Los diputados ante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información


El acceso a la información es un derecho fundamental, pero el proyecto de ley de Ley de Transparencia del PP sigue anclado en la idea de entreabrir la puerta a una información, ignorando que la información pública es patrimonio de todos

El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno se encuentra ya en periodo de presentación de enmiendas. La Coalición Pro Acceso aprovechó el Día Internacional del Derecho a Saber para debatir con los representantes de los grupos parlamentarios el texto del proyecto.

Moderado por Borja Bergareche, corresponsal de ABC en Londres, el acto reunió a Victoria Anderica de la Coalición, Maritxell Batet (PSOE), Irene Lozano (UPyD) y Joan Josep Nuet (Izquierda Plural). Excusaron su ausencia por razones de agenda los representantes de CiU y PP. Sin poner en duda estos motivos, es una constante en este tipo de debates que los representantes del PP estén ausentes. Es coherente con su política de comunicación de debatir lo menos posible en nombre del sentido común.

Los diputados están más necesitados que nunca del retorno informativo de la sociedad. En este caso la audiencia era de expertos, con la presencia de algunos alumnos. Y es que no parece que una ley tan decisiva como ésta levante grandes pasiones.

Resumo las grandes cuestiones del debate (#AccesoInformación)

Una ley cicatera que no cumple los estándares internacionales

El proyecto no cumple con los 10 principios en los que la Coalición Pro Acceso ha sintetizada la legislación comparada de 80 países: no es un derecho fundamental, se excluyen borradores, se impone el silencio negativo (Anderica); es cicatera, desconfía de los ciudadanos y antigua (Nuet), pensada más de los parámetros de la comunicación vertical que horizontal. Si no se modifica el proyecto no habrá cambio de cultura política (Nuet), un cambio que exigiría que los funcionarios aceptaran que la información es de los ciudadanos (Batet).

Para Nuet excluir a la Casa Real convertirá a la ley en “una fábrica de republicanos”.

El parto de los montes

El gobierno anunció a bombo y platillo el proyecto y abrió un plazo de sugerencias en Internet, que no ha se han tenido en cuenta. Al final  se ha parido un ratón (Nuet). Añadiría por mi parte que al proyecto le sobra toda la parte de “buen gobierno”, en realidad disposiciones para reforzar el control de la austeridad, que nada pinta aquí y es el aspecto en que parece volcado el PP. Los tres diputados creen que, con todo, en el debate el texto podría mejorarse.

El acceso, un derecho fundamental a la información

La opinión dominante en el debate fue la de considerar el acceso como un derecho fundamental. A Batet le tocó el difícil papel de defender la posición contraria, puesto que el PSOE presentó en la anterior legislatura un proyeco que incidía en el mismo error. Sostuvo que tan legítimo era fundamentar este derecho en el art. 20, como en el 105 b) y alegó que lo diferencial con otros países es que la Constitución ya regulaba específicamente el acceso y no lo hacía como un derecho fundamental.

Por supuesto si se reconociera como un derecho fundamental tendría las garantías constitucionales de su exigilibidad directa mediante el recurso de amparo y debiera ser regulado por ley orgánica. Pero lo más trascendente es la cultura política que subyace: no es sólo que la administración tenga que ser transparente, es que la información es de todos.

Aporto mi argumento. El titular del derecho a la libertad de información son todos los ciudanos, y aunque en la formulación en el art. 20 1 d) CE se mencionan las facultades de difundir y recibir, en el difundir está implícito el investigar y por si cupiera duda puedeacudirse al valor interpretativo del art. 19 de la Declaración Universal de 1948, que explícitamente incluye la facultad de investigar como derecho humano. El art. 105 lo que viene a hacer es regular un aspecto de las relaciones del administrado con la administración. El acceso es un derecho fundamental y la información pública debe ser accesible a todos.

Silencio administrativo

El proyecto (art. 17.4) consagra el silencio administrativo negativo, esto es, si la administración no responde en el plazo establecido se entiende que la petición ha sido denegada. A Batet le correspondió defender que el silencia administrativo positivo es irrealizable, pues en otro caso un juez obligaría a entregar la información, sin tener la capacidad de juzgar si realmente era información accesible no sujeta a alguna de las limitaciones de la ley.

