¡Ay Venezuela!


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Los ojos de Chávez, que todo lo vigilan

Sólo unas elecciones libres, legislativas y presidenciales, pactadas con mediación internacional y celebradas simultáneamente pueden dirimir el duelo de las dos legitimidades que se disputan el alma de Venezuela.

Declaración previa de principios

He dudado mucho antes de escribir sobre Venezuela. Es entrar en un territorio minado, en el que es difícil decir algo nuevo. Demasiadas lecciones desde la barrera se dan ya estos días. Pero tengo una especial vinculación con el país. Mi padre, como tantos españoles, fue emigrante allí. Conservo familiares y he tenido alumnos venezolanos. Así que, con el mayor respeto para todos los venezolanos, dejo aquí mis modestas reflexiones, que en este caso no irán respaldadas por fuentes. Por favor, críticas sí, insultos no.

Detesto a todo tipo de caudillos, civiles y militares. Aborrezco a los salvadores y mesías. No creo en los pueblos como unidades místicas.

No me gustó Chávez, desde que en aquel febrero ya tan lejano febrero de 1992 le vi por primera vez en el vídeo de su rendición. Tampoco siento ninguna simpatía por Maduro, una versión más burda de su mentor -en la entrevista de Évole tengo que reconocer que resultó ingenuo y candoroso.

Creo que las llamadas libertades formales (los derechos cívicos) son absolutamente sustanciales para garantizar la dignidad y permitir la conquista de los derechos sociales y económicos. Y que los fines no justifican nunca los medios.

Dos legitimidades

Maduro y Guaidó se consideran presidentes legales. Maduro, como vencedor en unas elecciones presidenciales. Guaidó, como “presidente encargado”, que reconoce esas elecciones y considerar usurpada la presidencia por Maduro, alegando una alambicada interpretación de la Constitución. Ambos, más allá de razones jurídicas, invocan legitimidades más profundas.

Maduro, el pueblo, la revolución, la transformación del país (siempre esgrime índices internacionales de desarrollo favorables a Venezuela), la resistencia contra el imperialismo del que la oposición es lacayo, la insurrección (“guarimbas”) contra el gobierno legítimo. En definitiva, el carácter redentor de la revolución bolivariana.

Guaidó y la oposición, el sectarismo, la desestructuración social, la militarización, la corrupción, el abuso de poder, el caos económico, los presos políticos, los asesinatos por las fuerzas del orden y paramilitares, la corrupción, la emigración masiva. En resumen, su legitimidad no es redentora, como la de los bolivarianos, sino que se basa en la rebelión frente a la tiranía.

Desde el punto de vista de la legalidad, el chavismo ha roto el equilibrio de poderes, si bien es cierto que la Constitución no puede ser más farragosa.

De la manera más ingenua, Maduro explicó a Évole como después de la victoria de la oposición en las legislativas buscó en la Constitución la manera de neutralizar la situación. Y lo hizo convocando al poder constituyente en unas elecciones que, por primera vez desde la llegada de Chávez, reciben denuncias muy serias de fraude. Previamente, el Tribunal Supremo declaró en desacato a la Asamblea Nacional por no reconocer su fallo sobre tres escaños en disputa. Los intentos de poner en marcha un referéndum revocatorio fueron obstaculizados de todas las maneras posibles desde el poder electoral, controlado por el chavismo. Y partidos y candidatos de la oposición fueron inhabilitados electoralmente.

La oposición, o sus sectores más radicales, preconstituyeron desde el principio la prueba para declarar fraudulentas las elecciones presidenciales, algo de lo que, por cierto, advirtió en su día Rodríguez Zapatero. Llamaron al boicot, pero según las cifras oficiales votó más del 46%, casi el 68% por Maduro. Participación desde luego baja para Venezuela, pero homologable a nivel internacional.

A buen seguro en esas elecciones se registrarían irregularidades (por mucho que se realizaran no sé si 16 auditorías informáticas), pero entonces hay que denunciar esas irregularidades concretas y no darlas por supuesto antes de comenzar las votaciones. En cualquier caso, admitiendo todas esas irregularidades, tanto en lo referente a las condiciones de partida, como en el mismo proceso de sufragio, no se pueden ignorar los más de 6 millones de votos y el apoyo popular al chavismo.

Fuente de legitimidad chavista fue durante años la prosperidad del país, basada en la bonanza petrolífera. Y el reparto de esa riqueza hacia los más desfavorecidos. El progreso social de aquellos años no puede negarlo nadie. Pero el planteamiento de las “misiones” con una mentalidad militar concentra las fuerzas en un objetivo que una vez logrado no requiere mayor mantenimiento. No son derechos, es asistencialismo clintelar.

A la inversa, el caos de los últimos años  erosiona la legitimidad chavista. Maduro esgrime una supuesta guerra económica del Imperio. Desde 2015 Estados Unidos y la Unión Europea han bloqueado las cuentas de altos cargos chavistas, medidas que en nada afectan a la economía nacional. Es en agosto de 2017 cuando la administración Trump impone la primera sanción financiera verdaderamente perjudicial para la economía venezolana,  al prohibir la emisión de bonos por el gobierno de Venezuela y PDVSA. Cierto es también que una página web de Miami ha jugado un papel muy poco transparente en el desplome de la divisa venezolana.

Sí, se ha despilfarrado la riqueza petrolífera, lo que no es nada nuevo en Venezuela. Hace 80 años Uslar Pietri proponía “sembrar el petróleo”, pero siempre el país ha dependido de la renta petrolífera y de las importaciones del extranjero. Lo mismo con la inseguridad. Desde los años 60, Caracas, ha sido siempre una de las capitales más peligrosas del mundo.

Dos legitimidades, en definitiva, cada una con sus apoyos populares, su invocación a la justicia y sus argumentos jurídicos.

El alcance de los reconocimientos

Un gobierno puede optar por aceptar o no a una determinada legitimidad en otro territorio. En los usos diplomáticos, si la acción de un gobierno extranjero es contraria a los intereses o principios de otro, lo común es romper relaciones y retirar al embajador, en la mayor parte de los casos con una previa llamada a consultas -como ha hecho este jueves Francia con su embajador en Roma.

El axioma diplomático dice que se reconocen estados, no gobiernos. Franco, después del incidente del embajador Lojendio, no dejo de reconocer al gobierno de Castro, que era el que de hecho ejercía el poder en Cuba, simplemente retiró al embajador durante una temporada. Durante la guerra española, Francia y Reino unido mantuvieron un representante ante el gobierno de Burgos, pero no reconocieron a Franco hasta la caída de Cataluña y la huída del gobierno de la República a Francia. En otras palabras, el reconocimiento es enviar embajadores ante el gobierno que ejerce el poder efectivo, lo que no es el caso de Guaidó.

Vale la pena recordar la doctrina Estrada, que López Obrador recupera después de unos años de activismo de la diplomacia mexicana. Así la formuló el 29 de septiembre de 1930 el canciller Genaro Estrada ante los representantes diplomáticos de los países latinoamericanos:

“El gobierno de México no otorga reconocimiento porque considera que esta práctica es denigrante, ya que a más de herir la soberanía de las otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores pueden ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. El gobierno mexicano sólo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente, ni a posteriori, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”

Se ha invocado estos días por los partidarios de Guaidó la llamada doctrina Betancourt, que informó dutante los sesenta la política exterior venezolana. Puede resumirse en esta cita del primer discurso presidencia de Rómulo Betancourt en 1959:

“Regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de los ciudadanos y los tiranicen con respaldo de policías políticas totalitarias, deben ser sometidos a riguroso cordón profiláctico y erradicados mediante acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica interamericana”

La doctrina Betancourt ha inspirado la acción de la OEA contra golpes de estado (derrocamiento de Aristide, autogolpe de Fujimori,  intento de golpe de Lino Oviedo en Paraguay) y favoreció el reforzamiento de las competencias de su secretario general, hoy el uruguayo Luis Almagro, uno de los más enérgicos acusadores de Maduro.

El reconocimiento del autoproclamado Guaidó tiene indudables efectos políticos – deslegitima y aisla a Maduro- pero ninguno diplomático, en tanto no se retiren los embajadores de Venezuela y se de el placet a los diplomáticos nombrados por Guaidó en estados y organizaciones internacionales. El arma más terrible de los países que han reconocido a Maduro es la imposición de sanciones financieras y congelación de cuentas estatales y de PDVSA.

La injerencia de Estados Unidos y la guerra fría

Todo indica, y así lo han reconocido destacados miembros de la oposición, que esta operación se ha fraguado en Washington. Y detrás de ella, además del estulto Trump, como ideólogo está John Bolton, que ya lo fuera de la invasión de Irak, y como ejecutor designado Elliot Abrams, quien también lo fue de la Operación Irak-Contra. ¿A dónde se puede ir con estos mentores?

Estados Unidos va a dar la batalla a Rusia y China en Venezuela. Venezuela paga los créditos rusos con petróleo y la rusa Rosfnet tiene importantes explotaciones en Venezuela. La deuda de Caracas con Pekín es de 60.000 millones de dólares. Cuba controla los servicios de seguridad. Según la agencia Reuters, que cita fuentes rusas, en Venzuela estarían destacados mercenarios del grupo Wagner para reforzar la seguridad de Maduro.

Los defensores internacionales de Maduro siempre sostienen que de lo que trata Estados Unidos es de hacerse con el petróleo de Venezuela. El petróleo venezolano ya no es una prioridad estratégica: supone un 7% de las importaciones norteamericanas (un 30% de las exportaciones para Venezuela) y es fácilmente sustituible en un contexto de creciente autosuficiencia de Estados Unidos. Pero sigue siendo un codiciado negocio para las empresas norteamericanas. Escuché en la radio una declaración de Guaidó en la que prometía mantener el caracte estatal de PDVSA, pero abrir el sector a la inversión privada. La misma política de la ley de hidrocarburos de Peña Nieto en México, que ahora López Obrador va a revertir.

En definitiva, un complicado tablero geopolítico lleno de trampas explosivas, que los países verdaderamente amigos de Venezuela debieran tratar de desactivar y no cebar.

No, no se dan las condiciones para una intervención internacional

En Washington se repite machaconamente “todas las opciones están abiertas”, como un eufemismo de intervención militar. Bolton muestra en su cuaderno ante los periodistas, de forma más provocativa que inadvertida, el enunciado “5.000 tropas a Colombia”.

Fuera de Estados Unidos nadie apoya formalmente una intervención militar, pero no faltan voces que defienden una ingerencia llamada humanitaria.  La idea de una injerencia justificada en razones humanitarias nació en los 90, ante el escándalo por la pasividad internacional por los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y Ruanda.

En 2005 la ONU reconoció la doctrina de la responsabilidad de proteger: si los estados son soberanos, el reverso de esa soberanía es su deber de proteger a sus ciudadanos contra crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Si el estado no cumple con su responsabilidad la intervención está justificada, siempre que se den estas condiciones: Causa Justa, Intención Acertada, Último Recurso, Medios Proporcionales, Perspectivas Razonables y Autoridad Apropiada.

El secretario de la OEA, Luis Almagro, envió en junio de 2018, un informe a la fiscalía del Tribunal Penal Internacional un informe en el que se sostiene que en Venezuela se han cometido crímenes de intencionalidad política que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad. La fiscalía no se ha pronunciado, pero en cualquier caso estos crímenes se sustanciarían ante el TPI. Solo la persistencia de su comisión y el cumplimiento de los otros requisitos mencionados legitimaría una intervención en nombre del principio de la responsabilidad de proteger.

Estados Unidos ha puesto en marcha una operación de envío de suministros (alimentos, medicamentos, suplementos nutricionales) por un valor de 20 millones de dólares. El primer envío ya está en Cúcuta, en la frontera entre Venezuela y Colombia y se anuncian otros envíos desde la frontera con Brasil y desde alguna isla del Caribe.

Que Venezuela está en una situación humanitaria límite es indudable. Si fuera inteligente Maduro dejaría pasar estas mercancías y exigiría que fueran repartidas con transparencia por una organización que nada tuviera que ver con la oposición y fuera aceptada por todos (¿Cáritas?). Prohibir el paso por “dignidad” es el mejor escenario para Estados Unidos y Guaidó. Ya tenemos un casus belli.

La situación me recuerda a la de los inspectores internacionales en Irak. Sadam Husein se negaba a las inspecciones a las que estaba obligado por la legislación internacional por ser una ingerencia a su soberanía. Bajo una presión brutal, por fin permitió la entrada de los inspectores, que certificaron que no había armas de destrucción masiva, pero la administración Bush siguió adelante con su campaña de embustes (recuerdo la bochornosa intervención de Powell ante el Consejo de Seguridad) y finalmente desató una invasión, con las consecuencias conocidas (destrucción y guerra sectaria en Irak, explosión del yihadismo, guerra de Siria).

¿Y ahora qué?

Cuando dos legitimidades se enfrentan en un país, si ambas son solidas, están bien cohesionadas, con apoyos externos bien definidos y sin vías de entendimiento lo más probable es el enfrentamiento prolongado con resultados terribles. Pero también  puede que uno de los bloques no sea tan solido y se derrumbe, bien de modo dramático, bien mediante un lento deterioro durante el cual va perdiendo adhesiones.

La Historia nos deja imágenes emocionantes de soldados o policías que se niegan a disparar contra una manifestación, haciendo colapsar un régimen opresivo. También la de la de generales que ayer adulaban al tirano y hoy le suplantan, juntas de jóvenes oficiales que apelan al pueblo y, la más dramática, ejércitos de lealtades partidas que se enfrentan en guerra civil.

Hasta ahora el apoyo de la cúpula militar a Maduro ha sido férreo, la disciplina de los uniformados se ha mantenido y los militares parecen haber hecho oidos sordos a la oferta de amnistía de Guaidó. Un golpe militar, por mucho que se hiciera bajo la promesa de elecciones no haría más que perpetuar el papel de la milicia en la vida política. Y peor podría ser un desplome de la línea de mando, que podría traer el enfrentamiento entre unidades y un caos generalizado, con grupos paramilitares sembrado el terror.

Las sanciones económicas serán devastadoras para la pauperizada Venezuela. Están diseñadas para que el régimen colapse… a costa de maás sufrimiento para los venezolanos.

La única salida sería la convocatoria simultánea de elecciones legislativas y presidenciales, propiciadas por el Grupo de Contacto (UE) y el Mecanismo de Montevideo (México, Uruguay y países del Caribe). Las posiciones de estas dos iniciativas diplomáticas son distintas, pero no divergentes. En la reunión de Montenvideo de este jueves el Grupo de Contacto defendió la celebración de elecciones libres y el Mecanismo de Montevideo la negociación entre gobierno y oposición.

No soy diplomático, pero se de las dificultades que tiene cualquier salida pactada a una crisis interna. Con todo, me permito pensar en una ruta que condujera a unas elecciones legislativas y presidenciales libres, para que el pueblo venezolano dirima el duelo de legitimidades.

Esta hoja de ruta podría pasar por la suspensión condicionada de las sanciones por tres meses, durante los que gobierno y oposición negocien el proceso electoral. Si se han conseguido resultados, la suspensión  se prolongaría otros tres meses hasta la celebración efectiva de las elecciones y la aceptación de los resultados por todos.

La negociación, facilitada por el Grupo de Contacto y el Mecanismo de Montenvideo, exigiría renovar el Consejo Nacional Electoral, con personalidades prestigiosas aceptadas por todos, garantías en la actualización del censo electoral y observación internacional.

El gobierno debiera de aceptar también la apertura urgente de canales de ayuda humanitaria gestionados por organizaciones independientes. Otro elemento sería la puesta en libertad de todos los detenidos sin cargos por manifestaciones de protesta, la aceleración de procesos y la mejora de las condiciones carcelarias. También se podría acordar la negociación después de las elecciones de soluciones de justicia restaurativa y una negociación económica al estilo de los Pactos de la Moncloa.

Y que sean los venezolanos los que decidan su futuro en paz.

 

 

 

 

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Requisitos para la responsabilidad de proteger


Me he referido en tres entradas (“¿Es un crimen contra la humanidad la inacción de la junta birmana?”, “China puede abrir Birmania”, “La responsabilidad de proteger Birmania”). En ellas he revisado el principio y he llegado a la conclusión -matizada- de que no es aplicable al caso de Birmania.

Timothy Garton-Ash se plantea la misma cuestión (¿Cómo proteger a los birmanos?) en su colaboración en El País Semanal del domingo. Garton-Ash llega a la misma conclusión, aunque parte de que la inacción ante el desastre natural es causa suficiente para desencadenar una intervención (que no invasión). Desgrana los requisitos que exige la aplicación del principio: Causa Justa, Intención Acertada, Último Recurso, Medios Proporcionales, Perspectivas Razonables y Autoridad Apropiada. El analista considera que se da esa causa justa, puede existir una intención acertada y realizarse con medios proporcionales. Pero duda que pueda existir una autoridad apropiada sin una resolución -imposible-del Consejo de Seguridad. No existe una perspectiva razonable de llevar a cabo esa protección y existen otros medios diplomáticos -la presión de la ONU y de China- para proteger a la población. Por cierto que esas presiones -y quizá la apertura de China ante el terremoto- están propiciando una mayor presencia de la ayuda internacional en Birmania, pero que sigue siendo a todas luces insuficiente.

Estoy de acuerdo con Garton-Ash y sigo aprendiendo sobre un principio que, junto al de justicia universal, suponen importantes instrumentos de globalización de los derechos humanos.

¿Es un crimen contra la humanidad la inacción de la Junta birmana?


Así lo sostiene Gareth Evans, uno de los padres de la responsabilidad de proteger, en la edición de hoy de The Guardian.

Vengo ocupándome de la posibilidad de aplicar la cláusula de la responsabilidad de proteger en dos comentarios, “China puede abrir Birmania” y “La responsabilidad de proteger Birmania” que, por cierto, apenas han tenido lectores, supongo que por colocar los buscadores muy abajo a este blog en un tema de tanta actualidad como la situación de Birmania. En esencia, he sostenido -creo que con muchas especialistas- que esta posibilidad de intervención internacional no procede en los casos de desastres y crisis humanitarias.

Evans aporta hoy una nueva visión. Reconociendo que en la resolución final de la Cumbre Mundial de 2005 no se contempla esta posibilidad aboga por una interpretación amplia. Si el principio trata de proteger a las poblaciones contra los crímenes contra la humanidad ejecutados o consentidos por sus gobiernos ¿no puede considerarse un crimen contra la humanidad dejar morir sin auxilio apropiado a cientos de miles de personas? El ex ministro de exteriores canadiense alega en apoyo de su tesis en que el concepto de crímenes contra la humanidad -tal como se establece por el Derecho Internacional por ejemplo en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional- no sólo engloba las matanzas, torturas o represión sistemática, sino también “cualquiera otros actos inhumanos de similares características que puedan intencionalmente causar gran sufrimiento, heridas físicas o graves daños a la salud mental”.

Pues me ha convencido. Si la Junta persistiera en su negativa a recibir el auxilio material y técnico del exterior podría considerarse que está cometiendo un crimen contra la humanidad que merece una intervención internacional (por ejemplo, lanzamiento de ayuda desde el aire sin el consentimiento del gobierno) justificada en esa “responsabilidad de proteger”. Pero subsiste el problema de que es necesaria una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Con cuentagotas, pero los militares empiezan a dejar entrar a trabajadores humanitarios extranjeros. Vuelvo a insistir que quien tiene la llave para que la ayuda llegue es China y en menor medida India y Tailandia.

En fin, es una polémica que parece que sostengo solo conmigo mismo…

China puede abrir Birmania


Hace dos días me pronunciaba contra la aplicación de la claúsula de la “responsabilidad de proteger” a Birmania. Veo en BBC que Ed Luck, asesor de Ban Ki-moon, es de la misma opinión-más autorizada, claro. Es evidente que no estamos ante un genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. Pero la desidia de la Junta militar es completamente criminal. ¡Ni siquiera el secretario general de la ONU ha logrado hablar con el jefe de la Junta!. Los militares siguen enfrascados en su referendum (que presentan como un paso imprescindible para unas elecciones democráticas en 2010), mientras impiden la llegada de ayuda y los cadáveres se pudren bajo las aguas.

Aun en el supuesto de que la doctrina de la “responsabilidad de proteger” fuera aplicable al caso, China y Rusia vetarían una resolución en el Consejo de Seguridad. Y ahí está la clave, en que los países que sostienen a la Junta, esencialmente China, pero también Tailandia, presionen de modo inmediato a los militares y les convenzan de que su supervivencia depende de que abran el país a la ayuda exterior.

El tiempo pasa y cada día más vidas están en riesgo. La información pierde protagonismo en los medios occidentales y los donantes, los ciudadanos de a pie, enterados de boicot del gobierno birmano pueden sentir la tentación de inhibirse y no hacer contribuciones para paliar la catástrofe.

La responsabilidad de proteger Birmania


Bernard Kourchner ha invocado el principio de la responsabilidad que todo gobierno tiene de proteger a su población para obligar a la Junta Militar birmana a que abra las puertas de su arrasado país a la ayuda humanitaria.

Myanmar, Birmania, ha sufrido la mayor catástrofe desde el tsunami de 2004 en el Índico. Sus gobernantes no fueron capaces de prevenir a la población del peligro del tifón , peso a ser advertidos por los servicios meteorológicos de la India. Y, ahora, ponen todo tipo de trabas a la ayuda internacional en un país destrozado con 22.000 muertos, que pueden llegar a 100.000. Miedo a abrir el país a los extranjeros, incompetencia… todo se une en una desidia criminal.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon ha pedido a los militares que abran el país a la ayuda extranjera. Los suministros comienzan a llegar, pero los extranjeros esperan en Tailandia las visas para entrar.

En esta situación Kourchner invoca “el derecho a proteger” y sugiere que el Consejo de Seguridad lo concrete en una resolución. No parece que su sugerencia vaya a tener mucha acogida.

¿Qué es la “responsabilidad de proteger”?

La “responsabilidad de proteger” -en inglés “responsability to protect” (R2P)- no es otra cosa que la concreción atemperada del “derecho de injerencia humanitaria”, que muchos defendieron a la vista de los genocidios de los 90 en Rwanda y Bosnia y que, implícitamente, sirvió para justificar la intervención en Kosovo sin resolución de la ONU. No es extraño que sea Kourchner quien invoque ahora la “responsabilidad de proteger”, porque él, fundador de Médicos Sin Fronteras, fue uno de los grandes defensores de ese derecho de injerencia humanitaria, crticado por otros como una nueva forma de colonialismo, una herramienta en manos de las grandes potencias para mancillar la soberanía de los débiles.

Después de Kosovo, en 2001, el gobierno canadiense estableció una comisión de la que surgió la idea. Y lo hizo dándole la vuelta al derecho de injerencia humanitaria. Si el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas establecen el respeto a la soberanía nacional y el derecho a la no injerencia en las cuestiones internas, esa soberanía se justifica porque los estados deben ser capaces de proteger a sus propios ciudadanos de las atrocidades, de los crímenes de guerra, de los crímenes contra la humanidad, del genocidio. Si el estado incumple esa obligación primaria básica corresponde a la entera comunidad internacional proveer de esa protección a la población en peligro y poner término, incluso con medios militares, a esos crímenes. No se trata de “intervenir”, sino de “proteger”. La Cumbre Mundial de la ONU de 2005 aceptó el principio -una cumbre que seguí como enviado especial y que tuvo como elemento estrella a esta “responsabilidad de proteger”. El Consejo de Seguridad también lo ha apoyado, pero hasta ahora no lo ha aplicado en ningún caso.

La responsabilidad de proteger no es aplicable en el caso de catástrofes naturales

Puede verse sobre este principio el dosier especial del International Crisis Group. Lo que está claro es que el supuesto que puede desencadenar su aplicación es que una población se encuentre en grave peligro como consecuencia de una situación de guerra interna, insurgencia, represión, que el estado no quiere o no puede confrontar, bien porque sea el responsable directo o indirecto de los crímenes, bien porque sus estructuras se hallan disuelto en una situación de caos. Nada que ver con situaciones de crisis provocadas por una catástrofe natural.

Hace pocos meses se sugirió la aplicación de este principio también en Birmania, pero, en una situación muy distinta, a raíz de la represión desatada por la dictadura militar contra las protestas populares encabezadas por los monjes budistas, la “revolución azafrán” -¡cuánto nos gustan a los periodistas las revoluciones de colores!.

Fue Gareth Evans, presidente de International Crisis Group, ex ministro canadiense de exteriores y padre del principio, el que defendió muy fundadamente su aplicación en una conferencia. Evans arrancaba con la cita de un profesor chino que declaraba que si China tuvo su Tiananmen, los militares birmanos, en ejercicio de su soberanía estaban en el derecho de reprimir a sus opositores… Evans demostraba a continuación cómo justamente la soberania no podía interpretarse como un derecho absoluto de un estado sobre súbditos.

Ahora, los delegados de la ONU realizan una labor diplomática para levantar los obstáculos para la llegada de la ayuda. No es el método más rápido, pero ¿sería más rápido que el Consejo de Seguridad adoptara una resolución aplicando el principio? Porque lo que está claro es que no se trata, cómo ha llegado a sugerir el mercurial Kourchner, de que la marina o la aviación de Francia o el Reino Unido entren en el país por su cuenta.

Puede que el tifón sea el último empujón que haga caer a la odiosa junta, pero conviene dejar a la ayuda fuera de los objetivos políticos. O ¿habría que haber aplicado la responsabilidad de proteger a Estados Unidos durante el Katrina?

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