Radiotelevisiones autonómicas, hacer de la necesidad virtud


imageDe las ruinas del saqueo y los errores estratégicos surgen en Madrid y Valencia, en medio de enormes dificultades, nuevas radiotelevisiones autonómicas que quieren recuperar el servicio público.

Una situación muy distinta a la de Extremadura, donde una pequeña organización, la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, tiene en común con los casos de Madrid y Valencia un giro decidido hacia el modelo multimedia.

Las tres corporaciones tienen en común una limitación de recursos que sus gestores quieren aprovechar para construir organizaciones más flexibles, sostenibles y multiplataforma. Hacer de la necesidad virtud.

Teledetodos organizó ayer, 17 de enero, una sesión de trabajo sobre la Nueva gobernanza en las radiotelevisiones autonómicas con la participación de Javier Marzal, uno de los académicos que más ha luchado por la recuperación de la radiotelevisión pública en la Comunidad Valenciana, Alejandro Perales, consejero de administración de Telemadrid, y Urbano García, director general del Canal Extremadura.  No es fácil seguir la evolución del servicio público en las distintas comunidades, cada una con sus peculiaridades, así que fue un privilegio contar con personalidades directamente implicadas en estas tres experiencias.

Teledetodos publicará la grabación de la sesión. Hago a continuación un resumen no detallado. Al final de esta entrada, mis reflexiones personales

Valencia

El caso valenciano es el paradigma de la destrucción del servicio público y de las dificultades para su recuperación. Saqueo de los recursos públicos, plataforma para la corrupción, propaganda sistemática que, junto con una programación de ínfima calidad, redunda en la desafección social. Y finalmente el cierre traumático.

Fueron los académicos de Periodismo y Comunicación Audiovisual los que aglutinaron a distintos sectores, incluido el industrial, en la Mesa del Sector Audiovisual (MESAV) para  concienciar a la sociedad y a los políticos del carácter imprescindible para cohesión social de los medios audiovisuales públicos. Su propuesta “Hacia un nuevo espacio audiovisual” (pdf) sirvió de base para la Ley 6/2016 de la Generalitat Valenciana (pdf), una vez que el nuevo gobierno PSOE-Compromís asumió la recuperación del servicio público.

El servicio público se encomienda a la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) que lo ejerce a través de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación.  Nótese que los medios ya no se califican de audiovisuales, lo que indica una orientación multimedia. De hecho, el medio resultante es A Punt Media, en una denominación de la que desaparecen las referencias a la radio y la televisión.

Experiencias positivas. Una nueva gobernanza, con una mayor representación social en los órganos de gobierno, exigencias de capacitación y consenso parlamentario. Transparencia en la gestión y las cuentas. Y, sobre todo, concurso público para elegir al Director General, máximo ejecutivo de la Sociedad y el medio, A Punt Media, en función de su curriculum y el proyecto presentado. Las Cortes Valencianas ya han elegido al Consejo Rector, al Presidente y por concurso a la Directora General. Hay una convocatoria para constituir el Consejo Ciudadano y está en trámite legislativo la Ley del Consejo Audiovisual.

Con todo, solo han empezado las emisiones de radio con horario limitado con programas externalizados. En la recuperación las dificultades han residido en la herencia de la RTVV y en la polarización política.

La Generalitat ha tenido que asumir la deuda de 1.400 millones; el coste de liquidación de la RTVV y del organismo fantasma creado por Fabra en el último momento asciende a 200 millones; la amortización del crédito del Fondo de Liquidez Autonómico para pagar a proveedores suponen 800.000 € anuales… En resumen, el presupuesto se queda en 55 millones, con unos raquíticos 10 € anuales por habitante.

Mayor problema supone la polarización política. La derecha mediática ha declarado la guerra a A Punt Media y las condiciones ventajosas para los antiguos trabajadores de RTVV a los concursos de selección de personal han dividido a los profesionales.

