Imágenes del mundo infantil


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Tablón de anuncios de un pueblo de Lérida. 19 de abril 2018. Foto del autor

Una imagen -dicen- vale más que mil palabras.

Recordé esta imagen cuando ayer en un telediario escuché a una madre de alumnos del Instituto de San Andreu de la Barca (Barcelona) pedir que la política quede fuera de las aulas. La declaración venía a cuento de la denuncia de la Fiscalía en la que acusa a los profesores de ese Instituto de hacer comentarios humillantes sobre los guardias civiles, padres de alumnos, que intervinieron en la represión del referendum del 1 de octubre.

No puedo estar más de acuerdo -pensé. En los espacios educativos no se puede adoctrinar. Pero luego fui matizando mi pensamiento. Al margen de lo que dijeran o no los profesores, de si humillaron a los chicos y sus padres y de si tales conductas merecen una sanción penal, está claro que los alumnos de Secundaria o Bachillerato tienen que conocer y discutir los problemas de su sociedad. Cuando las posiciones están muy radicalizadas pueden aparecer tensiones. La función de los profesores es dar  información no sesgada y lo más completa posible y neutralizar las tensiones, reconduciéndolas para construir valores comunes y puntos de entendimiento.

Vuelvo a la imagen. Los dibujos corresponden, sin duda, a niños pequeños, seguramente de primaria. No sabemos si dibujaron en la escuela o en su casa, animados por padres o profesores. Para todos aquellos que piensan que no existen tales “presos políticos”, la foto es una prueba más de la intoxicación del independentismo desde la infancia.

Personalmente creo que lo que están mostrando es que esos niños se solidarizan con lo que perciben en su ambiente como un grave injusticia, lo mismo que lo hacen cuando se produce una catástrofe natural, un atentado terrorista o  viven una guerra. Los niños están expresando sus miedos, sus deseos, la conexión con su comunidad, lo mejor de sí.

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Dibujo infantil relativo al atentado de la sala Bataclan

La foto que encabeza esta entrada esta tomada en un pueblo de la Lérida rural, que prefiero no identificar. La Cataluña interior ha desconectado de España y la foto es una muestra más. La reconexión será difícil, si no imposible, pero pasa, en primer lugar por la normalización política.

Más que valer por mil palabras una buena imagen suscita mil ideas.

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No se puede (ni se debe) intervenir TV3


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La aplicación del art. 155 de la CE para intervenir la autonomía de Cataluña es un fracaso colectivo del que España tardará muchos años en recuperarse. Se sabe como se entra (a veces me parece que ni siquiera eso), pero no se sabe como se sale.

Entre las medidas anunciadas, la posible intervención de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales  (CCMA) ha generado una condena casi generalizada entre periodistas y organizaciones sindicales de Cataluña y el resto de España.

El argumento más repetido es que sería como poner a la zorra a cuidar el gallinero: el gobierno Rajoy ha hecho un uso partidista de RTVE, como acreditan las reiteradas y documentadas denuncias de los consejos de Informativo de la Corporación. Pero prácticamente nadie ha recurrido a argumentos jurídico, que en este caso son esenciales.

 

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Extracto de la nota de prensa del Consejo de Ministros que decide activar el art. 155 CE

 

La Generalitat no puede intervenir la CCMA y, por tanto, tampoco el Gobierno

Como estuve tuiteando a lo largo del fin de semana, intervenir la CCMA no sería reestablecer la legalidad (uno de los objetivos que el acuerdo del Consejo de Ministros invoca para la activación del art. 155) sino vulnerarla. Parte  del ordenamiento jurídico son las leyes catalanas que encomiendan el servicio público audiovisual a la CCMA y establecen su autonomía funcional, sin que el Govern de la Generalitat, cuyas competencias vendría a asumir el Gobierno de España, tenga ninguna capacidad de intervenir su funcionamiento.

En la nota de prensa del Consejo de Ministros, cuyo extracto se recoge más arriba, se invocan las facultades de la Generalitat para garantizar la transmisión de información objetiva, veraz, plural, así como el conocimiento de los valores y principios constitucionales y estatutarios, citando dos (entre dieciséis) de las misiones  específicas de servicio público que el art. 26 de Ley 22/2005 de la comunicación audiovisual de Cataluña   impone a la CCMA, como prestador del servicio de gestión directa de la Generalitat. Ni este artículo ni ningún otro de la Ley 22/2005 reserva a la Generalitad competencia alguna de control o intervención sobre la CCMA. Muy al contrario, el art. 29 1 a) afirma expresamente su autonomía con relación al Govern en la gestión directa y ordinario del servicio público.

El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), órgano regulador de la comunicación audiovisual en la Comunidad Autónoma (L. 11/2007, art. 113) no tiene competencias ejecutivas sobre la CCMA (sí sobre los operadores privados), pero puede -y lo hace- emitir dictámenes sobre su cumplimiento de las obligaciones de servicio público.

La Ley 11/2007 de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (texto consolidado después de la reforma de 2012) adscribe a la Corporación al departamento de la Generalitat competente en materia audiovisual, para consagrar a continuación su independencia funcional (art. 3, puntos 2 y 3).

La gestión y dirección queda a cargo de un Consejo de Gobierno de 6 miembros, nombrados por un plazo de seis años por el Parlament,  que también elige entre ellos al Presidente. Ni uno ni otros pueden ser destituidos por el Govern y solo cesan por causas tasadas (inhabilitación, incompatibilidad sobrevenida, condena por delitos dolosos, art. 9.4).

En resumen, ni la Generalitat ni el Gobierno pueden nombrar ni cesar a los consejeros o al presidente, ni pueden darles instrucciones en la gestión del servicio público.

El art. 155 CE permite al Gobierno adoptar medidas para que el ejecutivo de la Comunidad Autónoma que incumpla la Constitución, las leyes o atente al interés general de España cumpla sus obligaciones. Su aplicación no puede dar cobertura a una vulneración de la leyes autonómicas legítimamente promulgadas que no sean contrarias a la Constitución, como es el caso. Otra cosa es dejar en suspenso el Estado de derecho.

No se olvide, además, que el servicio público se fundamenta en el acceso universal como vía para el ejercicio del derecho ciudadano a la información. Además, de modo directo se vería afectada la independencia y el derecho a informar de sus profesionales. La intervención de TV3 nos pondría al mismo nivel que la Hungría de Orban o la Polonia de Kaczyński.

La traición al servicio público

Entonces, ¿es independiente de hecho del Govern la CCMA? No, no lo es, como no lo es, RTVE. En ambos casos, sus consejos y presidentes son elegidos, de hecho, por sus respectivos gobiernos. En virtud de sendas reformas de 2012, en las que el PP y CiU se apoyaron mutuamente, los gestores se eligen por mayoría de 2/3, que de no alcanzarse se convierte en mayoría absoluta, lo que pone su nombramiento en manos de los respectivos gobiernos. La gubernamentalización ha redundado en manipulación, pérdida de audiencias y descrédito informativo. TVE y TV3 son -en expresión del profesor Bustamante- dos caras simétricas y deformadas del conflicto.

No sigo ni la televisión ni la radio pública catalana, por eso no puedo juzgar si son plenamente ciertas las denuncias de adoctrinamiento. La historia de TV3 hasta 2012 es de una relativa imparcialidad política institucional, mayor que la de TVE, salvo en el corto periodo 2006-2011.

En este momento, ambas radiotelevisiones públicas son claramente dependientes de la política informatica de sus gobiernos. En el caso de TVE las manipulacions son tan burdas que hasta el espectador más desapercibido las nota.

En TV3, dando por buenos los múltiples relatos y descripciones sobre sus informativos y programas, creo que la clave reside en que ha venido dando al procès el tratamiento de lo que Dayan y Katz llamaron “acontecimiento mediático de conquista”, es decir la dramatización de una iniciativa política que pretende unir a la audiencia a su alrededor. Si en el análisis clásico de Dayan y Katz, estos acontecimientos mediáticos eran dirigidos por un personaje carismático, aquí el protagonista ha sido el poble de Catalunya.

Desde esta perspectiva, todo vale, ya no estamos ante manipulación sino ante mecanismos de agit-prop. En esta situación, poco valor tienen los análisis de contenidos como el del CAC, que valora el pluralismo (mayor en TV3 que en TVE) por las fuentes utilizadas. Cuando se construye la república independiente todo vale.

Tratamiento semejante al que puede dar TVE a la Fiesta Nacional, a la boda real (acontecimiento de celebración) o a la victoria de la selección nacional (acontecimiento de competición). Da igual que haya voces discrepantes, lo que cuenta es el tono general apoteósico y de “unidad nacional”.

¡Ojo! No es que TV3 formatee la conciencia de los catalanes, es que expresa la división de la sociedad: la televisión pública aglutina a los más catalonaparlantes, independentistas y  votantes de Junts pel Sí y la CUP.

Todo esto no se soluciona poniendo a la CCMA a las órdenes de La Moncloa, muy al contrario: intentar que TV3 sea un clon de TVE es imposible y solo dará más argumentos al independentismo.

Lo terrible de todo esto es que redundará aún más en la deslegitimación del servicio público.

 

Otro referendum cortaría el nudo gordiano del conflicto catalán


Llevo muchos meses sin comparecer en este blog. Las razones, exceso de trabajo, vacaciones y -tengo que decirlo- un cierto cansancio. Hablar hoy de Cataluña, cuando prácticamente todo está dicho, es ya bastante inane. Valga esta entrada de desahogo personal.

En los próximos días nos jugamos la democracia y un futuro de paz y prosperidad para los próximos 25 años. Si una insurrección popular respaldara la muy probable declaración unilateral de independencia o si el gobierno recurriera a medidas de excepción habría terminado eso que algunos llaman el “régimen del 78” y que, con todos sus defectos, ha sido el período de democracia más dilatada de la historia de España.

Seamos optimistas. El referendum se celebra en medio de un caos organizativo, pero sin incidentes violentos. La participación no llega al 50% y los síes superan el 85%. Puigdemont proclama la independencia en medio de masivas movilizaciones. Y al día siguiente todo sigue igual. Ningún gobierno extranjero reconoce a la Cataluña independiente. Los empresarios siguen ingresando las cotizaciones en la Tesorería General de la Seguridad Social y la recaudación del IVA en la Agencia Tributaria. Las normas jurídicas, para ser tales, tienen que tener eficacia, ser acatadas por sus destinatarios. Y en el caso de la llamada de ley de transitoriedad eso solo es posible si se produce una insurrección popular, en medio de un enfrentamiento entre Guardia Civil y Mossos de Escuadra. Mejor no pensarlo.

¡Ay si se pudiera volver a empezar! Si pudieran borrarse las mesas de firmas del PP contra el Estatuto; el “Espanya ens roba”; la manipulación nacionalista de la Historia y la educación; la campaña de boicot a los productos catalanes; el recurso del PP ante el Constitucional; la manipulación de las inhabilitaciones de los magistrados del Constitucional; la sentencia derogatoria e interpretativa de partes (no sustanciales) del Estatuto; la manifestación contra el Estatuto; las movilizaciones de las Diadas; la cerrazón de ambas partes a un verdadero diálogo. Otro gallo nos cantaría si se hubiera celebrado un referendum, como proponía Rubio Llorente (¡en 2012!).

No, en las relaciones humanas, sociales y políticas no cabe el reinicio, el reseteo. No podemos empezar de cero. Mucho se ha perdido ya: la confianza entre Cataluña y el resto de España, una fractura difícil de cerrar dentro de la propia sociedad catalana. Veo a compañeros catalanes con los que he colaborado defendiendo la independencia y a otros en Sociedad Civil Catalana.  De ahí hay que partir, empezando por suavizar las tensiones.

No ayudan las sobreactuaciones de algunos jueces. Una cosa es incautar la infraestructura del referendum e incluso investigar y hasta procesar a sus responsables, y otra detenciones indiscriminadas o la prohibición de actos de propaganda, como ha ocurrido en Madrid, con la violación flagrante de las libertades de expresión y reunión. Mejor -más claro, más transparente- hubiera sido una suspensión de competencias autonómicas.

