Por fin vía libre al concurso para la renovación de RTVE


lazo-naranja-d1Les ha costado, pero finalmente ayer las mesas del Congreso y el Senado aprobaron las bases que regulan la renovación por concurso del Consejo de Administración de RTVE (pdf).

La nueva situación creada por el RDL. 4/2018 ha levantado todos los bloqueos. Ahora todos parecen tener la máxima urgencia en que el concurso se celebre y el Consejo de Administración y el Presidente que se están eligiendo estos días el Congreso y el Senado conforme a las reglas del RDL. sea no ya provisionales, sino provisionalísimos.

Hay que felicitar a los trabajadores de RTVE, a los consejos de informativos, al movimiento de las mujeres, que con su reivindación han hecho posible esta solución. Y a grupos de estudios como Teledetodos que han fundamentado teóricamente su necesidad.

No me interesa señalar culpables, vencedores o vencidos, no me interesa el análisis político. Me preocupa que las declaraciones de unos y otros sigan considerando a los expertos que decidirán el concurso como sus delegados, lo que no hace más que anticipar divisiones partidistas a lo largo del proceso.

Las bases aprobadas parecen garantizar la limpieza. La comisión de expertos tendrá que hacer público su baremo antes de la publicación definitiva de los admitidos. Se valorará la formación superior, el ejercicio periodístico, la experiencia en RTVE, la experiencia en otros medios, desarrollo de funciones de gestión en el sector de la comunicación, el proyecto de gestión y otros méritos relevantes profesionales, de investigación y docencia. Si los expertos hacen un baremo equilibrado, la composición del Consejo puede ser plural, no ya en la orientación ideológica, sino en las competencias profesionales. En mi opinión, el proyecto debiera tener una valoración destacada.

Los experto harán un informe personal motivado, puntuación incluida, por cada candidato, lo que supone contar con una lista por orden de méritos. La gran cuestión es si los consensos de los grupos parlamentarios respetarán esta jerarquía de méritos. Sería un escándalo que el candidato mejor valorado, especialmente en el proyecto de gestión, y sobre todo si hay diferencias claras, no fuera luego elegido Presidente.

Lo importante ahora es que personas con verdadero espíritu de servicio público y competencias acreditadas se animen a presentarse. Hay que recordar que los consejeros no tienen dedicación, ni remuneración, más allá de dietas por asistencia.

El Presidente sigue siendo el gestor todopoderoso. Antes tenía asegurada una mayoría de apoyo, de acuedo con los consensos partidistas. Ahora está por ver, pero tendrá, sin embargo, el plan de gestión presentado, que puede ser el argumento invocado ante un Consejo crítico.

Los plazos de todo el proceso son perentorios. Afortunadamente se miden en días hábiles y no naturales, como en alguna versión previa de esta norma. Frenta a la opinión mayoritaria creo que ahora es más importante la solidez de las resoluciones que su rapidez. No estaría mal que, teniendo en cuenta que agosto es inhábil parlamentariamente, el plazo para la presentación de candidaturas terminara a primeros de septiembre, de modo que los interesados pudieran perfilar mejor sus proyectos. En cualquier caso, un proyecto de gestión no puede ser un corta y pega y no se improvisa en quince ni en treinta días. Espero que los expertos sean capaces de discernir la calidad y originalidad de los proyectos.

Ahora solo queda que los partidos sean generosos y no interfieran. Por favor, comisarios políticos disfrazados de expertos o profesionales, absténganse.

Anuncios

¿Alguien cree en la independencia de RTVE?


La tormentosa tramitación del reglamento parlamentario para elegir al Consejo de Administración de RTVE y a su presidente tuvo este martes otro episodio de ruptura del consenso, que no augura nada bueno. La renovación de la cúpula de la Corporación se ha convertido en un escenario de batalla, donde la oposición del PP y C’s quieren desafiar al gobierno de Pedro Sánchez. Y en esa guerra está en juego la independencia y hasta la propia superivivencia de la radiotelevisión pública.

Competencia vs consenso

Entiendo la indignación de los profesionales de RTVE. Es cierto que con la composición aprobada los expertos designados por el PP (6) y C’s (1) tendrán mayoría en la comisión de expertos. Pero, ¿de qué estamos hablando de profesionales expertos que evalúan a otros profesionales o de representantes de los partidos, que filtran y ordenan los candidatos en función de intereses partidistas?

Parece que todo el mundo da por supuesto que esos expertos (¿catedráticos, profesores, periodistas, realizadores, técnicos, gestores?) no pueden ser independientes y que actuarán al dictado de los partidos que los designen para lograr, finalmente, una evaluación positiva para sus candidatos al Consejo y, sobre todo, a la presidencia.

Tenemos un problema y es que nadie se cree la independencia de los expertos, primero, y de los consejeros, después. Pareciera que lo de concurso es un paripé, una cortina de humo para que cada uno coloque a los suyos.

El sistema de nombramiento -tan chapuceramente establecido por la Ley 5/2017– combina la selección por competencia (curriculum y propuesta de un plan de gestión) con el consenso parlamentario. Los expertos evalúan. Las cámaras examinan y designan por la mayoría reforzada de 2/3 y de lograrse por mayoría absoluta, siempre que el candidato esté propuesto por la mitad de los grupos parlamentarios.

Lo que hay que exigir a la comisión de expertos es una evaluación independiente. Para ello es esencial que junto con la convocatoria del concurso se hagan públicos los baremos de evaluación, de modo que estos no se acomoden a posteriori al perfil de los candidatos.

Según el reglamento los expertos tienen que seleccionar 20 candidatos. ¿Simplemente aptos o no aptos? ¿Una lista con puntuaciones? En el primer caso, se dejaría más espacio para el reparto entre los grupos parlamentarios; en el segundo, el consenso parlamentario estaría condicionado por la evaluación técnica. En todo caso, la evaluación de cada candidato debiera de ir acompañada de un informe motivado.

La tentación del Decreto-Ley

En su entrevista en RTVE, Pedro Sánchez prácticamente anunció un Decreto-Ley si el reglamento del concurso seguía bloqueado en las Cortes. “El Gobierno -dijo- no va a mirar para otro lado”.

El cese de José Antonio Sánchez por cumplirse su mandato el día 22 deja a RTVE en una interinidad insostenible. Los consejeros rotarán en la Presidencia, pero sin las competencias ejecutivas del Presidente,  que, de hecho, serán ejercidas por los directivos a los que el Presidente delegó competencias. Se anuncian dictámenes y recursos para que el Consejo actúe ejecutivamente, pero ello no evitará la paralización.

Aparentemente, se dan las razones de “extraordinaria y urgente necesidad” que justificarían un Decreto-Ley. Pero además de reunir las mayoría parlamentaria necesaria para su convalidación, el Decreto-Ley puede ser objeto de recurso de inconstitucionalidad por parte de 50 diputados o senadores.

La interinidad que siguió a la dimisión de Alberto Oliart fue invocada por Rajoy para justificar el Decreto-Ley 15/2012, declarado parcialmente inconstitucional el pasado diciembre. La sentencia del Tribunal Constitucional declara que no se da la la extraordinaria y urgente necesidad, supuesto habilitante que el art. 81.6 de la CE exige al Decreto-Ley, para cambiar la composición del consejo, reduciendo los consejeros de 12 a 9 y eliminado a los consejeros propuestos por los sindicatos. En cambio, sí admite que este presupuesto existe respecto del cambio del método de elección, en cuanto permitiendo la elección en segunda votación por mayoría absoluta del Presidente se podía resolver el bloqueo que ponía en riesgo el funcionamiento normal de RTVE.

De modo, que según esta doctrina, el Gobierno no podría ir más allá de resolver el supuesto bloqueo para la elección de la cúpula directiva. Pero ¿existe tal bloqueo? Dudoso. El reglamento está en el último paso de su tramitación parlamentaria, guste o no la composición de la comisión de expertos. Correspondería, entonces, su aplicación. Bloqueo no, procedimiento que lleva varios meses, sí.

No es ejemplar la negociación de que dan cuenta las crónicas periodística en base a ofrecer consejeros a las distintas fuerzas políticas. ¿La regeneración es la vuelta a las cuotas?

El todopoderoso presidente

Antes el Director General del Ente y luego el Presidente de la Corporación han sido  siempre ejecutivos todopoderosos, en la medida que contaban con la aprobación gubernamental o con un amplio consenso parlamentario (2006-2012), que se traducía en una mayoría estable de apoyo en el Consejo. El sistema de concurso, si es que algún día llega a aplicarse, le daría todavía más poder, en cuanto que, además del consenso parlamentario, habría sido seleccionado por su méritos personales y por el proyecto de gestión presentado.

Si, como parece, el Dereto-Ley instaura una elección por consenso reforzado, lo decisivo será el nombre del Presidente. En el sistema de cuotas cada uno designará a los suyos y lo que se estará negociando es el Presidente, que difícilmente será “provisional”, salvo gestión catastrófica, cambio de composición parlamentaria o de gobierno.

¿Qué perfil debe tener el Presidente? En primer lugar, no debe ser un ejecutivo con intereses en el sector de las productoras. No a las puertas giratorias. No al bombeo de dinero público al sector privado.

La figura ideal debiera provenir del mundo de la comunicación, tener experiencia de gestión, visión de futuro y, sobre todo, autoridad, independencia contrastada y trayectoria de servicio público. No sé si existe ese mirlo blanco, pero si hay que elegir prefiero un personaje independiente capaz de seleccionar un eficaz equipo de gestores.

En fin, seguimos discutiendo si son galgos o podencos, sin adaptar, entre tanto, el servicio público a los cambios que el nuevo ecosistema informativo requiere.

P.S Y llegó el Decreto-Ley

Recojo aquí los dos tuits que he publicado una vez publiado el RDL. 4/2018.

Visto el texto RDL 4/2018 RTVE, bien justificada “extraordinaria y urgente necesidad”. Dudosa constitucionalidad modificar la composición de la comisión de expertos (véase doctina TC).

La prueba del algodón para la independencia de RTVE es que todos los grupos impulsen la elección por concurso, sin bloqueos, y que la dirección elegida ahora por cuotas sea realmente provisional, como establece el RDL.

La participación, clave de un nuevo servicio multimedia que reconstruya el espacio público


transformation20audiovisuel-15-600x338

Fuente Mèta-Media

Los servicios públicos multimedia no pueden reemplazar a las redes sociales, pero deben ser una alternativa democrática, como sustentadores de un espacio digital común, un ciberespacio común, que reconstruya la esfera pública fragmentada.

Las plataformas sociales se han convertido en un nexo básico de nuestra sociabilidad y el canal por el que, de modo creciente, el público llega a las informaciones periodísticas, sobre todo en el caso de los jóvenes.

He razonado en una anterior entrada las razones para una regulación de estas plataformas en el derecho comunitario como servicios económicos de interés general. Pero ¿qué ocurriría si un día Twitter se cierra porque no cumple las expectativas de sus accionistas? O, algo que ya ocurre, ¿qué pasa si el algoritmo de Facebook reduce nuestra dieta de noticias, porque le resulta más rentable la interacción de los contenidos creados por los usuarios?

En toda Europa, las corporaciones públicas de radio y televisión hace mucho que entraron en la creación de contenidos multimedia y en su difusión en las distintas plataformas. Los académicos han pasado de referirse a los PSB (Public Systems Broadcasting, servicios públicos de difusión por radio y televisión) a hacerlo a los PSM (Public System Media, sistemas públicos multimedia).

El principal fundamento que legitima el cambio es el repensar el principio de universalidad: dar ahora a todos, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, y en cualquier canal o plataforma contenidos e informaciones de calidad, imprescindibles para su vida como ciudadanos en una sociedad democrática.

Hasta aquí se trata de una adaptación del sistema de difusión vertical (audiencias) a un sistema de difusión personalizado. Pero la radiotelevisión pública ha sido más que un suministrador de contenidos, ha sido el principal delimitador del espacio público en las siete últimas décadas. Sigue siéndolo todavía, porque no olvidemos que congrega audiencias masivas. Pero gran parte de la conversación social, sobre todo de los más jóvenes, se ha trasladado a las plataformas tecnológicas. Unas plataformas que, en lugar de hacer realidad la utopía de una perfecta comunicación horizontal, han parcelado Internet en jardines vallados (dixit Tim Berners-Lee).

Por eso hoy esa función de foro público exige plantear los servicios públicos de comunicación como una manifestación de lo que se llamado public digital commons (Murdock, 2005).

Parte esta teoría de la distinción entre public goods, bienes públicos esenciales que requieren una intervención pública para su administración, de los common goods, bienes comunes, bienes también esenciales, que pueden ser directamente gestionados por los ciudadados. De modo que los primeros se gestionan en función del principio de autoridad, y los segundos en función de los principios de cooperación y participación. Evidentemente, estos bienes comunes exigen una continua negociación entre sus usuarios y en la mayor parte de los casos con las autoridades públicas, que pueden supervisar la cooperación.

Las redes sociales se basan en la colaboración y la participación, pero las conforman en función de los beneficios que obtienen recabando datos personales. Por eso, promueven con sus algoritmos las interacciones que más información facilitan del usuario y los contenidos que durante más tiempo le mantienen en ese jardín vallado.

El reto de los servicios públicos multimedia es gestionar la participación y la cooperación para crear un ciberespacio público de referencia, enlazado con el clásico espacio público de las grandes audiencias.

El nuevo PSM tiene que ser una mixtura entre el servicio público vertical (hijo de la Ilustración) y un servicio participativo basado en el ciberespacio, donde usuarios y comunidades negocien la participación. Un punto de entrada común, seguro, fiable, a un espacio digital en el que también pueden colaborar instituciones públicas y culturales: museos, universidades, archivos, bibliotecas.

Esquemáticamente, el servicio público multimedia como espacio digital común supone:

  • Enlazar el espacio público de las audiencias, esto es, la transmisión lineal de los contenidos, con la personalización de los contenidos interactivos;
  • Recuperar y reforzar el tradicional derecho de acceso a la programación de grupos significativos con la promoción de contenidos creados por ciudadanos, movimientos y organizaciones, distribuidos en línea de forma personalizada;
  • Enlazar y cooperar en este espacio común con instituciones públicas que promuevan contenidos culturales y de interés para el debate público;
  • Conocer y poner en el centro de toda su estrategia al ciudadano (prefiero ciudadano a usuario) para lo que es necesario recabar sus datos;
  • Utilizar los datos personales solo en el propio ámbito, por tiempo limitado, siempre con expresa autorización del particular y sin posiblidad de explotación ulterior comercial o política;
  • Centrar todos los contenidos en la óptica de la mejora personal y social, nucleados en torno a las grandes cuestiones de debate público;
  • Servir a las grandes audiencias formación, entretenimiento e información de calidad, buscando el alcance y el servicio, no el share en prime time;
  • Lograr la difusión personalizada de los contenidos sin caer en la viralidad;
  • Experimentar narrativas y lenguajes;
  • Llevar la participación a la gestión del propio servicio.

Todo ello no es nada fácil. En primer lugar el deseo de participación que se le supone al público está sobrestimado. Dar al botón de “Me gusta”, colgar un selfie o reenviar un meme no es creación colaborativa ni participación en el debate público.

Una estrategia puede ser crear su propia plataforma social: un perfil  que diera acceso a los contenidos de vídeo y audio bajo demanda, invitara a participar en debates lineales o no lineales, a producir contenidos, responder a cuestiones estratégicas sobre el servicio e incluso elegir representantes para órganos de participación ciudadana.

Por el momento, los servicios públicos europeos no puede prescindir de las redes sociales, especialmente Facebook, YouTube, Twitter y otras en menor medida. Algunos servicios usan las redes sociales para remitir a sus sitios web, otros crean marcas nuevas (Funk en Alemania, Playz en España). No cabe duda que para llegar a los sectores más jóvenes hoy el canal más eficaz es YouTube.

En principio, al servicio público le importa el alcance, no porque canal se llega al público. Pero, la estrategia off-site tiene riesgos indudables: adaptar las narrativas a la lógica comercial, perder la marca pública y hacerse dependiente de estrategias y algoritmos creados por las plataformas. ¿Y si, por ejemplo, YouTube, decide expulsar un día a los canales públicos, o, cómo ya hace, los agrega un aviso que les estigmatiza como financiados públicamente?.

Estamos todavía en los primeros pasos de la transformación de los PSB en PSM. Para que los viejos servicios públicos de la radiotelevisión construyan ese nuevo ciberespacio común se requiere un notable esfuerzo de gestores y creativos, transparencia en la gestión, reequlibrio de los recuros entre canales lineale y no lineales, y, sobre todo, un importante debate público. Pero solo el servicio público hará lo que el mercado ya ha demostrado que no puede hacer.

Fuentes

En esta larga entrada he preferido no incrustar enlaces. Recojo, a cambio, aquí, una serie de trabajos académicos recientes, que he tenido en cuenta para redactar estas reflexiones.

 

 

Ofensiva contra los medios públicos


320183260-jpg

Si los suizos deciden el domingo eliminar el canon (billag) la rtv pública desaparecerá de Suiza

Este domingo 4 de marzo los suizos deciden en referendum si eliminan el canon con el que se financia la SRG-SSR, la radiotelevisión pública. Si la iniciativa impulsada por el ultraconservador Partido Popular (SVP-UDC) prospera será la muerte del servicio público en Suiza y un golpe mortal para sistema de financiación por canon, que está en el núcleo de la radiotelevisión pública en Europa.

La ofensiva contra los medios públicos se recrudece conforme el fascismo 3.0 gana posiciones en Europa. Si la manipulación y el control gubernamental es una especie de maldición en la Europa del sur, ahora los servicios públicos del centro y norte de Europa ven en peligro su independencia y su estabilidad financiera. Se borran las fronteras en los modelos de Hallin y Mancini: el modelo noreuropeo (corportivista democrático) cada vez se parece más al mediteráneo (pluralista polarizado).

Allí donde llega al poder la extrema derecha, o los partidos conservadores abrazan las tesis xenófobas, la radiotelevisión pública se ve atacada. Se acusa a los periodistas de los medios públicos de ser de izquierdas y a las empresas de ser demasiado grandes (después de décadas de adelgazamiento financiero y organizativo), ser un peligro para la libre competencia y, sobre todo, obligar a la gente a pagar por algo que pueden no querer consumir.

Los ataques se concretan en:

  • Críticas, tanto generales a la insitutión como presiones muy concretas a determinados periodistas o responsables editoriales, amenaza y presentación de querellas por parte de políticos y ministros (Austria);
  • Cambios en los órganos de gobierno, órdenes de tratamiento informativo favorable, autocensura y dimisiones (Finlandia);
  • Reducción presupuestaria prácticamente en toda Europa;
  • Medidas para eliminar el canon y, consiguientemente, la financiación pública (Suiza);
  • Control absoluto de los medios públicos y oligopolio de medios privados controlados por los amigos del gobierno (Hungría, Polonia).

Suiza

El servicio público se encomienda en Suiza a una sociedad anónima la SRG-SSR, que se financia con un canon recaudado por otra sociedad anónima, Billag S.A, de ahí que populamente se conzca el canon como billag.  Tradicionalmente, el hecho imponible era la posesión de aparatos de radio y/o televisión, con una modalidad conjunta prácticamente universal. Las últimas reformas obligan al pago a todos los hogares, empresas y establecimientos (con las lógicas exenciones).

El monto está en los 450 francos anuales (unos 390 €). Las propuestas parlamentarias de la derecha para reducir el canon a la mitad han fracasado y de ahí la iniciativa que se pone a referendum para la eliminación de la licencia. Otro referendum anterior no lo consiguió por unos pocos votos, así que el resultado del domingo es incierto, con los cantones francofónos partidarios de mantener el canon y los alemanes de eliminarlo.

Para la derecha, la SRG-SSR ha sido incapaz de autolimitarse y, por tanto, solo cabe su destrucción. La iniciativa considera abusivo obligar a pagar por un producto cultural que no se haya elegido. A favor del canon, voces como la de este economista que recuerda que el servicio público es un espacio común, que produce unas externalidades (económicas, pero sobre todo culturales, sociales y políticas) que deben ser financiadas por todos, aun por los no consumidores.

Si el canon se aboliera Suiza sería el primer país europeo fetén (modelo democrático corporativista) en eliminar el servicio público. El conservador griego Samaras cerró la ERT en 2012 y Tsipras la reecuperó en 2015, pero ya se sabe, los manipuladores mediterráneos (modelo pluralista polarizado) somos menos importantes en eso de los rankings democráticos. Además, Ginebra es la sede de la UER-EBU, así que el organismo que agrupa a las radiotelevisiones públicas europeas podría residir en un país sin servicio público.

Del caso suizo se pueden extraer algunas lecciones sobre el canon:

  • Una empresa privada recaudadora puede ser muy eficaz, pero desde luego hace que la financiación del servicio público se vea como un negocio para la misma (los recaudadores privados, empezando por los publicanos, nunca han sido muy populares).
  • El hecho imponible no puede seguir siendo la posesión de aparatos, que deja fuera todo el consumo digital. Un impuesto directo a los hogares es más lógico, pero tampoco será muy popular. En Europa se ensayan también sistemas como el recargo en el recibo de la luz.
  • El sistema más justo parece un tipo progresivo (creciente según el nivel de renta) a integrar en el impuesto sobre la renta.

Por último, comparar esos casi 400 € de Suiza con los 39 € anuales que les cuesta a los españoles RTVE y los canales autonómicos.

PS. Los suizos rechazaron la iniciativa por un 71,6%. En el resultado fueron decisivas las campañas del gobierno y de los medios locales (también beneficiados por el canon), que lograron contrarrestar una previa tendencia a la abolición.

Finlandia

En Finlandia, que tantas veces se pone de ejemplo en materias como la educación, también se ha cuestionado la independencia de la radiotelevisión pública.

YLE recibió presiones del primer ministro conservador Sipila, en relación a un escándalo en el que se vio implicado. Spila envió un email a un reportero y al editor jefe quejándose del tratamiento informativo recibido. “No tengo ningún respeto a YLE, el mismo que YLE me tiene a mi” -escribió.

Como consecuencia, hubo autocensura y tres periodistas abandonaron YLE. El caso se convirtió en el YLEGate, radiografiado por los periodistas disidentes en un libro. Un informe independiente ha concluido que la radiotelevisión pública dio un tratamiento favorable al primer ministro y que la empresa reaccionó arrogantemente a la llamada de atención del regulador finlandés, pero que, con todo, el proceso editorial garantiza la independencia.

Austria

La ultraderecha del Partido Liberal, ahora en el gobierno, ha declarado la guerra a la ORF. El videcanciller Strache usa la misma táctica de Trump, acusa la radiotelevisión pública de propagar “falsas noticias”. Su principal objetivo es el presentador Amin Wolf, un entrevistador incisivo. Lo más grave es que el gobierno de coalición del Partido Popular y los liberales tiene ahora mayoría suficiente en el Consejo de la ORF (modelo como el alemán de un consejo parlamentario con representantes de los partidos y de la sociedad) para destituir al Director General.

Hungría y Polonia

En Hungría Orban controla todos los medios, los públicos y los privados. Destruyó primero la anterior MTV (varios periodistas estuvieron en huelga de hambre) y construyó una nueva corporación, MTVA, con absoluto control gubernamental. Al mismo tiempo, ha favorecido el oligopoplio de los medios privados, en manos de magnates amigos (como Putin en Rusia).

En Polonia, el gobierno conservador del PIS no tiene un control institucional tan absoluto de la RTP, pero sus periodistas son hostigados continuamente, en la calle y en las redes sociales, haciendo cada día más difícil su independencia.

Estas democracias iliberales -como algunos las llaman, yo dudo de que sean democracias- no entran en los modelos de Hallin y Mancini (su libro es de 2004), pero lo grave es que ahora son el ejemplo que parece estar siguiéndose en Austria.

Estados Unidos

Poco tiene que ver el sistema norteamericano con el europeo. Los medios públicos (PBS y NPR) se financian preferentemente mediante las subvenciones de fundaciones privadas, pero la aportación pública del presupuesto federal es decisiva en el balance final.

Trump ha propuesto un recorte de 480 millones de dólares, que la presidenta de la CPB (que agrupa PBS y NPR) asegura que no hay modo de cubrir ese agujero. Los recortes pueden eliminar populares programas infantiles. Un niño se convirtió en una celebridad cuando dijo en la televisión que Trump quería quitar PBS Kids para construir el muro con México.

España

Y, finalmente, last but no least, España. De censura, autocensura, manipulación lo sabemos todo, así que el caso finlandés se nos parece, pero con una diferencia importantísima, allí hay un regulador independiente. El caso es que el poder legislativo se muestra incapaz de hacer efectiva su propia ley, mientras el Sánchez se permite burlarse de los diputados -“voy a estar más que Matusalén”.

En la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, otrora ejemplo de independencia, JxCat y ERC se reparten los cromos sin ningún pudor, para ti la corporación, para mi informativos. para ti la radio, para mi la televisión. El Consejo Profesional denuncia este vergonzoso mercadeo, triste copia de la vieja lottizzazione italiana. Al menos el reparto partidista de la RAI suponía un cierto pluralismo ideológico, lo de radiotelevisión catalana es mera rebatiña entre dos aliados que desconfían uno de otro.

En fin, malos tiempos para los servicios públicos audiovisuales. Malos tiempo para la democracia.

(DESCARGA DEL LIBRO DE HALLIN Y MANCINI)

 

Radiotelevisiones autonómicas, hacer de la necesidad virtud


imageDe las ruinas del saqueo y los errores estratégicos surgen en Madrid y Valencia, en medio de enormes dificultades, nuevas radiotelevisiones autonómicas que quieren recuperar el servicio público.

Una situación muy distinta a la de Extremadura, donde una pequeña organización, la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, tiene en común con los casos de Madrid y Valencia un giro decidido hacia el modelo multimedia.

Las tres corporaciones tienen en común una limitación de recursos que sus gestores quieren aprovechar para construir organizaciones más flexibles, sostenibles y multiplataforma. Hacer de la necesidad virtud.

Teledetodos organizó ayer, 17 de enero, una sesión de trabajo sobre la Nueva gobernanza en las radiotelevisiones autonómicas con la participación de Javier Marzal, uno de los académicos que más ha luchado por la recuperación de la radiotelevisión pública en la Comunidad Valenciana, Alejandro Perales, consejero de administración de Telemadrid, y Urbano García, director general del Canal Extremadura.  No es fácil seguir la evolución del servicio público en las distintas comunidades, cada una con sus peculiaridades, así que fue un privilegio contar con personalidades directamente implicadas en estas tres experiencias.

Teledetodos publicará la grabación de la sesión. Hago a continuación un resumen no detallado. Al final de esta entrada, mis reflexiones personales

Valencia

El caso valenciano es el paradigma de la destrucción del servicio público y de las dificultades para su recuperación. Saqueo de los recursos públicos, plataforma para la corrupción, propaganda sistemática que, junto con una programación de ínfima calidad, redunda en la desafección social. Y finalmente el cierre traumático.

Fueron los académicos de Periodismo y Comunicación Audiovisual los que aglutinaron a distintos sectores, incluido el industrial, en la Mesa del Sector Audiovisual (MESAV) para  concienciar a la sociedad y a los políticos del carácter imprescindible para cohesión social de los medios audiovisuales públicos. Su propuesta “Hacia un nuevo espacio audiovisual” (pdf) sirvió de base para la Ley 6/2016 de la Generalitat Valenciana (pdf), una vez que el nuevo gobierno PSOE-Compromís asumió la recuperación del servicio público.

El servicio público se encomienda a la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) que lo ejerce a través de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación.  Nótese que los medios ya no se califican de audiovisuales, lo que indica una orientación multimedia. De hecho, el medio resultante es A Punt Media, en una denominación de la que desaparecen las referencias a la radio y la televisión.

Experiencias positivas. Una nueva gobernanza, con una mayor representación social en los órganos de gobierno, exigencias de capacitación y consenso parlamentario. Transparencia en la gestión y las cuentas. Y, sobre todo, concurso público para elegir al Director General, máximo ejecutivo de la Sociedad y el medio, A Punt Media, en función de su curriculum y el proyecto presentado. Las Cortes Valencianas ya han elegido al Consejo Rector, al Presidente y por concurso a la Directora General. Hay una convocatoria para constituir el Consejo Ciudadano y está en trámite legislativo la Ley del Consejo Audiovisual.

Con todo, solo han empezado las emisiones de radio con horario limitado con programas externalizados. En la recuperación las dificultades han residido en la herencia de la RTVV y en la polarización política.

La Generalitat ha tenido que asumir la deuda de 1.400 millones; el coste de liquidación de la RTVV y del organismo fantasma creado por Fabra en el último momento asciende a 200 millones; la amortización del crédito del Fondo de Liquidez Autonómico para pagar a proveedores suponen 800.000 € anuales… En resumen, el presupuesto se queda en 55 millones, con unos raquíticos 10 € anuales por habitante.

Mayor problema supone la polarización política. La derecha mediática ha declarado la guerra a A Punt Media y las condiciones ventajosas para los antiguos trabajadores de RTVV a los concursos de selección de personal han dividido a los profesionales.

Madrid

Telemadrid, Radio Televisión Madrid, siguió el mismo camino que la RTVV (corrupción, manipulación, irrelevancia) y un ERE casi total la dejó al borde del precipicio. El caos que siguió al cierre de la rtv valenciana posiblemente evitó su cierre.  Las nuevas condiciones políticas después de las elecciones de 2014 propiciaron un aparente consenso político para eliminar la manipulación y regenerar Telemadrid. Fruto de ese relativo consenso es la Ley 8/2015 de Madrid (pdf), que ha permitido la creación de una nueva sociedad anónima de capital público.

En el Consejo de Administración se sientan ahora consejeros propuestos por los grupos parlamentarios y por organizaciones sociales, profesionales y del ámbito de la comunicación madrileñas, elegidos por consenso parlamentario. Entre esos consejeros propuestos por organizaciones (en su caso la Asociación de Usuarios de la Comunicación) se encuentra Alejandro Perales, uno de los ponentes en nuestro seminario.

El Director General también ha sido elegido por concurso público, convocado y resuelto por el Consejo de Administración y ratificado por la Asamblea, pero con la abstención de Podemos. La premura con que se resolvió el concurso, en poco más de tres horas, suscitó todo tipo de sospechas y dio lugar a un recurso contencioso-administrativo de uno de los candidatos excluidos.

El Consejo de Administración ha elaborado su Carta Básica, refrendada por la Asamblea de Madrid, a modo de Acuerdo Marco por 9 años (pdf, pgs. 85-105). La prioridad de la nueva Telemadrid ha sido, en primer lugar, recuperar la neutralidad de los informativos, y volver a la información local y a ser referente para los eventos acaecidos en Madrid. Comienza a recuperarse la producción propia y se ha contratado a una parte de la plantilla despedida. Por el momento -dijo Perales- no se puede renovar a fondo la programación, aunque el entendimiento de la nueva dirección es también dar el giro multimedia. Los datos de audiencia indican una ligera mejoría y una buena respuesta a las cobertura en directo.

Extremadura

La Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales nació en el 2000 y actualmente está regulada por la Ley 3/2008 de Extremadura (pdf). Forma parte de la última generación de organismos autonómicos low cost -Urbano Garía dixit– caracterizados por sus bajos presupuestos y su apuesta por la externalización. La Ley encomienda el servicio público a dos sociedades públicas, de radio y televisión, ahora fusionada en una única.

La Ley, anterior a las demandas de participación social, basa su gobernanza en el consenso parlamentario (2/3 consejeros, 3/5 Director General) e incluye en su art. 7.2 una disposición tan llamativa como la que los grupos parlamentarios puedan sustituir durante su mandato a los consejeros que hayan propuesto, una norma que en la práctica viene a consagrar un mandato imperativo, a mi juicio incompatible con la gestión independiente que necesita una rtv pública.

Lo notable de Canal Extremadura, la marca con la que opera la Corporación Exteremeña, es la decidida apuesta de su equipo directivo por un modelo multimedia, local –hiperlocales para ser globales, en palabras de Urbano García- y de participación social. Desde el punto de vista organizativo se rompen las fronteras entre radio, televisión y medios interactivos en una estrategia multiplataforma, en la que los contenidos generados por los usuarios tengan un importante papel.

