Salvad el concurso de RTVE


lazo-naranja-d1El mes de agosto ha sido excepcional para RTVE. La Administradora Única, elegida por el Congreso de acuerdo con el R.D.L 4/2018, ha renovado a los más significativos cargos directivos de la Corporación, con el aplauso de unos y la crítica de otros. Al mismo tiempo, el concurso público para la elección de los miembros del Consejo de Administración y el presidente sigue su tortuoso curso.

Ninguna empresa pública, ninguna autoridad independiente española, elige a sus órganos por un procedimiento de concurso público. Que lo haga RTVE es un una gran logro y, en cierta manera, un campo de experimentación.

El concurso tiene desde el principio fallos de diseño y subyace el peligro de que los partidos terminen por manipularlo, con el consiguiente desprestigio no ya solo para RTVE, sino para este tipo de procesos.

El fallo de diseño de partida reside en considerar a los consejeros como ejecutivos de la Corporación, sin tener en cuenta que no tienen ni dedicación ni remuneración. Por eso los requisitos para los consejeros no debieran de ser los mismos que para el Presidente, máximo órgano representativo y ejecutivo.

El concurso pasa por tantas instancias parlamentarias que es fácil perderseLas mesas del Congreso y el Senado aprobaron las normas del concurso. La mesa de la Comisión Mixta sobre RTVE aprueba las relaciones provisionales y definitivas de admitidos al concurso. El Comité de Expertos evaluará los méritos. Los candidatos evaluados positivamente comparecerán en las comisiones de nombramiento del Congreso y Senado. Y finalmente, será cada una de las cámaras las que designen primero a los consejeros y luego, entre ellos, el Congreso al presidente, en todos los casos con mayoría de 2/3 en primera votación o, en segunda, mayoría absoluta y el apoyo de cuatro grupos parlamentarios. Como se ve, muchos pasos en los que predominan los controles políticos.

Con todo, de nada vale deslegitimar el proceso, porque hoy por hoy no hay mejor alternativa.

A continuación examino los obstáculos y en qué medida pueden todavía salvarse.

Transparencia

Hubiera sido deseable que el baremo se hubiera conocido antes de hacerse pública la lista provisional de candidatos y no la definitiva -como establecieron las normas del concurso– para evitar el riesgo de un traje a la medida de uno o varios candidatos. No se ha hecho así. Pero, como, de hecho, la distinta puntuación atribuida a los rubros del baremo puede afectar de un modo general a gran número de los candidatos, sin privilegiar a ninguno en particular, esta objeción no parece que deba afectar a la marcha y resultado del proceso.

A efectos de transparencia lo más importante es que se hagan públicas las puntuaciones que cada experto otorga a cada uno de los candidatos. Puesto que es impensable un consenso en las puntuaciones entre 17 expertos, lo lógico es que la valoración en cada rubro sea la media entre las puntuaciones de los 17 expertos. Si vale de ejemplo, recordemos los sistemas de puntuación de los jueces en deportes como gimnasia o gimnasia rítmica. Y que no solo se aplique este sistema, sino que las puntaciones de cada experto se hagan públicas.

El Comité de Expertos ha tomado la decisión de evaluar los proyectos eliminando el nombre de su autor. Algunos candidatos, nada más presentar la documentación, hicieron público su proyecto en las redes sociales, precisamente, dijeron, en aras de la transparencia. La evaluación anónima del proyecto no es una exigencia establecida ni en la convocatoria, ni en las normas del concurso, y, por tanto, que algunos proyectos sean públicos, no puede invalidar la convocatoria. De hecho, en un proyecto de gestión, a través de las citas a trabajos, artículos y experiencias es muy difícil que no pueda adivinarse en muchos casos el autor.

Subsanación

La mesa de la Comisión Mixta de Control ha dado siete días para alegaciones o subsanación de requisitos. Debiera ser subsanable acreditar las condiciones exigidas para ser candidato, como DNI (para acreditar nacionalidad y mayoría de edad), titulación de licenciatura, grado o doctorado (obtenido con antelación a la fecha de la convocatoria) o cumplimentar la declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad y reunir los requisitos de honorabilidad. Pero no puede subsanarse la no presentación del proyecto, porque ello supondría una ventaja para estos candidatos y un agravio para el resto.

Baremo

Era competencia del Comité de Expertos elaborar un baremo de evaluación, a partir de las 7 grandes categorías establecidas por las normas como méritos de los candidatos a evaluar. Y de todas estas categorías, los expertos en su baremo han privilegiado el proyecto de gestión (30 puntos) y la experiencia en administración, alta dirección, control o asesoramiento o de similar responsabilidad en entidades pertenecientes al sector de la comunicación (25 puntos).

Es una opción legítima. Nada que objetar a la valoración preferente del proyecto. Pero, favorecer la experiencia de gestión. unido a los méritos por el ejercicio del periodismo, en medios de comunicación, y el trabajo en RTVE, supondrá que los candidatos mejor evaluados resulten aquellos periodistas, trabajadores de RTVE, que hayan realizado funciones de administración, dirección o asesoramiento en el Ente o su sucesora Corporación. ¿No es un traje a medida de los actuales gestores, incluso de los recién cesados consejeros, que, conforme a la disposición transitoria tercera de la Ley 5/2017 pueden incluso ser renovados, frente a los dispuesto por la Ley 17/2006. En cualquier caso, alta dirección no es responsabilidad editorial.

En este baremo quedan especialmente preteridos los docentes e investigadores, que podrían aportar una visión en profundidad y de tendencias de futuro. Con un baremo menos sesgado, el Consejo podría haberse compuesto por especialistas relacionados con las distintas categorías a valorar, lo que se enriquecería este órgano de orientación y control, que no de gestión.

Puesto que el Comité tiene que hacer una valoración razonada de cada candidato debiera de matizar la evaluación cuantitativa con otra cualitativa. Por ejemplo, ¿un administrador que hubiera quebrado una empresa de comunicación debiera de recibir los puntos correspondientes por sus años al frente de la empresa quebrada? Misma pregunta para quién haya sido objeto de reiteradas denuncias de manipulación por órganos institucionales como son los consejos de informativos.

Incompatibilidades: ¿son los consejeros altos cargos?

Los candidatos han tenido que cumplimentar una declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad y reunir los requisitos de honorabilidad. Este procedimiento es el que se aplica en la Ley 3/2015 a los altos cargos. Es requisito para ser nombrado, que luego se completará con una declaración de bienes. Los altos cargos están sujetos a un estricto sistema de incompatibilidades y cautelas para evitar el conflicto de intereses. La Oficina de Conflicto de Intereses vela porque se cumplan estos requisitos.

El Comité de Expertos carece de competencias para determinar si se da causa de incompatibilidad o conflicto de intereses en los candidatos, debiendo limitarse a la evaluación de méritos.

Pero, hay una pregunta previa ¿son los consejeros de RTVE altos cargos? No, rotundamente no. Para ello, y en virtud de la normativa de altos cargos, debieran de tener dedicación exclusiva y la remuneración correspondiente. El Decreto Ley de Rajoy de 2012 redujo las obligaciones de los consejeros a asistir a las reuniones del consejo y recibir por ello dietas indemnizatorias. No sería, desde luego, el caso del Presidente, plenamente incurso en el régimen de altos cargos, por su dedicación plena y su remuneración.

En cualquier caso, en el procedimiento de concurso no existe ningún mecanismo de control de causas de incompatibilidad o conflicto de intereses. Como es notorio, algunos candidatos podrían estar incursos en incompatibilidad o conflicto de intereses por prestar, haber prestado o tener intereses en empresas u organizaciones competidoras o suministradoras de RTVE. En las audiencias en las comisiones de nombramientos de las cámaras debieran de examinarse estas circunstancias y los grupos parlamentarios obrar en consecuencia a la hora de ratificar a los candidatos. Otra cosa no sería aceptable, ni ética ni estéticamente.

En cuanto algunas posibles causas de incompatibilidad conviene hacer algunas precisiones. Antiguos trabajadores del Ente Público RTVE sujetos todavía al ERE de 2006 no pueden prestar servicios ni directa ni indirectamente, ni a la Corporación ni a empresas competidoras. Pero la función de consejero no supone ni relación laboral ni prestación de servicios.  En el caso del Presidente, sí podría existir incompatibilidad que podría resolverse renunciando a los beneficios del ERE.

En cuanto a los jubilados, en el caso de los consejeros tendrían que notificarlo a la Tesorería General de la Seguridad Social y no superar el tope establecido (en torno a 7.000 € anuales) so pena de que le sean reclamadas las percepciones ilegalmente percibidas. El Presidente podría solicitar que su pensión quedara en suspenso durante el tiempo de su mandato.

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¿Alguien cree en la independencia de RTVE?


La tormentosa tramitación del reglamento parlamentario para elegir al Consejo de Administración de RTVE y a su presidente tuvo este martes otro episodio de ruptura del consenso, que no augura nada bueno. La renovación de la cúpula de la Corporación se ha convertido en un escenario de batalla, donde la oposición del PP y C’s quieren desafiar al gobierno de Pedro Sánchez. Y en esa guerra está en juego la independencia y hasta la propia superivivencia de la radiotelevisión pública.

Competencia vs consenso

Entiendo la indignación de los profesionales de RTVE. Es cierto que con la composición aprobada los expertos designados por el PP (6) y C’s (1) tendrán mayoría en la comisión de expertos. Pero, ¿de qué estamos hablando de profesionales expertos que evalúan a otros profesionales o de representantes de los partidos, que filtran y ordenan los candidatos en función de intereses partidistas?

Parece que todo el mundo da por supuesto que esos expertos (¿catedráticos, profesores, periodistas, realizadores, técnicos, gestores?) no pueden ser independientes y que actuarán al dictado de los partidos que los designen para lograr, finalmente, una evaluación positiva para sus candidatos al Consejo y, sobre todo, a la presidencia.

Tenemos un problema y es que nadie se cree la independencia de los expertos, primero, y de los consejeros, después. Pareciera que lo de concurso es un paripé, una cortina de humo para que cada uno coloque a los suyos.

El sistema de nombramiento -tan chapuceramente establecido por la Ley 5/2017– combina la selección por competencia (curriculum y propuesta de un plan de gestión) con el consenso parlamentario. Los expertos evalúan. Las cámaras examinan y designan por la mayoría reforzada de 2/3 y de lograrse por mayoría absoluta, siempre que el candidato esté propuesto por la mitad de los grupos parlamentarios.

Lo que hay que exigir a la comisión de expertos es una evaluación independiente. Para ello es esencial que junto con la convocatoria del concurso se hagan públicos los baremos de evaluación, de modo que estos no se acomoden a posteriori al perfil de los candidatos.

Según el reglamento los expertos tienen que seleccionar 20 candidatos. ¿Simplemente aptos o no aptos? ¿Una lista con puntuaciones? En el primer caso, se dejaría más espacio para el reparto entre los grupos parlamentarios; en el segundo, el consenso parlamentario estaría condicionado por la evaluación técnica. En todo caso, la evaluación de cada candidato debiera de ir acompañada de un informe motivado.

La tentación del Decreto-Ley

En su entrevista en RTVE, Pedro Sánchez prácticamente anunció un Decreto-Ley si el reglamento del concurso seguía bloqueado en las Cortes. “El Gobierno -dijo- no va a mirar para otro lado”.

El cese de José Antonio Sánchez por cumplirse su mandato el día 22 deja a RTVE en una interinidad insostenible. Los consejeros rotarán en la Presidencia, pero sin las competencias ejecutivas del Presidente,  que, de hecho, serán ejercidas por los directivos a los que el Presidente delegó competencias. Se anuncian dictámenes y recursos para que el Consejo actúe ejecutivamente, pero ello no evitará la paralización.

Aparentemente, se dan las razones de “extraordinaria y urgente necesidad” que justificarían un Decreto-Ley. Pero además de reunir las mayoría parlamentaria necesaria para su convalidación, el Decreto-Ley puede ser objeto de recurso de inconstitucionalidad por parte de 50 diputados o senadores.

La interinidad que siguió a la dimisión de Alberto Oliart fue invocada por Rajoy para justificar el Decreto-Ley 15/2012, declarado parcialmente inconstitucional el pasado diciembre. La sentencia del Tribunal Constitucional declara que no se da la la extraordinaria y urgente necesidad, supuesto habilitante que el art. 81.6 de la CE exige al Decreto-Ley, para cambiar la composición del consejo, reduciendo los consejeros de 12 a 9 y eliminado a los consejeros propuestos por los sindicatos. En cambio, sí admite que este presupuesto existe respecto del cambio del método de elección, en cuanto permitiendo la elección en segunda votación por mayoría absoluta del Presidente se podía resolver el bloqueo que ponía en riesgo el funcionamiento normal de RTVE.

De modo, que según esta doctrina, el Gobierno no podría ir más allá de resolver el supuesto bloqueo para la elección de la cúpula directiva. Pero ¿existe tal bloqueo? Dudoso. El reglamento está en el último paso de su tramitación parlamentaria, guste o no la composición de la comisión de expertos. Correspondería, entonces, su aplicación. Bloqueo no, procedimiento que lleva varios meses, sí.

No es ejemplar la negociación de que dan cuenta las crónicas periodística en base a ofrecer consejeros a las distintas fuerzas políticas. ¿La regeneración es la vuelta a las cuotas?

El todopoderoso presidente

Antes el Director General del Ente y luego el Presidente de la Corporación han sido  siempre ejecutivos todopoderosos, en la medida que contaban con la aprobación gubernamental o con un amplio consenso parlamentario (2006-2012), que se traducía en una mayoría estable de apoyo en el Consejo. El sistema de concurso, si es que algún día llega a aplicarse, le daría todavía más poder, en cuanto que, además del consenso parlamentario, habría sido seleccionado por su méritos personales y por el proyecto de gestión presentado.

Si, como parece, el Dereto-Ley instaura una elección por consenso reforzado, lo decisivo será el nombre del Presidente. En el sistema de cuotas cada uno designará a los suyos y lo que se estará negociando es el Presidente, que difícilmente será “provisional”, salvo gestión catastrófica, cambio de composición parlamentaria o de gobierno.

¿Qué perfil debe tener el Presidente? En primer lugar, no debe ser un ejecutivo con intereses en el sector de las productoras. No a las puertas giratorias. No al bombeo de dinero público al sector privado.

La figura ideal debiera provenir del mundo de la comunicación, tener experiencia de gestión, visión de futuro y, sobre todo, autoridad, independencia contrastada y trayectoria de servicio público. No sé si existe ese mirlo blanco, pero si hay que elegir prefiero un personaje independiente capaz de seleccionar un eficaz equipo de gestores.

En fin, seguimos discutiendo si son galgos o podencos, sin adaptar, entre tanto, el servicio público a los cambios que el nuevo ecosistema informativo requiere.

P.S Y llegó el Decreto-Ley

Recojo aquí los dos tuits que he publicado una vez publiado el RDL. 4/2018.

Visto el texto RDL 4/2018 RTVE, bien justificada “extraordinaria y urgente necesidad”. Dudosa constitucionalidad modificar la composición de la comisión de expertos (véase doctina TC).

La prueba del algodón para la independencia de RTVE es que todos los grupos impulsen la elección por concurso, sin bloqueos, y que la dirección elegida ahora por cuotas sea realmente provisional, como establece el RDL.

Así se manipula


 

El objeto de esta entrada es reflexionar sobre un concepto tan elástico como el de manipulación.

Hace unos días las trabajadoras de RTVE (@mujeresRtve) lanzaron la campaña #Asísemanipula. Se trata de contar en primera persona episodios de manipulación en que se hayan visto envueltos los profesionales.  Las mujeres de la radiotelevisión pública han querido aprovechar las redes creadas en torno al 8 de marzo para denunciar la manipulación, justo en el momento en el que el PP ha bloqueado el proceso de selección por concurso de la cúpula de RTVE.

La campaña ha tenido éxito (1,3 millones de impactos en tres días), pero no olvidemos que los mensajes en las redes sociales llegan a los convencidos y que cualquier telediario de La Uno más que dobla esa audiencia. Así que, más impacto tienen los viernes negros, con presentadores y reporteros de negro para exigir que el PP se sume al consenso para aplicar el concurso público.

Lo que hacen los trabajadores de RTVE es denunciar malas prácticas periodísticas.

El testimonio en primera persona tienen mucha fuerza, pero estas malas prácticas están sistemáticamente documentadas en los informes de los consejos de informativos que, lamentablemente, no están directamente disponibles en sus páginas webs.

Antes de la existencia legal de los consejos, los periodistas de TVE y RNE crearon  (1996-2006) distintas instancias alegales (Comité Antimanipulación, Consejo Provisional de Informativos) que denunciaron manipulación ante la prensa. Y siempre existieron denuncias internas, incluso difundidas por los sistemas de mensajería electrónica, desde que en 1988 se instaló el primer sistema informático en la Redacción. De modo que no, los informadores de RTVE no han despertado de repente.  Pero, ahora, están diciendo basta, hasta aquí hemos llegado.

¿Solo existe manipulación en los medios públicos? Por supuesto que no, pero el precio a pagar en los privados por las denuncias puede ser el despido. En los medios públicos el castigo es el ostracismo profesional: arrinconamiento de los profesionales más críticos y, como consecuencia, creación de redacciones paralelas de fieles.

Informar es encuadrar

Que no se escandalice nadie. Informar es manipular en un sentido amplio. La realidad es multiforme y cada uno, tanto en nuestra percepción personal, o como periodistas, nos aproximamos a ella con una serie de filtros: valores personales, profesionales y principios editoriales en el caso de los periodistas. No existe una información objetiva única que pueda encerrar toda la realidad. Y menos en un minuto de telediario.

Para entender la realidad y hacerla entendible los periodistas no tenemos más remedio que enmarcarla o encuadrarla, esto es acudir a una idea central organizadora, que da sentido al acontecimiento y sugiere lo que está en juego (London, 1993). No es lo mismo crimen pasional que crimen machista.

Quizá una de las mejores aproximaciones al encuadre es la de Entman (1993):

“Encuadrar es seleccionar algunos aspectos de una realidad percibida y hacerlos más sobresalientes en el contexto de un proceso de comunicación, de tal manera que se fomente una definición particular del problema, una interpretación causal, una valoración moral y/o la recomendación de un tratamiento para el asunto descrito.”

Entonces ¿no existe la verdad? Claro que sí, los hechos son sagrados, pero no siempre es fácil desentrañar su sentido. Por eso se requiere una información plural, proviniente de distintos medios con distintos principios editoriales (pluralismo externo) y construida profesionalmente respetando la libertad de los informadores y el respeto a sus códigos éticos (pluralismo interno).

Qué es manipular

Manipular es presentar la realidad de forma que no sea reconocible para un observador neutral. Habrá diferencia en las interpretaciones, pero los datos básicos deben respetarse y ser reconocibles, aunque los llamemos y los enmarquemos de manera distinta.

Manipular es:

  • Mentir. Presentar como real algo inexistente. Se puede mentir hasta con fotografías, cuando, por ejemplo, se presenta una captura de un vídeo tutorial sobre intubación como la prueba del estado crítico de Chávez. Se miente también cuando se alteran las imágenes, cuando se cierra el plano para, por ejemplo, mostrar en una pancarta la conjunción euskera “eta”, como si fuera un lema de apoyo a la organización terrorista;
  • Ocultar la realidad. Fijarse solo en un aspecto parcial de la realidad que no es representativo de la misma. Un caso clásico: la información sobre una manifestación masiva y pacífica se focaliza en los disturbios provocados por una minoría. Ocultar la realidad es, también, quedarse en lo episódico, en lo banal;
  • Ser parcial.Tomar partido por una de las partes en un conflicto, anulando e igorando al resto. Por supuesto, los medios privados tienen sus principios editoriales, que les legitiman para apoyar a las opciones políticas o sociales que deseen, pero no para anular los argumentos de otras partes relevantes. En el caso de los medios públicos la regla es la imparcialidad. La radiotelevisión pública no puede tomar más partido que a favor de la dignidad humana, los derechos fundamentales y los principios constitucionales;
  • Ser falsamente imparcial. Recoger acríticamente las distintas versiones, sin profundizar, sin mayor esclarecimiento, tratando a todas por igual. Por ejemplo, poniendo en el mismo plano a los contrarios a las vacunas y a la doctrina científica. O, lo que es el mal más generalizado en España, limitando el trabajo informativo a recoger “cortes”, “totales” o “tuits” de los partidos que nada aportan (periodismo de declaraciones);
  • Sesgar la información. El encuadre supone una confrontación con la realidad, un esfuerzo por aprehender sus elementos definitorios, por encontrar su sentido y hacerlo de forma comprensible para los demás. El sesgo aparece cuando se sustituye un enfoque trabajosamente construido por un enfoque prefabricado (por nuestros intereses o prejuicios, por las fuentes o por los responsables editoriales) que excluye esa búsqueda de lo relevante; esto es. una pauta impuesta de modo sistemático.

La manipulación opera en la selección del acontecimiento (qué es y qué no es noticia) y su tratamiento (valoración editorial, relieve, duración en el tiempo).

Malas prácticas profesionales

La manipulación se asienta en malas prácticas periodísticas, que es lo que están denunciando los trabajadores de RTVE.

El trabajo informativo tiene una dimensión ética. Desde los años 20 del pasado siglo, las organizaciones de periodistas han codificado los deberes éticos que el periodismo comporta.  Un paso más es concretar los principios éticos generales en catálogos de buenas prácticas y delimitar las malas prácticas que incurren en algún tipo de manipulación o atentan contra la libertad informativa de los periodistas.

En el caso de RTVE, el código ético se encuentra recogido en el Estatuto de Información y las buenas y malas prácticas en su Manual de Estilo. Los informes de los consejos de informativos tienen su referencia normativa en estos documentos. No así, en las denuncias personales de estos días, mucho más libres.

Simplificando, creo que estas denuncias pueden clasificarse en dos categorías:

  • Atentados a la libertad de información y al buen hacer y la dignidad profesional: recibir el argumentario del PP para hacer una información; exigir que se den unas declaraciones y no otras; retirar a un corresponsal de un escenario bélico por presiones externas; ordenar hacer una información sin un elemento sustancial; ordenar que no se verifique una información…
  • Parcialidad, sesgo, encuadre episódico: dar más relieve a las posiciones del gobierno, ocultar los datos que le son negativos, no dar un hecho hasta que no hay réplica gubernamental, llenar los informativos de banalidades…

Percepción de la manipulación

Cada uno tenemos una mayor o menor identificación con los distintos medios, de acuerdo con nuestos puntos de vista y posiciones en la vida. Así que tendemos a considerar que manipulan aquellos medios que no se adaptan a nuestra visión.

Las denuncias profesionales son un buen barómetro de la manipulación. Por supuesto, tienen más valor las documentadas y argumentadas por los consejos de informativos que los tuits de estos días. Pero, en todo caso, en cuanto que agentes del proceso, están cargadas de una ineludible carga subjetiva.

Que no se me entienda mal, doy todo el crédito a estas denuncias, pero para determinar la existencia de manipulación debe acudirse a estudios científicos, análisis de contenido rigurosos que tengan en cuenta el toda la programación informativa: una información puede estar sesgada o no profundizar, pero el conjunto puede ser equilibrado y esclarecedor.

Estudios de contenidos realizan distintos grupos de investigación, pero siempre con muestras limitadas o sobre acontecimientos puntuales. Deben ser los reguladores externos quienes realicen de modo sistemático estos estudios. En nuestro caso, la CNMC, se limita a estudios puramente comparativos de la presencia y el tiempo dedicados a las fuerzas políticas (Informe CNMC cumplimiento servicio público RTVE). En TVE, en 2015 el Gobierno y su partido acaparan un 57% y bajan a un 40% en 2016. En RNE, en 2015 suman un 45%.

Mi percepción -todo lo sesgada que se quiera, en cuanto extrabajador de RTVE- es la de que los informativos de TVE están claramente sesgados a favor del Gobierno, enfangados en lo episódico y lo banal, pero, con todo, son más completos y permiten tener una visión más general del mundo que los de la televisiones privadas.

En cuanto a los informativos de RNE me parecen mucho menos parciales que los de TVE y así lo dejo dicho aquí, rectificando la equiparación que realizaba en la tribuna publicada la semana pasada en El País.

Los espacios de opinión de ambos medios, y especialmente sus tertulias, me parece carentes de pluralismo y son expresión del “pensamiento único”: ortodoxia neoliberal, toda alternativa es populismo, interpretación restrictiva y partidista de la Constitución.

De la manipulación a las fake news

Mal que bien estamos -profesionales y público- acostumbrados a tratar con la manipulación. Conocemos la orientación editorial de los medios, podemos seguir distintos medios si queremos, detectamos la parcialidad, sobre todo si va contra nuestras posiciones.

Las técnicas tradicionales de manipulación se centran en oscurecer la verdad, interpretarla abusivamente, retorcerla… Ahora hemos entrado en un nuevo estadio, el de las noticias falsas, las fake news. Se trata de, invocando el pluralismo, construir otro relato, una “verdad” alternativa, en el que las teorías conspirativas tienen una parte muy importante. La verdad ya no importa.

Las noticias se fabrican para una parte importante de la opinión pública que cuestiona radicalmente a los medios tradicionales, a los que acusan de manipulación sistemática. Se trata de sectores sociales polarizados a la izquierda y la derecha, que requieren respuestas sencillas a problemas complejos. Y una vez fabricadas se viralizan en estrategias perfectamente diseñadas, hasta construir un ecosistema mediático alternativo. Recomiendo la lectura de este trabajo que disecciona el fenómeno en Estados Unidos.

Si difícil es luchar contra la manipulación tradicional, más difícil lo será contra esta manipulación alternativa. La solución, una ciudadanía educada y crítica. No, desde luego, procedimientos de censura que establezcan la “verdad oficial”.

 

 

El laberinto de la gobernanza de RTVE


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El año termina en RTVE sin una perspectiva clara de la renovación de los órganos de gobierno, imprescindibles para su regeneración democrática. Los partidos deben establecer un procedimiento rápido y transparente que garantice la selección de profesionales competentes y erradique para siempre las cuotas partidarias.

Los últimos 5 años puede que hayan sido los más aciagos de la historia de RTVE. El gobierno del PP derogó por Decreto-Ley la independencia institucional que es condición mínima para que la radiotelevisión estatal cumpla su función pública.

Y a partir de ahí, con la designación por el Gobierno del presidente y los consejeros, manipulación, pérdida absoluta de la credibilidad y de la condición de referencia informativa, caída de las audiencias y gestión a la deriva, sin afrontar los retos que el nuevo ecosistema comunicativo plantea, hasta un punto donde la misma pervivencia de RTVE está en cuestión.

Dos han sido las respuestas jurídicas, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 50 diputados y senadores socialistas, que acaba de estimarse parcialmente por el Tribunal Constitucional, y la Ley 5/2017, para recuperar la independencia de RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos.

La mala técnica jurídica de la nueva ley, la renuencia de los dos grupos parlamentarios mayoritarios a desarrollar por concurso público el nombramiento de consejeros y presidente, y la derogación parcial por el Tribunal Constitucional del R.D-L. 15/2012, llevan a todo tipo de interpretaciones teóricas y a una paralización práctica del proceso de renovación.

Escaso impacto práctico de la sentencia del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constituciona declara inconstitucionales y nulas disposiciones del Decreto-Ley sobre la composición del consejo que ya no estaban en vigor, por haber sido modificadas por la Ley 5/2017, de modo que el bloque normativo aplicable es la Ley 17/2006, con las modificaciones realizadas por la Ley 5/2017.

No es que la sentencia carezca de transcendencia jurídica. El TC no examina la constitucionalidad de todo el Decreto-Ley,  porque los argumentos de los recurrentes se centraban solo en los preceptos sobre la composición y el modo de elección de consejeros y presidente. Otros preceptos del D-L., como el  ap. 7 y 8, que modifican el régimen de incompatibilidades y retribuciones de los consejeros y el presidente, no son sometidos a examen por el TC y siguen en vigor.

Constata el TC que estas normas han sido derogadas por la Ley 5/2017 y, por tanto, siguiendo su doctrina, no juzga si su contenido es conforme a la Constitución. Pero si aplica el examen de constitucionalidad al procedimiento de modificación, esto es, a si el Decreto-Ley es herramienta legítima para modificar esas normas.

El Tribunal entiende que no se da la la extraordinaria y urgente necesidad, supuesto habilitante que el art. 81.6 de la CE exige al Decreto-Ley, para cambiar la composición del consejo, reduciendo los consejeros de 12 a 9 y eliminado a los consejeros propuestos por los sindicatos. En cambio, sí admite que este presupuesto se de respecto del cambio del método de elección, en cuanto permitiendo la elección en segunda votación por mayoría absoluta del presidente se podía resolver el bloqueo que ponía en riesgo el funcionamiento normal de RTVE.

De modo que aunque la sentencia hubiera llegado en un tiempo razonable, y no cuando los preceptos impugnados ya no están en vigor, no hubiera impedido el nombramiento por la mayoría absoluta parlamentaria, en la práctica un nombramiento gubernamental. Pero sí habría cambiado la composición del consejo, que hubiera sido más plural, con la presencia de los consejeros propuestos por los sindicatos mayoritarios, y que hubiera podido someter al presidente a un control más eficaz.

Deja la sentencia otras dos consideraciones que pueden tener una cierta trascendencia en el futuro. Puesto que un Decreto-Ley no puede modificar una institución esencial del Estado, el Tribunal, aunque recuerda su función vital para la vida democrática, declara que RTVE no es una de las instituciones básicas de nuestra Constitución, porque esta no se refiere a ella expresamente. Y finalmente, que el modo de elección de sus órganos con mayor o menor consenso, no menosca el control parlamentario que establece el art. 20.3 CE.

Composición y modo de elección del Consejo de Administración y el Presidente

Resultan aplicables la Ley 17/2006, el R.D-L. en lo no derogado por la Ley 5/2017 y las disposiciones de esta última (ver el texto consolidado de la ley 17/2006):

  • El Consejo de Administración estará formado por 10 miembros, con suficiente cualificación y experiencia profesional, con presencia equilibrada de hombres y mujeres (art. 10.1).
  • La cualifiación y experiencia se concretan en la exigencia de personas de formación superior y reconocida competencia, que hayan desempeñado al menos durante 5 años funciones de administración, alta dirección, control o asesoramiento en entidades públicas o privadas, o relevantes méritos en el ámbito de la comunicación, experiencia profesional, docente o investigadora.
  • Serán elegidos 6 por el Congreso y 4 por el Senado (art. 11.1).
  • Comparecerán en audiencia pública en el Congreso y el Senado para que las cámara se informen de su idoneidad (art. 11.3). Nada se establece sobre quién puede proponer a los candidatos.
  • Serán elegidos por mayoría de 2/3 en cada cámara (art. 11.3). No se establece un procedimiento alternativo para el caso en que no se alcance esta mayoría.
  • El Congreso designará también por mayoría de 2/3 de entre los 10 consejeros al Presidente.
  • El mandato de los consejeros será por 6 años no renovables, renovándose por mitades cada tres años (art. 12).
  • El Presidente será retibuido conforme al régimen de los máximos responsables del sector público empresarial. En cambio, los consejeros solo recibirán indemnizaciones por asistencia a las sesiones (art. 15.4), lo que significan que no tienen el régimen de dedicación exclusiva que establecía la Ley 17/2006.

Para la primera elección se estable un régimen transitorio, la mayor parte de cuyas disposiciones podrían tener validez con caracter general y no para la primera renovación después de la reforma.

  • Si no se alcanza la mayoría de 2/3 en segunda votación bastará la mayoría abosluta, siempre que el candidato haya sido propuesto por la mitad de los grupos parlamentarios de la Cámara.
  • Elección por concurso público de los consejero y el presidente, conforme a un reglamento aprobado por las Cortes Generales en el plazo de tres meses, con la participación de un comité de expertos nombrados por los grupos parlamentarios, comité que emitirá informes de evaluación que elevará a la comisión parlamentaria competente para la audiencia de los candidatos.
  • En tanto se apruebe ese reglamento, la elección se llevaría a cabo conforme al procedimiento vigente.

Bloqueo de la regeneración democrática de RTVE

El caso es que ese plazo de tres meses se cumple el 31 de diciembre. ¿Cómo es posible que los grupos parlamentarios no hayan encontrado ni siquiera tiempo para reunirse hasta elm 14 de diciembre?. Claramente, ni PSOE, que no es partidario del concurso público, ni el PP, que resiste numantinamente, tienen interés. Quizá por eso se añadió esa salvaguardia de volver al procedimiento vigente.

Según los letrados del Congreso, el plazo no es preclusivo, por lo que no pasaría nada si este reglamento se aprobará, por ejemplo, el 20 de enero. De hecho, Ciudadanos ha hecho una propuesta. Pero dicen los letrado que, de no aprobarse, el “procedimiento vigente” sería el de mayoría absoluta en segunda votación (el del R.D-L), que es la apuesta del PP. No parece que aunque no se haya desarrollado el régimen transitorio se deje sin aplicar un aspecto sustancial del mismo claramente formulado, como es el de 2/3 en primera votación y mayoría absoluta y la mitad de los grupos parlamentarios en segunda, que es la apuesta del PSOE. Ciudadanos y Podemos apuestan por el concurso público.

Lo importante es la competencia de los candidatos y la transparencia del proceso

Como ya he razonado anteriormente, el concurso tiene sentido para elegir un Director General Ejecutivo, no para elegir a los miembros de un órgano que marca las directrices y controla la gestión, pero no es un órgano ejecutivo. Sí tiene sentido elegir al Presidente por concurso y exigirle un plan estratégico, en cuanto que máximo ejecutivo, pero con tal procedimiento el Presidente será muy poco controlable por reunir tanto el consenso parlamentario como un plan estratégico aprobado. Desde luego, no se puede exigir a unos candidatos a consejeros no retribuidos y sin dedicación exclusiva que presenten un plan estratégico.

En consecuencia, el reglamento de elección (¡que solo está previsto para la primera renovación!) podría basarse en estos principios:

  • Proponen a los consejeros sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones de utilidad pública u organizaciones profesionales del mundo de la comunicación.
  • Un comité de expertos formados por dos profesionales designados por cada grupo parlamentario evalúa la competencia de los candidatos.
  • Los consejeros son designados con las mayorías parlamentarias de la Ley 5/2017, previa examen en audiencia pública.
  • Los consejeros se podrán postular para presidente, presentado un plan estratégico. Los candidatos y sus planes serán evaluados por el comité de expertos y elegido por el Congreso por mayoría de 2/3 y previo examen en audiencia pública.

 

 

 

El consenso parlamentario no es suficiente para regenerar RTVE


lazo-naranja-d1El Congreso de los Diputados se dispone a revisar la reforma del PP, que en 2012 entregó el gobierno de RTVE a la mayoría parlamentaria, o lo que es lo mismo al ejecutivo del Partido Popular, y que ha propiciado los niveles más bajos de credibilidad y relevancia de la rtv pública en toda su historia.

Todo indica que esta misma mañana se admitirá a trámite una proposición de ley del PSOE que básicamente pretende reinstaurar el sistema de la ley 17/2006: mayoría parlamentaria de 2/3 para elegir a los consejeros, dos consejeros elegidos a propuesta de los dos sindicatos más representativos y elección parlamentaria del presidente, también con mayoría parlamentaria cualificada de 2/3.

Como toda proposición de ley, esta estará sometida a una tramitación parlamentaria que puede modificar sustancialmente su contenido. No es el procedimiento más adecuado para afrontar la profunda reforma que requiere RTVE, pero sí puede ser una oportunidad para ir más allá de un retorno al pasado y en su lugar establecer un conjunto de medidas urgentes para detener el deterioro del servicio público.

Volver a las mayorías parlamentarias cualificadas es, desde luego, infinitamente mejor que el régimen actual, en el que el gobierno puede nombrar al consejo y al presidente de la Corporación. Además, en el momento presente cuatro consejeros se mantienen en funciones cuatro años después de haber terminado su mandato, en una situación legal cuando menos cuestionable. Y, en fin, todo lo que conduzca a la renovación de la dirección más nefasta de la historia de RTVE es un paso positivo.

El funcionamiento del sistema entre 2006 y 2012 garantizó una razonable independencia informativa, pero no dejó de presentar problemas, como la relación entre los consejeros y los grupos parlamentarios o sindicatos proponentes y, sobre todo, el poder del presidente sobre el Consejo, que desnaturaliza la función de control que este debe ejercer sobre aquel. Por no mencionar la falta de acuerdo para sustituir al dimitido Alberto Oliart, que fue alegada por el PP para cambiar el sistema de nombramiento.

La plataforma de académicos y profesionales Teledetodos propuso el pasado año un conjunto de medidas legislativas urgentes para propiciar la salvación del servicio público y abrir un proceso de reforma en profundidad. La proposición de ley socialista y el debate que se adivina tienen un planteamiento mucho más limitado, pero al menos debieran de añadir algunos mecanismos de garantía para no recaer en el reparto de cromos parlamentario:

  1. Reforzar los requisitos de profesionalidad, independencia y trayectoria de servicio público de los consejeros. Profesionalidad contrastada en al menos cinco años de trabajo en el sector de la comunicación, la universidad o de la alta gestión. Independencia, excluyendo a cualquier comunicador que haya ejercido profesionalmente el gabinetes de de los partidos. Trayectoria de servicio público, dando prioridad a aquellos profesionales que hayan desarrollado su carrera preferentemente en el sector público.
  2. Reforzar los mecanismos de escrutinio ante las cámaras. Que las audiencias no sean un mero trámite porque los candidatos ya se han repartido previamente, tanto para ti, tantos para mi.
  3. Establecer mecanismos de desbloqueo. Teledetodos propone que si en un mes cada uno de los candidatos no obtienes los 2/3, puedan ser ratificados por la mitad más uno de los grupos parlamentarios de la cámara respectiva.
  4. Transferir las competencias ejecutivas del Presidente (reguladas en los arts. 17 a 20 de la L. 17/2006) a un Director General, que sería elegido por el Consejo de Administración por concurso público.

¿Por qué un director general ejecutivo? Para separar la gestión de la orientación y control que son las funciones del Consejo de Administración. Al ser el Presidente elegido directamente por las cámaras es al mismo tiempo máximo responsable de la gestión y presidente del órgano que debe controlarle y además se conviere en la práctica en el jefe natural de los consejeros que expresan un determinado consenso parlamentario. Consecuencias de todo ello es un consejo débil que se implica en la gestión más de lo que debiera en lugar de controlarla.

Ese director ejecutivo es el que tiene que ser elegido por concurso público, en el que se valoraría la trayectoria profesional de más de 10 años y  un plan estratégico propuesto. No tiene sentido elegir a los consejeros por concurso, pues no son los gestores.

Estas medidas mínimas podrían ser perfectamente incorporadas a la reforma que se va a tramitar. Pero una regeneración en profundidad (como propuso Teledetodos en 2015) debe basarse en:

  • Recuperar la credibilidad informativa, garantizando la independencia jurídica, reforzando los órganos de pluralismo interno (como los consejos de informativos) y haciendo efectiva una carrera profesional.
  • Lograr una gestión independiente, profesional y transparente, desligando, como se ha dicho, los órganos de control y gestión y sacando a concurso público la figura de una nuevo director general ejecutivo.
  • Fomentar la participación social, haciendo presente la diversidad social en la programación, haciendo efectivo el derecho de acceso, reforzando la Defensoría de la Audiencia, creando organismos de participación social y mecanismo de participación interactiva y abriendo hueco en los programas a las creaciones de la ciudadanía.
  • Realizar la conversión  en un servicio público multimedia, ofreciendo contenidos interactivos de calidad en todo tipo de plataformas, en cualquier lugar y en cualquier momento.
  • Convertirse en el nodo central de instituciones dedicadas a la cultura y el fomento de la comunicación pública, incluyendo en esta red a organismos latinoamericanos.
  • Lograr una financiación pública suficiente y estable que cubra el coste neto del servicio público.

 

 

 

El rescate ciudadano de RTVE


Concierto reivindicativo Orquesta y Coro RTVE – 09-06-13

Una pequeña marea naranja llegó ayer a las orillas de la Plaza de Oriente de Madrid. A decir verdad, no eran demasiado numerosas las gorras y camisetas naranjas (el color corporativo de RTVE) entre los asistentes (¿5.000, 10.000?) al concierto de la Orquesta y Coro de RTVE, en defensa de una radiotelevisión pública de calidad y en contra de la decisión de la Dirección, que quiere convertir a músicos y cantantes en fijos discontinuos y cerrar la orquesta entre junio y octubre. (Audio completo del concierto)

Los trabajadores de RTVE quieren sumar el naranja a las marea de color que luchan por los servicios públicos. Estas mareas, principalmente la verde de la educación y la blanca de sanidad se basan en el poder movilizador de los propios trabajadores del sector y la adhesión de todo tipo de asociaciones y particulares. De una manera u otra todos somos usuarios de la sanidad o la educación y la ciudadanía consciente apoya la lucha de estos trabajadores públicos porque sabe que en estos servicios se juega su bienestar y sus derechos.

No existe, desde luego, esa conciencia de servicio esencial respecto a la radio y la televisión. Décadas de campaña de los medios privados contra la radiotelevisión pública, junto a los abusos y manipulaciones de sucesivas direcciones, han convencido a muchos ciudadanos, y más en época de recortes de servicios esenciales, que la radiotelevisión pública no es más que un coto del gobierno que estaría bien que desapareciera de una vez por todas.

Por eso son importantes iniciativas como ese concierto en la calle, haciendo visible una de las dimensiones del servicio público, la cultural, y buscando la alianza con otros sectores, como, en el caso de la Orquesta, los músicos y artistas. La Plataforma para la Defensa de la Radiotelevisión Pública (por cierto, su página web parece haber caducado) está haciendo un gran trabajo, pero parece que ya no son suficientes las acciones defensivas.

Lo que propongo es un rescate ciudadano de RTVE. ¿Cómo? Apoyando, vigilando y denunciando, pero, sobre todo, consumiendo los contenidos de TVE Y RNE.

Apoyo al servicio público

Con la adhesión  a las distintas iniciativas, como el Manifiesto en Defensa  de Radiotelevisión Pública (no accesible en este momento) o los mensajes de apoyo a la Orquesta y Coro. En este momento, el poder de presión de estas iniciativas es limitado -¡los poderes están vacunados contra las firmas reivindicativas!- pero sigue siendo importante como modo de crear conciencia, de reafirmación de la dignidad y como apoyo psicológico a los trabajadores.

Vigilancia y denuncia

Otra manera de rescatar RTVE es no dejar pasar una información mal hecha o manipulada. En algunos casos recientes, como el consuelo que a los parados aporta el rezar, han sido las redes sociales las que han encendido la luz roja. El control social hace cada vez más contraproducente cualquier manipulación, pero lo que propongo es que esas quejas lleguen al órgano institucional de RTVE, que es la Defensora de la Audiencia. Aquí dejo en enlace a su formulario de quejas. Puesto que todas estas quejas quedan registradas y deben ser respondidas, lla dirección no podrían seguir escudándose en una supuesta información “objetiva”.

Apropiación social de RTVE

La mejor manera de hacer nuestra la radiotelevisión pública es disfrutar de sus contenidos.

RTVE es mucho más que el prime time de La Una. Ese segmento nocturno tiene que tener espacios con tirón popular, pero con un factor diferencial con respecto a las privadas. Por citar ejemplos presentes, no creo que Master Chef tenga ese factor diferencial (si lo tenía por comparar con otro reality El Coro de la Cárcel) ni tampoco Águila Roja, pero sí, desde luego, Carta a Eva.

Más allá de ese prime time por el que a menudo se juzga a TVE (el éxito de audiencia sería de nuevo el único criterio de valoración si regresa la publicidad, como un sector del gobierno quiere), TVE y RNE ofrece en sus canales y emisoras una variedad de programas y programaciones capaces de satisfacer las necesidades de información y cultura de amplios sectores sociales. ¿Producirán acaso las radios o televisiones comerciales canales como el Canal 24 Horas, Radio5 Información, Radio 3, Radio Clásica o incluso Teledeporte o Clan? Y, con todas sus deficiencias, algún grupo de comunicación, da una cobertura de información local como RTVE?

El único argumento frente a los que pretenden destruir ese patrimonio en nombre de la rentabilidad económica es hacer evidente la rentabilidad social con datos de audiencias y visitas. Las producciones más interesantes muchas veces se programan a horas imposibles. Pero ahí está RTVE a la Carta y los podcasts de RNE para disfrutar de estos contenidos.

Algunas sugerencias:

Conversatorios en Casa de América TVE

Noticias culturales iberoamericanas

En Portada TVE

Crónicas TVE

Repor TVE

Documentos RNE

Nómadas RNE

Cinco Continentes RNE

Como se puede ver mi lista tiene mucho que ver con la información internacional y el reportaje, pero ¿qué programa o contenido de RNE o TVE recomendarías tú?

Recatemos entre todos RTVE.