Madrid

Telemadrid, Radio Televisión Madrid, siguió el mismo camino que la RTVV (corrupción, manipulación, irrelevancia) y un ERE casi total la dejó al borde del precipicio. El caos que siguió al cierre de la rtv valenciana posiblemente evitó su cierre.  Las nuevas condiciones políticas después de las elecciones de 2014 propiciaron un aparente consenso político para eliminar la manipulación y regenerar Telemadrid. Fruto de ese relativo consenso es la Ley 8/2015 de Madrid (pdf), que ha permitido la creación de una nueva sociedad anónima de capital público.

En el Consejo de Administración se sientan ahora consejeros propuestos por los grupos parlamentarios y por organizaciones sociales, profesionales y del ámbito de la comunicación madrileñas, elegidos por consenso parlamentario. Entre esos consejeros propuestos por organizaciones (en su caso la Asociación de Usuarios de la Comunicación) se encuentra Alejandro Perales, uno de los ponentes en nuestro seminario.

El Director General también ha sido elegido por concurso público, convocado y resuelto por el Consejo de Administración y ratificado por la Asamblea, pero con la abstención de Podemos. La premura con que se resolvió el concurso, en poco más de tres horas, suscitó todo tipo de sospechas y dio lugar a un recurso contencioso-administrativo de uno de los candidatos excluidos.

El Consejo de Administración ha elaborado su Carta Básica, refrendada por la Asamblea de Madrid, a modo de Acuerdo Marco por 9 años (pdf, pgs. 85-105). La prioridad de la nueva Telemadrid ha sido, en primer lugar, recuperar la neutralidad de los informativos, y volver a la información local y a ser referente para los eventos acaecidos en Madrid. Comienza a recuperarse la producción propia y se ha contratado a una parte de la plantilla despedida. Por el momento -dijo Perales- no se puede renovar a fondo la programación, aunque el entendimiento de la nueva dirección es también dar el giro multimedia. Los datos de audiencia indican una ligera mejoría y una buena respuesta a las cobertura en directo.

Extremadura

La Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales nació en el 2000 y actualmente está regulada por la Ley 3/2008 de Extremadura (pdf). Forma parte de la última generación de organismos autonómicos low cost -Urbano Garía dixit– caracterizados por sus bajos presupuestos y su apuesta por la externalización. La Ley encomienda el servicio público a dos sociedades públicas, de radio y televisión, ahora fusionada en una única.

La Ley, anterior a las demandas de participación social, basa su gobernanza en el consenso parlamentario (2/3 consejeros, 3/5 Director General) e incluye en su art. 7.2 una disposición tan llamativa como la que los grupos parlamentarios puedan sustituir durante su mandato a los consejeros que hayan propuesto, una norma que en la práctica viene a consagrar un mandato imperativo, a mi juicio incompatible con la gestión independiente que necesita una rtv pública.

Lo notable de Canal Extremadura, la marca con la que opera la Corporación Exteremeña, es la decidida apuesta de su equipo directivo por un modelo multimedia, local –hiperlocales para ser globales, en palabras de Urbano García- y de participación social. Desde el punto de vista organizativo se rompen las fronteras entre radio, televisión y medios interactivos en una estrategia multiplataforma, en la que los contenidos generados por los usuarios tengan un importante papel.

