El Ministerio de la Verdad, la censura, la imparcialidad y otros mitos en la época de la desinformación


«Mientras tú permanecías atento a las elecciones americanas como si te jugases mucho en el desenlace, tu Gobierno, el de España, ha lanzado un blitzkrieg, una ofensiva relámpago, contra tus libertades. En una sola semana ha establecido la censura de contenidos en la prensa y las redes sociales, ha puesto trabas legales a la enseñanza concertada, ha suprimido la cooficialidad del castellano en los planes escolares y se dispone a permitir a Hacienda el allanamiento de tu casa sin aviso ni trámites».

Ignacio Camacho – Más vale que sea el lechero – ABC 8-11-20

Se ha implantado la censura y yo sin enterarme. La apocalíptica columna de Ignacio Camacho es un perfecto ejemplo de mentiras, distorsión informativa y medias verdades al servicio de una opinión partidista. Como opinión tiene la protección constitucional de la libertad de expresión. Ni esta ni cualquier opinión ha sido censurada en este país, ni puede serlo. Por cierto, si al abrir el enlace solo podemos leer el primer párrafo de la columna no es porque nadie la haya censurado, es porque ABC (como todos los grandes diarios) tiene un muro de pago.

La publicación en el BOE del Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional desató una tormenta de críticas. La Comisión Permanente contra la desinformación creada por la Orden Ministerial fue estigmatizada como si del Ministerio de la Verdad orwelliano se tratara. Llego tarde a la polémica y puede que todo esté dicho. Pero creo que vale la pena mostrar como algunos de los principios (mitos si se quiere) en los que se ha fundamentado tradicionalmente el periodismo se ven confrontados por el fenómeno de la desinformación digital.

El mito de la censura de la Comisión de la Verdad

Leer en el BOE la dichosa orden es un ejercicio fastidioso. Resulta difícil extraer algo de esencia de ese lenguaje burocrático. Regula los procedimientos de coordinación entre los distintos organismos que, de hecho, estaban actuando (con los gobiernos de Sánchez y de Rajoy) en la lucha contra la desinformación y da un estado oficial al punto de conexión con los organismos europeos y el Plan Europeo de Acción contra la Desinformación.

Es importante subrayar que, de acuerdo con el marco europeo al que la Orden se remite, no toda información verificablemente falsa o engañosa debe combatirse -si así fuera, estaríamos ciertamente ante organismos europeos o nacionales que establecerían lo que es Verdad o Mentira- sino solo aquella que perjudique gravemente a los procesos democráticos o a bienes públicos, como la salud, el medio ambiente o la seguridad.

No se establece ninguna forma de censura (control previo a la difusión) ni procedimiento judicial para eliminar informaciones o mensajes. No obstante, que se confíe la monitorización, vigilancia, mitigación y gestión estratégica de las amenazas a una amalgama de órganos de seguridad (Departamento de Seguridad Nacional, Centro Nacional de Inteligencia) y comunicación (Secretaría de Estado de la Comunicación) hace temer una explotación propagandística: que la lucha contra la desinformación se convierta en parte de la política de comunicación al servicio del Gobierno. Preocupante fue aquella declaración del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil de que la institución vigilaba los bulos para minimizar el clima contrario al Gobierno, torpemente matizada luego.

Falta transparencia, por mucho que ahora, ante las críticas, el CNI facilite alguna información sobre los trabajos de su Observatorio contra la Desinformación, en el que -dice- se siguen 32 narrativas que atacan la confianza en las instituciones, el pensamiento científico, los medios de comunicación o el sistema financiero, como el negacionismo climático, la eurofobia, la criminalización de las minorías sexuales o la inmigración, el antisemitismo o el fomento de movimientos independentistas y supremacistas.

La pandemia del Covid-19 ha llegado en los tiempos de la desinformación y se ha convertido en infodemia. Bulos, manipulación informativa, libelos o campañas de propaganda los hubo siempre. Lo nuevo, lo distinto, no es tanto la amplificación que dan las redes sociales a la mentira o la tergiversación de la verdad. Lo diferente es el desprecio a las fuentes, los mensajes anónimos, la asunción acrítica de los mismos, su mayor capacidad de difusión en cuanto que más emocionales y divisivos resulten,  su gestión por máquinas inteligentes y, sobre todo, la inserción de estas técnicas en estrategias de guerra sicológica, tanto a nivel nacional como internacional.

Muchos de los bulos que hemos recibido como remedios milagrosos contra el coronavirus han sido creados por personajes que buscan un beneficio particular, como todos esos falsos doctores de medicinas alternativas. Otros son narcisos que no buscan más que brillar un momento y conseguir likes o seguidores.

El núcleo duro de las medias verdades, tergiversaciones, mentiras palmarias, insultos o descalificaciones proviene, sin embargo, de agentes políticos, más o menos organizados. Su estrategia es crear un clima de tensión, polarización, descrédito del adversario convertido en enemigo, quebrar la confianza en las fuentes expertas y en los procedimientos lentos y complejos de la democracia para promover las soluciones directas, sencillas, milagrosas. Así ganó Trump en 2016; así se fabricó el Brexit; así desarrolla Putin sus guerras asimétricas. Como en el terrorismo yihadista, además de las redes organizadas, miles  de individuos (en el caso del terrorismo), millones (en la guerra de la desinformación) generan mensajes propios siguiendo las pautas de sus modelos. El resultado es devastador para el debate civilizado en el que se basa la democracia.

Las campañas de desinformación cuestionan el sistema democrático en tres dominios esenciales (Tenove, 2020): la soberanía, la limpieza de las elecciones y la calidad de la deliberación pública. El reto es luchar contra estas amenazas respetando la libertad de expresión e información, pero también el derecho a recibir información veraz.

La respuesta en el ecosistema mediático analógico tiene ámbito estatal: cada uno responde por sus mensajes, esta responsabilidad solo puede ser exigida por los tribunales en aplicación del derecho penal (protección de los derechos fundamentales o la seguridad nacional) o civil (protección de los derechos de la personalidad) y solo un juez puede ordenar el cese de la difusión de un mensaje.

En el ecosistema digital estos mecanismos tienen que ser respetados, ningún mensaje puede ser, por ejemplo, eliminado por un funcionario. Hay diferencias sustanciales: los mensajes pueden originarse en otras jurisdicciones, sus autores pueden ser otros estados o grupos terroristas, los autores son a menudo anónimos o se pierden en cadenas virales promovidas por bots, la difusión está gobernada por algoritmos opacos que favorecen los mensajes extremos y son las propias plataformas las que pueden eliminar mensajes sin dar cuenta a nadie.

Hasta el momento no se ha abordado ningún tratado o instrumento del derecho internacional para luchar contra la desinformación. Las respuestas son nacionales, de alianzas militares (OTAN) o de la Unión Europea.

Los estados confían a sus agencias de seguridad la lucha contra la desinformación, unos organismos con una relación cuando menos conflictiva con el respeto de los derechos humanos. Son pocos los ejemplos de transparencia en este terreno, como el de Suecia, donde cada hogar recibe un folleto sobre las campañas de desinformación en curso.

Desde 2019 la Unión Europea tiene un Plan de Acción de lucha contra la desinformación. Se identifican como agentes de la desinformación a Rusia y en menor medida a China y Estados Unidos, pero también a organizaciones políticas europeas. La estrategia pasa por reforzar diversas estructuras para detección temprana de las falsas noticias, la reacción coordinada de los estados miembros frente a ataques exteriores, la promoción de entidades de verificación y la exigencia de un código de buenas prácticas a las plataformas tecnológicas. El objetivo (declarado) del tan denostado protocolo español sería garantizar la participación en el plan de acción comunitario.

No hay patrón común en las respuestas de los estados miembros de la UE, pero Alemania, Italia y Francia han adoptado las medidas más radicales.

En 2017 Alemania promulgó la que es seguramente la ley más rigurosa, la NetzDG o ley reguladora de la aplicación del ordenamiento a las redes sociales. Como su propia denominación indica, su objetivo no es propiamente la lucha contra la desinformación, sino que la comunicación que se vehicula a través de las redes sociales se sujete al ordenamiento jurídico. Las plataformas con más de dos millones de usuarios en Alemania están obligadas a crear mecanismos eficaces para que cualquier particular pueda denunciar mensajes que incurran en alguna de 22 categorías previamente delictivas, relacionadas con la difamación, el discurso del odio, informaciones falsas o propaganda de organizaciones prohibidas. Si el mensaje es manifiestamente ilegal la plataforma tiene 24 horas para retirar el mensaje o 7 días para los casos que no sean evidentes. Las plataformas que no se atengan a este marco pueden ser sancionadas con multas de hasta 50 millones de euros. La ley está pendiente de reforma para obligar también a las plataformas a denunciar judicialmente a los autores de estos mensajes. La norma ha sido polémica dentro y fuera de Alemania, pero la crítica más fundada es que supone, de hecho, la externalización de la potestad estatal sancionadora.

Italia aprobó para las elecciones de 2018 un protocolo que confió a la Policía Postal (¡cuántas policías distintas hay en Italia!) la vigilancia de las campañas de desinformación. Mediante un botón rojo en su página web cualquier ciudadano podía denuncia un mensaje y la propia policía podía discrecionalmente decidir si la información podía considerarse falsa, infundada o difamatoria y, en consecuencia, solicitar una acción judicial. El protocolo fue criticado como un peligro para las libertades de expresión e información por las organizaciones periodísticas y por el relator de la ONU para la libertad de expresión.

El ámbito de la ley francesa contra la manipulación de la información (LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018) es el electoral. Afecta a las plataformas con más de 5 millones de usuarios únicos mensuales y establece jueces especiales que durante el periodo de tres meses precedentes a las elecciones conocen de denuncias de desinformación y pueden ordenar la retirada inmediata del mensaje, si se trata de una información manifiestamente falsa, que se difunda masivamente y de manera artificial y pueda conducir a alterar la paz pública o la sinceridad del escrutinio. Además, el Consejo Superior de lo Audiovisual puede suspender unilateralmente durante la campaña cualquier organización mediática bajo influencia extranjera.

El mito de la imparcialidad periodística

La noche del 5 de noviembre los norteamericanos fueron testigos de un hecho excepcional en la Historia del periodismo. Las cadenas CBS, MSNBC, ABC News cortaron en directo al presidente de Estados Unidos. Trump comenzaba a desarrollar su discurso (anticipado en Twitter): «Si contamos los votos legales, gano fácilmente. Si cuentas los ilegales, nos van a tratar de robar…». Apenas 27 segundos y los presentadores retomaron la conexión para puntualizar que las acusaciones de fraude de Trump no tenían fundamento alguno.

Que Trump ha sido un gran propalador de la desinformación está fuera de toda duda. Pero que a un presidente elegido legalmente en 2016 y que en esta elección ha obtenido más de 73 millones de votos no se le permita presentar sus argumentos en las cadenas de televisión, por muy falsos que sean, ¿puede considerarse una afrenta a la democracia (Bérengère Viennot, autora de «La langue de Trump»), una forma de censura?

En los tiempos de la desinformación los principios que han inspirado al periodismo anglosajón (y por extensión a todo el periodismo profesional) se han ido diluyendo.

Si históricamente el periodismo europeo (sobre todo el latino) era más opinativo, militante y partidista, los grandes periódicos anglosajones primero y luego las televisiones después, invocaron siempre como principio fundador el del «open market of ideas»: si todas las voces se expresan con libertad, los ciudadanos podrán donde discernir donde se encuentra la verdad.

La función de los medios es encontrar esas voces relevantes, prestarlas difusión, hacerlas dialogar. De manera que ya ese mercado abierto quedaba circunscrito a las decisiones editoriales de los medios, que, de hecho, privilegian a las voces más poderosas e institucionales. Los medios podían tener su definición editorial, pero debían mantener una imparcialidad en las informaciones. Imparcialidad contrapesada por la función de vigilante del poder, cualquier poder.

Un desarrollo aberrante del principio de imparcialidad es el periodismo de declaraciones que tanto se practica entre nosotros: A dice «x», B dice «y» y el periodista ni pone en contexto estas declaraciones, ni analiza los argumentos, ni los confronta con los hechos, ni abre el diálogo a voces más plurales.

Desde comienzos de este siglo, con la llegada de Fox News, las cadenas de noticias norteamericanas por cable se fueron haciendo cada vez más partidistas. Trump declaró la guerra a los «medios mentirosos», todos salvo Fox News, donde era una presencia constante y sus mentiras eran amplificadas por el coro de aduladores y sectarios falsos especialistas. Los medios desarrollaron mecanismos de verificación que contabilizaron diariamente las mentiras presidenciales.

