El Ministerio de la Verdad, la censura, la imparcialidad y otros mitos en la época de la desinformación


“Mientras tú permanecías atento a las elecciones americanas como si te jugases mucho en el desenlace, tu Gobierno, el de España, ha lanzado un blitzkrieg, una ofensiva relámpago, contra tus libertades. En una sola semana ha establecido la censura de contenidos en la prensa y las redes sociales, ha puesto trabas legales a la enseñanza concertada, ha suprimido la cooficialidad del castellano en los planes escolares y se dispone a permitir a Hacienda el allanamiento de tu casa sin aviso ni trámites”.

Ignacio Camacho – Más vale que sea el lechero – ABC 8-11-20

Se ha implantado la censura y yo sin enterarme. La apocalíptica columna de Ignacio Camacho es un perfecto ejemplo de mentiras, distorsión informativa y medias verdades al servicio de una opinión partidista. Como opinión tiene la protección constitucional de la libertad de expresión. Ni esta ni cualquier opinión ha sido censurada en este país, ni puede serlo. Por cierto, si al abrir el enlace solo podemos leer el primer párrafo de la columna no es porque nadie la haya censurado, es porque ABC (como todos los grandes diarios) tiene un muro de pago.

La publicación en el BOE del Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional desató una tormenta de críticas. La Comisión Permanente contra la desinformación creada por la Orden Ministerial fue estigmatizada como si del Ministerio de la Verdad orwelliano se tratara. Llego tarde a la polémica y puede que todo esté dicho. Pero creo que vale la pena mostrar como algunos de los principios (mitos si se quiere) en los que se ha fundamentado tradicionalmente el periodismo se ven confrontados por el fenómeno de la desinformación digital.

El mito de la censura de la Comisión de la Verdad

Leer en el BOE la dichosa orden es un ejercicio fastidioso. Resulta difícil extraer algo de esencia de ese lenguaje burocrático. Regula los procedimientos de coordinación entre los distintos organismos que, de hecho, estaban actuando (con los gobiernos de Sánchez y de Rajoy) en la lucha contra la desinformación y da un estado oficial al punto de conexión con los organismos europeos y el Plan Europeo de Acción contra la Desinformación.

Es importante subrayar que, de acuerdo con el marco europeo al que la Orden se remite, no toda información verificablemente falsa o engañosa debe combatirse -si así fuera, estaríamos ciertamente ante organismos europeos o nacionales que establecerían lo que es Verdad o Mentira- sino solo aquella que perjudique gravemente a los procesos democráticos o a bienes públicos, como la salud, el medio ambiente o la seguridad.

No se establece ninguna forma de censura (control previo a la difusión) ni procedimiento judicial para eliminar informaciones o mensajes. No obstante, que se confíe la monitorización, vigilancia, mitigación y gestión estratégica de las amenazas a una amalgama de órganos de seguridad (Departamento de Seguridad Nacional, Centro Nacional de Inteligencia) y comunicación (Secretaría de Estado de la Comunicación) hace temer una explotación propagandística: que la lucha contra la desinformación se convierta en parte de la política de comunicación al servicio del Gobierno. Preocupante fue aquella declaración del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil de que la institución vigilaba los bulos para minimizar el clima contrario al Gobierno, torpemente matizada luego.

Falta transparencia, por mucho que ahora, ante las críticas, el CNI facilite alguna información sobre los trabajos de su Observatorio contra la Desinformación, en el que -dice- se siguen 32 narrativas que atacan la confianza en las instituciones, el pensamiento científico, los medios de comunicación o el sistema financiero, como el negacionismo climático, la eurofobia, la criminalización de las minorías sexuales o la inmigración, el antisemitismo o el fomento de movimientos independentistas y supremacistas.

La pandemia del Covid-19 ha llegado en los tiempos de la desinformación y se ha convertido en infodemia. Bulos, manipulación informativa, libelos o campañas de propaganda los hubo siempre. Lo nuevo, lo distinto, no es tanto la amplificación que dan las redes sociales a la mentira o la tergiversación de la verdad. Lo diferente es el desprecio a las fuentes, los mensajes anónimos, la asunción acrítica de los mismos, su mayor capacidad de difusión en cuanto que más emocionales y divisivos resulten,  su gestión por máquinas inteligentes y, sobre todo, la inserción de estas técnicas en estrategias de guerra sicológica, tanto a nivel nacional como internacional.

Muchos de los bulos que hemos recibido como remedios milagrosos contra el coronavirus han sido creados por personajes que buscan un beneficio particular, como todos esos falsos doctores de medicinas alternativas. Otros son narcisos que no buscan más que brillar un momento y conseguir likes o seguidores.

El núcleo duro de las medias verdades, tergiversaciones, mentiras palmarias, insultos o descalificaciones proviene, sin embargo, de agentes políticos, más o menos organizados. Su estrategia es crear un clima de tensión, polarización, descrédito del adversario convertido en enemigo, quebrar la confianza en las fuentes expertas y en los procedimientos lentos y complejos de la democracia para promover las soluciones directas, sencillas, milagrosas. Así ganó Trump en 2016; así se fabricó el Brexit; así desarrolla Putin sus guerras asimétricas. Como en el terrorismo yihadista, además de las redes organizadas, miles  de individuos (en el caso del terrorismo), millones (en la guerra de la desinformación) generan mensajes propios siguiendo las pautas de sus modelos. El resultado es devastador para el debate civilizado en el que se basa la democracia.

Las campañas de desinformación cuestionan el sistema democrático en tres dominios esenciales (Tenove, 2020): la soberanía, la limpieza de las elecciones y la calidad de la deliberación pública. El reto es luchar contra estas amenazas respetando la libertad de expresión e información, pero también el derecho a recibir información veraz.

La respuesta en el ecosistema mediático analógico tiene ámbito estatal: cada uno responde por sus mensajes, esta responsabilidad solo puede ser exigida por los tribunales en aplicación del derecho penal (protección de los derechos fundamentales o la seguridad nacional) o civil (protección de los derechos de la personalidad) y solo un juez puede ordenar el cese de la difusión de un mensaje.

En el ecosistema digital estos mecanismos tienen que ser respetados, ningún mensaje puede ser, por ejemplo, eliminado por un funcionario. Hay diferencias sustanciales: los mensajes pueden originarse en otras jurisdicciones, sus autores pueden ser otros estados o grupos terroristas, los autores son a menudo anónimos o se pierden en cadenas virales promovidas por bots, la difusión está gobernada por algoritmos opacos que favorecen los mensajes extremos y son las propias plataformas las que pueden eliminar mensajes sin dar cuenta a nadie.

Hasta el momento no se ha abordado ningún tratado o instrumento del derecho internacional para luchar contra la desinformación. Las respuestas son nacionales, de alianzas militares (OTAN) o de la Unión Europea.

Los estados confían a sus agencias de seguridad la lucha contra la desinformación, unos organismos con una relación cuando menos conflictiva con el respeto de los derechos humanos. Son pocos los ejemplos de transparencia en este terreno, como el de Suecia, donde cada hogar recibe un folleto sobre las campañas de desinformación en curso.

Desde 2019 la Unión Europea tiene un Plan de Acción de lucha contra la desinformación. Se identifican como agentes de la desinformación a Rusia y en menor medida a China y Estados Unidos, pero también a organizaciones políticas europeas. La estrategia pasa por reforzar diversas estructuras para detección temprana de las falsas noticias, la reacción coordinada de los estados miembros frente a ataques exteriores, la promoción de entidades de verificación y la exigencia de un código de buenas prácticas a las plataformas tecnológicas. El objetivo (declarado) del tan denostado protocolo español sería garantizar la participación en el plan de acción comunitario.

No hay patrón común en las respuestas de los estados miembros de la UE, pero Alemania, Italia y Francia han adoptado las medidas más radicales.

En 2017 Alemania promulgó la que es seguramente la ley más rigurosa, la NetzDG o ley reguladora de la aplicación del ordenamiento a las redes sociales. Como su propia denominación indica, su objetivo no es propiamente la lucha contra la desinformación, sino que la comunicación que se vehicula a través de las redes sociales se sujete al ordenamiento jurídico. Las plataformas con más de dos millones de usuarios en Alemania están obligadas a crear mecanismos eficaces para que cualquier particular pueda denunciar mensajes que incurran en alguna de 22 categorías previamente delictivas, relacionadas con la difamación, el discurso del odio, informaciones falsas o propaganda de organizaciones prohibidas. Si el mensaje es manifiestamente ilegal la plataforma tiene 24 horas para retirar el mensaje o 7 días para los casos que no sean evidentes. Las plataformas que no se atengan a este marco pueden ser sancionadas con multas de hasta 50 millones de euros. La ley está pendiente de reforma para obligar también a las plataformas a denunciar judicialmente a los autores de estos mensajes. La norma ha sido polémica dentro y fuera de Alemania, pero la crítica más fundada es que supone, de hecho, la externalización de la potestad estatal sancionadora.

Italia aprobó para las elecciones de 2018 un protocolo que confió a la Policía Postal (¡cuántas policías distintas hay en Italia!) la vigilancia de las campañas de desinformación. Mediante un botón rojo en su página web cualquier ciudadano podía denuncia un mensaje y la propia policía podía discrecionalmente decidir si la información podía considerarse falsa, infundada o difamatoria y, en consecuencia, solicitar una acción judicial. El protocolo fue criticado como un peligro para las libertades de expresión e información por las organizaciones periodísticas y por el relator de la ONU para la libertad de expresión.

El ámbito de la ley francesa contra la manipulación de la información (LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018) es el electoral. Afecta a las plataformas con más de 5 millones de usuarios únicos mensuales y establece jueces especiales que durante el periodo de tres meses precedentes a las elecciones conocen de denuncias de desinformación y pueden ordenar la retirada inmediata del mensaje, si se trata de una información manifiestamente falsa, que se difunda masivamente y de manera artificial y pueda conducir a alterar la paz pública o la sinceridad del escrutinio. Además, el Consejo Superior de lo Audiovisual puede suspender unilateralmente durante la campaña cualquier organización mediática bajo influencia extranjera.

El mito de la imparcialidad periodística

La noche del 5 de noviembre los norteamericanos fueron testigos de un hecho excepcional en la Historia del periodismo. Las cadenas CBS, MSNBC, ABC News cortaron en directo al presidente de Estados Unidos. Trump comenzaba a desarrollar su discurso (anticipado en Twitter): “Si contamos los votos legales, gano fácilmente. Si cuentas los ilegales, nos van a tratar de robar…”. Apenas 27 segundos y los presentadores retomaron la conexión para puntualizar que las acusaciones de fraude de Trump no tenían fundamento alguno.

Que Trump ha sido un gran propalador de la desinformación está fuera de toda duda. Pero que a un presidente elegido legalmente en 2016 y que en esta elección ha obtenido más de 73 millones de votos no se le permita presentar sus argumentos en las cadenas de televisión, por muy falsos que sean, ¿puede considerarse una afrenta a la democracia (Bérengère Viennot, autora de “La langue de Trump”), una forma de censura?

En los tiempos de la desinformación los principios que han inspirado al periodismo anglosajón (y por extensión a todo el periodismo profesional) se han ido diluyendo.

Si históricamente el periodismo europeo (sobre todo el latino) era más opinativo, militante y partidista, los grandes periódicos anglosajones primero y luego las televisiones después, invocaron siempre como principio fundador el del “open market of ideas”: si todas las voces se expresan con libertad, los ciudadanos podrán donde discernir donde se encuentra la verdad.

La función de los medios es encontrar esas voces relevantes, prestarlas difusión, hacerlas dialogar. De manera que ya ese mercado abierto quedaba circunscrito a las decisiones editoriales de los medios, que, de hecho, privilegian a las voces más poderosas e institucionales. Los medios podían tener su definición editorial, pero debían mantener una imparcialidad en las informaciones. Imparcialidad contrapesada por la función de vigilante del poder, cualquier poder.

Un desarrollo aberrante del principio de imparcialidad es el periodismo de declaraciones que tanto se practica entre nosotros: A dice “x”, B dice “y” y el periodista ni pone en contexto estas declaraciones, ni analiza los argumentos, ni los confronta con los hechos, ni abre el diálogo a voces más plurales.

Desde comienzos de este siglo, con la llegada de Fox News, las cadenas de noticias norteamericanas por cable se fueron haciendo cada vez más partidistas. Trump declaró la guerra a los “medios mentirosos”, todos salvo Fox News, donde era una presencia constante y sus mentiras eran amplificadas por el coro de aduladores y sectarios falsos especialistas. Los medios desarrollaron mecanismos de verificación que contabilizaron diariamente las mentiras presidenciales.

Esa noche del 5 de noviembre, en un momento crítico para la democracia, las televisiones decidieron que no podían dejar que en sus pantallas Trump pusiera en cuestión la limpieza del sistema electoral. ¿Censura? No, porque esas declaraciones habían tenido ya más que sobrada difusión. Pero decisión editorial que profundizara la brecha que divide a los norteamericanos y marcará a estos medios como agentes partidistas.

La campaña electoral ha destruido otro mito, el de que las plataformas tecnológicas no son más que la versión digital de ese libre mercado de ideas, sin intervención editorial alguna. Por supuesto que con sus algoritmos dirigen el flujo informativo. Pero durante la campaña, Facebook y Twitter han tomado decisiones todavía más evidentes: eliminar mensajes supuestamente falsos o engañosos, e incluso etiquetar como no ajustadas a los hechos las declaraciones del propio presidente de Estados Unidos. Ahora los legisladores están dispuestos a modificar la norma legal que libera de responsabilidad a las plataformas por los contenidos difundidos.

En una encuesta promovida en abril por la organización Article 19 una mayoría aplastante se mostraba partidarias de que las redes suprimieran las informaciones falsas o engañosas sobre el coronavirus, incluso si la fuente era el presidente o los funcionarios. La desinformación está poniendo en peligro no ya el sistema democrático, sino hasta nuestras vidas. Pero la solución no puede ser sustituir la censura estatal por la censura privada.

La desinformación está ganando. Si no ¿cómo es posible que un 65% de loes españoles piensen que el virus ha sido creado en un laboratorio o que el 40% crea que hay una conspiración detrás de las vacunas? La desinformación es invencible porque su raíz está dentro de nosotros, en las heridas, reales o figuradas, que la sociedad nos inflige, justa o injustamente, en nuestras frustraciones, en nuestros amores y odios, en nuestras creencias, valores e intereses.

Para otra ocasión queda el profundizar en los recursos para luchar contra la desinformación: corregulación, etiquetas, transparencia en las fuentes, instancias de verificación, bloqueo de bots, pluralismo en los medios, educomunicación y, sobre todo, desarrollar los nuevos derechos digitales (propuesta de Carta de Derechos Digitales, sometida a consulta pública). Pero lo esencial es que cada uno de nosotros seamos el fusible que cortocircuite la difusión viral de los mensajes que nos intoxican.

Lecturas

Otras entradas en este blog

Guías de verificación

La censura en los tiempos de Facebook


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De Facebook, de Twitter, de YouTube, de Google, de Whastapp… La censura en las plataformas a través de las que nos comunicamos. Una censura externalizada, privada, empresarial, sin mecanismos de defensa. Una censura global ejercida por las plataformas tecnológica y por las turbas estúpidas y paranoicas, por los enjambres digitales de hipócritas trolls.

¿Qué es censura?

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Un informe de un censor franquista: ¿atenta al dogma, a la Iglesia, al Régimen?

En sentido estricto, censura es el control previo de los mensajes que se van a difundir.

Censura es el proceso de control de la comunicación pública por el poder político y/o religioso. Supone un examen previo, la necesidad de obtener un permiso o placet de un poder público para difundir un mensaje público.

Es el control propio de las galaxias Gutemberg y Marconi.

Editar en el absolutismo era un privilegio real que se concedía a los impresores, sin perjuicio de la necesidad de obtener la aprobación previa del censor, político y/o religioso (a menudo la misma figura).

En el régimen liberal, la libre comunicación de pensamientos ideas se convierte en uno de los derechos más preciados, y cualquiera puede hablar, escribir o imprimir libremente “siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la Ley” (art. 11 Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, 1789).

Se pasa, así, de un régimen de censura previa a un régimen de responsabilidad. El problemas son “los casos determinados por la ley”. Dependiendo del momento histórico y de que gobiernos fueran más o menos liberales, los límites establecidos por la ley podían ser más o menos amplios.

En la Europa continental, durante todo el siglo XIX y la primera parte del XX fueron las leyes fueron bastante limitantes y los tribunales exigentes. Los límites se referían, en general, a la protección del Estado, sus dignatarios y sus símbolos, la protección de la propiedad, la religión dominante y la moral. Por supuesto, solo se exigía responsabilidad en la comunicación pública (prensa, primero, radio y televisión después), primero por su transcendencia social, pero también por la imposibilidad de controlar la comunicación privada.

Puede hablarse de censura en un sentido amplio cuando sin existir propiamente un control previo, el régimen de responsabilidad es tan estricto (límites amplísimos y mal definidos, sanciones administrativas, penas muy rigurosas, secuestro preventivo.

El caso del franquismo es bien ilustrativo. De la censura previa de la Ley de Serrano Súñer de 1938 a la cuasi censura de la Ley Fraga de 1966 (texto): límites amplísimos (art. 2), fuertes sanciones administrativas, responsabilidad penal, depósito previo y secuestro gubernativo. No pocas veces, decretado el secuestro por las autoridades administrativas (que conocían el contenido por el obligatorio depósito previo) la policía retiraba los ejemplares de los periódicos de los quioscos apenas estos abrían. La Constitución de 1978 prohibe cualquier tipo de censura previa y elimina el secuestro gubernativo (art. 20).

La censura hoy

En nuestro actual ecosistema comunicativo, la comunicación privada y la pública se funden. Por supuesto nos queda un ámbito privado de comunicación interpersonal, sin mediación tecnológica, pero más allá, hasta los mensajes intercambiados privadamente utilizando cualquier plataforma tecnológica pueden hacerse públicos por uno de los interlocutores y de hecho así ocurre muy frecuentemente.

El sistema libertad/responsabilidad se sigue aplicando a la comunicación pública estricta, a los mensajes profesionales en los medios de comunicación.  Hasta aquí ningún problema (sin entrar ahora en la cuestión de si los tipos penales son proporcionados y actualizados o las normas de protección civil al honor y la propia imagen funcionan adecuadamente, que intentaré abordar en otra entrada).

El problema aparece cuando este esquema se aplica a mensajes privados o de grupo que se hacen públicos en las plataformas tecnológicas.

¿Tiene la misma responsabilidad el autor de un tuit que el de una columna de opinión en un periódico o el de una sátira en la televisión? Dependerá del contexto y la difusión del mensaje, pero no debe olvidarse que muchos de los mensajes no profesionales van dirigidos a un grupo, a una comunidad, que comparte ideas y valores y que, por tanto, su potencial ofensivo puede ser menor; además, en este entorno suele procederse de un modo informal, incluso como forma de diversión. Lo que desencadena el conflicto es la salida de la burbuja, el encadenamiento que hace viral el mensaje y le convierte en una forma plena de comunicación pública.

En resumen, en la actualidad se aplican los siguientes sistemas de control de la comunicación:

  1. Control editorial. El que ejercen los titulares de los medios de comunicación a través de instancias profesionales. En rigor más que de control, debiéramos de hablar de poder editorial. En situación de oligopolio o de preponderancia de los medios más poderosos, los propietarios, de hecho, moderan y restringen la comunicación pública, a menudo en connivencia con los poderes políticos. Los medios, en la denuncia de la corriente crítica, son “la voz de su amo”. Por supuesto que la crítica tiene base, pero debe matizarse teniendo en cuenta la diversidad de voces (pluralismo externo), la función de control del poder político y el pluralismo entre los profesionales (pluralismo interno). Los medios audiovisuales públicos requilibran el poder editorial privado. Los medios hoy ya no son el único determinante de la comunicación pública, pero siguen sirviendo como enlace entre las burbujas privadas en que se ha fragmentado.
  2. Libertad/responsabilidad, aplicable a los mensajes difundidos en los medios masivos. En una sociedad democrática, no puede existir forma alguna de control previo y la responsabilidad solo puede ser exigida por los tribunales, por la comisión de un delito o por la exigencia de reparación establecidas en las leyes civiles que protegen la intimidad, el honor y la propia imagen. Los límites están establecidos en las leyes aprobadas en los parlamentos, son públicas, y el procedimiento de exigencia de responsabilidad lleva consigo un sistema de garantías y recursos.
  3. Libertad/responsabilidad, aplicación conflictiva en el ámbito de la comunicación público-privada de las plataformas tecnológicas. No está claro que actos tienen la entidad suficiente para generar responsabilidad y, por tanto, supone un cierto grado de inseguridad jurídica. Como en el caso 2, la exigencia de responsabilidad lleva consigo garantías y recursos.
  4. Control previo de las plataformas tecnológicas. Las empresas privadas ejercen un peculiar sistema de admisión, establecen normas poco transparentes sobre lo que se puede o no difundir y carecen de un verdadero sistema de recursos o garantías. El control no es previo, pero casi. Los algoritmos detectan  instantáneamente los contenidos no aceptables y, bien los eliminan directamente, bien los someten a un proceso de evaluación humana. Sus gestores se resisten a ejercer un poder editorial, que llevaría consigo una responsabilidad que no quieren aceptar.
  5. Linchamiento digital. Ni estados, ni empresas, cada uno podemos ser ahora un cruel censor, denunciar cualquier cosa que no nos guste en las redes, pedir acciones contra quien sentimos que nos ha ofendido, insultarle impunemente, desarrollar campañas de boicot. En sociedades cada vez más polarizadas e intolerantes es la censura más peligrosa e inapelable (veáse, por citar solo el más reciente, el caso de Dani Mateo).

El caso de Facebook

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Mensaje de Facebook de rechazo de una reclamación

Todas las plataformas de contenidos afronta parecidos problemas, pero Facebook es un mundo en si mismo. Con sus 2.200 millones de usuarios (¿cuántos activos?) se presenta como una nación digital global: “la Comunidad”.

Para muchos de esos millones, Facebook es su fundamental espacio de comunicación: el lugar donde interaccionan con amigos y familiares reales y con los “amigos virtuales”, el espacio en el que comparten y reciben informaciones que consideran, por su propio origen, fiables, aun cuando prácticamente todos sigan consumiendo información en unos medios tradicionales, en los que cada vez confían menos.

De modo que sí, el 4º método de control descrito más arriba, el control cuasi previo de los contenidos en las plataformas tecnológicas y especialmente en Facebook puede considerar la más relevante de las “censuras” de nuestros días.

Zuckerberg, como la mayoría de los “padres fundadores” de Silicon Valley es un libertario neoliberal, contrario a cualquier forma de regulación y convencido de que la tecnología es en si misma una arma de progreso capaz de resolver los problemas humanos con la fuerza bruta del cálculo y los algoritmos. Todos ellos consideran que sus plataformas simplemente han hecho tecnológicamente posible la utopía del libre mercado de ideas de Milton y Stuart Mill. Zuckerberg repite como un mantra que la misión de Facebook es construir “un mundo más abierto y conectado”.

Así que ¿para que establecer controles sobre los mensajes si a mayor cantidad y diversidad más rico, en teoría, ese libre mercado de las ideas, convertido en la práctica en una propiedad privada que rinde más beneficios cuanto más se interactue con esos mensajes? (vía publicidad y venta de datos).

El primer problema lo plantean los derechos de autor. Los titulares del copyright no aceptan que se lleven a ese mercado productos protegidos. Quizá los primeros controles aparecen en YouTube (la segunda plataforma más influyente) para eliminar contenidos protegidos, como consecuencia de las presiones de las grandes empresas, especialmente los estudios de Hollywood.

Después las plataformas tendrán que afrontar los problemas de la privacidad, especialmente en relación con la normativa europea (notablemente reforzada en el nuevo reglamento). Y finalmente, las quejas de los propios usuarios, gobiernos o lobbys por la presencia de contenidos dañinos (¿para quién, en qué contexto?).

Facebook establece unas normas -estándares de la Comunidad los llama- sobre lo que puede o no ser publicado. Estas normas no son plenamente públicas hasta un fecha tan reciente como el pasado abril.  Pero el resultado es que cuando se intenta publicar un determinado mensaje, sobre todo imágenes y vídeos, se recibe un mensaje de prohibición advirtiendo que el contenido viola esas normas.

Los documentales Les nettoyeurs y Dispatches revelan el proceso interno de control o moderación. Los algoritmos o las quejas de los usuarios se colocan en interminables listas de revisión los casos sospechosos. La “limpieza” corre a cargo de agentes contratados por terceras empresas, esto es, Facebook externaliza la censura. La carga de trabajo de estos agentes es enorme, su formación deficiente y sus conocimientos del contexto de esos mensajes nulo. De manera que lo más fácil es, en la duda, eliminar, so pena de entrar en discusiones casuísticas que retrasan el trabajo.

En los documentales vemos como los “limpiadores” eliminan fotos de Abu Grhaib porque las consideran propaganda del Estado Islámico. En otro caso, se reconoce que la foto de la niña abrasada por el napalm es un icono de la guerra de Vietnam, pero, puesto que se muestran los genitales, es un caso claro en el que las normas exigen su borrado. Y en cambio, resulta evidente como los supervisores deciden mantener los discursos de odio, porque alegan que son manifestación de la libertad de expresión y -ahí está la clave- porque generan mucha interacción.

Facebook ignoró las denuncias de que la plataforma se estaba utilizando como arma de guerra por los prorrusos en Ucrania, que en Birmania era el vehículo de la propaganda anti-roginha que llevó al genocidio. Pero entonces le estalló la interferencia rusa en las elecciones presidenciales norteamericanas y en concreto el caso Cambridge Analytica y Zuckerberg (con pocas habilidades comunicativas) no tuvo más remedio que dar explicaciones públicas, comenzando por un comité del Senado.

Una revisión de las normas comunitarias ahora públicas nos muestran unos principios generales, desarrollados con mayor o menor casuismo. Parece un ejercicio imposible de poner puertas al campo: cómo establecer que contenidos pueden considerar dañinos, para quién, en qué contexto, en dónde. Dan la impresión de mayor tolerancia con la violencia no terrorista, los suicidios o el discurso del odio que con los simples desnudos. Pero a la luz del proceso de revisión revelado por los documentales, qué se borra o no parece bastante aleatorio. Y un borrado sistemático puede significar que un icono tan relevante como el de la niña de Vietnam puede convertirse en inaccesible a para 2.200 millones de personas, o, por lo menos, para aquellos que se comunican esencialmente en el entorno de Facebook.

La pasada semana Zuckerberg respondió a las crítica con un post en el que presentaba un borrador para una nueva gobernanza.

Algunos elementos son, por lo menos para mi, preocupantes. Desarrollar métodos de Inteligencia Artificial para que los contenidos dañinos sean eliminados antes de que nadie pueda verlos (¡la censura previa del Gran Hermano!). Sostiene que sus herramientas de Inteligencia Artificial ya detectan y eliminan el 96% de los desnudos. Categorías prioritarias de control: terrorismo y daño autoinfringido.

Lo más relevante puede ser un cambio esencial en la dinámica de Facebook: desincentivar y netralizar la interacción con lo que Zuckerberg llama borderline content, los contenidos límite, esto es, los mensajes más próximos a lo que las normas prohiben, que son los que, hasta ahora más interacción consiguen.

Este hilo de Hugo Sáez lo explica brillantemente.

Entre estos contenidos límite, Zuckerberg cita la desinformación y el clickbait. ¿Seguirá siendo rentable la plataforma si elimina esos contenidos límite, que son los que logran mayor interacción? ¿Cómo neutralizarlos? Una de las líneas que avanza el fundador de Facebook es la corregulación.

Regulación del estatuto editorial

Facebook, como el resto de las plataformas de contenidos, siempre ha pretendido evitar las obligaciones propias de los medios de comunicación, en concreto, la responsabilidad jurídica por los contenidos que publican. De hecho, su marco legal ha sido el del comercio electrónico, tanto en Estados Unidos como en Europa (Directiva de Comercio Electrónico de 2002) o España (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, 2002).

Los acontecimientos del último lustro, especialmente la marea de la desinformación, y las críticas subsiguientes, les ha obligado a aceptar a regañadientes alguna forma de regulación.

En su reciente post, Zuckerber propone la corregulación, esto es, una regulación negociada con los estados y  aplicada internamente. Concretamente, se muestra dispuesto a colaborar con la UE y con la ley de Macron contra la desinformación en campaña electoral, y que tantas críticas a recibido dentro y fuera de Francia. Otras medidas que propone es que todas las plataformas publiquen las métricas de contenidos dañinos y se compromete a crear antes del fin de 2019 un organismo independiente de recurso (¿único? ¿en cada país?). En fin, promesas vagas.

Que las plataformas tecnológicas no pueden ni deben ejercer el mismo control sobre la información que los editores de los medios de comunicación es evidente. Pero como de hecho cada vez ejercen un mayor control, este no puede ser opaco, confiando a herramientas de Inteligencia Artificial, con unas normas genéricas para toda la humanidad, en el marco de una relación de servicios, sin ningún tipo de garantías.

Se quiera o no, la solución hay que buscarla en el marco nacional o al menos multilateral. Por ejemplo, las plataformas podrían crear comités independientes nacionales, que adaptaran las normas y revisaran las quejas, siendo sus decisiones recurribles ante los tribunales. No puede esperarse que las plataformas se autorregulen, tienen que ser los legisladores nacionales los que creen un marco vinculante para la autorregulación, es decir, una corregulación efectiva.

Ciertamente, retrotraer el problema al marco nacional nos remite al sistema de control tradicional de los medios, lo que puede suponer en sociedades autoritarias anular las potencialidades democráticas de estas nuevas plataformas. Pero un paso adelante en Estados Unido o la Unión Europea marcarían la pauta, por mucho que Putin, Erdogan o Xi Jinping ejerzan una censura efectiva.

Responsabilidad de los medios públicos europeos es, sin pretender anular ni competir con las plataformas privadas, asumir esa tarea de construir sociedades más conectadas y abiertas de acuerdo con criterios de verdadero interés público.

Fuentes

Políticas de Facebook

La crisis de Facebook

Documentales

Lamentablemente, los documentales de la Noche Temática solo están un tiempo limitado en rtve.es, por lo que solo los he podido encontrar en inglés. Lo mismo, lógicamente, que los dos documentales de Frontline, el espacio de investigación de PBS, dedicados a la crisis en torno al escándalo Cambridge Analytica y, en general, al dilema de adoptar o no una responsabilidad editorial.

Ofensiva contra los medios públicos


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Si los suizos deciden el domingo eliminar el canon (billag) la rtv pública desaparecerá de Suiza

Este domingo 4 de marzo los suizos deciden en referendum si eliminan el canon con el que se financia la SRG-SSR, la radiotelevisión pública. Si la iniciativa impulsada por el ultraconservador Partido Popular (SVP-UDC) prospera será la muerte del servicio público en Suiza y un golpe mortal para sistema de financiación por canon, que está en el núcleo de la radiotelevisión pública en Europa.

La ofensiva contra los medios públicos se recrudece conforme el fascismo 3.0 gana posiciones en Europa. Si la manipulación y el control gubernamental es una especie de maldición en la Europa del sur, ahora los servicios públicos del centro y norte de Europa ven en peligro su independencia y su estabilidad financiera. Se borran las fronteras en los modelos de Hallin y Mancini: el modelo noreuropeo (corportivista democrático) cada vez se parece más al mediteráneo (pluralista polarizado).

Allí donde llega al poder la extrema derecha, o los partidos conservadores abrazan las tesis xenófobas, la radiotelevisión pública se ve atacada. Se acusa a los periodistas de los medios públicos de ser de izquierdas y a las empresas de ser demasiado grandes (después de décadas de adelgazamiento financiero y organizativo), ser un peligro para la libre competencia y, sobre todo, obligar a la gente a pagar por algo que pueden no querer consumir.

Los ataques se concretan en:

  • Críticas, tanto generales a la insitutión como presiones muy concretas a determinados periodistas o responsables editoriales, amenaza y presentación de querellas por parte de políticos y ministros (Austria);
  • Cambios en los órganos de gobierno, órdenes de tratamiento informativo favorable, autocensura y dimisiones (Finlandia);
  • Reducción presupuestaria prácticamente en toda Europa;
  • Medidas para eliminar el canon y, consiguientemente, la financiación pública (Suiza);
  • Control absoluto de los medios públicos y oligopolio de medios privados controlados por los amigos del gobierno (Hungría, Polonia).

Suiza

El servicio público se encomienda en Suiza a una sociedad anónima la SRG-SSR, que se financia con un canon recaudado por otra sociedad anónima, Billag S.A, de ahí que populamente se conzca el canon como billag.  Tradicionalmente, el hecho imponible era la posesión de aparatos de radio y/o televisión, con una modalidad conjunta prácticamente universal. Las últimas reformas obligan al pago a todos los hogares, empresas y establecimientos (con las lógicas exenciones).

El monto está en los 450 francos anuales (unos 390 €). Las propuestas parlamentarias de la derecha para reducir el canon a la mitad han fracasado y de ahí la iniciativa que se pone a referendum para la eliminación de la licencia. Otro referendum anterior no lo consiguió por unos pocos votos, así que el resultado del domingo es incierto, con los cantones francofónos partidarios de mantener el canon y los alemanes de eliminarlo.

Para la derecha, la SRG-SSR ha sido incapaz de autolimitarse y, por tanto, solo cabe su destrucción. La iniciativa considera abusivo obligar a pagar por un producto cultural que no se haya elegido. A favor del canon, voces como la de este economista que recuerda que el servicio público es un espacio común, que produce unas externalidades (económicas, pero sobre todo culturales, sociales y políticas) que deben ser financiadas por todos, aun por los no consumidores.

Si el canon se aboliera Suiza sería el primer país europeo fetén (modelo democrático corporativista) en eliminar el servicio público. El conservador griego Samaras cerró la ERT en 2012 y Tsipras la reecuperó en 2015, pero ya se sabe, los manipuladores mediterráneos (modelo pluralista polarizado) somos menos importantes en eso de los rankings democráticos. Además, Ginebra es la sede de la UER-EBU, así que el organismo que agrupa a las radiotelevisiones públicas europeas podría residir en un país sin servicio público.

Del caso suizo se pueden extraer algunas lecciones sobre el canon:

  • Una empresa privada recaudadora puede ser muy eficaz, pero desde luego hace que la financiación del servicio público se vea como un negocio para la misma (los recaudadores privados, empezando por los publicanos, nunca han sido muy populares).
  • El hecho imponible no puede seguir siendo la posesión de aparatos, que deja fuera todo el consumo digital. Un impuesto directo a los hogares es más lógico, pero tampoco será muy popular. En Europa se ensayan también sistemas como el recargo en el recibo de la luz.
  • El sistema más justo parece un tipo progresivo (creciente según el nivel de renta) a integrar en el impuesto sobre la renta.

Por último, comparar esos casi 400 € de Suiza con los 39 € anuales que les cuesta a los españoles RTVE y los canales autonómicos.

PS. Los suizos rechazaron la iniciativa por un 71,6%. En el resultado fueron decisivas las campañas del gobierno y de los medios locales (también beneficiados por el canon), que lograron contrarrestar una previa tendencia a la abolición.

Finlandia

En Finlandia, que tantas veces se pone de ejemplo en materias como la educación, también se ha cuestionado la independencia de la radiotelevisión pública.

YLE recibió presiones del primer ministro conservador Sipila, en relación a un escándalo en el que se vio implicado. Spila envió un email a un reportero y al editor jefe quejándose del tratamiento informativo recibido. “No tengo ningún respeto a YLE, el mismo que YLE me tiene a mi” -escribió.

Como consecuencia, hubo autocensura y tres periodistas abandonaron YLE. El caso se convirtió en el YLEGate, radiografiado por los periodistas disidentes en un libro. Un informe independiente ha concluido que la radiotelevisión pública dio un tratamiento favorable al primer ministro y que la empresa reaccionó arrogantemente a la llamada de atención del regulador finlandés, pero que, con todo, el proceso editorial garantiza la independencia.

Austria

La ultraderecha del Partido Liberal, ahora en el gobierno, ha declarado la guerra a la ORF. El videcanciller Strache usa la misma táctica de Trump, acusa la radiotelevisión pública de propagar “falsas noticias”. Su principal objetivo es el presentador Amin Wolf, un entrevistador incisivo. Lo más grave es que el gobierno de coalición del Partido Popular y los liberales tiene ahora mayoría suficiente en el Consejo de la ORF (modelo como el alemán de un consejo parlamentario con representantes de los partidos y de la sociedad) para destituir al Director General.

Hungría y Polonia

En Hungría Orban controla todos los medios, los públicos y los privados. Destruyó primero la anterior MTV (varios periodistas estuvieron en huelga de hambre) y construyó una nueva corporación, MTVA, con absoluto control gubernamental. Al mismo tiempo, ha favorecido el oligopoplio de los medios privados, en manos de magnates amigos (como Putin en Rusia).

En Polonia, el gobierno conservador del PIS no tiene un control institucional tan absoluto de la RTP, pero sus periodistas son hostigados continuamente, en la calle y en las redes sociales, haciendo cada día más difícil su independencia.

Estas democracias iliberales -como algunos las llaman, yo dudo de que sean democracias- no entran en los modelos de Hallin y Mancini (su libro es de 2004), pero lo grave es que ahora son el ejemplo que parece estar siguiéndose en Austria.

Estados Unidos

Poco tiene que ver el sistema norteamericano con el europeo. Los medios públicos (PBS y NPR) se financian preferentemente mediante las subvenciones de fundaciones privadas, pero la aportación pública del presupuesto federal es decisiva en el balance final.

Trump ha propuesto un recorte de 480 millones de dólares, que la presidenta de la CPB (que agrupa PBS y NPR) asegura que no hay modo de cubrir ese agujero. Los recortes pueden eliminar populares programas infantiles. Un niño se convirtió en una celebridad cuando dijo en la televisión que Trump quería quitar PBS Kids para construir el muro con México.

España

Y, finalmente, last but no least, España. De censura, autocensura, manipulación lo sabemos todo, así que el caso finlandés se nos parece, pero con una diferencia importantísima, allí hay un regulador independiente. El caso es que el poder legislativo se muestra incapaz de hacer efectiva su propia ley, mientras el Sánchez se permite burlarse de los diputados -“voy a estar más que Matusalén”.

En la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, otrora ejemplo de independencia, JxCat y ERC se reparten los cromos sin ningún pudor, para ti la corporación, para mi informativos. para ti la radio, para mi la televisión. El Consejo Profesional denuncia este vergonzoso mercadeo, triste copia de la vieja lottizzazione italiana. Al menos el reparto partidista de la RAI suponía un cierto pluralismo ideológico, lo de radiotelevisión catalana es mera rebatiña entre dos aliados que desconfían uno de otro.

En fin, malos tiempos para los servicios públicos audiovisuales. Malos tiempo para la democracia.

(DESCARGA DEL LIBRO DE HALLIN Y MANCINI)

 

De versiones originales, censuras y otras estupideces


Capture

Nos hemos vuelto todos locos. Que el Ayuntamiento de Madrid haya creado una página web para dar su versión “original” de las noticias que le conciernen -una iniciativa muy menor- ha desatado una reacción desmedida en los medios y organizaciones profesionales.

La presidenta de la FAPE habla de “halo de censura”. Censura es el control previo de los contenidos previos a su difusión y, por extensión, cualquier intento de evitar la difusión de la información. ¿Impide la web del Ayuntamiento que cada cual difunda libremente la información que le parezca? No. Las organizaciones profesionales debían de buscar esa sombra de censura en las redacciones, donde cada día periodistas se ven impedidos de difundir informaciones en nombre de la sacrosanta libertad editorial. Y dar un respaldo expreso a las denuncias realizadas por los consejos de informativos de RNE y TVE, que esos periodistas de la radiotelevisión pública sí que sufren una censura cotidiana.

El País y la Asociación de la Prensa de Madrid arguyen que la rectificación debe hacerse por el procedimiento establecido por la ley. Conforme al art. 1 de la L.O. 2/84 “Toda persona natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio.” Ninguna ley impide que cualquier pueda dar su propia versión por sus propios medios. Ninguna norma prohibe que las fuentes contradigan a los medios.Por cierto, a ver cuando los diarios dejan de publicar la rectificaciones en un suelto perdido entre las cartas al director, como hace El País, que eso sí que va contra la ley.

La reacción de los medios y de estas organizaciones profesionales ha sido corporativista. Por supuesto que -como dice Elsa González- los periodistas tienen que jugar la función de contrapoder. Pero la información no es propiedad ni de los medios ni de los periodistas. Ni tampoco de los ayuntamientos o de cualquier otro poder. Es cuando menos ingenua la pretensión del Ayuntamiento de dar la versión “original” “auténtica”.

El Ayuntamiento de Madrid tiene un grave problema de comunicación. No hay más que ver la declaración del concejal de Hacienda para darse cuenta que no está llamado a comunicar y es incapaz de trasladar eficazmente un mensaje. Pero no se trata sólo de portavoces poco hábiles. El problema es que no hay un mensaje común, que cada día se manifiesta la falta de coherencia de un equipo de procedencias diversas. El Ayuntamiento lo primero que tiene que hacer es aclararse internamente y apostar por unos mensajes comunes. A lo mejor eso son los argumentarios de los “viejos” partidos, pero otra cosa es el caos.

Sorprende la virulencia a favor y en contra. Desde su toma de posesión el Ayuntamiento de Madrid se ha visto envuelto en polémicas que poco tenían que ver con las políticas municipales. Y los concejales no han perdido la oportunidad de pisar todos los charcos. Está claro que los ayuntamientos de Madrid y Barcelona se han convertido en el banco de pruebas de “otra política”, en un campo de batalla que va más allá de lo municipal.
(De acuerdo con Juan Luis Manfredi en que V.O. es una ocasión perdida para la verdadera transparencia municipal)

Libertad, censura y derechos de autor en Internet


En los días pasados se han librado en Internet varias batallas en las que se juega el carácter abierto de la Red

Son episodios de una guerra vieja, entre los que conciben Internet con un espacio sin regulación ni restricciones –ciberlibertarios– y los partidarios de una regulación que, de alguna manera, traslade las normas del espacio físico al ciberespacio -los reguladores. En esta guerra en la que parece que los contendientes son ciberactivistas y gobiernos son, sin embargo, las empresas el verdadero protagonista emboscado.

Como jurista, siempre he creído que el ciberespacio no puede ser un espacio sin ley, que los estados democráticos deben reprimir abusos y delitos y promover usos responsables. El problema es que al intentar transferir los criterios aplicados al espacio físico se producen distorsiones y restricciones a la libre comunicación horizontal, que no otra cosa es el ciberespacio. Y otra dificutad, aún mayor, es que esa regulación no puede ser más que global, lo que resulta imposible por la disparidad de intereses nacionales y culturas diversas. No me han satisfecho ni las posiciones de los reguladores ni las de los libertarios y sin dejar de reflexionar sobre la cuestión he orientado mis líneas de investigación por otros derroteros.

Ante la virulencia de las últimas batallas me arriesgo a dejar aquí algunas reflexiones, demasiado largas para una entrada de blog y lamentablemente poco concluyentes.

Anonymus contra la privacidad

Intolerable que los ciberguerrilleros de Anonymus atenten contra el derecho a la vida privada de los que no piensan como ellos. Castigan -vienen a decir- a los partidarios de que se revele la identidad de los que sean denunciados por violar los derechos de autor –Ojo por ojo, diente por diente. Pero no olvidemos que en la llamada Ley Sinde (texto en la Ley de Economía Sostenible) es un juez el que tiene que autorizar que se revele la identidad del usuario que presuntamente haya cometido la vulneración de los derechos de autor.

No confundir Anonymus con indignados. Anonymus es la encarnación práctica del espíritu hacker, aquel que impone su ley porque tiene unas habilidades técnicas que son la llave de la Red. Y esa supuesta habilidad les da el derecho a establecer lo que es admisible o no la Red. Son también una manifestación de esas multitudes inteligentes (Howard Rheingold), que tan pronto puede ser luchadores por la libertad como turbas fascistas.

La revuelta contra ACTA, PIPA y SOPA

El Acuerdo de Lucha contra la Falsificación (ACTA, por su acrónimo en inglés) acaba de ser suscrito por 22 países de la UE, casi con nocturnidad y alevosía, hasta el punto de que el Relator del Parlamento Europeo, Kader Arif, ha dimitido, calificando el proceso de de mascarada. En Polonia se han registrado protestas populares en la calle, especialmente de jóvenes. El Parlamento tendrá que ratificar ahora el acuerdo.

ACTA, el grueso de cuyo artículado pretende luchar contra la falsificación de mercancías (propuesta Paralemeno Europeo 24 de junio), es un buen ejemplo de las distorsiones que aparecen cuando se quieren trasponer medidas para proteger la propiedad intelectual que pueden ser legítimas en el mundo físico, pero que se convierten en el ciberespacio en intromisiones ilícitas en los derechos a la vida privada y en restricciones a la libertad de comunicar. Y de cómo los intentos para una regulación internacional, hechos por la única vía posible, la de los tratados internacionales, se hacen desde la óptica de las grandes empresas de contenidos.

Tomo las críticas de la orgaización francesa La Quadrature du Net. Bajo las provisiones genéricas del Tratado, los estados miembros podrían establecer mecanismos extrajudiciales para lograr la cooperación de los prestadores de acceso a Internet para revelar los datos personales de los sospechosos de usos que pudieran atentar contra los derechos de autor. Ya en vía penal podría aplicarse sanciones por complicidad a los proveedores de acceso, pero también a los que cooperen con la difusión masiva de informaciones que vulneren los derechos de autor.

Parecidas críticas se realizaron a los proyectos norteamericanos SOPA y PIPA con una una inédita jornada de apagón de Wikipedia. La reacción, por el momento, ha parado los proyectos en el Congreso de los Estados Unidos.

En mi opinión, cualquier intervención que exija revelar la identidad de usuarios o bloquee los contenidos de una página web debe hacerse necesariamente previa orden judicial y de acuerdo con el principio de mínima intervención y proporcionalidad, de modo que se sopesen la gravedad de los hechos perseguidos (no es lo mismo una página de material pedófilo que de enlaces a películas) y los perjuicios originados para usuarios de buena fe.

La razzia de Megauploads

En paralelo, el FBI ha mostrado lo superfluo de muchos de estos nuevos procedimientos. Con la ley penal norteamericana en la mano y los mecanismos de cooperación policial interancional han aplicado al popular agregador de ficheros medidas pensadas para luchar contra el crimen organizado.

Resultado: Megauploads bloqueada, pánico entre los agregadores de material audiovisual de origen ilegal, reactivación del P2P y júbilo entre  los portales de venta de material audiovisual. Intolerable el bloqueo de todos los ficheros, legales o ilegales del agregador. Es como si al intervenir un banco por blanqueo de dinero se confiscaran las cuentas de todos los clientes.

Y una reflexión adicional. ¿Qué pasa con nuestros datos en la nube? ¿Quién los protege? ¿Debemos seguir teniendo copia física de nuestros datos?

Twitter se someterá a las restricciones de los distintos países

Twitter anunció que bloqueará aquellos mensajes que puedan ser ilegales en un determinado país. Cualquier empresa debe someterse a la legislación del país en que opere. Pero los problemas son dos. El primero, es que una empresa privada no es quien para juzgar sobre la procedencia o improcedencia de los contenidos. Y segundo, Twitter se ha convertido en una canal de información global, vital para la movilización social, de modo que, de hecho, la postura de Twitter (como antes la de Google en China) es plegarse a gobiernos autoritarios para desarrollar su negocio.

La protección de los derechos de autor y la libertad de comunicar

Mi postura. Todo el que crea un producto intelectual tiene derecho a su control. Son los derechos morales y patrimoniales. Como estas batallas son de contenido económico, se olvida que el autor puede difundir o no y siempre conserva el derecho a que no se distorsione el sentido de su obra. En cuanto a los derechos patrimoniales, lo que ha entrado en crisis es la explotación económica basada en el control de la copia de la obra. Lo que son necesarios son canales de explotación que garanticen un precio justo al creador para que pueda mantener su independencia.

Como académico, soy partidario de un sistema que permita la reproducción no comercial de mis trabajos, sin obras derivadas y siempre con reconocimiento de la autoría (Véase las distintas posibilidades de las licencias de Creative Commons). Me interesa más la difusión con atribución que cualquier explotación comercial. Pero eso es porque como profesor (y antes como periodista profesional) tengo otros medios de vida.

Es perfectamente legítimo que el creador viva de su obra. Desde luego, impedir que otros se lucren de nuestro esfuerzo no es censura. El creador siempre parte de otras creaciones y por tanto nunca es absolutamente original. Pero no creo que el carácter de procomún permita que se expropie al autor el fruto de su trabajo. ¿Por qué no exigir, entonces, un acceso gratuito a Internet y a los dispositivos técnicos que lo permiten y sólo exigir el disfrute gratuito de las obras de la cultura?. Al final, los que se lucran son una serie de intermediarios, desde agregadores hasta los propios proveedores de acceso.

Otra cosa son las medidas de protección. Creo que la mayoría de las intentadas difícilmente protegen los derechos de los autores y, sin embargo, pueden redundar en vulneración de los derechos de autor y en una censura de contenidos. Sólo una autoridad judicial, con las garantías de un procedimiento penal, puede impedir la difusión de contenidos. Y desde luego no es algo que pueda quedar a la cooperación de los proveedores de acceso. Además, la mayoría de estas medidas, mientras se limiten a una jurisdicción nacional son, en la práctica inoperantes.

Externalización de la censura

El caso Twitter demuestra cómo las empresas están dispuestas a asumir la censura que otrora desarrollaba el Estado, con tal de hacer crecer su negocio. Como tantas otras funciones estatales, la censura se externaliza.

Lo peor es que lo que antes se planteaba como medidas coercitivas de una autoridad pública, y por tanto combatibles invocando los derechos humanos, ahora se convierten en interpretación de unas normas de uso, que todos aceptamos porque no nos queda otra y que terminan por remitirnos, en la mayoría de los casos, a la jurisdicción del estado de California. ¿Algún usuario es capaz de desentrañar el alcance de las normas contractuales a las que se ha comprometido en los términos del Derecho aplicable en California?.

En definitiva, la nueva censura externalizada es infinitamente más insidiosa, pero eso sí tiene como contrapartida la capacidad de presión global de los internautas concienciados.

El espejismo de un ciberespacio libre

El ciberespacio no ese espacio de libertad que nos pintan los tecno-utopistas. Como en el espacio físico, distintos autores intentan imponer sus intereses e ideologías, pero su confrontación no se realiza en los términos ideales del “libre mercado de ideas”.

Es cierto que en el ciberespacio la pluralidad de voces es casi infinita, pero esas voces pasan necesariamente por la mediación de unas empresas, cuya objetivo es maximizar sus beneficios, aunque sea a costa de la explotación de los trabajadores (véase el caso de Apple en China denunciado por The New York Times) “estableciendo estructuras fiscales eficientes” para prácticamente no pagar impuestos fuera de Estados Unidos y explotando nuestros datos personales como materia prima de su negocio. Y esas empresas pueden, en función de sus intereses, establecer determinados peajes.

Otro peligro es terminar con la llamada neutralidad de la red. Por un lado, las redes sociales y de modo destacado Facebook pretenden convertirse en portales universales, que cierren a sus usuarios en un nicho de interacción con sus “amigos”. Por otro, las compañías de telecomunicación quieren privilegiar la circulación de determinados contenidos, un propósito en el que pueden coincidir con las grandes conglomerados multimedia, interesados en reproducir el viejo modelo de distribución unilateral de contenidos audiovisuales.

No, el ciberespacio no es plenamente libre, pero millones de mujeres y hombres en todo el mundo han asumido que necesitan comunicarse libremente, que, incluso (una minoría), tiene cosas que decir. Y eso no tiene marcha atrás.

(PS. Un ejemplo de censura de Facebook: una portada que no podría ser objeto de secuestro o censura conforme a la ley española, pero que no es conforme a las normas privadas de Facebook).

Los errores del Consejo de Administración de RTVE


El País publica un resumen del acta del Consejo de Administración de RTVE de la sesión en la que los consejeros se concedieron el acceso al sistema de edición y gestión de contenidos de los Informativos de TVE (conocido por iNews, denominación comercial del producto informático).

Dejando al margen algunas expresiones chulescas o prepotentes (“si quisiera entraría hoy mismo en el iNews”, “no necesito el iNews”) lo que la mayoría de los consejeros parece confundir es su función de preservar la independencia y pluralismo informativo con el control editorial.

Todo usuario de un sistema de gestión de contenidos tiene su propio perfil de acceso. Así, sería posible que los consejeros pudieran “leer”, pero no “escribir”. Pero esa simple lectura o visualización de los contenidos, de los previstos y de los ya emitidos, sería toda una invitación a la censura previa.

Las facultades del Consejo le permiten una supervisión de lo emitido para garantizar la imparcialidad y el pluralismo, pero esa supervisión no puede hacerse por la vía que se intentó, sino por medio de estudios de análisis de contenidos, cuya metodología fuera aceptada por todos los consejeros y, por tanto, sus resultados fueran incuestionables.

Garantizar la independencia no significa ser el editor colegiado de los informativos. La responsabilidad informativa empieza en reporteros, informadores, montadores, realizadores y culmina en el director de los Servicios Informativos. El Director de los Servicios Informativos está sometido al escrutinio del Consejo, pero su nombramiento y cese corresponde al Presidente de la Corporación.

Otras entradas sobre este tema:

RTVE, imprescindible

Lecciones del intento de interferencia del Consejo de Administración de RTVE: ni un paso atrás en la independencia profesional

El Consejo de Administración de RTVE no tiene competencias para censurar la información de TVE

 

El Consejo de Administración de RTVE no tiene competencias para censurar la información de TVE


Escándalo general por la decisión del Consejo de Administración de RTVE de acceder al sistema informático de la Redacción de TVE. (El País, Público). La Red arde (#rtvedetodos es trending topic).

El Consejo de Informativos de TVE reprueba la decisión que considera “un ataque directo a la libertad e  independencia de los profesionales de la información”. Rebelión también entre los responsables editoriales (El Mundo).

¿A qué se han dado acceso los consejeros de RTVE?

– A todas las fuentes escritas y audiovisuales que alimenta la Redacción de TVE, fuentes externas como las agencia, pero también internas, esto es, por ejemplo, a los rodajes de las redacciones de Madrid y todos los centros territoriales.

– A las previsiones de noticias y su cobertura.

– A los minutados y guiones de los programas y su evolución.

– A las informaciones durante su elaboración, esto es, a sus textos, montajes de vídeo y sus distintas versiones, tanto de los informadores como de las correcciones realizadas por los distintos responsables editoriales.

Por cierto, que si de lo que se tratara es de que los consejeros tuvieran una información actualizada, ya existe en la intranet corporativa una aplicación que permite el acceso a todas las agencias informativas cotratadas por RTVE, sin necesidad de entrar en el sistema informático de la Redacción (iNews).

El acceso a este sistema informático interno permite a los consejeros supervisar la información cotidiana y la planificación de la misma. En otras palabras, pueden censurar de hecho las informaciones, mediante presión al Director de los Servicios Informativos, los responsables editoriales intermedios y hasta a los propios informadores. Y, un aspecto poco resaltado, el conocimiento de los minutados se presta a la denuncia partidista antes de que una información se haya emitido.

El Consejo de Administración de RTVE no tiene competencias para supervisar la información

Al Consejo de Administración corresponden la dirección y gobierno de la Corporación (art. 9.1 L. 17/2006). Entre sus competencias y funciones (art. 16 L. 17/2006) está la responsabilidad por el cumplimiento general de la misión de servicio público y los objetivos generales de la Corporación, nombrar al Presidente, aprobar el nombramiento de los directivos de las sociedades (entre ellos los directores de los Servicios Informativos), supervisar la labor de los directivos y fijar las directrices generales de actuación de la Corporación. En ningún caso la supervisión de la información. Ni siquiera el Presidente tiene entre sus funciones el control de la información (art. 20 L. 17/2006).

Los principios de independencia editorial y profesional son elementos esenciales del servicio público que la L. 17/2006 encomienda a RTVE (art. 3.2 b). Para velar por esa independencia la Ley establecía unos consejos de informativos, constituidos en virtud del Estatuto de Informativos de la Corporación, pactado entre el Consejo de Administración y la representación de los trabajadores.

La responsabilidad informativa, como bien indica el Consejo de Informativos de TVE, “recae de forma directa en la dirección de los servicios informativos, las jefaturas de área, los editores y todos los profesionales que forman parte de la cadena de elaboración de la información”.

El Consejo de Administración, en ejercicio de sus funciones, ha aprobado un conjunto de normas que delimitan el servicio público en materia informativa (por ejemplo, el Manual de Estilo). Y hasta ahí puede llegar. No puede supervisar y menos censurar.

Ahora, la ministra Pajín anuncia una rectificación. Lo peor es que el daño ya está hecho. Da munición a los enemigos del servicio público, que dirán que una televisión pública independiente es imposible.

(El que suscribe fue redactor durante 32 años de TVE, hasta que me acogí voluntariamente al ERE. Fui miembro del Consejo Antimanipuación, del Consejo Provisional de Informativos y la de Comisión Redactora del Estatuto de Informativos de RTVE)

Memoria del 11-S – III


MEMORIA DEL 11-S.

FRANCISCO RODRÍGUEZ PASTORIZA

III. CENSURA Y MANIPULACIÓN

 

 

El 11 de septiembre de 2001 es ya una fecha para la posteridad. El ataque terrorista de ese día utilizando aviones civiles contra las Torres Gemelas de Nueva York y contra el edificio del Pentágono de Washington, junto al intento de estrellar otros dos aparatos contra la Casa Blanca y el Capitolio, han fijado un antes y un después en el devenir de los tiempos como sólo pueden hacerlo los grandes acontecimientos que marcan el ritmo de la historia. Estos hechos tuvieron a la televisión como un fascinante testigo que fijó para siempre en nuestras retinas una nueva dimensión del acontecimiento, inédita e inolvidable. La televisión tuvo aquel día el privilegio de haber protagonizado la información de unos acontecimientos trascendentales de manera simultánea a cómo se producían. Un 81 por ciento de norteamericanos declaró haberse enterado de los ataques del 11-S a través de la televisión frente al 11 por ciento que lo hicieron a través de la radio y el 1 por ciento a través de la prensa, porcentajes extrapolables prácticamente también a Europa. No es extraño que este protagonismo haya convertido a la televisión, junto a los poderes políticos, en uno de los objetivos del los inmediatos ataques terroristas con ántrax. Esto aún en el caso de que este episodio constituyera un montaje mediático para distraer a la opinión pública de los efectos de los primeros bombardeos sobre Afganistán y para mantener en estado de alerta a una sociedad atemorizada[1]. En todo caso, este episodio sirvió para alertar a la sociedad internacional de la existencia real de un nuevo peligro terrorista, bautizado como bioterrorismo.

Este estado de alerta y temor permanentes fue con claridad uno de los objetivos que el Gobierno norteamericano quiso conseguir con la ayuda de la televisión después del shock traumático del 11-S y que, entre otras cosas,  propició la aceptación por el 59 por ciento de los norteamericanos, según una encuesta del diario Los Angeles Times, del control estrecho que el Pentágono ejerció sobre la cobertura mediática del conflicto. Esta situación justificaba declaraciones como las de Marvin Kalb, director del Shorenstein Center of the Press, Politics and Public Policy de Washington: “Si el gobierno ve la necesidad de proporcionarme una información engañosa de vez en cuando en su persecución de Al Qaeda y Bin Laden, le concedo ese margen de maniobra”. Estas actitudes fomentaron iniciativas como la del Pentágono, revelada por el New York Times, de crear en febrero de 2002 la Oficina de Influencia Estratégica, con el fin de colocar noticias favorables a los intereses de los Estados Unidos en los medios de comunicación internacionales; noticias que podrían ser verdaderas o falsas y afectar a países amigos o enemigos, con el fin de crear un ambiente propicio a las intervenciones bélicas en Afganistán. Y la decisión de situar al frente de esta agencia a un militar, el general de aviación Simon Worden. Cuando la opinión pública conoció estos planes el presidente Bush se apresuró a desautorizar el proyecto. Pero realmente ¿alguien duda de que oficinas como ésta funcionan habitualmente en casos de guerra o en este tipo de situaciones?.  El coronel de Inteligencia español Enrique Polanco señalaba en unas declaraciones: “Estados Unidos necesita a los medios para ganar la guerra. Sin ellos perdería apoyo interior e internacional y, por eso, tiene que alimentarlos con acciones y alarmas”.

 

 

En la información televisiva se teme tanto a la manipulación de las imágenes como a su inexistencia. Falsas escenas como la de los cormoranes afectados por el petróleo durante la primera Guerra del Golfo, que en realidad pertenecían a un vertido petrolero causado por un naufragio en las costas de Canadá, o los cadáveres de Timisoara durante la revolución rumana contra Ceaucescu, que habían sido sacados de sus tumbas y mostrados a las cámaras de televisión como víctimas de la represión, engañaron a la opinión pública mundial, entremezcladas con el incesante flujo de imágenes emitidas durante aquellos episodios. En otros contextos, falsas entrevistas como la del periodista francés Patrick Poivre d’Arbor a Fidel Castro, presentada como una exclusiva, que resultó ser una manipulación de las respuestas del mandatario cubano entresacadas de una rueda de prensa, se recuerdan como episodios de manipulación informativa audiovisual. De manera similar, hubo un intento de hacer pasar por falsas las imágenes emitidas por la CNN a las pocas horas del ataque a las Torres Gemelas, en las que se mostraba el júbilo de algunos palestinos por el ataque terrorista, imágenes rodadas en Jerusalén Este y en los campos de refugiados de Sabra y Chatila (la revista alemana Stern recogía el testimonio de una mujer palestina que había sido invitada a participar en la manifestación sin saber lo que había ocurrido) horas después de los atentados del 11 de septiembre. Una fuente con origen en la universidad estatal de Campinas, en Brasil, aseguraba que estas imágenes se habían rodado diez años atrás, cuando los palestinos celebraban la invasión de Kuwait que originó la Guerra del Golfo. La utilización de esas imágenes, por lo tanto, sería una maniobra para acentuar el odio a los palestinos por parte de los israelíes y de algunos sectores sociales de los Estados Unidos y del mundo occidental. La presunta manipulación fue posteriormente desmentida tanto por la universidad brasileña como por la CNN. Pero el riesgo es permanente. En España, Antena 3 y la autonómica catalana TV3 emitieron el 11 de octubre unas imágenes distribuidas por la agencia APTN, que las había comprado en Afganistán, que supuestamente correspondían a los últimos acontecimientos de la guerra y que en realidad habían sido grabadas hacía más de un año durante un enfrentamiento entre el ejército talibán y la opositora Alianza del Norte. La cadena francesa LCI emitió las primeras imágenes de lo que supuestamente había sido la primera ofensiva de la Alianza del Norte… pero que en realidad correspondían a una grabación de 1997. El Periódico de Catalunya (7-10-01) publicaba unas fotografías de niños heridos por los bombardeos  sobre Afganistán, en cuyos vendajes, muy aparatosos, no se veían manchas de sangre, sugiriendo que las heridas podrían no existir.

Toda falsificación, aunque mínima, contamina la percepción real de la información, y más en una situación en la que la audiencia la reclama. Por eso, una de las comentaristas políticas del norteamericano Daily News, Arianna Huffington, denunciaba a las cadenas de televisión todo noticias: “La bestia televisiva sedienta de noticias –escribía- ha sacrificado el rigor en aras del rumor. El baño de desinformación en el que vivimos los estadounidenses no tiene precedente (…) un efecto hipnótico al que es difícil sustraerse”.

 

         La primera víctima de la guerra es la verdad. Esta afirmación del senador norteamericano Hiram Jonson, pronunciada en 1917 con motivo de la Primera Guerra Mundial, continúa siendo una de las realidades más evidentes de cada conflicto bélico. Junto a la verdad, la libertad de informar es siempre otra víctima fatal de la guerra. Otro senador, el demócrata Patrick Leahy, decía, ante la avalancha de medidas tomadas por la Administración Bush después de los acontecimientos de 11-S: “No podemos emprender una guerra en defensa de nuestros valores y al mismo tiempo renunciar a ellos”.

En los Estados Unidos, los medios de comunicación en general y las televisiones en particular, aceptaron autoimponerse una férrea censura para no ser calificados de informadores subversivos e incluso llegaron a postularse como centinelas de la observancia del más estricto patriotismo. Esta fiebre patriótica se extendió a todas las televisiones, junto al espíritu religioso-conservador que llevó a utilizar expresiones como “cruzada” por el propio George Bush, o “guerra santa americana” (el ex secretario de Defensa William S. Cohen publicó un artículo con este título en el Washington Post el 12 de septiembre de 2001). Desde el día siguiente al 11-S todas las grandes network norteamericanas  sobreimpresionaron la imagen de la bandera de los Estados Unidos sobre sus logotipos. La CNN suprimió en reemisiones posteriores las declaraciones que había difundido en directo de la viuda de una de las víctimas de las Torres Gemelas, que criticaba las represalias que se planeaban por el atentado. La emisora internacional de radio Voice of America[2] emitió una entrevista telefónica de 12 minutos con el líder talibán Mohamed Omar a los pocos días del atentado de Nueva York, que costó la destitución a su director a pesar de que su línea editorial se había hecho con una gran credibilidad internacional por servir de plataforma a todas las posturas en conflicto, fueran o no amigos de los Estados Unidos. Bill Maher, presentador del programa “Políticamente incorrecto” en la ABC, y Peter Jennings, de la NBC, uno de los periodistas más populares en Norteamérica, con un prestigio ganado a través de una carrera sin fisuras, recibieron miles de llamadas de protesta por preguntar desde sus respectivos programas dónde estaba el presidente Bush en las horas posteriores al atentado. Fueron acusados de antipatriotas y de informadores subversivos (a Hill Maher, anunciantes como Sears y Federal Express le retiraron la publicidad de sus programas y doce cadenas locales filiales de la ABC rechazaron difundir la emisión de su espacio), aunque no llegaron a rescindirles sus contratos, como ocurrió con dos periodistas de Texas y Oregón que criticaron en sus columnas del Texas City Sun y el Daily Courier esa misma actitud del presidente norteamericano. Muchos presentadores de televisión aparecieron en pantalla en los días posteriores al atentado mostrando la bandera americana en insignias y lazos. Dan Rather, director de telediario nocturno de la CBS, declaraba (“El Mundo”, 13-10-01): “(…) tenemos que estar muy atentos e intentar ser patriotas, escépticos e independientes”, mientras criticaba que la CNN hubiera emitido imágenes de Al Yazira. Y en la Fox News Channel, la cadena ultraconservadora del magnate Ruper Murdoch, cuyo jefe de informativos Roger Ailes fuera estratega de las campañas electorales de los presidentes Nixon y Bush padre, el periodista Hill O’Reilly minimizaba los efectos de los bombardeos sobre la población civil de Afganistán.  Esta cadena envió al país a Geraldo Rivera, presentador de un ‘reality show’ de éxito, que presumía de llevar una pistola en su cinto para pegarle un tiro a Bin Laden si se ponía a su alcance. Con personajes como éste, o como Brit Hume, su presentador más reaccionario[3], la Fox superaba en audiencia a la CNN[4], a pesar de que algunos comentaristas de esta última, como Tucker Carlson, justificaran el recurso a la tortura y a pesar de la consigna dada por su jefe de informativos Walter Isaacson ordenando a los redactores de la CNN destacados en Afganistán que cada imagen de víctimas civiles de las zonas controladas por los talibanes se acompañase de un recuerdo ritual de que “los talibanes protegen a los terroristas responsables de la muerte de 5.000 personas inocentes”. Leslie Moonves, un alto cargo de la CBS, declaró, dirigiéndose a las autoridades norteamericanas: “Dígannos qué hacer. Nosotros no pilotamos cazas pero hay talentos que pueden ser de mucha utilidad aquí”. Todas las cadenas de televisión aceptaron emitir gratuitamente eslóganes con el anuncio “Soy un americano”. Fue este tipo de actitudes las que denunciaba el profesor de la Universidad de Georgetown Norman Birnbaum al calificar a las cadenas de televisión norteamericanas como  estaciones de repetición y propaganda al servicio del mensaje del imperio. Birnbaum escribía (“Atenas y Roma, ¿otra vez?”. El País, 21-9-01): “(…) nuestros medios de comunicación de masas se han erigido en Ministerio de Propaganda y manipulan la rabia, la ansiedad, la credulidad, la ignorancia y la autocompasión de la opinión pública para fabricar un consenso nacional de extraordinaria crudeza y enormes contradicciones (…)”. En su editorial del 26 de septiembre, el periódico de Nueva York The Village Voice advertía del regreso de la censura a los medios de comunicación americanos. Más comprensible fue la iniciativa del portavoz de la Casa blanca Ari Fleischer reuniendo a los responsables de los principales medios de comunicación para solicitar que no informasen sobre viajes, comparecencias públicas o lugares de reunión del presidente Bush y del vicepresidente Dick Cheney, por motivos de seguridad. Antes, el diario USA Today había sido acusado de comportamiento antipatriótico por haber divulgado informaciones militares calificadas de confidenciales: que fuerzas norteamericanas estaban ya en Afganistán desde finales de septiembre. Mientras tanto, se especulaba con el daño que puede hacer al prestigio de independencia de los medios de comunicación norteamericanos la aceptación de no emitir los comunicados  de Bin Laden, solicitada a las cadenas de televisión por la Consejera de Seguridad Nacional Condoleeza Rice. La excusa, según los responsables políticos norteamericanos, aconsejados por el FBI, era que estos mensajes podían incluir información codificada e incluso subliminal, o instrucciones dirigidas a posibles comandos terroristas. Las cinco grandes cadenas de televisión acordaron aceptar la petición del Gobierno, calificada de patriótica (aunque la CNN no había desistido de su intención de concertar una entrevista con Bin Laden, a quien había hecho llegar seis preguntas a través de Al Yazira) y el magnate de las comunicaciones Ruper Murdoch se unía a esta decisión y decidía aplicarla a todos sus medios. “Somos periodistas pero también somos ciudadanos responsables y no vamos a poner a nuestro país en peligro”, declaró Neal  Saphiro, jefe de informativos de la NBC. “No vamos a preocuparnos ahora por los problemas de competencia entre nosotros cuando está en peligro la seguridad del Estado y la vida de los americanos”, añadía el mismo cargo de la cadena Fox, Roger Ailes. La prensa, sin embargo, no se manifestó tan sumisa en este sentido ante la petición del portavoz de la Casa Blanca Ari Fleischer para que los periódicos no reprodujesen íntegramente los mensajes de Bin Laden. Frank Rich, del New York Times, ironizaba: “Ahora sabemos que si el Gobierno no puede capturar a Bin Laden, vivo o muerto, todavía puede aplicarle la pena capital al estilo americano: no dejarle aparecer en la televisión”. Pocos días después, tras los primeros bombardeos sobre Afganistán, el presidente Bush pedía a las cadenas de televisión que mantuvieran su programación convencional para transmitir a la ciudadanía una impresión de normalidad. Cuarenta ejecutivos, entre ellos altos cargos de las cadenas de televisión CBS y Fox, se ofrecieron al Gobierno para emitir programas instructivos y patrióticos.

Las televisiones europeas, por el contrario, decidieron seguir emitiendo las imágenes de Bin Laden (con alguna excepción como la italiana TG-4 y la holandesa NOS, que advirtió que examinarían los videos antes de emitirlos) y así una reunión de Alistair Campbell, convocada en la residencia de Tony Blair en Downing Street con los responsables de las tres grandes cadenas de televisión británicas (BBC, ITN y Sky News) para limitar la difusión de los videos de Bin Laden, encontró una respuesta unánime de los emisores, quienes afirmaron que eran ellos quienes decidían lo que se debe emitir, rechazando de este modo que nadie dictase su línea informativa. Es un insulto a la inteligencia del público –señalaron- creerle incapaz de formarse un juicio a partir de una información completa; una creencia antidemocrática y derrotista. En un comunicado conjunto señalaban que tendrían en cuenta las cuestiones relacionadas con la seguridad nacional e internacional y que eran conscientes del impacto que las emisiones podían tener sobre las diferentes comunidades y culturas, pero destacaban la necesidad de una información independiente e imparcial como aspecto fundamental de las sociedades libres y democráticas. Las televisiones europeas preferían tomar otro tipo de medidas, como la suspensión de la serie “That’s my Bush”, que ridiculizaba al presidente norteamericano, el programa de guiñoles o el programa o el espacio “Burger Quizz” (todos de Canal + Francia) o aplazar la emisión de películas como “Trampa de cristal” o “58 minutos”, sobre atentados terroristas en Norteamérica[5].

Los Estados Unidos tampoco quisieron que se viesen las imágenes de los daños causados por los bombardeos en la población civil afgana, aunque sí que se conociera que existían estos bombardeos y que eran muy intensos[6]. Los medios de comunicación norteamericanos obviaron hasta donde les fue posible las consecuencias de la guerra sobre la población civil (un periódico que publicó la fotografía de un niño afgano muerto recibió una cascada de cartas recriminándolo y tachándolo de antipatriótico). El Pentágono compró en exclusiva los derechos de las fotografías del satélite privado Ikonos, propiedad de Space Imaging, que permite distinguir incluso números de matrículas de coches y hasta el tipo de ropa que visten las personas fotografiadas: lo hizo para controlar su difusión. Fue el mismo Pentágono que difundió las imágenes de los disparos de misiles desde las cubiertas de los navíos de guerra, el despegue de los cazas desde los portaaviones y el video del embarque de las primeras tropas norteamericanas hacia Afganistán, todas ellas repetidas hasta la saciedad. El general Richard Myers, de la Junta de Jefes de Estado Mayor,  explicó a los periodistas el éxito de esta primera misión en territorio talibán, pero no mostró en ningún momento imágenes de sus efectos. Pero todo esto al parecer no era suficiente. A iniciativa de Alistair Campbell, uno de los más cercanos asesores de Blair, los gobiernos inglés y norteamericano decidieron crear tres oficinas de contrapropaganda, en Islamabad, Washington y Londres, para suministrar noticias a las televisiones las 24 horas del día, con el fin de contrarrestar la propaganda talibán, protagonizada por el embajador del régimen en Pakistán, Abdul Salam Saif, y sobre todo la información generada por Al Yazira.

Aprovechando el río revuelto, George Bush puso en marcha iniciativas que en otras circunstancias le sería difícil incluso proponer, como el fin de la transparencia que tradicionalmente se venía dando a los papeles de trabajo de anteriores presidentes, impuesta por el Congreso en 1978 tras la finalización del escándalo Watergate; el abandono del tratado ABM firmado con la URSS por Richard Nixon en 1972 (el anuncio se hizo el mismo día en que se decidía difundir el video de Bin Laden en que este asumía su responsabilidad en los atentados), la derogación de la decisión que prohibía a la CIA asesinar a dirigentes extranjeros, el recorte de determinadas garantías constitucionales, la suspensión de libertades civiles, el establecimiento de tribunales militares secretos para juzgar actos y personas supuestamente terroristas[7] y de cortes marciales itinerantes (sobre todo en Pakistán y Afganistán) sin las garantías procesales del sistema judicial norteamericano, que podían dictar penas de muerte, o la llamada Operación TIPS (Sistema de Prevención e Información contra el Terrorismo), que consistiría en convertir a millones de trabajadores en confidentes del Gobierno… iniciativas, algunas, seguidas también por Tony Blair, que propuso la detención indefinida para los sospechosos de terrorismo y la suspensión del artículo 5º de la Convención Europea de Derechos Humanos que garantiza el derecho a la libertad y prohíbe la detención sin proceso judicial. Las medidas del presidente Bush fueron respaldadas por sesenta intelectuales cercanos al Gobierno (Huntington, Fukuyama, Moyniham, Michael Walzer…) que redactaron el manifiesto “La carta a América. Razones de un combate”, impulsada por el Instituto de los Valores Americanos, en la que justificaban la intervención norteamericana en Afganistán, citando a San Agustín y su concepto de “guerra justa”. Otros intelectuales, como Noam Chomsky, Edward Saïd, Martin Luther King III, Jeremy Pikser y el actor Ed Asier firmaban otro manifiesto en el que denunciaban la “guerra sin límites” declarada por George Bush.

Claro que la censura total es la que el régimen talibán imponía a la población de Afganistán, país en el que estaban prohibidos el cine y la televisión, como expresión de su iconoclastia (hay que recordar la destrucción de las estatuas de los Buda de Bamiyán unos meses antes de los atentados de Nueva York y Washington), así como los dibujos y fotografías, además de no poderse escuchar ningún tipo de música. Aunque esta iconoclastia no parece estar en concordancia con los objetivos de Bin Laden, a estas alturas convertido ya en uno de los líderes mediáticos cuya imagen ha sido más difundida (desde Nasser no se habían visto tantas manifestaciones con retratos de un líder árabe), ni con las imágenes y fotografías de los efectos de los bombardeos sobre la población civil, que los talibanes mostraban a los reporteros occidentales en expediciones organizadas por el régimen. Sólo se permitía la escucha de una emisora de radio, que emitía las 24 horas del día las consignas del régimen talibán, que tenían, además, una elevada audiencia[8]. La gran diferencia entre los regímenes dictatoriales y los democráticos, incluso durante las grandes crisis, es la existencia o no de una opinión pública libre y crítica.

Para los periodistas occidentales que cubrieron el conflicto de Afganistán no fue nada fácil. Todos fueron víctimas de la intransigencia de los talibanes, cuando no de su violencia. Nick Robertson, el corresponsal de la CNN en Kabul, personificó una de las primeras. El régimen talibán lo expulsó de Afganistán una semana después de los atentados. A él le seguirían todos los corresponsales de los medios de comunicación occidentales. La periodista Ivonne Ridley, del Sunday Express, fue detenida por entrar en el país sin visado y oculta en un burka, acusada de espionaje y liberada tras 11 días de un cautiverio que ella misma relató para su periódico (dos periodistas franceses, Olivier Ravenello y Jerôme Marcantetti, de LCI, que fueron encarcelados durante tres días a comienzos de octubre de 2001 por una de las tribus pakistaníes, decidieron guardar silencio sobre este incidente para evitar problemas). Peor suerte tuvo el periodista francés de Paris Match, Michel Peyrard, detenido con otros dos  profesionales paquistaníes que le servían de guía (uno de ellos, Mukkaram Kham, de Nawa-i-Waqt, y el otro Irfan Qureshi) en la localidad afgana de Ghosta, a 35 kilómetros de Jalalabad, disfrazado también con un burka, acusado de espionaje y expuesto a la multitud enfurecida en Jalalabad, que incluso intentó lapidarlo. Peyrard tiene una larga trayectoria profesional en la cobertura de conflictos, desde Nicaragua a Rumanía, de Kosovo a Chechenia, de Bosnia al Golfo Pérsico. Estuvo casi un mes en poder de los talibán, que lo liberaron gracias a las presiones occidentales (en España, el diario La Vanguardia recogió su odisea, que el periodista relató para Paris Match). Mukkaram Khan y Quereshi fueron liberados más tarde, mientras el japonés Daigen Yanagida permaneció como prisionero de los talibanes durante semanas. Otro periodista francés, del Figaro Magazine, Aziz Zemuri, que había entrado en Afganistán con pasaporte argelino, fue también detenido. No era extraño que el régimen talibán desconfiara de los profesionales de la información, cuando ellos mismos habían utilizado a dos falsos periodistas de televisión para asesinar al líder de la opositora Alianza del Norte, Ahmed Shah Masud, haciendo explosionar la cámara con la que fingían entrevistarle, dos días antes del 11 de septiembre[9].

Pero lo peor aún estaba por llegar. Las primeras víctimas mortales entre los profesionales de la información que cubrían el conflicto de Afganistán fueron dos periodistas franceses, Johanne Sutton, de Radio Francia Internacional, Pierre Billau, de la RTL, y el alemán Volker Handloik, de la revista Stern. Fueron víctimas de una emboscada en Dashti Jala el 11 de noviembre, cuando viajaban con la Alianza del Norte hacia Toloqán, aunque la CNN informó que fueron fusilados por los talibanes. Pocos días después la tragedia alcanzaba al periodismo español con la muerte del enviado especial de El Mundo, Julio Fuentes, junto a otros tres periodistas: la italiana del Corriere della Sera Maria Grazia Cutuli, el cámara australiano Harry Burton y el fotógrafo afgano Azizullah Haidari, estos últimos de la Agencia Reuters. Al parecer las circunstancias de su muerte fueron similares a las de los tres anteriores. No serían las últimas víctimas. Pocos días después era el cámara sueco Ulf  Stroemberg quien caía abatido en Afganistán, mientras Ken Hetchman, del canadiense Montreal Mirror era secuestrado el 27 de noviembre en Spin Boldak por los talibanes, que lo utilizaron como escudo humano en su huida a Kandahar. En enero de 2002 era secuestrado el periodista de The Wall Street Journal Daniel Peral, asesinado después de un mes de cautiverio. Su muerte se grabó en un video posteriormente enviado a la embajada de Estados Unidos en Islamabad, en el que se podía ver cómo era degollado con un cuchillo y su cabeza separada del cuerpo[10], un método que posteriormente se utilizaría con frecuencia por los grupos terroristas. Algunas fotografías de este crimen fueron publicadas por el Boston Phoenix, que rompió  un pacto establecido por los periódicos y revistas de no hacer públicas estas instantáneas. Su cadáver no fue encontrado hasta el mes de mayo de 2002.


[1] En diciembre de 2001 el FBI apuntaba a una campaña de las compañías farmacéuticas que desarrollaban vacunas contra el ántrax y a empresas dedicadas a la desinfección de lugares contaminados con bacterias nocivas y descartaba ya las hipótesis que sostenían una relación con  los acontecimientos del 11-S. En febrero de 2002 el mismo FBI señalaba la posibilidad de que la difusión de ántrax fuese responsabilidad de un científico norteamericano, un nuevo ‘Unabomber’ (el profesor Theodore Kaczynski, que durante 18 años, desde su cabaña de Montana envió paquetes-bomba a distintas personas e instituciones causando tres muertos). Más tarde, esporas de ántrax fueron descubiertas en un laboratorio militar de Fort Detrick, en Maryland. En junio de ese año, la doctora Barbara Rosenberg, directora del grupo de trabajo sobre armas biológicas de la Federación de Científicos Americanos, aseguraba que el FBI conocía la identidad del autor de los atentados con ántrax, pero que no lo había detenido porque “sabía demasiado”. La doctora apuntaba a un norteamericano de mediana edad, con el grado de doctor, experiencia en el manejo de agentes biológicos peligrosos y relacionado con el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos (USAMRIID). Finalmente, el FBI dirigió sus acusaciones contra Steven J. Hatfill, un científico ligado a la CIA y al Pentágono, que en los años setenta había sido acusado de haber causado el mayor brote de ántrax entre 10.000 campesinos negros de Rhodesia (hoy Zimbabe). Hatfill negó su implicación en el asunto y acusó al FBI de buscar en él un chivo expiatorio. Por otra parte, la revista norteamericana Newsweek divulgó en septiembre de 2002 que en diciembre de 1983 Donald Rumsfeld fuera enviado por el presidente Reagan a Bagdad para ofrecer el apoyo de los estados Unidos en su guerra contra Irán. Este apoyo incluía armas bacteriológicas, incluido el ántrax.

[2] Fundada en febrero de 1942 para acompañar las acciones de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Voice of America depende del Departamento de Estado y tiene su sede principal en la base del Capitolio. Se financia con más de 130 millones de dólares de los fondos federales.

[3] Es también curioso el caso del comentarista experto en cuestiones militares de esta misma cadena, Joseph A. Cafasso, un personaje que se hizo pasar por coronel en la reserva de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, ex combatiente en Vietnam y miembro de la misión que intentó el rescate de los rehenes norteamericanos en la embajada de los Estados Unidos en Irán durante la revolución jomeinista. Él mismo diseñaba los mapas sobre los que hacía sus comentarios. Pero todo este pasado resultó ser falso: ni era lo que decía ni había participado en Vietnam ni en Irán. Pese a todo, la Fox tardó en despedirlo y no lo hizo hasta abril de 2002.

[4] La competencia entre las cadenas de televisión norteamericanas, que conoció una tregua inédita durante los atentados a las Torres Gemelas, en que llegaron a intercambiarse gratuitamente imágenes y videos, se trasladó al frente de Afganistán, a donde fueron enviados algunos de sus mejores profesionales.. Steve Harrigan llevaba diez años como corresponsal de la CNN en Moscú cuando su empresa lo envió con las tropas de la Alianza del Norte en Afganistán. El 30 de septiembre se despidió de sus jefes al tiempo que enviaba su último reportaje para su cadena. Al día siguiente comenzó a trabajar para Fox News, que llevaba así su pequeña venganza  unas semanas después de que la CNN le arrebatara a su presentadora estrella Paula Zahn. En enero de 2002 la Fox había superado la audiencia de la CNN y su show más visto, el de Hill O’Reilly había sustituido al programa de Larry King en las preferencias de los norteamericanos.

[5] Sin embargo, en las televisiones europeas se echó en falta la emisión de programas de debate, como se había hecho en otros conflictos, como la Guerra del Golfo. Tal vez las televisiones temían que se repitieran situaciones como la del espacio “Question Time”, emitido apenas 48 horas después del atentado a las Torres Gemelas, donde parte del público presente en el estudio mostró su hostilidad hacia los Estados Unidos, a quien responsabilizaban en parte de lo sucedido. El antiguo embajador norteamericano en Londres, Philip Lader, presente en los estudios de la BBC, no pudo contener las lágrimas. Por primera vez, un director general de la cadena pública británica, entonces Greg Dyke, se vio obligado a pedir disculpas públicamente.

[6] La escritora Susasn Sontag interpretaba que el verdadero fin de estos bombardeos era su alta eficacia sicoterapéutica para los norteamericanos

[7] La Patriot Act del 26-10-01 permitía al ministro de Justicia John Ashcroft detener y encarcelar por tiempo indefinido a cualquier sospechoso sin que pudiera recurrir a la asistencia de un abogado. Esta medida permitió la detención de numerosas personas de origen árabe o musulmanes. La juez de Nueva York Shira Scheindlin dictaminó inconstitucionales estas detenciones.

[8] La penetración de la radio en los países árabes decidió a los Estados Unidos a concebir durante el conflicto afgano un gigantesco plan de emisiones en estos países a través de millonarias financiaciones en Westwood One, la mayor cadena radiofónica estadounidense, de propiedad privada.

[9] La periodista de origen español Maria Rose Armesto, reportera de la televisión privada belga RTL-TV publicó el testimonio de la esposa de uno de los asesinos de Masud (“Son mari a tué Massoud”. Ed. Balland).

[10] Este video circuló por internet en los sitios http://www.ogrish.com y www.prohoster.com, lugares de la red que se dedican a mostrar imágenes de hechos violentos..

“Las riberas del mar océano” censurada en TVE por el Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino


Las riberas del mar oceáno era uno de esos grandes documentales seña de identidad de TVE. Hoy El País informa que el Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino, que invirtió 1,2 millones en la serie veta su emisión. Y el Ministerio lo confirma. Este el vídeo de la polémica, publicado también por El País.

En realidad el organismo que financió y el que veta no es el mismo. El que pagó era el Ministerio de Medio Ambiente dirigido por Cristina Narbona y el que censura es el Ministerio de Agricultura y Pesca que absorbió al anterior. Que la discrepancia fundamental resida en querer eliminar la denuncia de la corrupción indica bien cual es la actitud del nuevo ministerio.

Desde el punto de vista informativo, lo significativo es que el que paga manda. La financiación externa institucional ha venido siendo desde hace muchos años una forma de financiación pública encubierta de proyectos de calidad. TVE conseguía financiación, se realizaba un proyecto de prestigio, se daba satisfacción a un organismo oficial… y luego la serie se emitía en La Dos a una hora imposible.

Que yo tenga noticias está colaboración institucional no dio lugar a problemas sobre los contenidos, o por lo menos éstos no trascendieron. Pero lo que demuestra este caso es que TVE pliega la independencia que la ley le exige ante sus financiadores institucionales. Quien paga parece tener la última palabra sobre el contenido.

Habría que conocer los términos de los convenios firmados, pero la práctica parece demostrar que el financiador tiene unas competencias sobre el producto final incompatibles con la independencia de la radiotelevisión pública. Una vez más se demuestra que la independencia editorial se basa en la independencia económica.

Julio de Benito fue el director e inspirador de la serie. Julio nos dejó hace unos meses. Valga esta entrada como homenaje a su persona y a su coraje.

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