Lecciones, de lo estatal a lo autonómico y viceversa

  • Las autonómicas como test. La RTVE de 1980 fue el modelo para las grandes autonómicas, con sus virtudes y defectos, los más notables la falta de independencia y la insostenibilidad en un régimen de concurrencia comercial. Luego la reforma de 2006 supuso un modelo para mejorar el pluralismo en algunas autonómicas y después la involución de 2012 también tuvo su reflejo. En este sentido, el caso catalán es paradigmático. Las nuevas autonómicas surgidas de las cenizas de la corrupción y la manipulación (Valencia, Madrid) son campo de pruebas de un nueva gobernanza, con mayor consenso y participación social. Un caso como el de Canal Extremadura es una magnífica ocasión para ensayar la transformación del servicio audiovisual en servicio multimedia.
  • Las dificultades de conciliar consenso político, participación social y competencia profesional. Todas las reformas pasan por reforzar el consenso parlamentario para nombrar a los órganos de gobierno. La participación social en la gobernanza puede hacerse delimitando las organizaciones sociales proponentes de los consejeros, pero desvinculando absolutamente su ejercicio de las organizaciones. Para los órganos asesores, como el Consejo de la Ciudadanía de Valencia, hay que abrir cauces para que sean los propios ciudadanos los que puedan proponer sus propias candidaturas.
  • No confundir control con gestión. Lo que no tiene ningún sentido es seleccionar a los gestores por concurso de méritos y proyecto y luego proceder a un nombramiento parlamentario, que puede ratificar o no al seleccionado en el concurso. Insisto una vez más que los consejeros de administración no son gestores, son orientadores y controladores, es al director general, máximo gestor ejecutivo el que tiene que ser elegido por concurso por el consejo, sin necesidad de ratificación parlamentaria.
  • Alianzas sociales. El cambio tiene que ser impulsado por la Academia, movimientos y organizaciones sociales y profesionales. Es difícil, pero el caso de Valencia ha sido ejemplar.
  • Transparencia. Los tres participantes en el seminario insistieron en la importancia de una gestión transparente, que supere incluso las exigencias de la Ley de Transparencia. Sin embargo, los portales de transparencia son todavía bastante limitados.
  • Comunidad y servicio. Conocer mejor a la audiencia para servirla mejor; centrarse en el propio ámbito autonómico y cubrir los huecos locales sin cobertura mediática; contar con el público como creadores de contenidos; reforzar el derecho de acceso. Olvidémonos del share.
  • Multimedia e innovación. Dar a cada uno los contenidos que mejoren su vida, en cualquier momento, en cualquier plataforma. Buscar productos innovadores. Pero no olvidar que la ventaja diferencial es contar con los “viejos” medios masivos, que siguen delimitando el espacio público. ¿Qué consecuencias tendría para la población rural envejecida eliminar la radio de las ondas para llevarla a un canal por streaming
  • Recuperar a los jóvenes. Pero, ojo, no perder a los mayores.
  • Inmediatez en la información, pero también contenidos intemporales.
  • Tejido audiovisual. Los organismos autonómicos tienen que volver a ser los dinamizadores del sector audiovisual. Pero nunca más bombear dinero público a los amiguetes. Las externalizaciones tienen ser transparentes y los concursos (como hace Canal Extremadura) incluir una claúsula social. Externalizar los informativos es perder la independencia informativa.
  • Sinergias estatales-autonómicas. Los convenios de cooperación entre estos organismo y RTVE son un factor esencial de sostenibilidad. Nunca más competidores, sino colaboradores. Cabe citar como experiencia positiva que el Centro Territorial de RTVE se ubicará en la sede de la nueva CVMC en Burjasot.

El laberinto de la gobernanza de RTVE


lazo-naranja-d1

El año termina en RTVE sin una perspectiva clara de la renovación de los órganos de gobierno, imprescindibles para su regeneración democrática. Los partidos deben establecer un procedimiento rápido y transparente que garantice la selección de profesionales competentes y erradique para siempre las cuotas partidarias.

Los últimos 5 años puede que hayan sido los más aciagos de la historia de RTVE. El gobierno del PP derogó por Decreto-Ley la independencia institucional que es condición mínima para que la radiotelevisión estatal cumpla su función pública.

Y a partir de ahí, con la designación por el Gobierno del presidente y los consejeros, manipulación, pérdida absoluta de la credibilidad y de la condición de referencia informativa, caída de las audiencias y gestión a la deriva, sin afrontar los retos que el nuevo ecosistema comunicativo plantea, hasta un punto donde la misma pervivencia de RTVE está en cuestión.

Dos han sido las respuestas jurídicas, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 50 diputados y senadores socialistas, que acaba de estimarse parcialmente por el Tribunal Constitucional, y la Ley 5/2017, para recuperar la independencia de RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos.

La mala técnica jurídica de la nueva ley, la renuencia de los dos grupos parlamentarios mayoritarios a desarrollar por concurso público el nombramiento de consejeros y presidente, y la derogación parcial por el Tribunal Constitucional del R.D-L. 15/2012, llevan a todo tipo de interpretaciones teóricas y a una paralización práctica del proceso de renovación.

Escaso impacto práctico de la sentencia del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constituciona declara inconstitucionales y nulas disposiciones del Decreto-Ley sobre la composición del consejo que ya no estaban en vigor, por haber sido modificadas por la Ley 5/2017, de modo que el bloque normativo aplicable es la Ley 17/2006, con las modificaciones realizadas por la Ley 5/2017.

No es que la sentencia carezca de transcendencia jurídica. El TC no examina la constitucionalidad de todo el Decreto-Ley,  porque los argumentos de los recurrentes se centraban solo en los preceptos sobre la composición y el modo de elección de consejeros y presidente. Otros preceptos del D-L., como el  ap. 7 y 8, que modifican el régimen de incompatibilidades y retribuciones de los consejeros y el presidente, no son sometidos a examen por el TC y siguen en vigor.

Constata el TC que estas normas han sido derogadas por la Ley 5/2017 y, por tanto, siguiendo su doctrina, no juzga si su contenido es conforme a la Constitución. Pero si aplica el examen de constitucionalidad al procedimiento de modificación, esto es, a si el Decreto-Ley es herramienta legítima para modificar esas normas.

El Tribunal entiende que no se da la la extraordinaria y urgente necesidad, supuesto habilitante que el art. 81.6 de la CE exige al Decreto-Ley, para cambiar la composición del consejo, reduciendo los consejeros de 12 a 9 y eliminado a los consejeros propuestos por los sindicatos. En cambio, sí admite que este presupuesto se de respecto del cambio del método de elección, en cuanto permitiendo la elección en segunda votación por mayoría absoluta del presidente se podía resolver el bloqueo que ponía en riesgo el funcionamiento normal de RTVE.

De modo que aunque la sentencia hubiera llegado en un tiempo razonable, y no cuando los preceptos impugnados ya no están en vigor, no hubiera impedido el nombramiento por la mayoría absoluta parlamentaria, en la práctica un nombramiento gubernamental. Pero sí habría cambiado la composición del consejo, que hubiera sido más plural, con la presencia de los consejeros propuestos por los sindicatos mayoritarios, y que hubiera podido someter al presidente a un control más eficaz.

Deja la sentencia otras dos consideraciones que pueden tener una cierta trascendencia en el futuro. Puesto que un Decreto-Ley no puede modificar una institución esencial del Estado, el Tribunal, aunque recuerda su función vital para la vida democrática, declara que RTVE no es una de las instituciones básicas de nuestra Constitución, porque esta no se refiere a ella expresamente. Y finalmente, que el modo de elección de sus órganos con mayor o menor consenso, no menosca el control parlamentario que establece el art. 20.3 CE.

Composición y modo de elección del Consejo de Administración y el Presidente

Resultan aplicables la Ley 17/2006, el R.D-L. en lo no derogado por la Ley 5/2017 y las disposiciones de esta última (ver el texto consolidado de la ley 17/2006):

  • El Consejo de Administración estará formado por 10 miembros, con suficiente cualificación y experiencia profesional, con presencia equilibrada de hombres y mujeres (art. 10.1).
  • La cualifiación y experiencia se concretan en la exigencia de personas de formación superior y reconocida competencia, que hayan desempeñado al menos durante 5 años funciones de administración, alta dirección, control o asesoramiento en entidades públicas o privadas, o relevantes méritos en el ámbito de la comunicación, experiencia profesional, docente o investigadora.
  • Serán elegidos 6 por el Congreso y 4 por el Senado (art. 11.1).
  • Comparecerán en audiencia pública en el Congreso y el Senado para que las cámara se informen de su idoneidad (art. 11.3). Nada se establece sobre quién puede proponer a los candidatos.
  • Serán elegidos por mayoría de 2/3 en cada cámara (art. 11.3). No se establece un procedimiento alternativo para el caso en que no se alcance esta mayoría.
  • El Congreso designará también por mayoría de 2/3 de entre los 10 consejeros al Presidente.
  • El mandato de los consejeros será por 6 años no renovables, renovándose por mitades cada tres años (art. 12).
  • El Presidente será retibuido conforme al régimen de los máximos responsables del sector público empresarial. En cambio, los consejeros solo recibirán indemnizaciones por asistencia a las sesiones (art. 15.4), lo que significan que no tienen el régimen de dedicación exclusiva que establecía la Ley 17/2006.

Para la primera elección se estable un régimen transitorio, la mayor parte de cuyas disposiciones podrían tener validez con caracter general y no para la primera renovación después de la reforma.

  • Si no se alcanza la mayoría de 2/3 en segunda votación bastará la mayoría abosluta, siempre que el candidato haya sido propuesto por la mitad de los grupos parlamentarios de la Cámara.
  • Elección por concurso público de los consejero y el presidente, conforme a un reglamento aprobado por las Cortes Generales en el plazo de tres meses, con la participación de un comité de expertos nombrados por los grupos parlamentarios, comité que emitirá informes de evaluación que elevará a la comisión parlamentaria competente para la audiencia de los candidatos.
  • En tanto se apruebe ese reglamento, la elección se llevaría a cabo conforme al procedimiento vigente.

Bloqueo de la regeneración democrática de RTVE

El caso es que ese plazo de tres meses se cumple el 31 de diciembre. ¿Cómo es posible que los grupos parlamentarios no hayan encontrado ni siquiera tiempo para reunirse hasta elm 14 de diciembre?. Claramente, ni PSOE, que no es partidario del concurso público, ni el PP, que resiste numantinamente, tienen interés. Quizá por eso se añadió esa salvaguardia de volver al procedimiento vigente.

Según los letrados del Congreso, el plazo no es preclusivo, por lo que no pasaría nada si este reglamento se aprobará, por ejemplo, el 20 de enero. De hecho, Ciudadanos ha hecho una propuesta. Pero dicen los letrado que, de no aprobarse, el “procedimiento vigente” sería el de mayoría absoluta en segunda votación (el del R.D-L), que es la apuesta del PP. No parece que aunque no se haya desarrollado el régimen transitorio se deje sin aplicar un aspecto sustancial del mismo claramente formulado, como es el de 2/3 en primera votación y mayoría absoluta y la mitad de los grupos parlamentarios en segunda, que es la apuesta del PSOE. Ciudadanos y Podemos apuestan por el concurso público.

Lo importante es la competencia de los candidatos y la transparencia del proceso

Como ya he razonado anteriormente, el concurso tiene sentido para elegir un Director General Ejecutivo, no para elegir a los miembros de un órgano que marca las directrices y controla la gestión, pero no es un órgano ejecutivo. Sí tiene sentido elegir al Presidente por concurso y exigirle un plan estratégico, en cuanto que máximo ejecutivo, pero con tal procedimiento el Presidente será muy poco controlable por reunir tanto el consenso parlamentario como un plan estratégico aprobado. Desde luego, no se puede exigir a unos candidatos a consejeros no retribuidos y sin dedicación exclusiva que presenten un plan estratégico.

En consecuencia, el reglamento de elección (¡que solo está previsto para la primera renovación!) podría basarse en estos principios:

  • Proponen a los consejeros sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones de utilidad pública u organizaciones profesionales del mundo de la comunicación.
  • Un comité de expertos formados por dos profesionales designados por cada grupo parlamentario evalúa la competencia de los candidatos.
  • Los consejeros son designados con las mayorías parlamentarias de la Ley 5/2017, previa examen en audiencia pública.
  • Los consejeros se podrán postular para presidente, presentado un plan estratégico. Los candidatos y sus planes serán evaluados por el comité de expertos y elegido por el Congreso por mayoría de 2/3 y previo examen en audiencia pública.

 

 

 

No se puede (ni se debe) intervenir TV3


tv3-k71e-620x349abc

La aplicación del art. 155 de la CE para intervenir la autonomía de Cataluña es un fracaso colectivo del que España tardará muchos años en recuperarse. Se sabe como se entra (a veces me parece que ni siquiera eso), pero no se sabe como se sale.