La cuestión es que cambie la mentalidad de la administración y los funcionarios y no se produzca un peloteo entre órganos que finalmente de lugar al silencio y obligue al ciudadano a acudir a los tribunales.

Colisión con la protección de datos

El profesor Dader propuso una revisión en paralelo de la Ley de Protección de Datos, de modo que, por ejemplo, la información pública recuperada de las hemerotecas no pueda ser impedida alegando que se trata de datos personales.

En los previsibles conflictos entre el derecho a la protección de los datos personales y el derecho de acceder a la información prevalecerá el primero si no se da carácter de derecho fundamental al acceso a la información.

Infraestructuras y costes

El proyecto prevé un portal  (ar. 8) de la transparencia desde el que básicamente se accedería a información económica, presupuestaria y estadística de las administraciones. Pero el público puede pedir informaciones que no se encuentren en estas grandes bases de datos. No hay ni una sola previsión para crear mecanismos de acceso electrónico generalizado. La ley carece de memoria económica y el acceso no es gratis. A título de ejemplo, la BBC ha gastado más de 3 millones de libras desde 2005 en facilitar información solicitada por el público desde que entró en vigor la ley británica. No hay que ser muy mal pensado para imaginar al gobierno diciendo que no tiene dinero para estos “líos”. Lozano y Nuet insistieron en que la falta de transparencia tiene finalemente un mayor coste económico.

Autoridad independiente

El proyecto crea un Agencia Estatal de transparencia, un órgano administrativo al qu hay que recurrir antes de acudir al contencioso administrativo. La agencia es un órgano del Ministerio de Hacienda y carece de independencia.

Y en este punto se entró en el debate sobre las autoridades independientes, la manipulación partidista de los órganos constucionales… Otro debate en el que subyace la crisis constitucional que, día a día, se hace más visible.

(Sobre el derecho de acceso o derecho a saber este post antiguo)

Anuncios

El servicio público de la radiotelevisión, imprescindible para la democracia


La radiotelevisión de servicio público es imprescindible en una sociedad democrática para promover la cohesión social, el pluralismo político, la diversidad cultural y lingüística, satisfacer el derecho a la información del público y las necesidades de entretenimiento acorde con los valores democráticos.

Como no podía ser menos, los participantes (políticos, académicos, profesionales, sindicalistas y representantes sociales) en la Jornada “La radioletevisión pública y el porvenir de la democracia en España” (organizada por Teledetodos) estuvieron plenamente de acuerdo en esa valoración del servicio público audiovisual. Pero también, como es lógico, la discusión se centró en los modos en que RTVE y las televisiones públicas han de cumplir con esa función de modo eficaz y estable.

Reforma, contrarreforma y marco europeo

El profesor Bustamante expuso su tesis de que a la reforma democrática concretada en la ley de 2006 de RTVE siguió la contrarreforma articulada por la nueva financiación sin publicidad de 2009 y culminada por la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010. Negando a RTVE una financiación estable, desvirtuando las normas anticoncentración, desrregulando y eliminando o suavizando las obligaciones públicas de los operadores comerciales se ha fortalecido el polo privado y debilitado el público. El sistema apunta a un oligopolio A3-T5, nefasto para la democracia.

Le tocó responder a la diputada socialista Meritxell Batet, quien no tuvo más remedio que remitirse como gran mérito a la desgubernamentalización de RTVE. Todos los participantes admitieron la desgubernamentalización, pero la mayoría denunció la utilización partidista no ya de los contenidos de TVE, pero sí del marco general audiovisual, a través de, por ejemplo, las comisiones de control o de los consejos audiovisuales autonómicos. Por cierto que Batet aseguró que el gobierno trabaja para crear antes del final de la legislatura el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

Había expectación para ver cómo defendía el PP sus propuestas de reducción de canales de RTVE y privatización de las autonómicas. El diputado Ramón Moreno excusó su presencia en razón de la campaña electoral y envió una declaración genérica de apoyo al servicio público. (Declaración que, por cierto, se compagina mal con las recientes declaraciones de Gabriel Elorriaga, ajeno a la dirección del PP, pero activo en FAES mostrándose partidario de la eliminación de todas las televisiones públicas).

Bustamante insistió en que aunque el marco europeo pueda resultar limitativo es jurídicamente vinculante y tiene elementos suficientes para desarrollar una radiotelevisión pública de calidad al servicio de los ciudadanos.

