Los diputados ante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información


El acceso a la información es un derecho fundamental, pero el proyecto de ley de Ley de Transparencia del PP sigue anclado en la idea de entreabrir la puerta a una información, ignorando que la información pública es patrimonio de todos

El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno se encuentra ya en periodo de presentación de enmiendas. La Coalición Pro Acceso aprovechó el Día Internacional del Derecho a Saber para debatir con los representantes de los grupos parlamentarios el texto del proyecto.

Moderado por Borja Bergareche, corresponsal de ABC en Londres, el acto reunió a Victoria Anderica de la Coalición, Maritxell Batet (PSOE), Irene Lozano (UPyD) y Joan Josep Nuet (Izquierda Plural). Excusaron su ausencia por razones de agenda los representantes de CiU y PP. Sin poner en duda estos motivos, es una constante en este tipo de debates que los representantes del PP estén ausentes. Es coherente con su política de comunicación de debatir lo menos posible en nombre del sentido común.

Los diputados están más necesitados que nunca del retorno informativo de la sociedad. En este caso la audiencia era de expertos, con la presencia de algunos alumnos. Y es que no parece que una ley tan decisiva como ésta levante grandes pasiones.

Resumo las grandes cuestiones del debate (#AccesoInformación)

Una ley cicatera que no cumple los estándares internacionales

El proyecto no cumple con los 10 principios en los que la Coalición Pro Acceso ha sintetizada la legislación comparada de 80 países: no es un derecho fundamental, se excluyen borradores, se impone el silencio negativo (Anderica); es cicatera, desconfía de los ciudadanos y antigua (Nuet), pensada más de los parámetros de la comunicación vertical que horizontal. Si no se modifica el proyecto no habrá cambio de cultura política (Nuet), un cambio que exigiría que los funcionarios aceptaran que la información es de los ciudadanos (Batet).

Para Nuet excluir a la Casa Real convertirá a la ley en “una fábrica de republicanos”.

El parto de los montes

El gobierno anunció a bombo y platillo el proyecto y abrió un plazo de sugerencias en Internet, que no ha se han tenido en cuenta. Al final  se ha parido un ratón (Nuet). Añadiría por mi parte que al proyecto le sobra toda la parte de “buen gobierno”, en realidad disposiciones para reforzar el control de la austeridad, que nada pinta aquí y es el aspecto en que parece volcado el PP. Los tres diputados creen que, con todo, en el debate el texto podría mejorarse.

El acceso, un derecho fundamental a la información

La opinión dominante en el debate fue la de considerar el acceso como un derecho fundamental. A Batet le tocó el difícil papel de defender la posición contraria, puesto que el PSOE presentó en la anterior legislatura un proyeco que incidía en el mismo error. Sostuvo que tan legítimo era fundamentar este derecho en el art. 20, como en el 105 b) y alegó que lo diferencial con otros países es que la Constitución ya regulaba específicamente el acceso y no lo hacía como un derecho fundamental.

Por supuesto si se reconociera como un derecho fundamental tendría las garantías constitucionales de su exigilibidad directa mediante el recurso de amparo y debiera ser regulado por ley orgánica. Pero lo más trascendente es la cultura política que subyace: no es sólo que la administración tenga que ser transparente, es que la información es de todos.

Aporto mi argumento. El titular del derecho a la libertad de información son todos los ciudanos, y aunque en la formulación en el art. 20 1 d) CE se mencionan las facultades de difundir y recibir, en el difundir está implícito el investigar y por si cupiera duda puedeacudirse al valor interpretativo del art. 19 de la Declaración Universal de 1948, que explícitamente incluye la facultad de investigar como derecho humano. El art. 105 lo que viene a hacer es regular un aspecto de las relaciones del administrado con la administración. El acceso es un derecho fundamental y la información pública debe ser accesible a todos.

Silencio administrativo

El proyecto (art. 17.4) consagra el silencio administrativo negativo, esto es, si la administración no responde en el plazo establecido se entiende que la petición ha sido denegada. A Batet le correspondió defender que el silencia administrativo positivo es irrealizable, pues en otro caso un juez obligaría a entregar la información, sin tener la capacidad de juzgar si realmente era información accesible no sujeta a alguna de las limitaciones de la ley.

La cuestión es que cambie la mentalidad de la administración y los funcionarios y no se produzca un peloteo entre órganos que finalmente de lugar al silencio y obligue al ciudadano a acudir a los tribunales.

Colisión con la protección de datos

El profesor Dader propuso una revisión en paralelo de la Ley de Protección de Datos, de modo que, por ejemplo, la información pública recuperada de las hemerotecas no pueda ser impedida alegando que se trata de datos personales.

En los previsibles conflictos entre el derecho a la protección de los datos personales y el derecho de acceder a la información prevalecerá el primero si no se da carácter de derecho fundamental al acceso a la información.

Infraestructuras y costes

El proyecto prevé un portal  (ar. 8) de la transparencia desde el que básicamente se accedería a información económica, presupuestaria y estadística de las administraciones. Pero el público puede pedir informaciones que no se encuentren en estas grandes bases de datos. No hay ni una sola previsión para crear mecanismos de acceso electrónico generalizado. La ley carece de memoria económica y el acceso no es gratis. A título de ejemplo, la BBC ha gastado más de 3 millones de libras desde 2005 en facilitar información solicitada por el público desde que entró en vigor la ley británica. No hay que ser muy mal pensado para imaginar al gobierno diciendo que no tiene dinero para estos “líos”. Lozano y Nuet insistieron en que la falta de transparencia tiene finalemente un mayor coste económico.

Autoridad independiente

El proyecto crea un Agencia Estatal de transparencia, un órgano administrativo al qu hay que recurrir antes de acudir al contencioso administrativo. La agencia es un órgano del Ministerio de Hacienda y carece de independencia.

Y en este punto se entró en el debate sobre las autoridades independientes, la manipulación partidista de los órganos constucionales… Otro debate en el que subyace la crisis constitucional que, día a día, se hace más visible.

(Sobre el derecho de acceso o derecho a saber este post antiguo)

Anuncios

La paz y las víctimas de la guerra de Colombia


Septiembre nos ha llegado con una noticia esperanzadora, la apertura de un proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.

La paz siempre es esquiva y en Colombia nunca nada es lo que parece. A este punto se ha llegado por la debilidad de la guerrilla y por la apuesta del presidente Santos por normalizar el país. Las FARC no están ni mucho menos derrotadas, podrían aguantar años y años autoalimentandose en las selvas y montañas. Sus métodos, como los inhumanos secuestros, generan el rechazo general. La guerrilla rural es un actor más en el gran negocio del narcotráfico, pero todavía es una alternativa a un estado que abandona a las poblaciones rurales. Su dirigencia parece haber entendido ahora que la victoria militar es imposible y que pueden tener un papel político una vez desmovilizados.

Convertirse en actores políticos es lo que han intentado todas las guerrillas en los procesos de paz. Pero después de la desmovilización los poderes que mandan en Colombia los masacraron. Así ocurrió con el M-19, así con la Unión Patriótica. Esta es la razón principal del fracaso de las múltiples tentativas de paz de los últimos 25 años.

Garantías a los desmovilizados es uno de los puntos a negociar. Pero no bastarán las garantías formales; hará falta un esfuerzo real del estado colombiano por desmontar los grupos paramilitares que son el brazo ejecutor de los viejos (ganaderos) y nuevos intereses oligárquicos (agroindustria). El proceso de desmovilización de los paramilitares ha resultado una farsa, con la reconstitución de viejos y nuevos grupos armados, que siguen asesinando impunemente. Cuando Uribe (reclutado ahora por Murdoch como antes lo fuera Aznar) no lo hace sólo por despecho político, sino como portavoz de esos poderes.

El proceso de paz  (véase acuerdo incrustado al final) parece bien planteado y es ambicioso. Desde el punto de vista procedimental usa de la experiencia internacional y busca la discrección. Lo peculiar es que se arranca sin tregua ni alto el fuego por ninguna de las partes. El riesgo es que ambos contendientes pueden buscar victorias militares que refuercen su posición, pero hagan inviable el proceso.

En cuanto al fondo, los temas a negociar son sustanciales:

  • Política de desarrollo agrario integral
  • Participación política
  • Fin del conflicto
  • Solución al problema de las drogas ilícitas
  • Víctimas

Realmente, si los negociadores fueran capaz de dar solución a todos estos problemas Colombia sería un nuevo país. Como siempre que en estos procesos se plantea un cambio en profundidad aparece la cuestión de la legitimidad de los grupos armados para hablar y negociar en nombre de toda la población. pero hay una voz siempre olvidada, la de las víctimas.

El conflicto (los conflictos, guerrillas, paramilitares, narcotráfico, crímenes de estado) ha dejado atrás a 30.000 desaparecidos y desplazados más de tres millones de personas. Algunas de las organizaciones que agrupan a las víctimas han dirigido una carta al presidente Santos, al secretariado de las FARC y al comando central del ELN.

Los que se presentan como víctimas de los crímenes de estado, se dicen esperanzados, pero denuncian que siguen sufriendo agresiones continuas en un clima de confrontación. Por eso piden:

  • Un alto el fuego bilateral
  • Garantías para la libertad de expresión de sus organizaciones
  • Concreción de los modos de participación ciudadana
  • Medidas de redistribución económica
  • Una Comisión de la Verdad
  • Alguna forma de refrendo de los acuerdos alcanzados

Estas demandas contrastan con el optimismo del mundo empresarial. La guerra contra las FARC puede haber costado cada año un 1% del PIB. La cuestión es en qué emplear el hipotético dividendo de la paz. Ciertamente, como proponen los empresarios, puede haber recursos para la innovación y mejorar los ingresos por turismo. Pero los representantes de los agricultores hablan de grandes inversiones, en un modelo de explotación agroindustrial que ha estado en el corazón del conflicto. Gran parte de esos millones de desplazados han perdido su pedazo de tierra, expulsados a sangre y fuego por ejército o paramilitares, para constituir grandes explotaciones, en especial de palma africana, destructoras de biodiversidad y enemigas de la sostenibilidad de las pequeñas comunidades rurales.

Colombia (en una tradición muy hispana) es especialista en dar a luz grandes textos (por ejemplo, la Constitución de 1971, la ley de restitución de tierras de Santos) que luego se quedan en nada. Ahora tiene la oportunidad de llevar a cabo un cambio real.

A %d blogueros les gusta esto: