La amnistía, una oportunidad perdida


Protesta de jueces y magistrados de Cádiz/Efe/Román Ríos

Las negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes y la presentación de una proposición de ley de amnistía ha desatado una oleada de protestas políticas, populares e institucionales, que ha tensado la convivencia en las últimas semanas.

Vaya por delante mi respeto a todos los que critican las negociaciones y la amnistía y a los cientos de miles que el domingo 12 de noviembre protestaron en las plazas españolas, ejerciendo sus legítimos derechos de manifestación y a la libertad de expresión. No así ante los energúmenos que asedian las sedes socialistas, tiran huevos a los diputados, agreden a los periodistas y lucen símbolos fascistas.

Se puede estar en desacuerdo con los acuerdos y con la amnistía -personalmente, los acuerdos con Junts no me gustan- pero la AMNISTÍA NO ES:

  • Un golpe de Estado o una dictadura. No se ha derrocado a un gobierno legítimo. No se han subvertido los derechos fundamentales y no se persigue a nadie por discrepar.
  • No se ha atacado la división de poderes ni la igualdad ante los españoles. Una amnistía es una ley excepcional, que no revisa las sentencias judiciales caprichosamente, sino que, por razones de interés general, se declara con carácter general que determinados actos dejan de ser ilícitos. Se puede estar en desacuerdo con la necesidad de la medida, pero no decir que es un atentado contra la división de poderes. Lo que ha sido una clara intromisión en la separación de poderes y un ataque al legislativo han sido las insólita protestas de los jueces ante los palacios de justicia. Jueces y magistrados tienen derecho a la libertad de expresión, pero no haciendo valer su condición institucional. Lo que tenían que haber hecho es colgar las togas y asistir a las manifestaciones como un ciudadano más, Está claro que han incurrido en una sospecha de parcialidad, que, a buen seguro en el futuro traerá recusaciones.
  • La amnistía no es un fraude electoral, que anule el resultado de las elecciones. Son innumerables los ejemplos de gobiernos de todo signo que nada más llegar al poder adoptan medidas, más o menos traumáticas, que no estaban en su programa. Nuestro sistema es parlamentario y gobierna no la lista más votada, sino el candidato que más apoyos parlamentarios reúne. El PP ha intentado deslegitimar a todos los gobiernos socialistas desde Zapatero. No olvidemos el siniestro bulo que hacía a ETA responsable del 11-M y, que, pese a una sentencia ejemplar, envenenó la vida política durante una legislatura, con enorme dolor para las víctimas. Después de la moción de censura Sánchez era el «okupa» de La Moncloa. Y ahora, en lugar de pedir la retirada de la amnistía, lo que el PP exigía era la convocatoria de nuevas elecciones, Afortunadamente, ayer Feijóo reconoció finalmente la legitimidad de un gobierno de Sánchez.

Una ocasión perdida

Como ya dije en septiembre, consideraba que la amnistía no era legítima. No obstante La ley de amnistía debiera de haber sido, como lo fue la de 1977, el prólogo para un nuevo pacto constitucional.

Sobre su constitucionalidad se pronunciará el Tribunal Constitucional. Para su legitimidad, Junts y ERC tendrían que haber reconocido que en 2017, Cataluña no sufría ninguna situación de opresión colonial, sino un altísimo grado de autonomía y hacer una declaración expresa de que no intentarán ningún proceso unilateral de independencia. Y Pedro Sánchez explicar las razones de interés general, pero me temo que está atado por los acuerdos con Junts, que le dejará caer a las primera de cambio.

ELEMENTOS DE UN NUEVO PACTO CONSTITUCIONAL

  • Avanzar hacia es Estado Federal cooperativo, para lo que solo falta convertir al Senado en una verdadera cámara de representación territorial. Desarrollar las conferencias de presidentes y sectoriales, con competencias propias. Crear un mecanismo de autorregulación financiera, que se actualice periódicamente.
  • Mecanismos de secesión reconocidos para todas las comunidades con mayorías reforzadas (como ya defendía en 2017) y procedimientos garantistas.

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