Lecciones, de lo estatal a lo autonómico y viceversa

  • Las autonómicas como test. La RTVE de 1980 fue el modelo para las grandes autonómicas, con sus virtudes y defectos, los más notables la falta de independencia y la insostenibilidad en un régimen de concurrencia comercial. Luego la reforma de 2006 supuso un modelo para mejorar el pluralismo en algunas autonómicas y después la involución de 2012 también tuvo su reflejo. En este sentido, el caso catalán es paradigmático. Las nuevas autonómicas surgidas de las cenizas de la corrupción y la manipulación (Valencia, Madrid) son campo de pruebas de un nueva gobernanza, con mayor consenso y participación social. Un caso como el de Canal Extremadura es una magnífica ocasión para ensayar la transformación del servicio audiovisual en servicio multimedia.
  • Las dificultades de conciliar consenso político, participación social y competencia profesional. Todas las reformas pasan por reforzar el consenso parlamentario para nombrar a los órganos de gobierno. La participación social en la gobernanza puede hacerse delimitando las organizaciones sociales proponentes de los consejeros, pero desvinculando absolutamente su ejercicio de las organizaciones. Para los órganos asesores, como el Consejo de la Ciudadanía de Valencia, hay que abrir cauces para que sean los propios ciudadanos los que puedan proponer sus propias candidaturas.
  • No confundir control con gestión. Lo que no tiene ningún sentido es seleccionar a los gestores por concurso de méritos y proyecto y luego proceder a un nombramiento parlamentario, que puede ratificar o no al seleccionado en el concurso. Insisto una vez más que los consejeros de administración no son gestores, son orientadores y controladores, es al director general, máximo gestor ejecutivo el que tiene que ser elegido por concurso por el consejo, sin necesidad de ratificación parlamentaria.
  • Alianzas sociales. El cambio tiene que ser impulsado por la Academia, movimientos y organizaciones sociales y profesionales. Es difícil, pero el caso de Valencia ha sido ejemplar.
  • Transparencia. Los tres participantes en el seminario insistieron en la importancia de una gestión transparente, que supere incluso las exigencias de la Ley de Transparencia. Sin embargo, los portales de transparencia son todavía bastante limitados.
  • Comunidad y servicio. Conocer mejor a la audiencia para servirla mejor; centrarse en el propio ámbito autonómico y cubrir los huecos locales sin cobertura mediática; contar con el público como creadores de contenidos; reforzar el derecho de acceso. Olvidémonos del share.
  • Multimedia e innovación. Dar a cada uno los contenidos que mejoren su vida, en cualquier momento, en cualquier plataforma. Buscar productos innovadores. Pero no olvidar que la ventaja diferencial es contar con los “viejos” medios masivos, que siguen delimitando el espacio público. ¿Qué consecuencias tendría para la población rural envejecida eliminar la radio de las ondas para llevarla a un canal por streaming
  • Recuperar a los jóvenes. Pero, ojo, no perder a los mayores.
  • Inmediatez en la información, pero también contenidos intemporales.
  • Tejido audiovisual. Los organismos autonómicos tienen que volver a ser los dinamizadores del sector audiovisual. Pero nunca más bombear dinero público a los amiguetes. Las externalizaciones tienen ser transparentes y los concursos (como hace Canal Extremadura) incluir una claúsula social. Externalizar los informativos es perder la independencia informativa.
  • Sinergias estatales-autonómicas. Los convenios de cooperación entre estos organismo y RTVE son un factor esencial de sostenibilidad. Nunca más competidores, sino colaboradores. Cabe citar como experiencia positiva que el Centro Territorial de RTVE se ubicará en la sede de la nueva CVMC en Burjasot.
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El periodismo al servicio del público


CapturaSe celebran estos días en Segovia las VII Jornadas de Periodismo en lo Global, organizadas como cada año en torno al Premio Cirilo Rodríguez por la Asociación de la Prensa y la Universidad de Valladolid. Esta vez el lema de la convocatoria ha sido El periodismo de servicio público.

Prefiero hablar del periodismo como una actividad al servicio del público mejor que de periodismo como servicio público.

El periodismo como servicio público tiende a confundirse con el servicio público del periodismo, y en la tradición europea (sobre todo latina) un servicio público es una actividad reservada al Estado, que éste presta bien directamente, bien indirectamente a través de concesionarios particulares.

Evidentemente, ese entendimiento como una actividad estatal es incompatible con la consideración del periodismo como una actividad en la que confluyen el ejercicio de un derecho fundamental y una actividad profesional. Pero ese derecho fundamental de los profesionales está en absoluta correlación con el derecho de todos los ciudadanos a informarse y a informar, de modo que el ejercicio profesional, si se requiere reivindicar como algo más que una actividad comercial, no puede ser entendido de otra forma más que como un servicio al  público, como una actividad con una función pública esencial para la democracia.

Creo que así lo han entendido los organizadores, estructurando las jornadas en torno al periodismo internacional (lógico, en cuanto que están relacionadas con el premio Cirilo Rodríguez que premia el mejor trabajo de un periodista español en el extranjero) y a las radiotelevisiones públicas, especies ambas que muchos querrían extinguir.

Cuando uno asiste a este tipo de jornadas a veces se tiene la sensación de que los defensores esa función pública hablamos para convencidos (y para nuestros alumnos que en la mayor parte de los casos se mantienen en una actitud pasiva) y que los enemigos, los que quieren un periodismo espúreo, al servicio de sus intereses económicos y políticos, están bien parapetados en sus torres de poder, a salvo de nuestros inofensivos dardos.

En todo caso, siempre se producen algunos destellos que pueden esclarecernos.

En primer lugar, el mérito de la Asociación de la Prensa de Segovia por mantener el premio Cirilo Rodríguez en una época en la que conseguir apoyos económicos para estas actividades es muy difícil.

Agustín García Matilla reivindicó una radiotelevisión pública para las mayorías y las inmensas minorías con la referencia del modelo de la BBC. Por cierto, que debiéramos revisar la crisis de la BBC para aprender no sólo de sus aciertos, sino también de sus errores.

En la mesa que compartí sobre RTVE con Manuel Aguilar y Alicia G. Montano hablamos, como no, de manipulación y de la triste herencia de valores subvertidos por el franquismo, primero, y el partidismo, después. Los retos inmediatos a los que se enfrenta la Corporación son a) una financiación suficiente y sostenible y una gestión transparente y profesional b) recuperar la independencia y la credibilidad y c) redefinir el servicio público para pasar del servicio público audiovisual al servicio público multimedia.

En la mesa de las televisiones autonómicas se mostraron los procesos de regubernamentalización y externalización (Maribel Fernández-Alonso), los desastres y despropósitos de cada día en la disección sarcástica de Mariola Cubells, el cuestionamiento de una televisión al servicio del poder desde la experiencia propia de Javier Mayoral y la defensa por parte de su  director, Eduarda Álvarez, del peculiar modelo de la Radio Televisión de Castilla-León, una privada con 65% de financiación pública.

En la tarde los destellos fueron más rotundos. Allí estaban Gervasio Sánchez, siempre explosivo, y el contenido y austero Ricardo García Vilanova.

Ricardo no habló de su “accidente laboral”. Como puso de manifiesto Gervasio, los tres periodistas españoles secuestrados y liberados, han sido un ejemplo de dignidad, sin aspavientos, sin entrevista, sin exclusivas sobre si mismos, sin una palabra hasta que el resto de los compañeros secuestrados en Siria no recobren la libertad.

Ricardo nos mostró sus fotos y vídeos de Siria. Con Gervasio vimos su Imprescindibles. Por supuesto, tanto Ricardo como Gervasio, hablaron de las penosas condiciones de los freelance y de los que se quieren cargar el periodismo internacional, pero me quedo con sus reflexiones sobre la relación con las víctimas.

Ricardo: no mostrar lo que no quisieras que fuera mostrado de ti o de tu familia. Gervasio: la proximidad, la empatía, el respeto a sus decisiones (dejarse o no fotografiar) y a su dignidad.

(Mi agradecimiento a Pilar San Pablo, Agustín García Matilla y Aurelio Martín por las Jornadas, que hoy 29 de mayo seguirán ya dedicadas plenamente al periodismo intenacional).

Aquí dejo un resumen en Storyfy de la jornada.

En defensa de los trabajadores de la RTVV y de las radiotelevisiones públicas autonómicas


El cierre salvaje de la radiotelevisión pública valenciana es un síntoma más de una grave patología de nuestra democracia: el entendimiento de la comunicación como propaganda y de los medios públicos como propiedad privada del partido gobernante.

En este blog se ha defendido reiteradamente el servicio público audiovisual (véase la etiqueta servicio público). Ahora quiero sólo explicitar brevemente mi posición en torno a algunas cuestiones suscitadas en estos dos últimos días en los debates en las redes sociales.

Los trabajadores de RTVV: ni héroes ni villanos

A raíz de un primer tuit de Iolanda Màrmol y de las denuncias realizadas por los trabajadores en su programación en directo, las redes sociales reaccionaron: ¡mentirosos! ¿por qué lo denunciáis ahora que perdéis vuestro puesto de trabajo y no antes? ¿dónde estaba vuestra ética profesional?

Me parece una reacción un poco injusta. Los trabajadores denunciaron la manipulación, primero a través del consejo de redacción, luego, cuando la empresa lo abolió,  a través de comités antimanipulación y siempre a través de los sindicatos y sus representantes. Julià Álvaro y Iolanda Màrmol hacen autocrítica. La resistencia hubiera podido ser mayor o concretarse en gestos más visibles para el público. Pero los periodistas no pueden ser todos los días héroes.

Ni héroes ni villanos. No tienen que ser héroes, porque tiene que haber cauces internos (consejos de redacción) y externos (organizaciones profesionales, órganos de autocontrol) que puedan recoger sus denuncias y protegerlos de represalias. Quien tuvo miedo y no hizo una resistencia enérgica no puede ser considerado un villano, porque el heroísmo no le era exigible.

Lamentablemente, también hubo bastantes villanos en la RTVV, lacayos del poder traídos desde las gabinetes de comunicación para hacer propaganda. Y algunos, ahora, al verse en la calle muerden la mano que les dio de comer.

Pero no echemos todo el peso sobre los hombros de los trabajadores. A sus denuncias se sumaron estudios académicos, como la tesis de Yolanda Verdú, que demostraban la manipulación. Pero los valencianos siguieron dando mayoría absoluta al PP de Gürtel.

No hay servicio público sin público

Ciertamente, un servicio público sin público, sin audiencia, no tiene sentido. Que Nou tenga un 4% es un fracaso sin paliativos, no tanto en comparación con un glorioso 20% de los buenos tiempos, sino con el 8 ó el 10% actual de otras autonómicas. Este fiasco es fruto del descrédito por la manipulación informativa y de una programación sin calidad.

Pero cuidado con los índices de audiencia. Las audiencias masivas se han fragmentado y seguirán fragmentándose. ¿Dónde está el límite de la viabilidad?

En las privadas está muy claro, en la rentabilidad económica. Una televisión puede ser rentable con un 1 ó un 2% de audiencia. En las públicas el criterio tiene que ser la rentabilidad social: no cuántos nos ven o nos oyen puntualmente, sino a qué públicos damos servicio y qué servicio les damos.

Los servicios públicos audiovisuales tiene que conjugar el servicio a las audiencias masivas (y para ello sus programaciones tienen que ser atractivas y sus informativos creíbles) con el servicio a públicos minoritarios y la entrega personalizada de contenidos de calidad. Y hoy es posible con un esquema de un canal generalista, complementado con canales especializados y potentes servicios en línea.

Las televisiones públicas autonómicas tienen sentido

Sin comunicación de masas no hay sociedad. Las televisiones autonómicas eran necesarias para consolidar una esfera pública de las regiones y nacionalidades españolas e incluso diría que hoy son más necesarias que hace 20 años en razón de la desaparición de otros medios regionales y locales. Sin duda están doblemente justificadas en aquellas comunidades con lengua propia.

Nuestro estado autonómico ha carecido de mecanismos de cooperación. Las radiotelevisiones autonómicas no han sido una excepción a esa falta de cooperación. En lugar de optar por el modelo alemán (potentes organismo regionales federados en una cadena naciona), cada comunidad autónoma ha implantado su propio organismo, con una débil cooperación a través de la FORTA.

Los de primera generación, los de las comunidades más grandes, copiaron el viejo modelo mastodóntico y manipulador de la RTVE del Estatuto de 1980.Y pretendieron ser cadenas nacionales, olvidando muchas veces lo local, creando cadenas especializadas difícilmente justificables desde su misión al servicio de una población regional.

Luego, las redacciones fueron engrosándose por capas al servicio del manipulador de turno. En el caso de RTVV, a los trabajadores originarios, que habían ganado una oposición, se fueron sumando los Zaplana, los de Camps, los de Fabra… (No hay nada peor que trabajar por una redacción controlada por un partido dividido).

Las de la segunda generación se han basado en una externalización para dar de comer a las productoras (tantas veces creadas ad hoc) de los amiguetes. Poco fundamento público puede tener delegar los informativos en empresas privadas, como permitió el PP con el cambio de la ley.

Llegados a este punto es necesario replantear un servicio público imprescindible. No hay peor demagogia que la de Fabra: no se trata de elegir entre colegios, hospitales o un servicio público audiovisual. Si hoy no se pueden mantener todos ellos ha sido por la dilapidación y el robo, del que alguien tiene que hacerse responsable, pero no porque no sea esencial en el siglo XXI una comunicación que garantice la cohesión social.

(Dejo aquí el enlace a la emisión en directo de Canal Nou – Ya veremos cuánto aguantan)

PS. Colaboración en El País “Está en juego la cohesión social”

El valor económico y editorial de la radiotelevisión pública


Los servicios públicos multimedia ofrecen un valor económico y editorial que realzan su misión.

Las radiotelevisiones públicas europeas proveen contenido audiovisuales y mutimedia en competencia con operadores privados. Esta competencia (y la influencia que conlleva sobre la programación) debilita las misiones del servicio público (servicio al pluralismo y la diversidad, cohesión social, preservación de la cultura etc.). Cuando en España se procede a la destrucción de la radioteleviones autónomicas y RTVE, como otros servicios del sur y este de Europa, son objeto de injerencias gubernamentales, recojo aquí un conjunto de informaciones de las últimas semanas que aportan ejemplos (en positivo y negativo) de ese valor económico y editorial.

EL VALOR ECONÓMICO

En toda Europa los servicios públicos de radio y televisión son un actor de primera magnitud en la economía del conocimiento. No sólo por su propia dimensión empresarial sino como dinamizadores del sector creativo.

La BBC valora cada dos años su impacto ecónomico (PDF). La Corporación gasta los 4,3 millones de libras que recibe vía licencia y genera de esa forma un incremento del Producto Interior Bruto de 8,3 millones; esto es, por cada libra gastada se multiplica el PIB en casi por dos (factor multiplicador).

Este efecto cuantitativo es más fácil de medir que los efectos cualitativos. Los redactores del informe consideran que la BBC indluye positivamente sobre la economía británica mejorando el potencial productivo (estableciendo estándares, con formación de alta calidad), estimulando la demanda, fomentando las exportaciones y equilibrando el crecimiento sectorialmente y geográficamente.

Fuente: The economic value of the BBC: 2011/2012

Fuente: The economic value of the BBC: 2011/2012

En España, la mayor parte de esas funciones económicas las desarrolló históricamente RTVE y las autonómicas debieron de ejercer una función de reequilibrio geográfico. Desgraciadamente, han sido objeto de un expolio, que hará muy difícil su reconstrucción. Pero algún economista debiera de medir el decrecimiento del PIB regional que supondrá la desaparición de estos organismos. En cuanto a RTVE, tendría que recuperar su función de promoción tecnológica, impulso al cine y a la cultura, producciones propias de calidad. Con los recortes presupuestarios es difícil, pero posible con una reestructuración empresarial orientada en este sentido.

Y como no hay mal que por bien no venga, el gobierno portugués de Pasos Cohello no ha tenido más remedio que suspender la privatización de la RTP, porque “la situación de los mercados no es favorable”. Pretenden despedir a 600 trabajadores de 2600, pero siempre será mejor que la desaparición del medio público.

 

EL VALOR EDITORIAL

Hace unas semanas la Unión Europea de Radiodifusión (UER-EBU), la organización que agrupa a los operadores públicos europeos, aprobó una declaración de principios editoriales, que todos sus miembros dicen compartir:

  • Universalidad
  • Independencia
  • Excelencia
  • Diversidad
  • Rendición de cuentas
  • Innovación

Ciertamente, la cosa puede quedarse en los grandes principios, pero la propia UER remite a los códigos editoriales de sus miembros. Hay una gran diversidad en estos códigos: de la declaración de principios a los códigos éticos e instituciones de autocontrol. Pero en cualquier caso suponen compromisos públicos, cuyo cumplimiento puede ser evaluado.

