El PP arrasaría con el servicio público de la radiotelevisión


Más allá de su programa, González Pons ha dejado bien claro lo que el PP se propone hacer con el servicio público de la radio y la televisión: privatizar y englobar las cadenas autonómicas en un único canal, reducir el peso de RTVE (a la que se añadiría EFE) y liberar de cualquier obligación pública a las cadenas privadas.

Las televisiones autonómicas

Durante las últimas semana hay una verdadera ofensiva contra la televisión pública autonómica. Es cierto que en su mayoría son fáciles de criticar, porque sus gestores han incurrido en despilafarros (cuando no directamente en corrupción, como en Valencia) y han convertido sus informativos en una terminal más de la oficina de comunicación del gobierno y su partido. Se esgrime también su caída de audiencia, sin recordar que en semejantes porcentajes han caído las televisiones estatales, públicas y privadas. En plena crisis son innumerables las voces que piden, lisa y llanamente, su desaparición.

Es injusto meter en un mismo saco a todas las autonómicas. La radiotelevisión catalana es un ejemplo de calidad y en este momento de adaptación del servicio público de radio y televisión a un servicio público de medios convergentes en línea. ETB realiza una promoción impagable del euskera. Y las radiotelevisiones de Galicia y Andalucía han conseguido un buen grado de identificación con sus audiencias.

Estos servicios públicos han sido decisivos a la hora de definir un espacio de comunicación específico de las comunidades autónomas, crear opinión pública propia y promover y fortalecer la identidad comunitaria. Esta función nunca va a ser desempeñada por una empresa privada. ¿Retransmitiría una televisión privada en euskera los partidos de la Champions?.

El PP además de su privatización propone ahora la agrupación en un canal estatal con desconexiones. Este es el modelo de la la ley del tercer canal (1983), que pronto se hizo inviable porque cada comunidad, invocando sus competencias estatutarias creó su propio organismo y desarrolló sus canales propios. ¿Se someterán las comunidades a un canal común? Desde Valencia, el propio gobierno del PP ya advierte que no. ¿Quedaría este canal como un gueto para las comunidades “pobres”?.

La solución de las autonómicas pasa por una reforma que instaure una fuerte independencia política, una redefinición de objetivos centrados en la esfera autonómica y una estabilización financiera con dos patas: limitación del techo de gasto y limitación publicitaria. Y por supuesto, por fortalecer los mecanismos de cooperación y producción común a través de la FORTA.

Las privadas, libres de obligaciones públicas

Tras la Ley General de la Comunicación Audiovisual las cadenas privadas estatales dejaron de ser servicio público y sus licencias se convirtieron en un elemento patrimonial negociable. No obstante, la ley atribuye todavía obligaciones públicas a todos los operadores privados. Algunas genéricas (por ejemplo, deber de dilegencia informativa), pero otras muy concretas en materia de cuotas deproducción, fomento de la industria audiovisual y de la identidad lingüística.

El PP propone eliminar estas obligaciones consustanciales al desempeño de un servicio de interés general. Serán entonces las televisiones privadas unas empresas como cualquier otra. La competencia será total y la basura superará sus altísmas maracas actuales. Que no invoquen entonces la libertad de expresión para obtener cualquier tipo de ventajas.

No tendría tampoco sentido mantener esos deberes públicos y no someter su cumplimiento a control de una autoridad independiente. De modo que es coherente eliminar esas obligaciones y derogar el Consejo Audiovisual Estatal. Campo libre.

La irrelevancia de RTVE

González Pons dice que impedirán que la televisión pública compita con las privadas. La eliminación de la publicidad llevó consigo una menor presión por lograr el liderazgo de la audiencia. La LGCA ya estableció importantes limitaciones en materia de adquisición de derechos cinematográficos y deportivos. Pese a todo La Uno es la cadena más vista y en su conjunto de canales RTVE está en algo más de un 20% de audiencia. ¿Qué quiere decir “no competir”? ¿Transferir esas audiencias a los negocios privados?.

Todo apunta, pues, a una televisión pública de bajo presupuesto, centrada en difundir acontecimientos institucionales y que no haga sombra a las privadas.

La programación de servicio público requiere de espacios que aúnen altas audiencias y respeto a los valores constituci0nales. Espacios que sirvan de motor para mantener al público fiel a una programación de información y cultura. Y en el nuevo ecosistema informativo esas programaciones generalistas son son la parte más visible de un servicio público que debe ofrecer a todos los ciudadanos entretenimiento, información y cultura de calidad en cualquier plataforma y en cualquier tiempo y lugar.

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El servicio público de la radiotelevisión, imprescindible para la democracia


La radiotelevisión de servicio público es imprescindible en una sociedad democrática para promover la cohesión social, el pluralismo político, la diversidad cultural y lingüística, satisfacer el derecho a la información del público y las necesidades de entretenimiento acorde con los valores democráticos.

Como no podía ser menos, los participantes (políticos, académicos, profesionales, sindicalistas y representantes sociales) en la Jornada “La radioletevisión pública y el porvenir de la democracia en España” (organizada por Teledetodos) estuvieron plenamente de acuerdo en esa valoración del servicio público audiovisual. Pero también, como es lógico, la discusión se centró en los modos en que RTVE y las televisiones públicas han de cumplir con esa función de modo eficaz y estable.

Reforma, contrarreforma y marco europeo

El profesor Bustamante expuso su tesis de que a la reforma democrática concretada en la ley de 2006 de RTVE siguió la contrarreforma articulada por la nueva financiación sin publicidad de 2009 y culminada por la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010. Negando a RTVE una financiación estable, desvirtuando las normas anticoncentración, desrregulando y eliminando o suavizando las obligaciones públicas de los operadores comerciales se ha fortalecido el polo privado y debilitado el público. El sistema apunta a un oligopolio A3-T5, nefasto para la democracia.

Le tocó responder a la diputada socialista Meritxell Batet, quien no tuvo más remedio que remitirse como gran mérito a la desgubernamentalización de RTVE. Todos los participantes admitieron la desgubernamentalización, pero la mayoría denunció la utilización partidista no ya de los contenidos de TVE, pero sí del marco general audiovisual, a través de, por ejemplo, las comisiones de control o de los consejos audiovisuales autonómicos. Por cierto que Batet aseguró que el gobierno trabaja para crear antes del final de la legislatura el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

Había expectación para ver cómo defendía el PP sus propuestas de reducción de canales de RTVE y privatización de las autonómicas. El diputado Ramón Moreno excusó su presencia en razón de la campaña electoral y envió una declaración genérica de apoyo al servicio público. (Declaración que, por cierto, se compagina mal con las recientes declaraciones de Gabriel Elorriaga, ajeno a la dirección del PP, pero activo en FAES mostrándose partidario de la eliminación de todas las televisiones públicas).

Bustamante insistió en que aunque el marco europeo pueda resultar limitativo es jurídicamente vinculante y tiene elementos suficientes para desarrollar una radiotelevisión pública de calidad al servicio de los ciudadanos.

La extensión del servicio público

El Protocolo de Amsterdam permite a los estados financiar a los organismos de radiotelevisión para llevar a cabo la función pública en los términos en que el propio estado miembro la haya definido, siempre que no altere con ello la competencia.

En la doctrina europea, y, sobre todo, en las comunicaciones y práctica de la Comisión Europea se ha asentado la idea de una subsidiaridad del servicio público, de modo que sólo los programas de servicio público podrían ser financiados con recursos públicos y siempre a su coste neto. Lógicamente, los operadores privados hacen una interpretación extrema de la subsidiaridad, de modo que sólo sería servicio público aquello que ellos no desarrollaran, así que la televisión pública quedaría reducida a conciertos, conferencias y sesudos documentales. Dicho de otro modo, la tele pública está para cubrir los “fallos del mercado”.

El profesor Emili Prado defendió la consideración global de la programación de servicio público. Primero, porque unos programas van vinculados con otros y sólo de esta manera puede mantenerse una audiencia. Pero, sobre todo, porque en todos los programas tienen que manifestarse las funciones del servicio público, no sólo, por ejemplo, en los informativos, sino también en los programas de entretenimiento, producidos desde los valores de la cohesión social y la educación del gusto. Por su parte, Mónica Terribas, directora de TV3, aportó la experiencia de series juveniles que encarnaban esos valores con gran éxito de audiencia.

El nudo gordiano de la financiación

Unanimidad entre los participantes en considerar la supresión de la publicidad de TVE como una medida que no tenía más justificación que salvar los balances de las televisiones privadas. Y convencimiento de que el Tribunal de Luxemburgo fallará contra la tasa a las telecos. Ante el previsible caos financiero la diputada Batet aseguró que el gobierno tomaría en su momento las medidas apropiadas.

Desde el punto de vista de la audiencia la supresión de la publicidad ha sido una bendición para TVE. Pero ¿cuánto tiempo puede mantenerse ese liderazgo sin la adecuada financiación y con las nuevas limitaciones en la compra de derechos? No nos engañemos -se dijo por varios ponentes- el objetivo de las privadas no es sólo llevarse los ingresos publicitarios, sino también la audiencia. Porque los publicitarios no acudirán si no aumentan sus audiencias.

