La participación, clave de un nuevo servicio multimedia que reconstruya el espacio público

lunes, 09 Abr 18 — rafaeldiazarias

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Fuente Mèta-Media

Los servicios públicos multimedia no pueden reemplazar a las redes sociales, pero deben ser una alternativa democrática, como sustentadores de un espacio digital común, un ciberespacio común, que reconstruya la esfera pública fragmentada.

Las plataformas sociales se han convertido en un nexo básico de nuestra sociabilidad y el canal por el que, de modo creciente, el público llega a las informaciones periodísticas, sobre todo en el caso de los jóvenes.

He razonado en una anterior entrada las razones para una regulación de estas plataformas en el derecho comunitario como servicios económicos de interés general. Pero ¿qué ocurriría si un día Twitter se cierra porque no cumple las expectativas de sus accionistas? O, algo que ya ocurre, ¿qué pasa si el algoritmo de Facebook reduce nuestra dieta de noticias, porque le resulta más rentable la interacción de los contenidos creados por los usuarios?

En toda Europa, las corporaciones públicas de radio y televisión hace mucho que entraron en la creación de contenidos multimedia y en su difusión en las distintas plataformas. Los académicos han pasado de referirse a los PSB (Public Systems Broadcasting, servicios públicos de difusión por radio y televisión) a hacerlo a los PSM (Public System Media, sistemas públicos multimedia).

El principal fundamento que legitima el cambio es el repensar el principio de universalidad: dar ahora a todos, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, y en cualquier canal o plataforma contenidos e informaciones de calidad, imprescindibles para su vida como ciudadanos en una sociedad democrática.

Hasta aquí se trata de una adaptación del sistema de difusión vertical (audiencias) a un sistema de difusión personalizado. Pero la radiotelevisión pública ha sido más que un suministrador de contenidos, ha sido el principal delimitador del espacio público en las siete últimas décadas. Sigue siéndolo todavía, porque no olvidemos que congrega audiencias masivas. Pero gran parte de la conversación social, sobre todo de los más jóvenes, se ha trasladado a las plataformas tecnológicas. Unas plataformas que, en lugar de hacer realidad la utopía de una perfecta comunicación horizontal, han parcelado Internet en jardines vallados (dixit Tim Berners-Lee).

Por eso hoy esa función de foro público exige plantear los servicios públicos de comunicación como una manifestación de lo que se llamado public digital commons (Murdock, 2005).

Parte esta teoría de la distinción entre public goods, bienes públicos esenciales que requieren una intervención pública para su administración, de los common goods, bienes comunes, bienes también esenciales, que pueden ser directamente gestionados por los ciudadados. De modo que los primeros se gestionan en función del principio de autoridad, y los segundos en función de los principios de cooperación y participación. Evidentemente, estos bienes comunes exigen una continua negociación entre sus usuarios y en la mayor parte de los casos con las autoridades públicas, que pueden supervisar la cooperación.

Las redes sociales se basan en la colaboración y la participación, pero las conforman en función de los beneficios que obtienen recabando datos personales. Por eso, promueven con sus algoritmos las interacciones que más información facilitan del usuario y los contenidos que durante más tiempo le mantienen en ese jardín vallado.

El reto de los servicios públicos multimedia es gestionar la participación y la cooperación para crear un ciberespacio público de referencia, enlazado con el clásico espacio público de las grandes audiencias.

El nuevo PSM tiene que ser una mixtura entre el servicio público vertical (hijo de la Ilustración) y un servicio participativo basado en el ciberespacio, donde usuarios y comunidades negocien la participación. Un punto de entrada común, seguro, fiable, a un espacio digital en el que también pueden colaborar instituciones públicas y culturales: museos, universidades, archivos, bibliotecas.

Esquemáticamente, el servicio público multimedia como espacio digital común supone:

  • Enlazar el espacio público de las audiencias, esto es, la transmisión lineal de los contenidos, con la personalización de los contenidos interactivos;
  • Recuperar y reforzar el tradicional derecho de acceso a la programación de grupos significativos con la promoción de contenidos creados por ciudadanos, movimientos y organizaciones, distribuidos en línea de forma personalizada;
  • Enlazar y cooperar en este espacio común con instituciones públicas que promuevan contenidos culturales y de interés para el debate público;
  • Conocer y poner en el centro de toda su estrategia al ciudadano (prefiero ciudadano a usuario) para lo que es necesario recabar sus datos;
  • Utilizar los datos personales solo en el propio ámbito, por tiempo limitado, siempre con expresa autorización del particular y sin posiblidad de explotación ulterior comercial o política;
  • Centrar todos los contenidos en la óptica de la mejora personal y social, nucleados en torno a las grandes cuestiones de debate público;
  • Servir a las grandes audiencias formación, entretenimiento e información de calidad, buscando el alcance y el servicio, no el share en prime time;
  • Lograr la difusión personalizada de los contenidos sin caer en la viralidad;
  • Experimentar narrativas y lenguajes;
  • Llevar la participación a la gestión del propio servicio.

Todo ello no es nada fácil. En primer lugar el deseo de participación que se le supone al público está sobrestimado. Dar al botón de «Me gusta», colgar un selfie o reenviar un meme no es creación colaborativa ni participación en el debate público.

Una estrategia puede ser crear su propia plataforma social: un perfil  que diera acceso a los contenidos de vídeo y audio bajo demanda, invitara a participar en debates lineales o no lineales, a producir contenidos, responder a cuestiones estratégicas sobre el servicio e incluso elegir representantes para órganos de participación ciudadana.

Por el momento, los servicios públicos europeos no puede prescindir de las redes sociales, especialmente Facebook, YouTube, Twitter y otras en menor medida. Algunos servicios usan las redes sociales para remitir a sus sitios web, otros crean marcas nuevas (Funk en Alemania, Playz en España). No cabe duda que para llegar a los sectores más jóvenes hoy el canal más eficaz es YouTube.

En principio, al servicio público le importa el alcance, no porque canal se llega al público. Pero, la estrategia off-site tiene riesgos indudables: adaptar las narrativas a la lógica comercial, perder la marca pública y hacerse dependiente de estrategias y algoritmos creados por las plataformas. ¿Y si, por ejemplo, YouTube, decide expulsar un día a los canales públicos, o, cómo ya hace, los agrega un aviso que les estigmatiza como financiados públicamente?.

Estamos todavía en los primeros pasos de la transformación de los PSB en PSM. Para que los viejos servicios públicos de la radiotelevisión construyan ese nuevo ciberespacio común se requiere un notable esfuerzo de gestores y creativos, transparencia en la gestión, reequlibrio de los recuros entre canales lineale y no lineales, y, sobre todo, un importante debate público. Pero solo el servicio público hará lo que el mercado ya ha demostrado que no puede hacer.

Fuentes

En esta larga entrada he preferido no incrustar enlaces. Recojo, a cambio, aquí, una serie de trabajos académicos recientes, que he tenido en cuenta para redactar estas reflexiones.

 

 

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Regulación de las plataformas sociales como servicios de interés económico general

lunes, 05 Mar 18 — rafaeldiazarias

not_facebook_not_like_thumbs_downAsí que Facebook guarda los registros de todas mis llamadas y sms… ¡Me doy de baja!

Esta fue mi reacción, borrar mi cuenta de Facebook, como han hecho miles de personas (#deletefacebook) en protesta por el escándalo de Cambridge Analytica: los datos de 50 millones de perfiles en manos de una compañía de estrategia electoral, decisiva para la victoria de Trump (y parece que también para el Brexit). Finalmente, no lo he hecho. Dedico muy poco tiempo a Facebook, pero tengo algunos contactos que perdería si saliera de la plataforma.

Dicho en téminos no personales: las plataformas tecnológicas se han convertido en un elemento esencial de sociabilidad, crean las distintas burbujas comunicativas de las que dependemos para nuestras relaciones sociales y profesionales… y de las que recibimos una parte esencial de la información que  construye nuestra percepción de la realidad. Y todo ello gobernado por unos algoritmos, diseñados para promover el máximo beneficio para estas empresas tecnológicas. Podemos desconectarnos, pero corremos el riesgo de quedar al margen del pálpito de nuestra sociedad (mejor sería decir, de nuestras diversas comunidades).

Como ocurriera con los ferrocarriles, la energía o las telecomunicaciones, un servicio desarrollado primariamente por compañías privadas se convierte en un elemento esencial de desarrollo social y económico. Llega entonces la intervención pública, bien en forma de regulación o, de forma más radical, como declaración de servicio público.

Estos son los elementos que convierten a estos servicios en algo más que un servicio privado:

  • Explotan una materia básica, los datos personales, que, mediante la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, se transmuta en valor social, económico y político, que modela nuestras sociedades;
  • La extracción de esa materia prima entra en conflicto con los derechos de la personalidad (a la imagen, a la vida privada, a la integridad y el control sobre nuestros datos);
  • Tienen una posición de dominio en sus mercados (83% de las búsquedas Google, 60% de la publicidad Facebook);
  • Controlan mediante algoritmos la burbujas sociales en que se fragmenta el espacio público (difusión de información, interacción), previa destrucción del ecosistema mediático.
  • Desarrollan prácticas tributarias depredatorias para el estado de bienestar;
  • Desarrollan innovación disruptiva, que destruye empleo;
  • Se apropian de la creatividad de sus millones de usuarios y solo en algunos casos (YouTube) la retribuyen.

Estos servicios se regulan mediante contratos privados de adhesión, con expresa remisión a la jurisdicción norteamericana y a menudo a las leyes del Estado de California y la única supervisión de estas empresas es la Comisión de Comercio de Estados Unidos. En lugar de las leyes nos censuran algoritmos, que deciden lo que es legítimo o no difundir. Frente a ellas no tenemos más que costosos y complejos procediemientos civiles a desarrollar… en California.

Nacieron estas plataformas de una matriz libertaria capitalista, en un momento donde las regulaciones de los servicios esenciales se van haciendo cada vez más tenues. Además, y esto es sustancial, su actuación es transnacional.

Ningún estado puede de forma individual intentar regular su actividad. Pero sí podría la Unión Europea dar un paso adelante declarándolas servicios de interés económico general, lo que posibilitaría la imposición de determinadas obligaciones de servicio público, de modo semejante a como los servicios de telecomunicaciones están sometidos a obligaciones como prestadores del servicio universal.

No se trata tanto de establecer  una norma especifica, como de tomar en cuenta las especificidades de estos servicios en los distintos campos regulatorios. Facebook no puede, por ejemplo, tener las mismas obligaciones respecto al tratamiento de los datos de sus usuarios que, por ejemplo, un dentista con respecto a los de sus pacientes.

La regulación más específica debe referirse a los contratos de adhesión, para simplificarlos, hacerlos más claros y sencillos y reequilibrar la relación empresa-usuario. También establecer que la jurisdicción competente sea la del país del usuario.

La gestión de los datos debe entregarse al usuario de forma sencilla y transparente, con la posibilidad de recuperar y eliminar todos sus datos de la red social. Puede que estas obligaciones estén ya presentes en las directivas europeas y en las legislaciones naciones, pero requieren de mayor concreción.

Regular las redes sociales no puede significar censura. Ejercer cualquier tipo de control sobre los contenidos, ya sea privado -como de hecho hacen las redes, especialmente Facebook- o público, dañaría irremediablemente las sociedades democráticas. Luchar contra la noticias falsas, una manifestación del fenómeno más amplio de las noticias falsas, no tiene una respuesta sencilla ni unívoca. El Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea (pdf informe) propone para luchar contra la desinformación:

  • Mejorar la transparencia de las fuentes de la información en línea;
  • Promover la educomunicación;
  • Desarrollar herramientas para que periodistas y públicas puedan afrontar la desinformación;
  • Salvaguardar la sostenibilidad del ecosistema mediático europeo
  • Promover la investigación.

No hay soluciones mágicas. Por ejemplo, transparencia respecto a las fuentes puede ser indicar, como ha empezado a hacer YouTube en Estados Unidos, que un canal de televisión se financia con fondos gubernamentales. No es lo mismo la BBC, que RT, pero en todos los casos un disclaimer semejante parece advertir que hay algo perverso en la financiación pública, lo que no deja de traslucir un perjuicio del algoritmo, o, mejor dicho, de sus programadores.

Las obligaciones de servicio público que la regulación puede imponer en el derecho comunitario a un servicio económico de interés general siempre serán limitadas. Por eso, para garantizar un interés público más allá de los intereses privados están los servicios públicos; en el campo de la comunicación los PSM (Public System Media), la transmutación de los viejos servicios públicos audiovisuales. A su función de reconstructores del espacio público dedicaré una próxima entrada.

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Radiotelevisiones autonómicas, hacer de la necesidad virtud

viernes, 19 Ene 18 — rafaeldiazarias

imageDe las ruinas del saqueo y los errores estratégicos surgen en Madrid y Valencia, en medio de enormes dificultades, nuevas radiotelevisiones autonómicas que quieren recuperar el servicio público.

Una situación muy distinta a la de Extremadura, donde una pequeña organización, la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, tiene en común con los casos de Madrid y Valencia un giro decidido hacia el modelo multimedia.

Las tres corporaciones tienen en común una limitación de recursos que sus gestores quieren aprovechar para construir organizaciones más flexibles, sostenibles y multiplataforma. Hacer de la necesidad virtud.

Teledetodos organizó ayer, 17 de enero, una sesión de trabajo sobre la Nueva gobernanza en las radiotelevisiones autonómicas con la participación de Javier Marzal, uno de los académicos que más ha luchado por la recuperación de la radiotelevisión pública en la Comunidad Valenciana, Alejandro Perales, consejero de administración de Telemadrid, y Urbano García, director general del Canal Extremadura.  No es fácil seguir la evolución del servicio público en las distintas comunidades, cada una con sus peculiaridades, así que fue un privilegio contar con personalidades directamente implicadas en estas tres experiencias.

Teledetodos publicará la grabación de la sesión. Hago a continuación un resumen no detallado. Al final de esta entrada, mis reflexiones personales

Valencia

El caso valenciano es el paradigma de la destrucción del servicio público y de las dificultades para su recuperación. Saqueo de los recursos públicos, plataforma para la corrupción, propaganda sistemática que, junto con una programación de ínfima calidad, redunda en la desafección social. Y finalmente el cierre traumático.

Fueron los académicos de Periodismo y Comunicación Audiovisual los que aglutinaron a distintos sectores, incluido el industrial, en la Mesa del Sector Audiovisual (MESAV) para  concienciar a la sociedad y a los políticos del carácter imprescindible para cohesión social de los medios audiovisuales públicos. Su propuesta «Hacia un nuevo espacio audiovisual» (pdf) sirvió de base para la Ley 6/2016 de la Generalitat Valenciana (pdf), una vez que el nuevo gobierno PSOE-Compromís asumió la recuperación del servicio público.

El servicio público se encomienda a la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) que lo ejerce a través de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación.  Nótese que los medios ya no se califican de audiovisuales, lo que indica una orientación multimedia. De hecho, el medio resultante es A Punt Media, en una denominación de la que desaparecen las referencias a la radio y la televisión.

Experiencias positivas. Una nueva gobernanza, con una mayor representación social en los órganos de gobierno, exigencias de capacitación y consenso parlamentario. Transparencia en la gestión y las cuentas. Y, sobre todo, concurso público para elegir al Director General, máximo ejecutivo de la Sociedad y el medio, A Punt Media, en función de su curriculum y el proyecto presentado. Las Cortes Valencianas ya han elegido al Consejo Rector, al Presidente y por concurso a la Directora General. Hay una convocatoria para constituir el Consejo Ciudadano y está en trámite legislativo la Ley del Consejo Audiovisual.

Con todo, solo han empezado las emisiones de radio con horario limitado con programas externalizados. En la recuperación las dificultades han residido en la herencia de la RTVV y en la polarización política.

La Generalitat ha tenido que asumir la deuda de 1.400 millones; el coste de liquidación de la RTVV y del organismo fantasma creado por Fabra en el último momento asciende a 200 millones; la amortización del crédito del Fondo de Liquidez Autonómico para pagar a proveedores suponen 800.000 € anuales… En resumen, el presupuesto se queda en 55 millones, con unos raquíticos 10 € anuales por habitante.

Mayor problema supone la polarización política. La derecha mediática ha declarado la guerra a A Punt Media y las condiciones ventajosas para los antiguos trabajadores de RTVV a los concursos de selección de personal han dividido a los profesionales.

Madrid

Telemadrid, Radio Televisión Madrid, siguió el mismo camino que la RTVV (corrupción, manipulación, irrelevancia) y un ERE casi total la dejó al borde del precipicio. El caos que siguió al cierre de la rtv valenciana posiblemente evitó su cierre.  Las nuevas condiciones políticas después de las elecciones de 2014 propiciaron un aparente consenso político para eliminar la manipulación y regenerar Telemadrid. Fruto de ese relativo consenso es la Ley 8/2015 de Madrid (pdf), que ha permitido la creación de una nueva sociedad anónima de capital público.

En el Consejo de Administración se sientan ahora consejeros propuestos por los grupos parlamentarios y por organizaciones sociales, profesionales y del ámbito de la comunicación madrileñas, elegidos por consenso parlamentario. Entre esos consejeros propuestos por organizaciones (en su caso la Asociación de Usuarios de la Comunicación) se encuentra Alejandro Perales, uno de los ponentes en nuestro seminario.

El Director General también ha sido elegido por concurso público, convocado y resuelto por el Consejo de Administración y ratificado por la Asamblea, pero con la abstención de Podemos. La premura con que se resolvió el concurso, en poco más de tres horas, suscitó todo tipo de sospechas y dio lugar a un recurso contencioso-administrativo de uno de los candidatos excluidos.

El Consejo de Administración ha elaborado su Carta Básica, refrendada por la Asamblea de Madrid, a modo de Acuerdo Marco por 9 años (pdf, pgs. 85-105). La prioridad de la nueva Telemadrid ha sido, en primer lugar, recuperar la neutralidad de los informativos, y volver a la información local y a ser referente para los eventos acaecidos en Madrid. Comienza a recuperarse la producción propia y se ha contratado a una parte de la plantilla despedida. Por el momento -dijo Perales- no se puede renovar a fondo la programación, aunque el entendimiento de la nueva dirección es también dar el giro multimedia. Los datos de audiencia indican una ligera mejoría y una buena respuesta a las cobertura en directo.

Extremadura

La Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales nació en el 2000 y actualmente está regulada por la Ley 3/2008 de Extremadura (pdf). Forma parte de la última generación de organismos autonómicos low cost -Urbano Garía dixit– caracterizados por sus bajos presupuestos y su apuesta por la externalización. La Ley encomienda el servicio público a dos sociedades públicas, de radio y televisión, ahora fusionada en una única.

La Ley, anterior a las demandas de participación social, basa su gobernanza en el consenso parlamentario (2/3 consejeros, 3/5 Director General) e incluye en su art. 7.2 una disposición tan llamativa como la que los grupos parlamentarios puedan sustituir durante su mandato a los consejeros que hayan propuesto, una norma que en la práctica viene a consagrar un mandato imperativo, a mi juicio incompatible con la gestión independiente que necesita una rtv pública.

Lo notable de Canal Extremadura, la marca con la que opera la Corporación Exteremeña, es la decidida apuesta de su equipo directivo por un modelo multimedia, local –hiperlocales para ser globales, en palabras de Urbano García- y de participación social. Desde el punto de vista organizativo se rompen las fronteras entre radio, televisión y medios interactivos en una estrategia multiplataforma, en la que los contenidos generados por los usuarios tengan un importante papel.

Lecciones, de lo estatal a lo autonómico y viceversa

  • Las autonómicas como test. La RTVE de 1980 fue el modelo para las grandes autonómicas, con sus virtudes y defectos, los más notables la falta de independencia y la insostenibilidad en un régimen de concurrencia comercial. Luego la reforma de 2006 supuso un modelo para mejorar el pluralismo en algunas autonómicas y después la involución de 2012 también tuvo su reflejo. En este sentido, el caso catalán es paradigmático. Las nuevas autonómicas surgidas de las cenizas de la corrupción y la manipulación (Valencia, Madrid) son campo de pruebas de un nueva gobernanza, con mayor consenso y participación social. Un caso como el de Canal Extremadura es una magnífica ocasión para ensayar la transformación del servicio audiovisual en servicio multimedia.
  • Las dificultades de conciliar consenso político, participación social y competencia profesional. Todas las reformas pasan por reforzar el consenso parlamentario para nombrar a los órganos de gobierno. La participación social en la gobernanza puede hacerse delimitando las organizaciones sociales proponentes de los consejeros, pero desvinculando absolutamente su ejercicio de las organizaciones. Para los órganos asesores, como el Consejo de la Ciudadanía de Valencia, hay que abrir cauces para que sean los propios ciudadanos los que puedan proponer sus propias candidaturas.
  • No confundir control con gestión. Lo que no tiene ningún sentido es seleccionar a los gestores por concurso de méritos y proyecto y luego proceder a un nombramiento parlamentario, que puede ratificar o no al seleccionado en el concurso. Insisto una vez más que los consejeros de administración no son gestores, son orientadores y controladores, es al director general, máximo gestor ejecutivo el que tiene que ser elegido por concurso por el consejo, sin necesidad de ratificación parlamentaria.
  • Alianzas sociales. El cambio tiene que ser impulsado por la Academia, movimientos y organizaciones sociales y profesionales. Es difícil, pero el caso de Valencia ha sido ejemplar.
  • Transparencia. Los tres participantes en el seminario insistieron en la importancia de una gestión transparente, que supere incluso las exigencias de la Ley de Transparencia. Sin embargo, los portales de transparencia son todavía bastante limitados.
  • Comunidad y servicio. Conocer mejor a la audiencia para servirla mejor; centrarse en el propio ámbito autonómico y cubrir los huecos locales sin cobertura mediática; contar con el público como creadores de contenidos; reforzar el derecho de acceso. Olvidémonos del share.
  • Multimedia e innovación. Dar a cada uno los contenidos que mejoren su vida, en cualquier momento, en cualquier plataforma. Buscar productos innovadores. Pero no olvidar que la ventaja diferencial es contar con los «viejos» medios masivos, que siguen delimitando el espacio público. ¿Qué consecuencias tendría para la población rural envejecida eliminar la radio de las ondas para llevarla a un canal por streaming
  • Recuperar a los jóvenes. Pero, ojo, no perder a los mayores.
  • Inmediatez en la información, pero también contenidos intemporales.
  • Tejido audiovisual. Los organismos autonómicos tienen que volver a ser los dinamizadores del sector audiovisual. Pero nunca más bombear dinero público a los amiguetes. Las externalizaciones tienen ser transparentes y los concursos (como hace Canal Extremadura) incluir una claúsula social. Externalizar los informativos es perder la independencia informativa.
  • Sinergias estatales-autonómicas. Los convenios de cooperación entre estos organismo y RTVE son un factor esencial de sostenibilidad. Nunca más competidores, sino colaboradores. Cabe citar como experiencia positiva que el Centro Territorial de RTVE se ubicará en la sede de la nueva CVMC en Burjasot.
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El futuro de la radiotelevisión pública a debate

viernes, 04 Dic 15 — rafaeldiazarias

Nunca la credibilidad de la radiotelevisión pública ha sido tan baja (véase, por ejemplo, el informe del IPI) y su peso social tan pequeño. Nunca el duopolio de dos grupos multimedia (Atresmedia y Mediaset) había sido tan absoluto.

La regeneración de un sistema público de comunicación es vital para una democracia real.

Telededotos, un grupo de estudios de académicos y profesionales, ha realizado una propuesta completa en la que he participado. Sus líneas básicas son independencia profesional, transparencia, participación social y conversión de la radiotelevisión pñublica en un servicio multimedia.

Teledetodos ha presentado este informe, que pretende de alguna manera reeditar el «informe de los sabios» de 2004, en distintos foros. Creíamos que nuestra obligación era también promover un debate con los partidos políticos sobre sus programas en esta materia. Gracias a la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III y a Infolibre y su director Jesús Maraña ayer se celebró este debate.

Vamos a vivir una campaña electoral con muchos debates en múltiples formatos. Pero los debates de los líderes se centrarán en las grandes cuestiones generales (economía, paro, corrupción, reforma constitucional, Cataluña, terrorismo yihadista) quedando fuera los programas sectoriales. El conocimiento de los programas es un elemento de esclareciemiento para el electorado. Y además se pueden concretar compromisos para que luego puedan ser exigidos a los gobiernos.

El debate

El programa (tres párrafos) más creíble es el del PP porque promete seguir haciendo lo que ha hecho durante esta legislatura a nivel nacional y en las autonomías en las que ha gobernado: hace irrelevantes las radiotelevisiones públicas y externalizar sus servicios.

La representante popular en el debate, Isabel Díaz Ayuso (coreada por un grupo de Nueva Generaciones) no quiso comprometerse con ninguna de las medidas debatidas, porque todo dependerá -dijo- del mapa resultante del 20D. Eso sí, negó la manipulación e intento restar legitimidad al Consejo de Informativos de TVE, «porque no representa más que a 700  trabajadores y con su composición sólo va a criticarnos a nosotros». Olvida que el Consejo representa a los profesionales implicados directamente en la elaboración de información periodística y que es elegido mediante candidaturas uninominales, con un sistema que permite la presencia de candidatos minoritarios (se vota a 6 sobre un total de 11) y que garantiza que el pluralismo interno se manifieste.

El PSOE prácticamente propone volver a la situación anterior a las contrarreformas del PP. La única novedad es establecer un sistema de indicadores cualitativos y cuantitativos que permita evaluar periódicamente el grado de pluralismo de los contenidos. En el debate estuvo Óscar López, peso pesado socialista y en la cocina legislativa de las regulaciones de la etapa Zapatero. Defendió que la retirada de la publicidad permitió a RTVE salvar la crisis, sin una caída abrupta de ingresos y defendió una financiación 50% vía presupuesto, 50% otros ingresos (tasas, patrocinio, comercialización). Ni una palabra sobre revisar la Ley General de la Comunicación Audiovisual e introducir medidas anticoncentración más rigurosas.

UPyD no tiene publicado un programa específico. Las intervenciones de su representante Julio Lleonart fueron en general de sentido común. Aseguró que cuando Rosa Díez pedía el cierre de las televisiones autonómicas se refería a terminar con el despilfarro y la manipulación.

El programas de Ciudadanos se limita a mediadas de racionalización de la gestión de RTVE. Su representante, Marta Rivera, demostró poseer información interna que utilizó para poner ejemplos de mala gestión.

Unidad Popular (IU) ha desarrollado un programa extenso que contempla un reparto equitativo del espectro radioeléctrico, la democratización de los medios públicos (con medidas en la línea de las propuestas por Teledetodos, por ejemplo, consejos sociales, acción directa ciudadana), independencia de los contenidos y neutralidad de Internet. Sol Sánchez reiteró esta propuestas en sus términos generales.

Podemos también tiene un extenso programa en materia de comunicación pública: revisar  el reparto del espacio radioeléctrico para dar más oportunidades a los medios comunitarios, crear sendos canales de radio y televisión alimentados por los medios comunitarios, desgubernamentalización de los medios públicos. Su representante, Miguel Álvarez insistió sobre todo en las posibilidades para la participación social.

Acuerdos, discrepancias e indefiniciones

En la línea del Manifiesto promovido por los consejos de informativos de RTVE, todos los partidos, menos el PP, se comprometen a elegir al Presidente de la Corporación por mayoría de 2/3. Si toda la legislación quedara como está, este sería un paso imprescindible. Pero hoy la reforma tiene que ser más profunda.

Teledetodos propone distinguir entre el Presidente del Consejo de Administración y un Director General, máximo ejecutivo, elegido por concurso público previo presentación de un plan estratégico. Unidad Popular lleva esta misma propuesta en el programa. En el programa de C’s se aboga por elegir el Presiente por concurso. En el debate todos (menos el PP) se manifestaron partidarios del concurso público, pero no se distinguió claramente entre Presidente y Director General.

Teledetodos cree que el Consejo de Administración es el garante de la misión de servicio público, pero no debe entrar en la gestión cotidiana, que confía a un Director General. Tanto en el Estatuto de 1980 como en la Ley de 2006 el Director General, primero, y el Presidente, después, lo eran todo, tenían la legitimidad de la mayoría parlamentaria-gubernamental y quedaban de hecho fuera del control del Consejo de Administración.

También confusión sobre la participación social. C’s, Podemos, UPyD y Unidad Popular se mostraron a favor de la presencia de la sociedad en los órganos de gestión. Mientras que Podemos y Unidad Popular están en la línea de un Consejo Social propuesto por Teledetodos como representante de la sociedad organizada y garante del derecho de acceso, parece que C’s es proclive a alguna forma de elección del Consejo de Administración con participación social. El PSOE mantiene una elección parlamentaria con mayoría cualificada y el PP prefiere no pronunciarse.

Todos los partidos se manifestaron a favor de modernizar tecnológicamente RTVE y en general por la conversión en un servicio multimedia. Pero personalmente me dio más la impresión de que seguían pensando en las nuevas plataformas interactivas como un canal más. Hoy el servicio público multimedia tiene que ir más allá, personalizar los contenidos, crear espacios de debate y participación interactiva, dar espacio a los contenidos de los usuarios y, en definitiva reconectar el espacio público fragmentado en multitud de burbujas.

Respecto a la financiación, acuerdo en principio entre todos los partidos en no volver a la publicidad. Insistencia en mejorar la comercialización y el patrocinio, ningún compromiso expreso en instaurar un canon. Todos menos el PP se quejaron de la falta de transparencia.

FUENTES

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El futuro de la BBC

miércoles, 11 Mar 15 — rafaeldiazarias

En España, a todos los que nos duele el servicio público de la radio y la televisión hemos considerado la BBC como el modelo a seguir. A veces con una visión un poco idealista que ha ignorado la situación real de la Corporación. Durante los dos últimos años la BBC ha pasado por situaciones que hubiera tumbado el servicio público en otros países y desde luego en el nuestro. Fracasos y escándalos que se proyectan sobre el proceso de renovación de su norma constitutiva la Royal Charter, que caduca el 31 de diciembre de 2016. Y todo ello en una campaña electoral de la que saldrá el parlamento más fragmentado de la historia del Reino Unido.

La BBC ha rendido cuentas, con mejor o peor fortuna, de los fracasos y tiene una visión estratégica sobre su futuro. Por eso y porque hay consenso de que se trata un elemento definidor y esencial de lo que es el Reino Unido, el servicio público tiene futuro, pero siempre con una adaptación dinámica a las nuevas circunstacias de la era digital.

2013 y 2014, horrendum annis

– El escándalo Savile. Jimmy Savile, un depredador sexual, construyó su reputación como popular figura de la BBC desde los años 60. La BBC tuvo que investigar como se pudo ignorar durante décadas una conducta evidente. Y, si cabe todavía peor, el caso puso en cuestión la independencia editorial, pues el programa Newnight eliminó un informe sobre el escándalo. Como consecuencia, el recién nombrado Director General, George Entwistle tuvo que dimitir.

– El escándalo de los sueldos de los ejecutivos. Sueldos desmesurados y sobre todo indemnizaciones injustificables. En 2013 la BBC pagó pagó indebidamente 1,4 millones de libras a ejecutivos que abandonaron la Corporación, en algunos casos después de sólo unas pocas semanas de trabajo. Desde entonces la BBC ha reducido los sueldos de sus estrellas en un 30%.

– El fiasco de la Digital Media Iniciative. La BBC tiró 125 millones de libras (100 más de lo presupuestado) en un fallido proyecto de digitalización de sus fondos. Primero lo contrató con Siemens y  luego intentó desarrollarlo con sus propios recursos, sin que los órganos de control interno fuera capaces de detectar el fracaso.

– La dimisión de Lord Patten. Los escándalos dejaron tocado a Lord Patten, presidente del Trust, el Consejo de Administración de la BBC. Con una impresionante carrera (ministro, presidente del Partido Conservador, Gobernador de Hong Kong durante la entrega a China, rector de la Universidad de Oxford) finalmente dimitió el pasado mayo, tras sufrir una intervención de cirugía cardiaca.

– El cuestionamiento de la sucesora de Patten, Rona Fairhead. Fairhead, ejecutiva del grupo Financial Times, había sido también durante 10 años presidenta de un comité no ejecutivo de auditoría del Banco HSBC, el de la lista Falciani. Las críticas se resumen en las de una diputada conservadora: o supo y no impidió el montaje de cuentas en paraísos fiscales, o no se enteró y fue incapaz. Ya veremos que desarrollo tiene el caso, pero demuestra que los responsables que vienen del sector empresarial (Fairhead) no tienen porque ser mejores que los que provienen del servicio público (Patten).

– Recortes. Desde 2010 el gobierno conservador ha venido reduciendo el presupuesto (16% en 210) y congelado el canon que pagan los telespectadores. Además, ha tenido que aumir el coste de su servicio mundial, antes financiado por el Ministerio de Exteriores. Todo ello ha redundado en una drástica reducción de servicios. Y aún así no se ha logrado una situación económica sostenible.

Las fortalezas

La BBC es la mayor organización informativa del mundo. Su presupuesto supera los 4.000 millones de libras y genera un crecimiento doble del PIB. Alcanza y da servicio semanalmente, de una manera u otra, al 97% de la población británica y hay consenso en que es uno de los grandes valores del Reino Unido. Además, sus servicios mundiales son la mayor manifestación del «poder blando» británico.

Eso no quita para que con cada renovación de la Carta no se revise y replantee su función a fondo. En esta ocasión, esa puesta al día es, si cabe, más profunda teniendo en cuenta los desastres anteriormente relacionados. Hasta ahora, desde la propia Corporación se propone una visión estratégica en el discurso de su Director General, Lord Hall y en una serie de  informes. La mayor propuesta de reforma ha llegado de la Comisión parlamentaria de Cultura, Medios y Deportes (Informe sobre el Futuro de la BBC, pdf).

Los desafíos

Financiación. La BBC se financia por el canon (licence fee) que pagan los poseedores de un aparato de radio o televisión. Actualmente asciende a 145,5 libras anuales. El impago de esta tasa está castigado penalmente. Se da la paradoja de que con un dispositivo con una ip del Reino Unido se puede acceder a todos los servicios de la BBC (notablemente el iPlayer, su sistema de contenidos a la carta) sin pagar el canon. El informe de la Comisión parlamentaria admite que el sistema puede funcionar durante una década, pero que debe evolucionar hacia una tasa que grave a todos los hogares. Se descarta el sistema de suscripción a determinados servicios (como proponen las voces más liberales) o la publicidad en algunos canales y se aboga por despenalizar el impago.

Este es un debate que se mantiene en todos los países europeos con canon. Todos reconocen que el servicio ya no puede financiarse por los poseedores de un televisor o una radio, cuando cada vez más ciudadanos disfrutan de los contenidos en otros dispositivos. El canon, en una modalidad u otra, es una tasa regresiva, que somete a la misma carga fiscal a todos, independientemente de su renta o patrimonio. La alternativa reside en la subvención directa a través de los presupuestos generales, pero todos los organismos públicos alegan que perderían independencia financiera. Otra forma de gravamen progresivo sería un recargo sobre el impuesto de la renta.

El servicio multimedia. La BBC ha avanzado como ninguna otra organización europea en la conversión del servicio público de la radio y la televisión en un servicio público multimedia. Desde la Corporación se sigue defendiendo que su misión consiste en proveer servicios y contenidos para todos («great British programmes, and a trusted guide. For everyone»- Lord Hall, Director General). Una visión cuestionada por la Comisión parlamentaria, que propone que no compita en áreas donde otros están mejor colocada para proveer contenidos de calidad. Por el momento, la BBC se propone desarrollar un proyecto estratégico MyBBC, un sistema de personalización de contenidos y servicios, basado en el tratamiento de datos. De hecho, la primera fase ya está en marcha con la creación de un sistema de registro de usuarios. Pero se insiste, la personalización no puede ir en detrimento de la esfera pública: la BBC es el lugar donde la nación se encuentra (Lord Hall).

La producción de programas. Los directivos actuales siguen considerando la producción de programas de calidad como el núcleo esencial de la labor de la Corporación. En estos momentos está en marcha la creación de una empresa subisidiaria BBC Studios, que concentraría toda la producción (salvo programas infantiles, deportivos y de actualidad). Esta empresa produciría para la BBC y para el sector privado. La «fábrica» se mantiene y fortalece abriéndola al exterior.

El futuro de la información. La BBC ha producido un informe «The future of news» (pdf) en el que se realiza un amplo análisis del impacto de Internet en el periodismo y reafirma el papel de referencia de la Corporación en un ruidoso ecosistema mediático. El informe apuesta por la información de calidad: noticias de trascendencia pública, documentadas, investigadas y explicadas, contadas con nuevas narraciones multimedia y usando nuevas herramientas. Ello supone invertir no sólo en nuevas tecnologías sino también innovar en el relato, en la distribución y en la conversación.

Servicios estratégicos. El mencionado informe considera que la BBC tiene un hueco que llenar en la información local y regional en el Reino Unido. En pleno proceso de descentralización política los periódicos locales y regionales desaparecen, dejando un déficit democrático. El otro reto es mantener un poderoso servicio exterior global, capaz de competir con nuevos servicios como los canales rusos o chinos, que no sufren las restricciones presupuestarias de la BBC.

Información electoral. El marco de la cobertura informativa de las televisiones ha cambiado radicalmente en el Reino Unido. Hasta las pasadas elecciones generales no existía debates en las televisiones británicas. En 2010 se desarrollaron dos debates a tres (Brown, Cameron y Clegg) que fueron decisivos para los buenos resultados de los Liberal Demócratas. Ahora, hay dos nuevos contendientes nacionales (el euroescéptico UKIP y el Partido Verde) además de los partidos de Escocia, Irlanda del Norte y Galés. Así que las televisiones se proponen celebrar dos debates a siete y un cara a cara entre Cameron y Milband, dejando la silla del primer ministro vacía si este no comparece.  Además, varios periódicos proponen debates en YouTube. el regulador de todos los servicios audiovisuales, el OFCOM, obliga por primera vez a los operadores a seguir de modo equilibrado la campaña electoral de todos los partidos, algo parecido a los aborrecibles bloques electorales españoles. Ante ello, la BBC se propone desarrollar una información de profundización y esclarecimiento. En cualquier caso, las presiones serán muy fuertes porque los ganadores determinarán el futuro de la BBC.

El gobierno de la BBC. La última reforma de la BBC instauró al Trust como órgano de dirección y control del servicio público. Sustituyó a la Junta de Gobernadores, que se juzgaba un órgano demasiado implicado en la gestión para ejercer un control real de la misión de servicio público. Pues bien, diez años después la Comisión parlamentaria cuestiona el Trust con los mismos argumentos: un órgano interno no puede ser el controlador de la misión de servicio público y propone una comisión externa de regulación y supervisión, y un consejo interno de gestión, con un presidente sin funciones ejecutivas.

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