Entre las medidas anunciadas, la posible intervención de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales  (CCMA) ha generado una condena casi generalizada entre periodistas y organizaciones sindicales de Cataluña y el resto de España.

El argumento más repetido es que sería como poner a la zorra a cuidar el gallinero: el gobierno Rajoy ha hecho un uso partidista de RTVE, como acreditan las reiteradas y documentadas denuncias de los consejos de Informativo de la Corporación. Pero prácticamente nadie ha recurrido a argumentos jurídico, que en este caso son esenciales.

 

Captura

Extracto de la nota de prensa del Consejo de Ministros que decide activar el art. 155 CE

 

La Generalitat no puede intervenir la CCMA y, por tanto, tampoco el Gobierno

Como estuve tuiteando a lo largo del fin de semana, intervenir la CCMA no sería reestablecer la legalidad (uno de los objetivos que el acuerdo del Consejo de Ministros invoca para la activación del art. 155) sino vulnerarla. Parte  del ordenamiento jurídico son las leyes catalanas que encomiendan el servicio público audiovisual a la CCMA y establecen su autonomía funcional, sin que el Govern de la Generalitat, cuyas competencias vendría a asumir el Gobierno de España, tenga ninguna capacidad de intervenir su funcionamiento.

En la nota de prensa del Consejo de Ministros, cuyo extracto se recoge más arriba, se invocan las facultades de la Generalitat para garantizar la transmisión de información objetiva, veraz, plural, así como el conocimiento de los valores y principios constitucionales y estatutarios, citando dos (entre dieciséis) de las misiones  específicas de servicio público que el art. 26 de Ley 22/2005 de la comunicación audiovisual de Cataluña   impone a la CCMA, como prestador del servicio de gestión directa de la Generalitat. Ni este artículo ni ningún otro de la Ley 22/2005 reserva a la Generalitad competencia alguna de control o intervención sobre la CCMA. Muy al contrario, el art. 29 1 a) afirma expresamente su autonomía con relación al Govern en la gestión directa y ordinario del servicio público.

El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), órgano regulador de la comunicación audiovisual en la Comunidad Autónoma (L. 11/2007, art. 113) no tiene competencias ejecutivas sobre la CCMA (sí sobre los operadores privados), pero puede -y lo hace- emitir dictámenes sobre su cumplimiento de las obligaciones de servicio público.

La Ley 11/2007 de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (texto consolidado después de la reforma de 2012) adscribe a la Corporación al departamento de la Generalitat competente en materia audiovisual, para consagrar a continuación su independencia funcional (art. 3, puntos 2 y 3).

La gestión y dirección queda a cargo de un Consejo de Gobierno de 6 miembros, nombrados por un plazo de seis años por el Parlament,  que también elige entre ellos al Presidente. Ni uno ni otros pueden ser destituidos por el Govern y solo cesan por causas tasadas (inhabilitación, incompatibilidad sobrevenida, condena por delitos dolosos, art. 9.4).

En resumen, ni la Generalitat ni el Gobierno pueden nombrar ni cesar a los consejeros o al presidente, ni pueden darles instrucciones en la gestión del servicio público.

El art. 155 CE permite al Gobierno adoptar medidas para que el ejecutivo de la Comunidad Autónoma que incumpla la Constitución, las leyes o atente al interés general de España cumpla sus obligaciones. Su aplicación no puede dar cobertura a una vulneración de la leyes autonómicas legítimamente promulgadas que no sean contrarias a la Constitución, como es el caso. Otra cosa es dejar en suspenso el Estado de derecho.

No se olvide, además, que el servicio público se fundamenta en el acceso universal como vía para el ejercicio del derecho ciudadano a la información. Además, de modo directo se vería afectada la independencia y el derecho a informar de sus profesionales. La intervención de TV3 nos pondría al mismo nivel que la Hungría de Orban o la Polonia de Kaczyński.

La traición al servicio público

Entonces, ¿es independiente de hecho del Govern la CCMA? No, no lo es, como no lo es, RTVE. En ambos casos, sus consejos y presidentes son elegidos, de hecho, por sus respectivos gobiernos. En virtud de sendas reformas de 2012, en las que el PP y CiU se apoyaron mutuamente, los gestores se eligen por mayoría de 2/3, que de no alcanzarse se convierte en mayoría absoluta, lo que pone su nombramiento en manos de los respectivos gobiernos. La gubernamentalización ha redundado en manipulación, pérdida de audiencias y descrédito informativo. TVE y TV3 son -en expresión del profesor Bustamante- dos caras simétricas y deformadas del conflicto.

No sigo ni la televisión ni la radio pública catalana, por eso no puedo juzgar si son plenamente ciertas las denuncias de adoctrinamiento. La historia de TV3 hasta 2012 es de una relativa imparcialidad política institucional, mayor que la de TVE, salvo en el corto periodo 2006-2011.

En este momento, ambas radiotelevisiones públicas son claramente dependientes de la política informatica de sus gobiernos. En el caso de TVE las manipulacions son tan burdas que hasta el espectador más desapercibido las nota.

En TV3, dando por buenos los múltiples relatos y descripciones sobre sus informativos y programas, creo que la clave reside en que ha venido dando al procès el tratamiento de lo que Dayan y Katz llamaron “acontecimiento mediático de conquista”, es decir la dramatización de una iniciativa política que pretende unir a la audiencia a su alrededor. Si en el análisis clásico de Dayan y Katz, estos acontecimientos mediáticos eran dirigidos por un personaje carismático, aquí el protagonista ha sido el poble de Catalunya.

Desde esta perspectiva, todo vale, ya no estamos ante manipulación sino ante mecanismos de agit-prop. En esta situación, poco valor tienen los análisis de contenidos como el del CAC, que valora el pluralismo (mayor en TV3 que en TVE) por las fuentes utilizadas. Cuando se construye la república independiente todo vale.

Tratamiento semejante al que puede dar TVE a la Fiesta Nacional, a la boda real (acontecimiento de celebración) o a la victoria de la selección nacional (acontecimiento de competición). Da igual que haya voces discrepantes, lo que cuenta es el tono general apoteósico y de “unidad nacional”.

¡Ojo! No es que TV3 formatee la conciencia de los catalanes, es que expresa la división de la sociedad: la televisión pública aglutina a los más catalonaparlantes, independentistas y  votantes de Junts pel Sí y la CUP.

Todo esto no se soluciona poniendo a la CCMA a las órdenes de La Moncloa, muy al contrario: intentar que TV3 sea un clon de TVE es imposible y solo dará más argumentos al independentismo.

Lo terrible de todo esto es que redundará aún más en la deslegitimación del servicio público.

 

A %d blogueros les gusta esto: