La Constitución es mi patria


Patriotismo constitucional

Ni banderas, ni escudos, ni religiones, ni ancestrales tradiciones (que como mucho tienen dos siglos). En una sociedad democrática y plural la Constitución es el punto de encuentro común, las bases para que todos podamos desarrollar nuestros proyecto personales y colectivos de manera pacífica.

La Constitución es la patria política, la polis común.El patriotismo constitucional,en la visión de Habermas, es la identificación y el compromiso con los valores de la Constitución, que nos hace ciudadanos y que nos reconoce derechos, pero también nos exige una activa participación y una serie de deberes cívicos.

La lengua, en este caso el español, es una patria global, que nos permite compartir marcos mentales con más de 400 millones de seres humanos. La lengua es la patria mental.

rNo soy de homenajes ni de celebraciones, pero valga  esta reflexión  personal ahora que la Constitución española cumple 40 años y por aquello de que uno no sabe si podrá celebrar los 50 (por los avatares políticos o la desaparición personal).

 Cuando estudiaba Derecho en los estertores del franquismo, estudiábamos y envidíabamos las constituciones de Italia o Alemania, nos explicaban instituciones como los tribunales constitucionales (una creación del genial Kelsen) o nos introducíamos con el emblemático libro de Elías Díaz en la idea del Estado social y democrático de derecho (pdf con un resumen del libro Estado de Derecho y Sociedad Dmocrática, de su autor).

Luego, en mis primeros pasos como periodista, aunque no hacía información política, seguí con pasión los debates constitucionales y vi con satisfacción como aquellas ideas estudiadas en la Facultad tomaban cuerpo en nuevas institucionales y, sobre todo, en una muy avanzada declaración de derechos civiles y políticos.

Hoy, 40 años después, la norma fundamental muestra un desgaste lógico, facilmente superable si el pacto constitucional se mantuviera vivo, pero no lo está.

El pacto constitucional

No hubo unas elecciones constituyentes, pero las de 1977 lo fueron de hecho. Las circunstancias económicas y políticas no podía ser más adversas: un terrible crisis económica, terrorismos varios, ejército y policía sin control.

Las diferencias entre las fuerzas constituyentes eran abismales, pero todos sabían que no se podía volver atrás, que no eran viables ni el franquismo ni la dictadura del proletariado, que había modelos de éxito, que nos encontrábamos en una determinada órbita geopolítica. Y, sobre todo, que la falta de acuerdo significaba el riesgo cierto del enfrentamiento civil generalizado. Por eso hubo pacto.

Unos cedieron cuando no les quedó más remedio, otros conquistaron todo el terreno que era posible. Las movilizaciones sociales fueron mucho más importantes que el cabildeo de los reservados de los restaurantes y Juan Carlos de Borbón no fue el agente decisivo, sino un navegador ambiguo sobre la marejada, pero es cierto que con él abiertamente en contra todo habría sido más difícil.

En mi opinión, hoy la relación de fuerzas entre conservadores y progresistas sería menos favorables para estos últimos.

Nuestra Constitución, a diferencia de la portuguesa de 1976, no promete abrir una camino hacia la sociedad socialista, pero establece los principios de libertad, igualdad, pluralismo y participación y -muy importante- asigna a todos los poderes públicos la función de hacer reales la libertad, la igualdad y la participación.

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.” (art. 9.2)

La declaración de derechos civiles y políticos (la Sección 1ª del Capítulo II) es avanzada, con reconocimiento de derechos entonces novedosos como la limitación de la informática para preservar la intimidad, o el derecho de acceso a los medios públicos de los grupos políticos y sociales representativos. Y sobre todo estas libertades públicas se convierten en verdaderos derechos subjetivos, con una protección judicial efectiva.

En ningún artículo se aprecian tan claramente los difíciles equilibrios como en el 27, que reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y da base a la coexistencia de dos tipos de centros, los públicos y los concertados.

 Lógicamente, el desarrollo de estos derechos se remitía a la ley orgánica. Y ahí no siempre ha habido consenso y sí clamorosos incumplimientos de mandatos constitucionales. Un ejemplo, la ley orgánica que el art. 20 1.d) ordenaba no llegó hasta 1997 (Ley 2/97) y a la ley del secreto profesional todavía la estamos esperando (aunque la jurisprudencia ha llenado ese vacío).

En cambio, los derechos sociales y culturales quedaron rebajados a la categoría de principios rectores de la política social y económica, un marco de progreso, pero carente de una protección judicial efectiva, que se ha demostrado, sobre todo desde la Gran Recesión, como imprescindible.

Ciertamente, la monarquía fue una imposición, pero sin ella hubiera sido imposible el consenso. La monaquía parlamentaria, con un rey sin poder político, es perfectamente homologable. Pero ¡ojo!, los privilegios, los abusos y la identificación con los poderes económicos pueden poner en cuestión ese pacto, por mucho que un presidente de la República, en la actual fase de polarización, sería una trichera más de la batalla política y haría nuestro sistema todavía más inestable.

En el diseño institucional se copió de aquí y de allá. La moción de censura constructiva de la Ley Fundamental de Bonn. El Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura de la Constitución italiana. El Estado autonómico es el desarrollo de los principios del Estado integral de la Constitución de la II República con aportaciones del federalismo alemán.

No, los consensos posteriores nunca fueron fáciles y hoy son casi imposibles. Pero el pacto constitucional se ha mantenido casi hasta ahora y eso nos ha permitido convivir y avanzar como sociedad.

La reforma de la Constitución

Nuestra Historia tiene muchas constituciones, pero pocas reformas constitucionales. Una reforma mantiene la misma legitimidad constitucional, los principios fundacionales, pero actualiza derechos y retoca, más o menos profundamente, las instituciones.

La Constitución requiere una reforma si no queremos que se degrade hasta hacerse inútil. Pero no nos engañemos, la mayor parte de nuestro problemas (la corrupción, el paro estructural, la deficiencias educativas, la degradación de los servicios públicos) no requieren cambios constitucionales y puede resolverse por pactos legislativos y, ante todo, por cambios en la cultura política.

Aquí un elenco de posibles reformas:

  • Derechos civiles y políticos. Retoques mínimos para adaptar, por ejemplo la privacidad al ecosistema digital, pero no abrir “melones” como el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.
  • Derechos económicos y sociales. Conversión en derechos subjetivos exigibles ante los tribunales en la medida de lo posible. Una pensión, una prestación por dependencia o el derecho a una vivienda digna pueden ser reconocidos por los tribunales y su cumplimiento impuesto a los poderes públicos. El derecho a la negociación colectiva también. Pero ¿puede ser exigible ante los tribunales un puesto de trabajo?.
  • Regeneración democrática. Eliminación de aforamientos. Selección por mérito de los miembros de los órganos constitucionales y autoridades independientes. Refuerzo de las incompatibilidades entre mandatos políticos.
  • Monarquía. Eliminación de la prelación masculina. Eliminación de la inviolabilidad del monarca en actos privados, no en actos políticos que, por definición, no puede realizar, pues todos sus actos requieren la ratificación del gobierno y este es el responsable.
  • Laicidad. Lo más prudente sería no tocar el art. 16.2, pero denunciar los acuerdos con el Vaticano y hacer una nueva ley de libertad religiosa en la que quedara clara que la colaboración con cualquier religión lo es en la medida en que la acción de sus fieles e instituciones lo sea para hacer real la igualdad y la libertad. No cabe colaborar en el puro cumplimiento de los fines religiosos de un determinado credo, pero si prestaciones especiales (por ejemplo, menús particulares en establecimientos públicos) para respetar la libertad religiosa.
  • Encaje en la Unión Europea. Clarificar la jerarquía normativa con respecto a las normas europeas. Una reforma conveniente, pero no imprescindible.
  • Estructura territorial. Es la única reforma imprescidible, pero la más difícil, por no decir imposible. Apertura semántica a naciones en lugar de nacionalidades. Conversión del estado autonómico en estado federal. Conversión del Senado en cámara territorial con competencias exclusivas. Clarificación de las competencias entre el Estado central y las comundades federadas. Introducción de una cláusula de secesión: referedum con aprobación por mayoría absoluta del censo electoral, que solo se pueda celebrar cada 25 años.

La ruptura del pacto constitucional

No hay consenso para reformar la Constitución ni siquiera en asuntos menores en los que no hay desacuerdos profundos entre las fuerzas política, porque la oposición (cualquier oposición) en este marco de crispación no está dispuesta a dar ninguna victoría al gobierno (a cualquier gobierno). No digamos ya en los asuntos como la soberanía, la monarquía o los derechos fundamentales que requieren el proceso de modificación agravada: referedum, disolución de la cámaras, aprobación por las nuevas Cortes.

Nada queda del espíritu de consenso de la denostada Transición, que no era puro pasteleo, sino el convencimiento de que había que llegar a acuerdos porque nos jugábamos la pura supervivencia.

Defender la abolición de la repúbica, la independencia de Cataluña o la abolición de las autonomías no es, per se, una ruptura del pacto constitucional.  Es una propuesta de revisión radical, que exigiría un proceso constituyente.

Proponer la eliminación o recortes de derechos fundamentales es, en cambio, absolutamente incompatible con el sistema de valores de la Constitución, una propuesta que no puede ver expedito ningún procedimiento de avance.

Los independentistas catalanes han roto el pacto y la lealtad constitucional no por defender la idependencia sino por vulnerar la Constitución y los procedimientos que la garantizan. Esa ruptura y sobre todo la división social creada son muy difíciles de suturar. Alguna propuesta política habrá que realizar. No aceptarán una reforma federal, tampoco los nacionalistas vascos, que apuestan por el confederalismo. Solo una cláusula de secesión podría restaurar el pacto constitucional.

No hay término más manoseado que el de “constitucionalista”. Las fuerzas que más alardean de ello son las que más han manipulado la composición del Tribunal Constitucional y otros órganos constitucionales, las que más derechos han recortado por vía legislativa.

No tiene sentido proponer, por tanto, frentes de fuerzas constitucionalistas. Los independentistas que han roto el pacto constitucional y la ultraderecha que quiere romperlo están o van a estar en los parlamentos. Cordones sanitarios frente a la ultraderecha solo puede funcionar en Francia, merced a su sistema centralizado, mayoritario a doble vuelta.

Será legítimo que a la izquierda y a la derecha se pacte con los que han roto o han querido romper el pacto constitucional, pero sin concesiones que supongan limitaciones de derechos o sean contrarios a los valores e instituciones constitucionales.

A España ya ha llegado la utraderecha neofascista que cabalga por Europa. Lo peor no es la representación que obtienen, lo peor es que los partidos de derecha aceptan su programa, sus propuestas dominan el debate público (con la complicidad de los medios) y el fascismo impregna poco a poco el imaginario social.

Sin frentismo, sin violencia callejera,  sin concesiones, sin una sonrisa ante un chiste machista, sin compartir ni un meme de odio, en movilizaciones cuando haya que defender derechos… ni un paso atrás, todos con la Constitución.

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