¿Intervenir en Libia?


¿Cómo parar la carnicería en Libia? La posibilidad de intervención militar se discute en las cancillerías y estados mayores, está en el orden del día de las organizaciones internacionales y se debate en los medios. Una intervención inmediata, con respaldo de la ONU, es más que improbable, pero en una situación de guerra civil la intervención terminará produciéndose con el apoyo a uno y otro bando.

* En la columna de la derecha encontrarás una encuesta sobre este tema

El fiasco de las intervenciones humanitarias

No ha habido operación militar en la historia más publicitada que el desembarco de los marines en Somalia en la navidad de 1992. El Consejo de Seguridad había autorizado una limitada operación militar para repartir alimentos a una población víctima del caos que siguió al derrocamiento de Siad Barre.

Ya que nada se hacía en los Balcanes, Butros Gali y un saliente presidente Bush padre se pusieron de acuerdo para salvar la cara con una intervención “humanitaria” en el Cuerno de África. En pocos meses, los norteamericanos eran una facción más de la guerra de clanes somalí. Las imágenes del piloto del Black Hawk arrastrado por las turbas fue un trauma para los norteamericanos y una de las razones por las que Clinton cerró los ojos al genocidio de Ruanda.

La presencia en Bosnia de cascos azules de la ONU para proteger el envío de ayuda humanitaria (y luego ciertas zonas civiles) fue una misión peligrosa, heroica a veces, pero ineficaz e hipócrita (alimentar a quién en el siguiente minuto podía morir por los disparos de un francotirador o un obus). Pasaron muchos meses de diplomacia fallida y decena de miles de muertos civiles para que la OTAN aplicase una especie de prohibición de vuelos a los serbobosnios y bombardeara sus polvorines, en un gesto más de advertencia que de acción militar decisiva. En el campo de batalla pesó más la ofensiva de los croatas (Operación Tormenta) armados por Alemania.

Cuando paramilitares serbios lanzaron una campaña de limpieza étnica en Kosovo comenzó el baile diplomático, acompañado de amenazas de Estados Unidos y sus aliados. Al final, la OTAN tuvo que intervenir para salvar su reputación, amenazada por el desafío de Milosevic. La campaña de bombardeos sobre Serbia y Kosovo no fue autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU. La intervención paró un genocidio, pero permitió gravísimos crímenes contra los civiles serbios. Hoy, al frente del gobierno de Kosovo se encuentra el jefe de la mafia que pudo desarrollar una campaña de asesinatos de prisioneros para traficar con sus órganos.

Condiciones para una intervención legítima

Conforme a la Carta de la ONU cuando un estado pone en peligro la paz internacional, la comunidad internacional puede intervenir dejando en suspenso el principio de soberanía. El Consejo de Seguridad puede advertir, sancionar y ordenar una operación militar, en el marco del Capítulo VII de la Carta.

¿Cuándo se pone en peligro la paz? ¿Sólo cuándo se amenaza a los vecinos? ¿O también cuándo se esclaviza y masacra a los nacionales? El concepto clásico de amenaza a la paz se ha ampliado en los últimos años con el de responsabilidad de proteger. Todo gobernante tiene la responsabilidad de proteger a su población frente a la violencia generalizada, la limpieza étnica, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra o  genocidio. Si no lo hace, la comunidad internacional tendrá que asumir en sus lugar esa responsabilidad, limitando la soberanía nacional para detener proteger a la población.

El concepto, promovido por un grupo de diplomáticos occidentales reunidos en torno al exministro de exteriores canadiense Garreth Evans en Crisis Group, es cuestionado por aquellos que temen que bajo la capa de este principio se legitime la intervención neocolonial de las grandes potencias. Pese al escaso entusiasmo de Rusia y China, el principio fue aprobado por la Cumbre Mundial de 2005 y convertido en vinculante por una resolución del Consejo de Seguridad de 2006.

Los principios que rigen una intervención que invoque este principio son Causa Justa, Intención Acertada, Último Recurso, Medios Proporcionales, Perspectivas Razonables y Autoridad Apropiada. Sin desmenuzar cada uno de ellos resulta claro que sólo pueden considerarse legítimas aquellas medidas que sean autorizadas por el Consejo de Seguridad.

La reacción internacional

En el caso de Libia el Consejo de Seguridad ha actuado con mayor celeridad y consenso de lo que es habitual en una crisis de estas características. La adopción por una unanimidad de una serie de sanciones, como la congelación de fondos y, sobre todo, el envío del caso al Tribunal Penal Internacional no tienen precedentes.

Estas medidas pueden tener efectos a largo plazo en el caso de un régimen que viole sistemáticamente los derechos humanos, pero son de una eficacia muy limitada en situaciones de urgencia.

Estados Unidos ha esgrimido como amenaza fundamental la prohibición de vuelos militares o imposición de una zona de exclusión área. Se justificaría en los bombardeos de Gadafi a la población civil. El Secretario de Defensa, Robert Gates, advirtió que su imposición sería una acción de guerra, que requeriría el bombardeo de los radares libios, lo que pareció enfriar el entusiasmo de los intervencionistas. Luego el presidente Obama circunscribió la intervención a que fuera necesaria para proteger la entrega de ayuda humanitaria -un clásico que nos retrotrae a la guerra de Bosnia.

El caso libio

Libia ha caído en una guerra civil. Ninguno de los dos bandos parece en condiciones de resolver de modo inmediato el conflicto. No estamos ya en una situación de dictadura represiva (a la que Estados Unidos y los europeos dieron su bendición a partir del 2000), sino en una guerra abierta y, por tanto, cualquier intervención supone la toma de partido y convertirse, de una manera u otra, en contendiente.

Rusia y China vetarán en el Consejo de Seguridad medidas como la exclusión aérea. Estados Unidos y la OTAN tendrán que andar solos si lo desean ese camino, pero esa intervención ya no sería legal y es muy discutible que tuviera por si misma un peso en la guerra. En cualquier caso, su ejecución militar no puede ser inmediata.

Los enemigos de Gadafi no quieren un cuerpo expedicionario extranjero. Obama y sus aliados bastante tienen con Afganistán. El fantasma de Somalia, exagerado por los Gadafi, no deja de ser un peligro real. Nadie quiere -por ahora- un desembarco de marines.

¿No habrá entonces intervención? La intervención puede estar desarrollándose ya. Es muy probable que los rebeldes estén recibiendo algún tipo de asistencia militar occidental. Gadafi estará movilizando todos sus recursos para atraer a mercenarios y apoyos tuaregs. Si el conflicto se estanca, quien controle el petróleo tendrá a buen seguro el apoyo de las compañías internacionales.

No habrá una operación de paz de la ONU, pero, como en toda guerra civil, las grandes potencias lucharán por intermediación de los bandos combatientes. Y si Gadafi consiguiera apagar a sangre y fuego la rebelión, Libia (y los libios, de cualquier color o tribu) volverían a ser unos parias, pero el gas y el petróleo volverían a fluir a nuestros coches y calefacciones.

(Otras entradas sobre la responsabilidad de proteger. Ver la llamada de alerta de la International Coalition for the Responsabiliy to Protect.)

Texto adoptado por la Asamblea General en la Cumbre Mundial de 2005


Requisitos para la responsabilidad de proteger


Me he referido en tres entradas (“¿Es un crimen contra la humanidad la inacción de la junta birmana?”, “China puede abrir Birmania”, “La responsabilidad de proteger Birmania”). En ellas he revisado el principio y he llegado a la conclusión -matizada- de que no es aplicable al caso de Birmania.

Timothy Garton-Ash se plantea la misma cuestión (¿Cómo proteger a los birmanos?) en su colaboración en El País Semanal del domingo. Garton-Ash llega a la misma conclusión, aunque parte de que la inacción ante el desastre natural es causa suficiente para desencadenar una intervención (que no invasión). Desgrana los requisitos que exige la aplicación del principio: Causa Justa, Intención Acertada, Último Recurso, Medios Proporcionales, Perspectivas Razonables y Autoridad Apropiada. El analista considera que se da esa causa justa, puede existir una intención acertada y realizarse con medios proporcionales. Pero duda que pueda existir una autoridad apropiada sin una resolución -imposible-del Consejo de Seguridad. No existe una perspectiva razonable de llevar a cabo esa protección y existen otros medios diplomáticos -la presión de la ONU y de China- para proteger a la población. Por cierto que esas presiones -y quizá la apertura de China ante el terremoto- están propiciando una mayor presencia de la ayuda internacional en Birmania, pero que sigue siendo a todas luces insuficiente.

Estoy de acuerdo con Garton-Ash y sigo aprendiendo sobre un principio que, junto al de justicia universal, suponen importantes instrumentos de globalización de los derechos humanos.

¿Es un crimen contra la humanidad la inacción de la Junta birmana?


Así lo sostiene Gareth Evans, uno de los padres de la responsabilidad de proteger, en la edición de hoy de The Guardian.

Vengo ocupándome de la posibilidad de aplicar la cláusula de la responsabilidad de proteger en dos comentarios, “China puede abrir Birmania” y “La responsabilidad de proteger Birmania” que, por cierto, apenas han tenido lectores, supongo que por colocar los buscadores muy abajo a este blog en un tema de tanta actualidad como la situación de Birmania. En esencia, he sostenido -creo que con muchas especialistas- que esta posibilidad de intervención internacional no procede en los casos de desastres y crisis humanitarias.

Evans aporta hoy una nueva visión. Reconociendo que en la resolución final de la Cumbre Mundial de 2005 no se contempla esta posibilidad aboga por una interpretación amplia. Si el principio trata de proteger a las poblaciones contra los crímenes contra la humanidad ejecutados o consentidos por sus gobiernos ¿no puede considerarse un crimen contra la humanidad dejar morir sin auxilio apropiado a cientos de miles de personas? El ex ministro de exteriores canadiense alega en apoyo de su tesis en que el concepto de crímenes contra la humanidad -tal como se establece por el Derecho Internacional por ejemplo en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional- no sólo engloba las matanzas, torturas o represión sistemática, sino también “cualquiera otros actos inhumanos de similares características que puedan intencionalmente causar gran sufrimiento, heridas físicas o graves daños a la salud mental”.

Pues me ha convencido. Si la Junta persistiera en su negativa a recibir el auxilio material y técnico del exterior podría considerarse que está cometiendo un crimen contra la humanidad que merece una intervención internacional (por ejemplo, lanzamiento de ayuda desde el aire sin el consentimiento del gobierno) justificada en esa “responsabilidad de proteger”. Pero subsiste el problema de que es necesaria una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Con cuentagotas, pero los militares empiezan a dejar entrar a trabajadores humanitarios extranjeros. Vuelvo a insistir que quien tiene la llave para que la ayuda llegue es China y en menor medida India y Tailandia.

En fin, es una polémica que parece que sostengo solo conmigo mismo…

China puede abrir Birmania


Hace dos días me pronunciaba contra la aplicación de la claúsula de la “responsabilidad de proteger” a Birmania. Veo en BBC que Ed Luck, asesor de Ban Ki-moon, es de la misma opinión-más autorizada, claro. Es evidente que no estamos ante un genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. Pero la desidia de la Junta militar es completamente criminal. ¡Ni siquiera el secretario general de la ONU ha logrado hablar con el jefe de la Junta!. Los militares siguen enfrascados en su referendum (que presentan como un paso imprescindible para unas elecciones democráticas en 2010), mientras impiden la llegada de ayuda y los cadáveres se pudren bajo las aguas.

Aun en el supuesto de que la doctrina de la “responsabilidad de proteger” fuera aplicable al caso, China y Rusia vetarían una resolución en el Consejo de Seguridad. Y ahí está la clave, en que los países que sostienen a la Junta, esencialmente China, pero también Tailandia, presionen de modo inmediato a los militares y les convenzan de que su supervivencia depende de que abran el país a la ayuda exterior.

El tiempo pasa y cada día más vidas están en riesgo. La información pierde protagonismo en los medios occidentales y los donantes, los ciudadanos de a pie, enterados de boicot del gobierno birmano pueden sentir la tentación de inhibirse y no hacer contribuciones para paliar la catástrofe.

La responsabilidad de proteger Birmania


Bernard Kourchner ha invocado el principio de la responsabilidad que todo gobierno tiene de proteger a su población para obligar a la Junta Militar birmana a que abra las puertas de su arrasado país a la ayuda humanitaria.

Myanmar, Birmania, ha sufrido la mayor catástrofe desde el tsunami de 2004 en el Índico. Sus gobernantes no fueron capaces de prevenir a la población del peligro del tifón , peso a ser advertidos por los servicios meteorológicos de la India. Y, ahora, ponen todo tipo de trabas a la ayuda internacional en un país destrozado con 22.000 muertos, que pueden llegar a 100.000. Miedo a abrir el país a los extranjeros, incompetencia… todo se une en una desidia criminal.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon ha pedido a los militares que abran el país a la ayuda extranjera. Los suministros comienzan a llegar, pero los extranjeros esperan en Tailandia las visas para entrar.

En esta situación Kourchner invoca “el derecho a proteger” y sugiere que el Consejo de Seguridad lo concrete en una resolución. No parece que su sugerencia vaya a tener mucha acogida.

¿Qué es la “responsabilidad de proteger”?

La “responsabilidad de proteger” -en inglés “responsability to protect” (R2P)- no es otra cosa que la concreción atemperada del “derecho de injerencia humanitaria”, que muchos defendieron a la vista de los genocidios de los 90 en Rwanda y Bosnia y que, implícitamente, sirvió para justificar la intervención en Kosovo sin resolución de la ONU. No es extraño que sea Kourchner quien invoque ahora la “responsabilidad de proteger”, porque él, fundador de Médicos Sin Fronteras, fue uno de los grandes defensores de ese derecho de injerencia humanitaria, crticado por otros como una nueva forma de colonialismo, una herramienta en manos de las grandes potencias para mancillar la soberanía de los débiles.

Después de Kosovo, en 2001, el gobierno canadiense estableció una comisión de la que surgió la idea. Y lo hizo dándole la vuelta al derecho de injerencia humanitaria. Si el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas establecen el respeto a la soberanía nacional y el derecho a la no injerencia en las cuestiones internas, esa soberanía se justifica porque los estados deben ser capaces de proteger a sus propios ciudadanos de las atrocidades, de los crímenes de guerra, de los crímenes contra la humanidad, del genocidio. Si el estado incumple esa obligación primaria básica corresponde a la entera comunidad internacional proveer de esa protección a la población en peligro y poner término, incluso con medios militares, a esos crímenes. No se trata de “intervenir”, sino de “proteger”. La Cumbre Mundial de la ONU de 2005 aceptó el principio -una cumbre que seguí como enviado especial y que tuvo como elemento estrella a esta “responsabilidad de proteger”. El Consejo de Seguridad también lo ha apoyado, pero hasta ahora no lo ha aplicado en ningún caso.

La responsabilidad de proteger no es aplicable en el caso de catástrofes naturales

Puede verse sobre este principio el dosier especial del International Crisis Group. Lo que está claro es que el supuesto que puede desencadenar su aplicación es que una población se encuentre en grave peligro como consecuencia de una situación de guerra interna, insurgencia, represión, que el estado no quiere o no puede confrontar, bien porque sea el responsable directo o indirecto de los crímenes, bien porque sus estructuras se hallan disuelto en una situación de caos. Nada que ver con situaciones de crisis provocadas por una catástrofe natural.

Hace pocos meses se sugirió la aplicación de este principio también en Birmania, pero, en una situación muy distinta, a raíz de la represión desatada por la dictadura militar contra las protestas populares encabezadas por los monjes budistas, la “revolución azafrán” -¡cuánto nos gustan a los periodistas las revoluciones de colores!.

Fue Gareth Evans, presidente de International Crisis Group, ex ministro canadiense de exteriores y padre del principio, el que defendió muy fundadamente su aplicación en una conferencia. Evans arrancaba con la cita de un profesor chino que declaraba que si China tuvo su Tiananmen, los militares birmanos, en ejercicio de su soberanía estaban en el derecho de reprimir a sus opositores… Evans demostraba a continuación cómo justamente la soberania no podía interpretarse como un derecho absoluto de un estado sobre súbditos.

Ahora, los delegados de la ONU realizan una labor diplomática para levantar los obstáculos para la llegada de la ayuda. No es el método más rápido, pero ¿sería más rápido que el Consejo de Seguridad adoptara una resolución aplicando el principio? Porque lo que está claro es que no se trata, cómo ha llegado a sugerir el mercurial Kourchner, de que la marina o la aviación de Francia o el Reino Unido entren en el país por su cuenta.

Puede que el tifón sea el último empujón que haga caer a la odiosa junta, pero conviene dejar a la ayuda fuera de los objetivos políticos. O ¿habría que haber aplicado la responsabilidad de proteger a Estados Unidos durante el Katrina?

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