Los obstáculos a la paz en Colombia


Mañana 15 de noviembre comienzan en La Habana la negociación entre las FARC y el gobierno colombian. En la mesa, obviamente, no estarán las víctimas del conflicto, que quieren hacer oir su voz.

En las vísperas se han celebrado en Madrid unos encuentros promovidos por movimientos sociales y con el apoyo del grupo parlamentario de la Izquierda Plural. Resumo lo esencial de estos encuentros.

Las demandas de los movientos sociales y las víctimas

Los movimientos sociales de Colombia son importantes. Se basan sobre todo en la coordinación de distintas iniciativas de resistencia al expolio campesino, concretadas en comunidades de paz y reunidas en el llamado Congreso de los Pueblos.

Su posición es que ni el gobierno ni la guerrilla les representan y piden que su voz sea oída de modo efectivo en la mesa de negociación -no con el simple envío de escritos, que es la única modalidad hasta ahora prevista.

Otra demanda esencial es que el primer objetivo de la negociación sea un alto el fuego. No podemos ya seguir sufriendo más una guerra de la que no somos parte -dicen.

Por último, estos movimientos temen que las conversaciones traigan la impunidad para los autores de crímenes de estado y piden un relato de la verdad, que tenga en cuenta su sufrimiento.

Estas organizaciones tienen una hoja de ruta que pasa por una serie de congresos populares que adoptan un marco normativo alternativo al estado existente. Su demanda de ser oídas en la negociación está más que justificada, pero, pese a lo amplio de la agenda negociadora, es claro que las conversaciones serían inviables si convirtieran en un proceso constituyente para el que, por otro lado, faltaría un mandato expreso. Parece que lo más razonable es que de las conversaciones salieran foros que produjeran cambios legisativos e incluso constitucionales.

Libre comercio y derechos humanos

El representante de Ecologistas en Acción insistió en que la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Colombia y Perú redundaría en un reforzamiento del expolio de las tierras para satisfacer las demandas de las empresas agroindustriales. El tratado, en proceso de ratificación en el Parlamento Europeo, apenas si contiene una mención simbólica al respeto de los derechos humanos.

Los grandes obstáculos para la paz

La intervención más esclarecedora fue la del jesuita Javier Giraldo, defensor de los derechos humanos y permanentemente amenazado por ello. Giraldo sentó como signo de esperanza la extensión de la agenda negociadora, que toca los desafíos nucleares a los que se enfrenta Colombia. Y a continuación desgranó los obstáculos que aparecen en cada uno de los capítulos.

El más importante es el agrario. Aquí se oponen la estrategia de titularización de las tierras, promovida por el gobierno, con la defensa de los insurgentes (y con ellos muchas comunidades y movimientos sociales) de que la tierra no pueda ser enajenada y sea entregada a comunidades que desarrollen una agricultura sostenible.

Pero ante todo, el gran problema es de contexto nacional. Para una paz efectiva el estado tendría que descontaminarse de la influencia paramilitar y del narco, que permean todas las estructuras públicas.

Difícil, casi imposible se antoja el acuerdo, pero por lo menos sobre la mesa están los temas esenciales.

(Veáse en este blog La paz y las víctimas de la guerra de Colombia)

Genocidio en Colombia


El último informe de Amnistía Internacional sobre Colombia vuelve a denunciar el exterminio y hostigamiento sistemático de los más pobres, de los campesinos a los que se quiere privar de sus tierras, de los afrodescendientes que están en un terreno estratégico para el paso de las drogas, de los indígenas que reivindican tierras ancestrales en manos ahora de multinacionales.

Me limito a copiar la nota de prensa de Amnistía:

Colombia: El gobierno distorsiona la situación de los derechos humanos en el país

Madrid.- El gobierno de Colombia está dando una versión muy optimista de la situación de los derechos humanos en el país, a pesar de que cada vez son más los informes sobre desplazamientos forzados, ataques contra activistas sociales y de derechos humanos y homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad. Ésta es la conclusión del informe publicado hoy por Amnistía Internacional.

“Las autoridades colombianas mantienen una postura de negación absoluta: incluso se niegan a reconocer que hay un conflicto armado en el país. Sin embargo, la gente nos cuenta una versión muy diferente”, afirmó Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional. “Es imposible resolver un problema sin admitir que existe. Negando la situación sólo se consigue condenar a más personas a sufrir abusos o a morir.”

El informe de Amnistía Internacional es el estudio más exhaustivo y actualizado sobre el estado de los derechos humanos en Colombia. Muestra que, si bien algunos indicadores de derechos humanos han mejorado con el paso de los años –por ejemplo, el índice de secuestros y la seguridad en algunas ciudades–, otros muchos han empeorado.

El estudio también echa por tierra declaraciones realizadas en repetidas ocasiones por el gobierno colombiano, por ejemplo, que los grupos paramilitares ya no están activos, que se obliga a rendir cuentas a los autores de abusos contra los derechos humanos, o que se respeta plenamente el trabajo de los activistas sociales y los sindicalistas.

“La población colombiana lleva más de 40 años atrapada en uno de los peores conflictos olvidados del mundo, atacada por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros, mientras que el gobierno no toma ninguna medida de peso para brindarle protección”, declaró Marcelo Pollack.

“Para cambiar radicalmente la trágica realidad de Colombia, el gobierno y los grupos guerrilleros tienen que dejar de involucrar en el conflicto a la población civil de una vez por todas.”

El informe de Amnistía Internacional arroja los siguientes datos sobre Colombia:

· En 2007 hubo al menos 1.400 homicidios de civiles, frente a 1.300 en 2006. De los casos en los que se conoce a los autores, las fuerzas de seguridad fueron responsables de al menos 330; los paramilitares, de unos 300; y los grupos guerrilleros, de alrededor de 260.

· Hasta 305.000 personas fueron desplazadas en 2007, frente a 220.000 en 2006.

· En 2007, al menos 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, o se encuentran en paradero desconocido después de ser secuestradas por los grupos guerrilleros, frente a 180 en 2006.

Amnistía Internacional insta a todas las partes implicadas en el conflicto de Colombia a que muestren la voluntad política necesaria para poner fin a los abusos contra los derechos humanos. La organización también exhorta a la comunidad internacional a que redoble los esfuerzos para lograr que las dos partes enfrentadas respeten los derechos humanos de la población colombiana.

Violencia impersonal


Creo que todas las víctimas son iguales en dignidad y merecen todas un trato digno. Pero no todos los crímenes son iguales.

La reflexión viene a cuento a un comentario a mi entrada “No callar la voz de las víctimas de Colombia”. No es lo mismo-dice ivmhn- matar a un contrincante en una guerra que masacrar (resumo) a un pacífico ciudadano.

Lamentablemente, los medios muchas veces muestran a los más pobres como víctimas de una violencia impersonal. Es lo que ocurría en el reportaje de Informe Semana del sábado 4-10-08 “Colombia: las otras víctimas”. El reportaje mostraba la búsqueda de los restos de los masacrados por los paramilitares. Los paramilitares se presentan como un “ejército ilegal que nació para perseguir a la guerrilla”, sin mención a los que manejaban los hilos y con una simple referencia a sus relaciones con los políticos. En ningún momento se dice que estos asesinos sirvieron para despejar de campesinos las tierras que se apropiaron terratenientes y multinacionales. Se da por hecho su desmovilización, sin informar de las dificultades de la misma y de la reaparición de los paramilitares como “fuerzas emergentes” o “Águilas Negras”. Ya sé que el reportaje no era una reconstrucción del fenómeno paramilitar, pero sin su contexto, el trabajo quedaba reducido a mostrar el sufrimiento de una viuda y a la insensiblidad moral del verdugo. Imprescindible, pero insufuciente.

Inteligencia, intoxicación, manipulación


Llevo varios días pensando entrar en el tema de los documentos supuestamente extraídos de los ordenadores de Raúl Reyes, el jefe de las FARC muerto durante una incursión del ejército colombiano en Ecuador.

Desde el primer momento, las autoridades colombianas aseguraron que en tales ordenadores se encontraban las pruebas de la implicación de Hugo Chávez con la guerrilla. El diario El País comenzó el pasado sábado una serie basada en esos supuestos documentos y firmada por Maite Rico, enviada especial a Bogotá. El País tiene una muy competente corresponsal en Colombia, Pilar Lozano, pero parece que los servicios de inteligencia escogieron a Maite Rico para confiarle esos documentos. Si se lee la información del sábado se vee que la base son esos documentos y “fuentes colombianas” o “analistas de la inteligencia colombiana”. El País sabe muy bien de que esos documentos se encuentran cuestionados. Un grupo de académicos norteamericanos han analizado su contenido y ponen en duda su interpretación. Una fuente tan poco proclive a Chávez como el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza declara públicamente que no hay pruebas que vinculen al presidente venezolano con la guerrilla. El País se hace eco de estas versiones en una información firmada en Madrid por Fernando Gualdoni, pero como un desmentido del embajador de Venezuela en España. Una versión completa de la postura venezolana se puede encontrar en la web del gobierno de Caracas.

Estamos a la espera de que Interpol acredite o no el origen de esos documentos. Pero el análisis de Interpol se limitará a determinar si el contenido de los discos duros coincide con los documentos. Según la policía colombiana, se sacó una copia en espejo de estos discos, que se entregó a Interpol, mientras los originales quedaban en custodia de la Fiscalía. De modo que Interpol no entrará en interpretaciones sobre el contenido, sino sólo dictaminará si los documentos coinciden con los existentes en los ordenadores que el ejército colombiano dice que eran de Reyes. Y mientras llega esa verificación internacional, Uribe ha hecho una de esas carambolas que tanto le gustan. Extraditando a los jefes paramilitares cumple con Estados Unidos (a lo mejor, hasta consigue la ratificación del Tratado de Libre Comercio), silencia a los criminales para poner freno al escándalo de la parapolítica y garantiza inmunidad para sus crímenes.

El asunto sigue. Hoy, 14 de mayo, el embajador en Madrid hace una rectificación, que El País, como es uso y abuso de la prensa española publica en Cartas al Director como “Aclaración”.

Lejos de mi afirmar la verdad o falsedad de tales documentos y ni siquierainterpretarlos. Pero creo que El País ha actuado más que ligeramente. Ha basado una acusación muy grave en unos documentos controvertidos, obtenidos de fuentes de inteligencia y sin mayor investigación para corroborar estas versiones, minusvalorando informativamente otras posiciones.

Y es que no hay que confundir inteligencia con servicios de inteligencia, denominación eufemistica del espionaje y la intoxicación.

No callar la voz de las víctimas de Colombia


manifestación en Bogotá -AFPDespués de la movilización global del 4 de febrero contra las FARC, las víctimas de todas las violencias políticas quisieron hacer su vox, como ya recogí en este blog. Ayer, 6 de marzo las víctimas de los paramilitares -15.000 muertos y desaparecidos- salieron a las calles de Colombia. En Bogotá (la capital del país con mayor número de desplazados del planeta por la violencia política, nada menos que 4 millones) se reunieron 40.000 personas, en una marcha que no contaba precisamente con el beneplácito del poder ni de los medios de comunicación. Hubo también marchas o concentraciones en otras 60 ciudades a lo largo del mundo. En Madrid, la concentración contó con la presencia del jesuita Javier Giraldo, coordinador del banco de datos de violencia política y destacado defensor de los derechos humanos.

Este comentario viene a cuento del desinterés de los medios españoles. De todos los grandes diarios sólo recogen la noticia El País y El Mundo, pero como simple foto acompañada de un pie informativo. Todos los diarios llevan abundante información del conflicto Ecuador-Colombia-Venezuela, con crónicas (El País, La Vanguardia) de corresponsales o enviados especiales muy críticas con Chávez. Entre las televisiones, sólo TVE difundió una crónica de su corresponsal en Bogotá en el telediario de las nueve de la noche del jueves. Por supuesto ningún medio se refiere a la concentración de Madrid.

¿Son todas las víctimas iguales para los medios?

(Más información en Pepitorias)

Colombia: la voz de las víctimas ante la movilización global


Me he referido estos aquí a las movilizaciones interactivas de las multitudes inteligentes. El lunes 4 se desarrolló una movilización global contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Todo empezó con la campaña Un millón de voces contra las FARC lanzada por un ingeniero colombiano en la red social Facebook. La indignación ante la barbarie de los secuestros, puesta de actualidad tras la liberación de Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, ha convertido lo que pretendía ser una campaña colombiana en una movilización global.

Esa movilización global, como es lógico, ha sido aprovechada por el gobierno del presidente Uribe, empeñado en reducir todos los problemas de Colombia al “terrorismo” de las FARC. Posición a la que se suman, arrimando el ascua a la sardina, aquellos que en otros lugares hacen un uso partidista de la condena del terrorismo. No voy a discutir si las FARC son o no un movimiento insurgente ni voy a enumerar los problemas de Colombia, me limito a recoger aquí la Declaración de las Víctimas de los Crímenes contra la Humanidad en Colombia. La declaración se cierra con una larga lista de organizaciones y personas, entre ellas la madre de Ingrid Betancourt, que da idea de la pluralidad de este movimiento.

Por la Vida, la Paz y la Democracia
Llamamiento de todos los sectores de víctimas de
crímenes contra la humanidad en Colombia
Quienes suscribimos este llamamiento, víctimas de crímenes contra la humanidad en Colombia, declaramos lo siguiente:
1. Que rechazamos todas las formas de crímenes contra la humanidad. Que en Colombia se ha presentado una masiva y sistemática violación de los derechos humanos por parte de agentes del Estado y de la estrategia paramilitar que ha generado la comisión de crímenes contra la humanidad, como genocidio, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desplazamientos forzados. Asimismo, que los grupos insurgentes han incurrido en infracciones al derecho internacional humanitario, siendo el secuestro una de sus más graves manifestaciones. Esta crisis humanitaria obstaculiza las posibilidades para construir una sociedad civilizada en la que el respeto a la vida y la dignidad humana sean el principio esencial de la convivencia.
 
2. Que resulta inadmisible toda justificación pública de estos crímenes bien sea por razones ideológicas, de Estado, bajo el pretexto de la seguridad nacional, del pretendido derecho a la autodefensa, de la acumulación de la riqueza y del despojo de tierras o de cualquier otro argumento que se emplee para legitimar lo que a la luz de la ética y del inquebrantable derecho a la vida es inhumano. Consideramos que toda expresión o discurso con el que se pretenda ignorar los derechos humanos y el derecho humanitario, nos aleja del camino de la paz y la democracia. La sociedad por su parte debe actuar para exigir el respeto de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
 
3. Hacemos un llamado para que las víctimas sean respetadas, no se manipule su sufrimiento, no se haga uso de ellas con fines políticos, electorales, económicos o militares. Llamamos a que no se afecte su dignidad de ninguna manera, a que se desista del intento de contraponerlas unas a otras, y a que no se vulnere aún más sus derechos convirtiéndolas en blanco de nuevas agresiones. Llamamos a que sus propuestas y argumentos sean asumidos con seriedad y respeto.
 
4. Hacemos un llamado por el Acuerdo Humanitario que permita el regreso de las personas secuestradas al seno de sus familias y la sociedad, y porque sean respaldadas todas aquellas gestiones de facilitación, acompañamiento y veeduría nacional e internacional que contribuyan a estos propósitos. Que se evite a toda costa cualquier tipo de operación militar que ponga en riesgo sus vidas o comprometa de algún modo su integridad.
 
5. Exigimos verdad, justicia y reparación para todas las victimas de crímenes contra la humanidad y genocidio; que se devuelvan los desaparecidos a sus familiares, se restituyan las tierras a los desplazados; se desmonten en forma definitiva los grupos paramilitares, se acaben los vínculos de éstos, con instancias estatales, empresas multinacionales o partidos políticos y que todos los vinculados a la parapolítica responsables de violaciones de los derechos humanos sean sancionados y sus crímenes esclarecidos ante el país y el mundo.
 
6. Después de más de cuarenta años de conflicto armado ininterrumpido urge encontrar caminos viables que nos permitan avanzar sin más demoras ni dilaciones hacia la solución política negociada del conflicto armado, en la cual se preserven los derechos de las victimas. Reiteramos nuestra convicción de que la guerra que padece Colombia, sólo podrá ser superada a través de un diálogo nacional, amplio, pluralista y concertado con la sociedad.
 
Hoy nos une y nos asiste la imperiosa necesidad de acercamientos entre las víctimas y todos los sectores de la sociedad colombiana para construir una sociedad democrática sustentada en la paz con justicia social, el respeto integral de los derechos humanos y la dignidad humana.
Firman:
Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública , Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros, ASFAMIPAZ.
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Yolanda Pulecio
Madre de Ingrid Betancourt
Movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad
Familiares de los Desaparecidos del Palacio de Justicia
Fundación “Manuel Cepeda Vargas”
Víctimas y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano
Pueblo Kankuamo Desplazado en Bogotá.
Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó
Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de las Comunidades de Autodeterminació n, Vida, Dignidad del Cacarica, CAVIDA.
Zona Humanitaria de la Comunidad de Vida y Trabajo de La Balsita , Dabeiba.
Zona Humanitaria de la Comunidad Civil de Vida y Paz del Alto Ariari, CIVIPAZ.
Consejo Comunitario del Río Bajo Naya, Valle del Cauca.
Familiares de Víctimas de Trujillo, Valle.
Familiares de Víctimas de Inzá, Cauca.
Asociación de Familiares de Víctimas de la Violencia Política de Río Sucio, Chocó, CLAMORES.
Movimiento Regional de Víctimas de Crímenes de Estado, Sucre.
Movimiento Regional de Víctimas de Crímenes de Estado, Antioquia.
Asociación Regional de Víctimas de la Violencia del Terrorismo de Estado en el Magdalena Medio, ASORVIM.
Familiares de Desaparecidos forzadamente, Familiares Colombia.
Fundación “Nidya Erika Bautista” para los Derechos Humanos.
Carlos Lozano
Director del semanario Voz
Gloria Inés Ramírez
Senadora de la República
Gloria Cuartas
Ex alcaldesa de Apartadó
Comunidad de Ullucos del Resguardo Indígena de San Francisco, Cauca.
Asociación Tequendama de Sucre, Cauca.
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, ANDAS.
Comité Ejecutivo Nacional
Seccional Barrancabermeja
Acompañamiento Psicosocial y en Salud Mental a Víctimas de Violencia Política, AVRE.
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Fundación Afro y Cultura ” La Esperanza “.
Resguardo Indígena Emberá de Urada, Jiguamiandó, Coredocito.
Asociación Campesina para el Desarrollo Integral del Sur del Putumayo, ACADISP.
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