 

Julio Somoano no es idóneo para dirigir los Servicios Informativos de TVE


El Consejo de Informativos de TVE ha considerado que Julio Somoano no es idóneo para dirigir los Servicios Informativos. Aunque de acuerdo con el art. 52 del Estatuto de Información de RTVE esta opinión no es vinculante, el Presidente de la Corporación, González Echenique debiera tomarla en cuenta y proceder a proponer a otro profesional con más acreditadas credenciales de independencia.

PROCESO Y REFERENDUM

El Estatuto de Informativos de RTVE (que tiene su causa en la Ley 17/2006, constituye un pacto entre RTVE y sus informadores y es una norma interna de la Corporación) establece que el Director de la Sociedad (en este caso lo ha hecho el Consejo de Administración) comunique al respectivo Consejo de Informativos la propuesta de Director de los Servicios Informativos. El Consejo de Informativos tiene que dar un informe no vinculante, para lo cual en el plazo de una semana puede convocar un referendum entre los profesionales de la información.El propuesto puede hacer pública una declaración con las líneas informativas y organizativas de su proyecto.

Ha sido la primera ocasión en que estas normas se han aplicado. Tiene razón el Consejo de Informativos al considerar el proceso histórico, pero la participación en el referendum ha sido decepcionante: no han llegado a un 30% los que han votado y de los que lo han hecho casi un 21 han votado en blanco.

Dos razones evidentes pueden ser el desinterés y el miedo. Miedo a que la Dirección pueda acceder al registro de votos emitidos mediante una aplicación en la intranet de RTVE. Quizá para otra ocasión el Consejo de Informativos debiera de dar garantías explícitas del cáracter secreto del voto*. El desinterés puede tener distintas causas: falta de compromiso ante una votación no vinculante; pasotismo porque “todos son iguales”. Hay un hecho sobre el deber reflexionarse. Los llamados a votar eran los reconocidos como profesionales de la información, es decir, aquellos trabajadores de los Servicios Informativos cuya labor redunda en los contenidos informativos. Quizá el censo pudiera incluir a profesionales no comprometidos con el proceso informativo.

En cualquier caso hay que reconocerlo: la baja participación ha debilitado este proceso de control interno. Un mal resultado que no augura nada bueno para el futuro de una Redacción temerosa o indiferentes de su independencia.

FALTA DE IDONEIDAD DE SOMOANO

El Director de los Servicios Informativos debe ser un profesional reconocido prestigio, experiencia periodística acreditada y conocimiento del medio. (art. 35 del Estatuto). Y, además de facilitar a la sociedad una información de relevancia pública con veracidad, objetividad, imparcialidad y respetuoso de los principios deontológicos, debe defender la indepencia de los profesionales (art 37). En resumen, debe ser un informador cualificado, con una trayectoria de independencia y servicio público.

Somoano tienen una cualificacion suficiente, pero, desde luego, no puede decirse que sea un profesional de reconocido prestigio, sino por el contrario presenta una trayectoria controvertida.

Su relación con RTVE ha sido polémica. Se presenta a unas oposiciones a redactor de Radio Exterior que requerían bilingüismo en inglés. Las gana y se cuestiona que sea bilingüe, pero no ocupa la plaza y con sólo 26 años y ninguna experiencia es nombrado editor de España a las ocho, el informativo estrella de la cadena, que dirige durante dos años. Pide la excedencia, y vulnerando sus condiciones que exigen no trabajar para otra radio o televisión, pasa a presentar un informativo en Telemadrid. (CCOO ha recuperado las denuncias de aquella época).

Vinculación con el PP. Se ha citado mucho estos días un trabajo académico en el que se diseñaba una campaña de comunicación para que el PP ganara las elecciones de 2008. El autor ha dicho que lo mismo podría haberla hecho de ERC ¡Pero la hizo “para” el PP! En el trabajo hay consideraciones inquietantes sobre la necesidad de inyectar ideología en las series de ficción. Ha sido, además, una de las figuras destacadas de la etapa más negra y sectaria de los informativos de Telemadrid manejado por un grupo que se autodenomina “el lado oscuro”. Y para colmo, a estas alturas todavía no sabe queienes fueron los autores de los atentados del 11-M.

Renuncia a la declaración de líneas informativas y organizativas. El Estatuto de Información deja en manos del propuesto hacer esta declaración, pero está claro que no hacerla es una declaración implícita: “soy nombrado porque tiene el poder y no tengo porque dar explicaciones a mis subordinados”.

Así lo ha entendido el 70% de los votantes en el referedum: sólo 38 profesionales han aprobado su nombramiento.

TESTS INMEDIATOS

Si G. Echenique ratifica a Somoano, habrá que estar muy atentos en las próximas semana a unas cuantas “pruebas del algodón” para saber si los informativos de TVE se convierten en un terminal de la política del PP.

Contrataciones. No es en principio cuestionable que un director de informativos pueda venir de fuera de RTVE. Incluso algún fichaje externo puede dinamizar la Redacción. Pero nunca una política de contrataciones sistemática para todos los puestos claves. Así se hizo primero en la televisión valenciana y luego en Telemadrid, y no sólo contratando responsables editoriales, sino una redacción paralela, dejando sin cometido a los anteriores informadores. En la presente situación económica un solo contrato externo ya es cuestionable.

Eufemismos. Si dejamos de oir “recortes” y en su lugar nos empachos de “reformas”; si el “rescate” ya es sólo una “línea de crédito”… será un signo claro de que la política informativa del PP está funcionando.

Ocultación de informaciones polémicas. Si no se habla de la filtración del ERE o se cantan las excelencias del copago o Eurovegas, el PP estará en acción. Es cierto que nunca los informativos de TVE se han caracterizado por una información incisiva de los casos de corrupción de los partidos, de todos los partidos, pero en la etapa anterior no ha habido ocultación.

Editor y presentador del TD2. Si Somoano, siguiendo la estela de Urdaci, presenta y dirige el TD2 será un mal síntoma. La función de director de los Servicios Informativos de TVE requiere dedicación exclusiva. Su director debe fijar las líneas informativas y controlar su cumplimiento, pero no hacer información, pues, sin ningún control superior corre el riesgo de supeditar el telediario a sus opiniones o lucimiento.

MORALEJA FINAL: “Y vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos” (o indiferentes)

*RECTIFICACIÓN. El Consejo de Informativos me indica que si se dieron esas garantías. Se utilizaron dos bases de datos no conectadas e imposibles de cruzar, una con el censo y otra con los votos, sin que nadie de Recursos Humanos tuviera acceso a los datos. Por tanto, puesto que estas garantías eran conocidas por los votantes, o los profesionales temen las facultades de adivinación del director propuesto o, simplemente, pasan.

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