El laberinto de la gobernanza de RTVE


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El año termina en RTVE sin una perspectiva clara de la renovación de los órganos de gobierno, imprescindibles para su regeneración democrática. Los partidos deben establecer un procedimiento rápido y transparente que garantice la selección de profesionales competentes y erradique para siempre las cuotas partidarias.

Los últimos 5 años puede que hayan sido los más aciagos de la historia de RTVE. El gobierno del PP derogó por Decreto-Ley la independencia institucional que es condición mínima para que la radiotelevisión estatal cumpla su función pública.

Y a partir de ahí, con la designación por el Gobierno del presidente y los consejeros, manipulación, pérdida absoluta de la credibilidad y de la condición de referencia informativa, caída de las audiencias y gestión a la deriva, sin afrontar los retos que el nuevo ecosistema comunicativo plantea, hasta un punto donde la misma pervivencia de RTVE está en cuestión.

Dos han sido las respuestas jurídicas, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 50 diputados y senadores socialistas, que acaba de estimarse parcialmente por el Tribunal Constitucional, y la Ley 5/2017, para recuperar la independencia de RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos.

La mala técnica jurídica de la nueva ley, la renuencia de los dos grupos parlamentarios mayoritarios a desarrollar por concurso público el nombramiento de consejeros y presidente, y la derogación parcial por el Tribunal Constitucional del R.D-L. 15/2012, llevan a todo tipo de interpretaciones teóricas y a una paralización práctica del proceso de renovación.

Escaso impacto práctico de la sentencia del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constituciona declara inconstitucionales y nulas disposiciones del Decreto-Ley sobre la composición del consejo que ya no estaban en vigor, por haber sido modificadas por la Ley 5/2017, de modo que el bloque normativo aplicable es la Ley 17/2006, con las modificaciones realizadas por la Ley 5/2017.

No es que la sentencia carezca de transcendencia jurídica. El TC no examina la constitucionalidad de todo el Decreto-Ley,  porque los argumentos de los recurrentes se centraban solo en los preceptos sobre la composición y el modo de elección de consejeros y presidente. Otros preceptos del D-L., como el  ap. 7 y 8, que modifican el régimen de incompatibilidades y retribuciones de los consejeros y el presidente, no son sometidos a examen por el TC y siguen en vigor.

Constata el TC que estas normas han sido derogadas por la Ley 5/2017 y, por tanto, siguiendo su doctrina, no juzga si su contenido es conforme a la Constitución. Pero si aplica el examen de constitucionalidad al procedimiento de modificación, esto es, a si el Decreto-Ley es herramienta legítima para modificar esas normas.

El Tribunal entiende que no se da la la extraordinaria y urgente necesidad, supuesto habilitante que el art. 81.6 de la CE exige al Decreto-Ley, para cambiar la composición del consejo, reduciendo los consejeros de 12 a 9 y eliminado a los consejeros propuestos por los sindicatos. En cambio, sí admite que este presupuesto se de respecto del cambio del método de elección, en cuanto permitiendo la elección en segunda votación por mayoría absoluta del presidente se podía resolver el bloqueo que ponía en riesgo el funcionamiento normal de RTVE.

De modo que aunque la sentencia hubiera llegado en un tiempo razonable, y no cuando los preceptos impugnados ya no están en vigor, no hubiera impedido el nombramiento por la mayoría absoluta parlamentaria, en la práctica un nombramiento gubernamental. Pero sí habría cambiado la composición del consejo, que hubiera sido más plural, con la presencia de los consejeros propuestos por los sindicatos mayoritarios, y que hubiera podido someter al presidente a un control más eficaz.

Deja la sentencia otras dos consideraciones que pueden tener una cierta trascendencia en el futuro. Puesto que un Decreto-Ley no puede modificar una institución esencial del Estado, el Tribunal, aunque recuerda su función vital para la vida democrática, declara que RTVE no es una de las instituciones básicas de nuestra Constitución, porque esta no se refiere a ella expresamente. Y finalmente, que el modo de elección de sus órganos con mayor o menor consenso, no menosca el control parlamentario que establece el art. 20.3 CE.

Composición y modo de elección del Consejo de Administración y el Presidente

Resultan aplicables la Ley 17/2006, el R.D-L. en lo no derogado por la Ley 5/2017 y las disposiciones de esta última (ver el texto consolidado de la ley 17/2006):

  • El Consejo de Administración estará formado por 10 miembros, con suficiente cualificación y experiencia profesional, con presencia equilibrada de hombres y mujeres (art. 10.1).
  • La cualifiación y experiencia se concretan en la exigencia de personas de formación superior y reconocida competencia, que hayan desempeñado al menos durante 5 años funciones de administración, alta dirección, control o asesoramiento en entidades públicas o privadas, o relevantes méritos en el ámbito de la comunicación, experiencia profesional, docente o investigadora.
  • Serán elegidos 6 por el Congreso y 4 por el Senado (art. 11.1).
  • Comparecerán en audiencia pública en el Congreso y el Senado para que las cámara se informen de su idoneidad (art. 11.3). Nada se establece sobre quién puede proponer a los candidatos.
  • Serán elegidos por mayoría de 2/3 en cada cámara (art. 11.3). No se establece un procedimiento alternativo para el caso en que no se alcance esta mayoría.
  • El Congreso designará también por mayoría de 2/3 de entre los 10 consejeros al Presidente.
  • El mandato de los consejeros será por 6 años no renovables, renovándose por mitades cada tres años (art. 12).
  • El Presidente será retibuido conforme al régimen de los máximos responsables del sector público empresarial. En cambio, los consejeros solo recibirán indemnizaciones por asistencia a las sesiones (art. 15.4), lo que significan que no tienen el régimen de dedicación exclusiva que establecía la Ley 17/2006.

Para la primera elección se estable un régimen transitorio, la mayor parte de cuyas disposiciones podrían tener validez con caracter general y no para la primera renovación después de la reforma.

  • Si no se alcanza la mayoría de 2/3 en segunda votación bastará la mayoría abosluta, siempre que el candidato haya sido propuesto por la mitad de los grupos parlamentarios de la Cámara.
  • Elección por concurso público de los consejero y el presidente, conforme a un reglamento aprobado por las Cortes Generales en el plazo de tres meses, con la participación de un comité de expertos nombrados por los grupos parlamentarios, comité que emitirá informes de evaluación que elevará a la comisión parlamentaria competente para la audiencia de los candidatos.
  • En tanto se apruebe ese reglamento, la elección se llevaría a cabo conforme al procedimiento vigente.

Bloqueo de la regeneración democrática de RTVE

El caso es que ese plazo de tres meses se cumple el 31 de diciembre. ¿Cómo es posible que los grupos parlamentarios no hayan encontrado ni siquiera tiempo para reunirse hasta elm 14 de diciembre?. Claramente, ni PSOE, que no es partidario del concurso público, ni el PP, que resiste numantinamente, tienen interés. Quizá por eso se añadió esa salvaguardia de volver al procedimiento vigente.

Según los letrados del Congreso, el plazo no es preclusivo, por lo que no pasaría nada si este reglamento se aprobará, por ejemplo, el 20 de enero. De hecho, Ciudadanos ha hecho una propuesta. Pero dicen los letrado que, de no aprobarse, el “procedimiento vigente” sería el de mayoría absoluta en segunda votación (el del R.D-L), que es la apuesta del PP. No parece que aunque no se haya desarrollado el régimen transitorio se deje sin aplicar un aspecto sustancial del mismo claramente formulado, como es el de 2/3 en primera votación y mayoría absoluta y la mitad de los grupos parlamentarios en segunda, que es la apuesta del PSOE. Ciudadanos y Podemos apuestan por el concurso público.

Lo importante es la competencia de los candidatos y la transparencia del proceso

Como ya he razonado anteriormente, el concurso tiene sentido para elegir un Director General Ejecutivo, no para elegir a los miembros de un órgano que marca las directrices y controla la gestión, pero no es un órgano ejecutivo. Sí tiene sentido elegir al Presidente por concurso y exigirle un plan estratégico, en cuanto que máximo ejecutivo, pero con tal procedimiento el Presidente será muy poco controlable por reunir tanto el consenso parlamentario como un plan estratégico aprobado. Desde luego, no se puede exigir a unos candidatos a consejeros no retribuidos y sin dedicación exclusiva que presenten un plan estratégico.

En consecuencia, el reglamento de elección (¡que solo está previsto para la primera renovación!) podría basarse en estos principios:

  • Proponen a los consejeros sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones de utilidad pública u organizaciones profesionales del mundo de la comunicación.
  • Un comité de expertos formados por dos profesionales designados por cada grupo parlamentario evalúa la competencia de los candidatos.
  • Los consejeros son designados con las mayorías parlamentarias de la Ley 5/2017, previa examen en audiencia pública.
  • Los consejeros se podrán postular para presidente, presentado un plan estratégico. Los candidatos y sus planes serán evaluados por el comité de expertos y elegido por el Congreso por mayoría de 2/3 y previo examen en audiencia pública.

 

 

 

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El consenso parlamentario no es suficiente para regenerar RTVE


lazo-naranja-d1El Congreso de los Diputados se dispone a revisar la reforma del PP, que en 2012 entregó el gobierno de RTVE a la mayoría parlamentaria, o lo que es lo mismo al ejecutivo del Partido Popular, y que ha propiciado los niveles más bajos de credibilidad y relevancia de la rtv pública en toda su historia.

Todo indica que esta misma mañana se admitirá a trámite una proposición de ley del PSOE que básicamente pretende reinstaurar el sistema de la ley 17/2006: mayoría parlamentaria de 2/3 para elegir a los consejeros, dos consejeros elegidos a propuesta de los dos sindicatos más representativos y elección parlamentaria del presidente, también con mayoría parlamentaria cualificada de 2/3.

Como toda proposición de ley, esta estará sometida a una tramitación parlamentaria que puede modificar sustancialmente su contenido. No es el procedimiento más adecuado para afrontar la profunda reforma que requiere RTVE, pero sí puede ser una oportunidad para ir más allá de un retorno al pasado y en su lugar establecer un conjunto de medidas urgentes para detener el deterioro del servicio público.