Esa noche del 5 de noviembre, en un momento crítico para la democracia, las televisiones decidieron que no podían dejar que en sus pantallas Trump pusiera en cuestión la limpieza del sistema electoral. ¿Censura? No, porque esas declaraciones habían tenido ya más que sobrada difusión. Pero decisión editorial que profundizara la brecha que divide a los norteamericanos y marcará a estos medios como agentes partidistas.

La campaña electoral ha destruido otro mito, el de que las plataformas tecnológicas no son más que la versión digital de ese libre mercado de ideas, sin intervención editorial alguna. Por supuesto que con sus algoritmos dirigen el flujo informativo. Pero durante la campaña, Facebook y Twitter han tomado decisiones todavía más evidentes: eliminar mensajes supuestamente falsos o engañosos, e incluso etiquetar como no ajustadas a los hechos las declaraciones del propio presidente de Estados Unidos. Ahora los legisladores están dispuestos a modificar la norma legal que libera de responsabilidad a las plataformas por los contenidos difundidos.

En una encuesta promovida en abril por la organización Article 19 una mayoría aplastante se mostraba partidarias de que las redes suprimieran las informaciones falsas o engañosas sobre el coronavirus, incluso si la fuente era el presidente o los funcionarios. La desinformación está poniendo en peligro no ya el sistema democrático, sino hasta nuestras vidas. Pero la solución no puede ser sustituir la censura estatal por la censura privada.

La desinformación está ganando. Si no ¿cómo es posible que un 65% de loes españoles piensen que el virus ha sido creado en un laboratorio o que el 40% crea que hay una conspiración detrás de las vacunas? La desinformación es invencible porque su raíz está dentro de nosotros, en las heridas, reales o figuradas, que la sociedad nos inflige, justa o injustamente, en nuestras frustraciones, en nuestros amores y odios, en nuestras creencias, valores e intereses.

Para otra ocasión queda el profundizar en los recursos para luchar contra la desinformación: corregulación, etiquetas, transparencia en las fuentes, instancias de verificación, bloqueo de bots, pluralismo en los medios, educomunicación y, sobre todo, desarrollar los nuevos derechos digitales (propuesta de Carta de Derechos Digitales, sometida a consulta pública). Pero lo esencial es que cada uno de nosotros seamos el fusible que cortocircuite la difusión viral de los mensajes que nos intoxican.

Lecturas

Otras entradas en este blog

Guías de verificación

Conectar con los jóvenes: la difícil recuperación de la universalidad del servicio de los medios públicos


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La foto que ilustra la portada del último informe del Reuters Institute sobre la audiencia de los informativos de las rtvs públicas lo dice todo: receptores de televisión arrumbados para su desguace. Y un título también expresivo, una audiencia de mayor edad, bien educada y políticamente diversa. En las conclusiones -y en los titulares de las noticias que dan cuenta del informe publicado la pasada semana- términos amenazantes: riesgo de irrelevancia si no se conecta en el nuevo ecosistema multiplataforma con el público joven y menos educado.

¿Están los medios públicos condenados a la irrelevancia, a una lenta decadencia mientras sus viejos espectadores y oyentes van muriendo? ¿Siguen prestando un servicio esencial en una sociedad democrática? ¿Deben ser financiados con recursos públicos si sus contenidos solo alcanzan a los más mayores y más educados?

Estas preguntas no tienen fácil respuesta. En esta entrada acudiré a las aproximaciones de los más recientes informes sobre el estado de los medios públicos y sus servicios informativos (ver fuentes al final), para terminar con una reflexión personal.

Una precisión terminológica. Los medios públicos europeos se categorizan hoy como Public System Media (PSM), en lugar del tradicional Public System Broadcasting (PSB), en cuanto que ya su distribución no se limita a los canales lineales de radio o televisión dirigidos a audiencias masivas (broadcasting) sino que se realiza también en un entorno multiplataforma en línea. Lamentablemente no tenemos en español una traducción fácil de estas denominaciones, pero para PSM propongo Servicio Público Multimedia.

Informe Reuters Institute: la audiencia de los medios públicos

El estudio analiza el alcance de los medios públicos en 8 países europeos a partir de encuestas con una muestra de en torno a 2.000 encuestados en cada país. Son datos desglosados de su Digital News Report y se han obtenidos a comienzos de 2019. No son datos de audiencia obtenidos por sistemas de medición a partir de audímetros (televisión) o distribución de etiquetas digitales (plataformas) y no comparan los medios públicos más que con sus mayores competidores privados (analógicos y digitales). Su valor es limitado, pero muy útil como indicador de tendencias.

Su principal conclusión es que los servicios de los medios públicos (PSM) ya no son servicios universales, pues aunque mantienen un muy relevante alcance social con su programación en línea que llega a una audiencia políticamente diversa, dejan de lado a los más jóvenes y menos educados, siendo su impacto muy pequeño en las plataformas digitales.

Veamos los datos.

Alcance

Al hablar de las audiencias televisivas estamos acostumbrados a manejar el share, esto es, el porcentaje de espectadores que ven un determinado programa sobre el total de los espectadores que ven en un momento determinado la televisión. Es un dato pensado para retribuir la publicidad y propicio para crear relatos de ganadores y perdedores y, sí, también, muy útil para que los programadores midan el impacto de sus contenidos. Pero para un servicio público el dato relevante debiera de ser el reach, el alcance, esto es, el porcentaje de la población total a la que da servicio durante un periodo de tiempo determinado. En el caso de este informe y referido a los servicios de noticias (radio, televisión, web y otras plataformas digitales) el periodo es la semana.

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A la vista de los datos puede afirmarse que los servicios de noticias de los medios públicos siguen siendo un factor informativo muy relevante que alcanza a más de la mitad de la población, salvo en Francia, España y Grecia.

La fortaleza de los medios públicos reside en los tradicionales servicios lineales offline (todos, menos RTVE y ERT, superan a sus competidores privados), pero aunque en algunos casos el porcentaje alcanzado online es notable, en la mayor parte se trata ya de espectadores u oyentes alcanzados por los canales lineales, siendo muy limitado el porcentaje que solo se sirve de los servicios de noticias online.

La BBC es un caso único, pues no solo la audiencia digital supera el 50%, sino que además añade un 10% al alcance total. Malos son los resultados de RTVE, tanto en audiencias offline como online. Llama la atención el caso de la RAI, con buenas audiencias offline y online, pero con muy pocos usuarios exclusivamente online.

¿Es una fortaleza o una debilidad esta dependencia de los canales tradicionales? Los redactores del informe sostienen que es una debilidad, que es insostenible depender de estos canales lineales, pero como argumentaré más adelante puede ser también una fortaleza y la más importante.

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Jóvenes

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Del gráfico anterior resultan algunas conclusiones. Que los competidores digitales privados superan a los públicos en su alcance online (salvo en el caso de la BBC). Y que el servicio de noticias a los jóvenes entre los 18 y los 25 años lo siguen prestando los medios públicos fundamentalmente a través de los canales lineales. Estamos hablando del sector de la población menos interesada en las noticias y así y todo están escuchando o viendo las noticias de los medios públicos en porcentajes muy significativos, el menor un 32% en RTVE, el mayor un 51% en RAI.

Solo la BBC tiene una audiencia online mayor entre los menores de 25 años. Jóvenes y mayores se informan en porcentajes muy significativos por Facebook, sobre todo mayores, y Youtube, sobre todo jóvenes, (no se incluyen otras plataformas), siempre inferiores a los canales tradicionales de los medios públicos, pero a veces superiores a sus canales online. Pero hay otros datos, la audiencia online de 18 a 25 años es decreciente y, sobre todo, el grupo más numeroso de audiencia exclusivamente offline es el de mayores de 55 años en todos los países.

Sí, es cierto, los medios públicos están sirviendo sus noticias preferentemente a la población más mayor a través de sus canales lineales, pero aún así el alcance a los jóvenes a través de estos mismo canales es significativa.

Población con menores niveles de educación formal

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Los resultados de la encuesta muestran que los sectores menos educados de la población se informan menos a través de los medios públicos que los que tienen más altos niveles educativos. En dos países son más notables estas diferencias, República Checa y Reino Unido, pero prácticamente inapreciable en España. En general, este desfase es mayor en los servicios online que en los tradicionales offline. Y mayor en las plataformas sociales que en los competidores privados offline y online de los medios públicos. Nuevamente hay que recordar que estamos ante una encuesta, donde las muestras pueden estar sesgadas: por ejemplo, en la muestra británica los menos educados son 559 sobre 839, mientras que en España son 706 sobre un total de 730.

Con todo admitamos las conclusiones: los sectores menos educados se informan más por los medios privados que por los públicos y más todavía por las plataformas tecnológicas. Y el corolario (discutible) es que los medios públicos están fracasando en una de sus misiones esenciales, promover sociedades más igualitarias y más cohesionadas y en cambio pueden estar profundizando la brecha social.

Posiciones políticas

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En el eje izquierda/derecha la mayor parte de la audiencia de los medios públicos europeos es centrista, especialmente en los casos de BBC, RAI y RTVE, salvo el caso de Grecia, con una ERT claramente situada a la izquierda y su principal competidor privado muy escorado a la derecha. En general, las audiencias de los medios privados se sitúan más a la derecha. Los encuestados más a la derecha desconfían más de los medios públicos que los de la izquierda.

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En general, las audiencias de los medios públicos son menos populistas (entendido el populismo como cuestionamiento a la democracia representativa, véanse las preguntas que aparecen en el anterior gráfico) que las de los medios privados, con la excepción de RTVE, con una ligera orientación más populista (¿Sesgo en la muestra?) el sondeo no encuentra diferencias significativas en la confianza en los medios públicos entre los más y los menos populistas.

La conclusión es que los medios públicos informan a una población políticamente diversa, sin grandes sesgos a derecha o izquierda.

Diferencias entre países

En este estudio, la BBC tiene los mejores resultados de adaptación al nuevo ecosistema digital y servicio a los jóvenes y en segundo lugar está la finlandesa YLE. Las noticias de la BBC llegan online al 50% de la muestra, a un 48% de jóvenes offline y a un 56% online, y aún así los canales online no suman más que un 10% a los offline. Los otros grandes, Alemania, Francia, Italia y España son mucho más dependientes de sus canales online y en el caso de RTVE los resultados también son malos offline.

Hay que poner los resultados en el contexto de los recursos. El coste de RTVE es de solo 19 € por habitante (por detrás solo los 17 de la griega ERT) frente a los 102 de la BBC o los 112 de Alemania. Que yo sepa, ninguna de las informaciones sobre este informe han recogido el siguiente cuadro.

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Informe sobre el consumo de información por los jóvenes

CapturaEl Reuters Institute dedicó una sección de su Digital News Report al consumo informativo de los jóvenes y luego, este septiembre, ha profundizado más cualitativamente sobre actitud ante la información, aunque en este caso solo referido a Estados Unidos y Reino Unido.

Del primer informe general destaco un dato, para el 69% de los menores de 35 años el móvil es el principal dispositivo de acceso a la información. Pero más interesante me parece el análisis que el estudio cualitativo realiza sobre la actitud de los jóvenes británicos y estadounidenses ante la información.

Hay una ruptura de paradigma entre los medios periodísticos y los jóvenes. Los medios, los periodistas, creen que su misión es contar lo que su audiencia debe saber sobre el mundo en general y sobre todo su propio país. En cambio, los jóvenes, desde una perspectiva individualista, solo están interesados con los hechos que conectan con ellos personalmente y su entorno más concreto, las noticias que les resultan útiles, que les ayudan a progresar en su sus objetivos, las que les entretienen y les divierten.

Carmela Ríos ha resumido el informe en un estupendo hilo en Twitter. A la izquierda,  un destacado del propio informe sobre cómo conectan los jóvenes con las noticias.

Informe sobre la correlación entre medios públicos y calidad democrática

El Media Inteligence Servicie de UER/EBU (la organización de los medios públicos europeos) ha publicado también este septiembre un informe donde relaciona una serie de índices sobre la calidad de la democracia con los resultados y financiación de los medios públicos. Como fuentes externas utiliza los índices de democracia y participación política de The Economist, el de estabilidad política y control de la corrupción del Banco Mundial, el de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras y la satisfacción con la democracia del Eurobarómetro. Y como propias, las audiencias de televisión, radio y financiación.

La conclusión es que existe una fuerte correlación entre la calidad de la democracia y las audiencias y financiación de los medios públicos. Correlación, como recuerda el informe no significa casualidad, sino coincidencia, esto es que a mayores niveles de democracia los medios públicos están mejor financiados y tienen mayores audiencias.

En general, los países nórdicos obtienen los mejores resultados en los índices de calidad democrática y en la calidad de los medios públicos, seguidos por los cinco grandes, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. En los casos de Italia y España la correlación es algo más débil. Italia tiene peores índices de calidad democrática que España, pero mejores resultados de los medios públicos, mientras que en España los resultado de los medios públicos están por debajo de los índices democráticos del país.

A título de ejemplo se recoge aquí el gráfico de correlación entre el índice de democracia y la financiación de los servicios.

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Informe EBU/UER sobre el estado de los servicios informativos de los medios públicos

El más completo informe sobre los informativos de los medios públicos lo produce cada año UER/EBU, recogiendo aportaciones de profesionales, directivos y expertos y mediante el análisis de casos de buenas prácticas. El de 2018 se titula 50 ways to  make it better. Bulding audiences and trust.

El informe parte del hecho de que en el nuevo ecosistema se pasa de la atención concentrada en directo a la atención dispersa bajo demanda. Detecta una crisis de confianza en los informativos, con opiniones públicas más polarizadas y críticas. Y un déficit de conexión con las audiencias, especialmente con los jóvenes. Estudia 50 casos de buenas prácticas y resume el informe en 25 recomendaciones que aquí recogemos.

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Las seis primeras se refieren al modo de posicionarse estratégicamente en el nuevo ecosistema. Todos los medios públicos intentar posicionarse en el mayor número posible de plataformas y servir la información al público donde está su atención y en la la forma y el lenguaje más apropiado, pero esto exige un enorme esfuerzo e ingentes recursos, porque no se trata de adaptar el mismo contenido a distintos formatos y lenguajes, sino producir contenidos nativos para cada plataforma e innovar. El informe recoge experiencias interesantes, casos muy particulares, casi siempre de medios pequeños, salvo, como siempre la BBC embarcada en grandes proyectos como el análisis de datos o la construcción de algoritmos con valores de servicio público para posicionar sus contenidos.

El resto de las recomendaciones se refieren a lograr una nueva vinculación con la audiencia y reconstruir la confianza del público. Escuchar a la audiencia hoy es el mantra. Y pareciera que la única escucha posible es el escrutinio de las redes sociales. El informe advierte que no toda la población está en las redes sociales a las que tienen acceso los periodistas y que estas plataformas están sesgadas por algoritmos que buscan la mayor interacción con fines comerciales. Así que recomienda acudir a encuestas y a programas o contenidos construidos directamente desde la experiencia o expectativas de la audiencia. La mayor parte de las recomendaciones para reconstruir la confianza no son sino actualización de tradicionales buenas prácticas periodísticas.

Quizá las recomendaciones más novedosas se refieran a responder a las críticas de políticos y plataformas populistas. Tradicionalmente, en nombre de su imparcialidad, los medios públicos tenían que soportar estoicamente las críticas de los políticos, dejando que sus gestores dieran las explicaciones pertinentes en las instituciones (parlamento, consejos audiovisuales). Pero en este escenario político altamente polarizado, el informe considera que la pasividad no hará sino degradar más la confianza. Y a las tradicionales críticas de los políticos se suma el acoso a los periodistas en las redes sociales.

El informe concluye que las críticas provienen sobre todo de minorías organizadas articuladas en las redes sociales. La respuesta activa dependerá de cada situación institucional, pero se mencionan casos de recursos a los tribunales, retirada de los periodistas de las plataformas en que son acosados y se recomienda crear instancias rápidas y efectivas para dar respuesta y en su caso satisfacción a las quejas personales. Y, por supuesto, no echar más leña al fuego, no alimentar falsas polémicas, no amplificar la desinformación.

¿Cómo reconstruir la universalidad del servicio público?

La misión del servicio público de la radiotelevisión ha sido, tradicionalmente, servir gratuitamente a toda la población entretenimiento, información y cultura, a fin de mantener la cohesión social, atenuar las desigualdades de educación y lograr una ciudadanía participativa.

Ni siquiera en la etapa de los monopolios –share 100 %- se llegaba en los programas de mayor audiencia a toda la población. Con la llegada de la competencia privada el share se redujo drásticamente. En las audiencias de radio o televisión, unos lo han hecho mejor (BBC, alemanes, RAI) y otros peor (Francia, RTVE). Pero en todo caso, el alcance de sus distintos canales de radio y televisión era, es todavía, muy relevante. El riesgo es la irrelevancia en las plataformas en línea, la desafección de los jóvenes y los menos educados, tanto online como offline.

En el presente ecosistema de atención fragmentada el principio de universalidad exige, que al tiempo que se mantiene el peso e influencia en las grandes audiencias de los canales tradicionales, ofrecer y posicionar correctamente en línea los contenidos para las necesidades específicas de los distintos segmentos de la población, no atendidas o atendidas deficientemente por los medios privados.

El problema es que los medios son limitados y más en estas organizaciones públicas, siempre constreñidas presupuestariamente. ¿Qué hacer? ¿Transferir recursos de los canales tradicionales a las plataformas digitales? Puede ser suicida debilitar la mayor fortaleza del servicio público, su capacidad de congregar audiencias masivas. No es lo mismo, echar un vistazo a los titulares desde una red social que ver un fragmento del telediario. No es lo mismo por  tiempo dedicado, capacidad de atención y, sobre todo, porque el informativo en directo congrega simultáneamente una audiencia masiva que sigue siendo un factor decisivo de la conformación de la esfera pública.

Los contenidos informativos de los canales tradicionales de los medios públicos tienen que seguir siendo referente informativo primordial de la sociedad. Si esa batalla se pierde, todo está perdido. Eso no quiere decir que todo el esfuerzo de producción se concentre en los telediarios ni, desde luego, que una información se reserve para ser emitida a las tres o las nueve.

Es un mantra de las redacciones digitales el online first. Sí, primero en la web, en las plataformas digitales el avance, el directo y los primeros testimonios en las redes sociales, los hilos de Twitter; luego en el telediario la información elaborada y la valoración editorial; después, los podcast, los vídeos de animación didáctica para las redes sociales, los reportajes, documentales y debates en los canales de radio y televisión, las narraciones personalizadas para los jóvenes en redes…

¿Todo con los mismos recursos? Solo se puede intentar con una redacción integrada y una concentración en los verdaderamente importante, eliminando narraciones redundantes, aprovechando sinergias… Difícil, pero no imposible.

¿Cómo reconectar con los jóvenes y los sectores menos educados? En los programas de televisión y radio aumentando la diversidad, buscando su punto de vista para las cuestiones de actualidad, dando voz a los que no la tienen, abriendo la puerta a que colectivos sociales produzcan sus propios contenidos; no, desde luego, con más espectáculo o noticias entretenidas, que terminarían por expulsar a los verdaderamente interesados en la información. En las plataformas online buscando nuevas narrativas, temas más cercanos a los jóvenes, más personalización, más interacción.

No es fácil, porque hemos visto en los informes que la perspectiva de los jóvenes es muy individualista, buscan utilidad, entretenimiento, diversión en las noticias. Y ahí el servicio público tiene límites que no puede traspasar, no puede convertirse en un nodo más de la red del infoentretimiento para jóvenes. Por supuesto que los jóvenes están preocupados por la diversidad y el reconocimiento de las distintas formas de expresar la sexualidad, pero ¿no les preocupa el machismo, la vivienda, los empleos basura, la explotación de nuestros datos por las tecnológicas, el medio ambiente, el calentamiento global, las desigualdades crecientes, la Historia…?

¿Cómo reconstruir la confianza? La respuesta fácil es sacando al servicio público de la lucha política, pero eso sabemos que es imposible. Solo caben dos caminos. Mejorar la gobernanza y transparencia -en el caso español llevar a término el concurso público para el Consejo de Administración- y dando respuesta efectiva a las quejas de la ciudadanía. Pero aquí también el servicio público tiene límites. En una sociedad polarizada, la mayoría ya no quiere información imparcial sino sesgada hacia su posición.

El servicio público tiene que mantener sus propias plataformas digitales (web, postcasts, aplicaciones) y, por supuesto estar en las grandes plataformas de las tecnológicas. Tiene que buscar acuerdos cuando sea posible, pero no depender exclusivamente de ellas. Piénsese en la debacle de algunos ciberdiarios que habían centrado en su estrategia en Facebook cuando Zuckerberg decide reducir la presencia de contenidos noticiosos.

En cualquier caso, el objetivo de los medios de servicio público nunca será el clic (su financiación no puede depender del número de páginas vistas), sino el alcance, el servicio, la influencia.

Y desde luego para todo ello hace falta una financiación suficiente, estable, sostenible -lo que no es el caso de España.

Fuentes

Reuters Institute (2019): Old, Educated, and Politically Diverse: The Audience of Public Service News (pdf).

Reuters Institute (2019): How Young People Consume News and the Implications for Mainstream Media (pdf).

EBU Media Intelligence Service (2019): Democracy & PSM. How A Nation’s Democratic Health Relates To The Strength Of Its Public Service Media (pdf).

EBU (2019): Ebu (2019): 50 Ways To Make It Better. News Report 2018. Building audience and trust (pdf).

Informativos de televisión ¿para qué?


Libertad ¿pará qué?

Es bien conocida la historia de la visita de Fernando de los Rios al país de los soviets y su entrevista con Lenin en 1920. De los Ríos le pregunta cuando llegará la plena libertad para sindicatos, prensa e individuos. Lenin, después de exponer su teoría de la dictadura del proletariado, termina diciendo «el problema para nosotros no es de libertad, pues respecto a esta siempre preguntamos ¿libertad para qué?». A su regreso a España, Don Fernando recomendó que el PSOE no ingresara en la III Internacional, lo que dio lugar a una pequeña escisión que terminó por convertirse en el PCE.

Caben muchas exégesis, pero la más elemental es que Lenin no tomaba la libertad como un derecho esencial, sino como un instrumento al servicio de unos fines, concretamente a la construcción del comunismo.

La anécdota me vino a la cabeza al conocer que Mediaset va a eliminar los informativos diarios de Cuatro y a sustituirlos por una especie de magazin informativo de tarde. Ya sé que está muy cogido por los pelos, pero parece que para Mediaset la información no es un valor esencial en si mismo y si tienen alguna razón de ser, algún «para qué», es el de servir a la audiencia de la cadena y, en último término, a la rentabilidad del grupo mediático.

Me propongo examinar en esta entrada el significado de la desaparición de estos informativos en nuestro sistema mediático y, sobre todo, el caracter esencial y las funcionalidades de los viejos informativos de televisión, tan cuestionados por todas partes.

La desaparición de los informativos de Cuatro

La primera cuestión es si Mediaset puede, jurídicamente, prescindir de los informativos diarios en un canal generalista de ámbito nacional como Cuatro.

La respuesta es sí.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010 (LGCA) declara a los servicios de comunicación audiovisual como servicios económicos de interés general y no, como lo eran en virtud de la Ley de la Televisión Privada de 1988, servicio público en régimen de gestión indirecta. No están sometidos a obligaciones de servicio público, pero deben de obtener una licencia para la adjudicación de las frecuencias de emisión.

La licencia se obtiene en un proceso de concurso público, por tanto, en concurrencia entre distintos propuestas, lo que significa que los poderes públicos seleccionan a los prestadores en función de un proyecto económico y programático. La LGCA establece todo una serie de requisitos de índole general que deben cumplir los prestadores, así como normas (muy laxas) para mantener la competitividad del mercado. Pero en ningún caso exige cumplir determinados requerimientos en cuanto a los contenidos, ni siquiera unos parámetros de valoración para seleccionar las ofertas.

De modo que, aunque el prestador del servicio presentó un proyecto para obtener la licencia, a partir del momento en que la obtiene puede ejercer la dirección editorial, reconocida en el art. 10.1 de la LGCA, y seleccionar libremente sus contenidos y horarios. Por tanto, aunque en un proyecto se contemplara la existencia de una programación informativa el prestador puede eliminarla, una vez obtenida la licencia, pues no hay en la LGCA ningún instrumento para retirar la licencia por este motivo. (*** aclaro esta cuestión en un PS final). Por el contrario, la licencia es un derecho transmisible, siempre que no se superen los límites anticoncentración (por ejemplo, no concentrar más de un 27% de la audiencia, art. 36.2 LGCA) en el momento de la transmisión, límites que pueden ser posteriormente superados (art. 36.3), de modo que puede llegarse a situaciones como el actual duopolio Mediaset-Atresmedia.

Así que, sí, Mediaset puede sacar de la parrilla de Cuatro los programas informativos diarios. Que pueda no quiere decir que el caso no sea escandaloso.

Cuatro tiene sus raíces en Canal+, la tercera concesión (junto con Antena 3 y Telecinco) otorgada en virtud de la Ley Orgánica de la Televisión Privada de 1988, un canal de pago de PRISA que tenía la obligación de emitir 6 horas de programación en abierto, informativos incluidos.

En 1999 PRISA (Sogecable) crea su plataforma de televisión de pago por satélite. Uno de los canales era CNN+, una empresa conjunta de PRISA y CNN. En 2005, el gobierno Zapatero convierte la concesión analógica de Canal+ en una licencia digital de multiplex compartido, en virtud de la Ley 10/2005 de Fomento del Pluralismo. Nace, así un nuevo canal generalista, Cuatro, y CNN+ se emite en abierto.

En 2010, Digital Plus, la operadora de esa concesión, ahora ya convertida en licencia, pasa a ser controlada por Telecinco, en una operación que supone también la entrada de Telecinco y Telefónica en Digital+. Es a esta concentración de las plataformas digitales a la que el regulador del momento, la Comisión Nacional de la Competencia, establece limitaciones en materia publicitaria y de adquisión de derechos exclusivos. Ninguna exigencia referidas a Cuatro y CNN+. En octubre de 2010 PRISA (que no Telecinco) cierra CNN+ por falta de rentabilidad, desapareciendo tanto del canal de TDT arrendado a Telecinco, como en la plataforma digital.

Gran Hermano sustituyó a CNN+ en la TDT, toda una metáfora de cómo, en ese tránsito de la información a la telerrealidad, el servicio público se sacrificaba a la rentabilidad privada. La desaparición de los informativos de Cuatro es la culminación tardía de esa tendencia.

En estos ocho años, Mediaset ha producido sus informativos en una redacción común con Telecinco. Como La Sexta, Cuatro ha venido emitiendo en el tramo horario previo a los telediarios de TVE, A3 y Telecinco. Si los telediarios de Telecinco han apostado con éxito, sobre todo en la edición noctuna con Pedro Piqueras, por la fórmula de sucesos y softs news, Cuatro ha mantenido una mayor apuesta por la información política, con un cierto escoramiento de principio a la izquierda, pronto neutralizado. Frente a la competencia de La Sexta, volcada en la información y la opinión y con una clara coloración editorial a la izquierda, los telediarios de Cuatro son hoy los de menor audiencia entre las cadenas generalistas nacionales.

El problema, como tantas veces ocurre en televisión, no ha sido tanto su propio contenido como su inserción en la programación de la cadena. Cuatro se ha convertido prácticamente en un canal temático especializado en la telerrealidad de las citas románticas. Evidentemente el público de ese formato no es el de los informativos. Así que ¿para qué mantener esta incoherencia? Rentabilidad, no servicio al público.

En muchos comentarios se ha insistido en la reducida audiencia. 675.000 espectadores de media puede que sean pocos para la estrategia publicitaria de Mediaset, pero son muchos, muchísimos, en términos de influencia editorial. ¿Consideraríamos influyente a un personaje que todos los días tuiteara a una determinda hora y su tuit tuviera 675.000 vistas? Seguro que sí, pero si ven las noticias en televisión parece que esos espectadores no cuentan en términos editoriales.

Esos espectadores tratados con tan poco respeto seguramente incrementarán los telediarios de La Sexta, en el mismo tramo horario y con una definición más radical, pero en el mismo espectro que Cuatro. No parece probable que alteren sustancialemente el equilibrio entre Antena 3, Telecinco y TVE. TVE, con una mejora notable no solo en la neutralidad sino también en su factura, ha perdido todos esos espectadores a las que el PP ha convencido de que la cadena pública está ahora al servicio del gobierno. Con la llegada de Zapatero al gobierno y de Caffarel a RTVE se produjo un fenómeno parecido de reacondicionamiento de audiencias, pero ahora los espectadores de izquierdas no vuelven a TVE. Prefieren los brochazos gruesos de La Sexta, la sátira del Intermedio. En una sociedad polarizada malos tiempos para una información completa, equilibrada y neutral, como la que es debida en un servicio público.

¿Siguen teniendo sentido de los telediarios?

Podría decirse que la decisión de Mediaset no es sino un aviso de la tan anunciada muerte de los informativos. ¿Para qué ver los telediarios si ya nos han llegado las noticias por las redes sociales, si ya hemos visto esos vídeos impactantes que nos divierten y emocionan? Uf, los telediarios son viejunos. Para qué verlos si ya lo sabemos todo y podemos dedicar ese rato a ver una serie en Netflix.

Muchas de estas críticas tienen fundamento. Los telediarios son pasto del infoentretenimiento, del periodismo de declaraciones (ahora con la competencia insuperable deTwitter), no innovan o lo hacen mal e ignoran a los jóvenes. El profesor García Avilés recoge en este artículo muchas de estas críticas y las propuestas de innovación formuladas por profesionales en las Jornadas de Innovación Periodística en la Universidad Miguel Hernández.

Lo que no es cierto es que las audiencias den la espalda a los informativos. Todos los días un par de telediarios están entre los programas más vistos. Concretamente, el 17 de enero, la segunda edición de Informativo T5 fue el programa más visto del día con 3.173.000 espectadores y nada menos que un 18,3% de cuota. El éxito de este informativo se puede explicar en parte por el efecto arrastre de Pasapalabra, que cada vez retrasa más su final. El 17 de enero el minuto de oro fue para el concurso de T5, concretamente a las 21:07 (sobrepasando ya la hora oficial del informativo, las 21:05) con 3.856.000 espectadores, heredados a continuación por Piqueras.

No, los telediarios no están muertos. Y mal hará una cadena que los asesine, porque la información en directo, conducida por una figura con credibilidad periodística, es una de las bazas esenciales de la televisión lineal, frente a la televisión no lineal, el streaming y las plataformas OTT.

Serán los informativos, el deporte y el espectáculo que implique competición en directo los grandes pilares de la televisión lineal, esa en la que las cadenas comerciales colocan la -hasta ahora- tan rentable publicidad.

En concreto, los noticieros, los telediarios, siguen ofreciendo una versión editada y sintética de la actualidad de la jornada y de sus imágenes más notables. Sí, hoy son muchos los que desconfían de la edición profesional, pero las empresas informativas no pueden renunciar a presentar una versión ordenada y jerarquizada del mundo, de acuerdo con criterios de verificación profesional y conforme a su línea editorial. Los telediarios no son ya el más relevante determinante de la conversación, pero siguen teniendo un papel muy importante.

La innovación tecnológica y narrativa es imprescindible, pero muchas veces se confunde innovación con formatos de presentación más espectaculares. Bien está la incorporación de la realidad virtual y la realidad virtual a los estudios, pero ¿para qué? ¿para hacer con holografías directos obvios que nada aportan? ¿para traer al estudio la ola de un maremoto?

La innovación esencial que piden a gritos los telediarios es la profundización informativa. No puede ser que a las 9 de la noche se siga haciendo un directo-sumario en el escenario de un hecho acontecido hace diez o doce horas. En un canal con dos ediciones, la del mediodía podría mantener el formato actual, muy fragmentado, con el dominio del relato breve en directo, mientras que el vespertino debiera de desarrollar los grandes temas del día, aportando informes, reportajes y otras narraciones más innovadoras. Más análisis basado en las imágenes, menos canutazos y tuits. Pero para eso hay que reforzar las redacciones, planificar, tener liderazgo editorial, profesionales con credibilidad, gastar más y estar dispuestos a correr riesgos.

Los telediarios deben tener análisis no opinión. Para la opinión ya están los magazines, donde se convierte en espectáculo. Análisis solvente de periodistas, profesionales y técnicos; transparente, en cuanto al origen y los intereses de esos profesionales; contrastado, pero sin poner en el mismo plano verdad y mentira (en sus múltiples versiones de bulos y «realidades alternativas»); sereno, intentando evitar la polarización. Difícil, pero obligado e imprescindible en este tiempo de guerras culturales.

Los telediarios, como el resto de la programación, deben estar insertos en una estrategia interactiva. No se trata ya de que buscar más impactos con las redes sociales. Se trata de que la fábrica informativa adapte cada acontecimiento al lenguaje más adecuado para cada plataforma y lo difunda a lo largo de un proceso temporal que vaya añadiendo valor: desde la alerta informativa, el vídeo si editar en directo, la narración en directo y con voz personal en las redes sociales, el reportaje apenas editado para la web… hasta el informe analítico y el reportaje bien facturado del telediario. Y todo ello para dar servicio a cada ciudadano por la plataforma y en el momento que elija.

Otra opción suicida es llenar los telediario de vídeo virales, que no tienen más recorrido informativo (no es el caso de algunos vídeos virales, insustituibles documentos audiovisuales). Esos son los vídeos que todos han visto ya en las redes sociales.

Tan suicida como insistir en el infoentretenimiento, porque si te quieres divertir siempre habrá algo más entretenido que las noticias, que, por mucho que se critique, serán mayormente negativas, pues lo nuevo -la Síesencia de la noticia- cursa casi siempre como desorden.

Los telediarios deben seguir congregando audiencias heterogéneas, dentro del perfil del público y la línea editorial de la cadena. No pueden ser informativos para millenials ni para jubilados. Sí, hay que escuchar a las audiencias, pero hay que seguir buscando ese (mínimo) denominador que a todos congrega en un espacio común, el espacio público. Intentar unir burbujas, favorecer y conducir la conversación pública

Claro que deben atenderse los intereses informativos de los jóvenes y las narrativas que mejor conectan con ellos, pero a través de otros espacios de la programación y, sobre todo, en las redes sociales y en las plataformas de vídeo bajo demanda. Por cierto, ¿los jóvenes solo están interesados en la diversidad de identidades sexuales, los festivales de música electrónica o el pop ñoño, como parecen pensar muchos programadores? ¿no están interesados y preocupados por el empleo, la vivienda, la degradación de los servicios públicos, el racismo y la xenofobia?

Innovación en los telediarios, sí, pero muy medida, no sea que nos carguemos el artefacto retórico que tan bien ha funcionado hasta aquí. Lo que es imprescindible es innovar informativamente más allá de los telediarios y ampliar el servicio público de la información a otras audiencias, respetando al público tradicional que sigue fielmente los noticieros cada día.

Post scriptum sobre licencias

En un tuit, Javier García (@Radioelectriko) me advertía de la posibilidad de sanciones si se alteraba la oferta ganadora de una licencia en concurso.

Copio a continuación el intercambio que hemos realizado en Twitter.

Eso no es del todo así. Las licencias están sujetas a los compromisos del proyecto por el cual obtuvieron la licencia mediante concurso obteniendo mayor puntuación bq otras ofertas. Si ese proyecto incluye contenidos q ya no ofrece podrían imponerse sanciones.— Javier García (@Radioelectriko) 21 de enero de 2019

¿Cabe sanción por la desaparición de los informativos de Cuatro? @Radioelectriko me hace ver que si se cambian los contenidos del proyecto de la licencia obtenida en concurso podrían imponerse sanciones? Abro hilo— rafaeldiazarias (@rafaeldiazarias) 22 de enero de 2019

En la LGCA es infracción muy grave el incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia (art. 57.10) y leve el incumplimiento de las no esenciales (ar. 59.3).— rafaeldiazarias (@rafaeldiazarias) 22 de enero de 2019

¿Son los informativos de Cuatro condiciones esenciales de la licencia? Entiendo que las condiciones en este caso son las de la concesión de 2005 y supongo que los informativos eran parte importante de ese proyecto— rafaeldiazarias (@rafaeldiazarias) 22 de enero de 2019

¿Conoce alguien una sanción de la @CNMC_ES por incumplimiento de las condiciones esenciales o no esenciales de una licencia de radio o televisión— rafaeldiazarias (@rafaeldiazarias) 22 de enero de 2019

La definición de aspectos esenciales se indica en los pliegos de concurso. Si es previo a LGCA es posible q no lo indique. Un antecedente es la modificación del proyecto Canal+ en abierto, eso fue una modificación de aspectos esenciales— Javier García (@Radioelectriko) 22 de enero de 2019

Sería necesario ver el proyecto presentado y qué compromisos asumieron para ver en q grado se incumple. Si asumían un porcentaje de contenidos informativos o si se comprometían a cosas más concretas. Hay q pedir por transparencia la oferta presentada— Javier García (@Radioelectriko) 22 de enero de 2019

Hay está un tema clave, si es una concesión originaria del 90 o si es derivada de la ampliación sin concurso de 2005, porque entonces no hay oferta con compromisos— Javier García (@Radioelectriko) 22 de enero de 2019

Creo que es convesión de la concesión sin concurso de 2005. Buena idea pedir por transparencia el expediente. Buen tema para investigar o para asociación o movimiento en favor del servicio público audiovisual. Personalmente, en este momento me supera.— rafaeldiazarias (@rafaeldiazarias) 22 de enero de 2019

Yo estoy apunto d acceder a las del concurso de 2015… después de dos años— Javier García (@Radioelectriko) 23 de enero de 2019

(Una reflexión más extensa puede encontrarse en este texto que formará parte de un próximo libro editado por el Máster en Innovación en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández)

La censura en los tiempos de Facebook


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De Facebook, de Twitter, de YouTube, de Google, de Whastapp… La censura en las plataformas a través de las que nos comunicamos. Una censura externalizada, privada, empresarial, sin mecanismos de defensa. Una censura global ejercida por las plataformas tecnológica y por las turbas estúpidas y paranoicas, por los enjambres digitales de hipócritas trolls.

¿Qué es censura?

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Un informe de un censor franquista: ¿atenta al dogma, a la Iglesia, al Régimen?

En sentido estricto, censura es el control previo de los mensajes que se van a difundir.

Censura es el proceso de control de la comunicación pública por el poder político y/o religioso. Supone un examen previo, la necesidad de obtener un permiso o placet de un poder público para difundir un mensaje público.

Es el control propio de las galaxias Gutemberg y Marconi.

Editar en el absolutismo era un privilegio real que se concedía a los impresores, sin perjuicio de la necesidad de obtener la aprobación previa del censor, político y/o religioso (a menudo la misma figura).

En el régimen liberal, la libre comunicación de pensamientos ideas se convierte en uno de los derechos más preciados, y cualquiera puede hablar, escribir o imprimir libremente «siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la Ley» (art. 11 Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, 1789).

Se pasa, así, de un régimen de censura previa a un régimen de responsabilidad. El problemas son «los casos determinados por la ley». Dependiendo del momento histórico y de que gobiernos fueran más o menos liberales, los límites establecidos por la ley podían ser más o menos amplios.

En la Europa continental, durante todo el siglo XIX y la primera parte del XX fueron las leyes fueron bastante limitantes y los tribunales exigentes. Los límites se referían, en general, a la protección del Estado, sus dignatarios y sus símbolos, la protección de la propiedad, la religión dominante y la moral. Por supuesto, solo se exigía responsabilidad en la comunicación pública (prensa, primero, radio y televisión después), primero por su transcendencia social, pero también por la imposibilidad de controlar la comunicación privada.

Puede hablarse de censura en un sentido amplio cuando sin existir propiamente un control previo, el régimen de responsabilidad es tan estricto (límites amplísimos y mal definidos, sanciones administrativas, penas muy rigurosas, secuestro preventivo.

El caso del franquismo es bien ilustrativo. De la censura previa de la Ley de Serrano Súñer de 1938 a la cuasi censura de la Ley Fraga de 1966 (texto): límites amplísimos (art. 2), fuertes sanciones administrativas, responsabilidad penal, depósito previo y secuestro gubernativo. No pocas veces, decretado el secuestro por las autoridades administrativas (que conocían el contenido por el obligatorio depósito previo) la policía retiraba los ejemplares de los periódicos de los quioscos apenas estos abrían. La Constitución de 1978 prohibe cualquier tipo de censura previa y elimina el secuestro gubernativo (art. 20).

La censura hoy

En nuestro actual ecosistema comunicativo, la comunicación privada y la pública se funden. Por supuesto nos queda un ámbito privado de comunicación interpersonal, sin mediación tecnológica, pero más allá, hasta los mensajes intercambiados privadamente utilizando cualquier plataforma tecnológica pueden hacerse públicos por uno de los interlocutores y de hecho así ocurre muy frecuentemente.

El sistema libertad/responsabilidad se sigue aplicando a la comunicación pública estricta, a los mensajes profesionales en los medios de comunicación.  Hasta aquí ningún problema (sin entrar ahora en la cuestión de si los tipos penales son proporcionados y actualizados o las normas de protección civil al honor y la propia imagen funcionan adecuadamente, que intentaré abordar en otra entrada).

El problema aparece cuando este esquema se aplica a mensajes privados o de grupo que se hacen públicos en las plataformas tecnológicas.

¿Tiene la misma responsabilidad el autor de un tuit que el de una columna de opinión en un periódico o el de una sátira en la televisión? Dependerá del contexto y la difusión del mensaje, pero no debe olvidarse que muchos de los mensajes no profesionales van dirigidos a un grupo, a una comunidad, que comparte ideas y valores y que, por tanto, su potencial ofensivo puede ser menor; además, en este entorno suele procederse de un modo informal, incluso como forma de diversión. Lo que desencadena el conflicto es la salida de la burbuja, el encadenamiento que hace viral el mensaje y le convierte en una forma plena de comunicación pública.

En resumen, en la actualidad se aplican los siguientes sistemas de control de la comunicación:

  1. Control editorial. El que ejercen los titulares de los medios de comunicación a través de instancias profesionales. En rigor más que de control, debiéramos de hablar de poder editorial. En situación de oligopolio o de preponderancia de los medios más poderosos, los propietarios, de hecho, moderan y restringen la comunicación pública, a menudo en connivencia con los poderes políticos. Los medios, en la denuncia de la corriente crítica, son «la voz de su amo». Por supuesto que la crítica tiene base, pero debe matizarse teniendo en cuenta la diversidad de voces (pluralismo externo), la función de control del poder político y el pluralismo entre los profesionales (pluralismo interno). Los medios audiovisuales públicos requilibran el poder editorial privado. Los medios hoy ya no son el único determinante de la comunicación pública, pero siguen sirviendo como enlace entre las burbujas privadas en que se ha fragmentado.
  2. Libertad/responsabilidad, aplicable a los mensajes difundidos en los medios masivos. En una sociedad democrática, no puede existir forma alguna de control previo y la responsabilidad solo puede ser exigida por los tribunales, por la comisión de un delito o por la exigencia de reparación establecidas en las leyes civiles que protegen la intimidad, el honor y la propia imagen. Los límites están establecidos en las leyes aprobadas en los parlamentos, son públicas, y el procedimiento de exigencia de responsabilidad lleva consigo un sistema de garantías y recursos.
  3. Libertad/responsabilidad, aplicación conflictiva en el ámbito de la comunicación público-privada de las plataformas tecnológicas. No está claro que actos tienen la entidad suficiente para generar responsabilidad y, por tanto, supone un cierto grado de inseguridad jurídica. Como en el caso 2, la exigencia de responsabilidad lleva consigo garantías y recursos.
  4. Control previo de las plataformas tecnológicas. Las empresas privadas ejercen un peculiar sistema de admisión, establecen normas poco transparentes sobre lo que se puede o no difundir y carecen de un verdadero sistema de recursos o garantías. El control no es previo, pero casi. Los algoritmos detectan  instantáneamente los contenidos no aceptables y, bien los eliminan directamente, bien los someten a un proceso de evaluación humana. Sus gestores se resisten a ejercer un poder editorial, que llevaría consigo una responsabilidad que no quieren aceptar.
  5. Linchamiento digital. Ni estados, ni empresas, cada uno podemos ser ahora un cruel censor, denunciar cualquier cosa que no nos guste en las redes, pedir acciones contra quien sentimos que nos ha ofendido, insultarle impunemente, desarrollar campañas de boicot. En sociedades cada vez más polarizadas e intolerantes es la censura más peligrosa e inapelable (veáse, por citar solo el más reciente, el caso de Dani Mateo).

El caso de Facebook

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Mensaje de Facebook de rechazo de una reclamación

Todas las plataformas de contenidos afronta parecidos problemas, pero Facebook es un mundo en si mismo. Con sus 2.200 millones de usuarios (¿cuántos activos?) se presenta como una nación digital global: «la Comunidad».

Para muchos de esos millones, Facebook es su fundamental espacio de comunicación: el lugar donde interaccionan con amigos y familiares reales y con los «amigos virtuales», el espacio en el que comparten y reciben informaciones que consideran, por su propio origen, fiables, aun cuando prácticamente todos sigan consumiendo información en unos medios tradicionales, en los que cada vez confían menos.

De modo que sí, el 4º método de control descrito más arriba, el control cuasi previo de los contenidos en las plataformas tecnológicas y especialmente en Facebook puede considerar la más relevante de las «censuras» de nuestros días.

Zuckerberg, como la mayoría de los «padres fundadores» de Silicon Valley es un libertario neoliberal, contrario a cualquier forma de regulación y convencido de que la tecnología es en si misma una arma de progreso capaz de resolver los problemas humanos con la fuerza bruta del cálculo y los algoritmos. Todos ellos consideran que sus plataformas simplemente han hecho tecnológicamente posible la utopía del libre mercado de ideas de Milton y Stuart Mill. Zuckerberg repite como un mantra que la misión de Facebook es construir «un mundo más abierto y conectado».

Así que ¿para que establecer controles sobre los mensajes si a mayor cantidad y diversidad más rico, en teoría, ese libre mercado de las ideas, convertido en la práctica en una propiedad privada que rinde más beneficios cuanto más se interactue con esos mensajes? (vía publicidad y venta de datos).

El primer problema lo plantean los derechos de autor. Los titulares del copyright no aceptan que se lleven a ese mercado productos protegidos. Quizá los primeros controles aparecen en YouTube (la segunda plataforma más influyente) para eliminar contenidos protegidos, como consecuencia de las presiones de las grandes empresas, especialmente los estudios de Hollywood.

Después las plataformas tendrán que afrontar los problemas de la privacidad, especialmente en relación con la normativa europea (notablemente reforzada en el nuevo reglamento). Y finalmente, las quejas de los propios usuarios, gobiernos o lobbys por la presencia de contenidos dañinos (¿para quién, en qué contexto?).

Facebook establece unas normas -estándares de la Comunidad los llama- sobre lo que puede o no ser publicado. Estas normas no son plenamente públicas hasta un fecha tan reciente como el pasado abril.  Pero el resultado es que cuando se intenta publicar un determinado mensaje, sobre todo imágenes y vídeos, se recibe un mensaje de prohibición advirtiendo que el contenido viola esas normas.

Los documentales Les nettoyeurs y Dispatches revelan el proceso interno de control o moderación. Los algoritmos o las quejas de los usuarios se colocan en interminables listas de revisión los casos sospechosos. La «limpieza» corre a cargo de agentes contratados por terceras empresas, esto es, Facebook externaliza la censura. La carga de trabajo de estos agentes es enorme, su formación deficiente y sus conocimientos del contexto de esos mensajes nulo. De manera que lo más fácil es, en la duda, eliminar, so pena de entrar en discusiones casuísticas que retrasan el trabajo.

En los documentales vemos como los «limpiadores» eliminan fotos de Abu Grhaib porque las consideran propaganda del Estado Islámico. En otro caso, se reconoce que la foto de la niña abrasada por el napalm es un icono de la guerra de Vietnam, pero, puesto que se muestran los genitales, es un caso claro en el que las normas exigen su borrado. Y en cambio, resulta evidente como los supervisores deciden mantener los discursos de odio, porque alegan que son manifestación de la libertad de expresión y -ahí está la clave- porque generan mucha interacción.

Facebook ignoró las denuncias de que la plataforma se estaba utilizando como arma de guerra por los prorrusos en Ucrania, que en Birmania era el vehículo de la propaganda anti-roginha que llevó al genocidio. Pero entonces le estalló la interferencia rusa en las elecciones presidenciales norteamericanas y en concreto el caso Cambridge Analytica y Zuckerberg (con pocas habilidades comunicativas) no tuvo más remedio que dar explicaciones públicas, comenzando por un comité del Senado.

Una revisión de las normas comunitarias ahora públicas nos muestran unos principios generales, desarrollados con mayor o menor casuismo. Parece un ejercicio imposible de poner puertas al campo: cómo establecer que contenidos pueden considerar dañinos, para quién, en qué contexto, en dónde. Dan la impresión de mayor tolerancia con la violencia no terrorista, los suicidios o el discurso del odio que con los simples desnudos. Pero a la luz del proceso de revisión revelado por los documentales, qué se borra o no parece bastante aleatorio. Y un borrado sistemático puede significar que un icono tan relevante como el de la niña de Vietnam puede convertirse en inaccesible a para 2.200 millones de personas, o, por lo menos, para aquellos que se comunican esencialmente en el entorno de Facebook.

La pasada semana Zuckerberg respondió a las crítica con un post en el que presentaba un borrador para una nueva gobernanza.

Algunos elementos son, por lo menos para mi, preocupantes. Desarrollar métodos de Inteligencia Artificial para que los contenidos dañinos sean eliminados antes de que nadie pueda verlos (¡la censura previa del Gran Hermano!). Sostiene que sus herramientas de Inteligencia Artificial ya detectan y eliminan el 96% de los desnudos. Categorías prioritarias de control: terrorismo y daño autoinfringido.

Lo más relevante puede ser un cambio esencial en la dinámica de Facebook: desincentivar y netralizar la interacción con lo que Zuckerberg llama borderline content, los contenidos límite, esto es, los mensajes más próximos a lo que las normas prohiben, que son los que, hasta ahora más interacción consiguen.

Este hilo de Hugo Sáez lo explica brillantemente.

Entre estos contenidos límite, Zuckerberg cita la desinformación y el clickbait. ¿Seguirá siendo rentable la plataforma si elimina esos contenidos límite, que son los que logran mayor interacción? ¿Cómo neutralizarlos? Una de las líneas que avanza el fundador de Facebook es la corregulación.

Regulación del estatuto editorial

Facebook, como el resto de las plataformas de contenidos, siempre ha pretendido evitar las obligaciones propias de los medios de comunicación, en concreto, la responsabilidad jurídica por los contenidos que publican. De hecho, su marco legal ha sido el del comercio electrónico, tanto en Estados Unidos como en Europa (Directiva de Comercio Electrónico de 2002) o España (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, 2002).

Los acontecimientos del último lustro, especialmente la marea de la desinformación, y las críticas subsiguientes, les ha obligado a aceptar a regañadientes alguna forma de regulación.

En su reciente post, Zuckerber propone la corregulación, esto es, una regulación negociada con los estados y  aplicada internamente. Concretamente, se muestra dispuesto a colaborar con la UE y con la ley de Macron contra la desinformación en campaña electoral, y que tantas críticas a recibido dentro y fuera de Francia. Otras medidas que propone es que todas las plataformas publiquen las métricas de contenidos dañinos y se compromete a crear antes del fin de 2019 un organismo independiente de recurso (¿único? ¿en cada país?). En fin, promesas vagas.

Que las plataformas tecnológicas no pueden ni deben ejercer el mismo control sobre la información que los editores de los medios de comunicación es evidente. Pero como de hecho cada vez ejercen un mayor control, este no puede ser opaco, confiando a herramientas de Inteligencia Artificial, con unas normas genéricas para toda la humanidad, en el marco de una relación de servicios, sin ningún tipo de garantías.

Se quiera o no, la solución hay que buscarla en el marco nacional o al menos multilateral. Por ejemplo, las plataformas podrían crear comités independientes nacionales, que adaptaran las normas y revisaran las quejas, siendo sus decisiones recurribles ante los tribunales. No puede esperarse que las plataformas se autorregulen, tienen que ser los legisladores nacionales los que creen un marco vinculante para la autorregulación, es decir, una corregulación efectiva.

Ciertamente, retrotraer el problema al marco nacional nos remite al sistema de control tradicional de los medios, lo que puede suponer en sociedades autoritarias anular las potencialidades democráticas de estas nuevas plataformas. Pero un paso adelante en Estados Unido o la Unión Europea marcarían la pauta, por mucho que Putin, Erdogan o Xi Jinping ejerzan una censura efectiva.

Responsabilidad de los medios públicos europeos es, sin pretender anular ni competir con las plataformas privadas, asumir esa tarea de construir sociedades más conectadas y abiertas de acuerdo con criterios de verdadero interés público.

Fuentes

Políticas de Facebook

La crisis de Facebook

Documentales

Lamentablemente, los documentales de la Noche Temática solo están un tiempo limitado en rtve.es, por lo que solo los he podido encontrar en inglés. Lo mismo, lógicamente, que los dos documentales de Frontline, el espacio de investigación de PBS, dedicados a la crisis en torno al escándalo Cambridge Analytica y, en general, al dilema de adoptar o no una responsabilidad editorial.

Guerra ideológica. Argumentación contra algunos mensajes del odio (III)


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En la guerra ideológica que se desarrolla en las redes sociales lo más grave es la asunción con la mayor alegría por gentes «de orden» de mensajes de odio, dedicados a estimatizar y deshumanizar al diferente, ya sea por su sexo, opción sexual, religión u origen. La mayor parte de estos mensajes se centran en los inmigrantes. La inmigración es el campo de batalla en el que se decide el destino de Europa.

En esta tercera entrada modestamente argumentaré contra algunos de estos mensajes relacionados con la inmigración y la islamofobia. Debo advertir que una verdadera refutación exigiría el uso de datos y fuentes, que superan el objeto de esta entrada.

No, los inmigrantes musulmanes no vienen para conquistarnos e imponernos la sharía. Los musulmanes, como todo migrante hueye de la guerra, la inseguridad, la persecución, o, simplemente, busca una vida mejor y más digna. Circula un mensaje que asegura que conforme crece su presencia en la sociedad, exigen que se respeten sus prácticas, contrarias a una sociedad libre y a la dignidad de la mujer, primero en su comunidad, para terminar imponiéndolas a toda la sociedad. Es la tesis de Houellebecq en Sumisión. En tal mensaje se dan unos porcentajes de musulmanes en países europeos que no se corresponden con la realidad y menos las políticas que se dicen han impuesto.

Sí, la interpretación conservadora que domina hasta el Islam más moderado entra en conflicto con el respeto a la dignidad de la mujer, una concepción no tan alejada de la propia del nacionalcatolicismo. La imposición no es la solución. La raya roja son los derechos humanos y las reglas de la convivencia democrática. Es aceptable el hiyab hasta en la función pública. Es aceptable el burkini y más si de esta manera las musulmanas disfrutan de playas y piscinas. No es aceptable el burka o el nikab, porque anulan la personalidad de la mujer y crea desconfianza en las relaciones en el espacio público. Es perseguible penalmente la ablación porque es un atentado a la dignidad de las menores. Debe castigarse penalmente cualquier forma de matrimonio forzado.

No, en el Islam no existe una autoridad central religiosa como el papado. Ninguna autoridad religiosa o moral de esta creencia puede dar consignas a todos los musulmanes para que invadan Europa.

Sí, existe una corriente islámica, profunda pero minoritaria, que quiere destruir la sociedad abierta europea. Su fuente última es wahabismo gobernante en Arabia Saudí (nuestro aliado y socio comercial) y sus manifestaciones van de Al Qaeda al Estado Islámico, pasando por la proliferación de células espontánteas y lobos solitarios que periódicamente realizan acciones terroristas. Pero como nos ha enseñado la lucha contra el IRA o ETA, contra el terrorismo no hay atajos. La violación de los derechos de los terroristas alimenta una espiral sangrienta. Solo cabe la constante, medida y profesional acción policial y el trabajo de integración en nuestras sociedades, para demostrar a los musulmanes que su religión no es incompatible con la democracia.

Sí, la libertad religiosa supone también derechos para otras confesiones, no solo para la católica. Una consecuencia es, por ejemplo, menús halal en cárceles, hospitales, colegios. ¿Cómo escandalizarse en un país en el que los obispos seleccionan a los profesores de catolicismo que serán pagados por el Estado o en el que las imágenes religiosas reciben honores militares y condecoraciones policiales?.

Sí, la mayor parte de los crímenes machistas son cometidos por extranjeros. Pero no, los medios no deben indicar el origen como dato relevante en estas informaciones porque supondría estigmatizar a estas comunidades.

No, no hemos logrado integrar a la segunda y tercera generación. Por mucho que hablen y se comporten como nosotros siguen siendo el moro, el negrata, el sudaca.

No, los emigrantes no son un peligro para nuestro estado del bienestar. En cuanto que jóvenes hacen un menor uso de los recursos sociales. Aumentan la masa de cotizaciones. Con el crecimiento de la emigración crece el PIB.

Sí, tenemos un problema con la inmigración:

  • Porque hay una inmensa brecha entre Europa y África, de riqueza, seguridad y bienestar.
  • Porque en el origen de esa brecha está en la esclavitud, primero y el colonialismo, después.
  • Porque nuestra demografía es declinante y la del Sur creciente.
  • Porque las culturas no se integran fácilmente.
  • Porque hemos olvidado que ayer nosotros eramos emigrantes.
  • Porque solo permitimos que lleguen como ilegales, y les empujamos a la marginación y la delincuencia.

Sí, tenemos una gran oportunidad con la inmigración:

  • Porque es la única manera de rejuvenecer Europa.
  • Porque necesitamos la mezcla, el mestizaje, tanto para revitalizar nuestra cultura, como incluso desde el punto de vista genético.
  • Porque permite reequilibrar la riqueza entre países y regiones y hacer el mundo más seguro.

Sí, en un mundo global en el que mercancias y capitales circulan libremente, emigrar es un derecho, que tiene que ordenarse:

  • Frente a la ilegal, facilitar el asilo y crear pasarelas de inmigración legal. Centros de solicitud de asilo allí donde se concentran los refugiados. Inversión en formación en los países de origen, con oportunidades de emigración para los formados en todos los niveles (formación profesional, técnica, universitaria).
  • No, no es una solución comprar a tiranos y sátrapas para que retengan a los que huyen del horror o buscan una vida mejor. Es ponernos en sus manos y permitir que sean ellos los que regulen el flujo migratorio.
  • Repartir entre regiones y países los flujos migratorios cuando se produzcan episodios puntuales, como manifestación de la solidaridad nacional y europea.
  • Invertir en integración, no permitir que aparezcan guetos, perseguir la discriminación, establecer reglas de discriminación positiva, favorecer la diversidad.
  • Exigir el respeto a las leyes y valores nacionales, pero crear organismos de composición y mediación que detecten tempranamente los conflictos.

Terminaré con una estrofa que leí en 1970 inscrita en un pupitre de la Facultad de Derecho de la Complutense. Los versos son de Chicho Sánchez Ferlosio, aunque allí aparecían atribuidos a Miguel Hernández.

Dicen que la patria es
un fusil y una bandera.
Mi patria son mis hermanos
que están labrando la tierra.

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Guerra ideológica. Argumentación contra algunos mensajes sectarios (II)

 

Guerra ideológica. Argumentación contra algunos mensajes sectarios (II)


CapturaLos mensajes sectarios forman parte de la guerra ideológica en que vivimos. En mi caso me llegan sobre todo por Whatsapp.

Lo más grave a veces no es la deformada interpretación de la realidad, que siempre se puede desenmascarar. Lo peor es el tono exaltado, la impostada indignación con que se acompañan.

Valga como desahogo la argumentación contra algunos de los más recientes. Una verdadera refutación exigiría manejar datos y fuentes, lo que supera el objeto de esta entrada.

No, Sánchez no es el okupa de La Moncloa. No, en un sistema parlamentario no gobierna el partido que ha obtenido más votos (la minoría mayor), sino el que obtiene más apoyos parlamentarios. Nuestra Constitución recoge la moción de censura constructiva (calcada de la Ley Fundamental de Bonn): no se puede hacer caer al gobierno salvo que la oposición o los distintos grupos de la oposición se pongan de acuerdo en un candidato que reuna mayoría absoluta.

Sí, Sánchez abusa del Decreto-Ley. Lo hace en menor medida que el resto de los gobiernos que le precedieron, pero en muchos casos parece que la urgente y extraordinaria necesidad lo es principlamente para sus objetivos electorales. No es el caso del RDL. sobre RTVE sobre el que ya he razonado la existencia del supuesto de urgente y extraordinaria necesidad y su extralimitación en algún aspecto.

No, no existe una purga profesional en RTVE, como asegura una plataforma de profesionales anónimos. Los directivos destituidos habían sido reiteradamente y documentalmente denunciados por manipulación por los órganos de participación institucional, los consejos de informativos. La gestión general de la Corporación es calamitosa. Incluso, alguno de los que aparecían en pantalla no llegaba a unos mínimos de telegenia. Por eso su destitución era urgente. Pero, atención, se ha mantenido al director de TVE, uno de cuyos méritos era haber sido jefe de comunicación de Alicia Sánchez Camacho. Los profesionales nombrados, todos de la Corporación, tienen méritos suficientes. Los directores de informativos han recibido el apoyo de más del 75% (RNE) Y MÁS DEL 95% (TVE) de los informadores, cuando los anteriores no llegaron al 10%.

No hay una purga en RTVE, pero da la impresión que la administración provisional está tomando ventaja de la situación para dejar todo «atado y bien atado» a la dirección definitiva que salga del concurso público. Lo que es urgente es regular la carrera profesional, para que los nombramientos sean incontestables.

No, en un país democrático los restos de un dictador no puede honrarse en una mausoleo público. Pero, no, no es una buena idea una Comisión de la Verdad, cuando la historiografía ha dejado perfectamente claros los crímenes del franquismo (sistemáticos, prolongados durante décadas después de la guerra) y los crímenes del bando republicano (en un contexto de desaparición del Estado).

Sí, hay que cerrar las heridas de la Guerra Civil. Lo esencial es dar sepultura a ls víctimas que todavía están en las cunetas y respetar la voluntad de sus familiares de mantenerlos o sacarlos del Valle de los Caídos. Es evidente que es muy díficil resignificar el monumento, pero ¿no es posible al menos un centro de interpretación que explique con criterios historiográficos su génesis?.

No, dos viejos combatientes del Ebro no pueden compararse con un nazi y un judío. En aquella batalla terrible unos luchaban por sus convicciones y otros, como mi padre, porque les había tocado. Pero todos combatieron con valentía y dignidad.

No, los lazos amarillos no pueden presidir las instituciones públicas. Los lazos independentistas son un ejercicio de la libertad expresión, pero no pueden identificar a instituciones que representan a todos. Suscribo la opinión de Joan Coscubiela. Tampoco una manifestación de la libertad de expresión puede monopolizar sine die el espacio público. Pero retirar los lazos no es libertad de expresión, sino provocación. «La libertad de expresión no justifica dar la voz de ‘fuego’ en un teatro abarrotado» -nos dejó dicho el juez Holmes. El constitucionalismo tiene el reto de construir símbolos tan potentes como el lazo amarillo. Por ejemplo, rodear el lazo amarillo con sendos lazos rojos, hasta componer la bandera española, como veo por un vídeo que me llega, claro, por whatsapp.

Sí, toda acción política es criticable, los políticos deben estar sujetos al escrutinio y es legítimo mofarse de ellos. Sí, se puede criticar el chalet de Iglesias y Montero y burlarse de la pareja. Pero no, no es legítimo llamar «cabeza con ruedas» a Pablo Echenique. Estamos a un paso (a dos, si se quiere) de la despersonalización, del untermensh nazi, de las cucarachas que para la Radio Mil Colinas era los tutsis de Ruanda.

No, los problemas de Venezuela y Nicaragua no se explican por una conspiración del Imperio. En el caso de Venezuela se acumulan las políticas erróneas durante casi ya dos décadas. En Nicaragua, Ortega respondió con bala a manifestaciones pacíficas. Todo ello sin descartar interferencias de Washington, que seguro que «haberlas, haylas», como ha revelado el New York Times. Pero no, las protestas de Nicaragua no están movidas por una mano negra que quiere introducir las maras en el país.

Seamos críticos, defendamos nuestras posiciones, pero no seamos sectarios, no añadamos leña al fuego.

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Guerra ideológica (I)


util-e-interesante-whatsapp-como-enviar-varios-mensajes-al-mismo-tiempo-n312209-624x352-446748Cada día ese agujero negro que es WhatsApp escupe en nuestras pantallas mensajes de odio.

En las redes públicas (Twitter y, en menor medida Facebook) el control de a quién sigo (y supongo que los algoritmos) evita que me lleguen insultos, bulos o mensajes que destilen odio. A lo sumo, algún troll despistado.

WhatsApp es otra cosa. Muchos grupos se constituyen entre amigos, familiares, compañeros de trabajo o vecinos,  por razones funcionales (compartir fotos, documentos, establecer una reunión). Pero por esa red que se creó con un fin específico pronto empiezan a circular mensajes en el mejor de los casos partidistas, y a menudo directamente racistas, xenófobos o machistas. Supongo que será todavía peor en Snatchap, la mensajería de los adolescentes, donde los mensajes se borrran automáticamente al poco tiempo.

Son mensajes que los algoritmos no me harían llegar, porque los sistemas de búsqueda y las redes sociales están diseñados para crear una cámara de ecos, para alimentarte con lo que te gusta, con lo que estás de acuerdo, en la seguridad de que esta manera gastarás más tiempo y atención en la red y la respectiva compañía será más rentable.

Así que, gracias WhatsApp por permitirme atisbar la punta del iceberg del lado oscuro. Es doloroso, porque mensajes que chocan con tus convicciones llegan de personas que aprecias y a las que consideras razonables.

Está por hacer el estudio de estos mensajes sectarios, a pocos pasos o directamente más allá de la frontera del odio.

La mayor parte carecen de fuente y son corta y pega o reenvíos de un contenido que se ha convertido en viral. Unos son directamente bulos, otros una interpretación sesgada de una verdad o una media verdad. Suelen apelar  al «pásalo» para desesmascarar alguna conspiración del populismo o del «buenismo» progresista, que medios «izquierdistas» como TVE, El País o La Sexta ocultan. O, desde el otro lado de la línea del frente, el conspirador a denunciar es el capitalismo global, el Imperio (norteamericano, por supuesto) y el Patriarcado. Y siempre, conllevan una alta carga emocional.

Este flujo indica una cada día más peligrosa polarización. Estamos en un combate ideológico y la verdad y la razón no cuentan. Lo importante es descargar nuestra indignación. Y si es mentira, que rectifiquen, como se decía en uno de estos mensajes sobre unos sindicalistas que, supuestamente, se habían gastado miles de euros en una comilona.

En España, el franquismo es una grieta ideológica que nos divide. En realidad es una división mucho más antigua: afrancesados contra patriotas; liberales contra absolutistas; moderados contra progresistas; isabelinos contra carlistas; republicanos contra alfonsinos… Es una división con orígenes familiares y de clase social, pero en gran medida electiva. Y una vez hecha la elección, viene de suyo todo lo demás: nuestra opinión sobre cualquier medida de este u otro gobierno, la visión general del mundo, el aprecio de unos países y el desprecio de otros, el juicio sobre los personajes públicos. Y sobre esa grieta, o en su origen, otro factor de división es la Iglesia Católica.

En esta guerra idológica no es igual de grave el mensaje partidista, por mucho que mienta o retuerza la realidad, que aquellos que proyectan desprecio, cuando no odio hacia el otro, el distinto, el que supuestamente nos amenaza.

El racismo, la xenofobia, el nacionalismo han dejado de ser tabú -«vamos a hablar claro»- y son el combustible de los partidos de extrema derecha (por favor, no les llamemos populistas) que amenazan con terminar con la UE, acorazando las fronteras interiores y exteriores de Europa. Los derechos humanos son un molesto formalismo para estas fuerzas.

En las elecciones europeas de la próxima primavera, tan poco interesantes para los medios, siempre planteadas en este país con óptica hispano-española, nos lo jugamos todo. Y estos mensajes del odio se recrudecerán. Da lo mismo que se creen por extensiones del Kremlin (con un contenido muy burdo y un evidente desconocimiento del contexto español), por los gabinetes de los partidos, los medios partidistas, las agencias de comunicación al servicio de unos u otros o, simplemente, sean obra del gracejo y la mala baba de cualquier españolito. El resultado es siempre crispación, miedo, falsa indignación.

A título de desahogo realizaré una elemental refutación de algunas de las ideas que más se repiten en estos mensajes. Y como esta entrada es ya muy larga, dedicaré en los próximos días otras a los mensajes partidistas y a los mensajes del odio.

Una última petición. No compartamos mensajes anónimos, no contrastados, que insulten o desprecien al adversario, que atenten a la dignidad del otro, del distinto.

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La participación, clave de un nuevo servicio multimedia que reconstruya el espacio público


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Fuente Mèta-Media

Los servicios públicos multimedia no pueden reemplazar a las redes sociales, pero deben ser una alternativa democrática, como sustentadores de un espacio digital común, un ciberespacio común, que reconstruya la esfera pública fragmentada.

Las plataformas sociales se han convertido en un nexo básico de nuestra sociabilidad y el canal por el que, de modo creciente, el público llega a las informaciones periodísticas, sobre todo en el caso de los jóvenes.

He razonado en una anterior entrada las razones para una regulación de estas plataformas en el derecho comunitario como servicios económicos de interés general. Pero ¿qué ocurriría si un día Twitter se cierra porque no cumple las expectativas de sus accionistas? O, algo que ya ocurre, ¿qué pasa si el algoritmo de Facebook reduce nuestra dieta de noticias, porque le resulta más rentable la interacción de los contenidos creados por los usuarios?

En toda Europa, las corporaciones públicas de radio y televisión hace mucho que entraron en la creación de contenidos multimedia y en su difusión en las distintas plataformas. Los académicos han pasado de referirse a los PSB (Public Systems Broadcasting, servicios públicos de difusión por radio y televisión) a hacerlo a los PSM (Public System Media, sistemas públicos multimedia).

El principal fundamento que legitima el cambio es el repensar el principio de universalidad: dar ahora a todos, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, y en cualquier canal o plataforma contenidos e informaciones de calidad, imprescindibles para su vida como ciudadanos en una sociedad democrática.

Hasta aquí se trata de una adaptación del sistema de difusión vertical (audiencias) a un sistema de difusión personalizado. Pero la radiotelevisión pública ha sido más que un suministrador de contenidos, ha sido el principal delimitador del espacio público en las siete últimas décadas. Sigue siéndolo todavía, porque no olvidemos que congrega audiencias masivas. Pero gran parte de la conversación social, sobre todo de los más jóvenes, se ha trasladado a las plataformas tecnológicas. Unas plataformas que, en lugar de hacer realidad la utopía de una perfecta comunicación horizontal, han parcelado Internet en jardines vallados (dixit Tim Berners-Lee).

Por eso hoy esa función de foro público exige plantear los servicios públicos de comunicación como una manifestación de lo que se llamado public digital commons (Murdock, 2005).

Parte esta teoría de la distinción entre public goods, bienes públicos esenciales que requieren una intervención pública para su administración, de los common goods, bienes comunes, bienes también esenciales, que pueden ser directamente gestionados por los ciudadados. De modo que los primeros se gestionan en función del principio de autoridad, y los segundos en función de los principios de cooperación y participación. Evidentemente, estos bienes comunes exigen una continua negociación entre sus usuarios y en la mayor parte de los casos con las autoridades públicas, que pueden supervisar la cooperación.

Las redes sociales se basan en la colaboración y la participación, pero las conforman en función de los beneficios que obtienen recabando datos personales. Por eso, promueven con sus algoritmos las interacciones que más información facilitan del usuario y los contenidos que durante más tiempo le mantienen en ese jardín vallado.

El reto de los servicios públicos multimedia es gestionar la participación y la cooperación para crear un ciberespacio público de referencia, enlazado con el clásico espacio público de las grandes audiencias.

El nuevo PSM tiene que ser una mixtura entre el servicio público vertical (hijo de la Ilustración) y un servicio participativo basado en el ciberespacio, donde usuarios y comunidades negocien la participación. Un punto de entrada común, seguro, fiable, a un espacio digital en el que también pueden colaborar instituciones públicas y culturales: museos, universidades, archivos, bibliotecas.

Esquemáticamente, el servicio público multimedia como espacio digital común supone:

  • Enlazar el espacio público de las audiencias, esto es, la transmisión lineal de los contenidos, con la personalización de los contenidos interactivos;
  • Recuperar y reforzar el tradicional derecho de acceso a la programación de grupos significativos con la promoción de contenidos creados por ciudadanos, movimientos y organizaciones, distribuidos en línea de forma personalizada;
  • Enlazar y cooperar en este espacio común con instituciones públicas que promuevan contenidos culturales y de interés para el debate público;
  • Conocer y poner en el centro de toda su estrategia al ciudadano (prefiero ciudadano a usuario) para lo que es necesario recabar sus datos;
  • Utilizar los datos personales solo en el propio ámbito, por tiempo limitado, siempre con expresa autorización del particular y sin posiblidad de explotación ulterior comercial o política;
  • Centrar todos los contenidos en la óptica de la mejora personal y social, nucleados en torno a las grandes cuestiones de debate público;
  • Servir a las grandes audiencias formación, entretenimiento e información de calidad, buscando el alcance y el servicio, no el share en prime time;
  • Lograr la difusión personalizada de los contenidos sin caer en la viralidad;
  • Experimentar narrativas y lenguajes;
  • Llevar la participación a la gestión del propio servicio.

Todo ello no es nada fácil. En primer lugar el deseo de participación que se le supone al público está sobrestimado. Dar al botón de «Me gusta», colgar un selfie o reenviar un meme no es creación colaborativa ni participación en el debate público.

Una estrategia puede ser crear su propia plataforma social: un perfil  que diera acceso a los contenidos de vídeo y audio bajo demanda, invitara a participar en debates lineales o no lineales, a producir contenidos, responder a cuestiones estratégicas sobre el servicio e incluso elegir representantes para órganos de participación ciudadana.

Por el momento, los servicios públicos europeos no puede prescindir de las redes sociales, especialmente Facebook, YouTube, Twitter y otras en menor medida. Algunos servicios usan las redes sociales para remitir a sus sitios web, otros crean marcas nuevas (Funk en Alemania, Playz en España). No cabe duda que para llegar a los sectores más jóvenes hoy el canal más eficaz es YouTube.

En principio, al servicio público le importa el alcance, no porque canal se llega al público. Pero, la estrategia off-site tiene riesgos indudables: adaptar las narrativas a la lógica comercial, perder la marca pública y hacerse dependiente de estrategias y algoritmos creados por las plataformas. ¿Y si, por ejemplo, YouTube, decide expulsar un día a los canales públicos, o, cómo ya hace, los agrega un aviso que les estigmatiza como financiados públicamente?.

Estamos todavía en los primeros pasos de la transformación de los PSB en PSM. Para que los viejos servicios públicos de la radiotelevisión construyan ese nuevo ciberespacio común se requiere un notable esfuerzo de gestores y creativos, transparencia en la gestión, reequlibrio de los recuros entre canales lineale y no lineales, y, sobre todo, un importante debate público. Pero solo el servicio público hará lo que el mercado ya ha demostrado que no puede hacer.

Fuentes

En esta larga entrada he preferido no incrustar enlaces. Recojo, a cambio, aquí, una serie de trabajos académicos recientes, que he tenido en cuenta para redactar estas reflexiones.

 

 

Regulación de las plataformas sociales como servicios de interés económico general


not_facebook_not_like_thumbs_downAsí que Facebook guarda los registros de todas mis llamadas y sms… ¡Me doy de baja!

Esta fue mi reacción, borrar mi cuenta de Facebook, como han hecho miles de personas (#deletefacebook) en protesta por el escándalo de Cambridge Analytica: los datos de 50 millones de perfiles en manos de una compañía de estrategia electoral, decisiva para la victoria de Trump (y parece que también para el Brexit). Finalmente, no lo he hecho. Dedico muy poco tiempo a Facebook, pero tengo algunos contactos que perdería si saliera de la plataforma.

Dicho en téminos no personales: las plataformas tecnológicas se han convertido en un elemento esencial de sociabilidad, crean las distintas burbujas comunicativas de las que dependemos para nuestras relaciones sociales y profesionales… y de las que recibimos una parte esencial de la información que  construye nuestra percepción de la realidad. Y todo ello gobernado por unos algoritmos, diseñados para promover el máximo beneficio para estas empresas tecnológicas. Podemos desconectarnos, pero corremos el riesgo de quedar al margen del pálpito de nuestra sociedad (mejor sería decir, de nuestras diversas comunidades).

Como ocurriera con los ferrocarriles, la energía o las telecomunicaciones, un servicio desarrollado primariamente por compañías privadas se convierte en un elemento esencial de desarrollo social y económico. Llega entonces la intervención pública, bien en forma de regulación o, de forma más radical, como declaración de servicio público.

Estos son los elementos que convierten a estos servicios en algo más que un servicio privado:

  • Explotan una materia básica, los datos personales, que, mediante la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, se transmuta en valor social, económico y político, que modela nuestras sociedades;
  • La extracción de esa materia prima entra en conflicto con los derechos de la personalidad (a la imagen, a la vida privada, a la integridad y el control sobre nuestros datos);
  • Tienen una posición de dominio en sus mercados (83% de las búsquedas Google, 60% de la publicidad Facebook);
  • Controlan mediante algoritmos la burbujas sociales en que se fragmenta el espacio público (difusión de información, interacción), previa destrucción del ecosistema mediático.
  • Desarrollan prácticas tributarias depredatorias para el estado de bienestar;
  • Desarrollan innovación disruptiva, que destruye empleo;
  • Se apropian de la creatividad de sus millones de usuarios y solo en algunos casos (YouTube) la retribuyen.

Estos servicios se regulan mediante contratos privados de adhesión, con expresa remisión a la jurisdicción norteamericana y a menudo a las leyes del Estado de California y la única supervisión de estas empresas es la Comisión de Comercio de Estados Unidos. En lugar de las leyes nos censuran algoritmos, que deciden lo que es legítimo o no difundir. Frente a ellas no tenemos más que costosos y complejos procediemientos civiles a desarrollar… en California.

Nacieron estas plataformas de una matriz libertaria capitalista, en un momento donde las regulaciones de los servicios esenciales se van haciendo cada vez más tenues. Además, y esto es sustancial, su actuación es transnacional.

Ningún estado puede de forma individual intentar regular su actividad. Pero sí podría la Unión Europea dar un paso adelante declarándolas servicios de interés económico general, lo que posibilitaría la imposición de determinadas obligaciones de servicio público, de modo semejante a como los servicios de telecomunicaciones están sometidos a obligaciones como prestadores del servicio universal.

No se trata tanto de establecer  una norma especifica, como de tomar en cuenta las especificidades de estos servicios en los distintos campos regulatorios. Facebook no puede, por ejemplo, tener las mismas obligaciones respecto al tratamiento de los datos de sus usuarios que, por ejemplo, un dentista con respecto a los de sus pacientes.

La regulación más específica debe referirse a los contratos de adhesión, para simplificarlos, hacerlos más claros y sencillos y reequilibrar la relación empresa-usuario. También establecer que la jurisdicción competente sea la del país del usuario.

La gestión de los datos debe entregarse al usuario de forma sencilla y transparente, con la posibilidad de recuperar y eliminar todos sus datos de la red social. Puede que estas obligaciones estén ya presentes en las directivas europeas y en las legislaciones naciones, pero requieren de mayor concreción.

Regular las redes sociales no puede significar censura. Ejercer cualquier tipo de control sobre los contenidos, ya sea privado -como de hecho hacen las redes, especialmente Facebook- o público, dañaría irremediablemente las sociedades democráticas. Luchar contra la noticias falsas, una manifestación del fenómeno más amplio de las noticias falsas, no tiene una respuesta sencilla ni unívoca. El Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea (pdf informe) propone para luchar contra la desinformación:

  • Mejorar la transparencia de las fuentes de la información en línea;
  • Promover la educomunicación;
  • Desarrollar herramientas para que periodistas y públicas puedan afrontar la desinformación;
  • Salvaguardar la sostenibilidad del ecosistema mediático europeo
  • Promover la investigación.

No hay soluciones mágicas. Por ejemplo, transparencia respecto a las fuentes puede ser indicar, como ha empezado a hacer YouTube en Estados Unidos, que un canal de televisión se financia con fondos gubernamentales. No es lo mismo la BBC, que RT, pero en todos los casos un disclaimer semejante parece advertir que hay algo perverso en la financiación pública, lo que no deja de traslucir un perjuicio del algoritmo, o, mejor dicho, de sus programadores.

Las obligaciones de servicio público que la regulación puede imponer en el derecho comunitario a un servicio económico de interés general siempre serán limitadas. Por eso, para garantizar un interés público más allá de los intereses privados están los servicios públicos; en el campo de la comunicación los PSM (Public System Media), la transmutación de los viejos servicios públicos audiovisuales. A su función de reconstructores del espacio público dedicaré una próxima entrada.

Noticias falsas ¿sobrevaloradas?


Captura

Maine explosion caused by bomb or torpedo. Primera fake news (a la que siguió la declaración de guerra de Estados Unidos a España) que se invoca en la jornada Falsas Noticias. Confianza y configuración de la opinión pública en la época de Internet, organizada por la representación de la Comisión Europea y Denae (Madrid, 20 de febrero).

Que los bulos se han utilizado como propaganda bélica es tan viejo como la Historia. En el foro se ha intentado esclarecer las características y consecuencias del fenómeno en los tiempos de las redes sociales, los bots, los trolls, las guerras híbridas. Lo que sigue son las ideas manejadas que me parecen más esclarecedoras y mis propias conclusiones.

Lo nuevo

Ramón Salaverría ha acudido a las clásicas Ws. El qué es el mismo de siempre, una realidad que se presenta voluntariamente alterada. Lo que cambia son las otra Ws.  Quién: no sabemos quién está detrás, si las plataformas, organizaciones o gobiernos. Dónde: fuera de los medios, en una plataformas poderosas, pero que no se responsabilizan de sus contenidos. Cuándo: en momentos de crisis. Cómo: mediante la perversa combinación de algoritmos e información viral. Por qué: intereses económicos (plataformas), ideológicos (organizaciones), estratégicas (estados). Y puede ser peor, la inteligencia artificial favorecerá más la viralidad. La verdad se devalua, solo creemos lo que nos interesa.

Para Francesc Vallès lo nuevo es la dificultad de comprobar los hechos, la pérdida de credibilidad de las fuentes tradicionales y la desintermediación, la comunicación directa sin pasar por los periodistas. Lo importante es la emoción.

Todos los participantes han insistido en el valor del periodismo como contrapeso y de los periodistas como el gran valor de los medios, con lo cual no puedo estar más de acuerdo, pero que no deja de ser un brindis al sol, cuando las redacciones se masacran una y otra vez y se propone su sustitución por bots.

La seguridad

Las guerras de propaganda no son tampoco nada nuevo. Ahora, con la combinación de trolls y bots, resulta muy difícil atribuir a un gobierno una determinada campaña. El problema es que estas campañas de desinformación forman parte de la estrategia de guerras híbridas del Kremlin, que explotan y exacerban las contradicciones, divisiones y quiebras de las sociedades democráticas. Mira Milosevich citó a un preboste del KGB: «Busca tus vulnerabilidades y encontrarás al KGB».

Los remedios

En la mesa jurídica se puso de manifiesto las dificultades del Derecho para dar respuesta a estos fenómenos. Vicente Moret propuso unas pistas de actuación, que despertaron bastante consenso. 1. Cultura digital para un ciudadano informado. 2. Mayor transparencia en las plataformas. 3. Autorregulación. 4. Regulación. Consenso también entre los participantes en que la intervención sea siempre mínima y cauta.

¿Están sobrevalorados los bulos?

Llevo tiempo pensando que las fake news, un fenómeno innegable, son sobrevaloradas por algunos medios porque, a) encajan bien en su líneas editoriales (todo lo que no es mainstream es populismo);  b) las noticias sobre las falsas noticias pueden convertirse en noticias virales; c) como chivo expiatorio de su propia péridida de credibilidad.

Sobrevaloradas, porque su infuencia real es incomparablemente menor a la de los medios tradicionales y sus enmarques de determinados acontecimientos. Podemos discutir el influjo de las noticias falsas propelidas por el Kremlin en la elección de Trump, pero lo que es indiscutible es el papel de Fox Tv como generadora de la burbuja ultraconservadora o de los realities como forjadores del personaje Trump. Las redes sociales sirvieron a las movilizaciones de las primaveras árabes, pero los cambios de las opiniones públicas se generaron durante años por Al Jazeera. Sí, no es irrelevante que en un tuit de Assange sobre Cataluña consiga 200.000 retuits, pero lo importante es TV3, con audiencias en algunos informativos del 23% y con años de un framing principal: «esto no es España».

Sería absurdo reducir el fenómeno a la irrelevancia, o, peor, a alguna oscura conspiración. Hay que poner las noticias falsas en el contexto del total ecosistema informativo. No marcan las grandes tendencias, no son capaces de cambiar las tendencias profundas de la opinión pública, pero exacerban el peligroso fenómeno de la percepción selectiva, de la burbuja, de la cámara de ecos en la que todos estamos.  Los estudios demuestran que las redes sociales (después de las conversaciones personales) ofrecen mucha menos confrontación a nuestras ideas que los medios tradicionales.

Sí, en algunos momentos y lugares, estas campañas pueden ser decisivas. David Alandete recordaba como en Estados Unidos s se centraron en distritos electorales en los que unos pocos votos podían cambiar el resultado. Y sí, puede saltar del ciberespacio y de la opinión, a la acción, pero siempre de forma minoritaria, promoviendo movilizaciones convocadas por falsas organizaciones. Estas campañas tienen muy poca influencia sobre la opinión general, pero mucha sobre minoría muy polarizadas, que en determinadas situaciones pueden ser decisivas.

Las plataformas ¿servicios de interés general?

El letrado de las Cortes, Vicente Moret, ha apuntado que las plataformas de distribución de contenidos están maduras para convertirse en un nuevo sector regulado. Yo iría un paso más allá, creo que tienen todas las características para convertirse en un servicio de interés general en el sentido del derecho comunitario, como lo son, por ejemplo, los operadores audiovisuales.

Como se recordó por varios de los participantes, las plataformas son «patios privados» con derecho de admisión, con una condiciones que aceptamos en contratos de adhesión. No se trata solo de regular esas condiciones, sino incluso de garantizar su existencia como un servicio esencial. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si las pérdidas obligaran a cerrar Twitter, que se ha convertido en un canal periodístico de primer orden?.

A nivel de pura autorregulación, no creo que haya que exigir tanto un control de los contenidos como un comportamiento personal y genuino a sus usuarios (eliminar bots), mayor transparencia (identificación de los contenidos pagados) y mayor pluralismo y confrontación en sus algoritmos.

(El vídeo de la jornada está en este enlace en Periscope y un resumen, lógicamente fragmentado, puede revisarse con la etiqueta #forofakenews en Twitter. ENLACE A LA CONSULTA PÚBLICA DE LA UE).

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