La independencia no depende sólo de las instituciones, sino de la propia cultura democrática del país. Así, Italia y España han tenido el dudoso honor de recibir una mención de censura junto con Serbia, Hungría, Rumanía y Ucrania en la resolución 1920 (2013) de la Asamblea del Consejo de Europa:

” 19. A pesar de la proliferación de medios digitales, las radiotelevisiones públicas siguen siendo la principal fuente de información en Europa. La Asamblea recibe con preocupación los recientes informes sobre presiones políticas en las rtv públicas de Hungría, Italia, Rumanía, Serbia, España y Ucrania, e invita a la Unión de rtv públicas europeas (EBU) a cooperar con el Consejo de Europa en este sentido. Recuerda a los Estados miembros la Resolución 1636 (2008), párrafos 8.20 y 8.21 sobre los indicadores de los medios de comunicación en democracia: las radiotelevisiones públicas deben proteger contra interferencias políticas en su quehacer diario y su trabajo editorial, se deben rechazar posiciones que claramente son de tendencia a una afiliación política, las radiotelevisiones públicas deben contar con códigos de conducta para el trabajo de los periodistas y la independencia editorial“.

Una vez que los medios españoles se han hecho eco de la resolución, RTVE ha respondido con una nota de prensa en la que alega que su actuación está sometida a esos códigos de conducta, aludidos por el Consejo de Europa. No le falta razón, pero esa es sólo una parte de la realidad, pues como bien recuerda el Consejo de Informativos de TVE, tales injerencias han sido denunciadas por este órgano profesional, sin que se hayan tomado medidas para evitar estos atentados contra la independencia profesional.

Las recientes elecciones a los consejos de informativos de RTVE se ha desarrollado con más alta partipación, a pesar de los intentos de la Dirección de hinchar el censo para desligitimar el proceso con una menor participación. Es un buen síntoma, porque indica que los profesionales de la radiotelevisión pública se toman en serio este órgano de garantía de la independencia.

En definitiva, atentados a la independencia “haberlo, haylos”, pero también existen principios para contrastarlos y en el caso de RTVE instituciones para denunciarlos.

¿Cómo se garantiza la independencia profesional en las radios y televisiones privadas?

La televisión pública que nos proponen PP y PSOE


Tal como está el mundo es seguro que el servicio público de la radiotelevisión no va a ser un tema estrella de la campaña electoral en España. ¿O sí? Porque llama la atención de que entre todo el programa del PP los medios privados ya estén resaltando la propuesta de privatizar las televisiones autonómicas, ávidos de un negocio a estas alturas más que dudoso.

En esta entrada voy a recoger las principales propuestas de los dos grandes partidos para abrir el debate. Intentaré en sucesivas entradas recoger otras propuestas, como las de los nacionalistas, IU, Equo…

Las propuestas del PP

El programa del PP se caracteriza por la falta de detalle de sus propuestas.  En el tema que nos ocupa las referencias las encontramos en el ap. 1.9 “Nuevas tecnologías para la modernización”, dentro del capítulo general de “Estabilidad y reformas para el empleo”. Esto es, las medidas que el PP propone sobre el servicio público audiovisual se consideran reformas para la modernización económica en la línea neoliberal de todo el programa.

La medida más comentada y previsible (sus dirigentes llevan años anunciándola) es abrir la vía a la privatización de las televisiones privadas. Su propuesta 07 (p. 52) reza:

“Impulsaremos las reformas legislativas necesarias para que las administraciones autonómicas y locales tengan libertad para adoptar nuevos modelos
de gestión de las televisiones públicas que permitan la entrada a la participación privada.”

En estos términos genéricos parece que se está pensando más en en convertir los organismo autonómicos en sociedades de capital mixto que en sacar a subasta la licencia de los canales autonómicos. Para ello tendrían que derogar la Ley 46/1983, reguladora del tercer canal y lógicamente luego cada Comunidad Autónoma adoptaría las medidas que se adaptaran al nuevo modelo. (Como bien me advierte Fernando Redondo, la Ley General de la Comunicación Aufdiovisual derogó la ley del tercer canal, pero en su disposición transitoria 2ª. 5 mantiene el régimen de titularidad pública para los canales autonómicos, de acuerdo con las normas de su concesión).

