Los obstáculos a la paz en Colombia


Mañana 15 de noviembre comienzan en La Habana la negociación entre las FARC y el gobierno colombian. En la mesa, obviamente, no estarán las víctimas del conflicto, que quieren hacer oir su voz.

En las vísperas se han celebrado en Madrid unos encuentros promovidos por movimientos sociales y con el apoyo del grupo parlamentario de la Izquierda Plural. Resumo lo esencial de estos encuentros.

Las demandas de los movientos sociales y las víctimas

Los movimientos sociales de Colombia son importantes. Se basan sobre todo en la coordinación de distintas iniciativas de resistencia al expolio campesino, concretadas en comunidades de paz y reunidas en el llamado Congreso de los Pueblos.

Su posición es que ni el gobierno ni la guerrilla les representan y piden que su voz sea oída de modo efectivo en la mesa de negociación -no con el simple envío de escritos, que es la única modalidad hasta ahora prevista.

Otra demanda esencial es que el primer objetivo de la negociación sea un alto el fuego. No podemos ya seguir sufriendo más una guerra de la que no somos parte -dicen.

Por último, estos movimientos temen que las conversaciones traigan la impunidad para los autores de crímenes de estado y piden un relato de la verdad, que tenga en cuenta su sufrimiento.

Estas organizaciones tienen una hoja de ruta que pasa por una serie de congresos populares que adoptan un marco normativo alternativo al estado existente. Su demanda de ser oídas en la negociación está más que justificada, pero, pese a lo amplio de la agenda negociadora, es claro que las conversaciones serían inviables si convirtieran en un proceso constituyente para el que, por otro lado, faltaría un mandato expreso. Parece que lo más razonable es que de las conversaciones salieran foros que produjeran cambios legisativos e incluso constitucionales.

Libre comercio y derechos humanos

El representante de Ecologistas en Acción insistió en que la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Colombia y Perú redundaría en un reforzamiento del expolio de las tierras para satisfacer las demandas de las empresas agroindustriales. El tratado, en proceso de ratificación en el Parlamento Europeo, apenas si contiene una mención simbólica al respeto de los derechos humanos.

Los grandes obstáculos para la paz

La intervención más esclarecedora fue la del jesuita Javier Giraldo, defensor de los derechos humanos y permanentemente amenazado por ello. Giraldo sentó como signo de esperanza la extensión de la agenda negociadora, que toca los desafíos nucleares a los que se enfrenta Colombia. Y a continuación desgranó los obstáculos que aparecen en cada uno de los capítulos.

El más importante es el agrario. Aquí se oponen la estrategia de titularización de las tierras, promovida por el gobierno, con la defensa de los insurgentes (y con ellos muchas comunidades y movimientos sociales) de que la tierra no pueda ser enajenada y sea entregada a comunidades que desarrollen una agricultura sostenible.

Pero ante todo, el gran problema es de contexto nacional. Para una paz efectiva el estado tendría que descontaminarse de la influencia paramilitar y del narco, que permean todas las estructuras públicas.

Difícil, casi imposible se antoja el acuerdo, pero por lo menos sobre la mesa están los temas esenciales.

(Veáse en este blog La paz y las víctimas de la guerra de Colombia)

La paz y las víctimas de la guerra de Colombia


Septiembre nos ha llegado con una noticia esperanzadora, la apertura de un proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.

La paz siempre es esquiva y en Colombia nunca nada es lo que parece. A este punto se ha llegado por la debilidad de la guerrilla y por la apuesta del presidente Santos por normalizar el país. Las FARC no están ni mucho menos derrotadas, podrían aguantar años y años autoalimentandose en las selvas y montañas. Sus métodos, como los inhumanos secuestros, generan el rechazo general. La guerrilla rural es un actor más en el gran negocio del narcotráfico, pero todavía es una alternativa a un estado que abandona a las poblaciones rurales. Su dirigencia parece haber entendido ahora que la victoria militar es imposible y que pueden tener un papel político una vez desmovilizados.

Convertirse en actores políticos es lo que han intentado todas las guerrillas en los procesos de paz. Pero después de la desmovilización los poderes que mandan en Colombia los masacraron. Así ocurrió con el M-19, así con la Unión Patriótica. Esta es la razón principal del fracaso de las múltiples tentativas de paz de los últimos 25 años.

Garantías a los desmovilizados es uno de los puntos a negociar. Pero no bastarán las garantías formales; hará falta un esfuerzo real del estado colombiano por desmontar los grupos paramilitares que son el brazo ejecutor de los viejos (ganaderos) y nuevos intereses oligárquicos (agroindustria). El proceso de desmovilización de los paramilitares ha resultado una farsa, con la reconstitución de viejos y nuevos grupos armados, que siguen asesinando impunemente. Cuando Uribe (reclutado ahora por Murdoch como antes lo fuera Aznar) no lo hace sólo por despecho político, sino como portavoz de esos poderes.

El proceso de paz  (véase acuerdo incrustado al final) parece bien planteado y es ambicioso. Desde el punto de vista procedimental usa de la experiencia internacional y busca la discrección. Lo peculiar es que se arranca sin tregua ni alto el fuego por ninguna de las partes. El riesgo es que ambos contendientes pueden buscar victorias militares que refuercen su posición, pero hagan inviable el proceso.

En cuanto al fondo, los temas a negociar son sustanciales:

  • Política de desarrollo agrario integral
  • Participación política
  • Fin del conflicto
  • Solución al problema de las drogas ilícitas
  • Víctimas

Realmente, si los negociadores fueran capaz de dar solución a todos estos problemas Colombia sería un nuevo país. Como siempre que en estos procesos se plantea un cambio en profundidad aparece la cuestión de la legitimidad de los grupos armados para hablar y negociar en nombre de toda la población. pero hay una voz siempre olvidada, la de las víctimas.

El conflicto (los conflictos, guerrillas, paramilitares, narcotráfico, crímenes de estado) ha dejado atrás a 30.000 desaparecidos y desplazados más de tres millones de personas. Algunas de las organizaciones que agrupan a las víctimas han dirigido una carta al presidente Santos, al secretariado de las FARC y al comando central del ELN.

Los que se presentan como víctimas de los crímenes de estado, se dicen esperanzados, pero denuncian que siguen sufriendo agresiones continuas en un clima de confrontación. Por eso piden:

  • Un alto el fuego bilateral
  • Garantías para la libertad de expresión de sus organizaciones
  • Concreción de los modos de participación ciudadana
  • Medidas de redistribución económica
  • Una Comisión de la Verdad
  • Alguna forma de refrendo de los acuerdos alcanzados

Estas demandas contrastan con el optimismo del mundo empresarial. La guerra contra las FARC puede haber costado cada año un 1% del PIB. La cuestión es en qué emplear el hipotético dividendo de la paz. Ciertamente, como proponen los empresarios, puede haber recursos para la innovación y mejorar los ingresos por turismo. Pero los representantes de los agricultores hablan de grandes inversiones, en un modelo de explotación agroindustrial que ha estado en el corazón del conflicto. Gran parte de esos millones de desplazados han perdido su pedazo de tierra, expulsados a sangre y fuego por ejército o paramilitares, para constituir grandes explotaciones, en especial de palma africana, destructoras de biodiversidad y enemigas de la sostenibilidad de las pequeñas comunidades rurales.

Colombia (en una tradición muy hispana) es especialista en dar a luz grandes textos (por ejemplo, la Constitución de 1971, la ley de restitución de tierras de Santos) que luego se quedan en nada. Ahora tiene la oportunidad de llevar a cabo un cambio real.

Violencia impersonal


Creo que todas las víctimas son iguales en dignidad y merecen todas un trato digno. Pero no todos los crímenes son iguales.

La reflexión viene a cuento a un comentario a mi entrada “No callar la voz de las víctimas de Colombia”. No es lo mismo-dice ivmhn- matar a un contrincante en una guerra que masacrar (resumo) a un pacífico ciudadano.

Lamentablemente, los medios muchas veces muestran a los más pobres como víctimas de una violencia impersonal. Es lo que ocurría en el reportaje de Informe Semana del sábado 4-10-08 “Colombia: las otras víctimas”. El reportaje mostraba la búsqueda de los restos de los masacrados por los paramilitares. Los paramilitares se presentan como un “ejército ilegal que nació para perseguir a la guerrilla”, sin mención a los que manejaban los hilos y con una simple referencia a sus relaciones con los políticos. En ningún momento se dice que estos asesinos sirvieron para despejar de campesinos las tierras que se apropiaron terratenientes y multinacionales. Se da por hecho su desmovilización, sin informar de las dificultades de la misma y de la reaparición de los paramilitares como “fuerzas emergentes” o “Águilas Negras”. Ya sé que el reportaje no era una reconstrucción del fenómeno paramilitar, pero sin su contexto, el trabajo quedaba reducido a mostrar el sufrimiento de una viuda y a la insensiblidad moral del verdugo. Imprescindible, pero insufuciente.

Vuelo 5022: derecho a saber


Las filtraciones de las conclusiones provisionales de la Comisión de Investigación sobre el accidente aéreo de Spanair se han convertido en un escándalo político. Además, el juez de Instrucción del caso ha requerido a Prisa para que deje de difundir (“publicar” dice el auto) el vídeo del trágico despegue del avión. Ambas situaciones plantean hasta donde llega el derecho a saber, el derecho a conocer.

El derecho fundamental a la información, reconocido en el artículo 20 de nuestra Constitución, como libertad de expresión y libertad de información, no puede ser sometido a censura previa ni ejercerse esa forma de censura que es el secuestro previo de las publicaciones. Se ejercen, pues estas libertades en un marco de libertad de difusión y responsabilidad a posterior.  Estas libertades no tienen más límites que el respeto a otros derechos fundamentales y, señaladamente, los derechos de la personalidad (intimidad, honor y propia imagen) y la protección de la infancia y juventud. El objeto de este derecho es general, todas las ideas, opiniones e informaciones. De manera que para que determinados hechos se conviertan en excepción y no puedan ser objeto de información tiene que haber muy serios fundamentos, que, además de los derechos mencionados, puede ser la seguridad del estado, a través de informaciones declaradas secretas o reservadas, o el derecho a un juicio justo e imparcial, que justifica la institución del secreto del sumario.

A partir de estas bases, me permito hacer las siguientes reflexiones:

El vídeo y las imágenes del accidente. Desde el primer momento, el juez decretó el embargo de todas las imágenes del accidente. Tal medida sólo tendríajustificación como garantía de las pruebas en el marco del secreto del sumario, lo que no parece el caso. No es de recibo que se retengan las imágenes para evitar sufrimiento a las familias, porque esta cuestión tiene que ser objeto de autocontrol, o, en su caso, de exigencia de responsabilidad a posteriori. En concreto, en lo que se refiere al vídeo, todo el proceso ha sido vergonzoso. Desde AENA pasa al Ministerio de Fomento, y se visiona en la Moncloa antes de que llegue al juez, que es a quien debía de haberse entregado. Una vez, la concepción patrimonial de la información por parte de la Administración. El vídeo debiera de haberse entregado inmediatamente al juez y haberse difundido en su momento, porque su valor informativo era muy alto, mucho más entonces que ahora. Pero se dijo que ese vídeo nunca se difundiría para terminar siendo filtrado a El País. Que ahora el juez requiera su entrega y cese de difusión no tiene ningún sentido, porque su difusión ni obstaculiza la investigación, ni puede crear más dolor en víctimas o familiares, sino, por el contrario, claridad sobre las circunstancias del siniestro. PRISA asegura que lo obtuvo por medios lícitos, pero está claro que ya fuera en medios de Fomento o del juzgado, o bien se pagó o bien hubo uso de relaciones privilegiadas. (Francisco Mercado, el autor de la exclusiva asegura que la obtuvo lícitamente). Todo hubiera sido más transparente con la entrega a todos los medios desde el primer momento. Para colmo, el juez exige la entrega del material, que a estas altura no tiene ya ningún  valor, pues no se trata de una matriz o molde de imprenta y no estamos en el siglo XIX sino en la sociedad digital, donde los contenidos difundidos, y basta con una sola vez, se multiplican exponencialmente.

Las filtraciones del informe provisional. Los periodistas tienen la obligación de indagar y no tienen porque respetar obligaciones de confidencialidad que sólo afectan a las fuentes. Pero que los expertos o personas de su entorno incumplan esos deberes es grave, porque indica la intención de sacar partido a la información (político, económico) y desacredita a la comisión. Pero también, con mayor transparencia este peligro podría haberse evitado. ¿No podría adelantar esta comisión algunos hechos indiscutidos antes de llegar a sus conclusiones  definitivas?.

El respeto a las víctimas. Puede que a los familiares vuelva a despertarles su dolor el vídeo del despegue, pero lo que, más que de dolor, les ha llenado de vergüenza e indignación es el asedio que les han sometido los medios durante los días siguientes a la tragedia. ¿Cómo se puede pregunta a alguien en esas circvunstancias “cómo te sientes”? Creo que todos los medios tendrían que pedir públicamente disculpas y comprometerse a aplicar los códigos deontológicosd que exigen un tratamiento exquisito de estas cuestiones. Normasdeontológicas existen, lo que hace falta es voluntad de aplicarlas

Exagerar su número ofende a las víctimas


En su edición fechada el 12 de abril Le Monde publica una magnífica crónica de su corresponsal en Naciones Unidas, Philippe Bolopion, bajo el título Les bilans de morts de guerres, enjeux politiques” (“Las cifras de muertos de guerra, una apuesta política). En ella se analiza lo que muchos sospechábamos: intereses políticos y/o de organizaciones humanitarias tienden a inflar el número de víctimas de los conflictos armados. Cuando se dan cifras como la de 650.000 muertos en Irak detrás suele haber un estudio supuestamente serio, en este caso, uno de la revista Lancet. Pero estos estudios aplican no el recuento de las víctimas, sino técnicas o estadísticas o (como en el caso citado) epidemiológicas. Se trata de extrapolaciones, como las manejadas en las encuestas de opinión. La crónica enlaza con un conjunto de fuentes muy importantes.

Por citar la experiencia propia, durante los momentos álgidos de la guerra de Bosnia llegó a manejarse la cifra de medio millón de muertos. A mi no me cuadraba. Cada día, las agencias daban su parte. Las peores jornadas, los muertos eran una docena en Sarajevo, cuatro o cinco en Mostar, dos o tres en Bosnia Oriental, decenas si había alguna gran operación militar en Bosnia Central… Al terminar la guerra, se habló de 200.000 muertos. Hoy las estadísticas más ajustadas los reducen a 100.000. En el caso de Irak, la fuente más fiable me resulta BodyCount, que realiza un recuento diario de víctimas en hospitales y morgues y que, a día de hoy, 11 de abril, estima las víctimas mortales entre 82.725 y 90.251.

Un solo muerto debiera ser suficiente para provocar nuestra empatía y solidaridad. Los periodistas ofendemos a las víctimas cuando, llevándonos por el sensacionalismo o intoxicados por políticos o ongs, exageramos su número.

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