Se escucharon argumentos a favor de la publicidad en las televisiones públicas. Para el profesor Moragas, la televisión es un elemento imprescindible de un servicio público sostenible. Además, la supresión de los anuncios en TVE ha distorsionado el mercado publicitario. Las grandes empresas catalanas -dijo Terribas- quieren vincular su imagen a los valores de nuestra programación, no a los valores de la televisión basura. Pero se reconoció que la reintrodución de la publicidad en TVE sería nefasta para su imagen y posiblemente para su audiencia.

Hubo consenso en que el sistema de tasas sobre actividades más o menos relacionadas con lo audiovisual no era el camino. Pero no apareció un alternativa nítida. ¿Los presupuestos generales? ¿Un canon a pagar por los ciudadanos?

En mi opinión, puesto que la tasa a las privadas y el traspaso de la tasa del espectro radioeléctrico han pasado ya el filtro de Brusela, si el Tribunal de Luxemburgo tumba la tasa de las telecomunicaciones como es probable, no parece que haya otra solución que compensar lo perdido por vía presupuestaria, lo que, en los tiempos que corren, supondría una reducción más o menos drástica de la financiación real de RTVE.

La necesidad de regeneración democrática de las televisiones autonómicas

En la mesa de “televisión de proximidad” se habló, claro, de televisión autonómica y muy poco de televisión local y comunitaria. José Ignacio Pastor denunció la manipulación informativa y la degradación empresarial de la TVV, de cuyo Consejo de Administración es vicepresidente. Los sindicalistas trajeron el caso de la televisión “particular” (de Esperanza Aguirre): una redacción paralela (“el lado oscuro de la fuerza) elabora los informativos de Telemadrid.

Lo más interesante de esta mesa fue contrastar dos modelos de televisiones autonómicas emblemáticas: TV3 y ETB. Miguel Ángel Idígoras, director de ETB, se quejó de la interferencia de los sindicatos nacionalistas y ultranacionalista. Ninguna cadena privada tendría nunca programación en euskera, hablado por el 30% de la población, pero ese techo impide a ETB alcanzar las audiencias de otras autonómicas. Terribas expuso las fortalezas de ETB: una cuota de audiencia de 20% en el conjunto de sus canales, una identificación del público, una redacción no dividida por líneas sectarias y una apuesta por la innovación.

El servicio público en la era digital: del PBS al PMS

PSB: “Public System Broadcasting “, sistema público de radiotelevisión. PSM: “Public System Media”, sistema de medios públicos. El desafío de la era digital es pasar del PBS al PMS, de un servicio público de radiodifusión a un servicio público de contenidos audiovisuales e interactivos.

Fue Terribas quien (en la mesa de la televisión de proximidad) explicó mejor lo que puede ser el nuevo modelo centrado en los contenidos; contenidos producidos para los medios tradicionales y para las nuevas plataformas, con una concepción global y generados por redacciones integradas y periodistas multimedia (previo modificación del convenio laboral). Yolanda Sobero, presidenta del Consejo de Informativos de TVE, mostró su escepticismo sobre el modelo de profesional multimedia, en cuanto puede convertirse en un mero “hombre orquesta”. Roberto Suárez, investigador en políticas de comunicación, abogó también por volver a las esencias del periodismo, colocando las tecnologías al servicio de los objetivos clásicos de una información de calidad.

Interesante debate también entre Eladio Gutiérrez, responsable que fue de Impulsa-TDT y Ricardo Villa, director de Medios Interactivos de RTVE. Gutiérrez reconoció el fracaso de la TDT como plataforma interactiva por falta de un canal de retorno, pero siguió apostando por el “broadcast” como el medio más eficaz y eficiente de difusión y como la esencia del servicio público, planteando el pago de los servicios interactivos y a la carta. Villa defendio, en cambio, un servicio público de acceso general en todas las plataformas.

Participación y derecho de acceso

En la mesa sobre participación social, los representantes de las organizaciones manifestaron una relativa satisfacción ante el desarrollo del derecho de acceso, pero desde el público se criticó la concepción reduccionista que ha aplicado el Consejo de Administración de RTVE, negando un verdadero derecho a las organizaciones representativas y ofreciendo una ronda de intervenciones a aquellas que no hayan tenido voz suficiente en la programación.
(En los próximos días el Canal UNED colgará los vídeos de las distintas mesas y las entrevistas a expertos extranjeros. Por mi parte, “retransmití” a través de Twitter los debates bajo la etiqueta #democraciaytv) (Vídeos en Teledetodos)

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