Volver a las mayorías parlamentarias cualificadas es, desde luego, infinitamente mejor que el régimen actual, en el que el gobierno puede nombrar al consejo y al presidente de la Corporación. Además, en el momento presente cuatro consejeros se mantienen en funciones cuatro años después de haber terminado su mandato, en una situación legal cuando menos cuestionable. Y, en fin, todo lo que conduzca a la renovación de la dirección más nefasta de la historia de RTVE es un paso positivo.

El funcionamiento del sistema entre 2006 y 2012 garantizó una razonable independencia informativa, pero no dejó de presentar problemas, como la relación entre los consejeros y los grupos parlamentarios o sindicatos proponentes y, sobre todo, el poder del presidente sobre el Consejo, que desnaturaliza la función de control que este debe ejercer sobre aquel. Por no mencionar la falta de acuerdo para sustituir al dimitido Alberto Oliart, que fue alegada por el PP para cambiar el sistema de nombramiento.

La plataforma de académicos y profesionales Teledetodos propuso el pasado año un conjunto de medidas legislativas urgentes para propiciar la salvación del servicio público y abrir un proceso de reforma en profundidad. La proposición de ley socialista y el debate que se adivina tienen un planteamiento mucho más limitado, pero al menos debieran de añadir algunos mecanismos de garantía para no recaer en el reparto de cromos parlamentario:

  1. Reforzar los requisitos de profesionalidad, independencia y trayectoria de servicio público de los consejeros. Profesionalidad contrastada en al menos cinco años de trabajo en el sector de la comunicación, la universidad o de la alta gestión. Independencia, excluyendo a cualquier comunicador que haya ejercido profesionalmente el gabinetes de de los partidos. Trayectoria de servicio público, dando prioridad a aquellos profesionales que hayan desarrollado su carrera preferentemente en el sector público.
  2. Reforzar los mecanismos de escrutinio ante las cámaras. Que las audiencias no sean un mero trámite porque los candidatos ya se han repartido previamente, tanto para ti, tantos para mi.
  3. Establecer mecanismos de desbloqueo. Teledetodos propone que si en un mes cada uno de los candidatos no obtienes los 2/3, puedan ser ratificados por la mitad más uno de los grupos parlamentarios de la cámara respectiva.
  4. Transferir las competencias ejecutivas del Presidente (reguladas en los arts. 17 a 20 de la L. 17/2006) a un Director General, que sería elegido por el Consejo de Administración por concurso público.

¿Por qué un director general ejecutivo? Para separar la gestión de la orientación y control que son las funciones del Consejo de Administración. Al ser el Presidente elegido directamente por las cámaras es al mismo tiempo máximo responsable de la gestión y presidente del órgano que debe controlarle y además se conviere en la práctica en el jefe natural de los consejeros que expresan un determinado consenso parlamentario. Consecuencias de todo ello es un consejo débil que se implica en la gestión más de lo que debiera en lugar de controlarla.

Ese director ejecutivo es el que tiene que ser elegido por concurso público, en el que se valoraría la trayectoria profesional de más de 10 años y  un plan estratégico propuesto. No tiene sentido elegir a los consejeros por concurso, pues no son los gestores.

Estas medidas mínimas podrían ser perfectamente incorporadas a la reforma que se va a tramitar. Pero una regeneración en profundidad (como propuso Teledetodos en 2015) debe basarse en:

  • Recuperar la credibilidad informativa, garantizando la independencia jurídica, reforzando los órganos de pluralismo interno (como los consejos de informativos) y haciendo efectiva una carrera profesional.
  • Lograr una gestión independiente, profesional y transparente, desligando, como se ha dicho, los órganos de control y gestión y sacando a concurso público la figura de una nuevo director general ejecutivo.
  • Fomentar la participación social, haciendo presente la diversidad social en la programación, haciendo efectivo el derecho de acceso, reforzando la Defensoría de la Audiencia, creando organismos de participación social y mecanismo de participación interactiva y abriendo hueco en los programas a las creaciones de la ciudadanía.
  • Realizar la conversión  en un servicio público multimedia, ofreciendo contenidos interactivos de calidad en todo tipo de plataformas, en cualquier lugar y en cualquier momento.
  • Convertirse en el nodo central de instituciones dedicadas a la cultura y el fomento de la comunicación pública, incluyendo en esta red a organismos latinoamericanos.
  • Lograr una financiación pública suficiente y estable que cubra el coste neto del servicio público.

 

 

 

El rescate ciudadano de RTVE


Concierto reivindicativo Orquesta y Coro RTVE – 09-06-13

Una pequeña marea naranja llegó ayer a las orillas de la Plaza de Oriente de Madrid. A decir verdad, no eran demasiado numerosas las gorras y camisetas naranjas (el color corporativo de RTVE) entre los asistentes (¿5.000, 10.000?) al concierto de la Orquesta y Coro de RTVE, en defensa de una radiotelevisión pública de calidad y en contra de la decisión de la Dirección, que quiere convertir a músicos y cantantes en fijos discontinuos y cerrar la orquesta entre junio y octubre. (Audio completo del concierto)

Los trabajadores de RTVE quieren sumar el naranja a las marea de color que luchan por los servicios públicos. Estas mareas, principalmente la verde de la educación y la blanca de sanidad se basan en el poder movilizador de los propios trabajadores del sector y la adhesión de todo tipo de asociaciones y particulares. De una manera u otra todos somos usuarios de la sanidad o la educación y la ciudadanía consciente apoya la lucha de estos trabajadores públicos porque sabe que en estos servicios se juega su bienestar y sus derechos.

No existe, desde luego, esa conciencia de servicio esencial respecto a la radio y la televisión. Décadas de campaña de los medios privados contra la radiotelevisión pública, junto a los abusos y manipulaciones de sucesivas direcciones, han convencido a muchos ciudadanos, y más en época de recortes de servicios esenciales, que la radiotelevisión pública no es más que un coto del gobierno que estaría bien que desapareciera de una vez por todas.

Por eso son importantes iniciativas como ese concierto en la calle, haciendo visible una de las dimensiones del servicio público, la cultural, y buscando la alianza con otros sectores, como, en el caso de la Orquesta, los músicos y artistas. La Plataforma para la Defensa de la Radiotelevisión Pública (por cierto, su página web parece haber caducado) está haciendo un gran trabajo, pero parece que ya no son suficientes las acciones defensivas.

Lo que propongo es un rescate ciudadano de RTVE. ¿Cómo? Apoyando, vigilando y denunciando, pero, sobre todo, consumiendo los contenidos de TVE Y RNE.

Apoyo al servicio público

Con la adhesión  a las distintas iniciativas, como el Manifiesto en Defensa  de Radiotelevisión Pública (no accesible en este momento) o los mensajes de apoyo a la Orquesta y Coro. En este momento, el poder de presión de estas iniciativas es limitado -¡los poderes están vacunados contra las firmas reivindicativas!- pero sigue siendo importante como modo de crear conciencia, de reafirmación de la dignidad y como apoyo psicológico a los trabajadores.

Vigilancia y denuncia

Otra manera de rescatar RTVE es no dejar pasar una información mal hecha o manipulada. En algunos casos recientes, como el consuelo que a los parados aporta el rezar, han sido las redes sociales las que han encendido la luz roja. El control social hace cada vez más contraproducente cualquier manipulación, pero lo que propongo es que esas quejas lleguen al órgano institucional de RTVE, que es la Defensora de la Audiencia. Aquí dejo en enlace a su formulario de quejas. Puesto que todas estas quejas quedan registradas y deben ser respondidas, lla dirección no podrían seguir escudándose en una supuesta información “objetiva”.

Apropiación social de RTVE

La mejor manera de hacer nuestra la radiotelevisión pública es disfrutar de sus contenidos.

RTVE es mucho más que el prime time de La Una. Ese segmento nocturno tiene que tener espacios con tirón popular, pero con un factor diferencial con respecto a las privadas. Por citar ejemplos presentes, no creo que Master Chef tenga ese factor diferencial (si lo tenía por comparar con otro reality El Coro de la Cárcel) ni tampoco Águila Roja, pero sí, desde luego, Carta a Eva.

Más allá de ese prime time por el que a menudo se juzga a TVE (el éxito de audiencia sería de nuevo el único criterio de valoración si regresa la publicidad, como un sector del gobierno quiere), TVE y RNE ofrece en sus canales y emisoras una variedad de programas y programaciones capaces de satisfacer las necesidades de información y cultura de amplios sectores sociales. ¿Producirán acaso las radios o televisiones comerciales canales como el Canal 24 Horas, Radio5 Información, Radio 3, Radio Clásica o incluso Teledeporte o Clan? Y, con todas sus deficiencias, algún grupo de comunicación, da una cobertura de información local como RTVE?

El único argumento frente a los que pretenden destruir ese patrimonio en nombre de la rentabilidad económica es hacer evidente la rentabilidad social con datos de audiencias y visitas. Las producciones más interesantes muchas veces se programan a horas imposibles. Pero ahí está RTVE a la Carta y los podcasts de RNE para disfrutar de estos contenidos.

Algunas sugerencias:

Conversatorios en Casa de América TVE

Noticias culturales iberoamericanas

En Portada TVE

Crónicas TVE

Repor TVE

Documentos RNE

Nómadas RNE

Cinco Continentes RNE

Como se puede ver mi lista tiene mucho que ver con la información internacional y el reportaje, pero ¿qué programa o contenido de RNE o TVE recomendarías tú?

Recatemos entre todos RTVE.

 

Julio Somoano no es idóneo para dirigir los Servicios Informativos de TVE


El Consejo de Informativos de TVE ha considerado que Julio Somoano no es idóneo para dirigir los Servicios Informativos. Aunque de acuerdo con el art. 52 del Estatuto de Información de RTVE esta opinión no es vinculante, el Presidente de la Corporación, González Echenique debiera tomarla en cuenta y proceder a proponer a otro profesional con más acreditadas credenciales de independencia.

PROCESO Y REFERENDUM

El Estatuto de Informativos de RTVE (que tiene su causa en la Ley 17/2006, constituye un pacto entre RTVE y sus informadores y es una norma interna de la Corporación) establece que el Director de la Sociedad (en este caso lo ha hecho el Consejo de Administración) comunique al respectivo Consejo de Informativos la propuesta de Director de los Servicios Informativos. El Consejo de Informativos tiene que dar un informe no vinculante, para lo cual en el plazo de una semana puede convocar un referendum entre los profesionales de la información.El propuesto puede hacer pública una declaración con las líneas informativas y organizativas de su proyecto.

Ha sido la primera ocasión en que estas normas se han aplicado. Tiene razón el Consejo de Informativos al considerar el proceso histórico, pero la participación en el referendum ha sido decepcionante: no han llegado a un 30% los que han votado y de los que lo han hecho casi un 21 han votado en blanco.

Dos razones evidentes pueden ser el desinterés y el miedo. Miedo a que la Dirección pueda acceder al registro de votos emitidos mediante una aplicación en la intranet de RTVE. Quizá para otra ocasión el Consejo de Informativos debiera de dar garantías explícitas del cáracter secreto del voto*. El desinterés puede tener distintas causas: falta de compromiso ante una votación no vinculante; pasotismo porque “todos son iguales”. Hay un hecho sobre el deber reflexionarse. Los llamados a votar eran los reconocidos como profesionales de la información, es decir, aquellos trabajadores de los Servicios Informativos cuya labor redunda en los contenidos informativos. Quizá el censo pudiera incluir a profesionales no comprometidos con el proceso informativo.

En cualquier caso hay que reconocerlo: la baja participación ha debilitado este proceso de control interno. Un mal resultado que no augura nada bueno para el futuro de una Redacción temerosa o indiferentes de su independencia.

FALTA DE IDONEIDAD DE SOMOANO

El Director de los Servicios Informativos debe ser un profesional reconocido prestigio, experiencia periodística acreditada y conocimiento del medio. (art. 35 del Estatuto). Y, además de facilitar a la sociedad una información de relevancia pública con veracidad, objetividad, imparcialidad y respetuoso de los principios deontológicos, debe defender la indepencia de los profesionales (art 37). En resumen, debe ser un informador cualificado, con una trayectoria de independencia y servicio público.

Somoano tienen una cualificacion suficiente, pero, desde luego, no puede decirse que sea un profesional de reconocido prestigio, sino por el contrario presenta una trayectoria controvertida.

Su relación con RTVE ha sido polémica. Se presenta a unas oposiciones a redactor de Radio Exterior que requerían bilingüismo en inglés. Las gana y se cuestiona que sea bilingüe, pero no ocupa la plaza y con sólo 26 años y ninguna experiencia es nombrado editor de España a las ocho, el informativo estrella de la cadena, que dirige durante dos años. Pide la excedencia, y vulnerando sus condiciones que exigen no trabajar para otra radio o televisión, pasa a presentar un informativo en Telemadrid. (CCOO ha recuperado las denuncias de aquella época).

Vinculación con el PP. Se ha citado mucho estos días un trabajo académico en el que se diseñaba una campaña de comunicación para que el PP ganara las elecciones de 2008. El autor ha dicho que lo mismo podría haberla hecho de ERC ¡Pero la hizo “para” el PP! En el trabajo hay consideraciones inquietantes sobre la necesidad de inyectar ideología en las series de ficción. Ha sido, además, una de las figuras destacadas de la etapa más negra y sectaria de los informativos de Telemadrid manejado por un grupo que se autodenomina “el lado oscuro”. Y para colmo, a estas alturas todavía no sabe queienes fueron los autores de los atentados del 11-M.

Renuncia a la declaración de líneas informativas y organizativas. El Estatuto de Información deja en manos del propuesto hacer esta declaración, pero está claro que no hacerla es una declaración implícita: “soy nombrado porque tiene el poder y no tengo porque dar explicaciones a mis subordinados”.

Así lo ha entendido el 70% de los votantes en el referedum: sólo 38 profesionales han aprobado su nombramiento.

TESTS INMEDIATOS

Si G. Echenique ratifica a Somoano, habrá que estar muy atentos en las próximas semana a unas cuantas “pruebas del algodón” para saber si los informativos de TVE se convierten en un terminal de la política del PP.

Contrataciones. No es en principio cuestionable que un director de informativos pueda venir de fuera de RTVE. Incluso algún fichaje externo puede dinamizar la Redacción. Pero nunca una política de contrataciones sistemática para todos los puestos claves. Así se hizo primero en la televisión valenciana y luego en Telemadrid, y no sólo contratando responsables editoriales, sino una redacción paralela, dejando sin cometido a los anteriores informadores. En la presente situación económica un solo contrato externo ya es cuestionable.

Eufemismos. Si dejamos de oir “recortes” y en su lugar nos empachos de “reformas”; si el “rescate” ya es sólo una “línea de crédito”… será un signo claro de que la política informativa del PP está funcionando.

Ocultación de informaciones polémicas. Si no se habla de la filtración del ERE o se cantan las excelencias del copago o Eurovegas, el PP estará en acción. Es cierto que nunca los informativos de TVE se han caracterizado por una información incisiva de los casos de corrupción de los partidos, de todos los partidos, pero en la etapa anterior no ha habido ocultación.

Editor y presentador del TD2. Si Somoano, siguiendo la estela de Urdaci, presenta y dirige el TD2 será un mal síntoma. La función de director de los Servicios Informativos de TVE requiere dedicación exclusiva. Su director debe fijar las líneas informativas y controlar su cumplimiento, pero no hacer información, pues, sin ningún control superior corre el riesgo de supeditar el telediario a sus opiniones o lucimiento.

MORALEJA FINAL: “Y vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos” (o indiferentes)

*RECTIFICACIÓN. El Consejo de Informativos me indica que si se dieron esas garantías. Se utilizaron dos bases de datos no conectadas e imposibles de cruzar, una con el censo y otra con los votos, sin que nadie de Recursos Humanos tuviera acceso a los datos. Por tanto, puesto que estas garantías eran conocidas por los votantes, o los profesionales temen las facultades de adivinación del director propuesto o, simplemente, pasan.

La credibilidad y la viabilidad de RTVE y el plan Citizen


El retorno a un presidente nombrado por el gobierno (mayoría absoluta parlamentaria mediante) ha sido un duro golpe a la independencia de RTVE. En los próximos meses se juega la credibilidad y la viabilidad del servicio público estatal de la radio y la televisión.

CREDIBILIDAD

González-Echenique carece de legitimidad de origen, aunque está por ver si conquistará una legitimidad de ejercicio respetando la neutralidad informativa y desarrollando las misiones de servicio público que la Ley 17/2006 y la Ley General de la Comunicación Audiovisual atribuyen a la Corporación.

Me parece muy bien que el PSOE impugne ante el Constitucional el Decreto-Ley, pero creo que es incoherente renunciar a un consjero, mientras se mantiene otro, por muy distintos que sean sus origenes de nombramiento. Al Partido Socialista le pediría que no realizara una desligitimación de raíz de TVE y RNE, al menos hasta que veamos por donde van las cosas. Por favor, que no se juege a “cuanto peor, mejor”.

Un test para la credibilidad será el nombramiento de los directores de informativos. Primero por los nombres que se propongan. Profesionales con el perfil del nuevo director de EFE indicarían la voluntad palpable de controlar la información. En segundo lugar, no menos importante es respetar los procedimientos establecidos para estos nombramientos por el Estatuto de Informativos.

El director de la respectiva sociedad comunicará a los consejos la propuesta de nombramiento del director de los servicios informativos. Los consejos darán un informe no vinculante en el plazo de siete días y podrán previamente convocar un  referendum. El Consejo de Informativos de TVE ya ha anunciado que piensa convocar esta consulta y ha puesto en marcha una aplicación informática para su rápida realización. Si las nuevas direcciones ignoraran u obstaculiazaran estos procedimientos violarían la ley, pues el Estatuto, pacto entre el Consejo de Administración y los informadores, deriva su fuerza normativa de la Ley 17/2006.

VIABILIDAD EMPRESARIAL

El perfil de González-Echenique apunta fundamentalmente al control de las cuentas. La situación empresarial no puede ser más caótica tras el recorte de 200 m. de € que prácticamente ha supuesto suspender la producción y emitir programas de coste cero.

Para la viabilidad empresarial es decisivo resolver la financiación, formalizar un contrato programa y establecer un plan estratégico.

Si como se teme el Tribunal Europeo declara la tasa a las telecos como contraria al derecho comunitario será necesario un replanteamiento completo y no hay más que dos opciones, o aumentar la subvención presupuestaria o volver a una publicidad limitada. El contrato programa trianual (que tendría que estar en vigor desde hace cuatro años) vincula financiación y objetivos concretos de entre los establecidos por el mandato marco.

Este es el contexto general para la aplicación de un plan estratégico empresarial. En los últimos días está circulando en determinados medios (El Economista, La Gaceta) un denominado Plan Citizen, cuyos promotores aseguran “está estos días en los despachos de La Moncloa”. Se presenta como un plan realizado por un grupo de expertos independientes y lo están presentando Santiago Miralles (anteriormente vinculado a TV3 y ahora profesor de ESADE) y Miguel Ángel Morcuende (ingeniero anteriormente vinculado a TVE).

Mi comentario se basa en el “resumen ejecutivo”, pues el texto de tal informe que yo sepa no es público.

Se vende como un “plan para devolver RTVE a sus verdaderos accionistas, los ciudadanos”. Me parece que tal confesión ya implica un desenfoque. Los accionistas tienen derecho a un beneficio privado; un servicio público genera beneficio social.

Es indudable que RTVE necesita un plan empresarial basado en una gestión moderna. Nunca lo ha tenido, aunque a lo largo de los años han pasado decenas de consultoras, todas con soluciones simplistas nunca aplicadas, pese a sus suculentos honorarios.

El plan Citizen que se dice inspirado en la BBC propone un “ahorro” de un 30% en 4 años. De modo que al final del plan el presupuesto de RTVE quedaría reducido a 600 m. de €, la mitad de los 1.200 que era el techo previsto en el mandato marco. Para ello se afrontarían externalizaciones (con transferencia de personal) y desinversiones, todo ello so pretexto de centrarse en el “core” del servicio, esto es la producción de programas. La verdad no sé que más se podrán externalizar que ya no lo esté. En cuanto a medios infrautilizados lo que hay que hacer es ponerlos a producir, no venderlos.

Acierta el informe Citizen cuando propone una consideración global de los contenidos, desde los programas hasta los contenidos digitales. Pero la solución que se ofrece, entiendo que una gran redacción o fábrica audiovisual integrada, es un objetivo muy difícil y que desde luego requiere importantes inversiones de partida.

En fin, me parece una barbaridad hablar de venta del archivo. El archivo es de todos y debe estar accesible gratuitamente a los ciudadanos. Otra cosa es que se ponga fin al expolio y se cobre por su uso a empresas.

En fin, el Plan Citizen no es el Informe para Reforma.

 

Requiem por la independencia de RTVE


El viernes por la tarde participé, desde la indignación, en el debate que se suscitó en Twitter (@rafaeldiazarias) sobre el decretazo que entrega de nuevo al gobierno el control de RTVE. Ahora añado algunas breves reflexiones a la vista del Decreto Ley (pdf).

CONTROL GUBERNAMENTAL

Pasar de una mayoría cualificada de 2/3 a la mayoría absoluta parlamentaria para elegir a los consejeros y al presidente de RTVE es entregar su nombramiento al gobierno. Volvemos en la práctica (no formalmante) al sistema del Estatuto de 1980, que tan nefastos efectos tuvo tanto para el servicio público audiovisual como para el país en su conjunto.

El Decreto-mantiene la pamema de una primera votación para la que se requiere una mayoría de 2/3, que de obtenerse dará lugar a elección por mayoría absoluta en una nueva votación a celebrar en 24 horas. Hay que decir que esta mala idea ya estaba en una disposición transitoria de la Ley de 2006 (pdf), pero sólo para la primera elección. El consenso entre los dos grandes partidos hizo innecesaria su aplicación.

Los consejeros son propuestos por los grupos parlamentarios, pero con este sistema muy bien podría resultar que todos los fueran a propuesta del partido gubernamental, que (como ahora) tiene mayoría absoluta, o cuenta con algún pequeño grupo parlamentario para obtenerla.

Se mantiene el mandato de seis años, que en un sistema de consenso parlamentario es una medida que refuerza la independencia de presidente y consejeros, pero que con el nuevo sistema significa con un gobierno impone a su sucesor los órganos de administración y dirección de RTVE.

El nuevo sistema refuerza el papel del Senado, pues si antes la cámara alta elegía 4 de 12 consejeros, ahora decide sobre 4 de 9. No olvidemos que el PP siempre obtiene en el Senado una representación mayor que en el Congreso.

TODO EL PODER PARA EL PRESIDENTE

El Decreto Ley elimina la dedicación exclusiva y la remuneración de altos cargos a los consejeros de administración, manteniendo sólo la incompatibilidades del derecho mercantil y el cobreo de dietas por asistencia a los consejos. No hay que ser muy avezado para pensar que el Consejo de Administración, aunque formalmente mantenga sus importantes competencias, va a ejercer en la práctica muy poco control sobre el nuevo presidente.

Esta medida, junto con la reducción del número de consejeros, se justifica demagógicamente en la necesidad de austeridad.

Se mantienen los requisitos de cualificación y experiencia profesional y hasta la responsabilidad patrimonial, lo que resulta poco coherente con consejeros que van a dedicarse a otras actividades y que incluso podrán sumar consejos de adminstración de empresas públicas o privadas.

Roto el consenso con el PSOE ¿a quién nombrará el gobierno de Rajoy? Descartados otros nombres excesivamente sectarios, se reafirma el de Luis Blasco, de Telefónica Argentina. Un presidente del PP y de Telefónica ¿Control político para el PP? ¿Control empresarial para Telefónica?

Me ocupé en otra entrada del perfil que juzgo necesario para el presidente de la Corporación. Añadiré una reciente declaración de Lord Patten, presidente del Trust de la BBC. El Director General de la BBC debería de tener la sabiduría de Aristóteles y la fuerza del futbolista de Wayne Roonie. Pues eso…

CASTIGO A LOS SINDICATOS

El decretazo elimina que dos consejeros lo sean a propuesta de los sindicatos mayoritarios. Como premio de consolación añade un solo miembro designado p0r los sindicatos al Consejo Asesor, de muy limitadas competencias.

En la Exposición de Motivos, confundiendo los términos, se dice que los trabajadores ya están representados en el Comité de Empresa. Nada tiene que ver la representación y defensa de los derechos laborales con la gestión de la Corporación. Este origen sindical estaba destinado a aumentar el pluralismo interno de gestión, en la línea de su presencia en los consejos de administración de otras empresas públicas y apuntando tímidamente al modelo de cogestión de las empresas alemanas.

¿ES NECESARIO UN CAMBIO RADICAL DE MODELO DE GESTIÓN?

El consenso de los dos grandes partidos para la designación de los altos cargos institucionales del país se muestra imposible. Malo era el sistema de cuotas, pero peor es esta irresponsabilidad que pone en crisis todo el estado de derecho.

La solución para el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial o el Tribunal de Cuentas tiene que ser institucional y política, pero en el caso de RTVE podría ser más empresarial.

El sistema actual traslada a una empresa pública el modelo de una sociedad mercantil, eligiendo tanto al máximo ejecutivo como a su consejo de administración con criterios políticos. Una alternativa sería un presidente poderoso, con las competencias actuales y otras ejecutivas que ahora están en el consejo. Un presidente poderoso, del que dependiera la dirección y gestión. Pero un presidente profesional e independiente. Un presidente no nombrado parlamentariamente, sino por el consejo de administración, mediante un concurso público de méritos, algo que ya se está haciendo por ejemplo en instituciones como el Museo Reina Sofía.

EL DESCRÉDITO DE RTVE

El servicio público sin independencia no es nada más que un órgano de propaganda. Pero no nos adelatemos. El resto de la Ley de 2006 sigue en vigor y los consejos de informativos tienen ahora una tarea decisiva: no sólo informar el nombramiento de los nuevos directores de informativos, sino luchar día a día por la independencia.

Los recortes están ya reduciendo la audiencia. Pero hay algunos hechos significativos. Por ejemplo, las películas clásicas de los jueves están obteniendo una más que digna audiencia, venciendo a espacios de televisión basura. ¿Hay un cambio de tendencia en el público?

El actual aprecio de RTVE ha costado mucho construirlo. Les toca ahora a los profesionales defenderlo. Y al público exigírselo.

(Otras entradas en la cateogría RTVE)

No a la privatización de la televisión pública


El gobierno del PP ha filtrado a Europa Press un anteproyecto de modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual que supone un ataque directo e indirecto al servicio público audiovisual. Directo, porque permite privatizar las radiotelevisiones autonómicas. Indirecto, porque permite externalizar los informativos y elimina los objetivos de producción propia. Cuando se da una filtración como ésta se pretende medir la reacción social. Es, pues, el momento de decir muy alto NO.

RTVE: la externalización de los informativos supondría la pérdida de independencia informativa

El PP se propone dinamitar las salvaguardas al servicio público establecidas por la LGCA (pdf). Una de las más importantes, la prohibición de ceder a terceros la edición y producción de programas informativos (art. 40.1 LGCA para todas las radiotelevisiones públicas y específicamente para RTVE art. 7.5 de la Ley 17/2006, pdf).

Si los servicios informativos se ceden a terceros pierde todo sentido el servicio público. No puede haber una información independiente, neutral y al servicio de los ciudadanos, editada y producida por una empresa privada, que se debe a los intereses económicos e ideológicos de sus accionistas.

No vale decir que los programas informativos tendrán que ser elaborados siguiendo los principios editoriales establecidos por la cadena pública. La información no es un servicio que pueda someterse a unos parámetros objetivos de control, como puede ser, por ejemplo, una carretera.

Lo que hay detrás es un doble negocio, político y económico.

Se cede los informativos a una empresa políticamente afín, lo que evita al gobierno de turno los controles a los que está sometida la información en RTVE. ¿Habría consejos de informativos en esa empresas prestadoras de los programas informativos? Evidentemente, no.

Y un negocio económico, porque damos de comer a empresas afines, que nos recompesarán por una u otra vía.

Terminar con el predominio de la producción propia, un desastre económico

El mismo art. 40.1 de la LGCA ordena a las radiotelevisiones públicas que la mayor parte de sus programas sean de producción propia. Aunque inconcreta y supeditada a lo que establezcan los respectivos acuerdos marco y contratos programa, el PP quiere ahora eliminar esta otra seña de identidad del servicio público.

Justo cuando hay que someterse a una austeridad extrema,  las radiotelevisiones públicas deben concentrarse en lo esencial, la producción de programas, rentabilizando al máximo sus recursos económicos, técnicos y humanos.

Levantar esta norma significará convertir a las radiotelevisiones públicas en cascarones vacíos, en cúpulas de directivos dedicados a encargar programas a amiguetes.

Por supuesto, hay que dar espacio al talento ajeno y a los servicios muy especializados, pero las cadenas públicas y, de modo muy destacado RTVE tienen todavía un gran potencial por explotar.

La privatización explícita y encubierta del las radotelevisiones autonómicas

No es ninguna sorpresa que el PP permita a los gobierno autonómicos privatizar a las cadenas públicas regionales. Estaba en su programa. Pero en el anteproyecto filtrado hay trampa.

Los gobiernos autonómicos podrán privatizar directamente. Esto significaría sacar a concurso las frecuencias, las instalaciones y el personal de la cadena y entregárselas a una empresa privada a cambio de un precio. Solución brutal, pero al menos transparente. Los ciudadanos se quedarían sin ese servicio público, pero no seguirían pagando.

La trampa está en la posibilidad de mantener el servicio público bajo la fórmula de gestión indirecta. Esto significaría, como en el caso anterior, seleccionar a a una empresa privada para entregarle frecuencias, instalaciones y personal y, además, encomendarle la misión de servicio público.

Para que lo entiendan los no juristas, bajo este sistema de gestión indirecta del servicio público han funcionado las cadenas generalistas nacionales hasta la LGCA. ¿Dónde estaba el servicio público durante los últimos veinte años?

Como es lógico, el concesionario exigiría por desarrollar esa misión de servicio público, que consideraría muy onerosa, una contraprestación económica.

Otra posibilidad abierta son distintas fórmulas de cooperación público-privada.

¿Por qué se dejan abiertas estas puertas? Porque la privatización pura y dura es hoy inviable con la situación del mercado: crisis y oligopolio (dos grupos se reparten el 80% del mercado). Así que es muy posible que nadie acudiera a un concurso de privatización pura y dura, pero muchas empresas (¿imbricadas en los sistemas clientelares regionales?) pueden considerar rentable la gestión indirecta o la cooperación pública-privada, siempre que haya un bombeo de fondos públicos.

 

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