española está dividida por líneas ideológicas que hunden sus raíces en República y la Guerra y fragmentada por la crisis, con riesgo para la cohesión social. Por eso la causa republicana aglutina no sólo a los republicanos sino a muchos de los que llevan años defendiendo en la calle el estado social. Puede ser un proyecto ilusionante, pero también un espejismo: ¿y si detrás de la fachada de una república el edificio siguiera teniendo los mismos problemas estructurales?.

Las encuestas dicen que una mayoría está a favor de un referendum para decidir entre monarquía y república. En principio podría recurrirse al referendum consultivo del art. 92, pero constitucionalmente sería más que dudoso, en cuanto que  lo que se pregunta atañe a una de las instituciones  protegidas por el procedimiento de reforma reforzada. Pero imaginemos que se convoca tal referendum y gana la opción republicana. Evidentemente, entonces no tendría ningún sentido poner en marcha una reforma constitucional: estaríamos ante una nueva legitimidad y se abríría un proceso constituyente. ¿Habría consenso para desarrollarlo?.

Otro tanto pueede ocurrir con la consulta catalana. El próximo 9 de noviembre en Cataluña puede haber otra legitimidad. La proclamación unilateral de independencia resultaría imparable. ¿Habría consenso interno en Cataluña? ¿Lo habría en el resto de España para negociar la separación e iniciar nuestro propio proceso constituyente?.

Me temo que a la vista de resultados electorales y encuestas en España es muy difícil alcanzar un consenso para regenerar el sistema político. ¿Podría hacernos reaccionar un trauma grave y repentino como la separación de Cataluña?

De lo único que estoy seguro es que no hay soluciones milagrosoas; que ni un rey ni un presidente de la república pueden en un régimen parlamentario liderar esa regeneración. Por eso me preocupan artículos como el de Josep Colomer que en la práctica aboga por una reedición del 23-F con Felipe VI al frente.

 

 

 

 

 

Reforma de la Constitución: TVE no puede acallar las voces que piden referendum


La reforma express de la Constitución modifica profundamente el sentido del estado social y democrático de Derecho que proclama su art. 1. Bajo la apariencia de una regla técnica de política presupuestaria lo que se hace es introducir la concreción del dogma neoliberal, con la práctica renuncia a la política fiscal al servicio de los derechos fundamentales.

Como se ha visto en el Pleno del Congreso de esta mañana el consenso constitucional de 1978 se ha roto. Por eso, aunque formalmente no es necesario el referendum, la única forma de restaurar ese acuerdo sustancial sería mediante una consulta popular.

TVE está cayendo en el error de reducir el pluralismo inserto en su misión de servicio público a un  puro pluralismo institucional, limitándose a dar voz a las fuerzas parlamentarias en función de su número de escaños, y acallando incluso la disidencia dentro del Partido Socialista. Más grave aún: las únicas voces sociales que se escuchan son las de los economistas neoliberales, como los de FEDEA, cuyo presidente se prodiga en los telediarios y en el lamentable Informe Semana del sábado pasado.

TVE fue sectaria en momentos de pasadas crisis. Lo fue con la crisis de los GAL, con una entrevista con Sancristobal de 12 minutos abriendo un telediario. Fue sectaria con la huelga general (y las ce ce oo oo de Urdaci) y por ello fue condenado en los tribunales. Y fue sectaria con la guerra de Irak, con sus documentales de armas de destrucción masiva. Por no hablar del 11-M…

TVE se juega en estos días la legitimidad que sus informativos han conquistado en los últimos años.

PS.- El Informe Semanal del sábado 3 de septiembre (Reforma deficitaria) fue un buen reportaje en el que estuvieron correctamente representadas las distintas opciones. No obstante, su carencia más importante fue no explicar cómo va a funcionar la reforma y las relaciones entre déficit corriente y déficit estructural.

El no irlandés no es un mero incidente


De mero incidente ha calificado Sarkozy el no irlandés. El mensaje que llega de las cancillerías y de las instituciones europeas es “aquí no ha pasado nada, seguimos adelante”. Se espera ahora encontrar, entre todos, una “fórmula creativa” para que Irlanda se incorpore al Tratado. Veremos si el “no” no termina por contagiar a Reino Unido y República Checa, campeones del euroescepticismo. Pero aunque el proceso de ratificación siga adelante y el Tratado termine entrando en vigor con 27 miembros, la Unión habrá dado un paso atrás. El “no” ha vuelto a poner de manifiesto el déficit democrático de la Unión. Tres miembros (Francia, Dinamarcay ahora Irlanda) han rechazado las normas básicas propuestas para la Unión, bien en forma de Tratado Constitucional, bien en forma de Tratado de Lisboa. Con lo cual se traslada el mensaje a las poblaciones de que su opinión finalmente cuenta poco. Y la Unión se desprestigia y se enroca en su dimensión más intergubernamental y burocrática.

