La Constitución es mi patria


Patriotismo constitucional

Ni banderas, ni escudos, ni religiones, ni ancestrales tradiciones (que como mucho tienen dos siglos). En una sociedad democrática y plural la Constitución es el punto de encuentro común, las bases para que todos podamos desarrollar nuestros proyecto personales y colectivos de manera pacífica.

La Constitución es la patria política, la polis común.El patriotismo constitucional,en la visión de Habermas, es la identificación y el compromiso con los valores de la Constitución, que nos hace ciudadanos y que nos reconoce derechos, pero también nos exige una activa participación y una serie de deberes cívicos.

La lengua, en este caso el español, es una patria global, que nos permite compartir marcos mentales con más de 400 millones de seres humanos. La lengua es la patria mental.

rNo soy de homenajes ni de celebraciones, pero valga  esta reflexión  personal ahora que la Constitución española cumple 40 años y por aquello de que uno no sabe si podrá celebrar los 50 (por los avatares políticos o la desaparición personal).

 Cuando estudiaba Derecho en los estertores del franquismo, estudiábamos y envidíabamos las constituciones de Italia o Alemania, nos explicaban instituciones como los tribunales constitucionales (una creación del genial Kelsen) o nos introducíamos con el emblemático libro de Elías Díaz en la idea del Estado social y democrático de derecho (pdf con un resumen del libro Estado de Derecho y Sociedad Dmocrática, de su autor).

Luego, en mis primeros pasos como periodista, aunque no hacía información política, seguí con pasión los debates constitucionales y vi con satisfacción como aquellas ideas estudiadas en la Facultad tomaban cuerpo en nuevas institucionales y, sobre todo, en una muy avanzada declaración de derechos civiles y políticos.

Hoy, 40 años después, la norma fundamental muestra un desgaste lógico, facilmente superable si el pacto constitucional se mantuviera vivo, pero no lo está.

El pacto constitucional

No hubo unas elecciones constituyentes, pero las de 1977 lo fueron de hecho. Las circunstancias económicas y políticas no podía ser más adversas: un terrible crisis económica, terrorismos varios, ejército y policía sin control.

Las diferencias entre las fuerzas constituyentes eran abismales, pero todos sabían que no se podía volver atrás, que no eran viables ni el franquismo ni la dictadura del proletariado, que había modelos de éxito, que nos encontrábamos en una determinada órbita geopolítica. Y, sobre todo, que la falta de acuerdo significaba el riesgo cierto del enfrentamiento civil generalizado. Por eso hubo pacto.

Unos cedieron cuando no les quedó más remedio, otros conquistaron todo el terreno que era posible. Las movilizaciones sociales fueron mucho más importantes que el cabildeo de los reservados de los restaurantes y Juan Carlos de Borbón no fue el agente decisivo, sino un navegador ambiguo sobre la marejada, pero es cierto que con él abiertamente en contra todo habría sido más difícil.

En mi opinión, hoy la relación de fuerzas entre conservadores y progresistas sería menos favorables para estos últimos.

Nuestra Constitución, a diferencia de la portuguesa de 1976, no promete abrir una camino hacia la sociedad socialista, pero establece los principios de libertad, igualdad, pluralismo y participación y -muy importante- asigna a todos los poderes públicos la función de hacer reales la libertad, la igualdad y la participación.

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.” (art. 9.2)

La declaración de derechos civiles y políticos (la Sección 1ª del Capítulo II) es avanzada, con reconocimiento de derechos entonces novedosos como la limitación de la informática para preservar la intimidad, o el derecho de acceso a los medios públicos de los grupos políticos y sociales representativos. Y sobre todo estas libertades públicas se convierten en verdaderos derechos subjetivos, con una protección judicial efectiva.

En ningún artículo se aprecian tan claramente los difíciles equilibrios como en el 27, que reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y da base a la coexistencia de dos tipos de centros, los públicos y los concertados.

 Lógicamente, el desarrollo de estos derechos se remitía a la ley orgánica. Y ahí no siempre ha habido consenso y sí clamorosos incumplimientos de mandatos constitucionales. Un ejemplo, la ley orgánica que el art. 20 1.d) ordenaba no llegó hasta 1997 (Ley 2/97) y a la ley del secreto profesional todavía la estamos esperando (aunque la jurisprudencia ha llenado ese vacío).

En cambio, los derechos sociales y culturales quedaron rebajados a la categoría de principios rectores de la política social y económica, un marco de progreso, pero carente de una protección judicial efectiva, que se ha demostrado, sobre todo desde la Gran Recesión, como imprescindible.

Ciertamente, la monarquía fue una imposición, pero sin ella hubiera sido imposible el consenso. La monaquía parlamentaria, con un rey sin poder político, es perfectamente homologable. Pero ¡ojo!, los privilegios, los abusos y la identificación con los poderes económicos pueden poner en cuestión ese pacto, por mucho que un presidente de la República, en la actual fase de polarización, sería una trichera más de la batalla política y haría nuestro sistema todavía más inestable.

En el diseño institucional se copió de aquí y de allá. La moción de censura constructiva de la Ley Fundamental de Bonn. El Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura de la Constitución italiana. El Estado autonómico es el desarrollo de los principios del Estado integral de la Constitución de la II República con aportaciones del federalismo alemán.

No, los consensos posteriores nunca fueron fáciles y hoy son casi imposibles. Pero el pacto constitucional se ha mantenido casi hasta ahora y eso nos ha permitido convivir y avanzar como sociedad.

La reforma de la Constitución

Nuestra Historia tiene muchas constituciones, pero pocas reformas constitucionales. Una reforma mantiene la misma legitimidad constitucional, los principios fundacionales, pero actualiza derechos y retoca, más o menos profundamente, las instituciones.

La Constitución requiere una reforma si no queremos que se degrade hasta hacerse inútil. Pero no nos engañemos, la mayor parte de nuestro problemas (la corrupción, el paro estructural, la deficiencias educativas, la degradación de los servicios públicos) no requieren cambios constitucionales y puede resolverse por pactos legislativos y, ante todo, por cambios en la cultura política.

Aquí un elenco de posibles reformas:

  • Derechos civiles y políticos. Retoques mínimos para adaptar, por ejemplo la privacidad al ecosistema digital, pero no abrir “melones” como el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.
  • Derechos económicos y sociales. Conversión en derechos subjetivos exigibles ante los tribunales en la medida de lo posible. Una pensión, una prestación por dependencia o el derecho a una vivienda digna pueden ser reconocidos por los tribunales y su cumplimiento impuesto a los poderes públicos. El derecho a la negociación colectiva también. Pero ¿puede ser exigible ante los tribunales un puesto de trabajo?.
  • Regeneración democrática. Eliminación de aforamientos. Selección por mérito de los miembros de los órganos constitucionales y autoridades independientes. Refuerzo de las incompatibilidades entre mandatos políticos.
  • Monarquía. Eliminación de la prelación masculina. Eliminación de la inviolabilidad del monarca en actos privados, no en actos políticos que, por definición, no puede realizar, pues todos sus actos requieren la ratificación del gobierno y este es el responsable.
  • Laicidad. Lo más prudente sería no tocar el art. 16.2, pero denunciar los acuerdos con el Vaticano y hacer una nueva ley de libertad religiosa en la que quedara clara que la colaboración con cualquier religión lo es en la medida en que la acción de sus fieles e instituciones lo sea para hacer real la igualdad y la libertad. No cabe colaborar en el puro cumplimiento de los fines religiosos de un determinado credo, pero si prestaciones especiales (por ejemplo, menús particulares en establecimientos públicos) para respetar la libertad religiosa.
  • Encaje en la Unión Europea. Clarificar la jerarquía normativa con respecto a las normas europeas. Una reforma conveniente, pero no imprescindible.
  • Estructura territorial. Es la única reforma imprescidible, pero la más difícil, por no decir imposible. Apertura semántica a naciones en lugar de nacionalidades. Conversión del estado autonómico en estado federal. Conversión del Senado en cámara territorial con competencias exclusivas. Clarificación de las competencias entre el Estado central y las comundades federadas. Introducción de una cláusula de secesión: referedum con aprobación por mayoría absoluta del censo electoral, que solo se pueda celebrar cada 25 años.

La ruptura del pacto constitucional

No hay consenso para reformar la Constitución ni siquiera en asuntos menores en los que no hay desacuerdos profundos entre las fuerzas política, porque la oposición (cualquier oposición) en este marco de crispación no está dispuesta a dar ninguna victoría al gobierno (a cualquier gobierno). No digamos ya en los asuntos como la soberanía, la monarquía o los derechos fundamentales que requieren el proceso de modificación agravada: referedum, disolución de la cámaras, aprobación por las nuevas Cortes.

Nada queda del espíritu de consenso de la denostada Transición, que no era puro pasteleo, sino el convencimiento de que había que llegar a acuerdos porque nos jugábamos la pura supervivencia.

Defender la abolición de la repúbica, la independencia de Cataluña o la abolición de las autonomías no es, per se, una ruptura del pacto constitucional.  Es una propuesta de revisión radical, que exigiría un proceso constituyente.

Proponer la eliminación o recortes de derechos fundamentales es, en cambio, absolutamente incompatible con el sistema de valores de la Constitución, una propuesta que no puede ver expedito ningún procedimiento de avance.

Los independentistas catalanes han roto el pacto y la lealtad constitucional no por defender la idependencia sino por vulnerar la Constitución y los procedimientos que la garantizan. Esa ruptura y sobre todo la división social creada son muy difíciles de suturar. Alguna propuesta política habrá que realizar. No aceptarán una reforma federal, tampoco los nacionalistas vascos, que apuestan por el confederalismo. Solo una cláusula de secesión podría restaurar el pacto constitucional.

No hay término más manoseado que el de “constitucionalista”. Las fuerzas que más alardean de ello son las que más han manipulado la composición del Tribunal Constitucional y otros órganos constitucionales, las que más derechos han recortado por vía legislativa.

No tiene sentido proponer, por tanto, frentes de fuerzas constitucionalistas. Los independentistas que han roto el pacto constitucional y la ultraderecha que quiere romperlo están o van a estar en los parlamentos. Cordones sanitarios frente a la ultraderecha solo puede funcionar en Francia, merced a su sistema centralizado, mayoritario a doble vuelta.

Será legítimo que a la izquierda y a la derecha se pacte con los que han roto o han querido romper el pacto constitucional, pero sin concesiones que supongan limitaciones de derechos o sean contrarios a los valores e instituciones constitucionales.

A España ya ha llegado la utraderecha neofascista que cabalga por Europa. Lo peor no es la representación que obtienen, lo peor es que los partidos de derecha aceptan su programa, sus propuestas dominan el debate público (con la complicidad de los medios) y el fascismo impregna poco a poco el imaginario social.

Sin frentismo, sin violencia callejera,  sin concesiones, sin una sonrisa ante un chiste machista, sin compartir ni un meme de odio, en movilizaciones cuando haya que defender derechos… ni un paso atrás, todos con la Constitución.

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Ofensiva contra los medios públicos


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Si los suizos deciden el domingo eliminar el canon (billag) la rtv pública desaparecerá de Suiza

Este domingo 4 de marzo los suizos deciden en referendum si eliminan el canon con el que se financia la SRG-SSR, la radiotelevisión pública. Si la iniciativa impulsada por el ultraconservador Partido Popular (SVP-UDC) prospera será la muerte del servicio público en Suiza y un golpe mortal para sistema de financiación por canon, que está en el núcleo de la radiotelevisión pública en Europa.

La ofensiva contra los medios públicos se recrudece conforme el fascismo 3.0 gana posiciones en Europa. Si la manipulación y el control gubernamental es una especie de maldición en la Europa del sur, ahora los servicios públicos del centro y norte de Europa ven en peligro su independencia y su estabilidad financiera. Se borran las fronteras en los modelos de Hallin y Mancini: el modelo noreuropeo (corportivista democrático) cada vez se parece más al mediteráneo (pluralista polarizado).

Allí donde llega al poder la extrema derecha, o los partidos conservadores abrazan las tesis xenófobas, la radiotelevisión pública se ve atacada. Se acusa a los periodistas de los medios públicos de ser de izquierdas y a las empresas de ser demasiado grandes (después de décadas de adelgazamiento financiero y organizativo), ser un peligro para la libre competencia y, sobre todo, obligar a la gente a pagar por algo que pueden no querer consumir.

Los ataques se concretan en:

  • Críticas, tanto generales a la insitutión como presiones muy concretas a determinados periodistas o responsables editoriales, amenaza y presentación de querellas por parte de políticos y ministros (Austria);
  • Cambios en los órganos de gobierno, órdenes de tratamiento informativo favorable, autocensura y dimisiones (Finlandia);
  • Reducción presupuestaria prácticamente en toda Europa;
  • Medidas para eliminar el canon y, consiguientemente, la financiación pública (Suiza);
  • Control absoluto de los medios públicos y oligopolio de medios privados controlados por los amigos del gobierno (Hungría, Polonia).

Suiza

El servicio público se encomienda en Suiza a una sociedad anónima la SRG-SSR, que se financia con un canon recaudado por otra sociedad anónima, Billag S.A, de ahí que populamente se conzca el canon como billag.  Tradicionalmente, el hecho imponible era la posesión de aparatos de radio y/o televisión, con una modalidad conjunta prácticamente universal. Las últimas reformas obligan al pago a todos los hogares, empresas y establecimientos (con las lógicas exenciones).

El monto está en los 450 francos anuales (unos 390 €). Las propuestas parlamentarias de la derecha para reducir el canon a la mitad han fracasado y de ahí la iniciativa que se pone a referendum para la eliminación de la licencia. Otro referendum anterior no lo consiguió por unos pocos votos, así que el resultado del domingo es incierto, con los cantones francofónos partidarios de mantener el canon y los alemanes de eliminarlo.

Para la derecha, la SRG-SSR ha sido incapaz de autolimitarse y, por tanto, solo cabe su destrucción. La iniciativa considera abusivo obligar a pagar por un producto cultural que no se haya elegido. A favor del canon, voces como la de este economista que recuerda que el servicio público es un espacio común, que produce unas externalidades (económicas, pero sobre todo culturales, sociales y políticas) que deben ser financiadas por todos, aun por los no consumidores.

Si el canon se aboliera Suiza sería el primer país europeo fetén (modelo democrático corporativista) en eliminar el servicio público. El conservador griego Samaras cerró la ERT en 2012 y Tsipras la reecuperó en 2015, pero ya se sabe, los manipuladores mediterráneos (modelo pluralista polarizado) somos menos importantes en eso de los rankings democráticos. Además, Ginebra es la sede de la UER-EBU, así que el organismo que agrupa a las radiotelevisiones públicas europeas podría residir en un país sin servicio público.

Del caso suizo se pueden extraer algunas lecciones sobre el canon:

  • Una empresa privada recaudadora puede ser muy eficaz, pero desde luego hace que la financiación del servicio público se vea como un negocio para la misma (los recaudadores privados, empezando por los publicanos, nunca han sido muy populares).
  • El hecho imponible no puede seguir siendo la posesión de aparatos, que deja fuera todo el consumo digital. Un impuesto directo a los hogares es más lógico, pero tampoco será muy popular. En Europa se ensayan también sistemas como el recargo en el recibo de la luz.
  • El sistema más justo parece un tipo progresivo (creciente según el nivel de renta) a integrar en el impuesto sobre la renta.

Por último, comparar esos casi 400 € de Suiza con los 39 € anuales que les cuesta a los españoles RTVE y los canales autonómicos.

PS. Los suizos rechazaron la iniciativa por un 71,6%. En el resultado fueron decisivas las campañas del gobierno y de los medios locales (también beneficiados por el canon), que lograron contrarrestar una previa tendencia a la abolición.

Finlandia

En Finlandia, que tantas veces se pone de ejemplo en materias como la educación, también se ha cuestionado la independencia de la radiotelevisión pública.

YLE recibió presiones del primer ministro conservador Sipila, en relación a un escándalo en el que se vio implicado. Spila envió un email a un reportero y al editor jefe quejándose del tratamiento informativo recibido. “No tengo ningún respeto a YLE, el mismo que YLE me tiene a mi” -escribió.

Como consecuencia, hubo autocensura y tres periodistas abandonaron YLE. El caso se convirtió en el YLEGate, radiografiado por los periodistas disidentes en un libro. Un informe independiente ha concluido que la radiotelevisión pública dio un tratamiento favorable al primer ministro y que la empresa reaccionó arrogantemente a la llamada de atención del regulador finlandés, pero que, con todo, el proceso editorial garantiza la independencia.

Austria

La ultraderecha del Partido Liberal, ahora en el gobierno, ha declarado la guerra a la ORF. El videcanciller Strache usa la misma táctica de Trump, acusa la radiotelevisión pública de propagar “falsas noticias”. Su principal objetivo es el presentador Amin Wolf, un entrevistador incisivo. Lo más grave es que el gobierno de coalición del Partido Popular y los liberales tiene ahora mayoría suficiente en el Consejo de la ORF (modelo como el alemán de un consejo parlamentario con representantes de los partidos y de la sociedad) para destituir al Director General.

Hungría y Polonia

En Hungría Orban controla todos los medios, los públicos y los privados. Destruyó primero la anterior MTV (varios periodistas estuvieron en huelga de hambre) y construyó una nueva corporación, MTVA, con absoluto control gubernamental. Al mismo tiempo, ha favorecido el oligopoplio de los medios privados, en manos de magnates amigos (como Putin en Rusia).

En Polonia, el gobierno conservador del PIS no tiene un control institucional tan absoluto de la RTP, pero sus periodistas son hostigados continuamente, en la calle y en las redes sociales, haciendo cada día más difícil su independencia.

Estas democracias iliberales -como algunos las llaman, yo dudo de que sean democracias- no entran en los modelos de Hallin y Mancini (su libro es de 2004), pero lo grave es que ahora son el ejemplo que parece estar siguiéndose en Austria.

Estados Unidos

Poco tiene que ver el sistema norteamericano con el europeo. Los medios públicos (PBS y NPR) se financian preferentemente mediante las subvenciones de fundaciones privadas, pero la aportación pública del presupuesto federal es decisiva en el balance final.

Trump ha propuesto un recorte de 480 millones de dólares, que la presidenta de la CPB (que agrupa PBS y NPR) asegura que no hay modo de cubrir ese agujero. Los recortes pueden eliminar populares programas infantiles. Un niño se convirtió en una celebridad cuando dijo en la televisión que Trump quería quitar PBS Kids para construir el muro con México.

España

Y, finalmente, last but no least, España. De censura, autocensura, manipulación lo sabemos todo, así que el caso finlandés se nos parece, pero con una diferencia importantísima, allí hay un regulador independiente. El caso es que el poder legislativo se muestra incapaz de hacer efectiva su propia ley, mientras el Sánchez se permite burlarse de los diputados -“voy a estar más que Matusalén”.

En la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, otrora ejemplo de independencia, JxCat y ERC se reparten los cromos sin ningún pudor, para ti la corporación, para mi informativos. para ti la radio, para mi la televisión. El Consejo Profesional denuncia este vergonzoso mercadeo, triste copia de la vieja lottizzazione italiana. Al menos el reparto partidista de la RAI suponía un cierto pluralismo ideológico, lo de radiotelevisión catalana es mera rebatiña entre dos aliados que desconfían uno de otro.

En fin, malos tiempos para los servicios públicos audiovisuales. Malos tiempo para la democracia.

(DESCARGA DEL LIBRO DE HALLIN Y MANCINI)

 

Otro referendum cortaría el nudo gordiano del conflicto catalán


Llevo muchos meses sin comparecer en este blog. Las razones, exceso de trabajo, vacaciones y -tengo que decirlo- un cierto cansancio. Hablar hoy de Cataluña, cuando prácticamente todo está dicho, es ya bastante inane. Valga esta entrada de desahogo personal.

En los próximos días nos jugamos la democracia y un futuro de paz y prosperidad para los próximos 25 años. Si una insurrección popular respaldara la muy probable declaración unilateral de independencia o si el gobierno recurriera a medidas de excepción habría terminado eso que algunos llaman el “régimen del 78” y que, con todos sus defectos, ha sido el período de democracia más dilatada de la historia de España.

Seamos optimistas. El referendum se celebra en medio de un caos organizativo, pero sin incidentes violentos. La participación no llega al 50% y los síes superan el 85%. Puigdemont proclama la independencia en medio de masivas movilizaciones. Y al día siguiente todo sigue igual. Ningún gobierno extranjero reconoce a la Cataluña independiente. Los empresarios siguen ingresando las cotizaciones en la Tesorería General de la Seguridad Social y la recaudación del IVA en la Agencia Tributaria. Las normas jurídicas, para ser tales, tienen que tener eficacia, ser acatadas por sus destinatarios. Y en el caso de la llamada de ley de transitoriedad eso solo es posible si se produce una insurrección popular, en medio de un enfrentamiento entre Guardia Civil y Mossos de Escuadra. Mejor no pensarlo.

¡Ay si se pudiera volver a empezar! Si pudieran borrarse las mesas de firmas del PP contra el Estatuto; el “Espanya ens roba”; la manipulación nacionalista de la Historia y la educación; la campaña de boicot a los productos catalanes; el recurso del PP ante el Constitucional; la manipulación de las inhabilitaciones de los magistrados del Constitucional; la sentencia derogatoria e interpretativa de partes (no sustanciales) del Estatuto; la manifestación contra el Estatuto; las movilizaciones de las Diadas; la cerrazón de ambas partes a un verdadero diálogo. Otro gallo nos cantaría si se hubiera celebrado un referendum, como proponía Rubio Llorente (¡en 2012!).

No, en las relaciones humanas, sociales y políticas no cabe el reinicio, el reseteo. No podemos empezar de cero. Mucho se ha perdido ya: la confianza entre Cataluña y el resto de España, una fractura difícil de cerrar dentro de la propia sociedad catalana. Veo a compañeros catalanes con los que he colaborado defendiendo la independencia y a otros en Sociedad Civil Catalana.  De ahí hay que partir, empezando por suavizar las tensiones.

No ayudan las sobreactuaciones de algunos jueces. Una cosa es incautar la infraestructura del referendum e incluso investigar y hasta procesar a sus responsables, y otra detenciones indiscriminadas o la prohibición de actos de propaganda, como ha ocurrido en Madrid, con la violación flagrante de las libertades de expresión y reunión. Mejor -más claro, más transparente- hubiera sido una suspensión de competencias autonómicas.

En el mejor de los casos habrá nuevas elecciones al Parlamento de Cataluña, que resultará en mayorías más cualificadas a favor de la independencia y el referendum. Y en este punto habrá que negociar. No la financiación autonómica o las inversiones. No, habrá que negociar unreferendum. No el referendum de autodeterminación de los independentistas, sino un referendum que deje clara la voluntad de los catalanes de iniciar un proceso de separación.

La pregunta podría ser “¿Quiere que Cataluña sea independiente y que para ello el Parlamento de Cataluña inste la reforma de la Constitución española?” Hace dos años me pronucié por incluir el poder de secesión en la reforma de la Constitución española (difícilmente se puede reconocer a Cataluña y no al resto de los territorios). Llegar a ese compromiso requeriría por parte de los independentistas detener el proceso insurrecional y por parte del resto de fuerzas políticas el compromiso firme de impulsar la reforma constitucional… pero dejando la última palabra a todo el pueblo español mediante un referendum final.

Si en ese primer referendum catalán (que podría incluir también como alternativa una oferta de reforzamiento del autogobierno) vence la opción de la independencia habría por delante un arduo camino lleno de obstáculos, pero con una hoja de ruta clara. Si se rechazarara, entonces quizás podríamos ocuparnos de los problemas reales: rescate de los perdedores de la crisis, lucha contra la corrupción y regeneración, transformación de la estructura productiva, adaptación al cambio climático, lucha contra la desigualdad, reforzamiento de los derechos civiles, políticos y sociales.

El referendum habría roto cortado el nudo gordiano.

Cataluña y el poder de secesión constitucional


No sé si la independencia de Cataluña que hoy de facto ha declarado el Parlamento de Barcelona podrá ser parada con métodos jurídicos, incluso con la puesta a las órdenes del Delegado del Gobierno de la policía catalana, en el marco de la suspensión de la autonomía. De lo que estoy seguro es que de ser así no harán sino aumentar los independentistas.

La resolución del Parlamento de Cataluña supone la apertura de un proceso constituyente, pero como todo proceso constituyente requiere de una nueva legitimidad, que en este caso una minoría (muy cualificada) quiere imponer a una mayoría de catalanes y al resto de los españoles. Habitualmente los procesos constituyentes siguen a las revoluciones; aquí el proceso es a la inversa, el proceso constituyente para seguir adelante tendrá que desembocar en un proceso revolucionario en el que a la coacción del Estado se responderá seguramente con una toma de control de los centros de poder por parte de las masas independentistas.

Puede que ya sea imposible una salida sensata, pero en todo caso ésta pasaría por reconocer un poder de secesión a las partes constitutivas del estado compuesto en un régimen federal. No se trata de reconocer un inexistente derecho a la autodeterminación ni articular su alternativa líquida, el derecho de decidir. Es simplemente buscar fórmulas para que las partes de un Estado pueda permanecer juntas conociendo en que condiciones se pueden separar.

Resulta aburrido recordar -todas las instancias internacionales lo han dicho- que el derecho de autodeterminación se refiere a aquellos territorios en manos de un poder colonial, o, que por extensión se encontraran en una situación de grave violación de los derechos fundamentales de cada ciudadano a su lengua, su cultura o  ser víctimas de un expolio económico. No creo que ningún observador externo entienda que esa es la situación de Cataluña.

Alternativo al derecho de autodeterminación se presenta el derecho a decidir, que se entiende como la imposición de una postura de una parte (decidida por mayoría) al todo. Se dice que si no se permite decidir sobre el futuro de un pueblo, y en cuanto ello supone una grave violación de los derechos fundamentales, la rebelión es legítima. El derecho a decidir -nos dicen- es la esencia de la democracia. Olvidan que la democracia es el gobierno de las mayoría en un marco de Estado de Derecho (imperio de la ley) que garantice los derechos fundamentales, la división de poderes y elecciones libres. Y con una Constitución que garantice que los pactos constitucionales en los que se asienta el Estado no son cambiados por una simple mayoría parlamentaria.

El sujeto de ese derecho a decidir es cada uno de los ciudadanos, no los pueblos, las naciones o los territorios. Los catalanes llevan ejerciendo ese derecho a decidir mediante multitud de elecciones generales, autonómicas y locales y de modo muy destacado a través de los referéndums sobre la Constitución y los dos sobre los Estatutos. Cierto es que resulta un disparate jurídico que una norma del bloque constitucional como es un estatuto pueda limitarse después de un referéndum ratificatorio por el Tribunal Constitucional; si acaso ese control debía de ser previo. En esa sentencia se encuentra la fuente de una buena parte de la desafección actual.

Creo que ninguna Constitución de un estado compuesto reconoce el derecho de autodeterminación de sus partes. Lo hacía la Constitución de la República Federativa yugoslava. Las distintas repúblicas lo ejercieron rompiendo Yugoslavia, pero el problema vino cuando las minorías de esos nuevos estados invocaron también la autodeterminación. El resultado es dolorosamente conocido. ¿Donde termina  ese supuesto derecho natural? ¿en la nación, en el pueblo, en la región, en la comarca, en el municipio, en el barrio, en el cantón?

En cambio, dos estados compuestos, Canadá y Reino Unido, han encontrado solución para el problema de que una parte significativa de la población no quiera vivir con el resto. En el Reino Unido (sin Constitución formal lo que simplifica las cosas) se logró por un pacto político. En Canadá, mediante la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de agosto de 1998, que en esencia falló que la provincia de Québec no tenía derecho a la secesión, pero que el gobierno central tendría que negociar con el de la provincia su separación si así lo manifestaran respondiendo a una pregunta clara una amplia mayoría de quebequenses.

Aquí estamos nosotros. El titular de la soberanía es el pueblo español, pero una parte significativa de catalanes quieren ejercer separadamente la soberanía. La solución es un estado federal que reconozca el poder de secesión a sus partes constitutivas.

¿Cómo conciliar la soberanía del pueblo español con la del pueblo de Cataluña? Con una reforma constitucional que en el marco de un estado federal reconozca la facultad de las partes de separarse. Si se sigue el proceso de reforma constitucional -aprobación por 2/3 de las cámaras, disolución, elección de Cortes Constituyentes y referéndum ratificatorio- los españoles pueden pronunciarse sobre ese ejercicio fraccionado de la soberanía nacional.

¿Qué requisitos debieran de reunirse para ejercer el poder de separación? Aprobación parlamentaria por mayoría de 2/3, sometimiento a referendum de la pregunta “¿quiere que su territorio sea independiente de España”, que debería de recibir la aprobación de al menos la mitad más uno del censo electoral y, en su caso, negociación entre el gobierno del territorio y del gobierno central en el marco de unas reglas previamente establecidas por la Constitución. En caso de no ser ratificada la secesión no podría plantearse de nuevo en los siguiente diez años.

En ese estado federal cada territorio podría declararse nación, región histórica, tribu o clan si así le place y se inscribe en el respectivo Estatuto. Una u otra identidad no supondría más poderes, beneficios o asimetrías. Todos sabemos que nuestro estado de las autonomías es materialmente un estado federal, pero que carece de mecanismos de cooperación y adolece de un deficiente reparto de competencias y un deficiente sistema de financiación. Que esa reforma constitucional convierta al Senado en cámara territorial, delimítense competencias y si es necesario incorpórese el principio de ordinalidad financiera. Pero no se olvide que los derecho son de los humanos no de entelequias históricas.

Me sorprende que ninguno de los partidos que habla de una reforma constitucional en profundidad se refiera al proceso tan exigente y complicado que requiere nuestra Constitución. Pero no hay otro camino. La disolución de las cámaras, la convocatoria de Cortes Constituyentes y el referendum final no sólo garantizan el imperio de la ley sino que permite dar voz a todos los españoles, titulares todos y cada uno de ellos de la soberanía nacional.

No soy tan ingenuo como para pensar que las élites catalanes que han propiciado la rebelión constitucional estén o hoy dispuestas a aceptar esta vía de solución del conflicto. Y de otro lado no veo líderes ni fuerzas políticas con las ideas suficientemente claras para, por ejemplo, jugarse una mayoría parlamentaria disolviendo las cámaras y convocando Cortes Constituyentes. Ni tengo claro que los españoles aprobaran en referéndum una Constitución que incluyera el poder de secesión. Quizá primero tenemos que precipitarnos por el precipicio. Estamos en la orilla.

Poder constituyente


Madrid, 14 de abril de 1931 – Alfonso Sánchez Portela

España se acostó monárquica y se levantó republicana. El 14 de abril de 1931 las masas recogieron el poder constituyente en la calle. Las candidaturas republicanas habían vencido en las grandes ciudades en aquellas elecciones municipales del domingo 12 de abril. Allfonso XIII entendió el mensaje y se marchó -“no se ha marchao, que le hemos hechao”, decían las gentes en las calles.

Cuando la multitud empezó a concentrarse en la Puerta del Sol el 13 de abril el capitán al mando de la Guardia Civil se negó a sacar las tropas a la calle porque sus hombres no iban a obedecerle. La legitimidad monárquico-constitucional había quedado seriamente dañada por el apoyo del rey a la Dictadura de Primo de Rivera. El Comité Revolucionario toma el poder. El general Sanjurjo, director de la Guardia Civil, se cuadra ante Miguel Maura.

Un  cambio de legitimidad convierte al poder en constituyente, esto es, con la capacidad suficiente para delimitar las grandes líneas de la convivencia política y social plasmadas en una nueva constitución. La legitimidad cambia la mayor parte de las veces por una revolución (más o menos violenta, más o menos pacífica) o  más raramente por un proceso de consenso entre las fuerzas políticas.

Ese consenso constitucional se produjo en la España de la Transición.  Sin una ruptura formal con el orden anterior se llegó a una legitimidad democrática a lo largo de un tortuoso camino que desembocó en la Constitución de 1978. Desde luego que ese proceso no fue una hoja de ruta pensada por Juan Carlos de Borbón y ejecutada por Adolfo Suárez. Fue un proceso de negociación política a muchas bandas que no se hubiera producido sin la presión popular en la calle.

En una revolución el poder constituyente puede imponer una constitución. Eso en teoría, porque en la práctica entre las fuerzas revolucionarias suele haber pluralidad de criterios e intereses y muchas veces la discusión de la constitución fragmenta el concurso social que trajo la revolución. En cualquier caso, una constitución impuesta por una parte de la sociedad (más o menos mayoritaria) al resto sólo puede mantenerse por la fuerza o se disuelve en una sucesión de conflictos que termina por traer otra legitimidad.

Una constitución requiere un consenso tan mayoritario como para que no queden fuera más que fuerzas marginales, enemigas acérrimas de la nueva legitimidad. El poder constituyente se convierte en poder constituido con la proclamación de la constitución, pero para preservar el sistema logrado mediante pactos es necesario que el poder constituido (gobierno, parlamento) no puedan cambiar mediante un proceso legislativo ordinario la norma fundamental.

Todas las constituciones formales tienen alguna forma de blindaje. El problema es que si el blindaje es muy riguroso (“constituciones rígidas”) la reforma resulta casi imposible y, por tanto, en lugar de su puesta al día la única alternativa es abrir un nuevo proceso constituyente… pero para eso hace falta una ruptura y un cambio de legitimidad.

Los constituyentes del 78 establecieron (Título X) un proceso de reforma muy rígido, que exige siempre el acuerdo de las fuerzas parlamentarias mayoritarias (3/5 de las cámaras) y un mecanismo reforzado para la revisión total o una parcial que afecte a la definición del Estado, los derechos fundamentales y libertades públicas y la Corona: disolución de las Cortes por mayoría de 2/3, elecciones a cortes constituyentes, aprobación por mayoría de 2/3 y referendum.  Podría decirse que, en este paquete, si para unos se garantizaba que no se tocaran los derechos fundamentales, para otros, a cambio, se blindaba la monarquía.

Y en esta encrucijada nos encontramos. La legitimidad de 1978 se ha visto erosionada. La ruptura del pacto social ha dejado en la cuneta a gran parte de nuestra sociedad. Con nocturnidad y alevosía PP y PSOE se pusieronde acuerdo para modificar el art. 135, en teoría una norma de regulación de los presupuestos públicos, pero que, en la práctica al someter la política fiscal al dogma del déficit cero, supone la desnaturalización del estado social y democrático consagrado en el art. 1. La partitocracia ha arruinado la vida democrática.

La abdicación de Juan Carlos plantea de nuevo la cuestión de la forma de gobierno. La sociedad española está dividida por líneas ideológicas que hunden sus raíces en República y la Guerra y fragmentada por la crisis, con riesgo para la cohesión social. Por eso la causa republicana aglutina no sólo a los republicanos sino a muchos de los que llevan años defendiendo en la calle el estado social. Puede ser un proyecto ilusionante, pero también un espejismo: ¿y si detrás de la fachada de una república el edificio siguiera teniendo los mismos problemas estructurales?.

Las encuestas dicen que una mayoría está a favor de un referendum para decidir entre monarquía y república. En principio podría recurrirse al referendum consultivo del art. 92, pero constitucionalmente sería más que dudoso, en cuanto que  lo que se pregunta atañe a una de las instituciones  protegidas por el procedimiento de reforma reforzada. Pero imaginemos que se convoca tal referendum y gana la opción republicana. Evidentemente, entonces no tendría ningún sentido poner en marcha una reforma constitucional: estaríamos ante una nueva legitimidad y se abríría un proceso constituyente. ¿Habría consenso para desarrollarlo?.

Otro tanto pueede ocurrir con la consulta catalana. El próximo 9 de noviembre en Cataluña puede haber otra legitimidad. La proclamación unilateral de independencia resultaría imparable. ¿Habría consenso interno en Cataluña? ¿Lo habría en el resto de España para negociar la separación e iniciar nuestro propio proceso constituyente?.

Me temo que a la vista de resultados electorales y encuestas en España es muy difícil alcanzar un consenso para regenerar el sistema político. ¿Podría hacernos reaccionar un trauma grave y repentino como la separación de Cataluña?

De lo único que estoy seguro es que no hay soluciones milagrosoas; que ni un rey ni un presidente de la república pueden en un régimen parlamentario liderar esa regeneración. Por eso me preocupan artículos como el de Josep Colomer que en la práctica aboga por una reedición del 23-F con Felipe VI al frente.

 

 

 

 

 

Reforma de la Constitución: TVE no puede acallar las voces que piden referendum


La reforma express de la Constitución modifica profundamente el sentido del estado social y democrático de Derecho que proclama su art. 1. Bajo la apariencia de una regla técnica de política presupuestaria lo que se hace es introducir la concreción del dogma neoliberal, con la práctica renuncia a la política fiscal al servicio de los derechos fundamentales.

Como se ha visto en el Pleno del Congreso de esta mañana el consenso constitucional de 1978 se ha roto. Por eso, aunque formalmente no es necesario el referendum, la única forma de restaurar ese acuerdo sustancial sería mediante una consulta popular.

TVE está cayendo en el error de reducir el pluralismo inserto en su misión de servicio público a un  puro pluralismo institucional, limitándose a dar voz a las fuerzas parlamentarias en función de su número de escaños, y acallando incluso la disidencia dentro del Partido Socialista. Más grave aún: las únicas voces sociales que se escuchan son las de los economistas neoliberales, como los de FEDEA, cuyo presidente se prodiga en los telediarios y en el lamentable Informe Semana del sábado pasado.

TVE fue sectaria en momentos de pasadas crisis. Lo fue con la crisis de los GAL, con una entrevista con Sancristobal de 12 minutos abriendo un telediario. Fue sectaria con la huelga general (y las ce ce oo oo de Urdaci) y por ello fue condenado en los tribunales. Y fue sectaria con la guerra de Irak, con sus documentales de armas de destrucción masiva. Por no hablar del 11-M…

TVE se juega en estos días la legitimidad que sus informativos han conquistado en los últimos años.

PS.- El Informe Semanal del sábado 3 de septiembre (Reforma deficitaria) fue un buen reportaje en el que estuvieron correctamente representadas las distintas opciones. No obstante, su carencia más importante fue no explicar cómo va a funcionar la reforma y las relaciones entre déficit corriente y déficit estructural.

El no irlandés no es un mero incidente


De mero incidente ha calificado Sarkozy el no irlandés. El mensaje que llega de las cancillerías y de las instituciones europeas es “aquí no ha pasado nada, seguimos adelante”. Se espera ahora encontrar, entre todos, una “fórmula creativa” para que Irlanda se incorpore al Tratado. Veremos si el “no” no termina por contagiar a Reino Unido y República Checa, campeones del euroescepticismo. Pero aunque el proceso de ratificación siga adelante y el Tratado termine entrando en vigor con 27 miembros, la Unión habrá dado un paso atrás. El “no” ha vuelto a poner de manifiesto el déficit democrático de la Unión. Tres miembros (Francia, Dinamarcay ahora Irlanda) han rechazado las normas básicas propuestas para la Unión, bien en forma de Tratado Constitucional, bien en forma de Tratado de Lisboa. Con lo cual se traslada el mensaje a las poblaciones de que su opinión finalmente cuenta poco. Y la Unión se desprestigia y se enroca en su dimensión más intergubernamental y burocrática.

El “no” ha tenido sus razones internas. Curtin y Ryan en Open Democracy analizan algunas: voto de castigo ante la crisis económica, desconfianza frente a la clase política tras los escándalos que llevaron a dimitir al primer ministro Ahern, desconocimiento del texto, bloqueo del sistema parlamentario irlandés… Es cierto también que el referendum es en nuestras sociedades complejas, más un instrumento de populismo que de democracia, como razona George Schöpfling, también en Open Democracy. Pero aunque el instrumento sea manipulable, no puede ignorarse la voluntad que a través de él se manifiesta.

El fallido Tratado Constitucional tuvo su origen en una Convención de notables, elegidos por las instituciones europeas y los estados. Es hora ya de plantear un verdadero proceso constitucional. Que los ciudadanos elijan una asamblea constituyente que elabore una verdadera constitución. Desde luego, mejor que nada, que se aplique el Tratado de Lisboa, porque la otra alternativa es la pura intergubernamentalidad. Proponer en estas condiciones una modificación y una modificación sustancial parece condenado al fracaso. Pero es la única salida: primero reforzar el demos europeo con listas comunes a todos los países al Parlamento y, después, cuando este sistema se consolide, elegir del mismo modo una asamblea o convención constituyente que elabore una verdadera constitución: esto es, una norma que defina el modelo europeo, político, social e institucional.

Soñar es gratis.

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