Regulación de las plataformas sociales como servicios de interés económico general


not_facebook_not_like_thumbs_downAsí que Facebook guarda los registros de todas mis llamadas y sms… ¡Me doy de baja!

Esta fue mi reacción, borrar mi cuenta de Facebook, como han hecho miles de personas (#deletefacebook) en protesta por el escándalo de Cambridge Analytica: los datos de 50 millones de perfiles en manos de una compañía de estrategia electoral, decisiva para la victoria de Trump (y parece que también para el Brexit). Finalmente, no lo he hecho. Dedico muy poco tiempo a Facebook, pero tengo algunos contactos que perdería si saliera de la plataforma.

Dicho en téminos no personales: las plataformas tecnológicas se han convertido en un elemento esencial de sociabilidad, crean las distintas burbujas comunicativas de las que dependemos para nuestras relaciones sociales y profesionales… y de las que recibimos una parte esencial de la información que  construye nuestra percepción de la realidad. Y todo ello gobernado por unos algoritmos, diseñados para promover el máximo beneficio para estas empresas tecnológicas. Podemos desconectarnos, pero corremos el riesgo de quedar al margen del pálpito de nuestra sociedad (mejor sería decir, de nuestras diversas comunidades).

Como ocurriera con los ferrocarriles, la energía o las telecomunicaciones, un servicio desarrollado primariamente por compañías privadas se convierte en un elemento esencial de desarrollo social y económico. Llega entonces la intervención pública, bien en forma de regulación o, de forma más radical, como declaración de servicio público.

Estos son los elementos que convierten a estos servicios en algo más que un servicio privado:

  • Explotan una materia básica, los datos personales, que, mediante la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, se transmuta en valor social, económico y político, que modela nuestras sociedades;
  • La extracción de esa materia prima entra en conflicto con los derechos de la personalidad (a la imagen, a la vida privada, a la integridad y el control sobre nuestros datos);
  • Tienen una posición de dominio en sus mercados (83% de las búsquedas Google, 60% de la publicidad Facebook);
  • Controlan mediante algoritmos la burbujas sociales en que se fragmenta el espacio público (difusión de información, interacción), previa destrucción del ecosistema mediático.
  • Desarrollan prácticas tributarias depredatorias para el estado de bienestar;
  • Desarrollan innovación disruptiva, que destruye empleo;
  • Se apropian de la creatividad de sus millones de usuarios y solo en algunos casos (YouTube) la retribuyen.

Estos servicios se regulan mediante contratos privados de adhesión, con expresa remisión a la jurisdicción norteamericana y a menudo a las leyes del Estado de California y la única supervisión de estas empresas es la Comisión de Comercio de Estados Unidos. En lugar de las leyes nos censuran algoritmos, que deciden lo que es legítimo o no difundir. Frente a ellas no tenemos más que costosos y complejos procediemientos civiles a desarrollar… en California.

Nacieron estas plataformas de una matriz libertaria capitalista, en un momento donde las regulaciones de los servicios esenciales se van haciendo cada vez más tenues. Además, y esto es sustancial, su actuación es transnacional.

Ningún estado puede de forma individual intentar regular su actividad. Pero sí podría la Unión Europea dar un paso adelante declarándolas servicios de interés económico general, lo que posibilitaría la imposición de determinadas obligaciones de servicio público, de modo semejante a como los servicios de telecomunicaciones están sometidos a obligaciones como prestadores del servicio universal.

No se trata tanto de establecer  una norma especifica, como de tomar en cuenta las especificidades de estos servicios en los distintos campos regulatorios. Facebook no puede, por ejemplo, tener las mismas obligaciones respecto al tratamiento de los datos de sus usuarios que, por ejemplo, un dentista con respecto a los de sus pacientes.

La regulación más específica debe referirse a los contratos de adhesión, para simplificarlos, hacerlos más claros y sencillos y reequilibrar la relación empresa-usuario. También establecer que la jurisdicción competente sea la del país del usuario.

La gestión de los datos debe entregarse al usuario de forma sencilla y transparente, con la posibilidad de recuperar y eliminar todos sus datos de la red social. Puede que estas obligaciones estén ya presentes en las directivas europeas y en las legislaciones naciones, pero requieren de mayor concreción.

Regular las redes sociales no puede significar censura. Ejercer cualquier tipo de control sobre los contenidos, ya sea privado -como de hecho hacen las redes, especialmente Facebook- o público, dañaría irremediablemente las sociedades democráticas. Luchar contra la noticias falsas, una manifestación del fenómeno más amplio de las noticias falsas, no tiene una respuesta sencilla ni unívoca. El Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea (pdf informe) propone para luchar contra la desinformación:

  • Mejorar la transparencia de las fuentes de la información en línea;
  • Promover la educomunicación;
  • Desarrollar herramientas para que periodistas y públicas puedan afrontar la desinformación;
  • Salvaguardar la sostenibilidad del ecosistema mediático europeo
  • Promover la investigación.

No hay soluciones mágicas. Por ejemplo, transparencia respecto a las fuentes puede ser indicar, como ha empezado a hacer YouTube en Estados Unidos, que un canal de televisión se financia con fondos gubernamentales. No es lo mismo la BBC, que RT, pero en todos los casos un disclaimer semejante parece advertir que hay algo perverso en la financiación pública, lo que no deja de traslucir un perjuicio del algoritmo, o, mejor dicho, de sus programadores.

Las obligaciones de servicio público que la regulación puede imponer en el derecho comunitario a un servicio económico de interés general siempre serán limitadas. Por eso, para garantizar un interés público más allá de los intereses privados están los servicios públicos; en el campo de la comunicación los PSM (Public System Media), la transmutación de los viejos servicios públicos audiovisuales. A su función de reconstructores del espacio público dedicaré una próxima entrada.

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El espionaje masivo, nuestros datos y las fuentes periodísticas


Espionaje masivo

El espionaje ha existido, existe y existirá. Mientras haya poderes habrá espionaje. El poder necesita anticipar la conducta de otros poderes, amigos o enemigos, conocer y dominar sus tecnologías.

El espionaje -vestido de honorabilidad como “inteligencia”- es la manifestación oscura del poder y por ello, por la falta de transparencia  inherente a su tarea, tiende a convertirse en un poder autónomo. Los estados democráticos han intentado disciplinarlos y someterlos a los legítimos poderes constitucionales, con resultados bastante dudosos. No es extraño que no esté claro si Obama sabía o no sabía de una acción de espionaje concreto. Y tampoco lo es que no esté claro quien espió a quién y para quién.

Que se intercepte el teléfono de Merkel o se espíe a una empresa es más que previsible. Estos poderes tienen los medios de defenderse. Espiar a las instituciones o autoridades de un Estado es un acto hostil, una violación de la soberanía. Y por eso, conforme a los códigos de los poderes, los estados debieran responder con otro acto hostil.

Durante la guerra fría había unas pautas de represalia que buscaban no sobrepasar la línea roja de la conflagración nuclear. Pero ¿qué hacer cuando el espía es socio, amigo o aliado? ¿Y si además este socio es tan poderoso que dependemos de él tecnológica o económicamente? ¿Y si nuestros servicios secretos dependen de la información que suministra ese estado? ¿Y si a su vez espiamos para ese estado? Pues entonces las respuestas son como las que presenciamos estos días: tibias e hipócritas.

Lo que de verdad cuestiona a los estados democráticos y pone en peligro una civilización basada en los derechos humanos es el espionaje masivo e indiscriminado a los ciudadanos.

El espionaje era selectivo hasta la llegada de las nuevas tecnologías de la comunicación. Estados como la República Democrática de Alemania crearon sistemas de vigilancia de la población, con una interceptación generalizada de las comunicaciones postales y telefónicas. Pero al final de la cadena, había un filtro humano con limitada capacidad de tratamiento y, por tanto, una última valoración subjetiva. Hoy, ese filtro generalizado es un algoritmo, capaz de desencadenar consecuencias imprevisibles para las personas.

Se nos dice para tranquilizarnos que no se escuchan las conversaciones ni se leen los correos, sólo se recopilan y analizan los metadatos (el registro de nuestra comunicaciones). Esos metadatos marcan nuestras pautas de comportamiento, de modo que su recogida viola los derechos a la vida privada y el secreto de las comunicaciones, consagrados en todas las declaraciones de derechos nacionales e internacionales.

Pensemos, por ejemplo, que investigo la representación visual de la crueldad y para ello visito con frecuencia páginas yihadistas con vídeos de decapitaciones ¿No puedo encontrarme un día con un desagradable interrogatorio policial en un aeropuerto (en el mejor de los casos)? ¿No me arriesgo a caer en alguno de los agujeros negros de impunidad creados por los estados en su lucha contra el terrorismo internacional (en el peor de los casos)?.

Nuestros datos

Toda nuestra actividad vital, tanto la que realizamos en el mundo físico como en el ciberespacio, deja una huella, un dato, que conectado con otros revelan más de nuestra conducta de lo que muchas veces sabemos de nosotros mismos.

Nuestra Constitución (art. 18.4) llegó a tiempo para incluir el entonces muy novedoso concepto de protección de datos (aunque lo formule como limitación del uso de la informática) En Europa se han desarrollado leyes y agencias de protección estricta de los datos personales. La legislación norteamericana es mucho más laxa. Ya desde los 90 la UE y EEUU han negociado como pueden utilizar las empresas multinacionales los datos de sus clientes europeos. Ni que decir que los acuerdos alcanzados son menos protectores que las leyes europeas.

Lo que más me indigna en todo el asunto del espionaje masivo es la colaboración de las grandes empresas tecnológicas norteamericanas. De ellas dependemos para poder vivir nuestra hoy imprescindible vida virtual. Nos obligan a firmar leoninos contratos y uno esperaría a cambio un poco de lealtad. Pero estos gigantes dan acceso a nuestros datos  a los servicios secretos por la puerta de atrás, facilitan nuestras contraseñas y hasta los sistemas de cifrado. Y cuando el asunto se revela tienen la desfachatez de pedir que se les sufraguen los gastos que esta actividad ilegal e ilegítima les ocasiona.

Nuestros datos son el activo más importante de la economía virtual. Igual que la televisión publicitaria no es gratis, del mismo modo que el espectador paga por ella por los sobrecostes que soporta como consumidor, así los servicios virtuales que recibimos teóricamente gratis los pagamos con nuestros datos, revelando quienes somos, más allá de nuestra vida privada e intimidad y nuestra propia imagen, dejando sin efecto las protecciones jurídicas que con tanto trabajo se establecieron a  lo largo de los años.

Para colmo, si los agujeros en esos servicios secretos permiten que cualquier analista puede hacer públicos datos altamente secretos ¿no existe el riego de que nuestros datos sean entregados discretamente por cualquier funcionario a una empresa que (en el mejor de los casos) nos inunde de publicidad, o (en el peor de los casos) a una organización criminal que nos extorsione?

Las fuentes periodísticas

Las filtraciones de Snowden y su publicación son un nuevo episodio de la reconfiguración de las fuentes periodísticas, fenómeno al que ya me he referido otras veces en este blog (ver etiqueta Wikileaks).

Examinemos el esquema de tres casos de filtraciones de enorme trascendencia: los papeles del Pentágono, los cables del Departamento de Estado (cablegate) y el espionaje masivo.

En los papeles del Pentágono, Daniel Ellsberg (por cierto también un constratista privado como Snowden) entregó a The New York Times un extenso informe secreto del Departamento de Estado que mostraba las mentiras y el fiasco de la guerra de Vietnam. El periódico pudo publicarlo tal cual, lógicamente extractándolo y editándolo a lo largo de la publicación de una cadena de informaciones. De la fuente (el filtrador) al medio y del medio al público.

En el cablegate aparece Wikileaks, una organización intermediaria entre la fuente (Manning), los medios y el público. Wikileaks se creó como una caja negra en las que los flitradores pudieran carga con toda seguridad y confidencialidad los documentos. Pero su capacidad de difusión e impacto era muy limitada hasta que Assange pactó con los grandes periódicos de referencia su publicación. A diferencia de los papeles del Pentágono no se trataba de editar periodísticamente un documento oficial. Ahora lo que había que hacer era encontrar el propio mensaje a partir de una masa ingente de datos codificados. Por eso los periódicos no sólo aportaron capacidad de difusión e influencia, sino previamente un sistema de tratamiento de datos para extraer de ellos su relevancia pública.

Snowden escogió un intermediario personal, Glenn Greenwald. Normalmente se califica a Greenwald de periodista y desde luego para mi lo es. Por tanto, encontramos como intermediario a un periodista especializado que llega acuerdos con medios de referencia para publicar las filtraciones, que en este caso vuelven a ser documentos legibles, pero altamente especializados y escritos en una jerga que sólo entiende un insider. Quizá la falta de dominio de esa jerga haya podido llevar a algunos periodistas interpretaciones erróneas -o eso al menos es lo que nos quieren hacer creer los responsables de los “servicios”.

Greenwald es de hecho periodista. Abogado especializado en derechos civiles abrió un blog sobre estas cuestiones. Pero el blog le absorbió de tal manera que se convirtió en su actividad profesional. Ya no era un abogado, sino un periodista colaborador desde Brasil con The Guardian. Greenwald no es un periodista ciudadano, es un periodista profesional. Y es que el periodismo o es profesional o no es -lo que no quiere decir que requiera títulos o habilitaciones.

El gobierno virtual de Obama


Casi cada día, elpresidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, comparece en rueda de prensa para ir presentando a su equipo. La transión en Estados Unidos, ese período que transcurre entre la elección y la toma de posesión, es una de las cuestiones clásicas de estudio de la ciencia política en ese país. La transición tiene procedimientos bien establecidos y normalmente se hace con discrección, sin excesiva presencia pública del presidente electo. En esta estraordinaria transición, en medio de la crisis, la constitución del equipo de gobierno está teniendo gran visibilidad, en un intento de crear confianza y mostrar que a partir del 20 de enero arrancará el cambio prometido… aunque sea con personajes que, no por competentes, difícilmente pueden simbolizar el cambio dadas sus largas carreras y compromisos con el establecimiento. A ello, Obama responde “El cambio soy yo”. Ya veremos…

Esta transición está teniendo su presencia en el ciberespacio en el sitio http://change.gov/, en continuidad con la propia campaña.

Internet ha sido la columan vertebral de la campaña de Obama y ha sido clave para su victoria, hasta el punto de que puede decirse que ha cambiado el modo de hacer política: captación de voluntarios a través de las redes sociales sin afiliación con la campaña, recogida de fondos de pequeñas donaciones no sometidas a limitaciones conforme a las técnicas del marketing viral, utilización de los recursos gratuitos del ciberespacio como You.Tube y una interacción continua con sus partidarios.

Esa interacción es la que parece ofrecer esa página del cambio de gobierno. Se invita a presentar ideas ante cada uno de los grandes temas de la agenda presidencial y a entrar en debate con figuras tan destacadas como el próximo Secretario de Sanidad, Tom Daschle. Tampoco falta el story telling, con la invitación a contar las historias del cambio. Con todo ello, el equipo del nuevo presidente puede recibir un feedback en una escala hasta ahora inimaginable. Eso sí, Obama se lleva de su campaña los datos de los que le apoyaron quizá con la simple compra de una camiseta, previo permiso de los interesados que habrán recibido el correspondiente mensaje. A cambio, libera de copyright el sitio de la transición y coloca todos sus materiales bajo licencia Creative Commons 3.0.

Veremos si este estilo internet 3.0 se traslada al sitio de la Casa Blanca, una página perfectamente institucional, propio de internet 1.0.

La tecnología ofrece un vehículo de interacción, pero la política supera la tecnología. Se trata de escuchar las demandas profundas de los ciudadanos y hacerlas posibles. Veremos a partir del 20 de enero si el cambio no es más que un pragmatismo postmoderno.

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