En el mejor de los casos habrá nuevas elecciones al Parlamento de Cataluña, que resultará en mayorías más cualificadas a favor de la independencia y el referendum. Y en este punto habrá que negociar. No la financiación autonómica o las inversiones. No, habrá que negociar unreferendum. No el referendum de autodeterminación de los independentistas, sino un referendum que deje clara la voluntad de los catalanes de iniciar un proceso de separación.

La pregunta podría ser “¿Quiere que Cataluña sea independiente y que para ello el Parlamento de Cataluña inste la reforma de la Constitución española?” Hace dos años me pronucié por incluir el poder de secesión en la reforma de la Constitución española (difícilmente se puede reconocer a Cataluña y no al resto de los territorios). Llegar a ese compromiso requeriría por parte de los independentistas detener el proceso insurrecional y por parte del resto de fuerzas políticas el compromiso firme de impulsar la reforma constitucional… pero dejando la última palabra a todo el pueblo español mediante un referendum final.

Si en ese primer referendum catalán (que podría incluir también como alternativa una oferta de reforzamiento del autogobierno) vence la opción de la independencia habría por delante un arduo camino lleno de obstáculos, pero con una hoja de ruta clara. Si se rechazarara, entonces quizás podríamos ocuparnos de los problemas reales: rescate de los perdedores de la crisis, lucha contra la corrupción y regeneración, transformación de la estructura productiva, adaptación al cambio climático, lucha contra la desigualdad, reforzamiento de los derechos civiles, políticos y sociales.

El referendum habría roto cortado el nudo gordiano.

Cataluña y el poder de secesión constitucional


No sé si la independencia de Cataluña que hoy de facto ha declarado el Parlamento de Barcelona podrá ser parada con métodos jurídicos, incluso con la puesta a las órdenes del Delegado del Gobierno de la policía catalana, en el marco de la suspensión de la autonomía. De lo que estoy seguro es que de ser así no harán sino aumentar los independentistas.

La resolución del Parlamento de Cataluña supone la apertura de un proceso constituyente, pero como todo proceso constituyente requiere de una nueva legitimidad, que en este caso una minoría (muy cualificada) quiere imponer a una mayoría de catalanes y al resto de los españoles. Habitualmente los procesos constituyentes siguen a las revoluciones; aquí el proceso es a la inversa, el proceso constituyente para seguir adelante tendrá que desembocar en un proceso revolucionario en el que a la coacción del Estado se responderá seguramente con una toma de control de los centros de poder por parte de las masas independentistas.

Puede que ya sea imposible una salida sensata, pero en todo caso ésta pasaría por reconocer un poder de secesión a las partes constitutivas del estado compuesto en un régimen federal. No se trata de reconocer un inexistente derecho a la autodeterminación ni articular su alternativa líquida, el derecho de decidir. Es simplemente buscar fórmulas para que las partes de un Estado pueda permanecer juntas conociendo en que condiciones se pueden separar.

Resulta aburrido recordar -todas las instancias internacionales lo han dicho- que el derecho de autodeterminación se refiere a aquellos territorios en manos de un poder colonial, o, que por extensión se encontraran en una situación de grave violación de los derechos fundamentales de cada ciudadano a su lengua, su cultura o  ser víctimas de un expolio económico. No creo que ningún observador externo entienda que esa es la situación de Cataluña.

Alternativo al derecho de autodeterminación se presenta el derecho a decidir, que se entiende como la imposición de una postura de una parte (decidida por mayoría) al todo. Se dice que si no se permite decidir sobre el futuro de un pueblo, y en cuanto ello supone una grave violación de los derechos fundamentales, la rebelión es legítima. El derecho a decidir -nos dicen- es la esencia de la democracia. Olvidan que la democracia es el gobierno de las mayoría en un marco de Estado de Derecho (imperio de la ley) que garantice los derechos fundamentales, la división de poderes y elecciones libres. Y con una Constitución que garantice que los pactos constitucionales en los que se asienta el Estado no son cambiados por una simple mayoría parlamentaria.

El sujeto de ese derecho a decidir es cada uno de los ciudadanos, no los pueblos, las naciones o los territorios. Los catalanes llevan ejerciendo ese derecho a decidir mediante multitud de elecciones generales, autonómicas y locales y de modo muy destacado a través de los referéndums sobre la Constitución y los dos sobre los Estatutos. Cierto es que resulta un disparate jurídico que una norma del bloque constitucional como es un estatuto pueda limitarse después de un referéndum ratificatorio por el Tribunal Constitucional; si acaso ese control debía de ser previo. En esa sentencia se encuentra la fuente de una buena parte de la desafección actual.