El “no” ha tenido sus razones internas. Curtin y Ryan en Open Democracy analizan algunas: voto de castigo ante la crisis económica, desconfianza frente a la clase política tras los escándalos que llevaron a dimitir al primer ministro Ahern, desconocimiento del texto, bloqueo del sistema parlamentario irlandés… Es cierto también que el referendum es en nuestras sociedades complejas, más un instrumento de populismo que de democracia, como razona George Schöpfling, también en Open Democracy. Pero aunque el instrumento sea manipulable, no puede ignorarse la voluntad que a través de él se manifiesta.

El fallido Tratado Constitucional tuvo su origen en una Convención de notables, elegidos por las instituciones europeas y los estados. Es hora ya de plantear un verdadero proceso constitucional. Que los ciudadanos elijan una asamblea constituyente que elabore una verdadera constitución. Desde luego, mejor que nada, que se aplique el Tratado de Lisboa, porque la otra alternativa es la pura intergubernamentalidad. Proponer en estas condiciones una modificación y una modificación sustancial parece condenado al fracaso. Pero es la única salida: primero reforzar el demos europeo con listas comunes a todos los países al Parlamento y, después, cuando este sistema se consolide, elegir del mismo modo una asamblea o convención constituyente que elabore una verdadera constitución: esto es, una norma que defina el modelo europeo, político, social e institucional.

Soñar es gratis.

Referendum europeo y armonización


Mañana, jueves 12 de junio, los irlandeses votarán en referendum el tratado de Lisboa. Los colegios cerrarán creo que a las 10, los responsables del recuento se irán a tomar una Guinness y luego a descansar y al día siguiente a primera hora empezarán a contar -¡que flema!. En las instituciones europeas contendrán el aliento esa noche.

Fuente Ap-via news.bbc.co.ukLa Unión Europea se la juega otra vez a una carta. De los 27, sólo Irlanda someterá el tratado de Lisboa a referendum, salvo que los jueces británicos obliguen también al gobierno de Brown a convocar una consulta popular. Los irlandeses tienen una especial relación con la Unión Europea. Son, sin duda, el país que más beneficios ha obtenido de su adhesión, pero en su seno hay fuertes corrientes anticomunitarias, especialmente la del neutralismo, una de las señas de identidad del EIRE, corrientes que ya tumbaron en un primer referendum el non nato Tratado Constitucional, aprobado finalmente en una segunda consulta. En esta ocasión, ningún otro estado se ha atrevido a someter a referendum un texto que es un verdadero galimatías jurídico, que tiene todos los inconvenientes de la Constitución y ninguna de sus ventajas.

A favor del tratado están el gobierno y los principales partidos de la oposición, que representan al 90% de los votantes. En contra el Sinn Fein, los Verdes y un heterogeneo movimiento, Libertas, liderado por un millonario. Los agricultores, grandes benefiados de la Política Agraria Común, han terminado por apoyar el sí después de que el gobierno les prometiera que vetará el recorte de subisdios que negocian la UE en el marco de la Organización Mundial del Comercio. El último sondeo da un 42% al sí, un 39% al no y casi un 20% dicen no saber que van a votar. Así que todo es posible.

Hoy mismo, Jerry Adams daba un mitín en O’Connell Street, muy cerca del edificio Correos, centro de la revuelta nacionalista de la Pascua de 1916. Aseguraba que si el tratado se rechazaba se abriría una nueva negociación y citaba como argumento su experiencia en el proceso de paz de Irlanda del Norte. Pero, no, los 27 están exhaustos, y posiblemente el tratado entrara en un difícil proceso, con los países más euroescépticos parando el proceso de ratificación.

Uno de los argumentos de los partidarios del no es que la armonización fiscal obligaría a elevar el impuesto de sociedades, ahora en un 12,5% en Irlanda. Armonización, esa es la gran cuestión. Armonizar es establecer unos límites comunes entre los que tienen que situarse los respectivos derechos nacionales. Armonizar puede suponer para Irlanda subir el impuesto de sociedades. Pero armonizar es permitir la semana labora de hasta 70 horas o elevar el periodo de detención de los inmigrantes a 18 meses. ¿Se atrevería ahora alguien a someter el tratado a referendum en los países del sur donde los sindicatos siguen siendo poderosos?.

So capa de dar facilidades a los últimos socios, la alianza de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia desmonta el estado social y hasta el estado de derecho. Y todo ello mediante una mezcla de procedimientos burocráticos y negociaciones interguberanmentales nada transparente. Luego los mismos que han pactado las medidas vuelven a casa y dicen que “lo impone Bruselas”. Europa sigue adoleciendo de un verdadero proceso democrático. Y no se logrará hasta que no haya elecciones al Parlamento Europeo sobre la base de una lista común para los 27, lo que permitiría representar adecuadamente todas las corrientes y crear un movimiento de opinión pública verdaderamente europeo.

Los trabajadores aprueban el Estatuto de Información de RTVE


A las 7 de esta tarde se cerraban las urnas en los principales centros de RTVE. Los trabajadores han votado el Estatuto de Información de la Corporación, que ya comenté en una entrada anterior. Soy poco partidario de abusar del adjetivo histórico, pero en este caso, desde el punto de vista de la historia de la radiotelevisión pública y, por tanto para la comunicación pública y, en definitiva, para el desarrollo democrático de este país, ese estatuto supone un paso gigantesco. Gigantesco, porque crea un marco para que los profesionales puedan desarrollar su labor de informar con independencia personal y refuerza la independencia editorial de la Corporación al dotarla de unos órganos de control interno vigilantes de las obligaciones deontológicas y de la misión de servicio público que RTVE tiene asignada.

Los resultados provisionales anticipan una participación en torno al 52%, un voto favorable del 71%, un 22% en contra y el resto voto en blanco o nulo. Estos resultados requieren algún análisis.

En primer lugar, la participación puede considerarse buena, teniendo en cuenta que, como cualquier referendum, esta consulta era difícil que suscitara una gran movilización. Además, la peculiar estructura organizativa de la empresa impone una alta abstención técnica (diversidad de turnos, viajes, libranzas, diversidad de sedes). Piénsese que el referendum convocado hace dos años por los sindicatos para la aprobación del ERE, una cuestión en la que se jugaba el futuro de la empresa y el futuro personal de más de 4.000 trabajadores, logró una participación de un 56%. Además, una de las conquistas de este estatuto ha sido extender su ámbito más allá de los Servicios Informativos de RNE y TVE a todos los programas con contenidos informativos, y más de los periodistas a todos los profesionales del sonido, la imagen o el periodismo que aportan su contribución creativa al producto informativo (denominados por el Estatuto profesionales de la información audiovisual y sujetos de los derechos y deberes definidos por el texto). Pero el grado de concienciación de este instrumento era, lógicamente, menor fuera de los respectivos servicios informativos y la abstención de esos colectivos fuera de las grandes Redacciones ha podido ser menor.

¿Por qué un voto negativo significativo? El Estatuto se ha encontrado en su última etapa con un escollo importante, el rechazo del Comité General intercentros y de todos los sindicatos, salvo CGT. El Comité General Intercentros llegó a solicitar al Consejo de Administración la suspensión del referendum. Dos eran sus objeciones: la incompatibilidad de los delegados sindicales y miembros de los comités de empresa para ser vocales de los Consejos de Informativos y la falta de una representación a nivel territorial, esto es de unos consejos de informativos en las comunidades autónomas.

A la primera objeción, se puede responder que son dos esferas de representación distintas, una la profesional y otra la laboral. El Estatuto se esfuerza en delimitar estas esferas (por ejemplo, el reconocimiento de la condición de “profesional de la información audiovisual” no tiene consecuencias laborales ni salariales). El sentido común aconseja no sumar mandatos y tareas. Además, el Estatuto, que exige a los vocales que no se liberen de su puesto de trabajo. En cualquier caso, una incompatibilidad no puede nunca ser considerada una discriminación.

La segunda es de más calado. La Comisión Redactora que ha negociado el texto hoy votado con el Consejo de Administración luchó por lograr una representación profesional en las comunidades autónomas, pero el Consejo no lo aceptó, de modo que se llegó a un punto en que esta cuestión podía bloquear toda la negociación. La Comisión Redactora valoró que no se podía perder una ocasión histórica, máxime cuando se valoraba muy positivamente lo conseguido en la negociación. Pero esta falta de representación es el punto más débil de nuevo Estatuto, porque no sólo niega a cientos de trabajadores una instancia inmediata de representación y mediación, sino porque recarga a los consejos centrales y les da un carácter demasiado institucional.

Este hecho puede haber determinado el voto negativo en muchos centros territoriales, mientras que en Madrid y Barcelona (con reserva de vocales en los consejos centrales) el voto ha sido masivamente positivo.

Desde fuera de RTVE, creo que los sindicatos han cometido un grave error de juicio. Podrían haber mostrado su discrepancia, pero haber aprobado el proyecto, porque lo que estaba en juego era una reivindicación histórica. Una negociación, como la que ha alumbrado el Estatuto, se da una sola vez, no es un convenio colectivo, donde lo que no se consigue un año se puede ganar al siguiente.

Ahora ya sólo falta la promulgación formal por parte del Consejo de Administración. En las próximas semanas se celebraran las elecciones a los consejos. Una buena noticia para RTVE y para los partidarios de la radiotelevisión pública. Y toda una contradicción con la gestión de su presidente, que centra todos sus esfuerzos en una nueva sede que, por mucha que se niegue, no es más que una operación de especulación inmobiliaria.

Con todo, felicidades a los trabajadores de RTVE.

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