La extensión del servicio público

El Protocolo de Amsterdam permite a los estados financiar a los organismos de radiotelevisión para llevar a cabo la función pública en los términos en que el propio estado miembro la haya definido, siempre que no altere con ello la competencia.

En la doctrina europea, y, sobre todo, en las comunicaciones y práctica de la Comisión Europea se ha asentado la idea de una subsidiaridad del servicio público, de modo que sólo los programas de servicio público podrían ser financiados con recursos públicos y siempre a su coste neto. Lógicamente, los operadores privados hacen una interpretación extrema de la subsidiaridad, de modo que sólo sería servicio público aquello que ellos no desarrollaran, así que la televisión pública quedaría reducida a conciertos, conferencias y sesudos documentales. Dicho de otro modo, la tele pública está para cubrir los “fallos del mercado”.

El profesor Emili Prado defendió la consideración global de la programación de servicio público. Primero, porque unos programas van vinculados con otros y sólo de esta manera puede mantenerse una audiencia. Pero, sobre todo, porque en todos los programas tienen que manifestarse las funciones del servicio público, no sólo, por ejemplo, en los informativos, sino también en los programas de entretenimiento, producidos desde los valores de la cohesión social y la educación del gusto. Por su parte, Mónica Terribas, directora de TV3, aportó la experiencia de series juveniles que encarnaban esos valores con gran éxito de audiencia.

El nudo gordiano de la financiación

Unanimidad entre los participantes en considerar la supresión de la publicidad de TVE como una medida que no tenía más justificación que salvar los balances de las televisiones privadas. Y convencimiento de que el Tribunal de Luxemburgo fallará contra la tasa a las telecos. Ante el previsible caos financiero la diputada Batet aseguró que el gobierno tomaría en su momento las medidas apropiadas.

Desde el punto de vista de la audiencia la supresión de la publicidad ha sido una bendición para TVE. Pero ¿cuánto tiempo puede mantenerse ese liderazgo sin la adecuada financiación y con las nuevas limitaciones en la compra de derechos? No nos engañemos -se dijo por varios ponentes- el objetivo de las privadas no es sólo llevarse los ingresos publicitarios, sino también la audiencia. Porque los publicitarios no acudirán si no aumentan sus audiencias.

Se escucharon argumentos a favor de la publicidad en las televisiones públicas. Para el profesor Moragas, la televisión es un elemento imprescindible de un servicio público sostenible. Además, la supresión de los anuncios en TVE ha distorsionado el mercado publicitario. Las grandes empresas catalanas -dijo Terribas- quieren vincular su imagen a los valores de nuestra programación, no a los valores de la televisión basura. Pero se reconoció que la reintrodución de la publicidad en TVE sería nefasta para su imagen y posiblemente para su audiencia.

Hubo consenso en que el sistema de tasas sobre actividades más o menos relacionadas con lo audiovisual no era el camino. Pero no apareció un alternativa nítida. ¿Los presupuestos generales? ¿Un canon a pagar por los ciudadanos?

En mi opinión, puesto que la tasa a las privadas y el traspaso de la tasa del espectro radioeléctrico han pasado ya el filtro de Brusela, si el Tribunal de Luxemburgo tumba la tasa de las telecomunicaciones como es probable, no parece que haya otra solución que compensar lo perdido por vía presupuestaria, lo que, en los tiempos que corren, supondría una reducción más o menos drástica de la financiación real de RTVE.

La necesidad de regeneración democrática de las televisiones autonómicas

En la mesa de “televisión de proximidad” se habló, claro, de televisión autonómica y muy poco de televisión local y comunitaria. José Ignacio Pastor denunció la manipulación informativa y la degradación empresarial de la TVV, de cuyo Consejo de Administración es vicepresidente. Los sindicalistas trajeron el caso de la televisión “particular” (de Esperanza Aguirre): una redacción paralela (“el lado oscuro de la fuerza) elabora los informativos de Telemadrid.

Lo más interesante de esta mesa fue contrastar dos modelos de televisiones autonómicas emblemáticas: TV3 y ETB. Miguel Ángel Idígoras, director de ETB, se quejó de la interferencia de los sindicatos nacionalistas y ultranacionalista. Ninguna cadena privada tendría nunca programación en euskera, hablado por el 30% de la población, pero ese techo impide a ETB alcanzar las audiencias de otras autonómicas. Terribas expuso las fortalezas de ETB: una cuota de audiencia de 20% en el conjunto de sus canales, una identificación del público, una redacción no dividida por líneas sectarias y una apuesta por la innovación.

El servicio público en la era digital: del PBS al PMS

PSB: “Public System Broadcasting “, sistema público de radiotelevisión. PSM: “Public System Media”, sistema de medios públicos. El desafío de la era digital es pasar del PBS al PMS, de un servicio público de radiodifusión a un servicio público de contenidos audiovisuales e interactivos.

Fue Terribas quien (en la mesa de la televisión de proximidad) explicó mejor lo que puede ser el nuevo modelo centrado en los contenidos; contenidos producidos para los medios tradicionales y para las nuevas plataformas, con una concepción global y generados por redacciones integradas y periodistas multimedia (previo modificación del convenio laboral). Yolanda Sobero, presidenta del Consejo de Informativos de TVE, mostró su escepticismo sobre el modelo de profesional multimedia, en cuanto puede convertirse en un mero “hombre orquesta”. Roberto Suárez, investigador en políticas de comunicación, abogó también por volver a las esencias del periodismo, colocando las tecnologías al servicio de los objetivos clásicos de una información de calidad.

Interesante debate también entre Eladio Gutiérrez, responsable que fue de Impulsa-TDT y Ricardo Villa, director de Medios Interactivos de RTVE. Gutiérrez reconoció el fracaso de la TDT como plataforma interactiva por falta de un canal de retorno, pero siguió apostando por el “broadcast” como el medio más eficaz y eficiente de difusión y como la esencia del servicio público, planteando el pago de los servicios interactivos y a la carta. Villa defendio, en cambio, un servicio público de acceso general en todas las plataformas.

Participación y derecho de acceso

En la mesa sobre participación social, los representantes de las organizaciones manifestaron una relativa satisfacción ante el desarrollo del derecho de acceso, pero desde el público se criticó la concepción reduccionista que ha aplicado el Consejo de Administración de RTVE, negando un verdadero derecho a las organizaciones representativas y ofreciendo una ronda de intervenciones a aquellas que no hayan tenido voz suficiente en la programación.
(En los próximos días el Canal UNED colgará los vídeos de las distintas mesas y las entrevistas a expertos extranjeros. Por mi parte, “retransmití” a través de Twitter los debates bajo la etiqueta #democraciaytv) (Vídeos en Teledetodos)

Derecho de acceso de los fotoperiodistas


Después de casi una semana sin conexión adsl, atrapo esta noticia que plantea una modalidad muy particular del derecho de acceso.

Las agencias Reuters, AP y AFP se han negado a distribuir las fotos de Obama en su primer día en el despacho presidencial. En esta ocasión, a diferencias de lo que venía siendo usual, la Casa Blanca no permitió el acceso de los fotoperiodista y entregó las fotos realizadas por sus servicios de prensa. Fotos, como la que aquí recojo, con Obama en mangas de camisa, algo, que según dicen, Bush tenía prohibido a sus colaboradores.

Las tres grandes agencias razonan que el Despacho Oval es la oficina pública del presidente de Estados Unidos, lugar al que siempre se había permitido el acceso de los fotográfos de las agencias en actos públicos, a diferencia de otras áreas privadas o inaccesibles por razones de seguridad, vedadas a los medios y de los que las agencias vienen aceptando fotos suministradas por la Casa Blanca. Las agencias califican el material entregado de “Visual Press Release” y aseguran que aceptar esta práctica significaría comprometer una larga tradición de cobertura gráfica independiente de las actividades del presidente.

La cuestión pudiera parecer baladí, pero no lo es. El punto de vista del fotoperiodista independiente no es el de fotográfo que trabaja para un departamento de relaciones públicas. Así que, aunque el acto a cubrir no era más que un acto institucional, tenía una dimensión histórica, que merecía ser visto por la mirada de los fotoperiodistas. Claro que las agencias luchan por preservar el núcleo de su negocio que es el suministro de la información primaria, a menudo sometida a acuerdos de pool, y que es amenazado por los servicios de relaciones públicas, que pretenden facilitar directamente ese material primario, sin intermediarios. Creo que en este caso, el derecho de acceso no se ve satisfecho con el material suministrado por las fuentes institucionales.

A %d blogueros les gusta esto: