¡Ay Venezuela!


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Los ojos de Chávez, que todo lo vigilan

Sólo unas elecciones libres, legislativas y presidenciales, pactadas con mediación internacional y celebradas simultáneamente pueden dirimir el duelo de las dos legitimidades que se disputan el alma de Venezuela.

Declaración previa de principios

He dudado mucho antes de escribir sobre Venezuela. Es entrar en un territorio minado, en el que es difícil decir algo nuevo. Demasiadas lecciones desde la barrera se dan ya estos días. Pero tengo una especial vinculación con el país. Mi padre, como tantos españoles, fue emigrante allí. Conservo familiares y he tenido alumnos venezolanos. Así que, con el mayor respeto para todos los venezolanos, dejo aquí mis modestas reflexiones, que en este caso no irán respaldadas por fuentes. Por favor, críticas sí, insultos no.

Detesto a todo tipo de caudillos, civiles y militares. Aborrezco a los salvadores y mesías. No creo en los pueblos como unidades místicas.

No me gustó Chávez, desde que en aquel febrero ya tan lejano febrero de 1992 le vi por primera vez en el vídeo de su rendición. Tampoco siento ninguna simpatía por Maduro, una versión más burda de su mentor -en la entrevista de Évole tengo que reconocer que resultó ingenuo y candoroso.

Creo que las llamadas libertades formales (los derechos cívicos) son absolutamente sustanciales para garantizar la dignidad y permitir la conquista de los derechos sociales y económicos. Y que los fines no justifican nunca los medios.

Dos legitimidades

Maduro y Guaidó se consideran presidentes legales. Maduro, como vencedor en unas elecciones presidenciales. Guaidó, como “presidente encargado”, que reconoce esas elecciones y considerar usurpada la presidencia por Maduro, alegando una alambicada interpretación de la Constitución. Ambos, más allá de razones jurídicas, invocan legitimidades más profundas.

Maduro, el pueblo, la revolución, la transformación del país (siempre esgrime índices internacionales de desarrollo favorables a Venezuela), la resistencia contra el imperialismo del que la oposición es lacayo, la insurrección (“guarimbas”) contra el gobierno legítimo. En definitiva, el carácter redentor de la revolución bolivariana.

Guaidó y la oposición, el sectarismo, la desestructuración social, la militarización, la corrupción, el abuso de poder, el caos económico, los presos políticos, los asesinatos por las fuerzas del orden y paramilitares, la corrupción, la emigración masiva. En resumen, su legitimidad no es redentora, como la de los bolivarianos, sino que se basa en la rebelión frente a la tiranía.

Desde el punto de vista de la legalidad, el chavismo ha roto el equilibrio de poderes, si bien es cierto que la Constitución no puede ser más farragosa.

De la manera más ingenua, Maduro explicó a Évole como después de la victoria de la oposición en las legislativas buscó en la Constitución la manera de neutralizar la situación. Y lo hizo convocando al poder constituyente en unas elecciones que, por primera vez desde la llegada de Chávez, reciben denuncias muy serias de fraude. Previamente, el Tribunal Supremo declaró en desacato a la Asamblea Nacional por no reconocer su fallo sobre tres escaños en disputa. Los intentos de poner en marcha un referéndum revocatorio fueron obstaculizados de todas las maneras posibles desde el poder electoral, controlado por el chavismo. Y partidos y candidatos de la oposición fueron inhabilitados electoralmente.

La oposición, o sus sectores más radicales, preconstituyeron desde el principio la prueba para declarar fraudulentas las elecciones presidenciales, algo de lo que, por cierto, advirtió en su día Rodríguez Zapatero. Llamaron al boicot, pero según las cifras oficiales votó más del 46%, casi el 68% por Maduro. Participación desde luego baja para Venezuela, pero homologable a nivel internacional.

A buen seguro en esas elecciones se registrarían irregularidades (por mucho que se realizaran no sé si 16 auditorías informáticas), pero entonces hay que denunciar esas irregularidades concretas y no darlas por supuesto antes de comenzar las votaciones. En cualquier caso, admitiendo todas esas irregularidades, tanto en lo referente a las condiciones de partida, como en el mismo proceso de sufragio, no se pueden ignorar los más de 6 millones de votos y el apoyo popular al chavismo.

Fuente de legitimidad chavista fue durante años la prosperidad del país, basada en la bonanza petrolífera. Y el reparto de esa riqueza hacia los más desfavorecidos. El progreso social de aquellos años no puede negarlo nadie. Pero el planteamiento de las “misiones” con una mentalidad militar concentra las fuerzas en un objetivo que una vez logrado no requiere mayor mantenimiento. No son derechos, es asistencialismo clintelar.

A la inversa, el caos de los últimos años  erosiona la legitimidad chavista. Maduro esgrime una supuesta guerra económica del Imperio. Desde 2015 Estados Unidos y la Unión Europea han bloqueado las cuentas de altos cargos chavistas, medidas que en nada afectan a la economía nacional. Es en agosto de 2017 cuando la administración Trump impone la primera sanción financiera verdaderamente perjudicial para la economía venezolana,  al prohibir la emisión de bonos por el gobierno de Venezuela y PDVSA. Cierto es también que una página web de Miami ha jugado un papel muy poco transparente en el desplome de la divisa venezolana.

Sí, se ha despilfarrado la riqueza petrolífera, lo que no es nada nuevo en Venezuela. Hace 80 años Uslar Pietri proponía “sembrar el petróleo”, pero siempre el país ha dependido de la renta petrolífera y de las importaciones del extranjero. Lo mismo con la inseguridad. Desde los años 60, Caracas, ha sido siempre una de las capitales más peligrosas del mundo.

Dos legitimidades, en definitiva, cada una con sus apoyos populares, su invocación a la justicia y sus argumentos jurídicos.

El alcance de los reconocimientos

Un gobierno puede optar por aceptar o no a una determinada legitimidad en otro territorio. En los usos diplomáticos, si la acción de un gobierno extranjero es contraria a los intereses o principios de otro, lo común es romper relaciones y retirar al embajador, en la mayor parte de los casos con una previa llamada a consultas -como ha hecho este jueves Francia con su embajador en Roma.

El axioma diplomático dice que se reconocen estados, no gobiernos. Franco, después del incidente del embajador Lojendio, no dejo de reconocer al gobierno de Castro, que era el que de hecho ejercía el poder en Cuba, simplemente retiró al embajador durante una temporada. Durante la guerra española, Francia y Reino unido mantuvieron un representante ante el gobierno de Burgos, pero no reconocieron a Franco hasta la caída de Cataluña y la huída del gobierno de la República a Francia. En otras palabras, el reconocimiento es enviar embajadores ante el gobierno que ejerce el poder efectivo, lo que no es el caso de Guaidó.

Vale la pena recordar la doctrina Estrada, que López Obrador recupera después de unos años de activismo de la diplomacia mexicana. Así la formuló el 29 de septiembre de 1930 el canciller Genaro Estrada ante los representantes diplomáticos de los países latinoamericanos:

“El gobierno de México no otorga reconocimiento porque considera que esta práctica es denigrante, ya que a más de herir la soberanía de las otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores pueden ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. El gobierno mexicano sólo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente, ni a posteriori, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”

Se ha invocado estos días por los partidarios de Guaidó la llamada doctrina Betancourt, que informó dutante los sesenta la política exterior venezolana. Puede resumirse en esta cita del primer discurso presidencia de Rómulo Betancourt en 1959:

“Regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de los ciudadanos y los tiranicen con respaldo de policías políticas totalitarias, deben ser sometidos a riguroso cordón profiláctico y erradicados mediante acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica interamericana”

La doctrina Betancourt ha inspirado la acción de la OEA contra golpes de estado (derrocamiento de Aristide, autogolpe de Fujimori,  intento de golpe de Lino Oviedo en Paraguay) y favoreció el reforzamiento de las competencias de su secretario general, hoy el uruguayo Luis Almagro, uno de los más enérgicos acusadores de Maduro.

El reconocimiento del autoproclamado Guaidó tiene indudables efectos políticos – deslegitima y aisla a Maduro- pero ninguno diplomático, en tanto no se retiren los embajadores de Venezuela y se de el placet a los diplomáticos nombrados por Guaidó en estados y organizaciones internacionales. El arma más terrible de los países que han reconocido a Maduro es la imposición de sanciones financieras y congelación de cuentas estatales y de PDVSA.

La injerencia de Estados Unidos y la guerra fría

Todo indica, y así lo han reconocido destacados miembros de la oposición, que esta operación se ha fraguado en Washington. Y detrás de ella, además del estulto Trump, como ideólogo está John Bolton, que ya lo fuera de la invasión de Irak, y como ejecutor designado Elliot Abrams, quien también lo fue de la Operación Irak-Contra. ¿A dónde se puede ir con estos mentores?

Estados Unidos va a dar la batalla a Rusia y China en Venezuela. Venezuela paga los créditos rusos con petróleo y la rusa Rosfnet tiene importantes explotaciones en Venezuela. La deuda de Caracas con Pekín es de 60.000 millones de dólares. Cuba controla los servicios de seguridad. Según la agencia Reuters, que cita fuentes rusas, en Venzuela estarían destacados mercenarios del grupo Wagner para reforzar la seguridad de Maduro.

Los defensores internacionales de Maduro siempre sostienen que de lo que trata Estados Unidos es de hacerse con el petróleo de Venezuela. El petróleo venezolano ya no es una prioridad estratégica: supone un 7% de las importaciones norteamericanas (un 30% de las exportaciones para Venezuela) y es fácilmente sustituible en un contexto de creciente autosuficiencia de Estados Unidos. Pero sigue siendo un codiciado negocio para las empresas norteamericanas. Escuché en la radio una declaración de Guaidó en la que prometía mantener el caracte estatal de PDVSA, pero abrir el sector a la inversión privada. La misma política de la ley de hidrocarburos de Peña Nieto en México, que ahora López Obrador va a revertir.

En definitiva, un complicado tablero geopolítico lleno de trampas explosivas, que los países verdaderamente amigos de Venezuela debieran tratar de desactivar y no cebar.

No, no se dan las condiciones para una intervención internacional

En Washington se repite machaconamente “todas las opciones están abiertas”, como un eufemismo de intervención militar. Bolton muestra en su cuaderno ante los periodistas, de forma más provocativa que inadvertida, el enunciado “5.000 tropas a Colombia”.

Fuera de Estados Unidos nadie apoya formalmente una intervención militar, pero no faltan voces que defienden una ingerencia llamada humanitaria.  La idea de una injerencia justificada en razones humanitarias nació en los 90, ante el escándalo por la pasividad internacional por los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y Ruanda.

En 2005 la ONU reconoció la doctrina de la responsabilidad de proteger: si los estados son soberanos, el reverso de esa soberanía es su deber de proteger a sus ciudadanos contra crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Si el estado no cumple con su responsabilidad la intervención está justificada, siempre que se den estas condiciones: Causa Justa, Intención Acertada, Último Recurso, Medios Proporcionales, Perspectivas Razonables y Autoridad Apropiada.

El secretario de la OEA, Luis Almagro, envió en junio de 2018, un informe a la fiscalía del Tribunal Penal Internacional un informe en el que se sostiene que en Venezuela se han cometido crímenes de intencionalidad política que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad. La fiscalía no se ha pronunciado, pero en cualquier caso estos crímenes se sustanciarían ante el TPI. Solo la persistencia de su comisión y el cumplimiento de los otros requisitos mencionados legitimaría una intervención en nombre del principio de la responsabilidad de proteger.

Estados Unidos ha puesto en marcha una operación de envío de suministros (alimentos, medicamentos, suplementos nutricionales) por un valor de 20 millones de dólares. El primer envío ya está en Cúcuta, en la frontera entre Venezuela y Colombia y se anuncian otros envíos desde la frontera con Brasil y desde alguna isla del Caribe.

Que Venezuela está en una situación humanitaria límite es indudable. Si fuera inteligente Maduro dejaría pasar estas mercancías y exigiría que fueran repartidas con transparencia por una organización que nada tuviera que ver con la oposición y fuera aceptada por todos (¿Cáritas?). Prohibir el paso por “dignidad” es el mejor escenario para Estados Unidos y Guaidó. Ya tenemos un casus belli.

La situación me recuerda a la de los inspectores internacionales en Irak. Sadam Husein se negaba a las inspecciones a las que estaba obligado por la legislación internacional por ser una ingerencia a su soberanía. Bajo una presión brutal, por fin permitió la entrada de los inspectores, que certificaron que no había armas de destrucción masiva, pero la administración Bush siguió adelante con su campaña de embustes (recuerdo la bochornosa intervención de Powell ante el Consejo de Seguridad) y finalmente desató una invasión, con las consecuencias conocidas (destrucción y guerra sectaria en Irak, explosión del yihadismo, guerra de Siria).

¿Y ahora qué?

Cuando dos legitimidades se enfrentan en un país, si ambas son solidas, están bien cohesionadas, con apoyos externos bien definidos y sin vías de entendimiento lo más probable es el enfrentamiento prolongado con resultados terribles. Pero también  puede que uno de los bloques no sea tan solido y se derrumbe, bien de modo dramático, bien mediante un lento deterioro durante el cual va perdiendo adhesiones.

La Historia nos deja imágenes emocionantes de soldados o policías que se niegan a disparar contra una manifestación, haciendo colapsar un régimen opresivo. También la de la de generales que ayer adulaban al tirano y hoy le suplantan, juntas de jóvenes oficiales que apelan al pueblo y, la más dramática, ejércitos de lealtades partidas que se enfrentan en guerra civil.

Hasta ahora el apoyo de la cúpula militar a Maduro ha sido férreo, la disciplina de los uniformados se ha mantenido y los militares parecen haber hecho oidos sordos a la oferta de amnistía de Guaidó. Un golpe militar, por mucho que se hiciera bajo la promesa de elecciones no haría más que perpetuar el papel de la milicia en la vida política. Y peor podría ser un desplome de la línea de mando, que podría traer el enfrentamiento entre unidades y un caos generalizado, con grupos paramilitares sembrado el terror.

Las sanciones económicas serán devastadoras para la pauperizada Venezuela. Están diseñadas para que el régimen colapse… a costa de maás sufrimiento para los venezolanos.

La única salida sería la convocatoria simultánea de elecciones legislativas y presidenciales, propiciadas por el Grupo de Contacto (UE) y el Mecanismo de Montevideo (México, Uruguay y países del Caribe). Las posiciones de estas dos iniciativas diplomáticas son distintas, pero no divergentes. En la reunión de Montenvideo de este jueves el Grupo de Contacto defendió la celebración de elecciones libres y el Mecanismo de Montevideo la negociación entre gobierno y oposición.

No soy diplomático, pero se de las dificultades que tiene cualquier salida pactada a una crisis interna. Con todo, me permito pensar en una ruta que condujera a unas elecciones legislativas y presidenciales libres, para que el pueblo venezolano dirima el duelo de legitimidades.

Esta hoja de ruta podría pasar por la suspensión condicionada de las sanciones por tres meses, durante los que gobierno y oposición negocien el proceso electoral. Si se han conseguido resultados, la suspensión  se prolongaría otros tres meses hasta la celebración efectiva de las elecciones y la aceptación de los resultados por todos.

La negociación, facilitada por el Grupo de Contacto y el Mecanismo de Montenvideo, exigiría renovar el Consejo Nacional Electoral, con personalidades prestigiosas aceptadas por todos, garantías en la actualización del censo electoral y observación internacional.

El gobierno debiera de aceptar también la apertura urgente de canales de ayuda humanitaria gestionados por organizaciones independientes. Otro elemento sería la puesta en libertad de todos los detenidos sin cargos por manifestaciones de protesta, la aceleración de procesos y la mejora de las condiciones carcelarias. También se podría acordar la negociación después de las elecciones de soluciones de justicia restaurativa y una negociación económica al estilo de los Pactos de la Moncloa.

Y que sean los venezolanos los que decidan su futuro en paz.

 

 

 

 

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Consultas públicas sobre el futuro del audiovisual


Durante enero y febrero algunas de las normas fundamentales de la regulación audiovisual han estado o están en período de información o consulta pública.

A lo largo de este año debieran, primero, promulgarse las normas reglamentarias que permitan que la TDT siga siendo el sistema de difusión de la televisión lineal y, luego presentarse el proyecto de ley que modifique la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) para adaptarla a la reforma de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual.

A buen seguro que los servicios de estudios de los grupos mediáticos echan humo y abogados y lobistas peregrinan por despachos de funcionarios y políticos. El Derecho español abre vías para que interesados y ciudadanos hagan sus aportaciones en los pasos previos del proceso legislativo. A buen seguro lo harán las instituciones (por ejemplo, CNMC, consejos audiovisuales de Andalucía y Cataluña), las empresas audiovisuales, de telecomunicaciones y publicitarias. Más difícil es que tengan la capacidad de hacer oír su voz las pocas organizaciones sociales y académicas interesadas en el sector.

Por si alguien se anima, en esta página del Ministerio de Economía se encuentran las distintas normas sometidas a información o consulta pública.

El segundo dividendo digital y el Plan Técnico de la TDT

Estamos inmersos en un proceso de reordenación del espectro radioeléctrico, en el que frecuencias hasta ahora ocupadas en la emisión de televisión se van a otorgar a los operadores de telecomunicaciones para el desarrollo de la nueva banda ancha inalámbrica móvil 5G. La nueva generación de telefonía móvil promete una enorme capacidad de transmisión de datos ( mínimo 20 Gbps y 10 Gbps de subida, latencia de 4 ms) para hacer posible el Internet de las cosas, esto es, que todo tipo de dispositivos puedan estar conectados en una misma red Ip con respuestas instantáneas.

A esa trasferencia (“liberación” en la jerga del sector) de frecuencias de los servicios de radiodifusión a los de telecomunicaciones se le ha llamado dividendo digital. Ya se produjo un primer crecimiento de la telefonía móvil en el espectro con la digitalización de la emisión de televisión y ahora viene el segundo.

¿Dividendo para quién? Sin duda para los telecos, para los gobiernos, que obtienen importantes ingresos en la subasta de las frecuencias, para las empresas que pueden desarrollar nuevos servicios y los ciudadanos que sean sus clientes. Pero un recurso de dominio público, como es el espectro, en lugar de utilizarse para la difusión de un servicio abierto de acceso universal y gratuito, como es la radiodifusión, se va a utilizar para un servicio de pago por suscripción a un operador de acceso.

Puesto que el aumento de la resolución (del SD al Hd, del 4 K al 8 K) de la imagen en emisión requerirá una ocupación mayor del espectro es muy improbable que la televisión lineal pueda seguirse distribuyéndose directamente por emisión hertziana y haya distribuirse por la red de datos bajo protocolo Ip. Dicho más claro: hora encendemos el receptor y oímos la radio o vemos la televisión sin suscripción ni pago, dentro de poco tendremos que tener un acceso a Internet, de pago, por supuesto, para acceder a la aplicación del canal, sea este abierto o no. ¿Privatización del dominio público?.

De momento, la televisión lineal tiene garantizada la emisión hertziana (la TDT, para entenderno) hasta 2030. Una decisión de la UE de 17 mayo de 2017 establece que la liberación de la banda de 700 Mz y su dedicación a la telefonía de banda ancha debe hacerse antes de 30 de junio de 2020, al tiempo que reserva hasta 2030 la banda de 470-694 Mz, canales 21-48, para las emisiones de televisión digital. Así que antes de julio del próximo año sufriremos otro baile de frecuencias. Las televisiones desocuparan los canales que utilizan en la banda de 700 Mz y habrán de acomodarse en los canales 21-48. Y los sufridos consumidores tendrán que readaptar las antenas.

Sale ahora a consulta el proyecto de Decreto del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre. En esencia, su objetivo es mantener la misma oferta de canales programáticos actuales, reacomodándolos a todos en los canales radioeléctricos 21 a 48, sobre los que operarán dos multiplex más, a sumar a los seis asistentes.

Más de lo mismo, mismo número de canales por operador, mayoría de canales en SD, canales en HD (replicados en simulcast en SD) de calidad muy mejorable, iguales capacidades de desconexión. Los mismos canales más apretados en menor ancho de banda, gracias, se supone, a una mejor administración del espectro.

Veremos si la calidad no se reduce aún más en esta migración. Falta ambición y una apuesta por la calidad en lugar de por la cantidad. Pero no se puede hacer otra cosa, teniendo en cuenta las licencias otorgadas. Ya se perdió una oportunidad en 2015 al otorgar otras tres licencias SD y otras tantas HD. Ahora todo se fía a la mejora que traerá la nueva norma de emisión DVB-T2, pero al respecto no se establece la obligatoriedad de su uso por los emisores, pero sí que los receptores estén adaptados a ella.

En el caso de RTVE la situación mejora un poco. Ahora tiene un multiplex (cuatro canales) en exclusiva y la mitad de otro, en total 6 canales radioeléctricos, que dan para 4 canales en simulcast (SD y HD al mismo tiempo) y uno solo en SD (Canal 24 Horas). En el nuevo Plan Técnico contará con un multiplex exclusivo y 3/4 de otro, en total 7 canales radioeléctricos, que debieran permitir, al menos, que el Canal 24 Horas se emita simultáneamente en SD y HD.

La emisión simultánea en SD y HD es una utilización bastante ineficiente del espectro, pero por ahora es la única manera de que todos los espectadores, incluso los menos actualizados tecnológicamente, puedan recibir todos los canales.

¿No se podría hacer un “apagón SD”, como se hizo un “apagón analógico”? Entonces todos tuvimos que comprar un decodificador o cambiar de televisor. Ahora con una medida similar, como sería la imposición de la norma DVB-T2 ¿quedaría alguien detrás, esto es, aumentaría la brecha entre “los que tienen” y “los que no tienen”?

La supervivencia de la televisión lineal en abierto pasa por mejorar su resolución, al menos a HD, con una previsión clara para llegar al UHD (4K). Sus competidores, las OTT del vídeo bajo demanda (VOD) prácticamente ofrecen todos sus contenidos en HD y muchos en UHD.

Para la migración a los canales 21-la Hoja de Ruta del segundo dividendo prevé subvenciones para la adaptación de las edificaciones (sí, habrá que resintonizar de nuevo las antenas, buen negocio para los antenistas) y para que los operadores emitan simultánea y transitoriamente en sus actuales canales de la banda 700 Mz y en los definitivos de la banda  470-694 Mz. Por el momento, solo hay abierta información pública para elaborar un Decreto de subvenciones a los operadores públicos.

No debe olvidarse tampoco el principio de neutralidad tecnológica,  esto es, que si se otorgan ayudas para la prestación del servicio, estas deben abrirse en condiciones de igualdad a las distintos sistemas de distribución de la señal: transmisión digital terrestre, cable, Internet. La neutralidad tecnológica forma parte de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, que ha ratificado la reclamación por parte de la Comisión de las ayudas a la implantación realizadas por Galicia y Castilla-León, aunque no en el caso de Castilla-La Mancha, por razones jurídicas que aquí no se pueden desarrollar. De modo que resultará complicado que se subvencione a Abertis, el operador de la red, para que las emisiones lleguen a lugares de difícil cobertura.

Por cierto, que en la reforma del Plan se sigue incumpliendo la obligación de reserva de espectro radioeléctrico para los servicios comunitarios sin ánimo de grupo (art. 32.2 LGCA).

La reforma de la Directiva de Servicios Audiovisuales y de la LGCA

Las infraestructuras y normas técnicas son decisivas para el futuro de la televisión, pero los cambios descritos no afectan a los contenidos, más allá de la resolución. La norma básica de regulación de los contenidos es la Directiva europea de Servicios Audiovisuales y su transposición española en la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual (texto consolidado).

En 1989, invocando la unidad del mercado de servicios, la Directiva de la Televisión sin Fronteras instauró una regulación europea del servicio de la televisión, independientemente de que fuera prestado por operadores públicos o privados.

Los estados tenían que aceptar las emisiones transfronterizas de otro estado miembro, bajo el supuesto de que los contenidos estaban sujetos al menos a esa mínima regulación. Básicamente, las materias reguladas han sido la publicidad y otras comunicaciones comerciales, el fomento de la producción europea, la protección de los menores y los consumidores.

La Directiva se amplió primero a los medios audiovisuales y luego al concepto más amplio de servicios de comunicación audiovisual. La Directiva, junto con la política de la competencia, han modelado la política audiovisual europea con una orientación mercantil, nada favorable para los operadores públicos. Y aunque se trata de una regulación de mínimos, los estados se han acomodado a ellos, sin normas más rigurosas protectora del pluralismo y el derecho a la información de los ciudadanos.

Su última reforma es la Directiva 2018/1808, de 14 de noviembre. Los estados deben trasponerla antes del 20 de septiembre de 2020. De aquí, la consulta para modificar la LGCA.

No se puede analizar aquí con extensión el contenido de la reforma de la Directiva, pero estas son sus líneas básicas:

  • Los servicios de vídeo bajo demanda (VOD) pasan a considerarse servicios de comunicación audiovisual y se adapta a ellos la regulación de los canales de televisión. La medida más destacada (art. 13) es la obligación de que un 30% de su catálogo sean producciones europeas y si el estado (como es el caso de España) impone a los canales de televisión obligaciones de financiación, estas serán aplicables también a estas plataformas de vídeos bajo demanda.
  • Los servicios de intercambio de vídeos se regulan específicamente. Se trata de servicios comerciales cuya actividad principal sea la agregación de vídeos, por tanto, una página web informativa que suba vídeos no entra dentro de esta categoría. A diferencia de los servicios de comunicación audiovisual (canales y plataformas de VOD) en estas plataformas no existe un control editorial de los contenidos, pero si una responsabilidad derivada de su capacidad de ordenar, presentar y destacar los vídeos generados y subidos por los usuarios. Su regulación es mucho más laxa que la de los servicios de comunicación audiovisual. Se podrán establecer medidas a proteger a los menores y evitar los vídeos que inciten al odio, la violencia o la comisión de delitos de terrorismo. La Directiva invita a los estados a adoptar fórmulas de autorregulación y corregulación. Las medidas adoptadas pasarán por la identificación de los contenidos, la verificación de la edad de los usuarios, facilidades de control parental, herramientas de denuncia de contenidos peligrosos. En ningún caso se podrán adoptar medidas de control previo ni filtrado de contenidos.
  • Liberalización de la publicidad. Reforma tras reforma, las condiciones impuestas a las comunicaciones comerciales son cada vez más laxas. Ahora, los canales de televisión ya no tendrán limitaciones hora a hora. Bastará con que cumplan el límite de un 20% de todo el tiempo de emisión en los horarios de 8 a 18 horas y de 18 a 24 horas. Así que los espectadores de los canales privados ya pueden prepararse para bloques publicitarios extremadamente largos cuando al operador le convenga. Las autopromociones y las cortinillas no cuentan como publicidad. Además, se permite el emplazamiento publicitario, salvo en los programas informativos, infantiles y religiosos.
  • Transparencia. Los estados deberán velar porque el público pueda acceder a la información básica del operador de un servicio, pero los estados si lo desean pueden obligar a hacer pública la estructura de la propiedad.
  • Reguladores audiovisuales. Refuerza las exigencias de independencia y admite que los reguladores lo puedan ser de varios sectores, algo que no favorece a los que hemos pedido un consejo audiovisual especializado, como establecía la LGCA y no el actual regulador omnibus que es la CNMC. Se crea el Grupo de Entidades Reguladoras (ERGA).

La transposición de la Directiva exige la modificación de la LGCA, para lo que se abre consulta pública hasta el 22 de marzo. La consulta realiza 22 preguntas, la mayor parte muy generales. No debe olvidarse que, conforme la Directiva (art. 4.1), los estados pueden imponer a los prestadores bajo su jurisdicción medidas más estrictas y detalladas (art. 4.1).

No tiene que ver con la adaptación de la Directiva, pero a mi modesto juicio la reforma más importante que requiere el derecho audiovisual español es la reforma del régimen de licencias. No puede ser que las medidas anticoncentración se apliquen solo antes de las fusiones y no después, con la consecuencia de un oligopolio de dos grandes grupos que concentran el 60% de la audiencia y el 85% de la publicidad. Los procesos de otorgamiento tienen que ser transparentes, los proyectos presentados públicos y deben establecerse procedimientos de retirada de la licencia si se incumplen los compromisos en función de los que fue otorgada.

A partir de ahora se desarrollará una batalla para que la reforma sea la más conveniente a los intereses de los grandes públicos.

¿Quién defenderá al servicio público y a los intereses y derechos de los ciudadanos?

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