Creo que ninguna Constitución de un estado compuesto reconoce el derecho de autodeterminación de sus partes. Lo hacía la Constitución de la República Federativa yugoslava. Las distintas repúblicas lo ejercieron rompiendo Yugoslavia, pero el problema vino cuando las minorías de esos nuevos estados invocaron también la autodeterminación. El resultado es dolorosamente conocido. ¿Donde termina  ese supuesto derecho natural? ¿en la nación, en el pueblo, en la región, en la comarca, en el municipio, en el barrio, en el cantón?

En cambio, dos estados compuestos, Canadá y Reino Unido, han encontrado solución para el problema de que una parte significativa de la población no quiera vivir con el resto. En el Reino Unido (sin Constitución formal lo que simplifica las cosas) se logró por un pacto político. En Canadá, mediante la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de agosto de 1998, que en esencia falló que la provincia de Québec no tenía derecho a la secesión, pero que el gobierno central tendría que negociar con el de la provincia su separación si así lo manifestaran respondiendo a una pregunta clara una amplia mayoría de quebequenses.

Aquí estamos nosotros. El titular de la soberanía es el pueblo español, pero una parte significativa de catalanes quieren ejercer separadamente la soberanía. La solución es un estado federal que reconozca el poder de secesión a sus partes constitutivas.

¿Cómo conciliar la soberanía del pueblo español con la del pueblo de Cataluña? Con una reforma constitucional que en el marco de un estado federal reconozca la facultad de las partes de separarse. Si se sigue el proceso de reforma constitucional -aprobación por 2/3 de las cámaras, disolución, elección de Cortes Constituyentes y referéndum ratificatorio- los españoles pueden pronunciarse sobre ese ejercicio fraccionado de la soberanía nacional.

¿Qué requisitos debieran de reunirse para ejercer el poder de separación? Aprobación parlamentaria por mayoría de 2/3, sometimiento a referendum de la pregunta “¿quiere que su territorio sea independiente de España”, que debería de recibir la aprobación de al menos la mitad más uno del censo electoral y, en su caso, negociación entre el gobierno del territorio y del gobierno central en el marco de unas reglas previamente establecidas por la Constitución. En caso de no ser ratificada la secesión no podría plantearse de nuevo en los siguiente diez años.

En ese estado federal cada territorio podría declararse nación, región histórica, tribu o clan si así le place y se inscribe en el respectivo Estatuto. Una u otra identidad no supondría más poderes, beneficios o asimetrías. Todos sabemos que nuestro estado de las autonomías es materialmente un estado federal, pero que carece de mecanismos de cooperación y adolece de un deficiente reparto de competencias y un deficiente sistema de financiación. Que esa reforma constitucional convierta al Senado en cámara territorial, delimítense competencias y si es necesario incorpórese el principio de ordinalidad financiera. Pero no se olvide que los derecho son de los humanos no de entelequias históricas.

Me sorprende que ninguno de los partidos que habla de una reforma constitucional en profundidad se refiera al proceso tan exigente y complicado que requiere nuestra Constitución. Pero no hay otro camino. La disolución de las cámaras, la convocatoria de Cortes Constituyentes y el referendum final no sólo garantizan el imperio de la ley sino que permite dar voz a todos los españoles, titulares todos y cada uno de ellos de la soberanía nacional.

No soy tan ingenuo como para pensar que las élites catalanes que han propiciado la rebelión constitucional estén o hoy dispuestas a aceptar esta vía de solución del conflicto. Y de otro lado no veo líderes ni fuerzas políticas con las ideas suficientemente claras para, por ejemplo, jugarse una mayoría parlamentaria disolviendo las cámaras y convocando Cortes Constituyentes. Ni tengo claro que los españoles aprobaran en referéndum una Constitución que incluyera el poder de secesión. Quizá primero tenemos que precipitarnos por el precipicio. Estamos en la orilla.

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