La credibilidad y la viabilidad de RTVE y el plan Citizen


El retorno a un presidente nombrado por el gobierno (mayoría absoluta parlamentaria mediante) ha sido un duro golpe a la independencia de RTVE. En los próximos meses se juega la credibilidad y la viabilidad del servicio público estatal de la radio y la televisión.

CREDIBILIDAD

González-Echenique carece de legitimidad de origen, aunque está por ver si conquistará una legitimidad de ejercicio respetando la neutralidad informativa y desarrollando las misiones de servicio público que la Ley 17/2006 y la Ley General de la Comunicación Audiovisual atribuyen a la Corporación.

Me parece muy bien que el PSOE impugne ante el Constitucional el Decreto-Ley, pero creo que es incoherente renunciar a un consjero, mientras se mantiene otro, por muy distintos que sean sus origenes de nombramiento. Al Partido Socialista le pediría que no realizara una desligitimación de raíz de TVE y RNE, al menos hasta que veamos por donde van las cosas. Por favor, que no se juege a “cuanto peor, mejor”.

Un test para la credibilidad será el nombramiento de los directores de informativos. Primero por los nombres que se propongan. Profesionales con el perfil del nuevo director de EFE indicarían la voluntad palpable de controlar la información. En segundo lugar, no menos importante es respetar los procedimientos establecidos para estos nombramientos por el Estatuto de Informativos.

El director de la respectiva sociedad comunicará a los consejos la propuesta de nombramiento del director de los servicios informativos. Los consejos darán un informe no vinculante en el plazo de siete días y podrán previamente convocar un  referendum. El Consejo de Informativos de TVE ya ha anunciado que piensa convocar esta consulta y ha puesto en marcha una aplicación informática para su rápida realización. Si las nuevas direcciones ignoraran u obstaculiazaran estos procedimientos violarían la ley, pues el Estatuto, pacto entre el Consejo de Administración y los informadores, deriva su fuerza normativa de la Ley 17/2006.

VIABILIDAD EMPRESARIAL

El perfil de González-Echenique apunta fundamentalmente al control de las cuentas. La situación empresarial no puede ser más caótica tras el recorte de 200 m. de € que prácticamente ha supuesto suspender la producción y emitir programas de coste cero.

Para la viabilidad empresarial es decisivo resolver la financiación, formalizar un contrato programa y establecer un plan estratégico.

Si como se teme el Tribunal Europeo declara la tasa a las telecos como contraria al derecho comunitario será necesario un replanteamiento completo y no hay más que dos opciones, o aumentar la subvención presupuestaria o volver a una publicidad limitada. El contrato programa trianual (que tendría que estar en vigor desde hace cuatro años) vincula financiación y objetivos concretos de entre los establecidos por el mandato marco.

Este es el contexto general para la aplicación de un plan estratégico empresarial. En los últimos días está circulando en determinados medios (El Economista, La Gaceta) un denominado Plan Citizen, cuyos promotores aseguran “está estos días en los despachos de La Moncloa”. Se presenta como un plan realizado por un grupo de expertos independientes y lo están presentando Santiago Miralles (anteriormente vinculado a TV3 y ahora profesor de ESADE) y Miguel Ángel Morcuende (ingeniero anteriormente vinculado a TVE).

Mi comentario se basa en el “resumen ejecutivo”, pues el texto de tal informe que yo sepa no es público.

Se vende como un “plan para devolver RTVE a sus verdaderos accionistas, los ciudadanos”. Me parece que tal confesión ya implica un desenfoque. Los accionistas tienen derecho a un beneficio privado; un servicio público genera beneficio social.

Es indudable que RTVE necesita un plan empresarial basado en una gestión moderna. Nunca lo ha tenido, aunque a lo largo de los años han pasado decenas de consultoras, todas con soluciones simplistas nunca aplicadas, pese a sus suculentos honorarios.

El plan Citizen que se dice inspirado en la BBC propone un “ahorro” de un 30% en 4 años. De modo que al final del plan el presupuesto de RTVE quedaría reducido a 600 m. de €, la mitad de los 1.200 que era el techo previsto en el mandato marco. Para ello se afrontarían externalizaciones (con transferencia de personal) y desinversiones, todo ello so pretexto de centrarse en el “core” del servicio, esto es la producción de programas. La verdad no sé que más se podrán externalizar que ya no lo esté. En cuanto a medios infrautilizados lo que hay que hacer es ponerlos a producir, no venderlos.

Acierta el informe Citizen cuando propone una consideración global de los contenidos, desde los programas hasta los contenidos digitales. Pero la solución que se ofrece, entiendo que una gran redacción o fábrica audiovisual integrada, es un objetivo muy difícil y que desde luego requiere importantes inversiones de partida.

En fin, me parece una barbaridad hablar de venta del archivo. El archivo es de todos y debe estar accesible gratuitamente a los ciudadanos. Otra cosa es que se ponga fin al expolio y se cobre por su uso a empresas.

En fin, el Plan Citizen no es el Informe para Reforma.

 

Confundir información con propaganda electoral


Luchaba anoche con mi conexión a Intenet (una vez más Ya.com me tiene sin servicio adsl y, en consecuencia con el blog desatendido) cuando escuché en el Telediario de TVE a Lorenzo Milá introducir el bloque electoral y anunciar que “el orden y los tiempos son establecidos por la Junta Electoral… Una obligación que el Consejo de Informativos de TVE critica porque considera que las campañas deben hacerse exclusivamente con criterios informativos…” (video). Pensé, bueno, el férreo corsé de la propaganda se afloja un poco.

La declaración del Consejo de Informativos es una más de las voces profesionales que vienen pidiendo recuperar la información en las campañas electorales. Los periodistas catalanes fueron pioneros y consiguieron que los bloques electorales se identificaran como una imposición. Ahora el Colexio de Xornalistas de Galicia denuncia que los partidos ponen obstáculos a la toma de imágenes en sus mítines (denuncia de la que también se hizo eco el Telediario de TVE). Es un cambio cualitativo que, por primera vez, TVE se haga eco de esta crítica profesional, aunque sea por una vía tan tímida como esas referencias en el Telediario. Es cierto, también, que durante el bloque electoral aparecen rótulos en los que se advierte que las imágenes han sido grabadas por los respectivos partidos, un principio recogido en el Código Deontólogico del Estatuto de Informativos de RTVE (art. 9.5). Es un pequeño logro del Consejo de Informativos de TVE, que como el de RNE, están encontrando graves obstáculos para desarrollar su misión de control.

¿Cómo es posible que la información electoral haya llegado a convertirse en propaganda? Desde las primeras elecciones democráticas las normas electorales (en la actualidad la L. O. 5/85, de Régimen Electoral General) regularon los espacios de propaganda gratuita en la radio y la televisión públicas. De la sopa de letras de 1977, con todo tipo de agrupaciones y coaliciones improvisando un discurso ideológico antes las cámaras, se pasó a primar a los grupos en función de su representación parlamentaria. Los partidos, según su capacidad económica, fueron poco a poco empleando estos espacios para colocar propaganda con el formato de spot publicitario, con nulo segumiento de la audiencia. Por otra parte, a partir de 1982, TVE, la única televisión por entonces, organizó la cobertura de los mítines y caravanas electorales. Muy pronto la información dejó paso a la propaganda, con un espacio reservado en esa cobertura informativa para los grandes partidos. La Junta Electoral Central exige y aprueba un plan de cobertura informativa de las cadenas públicas para cada convocatoria electoral.

El resultado de este sistema es que la cobertura informativa se ha convertido en un clon de los espacios gratuitos, con los partidos realizando grandes despliegues técnicos, suministrando la imagen realizada (y enaltecedora de la organización y el líder) a las cadenas y dificultando el acceso de las cámaras de las televisiones. Es imprescindible que la Junta Electoral vigile la imparcialidad y el equilibrio informativo, pero someter la información a un previo reparto de tiempos es enfeudarla a los partidos, es convertirla en propaganda. La prensa realiza el seguimiento de la campaña, pero también desarrolla los grandes temas informativos planteados. Las televisiones se quedan en la campaña y las públicas reparten esa cobertura de tal forma que, a veces, para cubrir la cuota de un determinado partido en el día se improvisa una declaración. Es hora de liberar de esa propaganda a los telediarios y hacer información de verdad, esto es, planteando y esclareciendo las cuestiones en juego en esas elecciones.

Mal comienzo para los consejos de informativos de RTVE


Los consejo de informativos de TVE y RNE se constituyeron el 14 de julio y apenas una semana después el Consejo de TVE se estrena con un desagradable conflicto.  La Dirección de los Servicios Informativos ha procedido a realizar una serie de nombramientos, entre los que destaca el de Juan Pablo Valentín como nuevo director del Canal 24 Horas, dependiente de los Servicios Informativos. El Consejo ha hecho pública una nota criticando en concreto este nombramiento, pero, sobre todo, denuncia no haber sido consultado por la Dirección, como era preceptivo. Al margen del juicio que merezcan los profesionales designados, es muy grave que la Dirección de los Servicios Informativos se salte a la torera el Estatuto, recién aprobado en referendum y promulgado por el Consejo de Administración. Su art. 54 establece que la Dirección oirá al Consejo antes de proceder al nombramiento de los responsables editoriales.

El incumplimiento de este precepto es una traición a la letra y al espíritu del Estatuto, una violación de la confianza en la que se asienta el pacto entre RTVE y sus profesionales. El Consejo de Administración debiera de intervenir exigiendo una rectificación a la Dirección de los Servicios Informativos.

Parece que algunos creen que los consejos se han creado para aplaudir.

Estatuto de Información de RTVE


La Corporación RTVE va a dotarse en las próximas semanas de un nuevo instrumento para hacer real el pluralismo interno. Se trata del Estatuto de Información, pactado entre una Comisión Redactora, elegida por los trabajadores, y el Consejo de Administración. El texto fue acordado el pasado 28 de febrero (sin que RTVE apenas diera relieve informativo al hecho) y está ahora pendiente de ratificación en referendum y de su promulgación final por el Consejo de Administración. Como tampoco existe ningún enlace fuera de la intranet de la empresa, incluyo el TEXTO en la página de documentos de este blog.

Los estatutos de redacción nacen en los años 70 como una alternativa a las sociedades de redactores y con una misma finalidad: garantizar el pluralismo al interno de los medios. En Francia, por su peculiar historia, fue posible que en los 60 se constituyeran en el seno de determinados periódicos sociedades de periodistas que, a través de su participación colectiva en el capital societario, controlaran los principios fundacionales de estas publicaciones, en peligro en virtud de la mercantilización de las empresas y la consiguiente concentración. Las más importante ha sido la de Le Monde (véanse en este blog los comentarios Frágil acuerdo en Le Monde y La independencia de Le Monde). En España, pese a algún intento, la situación económica, política y jurídica hacía inviable la solución de la participación de los periodistas en el capital de la empresa. Surge, en cambio, de la mano de El País, la solución de los estatutos de redacción. Le seguirán luego El Mundo, otros diarios y casi todas las televisiones públicas autonómicas (excepto Telemadrid).

Los estatutos de redacción son mecanismos de autorregulación y participación interna. Suelen definir el marco de relaciones profesionales, desarrollando los deberes y derechos de los informadores, estableciendo un conjunto de normas de carácter deontológico (a veces también normas de estilo) y creando órganos de participación (consejos de redacción, comités profesionales). El elemento clave de ese sistema son esos consejos, entre cuyas competencias más importantes y frecuentes suelen estar dar su parecer no vinculante sobre el nombramiento del director de la publicación o de los servicios informativos, o manifestar su discrepancia con una posición editorial en las mismas páginas o programas de la empresa.

En RTVE venía reclamándose un estatuto desde 1981. A pesar de que en varias ocasiones se abrieron negociaciones, estos procesos no llegaron a nada. Una RTVE absolutamente gubernamentalizada no era el mejor contexto para estos instrumentos de participación y control. En cambio, las radiotelevisiones autonómicas, siguiendo el ejemplo de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, se dieron (como digo, salvo Telemadrid, otro reducto de la gubernamentalización) estatutos de informativos. Los estatutos de las radiotelevisiones se centran en la regulación de los aspectos profesionales y amplían su ámbito subjetivo a un conjunto de categorías, como cámaras u operadores de vídeo, con funciones importantes en la conformación de la información audiovisual. Unos estatutos han funcionado mejor y otros (en aquellas empresas con mayor dependencia política) peor, hasta el punto de que en El Mundo o la radiotelevisión valenciana los consejos han dejado de elegirse. El último precedente antes del RTVE ha sido el estatuto de redacción de la agencia EFE, con un alto grado de desarrollo de los derechos profesionales y un Consejo de Redacción con importantes poderes.

La ley de la radio y la televisión de titularidad estatal define un nuevo marco al establecer dentro de su arquitectura institucional los consejos de informativos, a los que caracteriza como órganos de control interno destinados a garantizar la independencia profesional de los informadores y promover la independencia editorial de la Corporación (como garante de los principios del servicio público y entre ellos de los de veracidad y objetividad informativa).

La ley establece que la norma reguladora de estos consejos sea aprobada por el Consejo de Administración “con el acuerdo de los profesionales”. Esta exigencia determinó la elección por los trabajadores de una comisión redactora, que elaboró un texto, luego negociado y pactado con el Consejo de Administración y pendiente ahora de referendum.

Sintéticamente indico las novedades del Estatuto de Información de la Corporación RTVE:

  • Naturaleza de pacto interno
  • Sujeto amplio: los profesionales de la información audiovisual, todos los profesionales del periodismo, la imagen y el sonido que determinan los contenidos informativos
  • Amplio elenco de derechos, con novedades como el derecho a la libertad de creación y el derecho a una carrera profesional, que deberá ser tenida en cuenta a la hora de efectuar nombramientos o adscribir a los puestos de trabajo.
  • Código deontológico adaptado a la realidad presente de la información audiovisual
  • Consejos de informativos con importantes poderes, como dar su opinión sobre los nombramientos de los directores de informativos y comunicación previa de los nombramientos intermedios y de los cambios de organización informativa.
  • Recurso de amparo ante los consejos
  • Posibilidad de expresar una discrepancia editorial

En definitiva, el estatuto es un marco útil para garantizar tanto la independencia personal de los informadores, como la independencia editorial y el respeto de los principios de servicio público que inspiran a la radio y televisión públicas. Pero sólo es un marco, no una panacea. Como todos los derechos, éstos tienen que ser asumidos y ejercidos por sus titulares. Eso conlleva riesgos, pues por importantes que sean las garantías jurídicas siempre queda un terreno gris de discreccionalidad de la empresa. Y como a todas las instituciones, los consejos tienen que dar contenidos reales a sus funciones.

Llega, además, este Estatuto con 20 años de retraso. La generación que luchó por él fue barrida por el ERE. Hoy toca a los jóvenes generaciones aprovechar la conquista.

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