Previamente (p. 52), en su diagnóstico, el PP anuncia un organismo regulador convergente en materia de telecomunicaciones y audiovisual. Todo parece apuntar que lo que harían es atribuir algunas de las competencias (pocas) del nonato Consejo Audiovisual Estatal a la Comisión de las Telecomunicaciones, un organismo concebido para preservar la libre competencia, pero no una comunicación pública al servicio de los ciudadanos, una autoridad, que, por cierto, ha adoptado medidas bien polémicas.

En ese diagnóstico, se promete “ahorraremos dinero a los contribuyentes poniendo freno a los déficits generados por las televisiones públicas en España”.  Lo que luego se concreta en el anuncio (medida 06) del redimensionamiento de las televisiones públicas y establecimiento de un techo de gasto y endeudamiento para todos los medios públicos.

No hay que ser muy sagaz para ver detrás de este anuncio la intención de “jibarizar” a RTVE (porque las radiotelevisiones autonómicas ya se reconvertirían por la vía de privatización, total o parcial).

Las propuestas del PSOE

Como en el resto de sus programa del PSOE, las propuestas de los socialistas sobre estas cuestiones son más concretas. Es significativo también su ubicación dentro del programa: apartado 2.2 “Un sector audiovisual saneado, independiente y plural”, dentro del capítulo V “Democracia” (pp.  117-119). Esto es, se concibe al sector audiovisual como un terreno en el que se juega la profundización de la democracia.

En general, el programa es continuista con la política audiovisual del gobierno de Rodríguez Zapatero. Se promete el impulso de la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, al que se renunció en la legislatura finalizada, pese al mandato del Ley General de la Comunicación Audiovisual. En cualquier caso, esta institución requeriría de un consenso imposible sin una mayoría absoluta del partido gobernante.

En el campo de las radiotelevisiones autonómicas se proponen tres medidas: constituir autoridades audiovisuales independientes (conforme el modelo del CEMA); proseguir la reforma institucional para desgubernamentalizar estos organismos (siguiendo el modelo de RTVE); crear consejos representativos de la sociedad (cuyos miembros no serían remunerados).

En cuanto a la ordenación general del panorama audiovisual se anuncian estudios para “disminuir el volumen total de licencias y títulos habilitantes previstos, facilitando la devolución de licencias a aquellos que no puedan o no quieran explotarlas”. Un reconocimiento del fiasco del modelo de la TDT, del que son responsables tanto los dos últimos gobiernos socialistas como los dos anteriores del PP.

En el asunto espinoso de la financiación, además de promete la revisión de los mecanismo de financiación sin distorsionar la competencia, se anuncia una inconcreta alternativa a la tasa de las telecos, en cuestión en el Tribunal Europeo de Justicia y con muchas posibilidades de ser declarada contraria al derecho comunitario:

“También deberemos asegurar que si la UE entiende que los operadores de telecomunicaciones no deben contribuir al sostenimiento financiero de RTVE, puedan existir instrumentos alternativos de financiación de este servicio público.”

Lo que hacen PP y PSOE

Más allá de las palabras, más allá de los programas, hechos son amores.

PP y PSOE han pactado en Galicia la Ley de Medios Públicos, que establece un sistema de nombramiento del director de la Corporación por mayoría parlamentaria de 2/3, en la línea de la desgubernamentalización.

En Cataluña el PP ha apoyado la reforma liderada por CiU, que reduce el consejo de la Corporación Catalana a 5 miembros, que podrán ser elegidos en segunda votación por mayoría. Una reforma que concentra poder ejecutivo en un director que dependerá del gobierno de turno.

Y en Madrid y Castilla-La Mancha, mientras llegan la privatización que tanto ansían, los populares han puesto al frente de las respectivas radiotelevisiones a periodistas de reconocido sectarismo.

PS. Se me olvidaban otros hechos. Álvarex Cascos forzando la quiebra de la televisión asturiana y el gobierno de Navarra eliminado el Consejo Audiovisual de la Comunidad Foral.

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