La segunda Restauración


Regreso a este espacio (a veces las exigencias de la vida real dejan anuladas las actividades de la vida virtual) con una reflexión en paralelo entre la primera Restauración (1874-1923) y el régimen democrático nacido con la Constitución de 1978 que,  a efectos retóricos, llamaré la segunda Restauración.

La idea es que nuestro régimen democrático sufre en estos momentos una sacudida semejante a la que supuso el Desastre del 98 para la primera Restauración.

La primera Restauración vino a poner fin al periodo convulso (1868-1874) en el que se ensayaron varios regímenes democráticos (la monarquía democrática de Amadeo, la república unitaria y la república federal). Se instaura una monarquía limitadan en la que la soberanía reside en el Rey con las Cortes. El monarca retiene funciones ejecutivas, entre ellas la decisiva de disolver las Cortes. La Constitución de 1876 incluye un elenco de derechos, en buena medida recuperados del periodo revolucionario, pero cuya eficacia queda condicionada al desarrollo legal, siempre limitador. El sufragio es censitario, es decir, los electores no son los ciudadanos sino los propietarios.

La esencia del régimen político de la primera Restauración era el turno de partidos y el caciquismo. Las élites se turnan en el poder: conservadores, representantes de los propietarios agrarios y del catolicismo tradicional, y liberales, representantes de las élites industriales y financieras y del libre pensamiento. El poder real se ejerce a través de una red clientelar cuyas terminaciones últimas son los caciques locales. El ministro de Gobernación realiza el “encasillado” estableciendo el reparto de escaños antes de los comicios.

El sistema funcionó hasta la pérdidad de las colonias en 1898. Entonces el país se preguntó sobre su propia identidad (los noventayochistas), pero sobre todo aparecieron las grandes cuestiones: la obrera, la regional, la militar, la religiosa. Los partidos del turno se fraccionaron, las reivindicaciones obreras fueron reprimidas violentamente, el ejército se convirtió en una fuerza desestabilizadora y no se encuentró el modo de encajar constitucionalmente las exigencias de autonomía de la burguesía catalana.

En definitiva, a partir del 98 entra en crisis la legitimidad del régimen, que sobrevirá hasta el golpe de Primo de Rivera, pero en medio del desafecto de las clases populares y de buena parte de las élites.

El régimen de 1978 es también una restauración en la medida en que reinstala la monarquía, pero se asienta en una legitimidad democrática concretada en el estado social y democrático de derecho. Junto a la monarquía, ahora meramente representativa, se introducen en la Constitución concesiones hacia los poderes fácticos, pero el balance es una democracia moderna y avanzada, comparable, al menos jurídicamente, con cualquier otra europea. En este sentido, denominar a este régimen segunda Restauración no deja  de ser injusto, pues pone en primer término y como elemento central la monarquía y sugiere una comparación con el régimen de democracia limitada de 1876, pero, en fin, seguiré usando aquí el término como digo a efectos retóricos.

El mayor paralelismo entre las dos restauraciones reside en el sistema de partidos. En la segunda el turnismo se ha convertido en bipartidismo. Las elecciones son libres y no se pautan desde un despacho ministerial, pero el sistema electoral, los medios de comunicación y el deseo de estabilidad del electorado nos han conducido a una situación en la que los dos grandes partidos no sólo dominan la administración, sino que quieren hacer valer sus políticas partidistas en todas las instituciones democráticas cuya independencia subvierten. Y por si fuera poco el caciquismo, siempre latente, se ha revitalizado en las redes clientelares de las autonomías.

La crisis ha roto uno de los pilares de la legitimidad: el estado social. El pacto social se ha roto y su manifestación más solemne fue la modificación  por la vía rápida para introducir el déficit cero. En estas condiciones no puede sino crecer la desafección popular, que hasta ahora había soportado el asfixiante bipartidismo y la corrupción clientelar. Pero se mantiene todavía otro pilar de legitimidad, que es el estado de derecho. El estado de derecho se encuentra también amenazado por la leyes represivas que quieren controlar un estallido social.

La monarquía, otro pilar de la legitimidad, más simbólico que real, también se resquebraja. El caso Urdangarín o la cacería del rey no son más que las manifestaciones más evidentes. La monarquía castiza de Juan Carlos o la tecnocrática de Felipe no ofrecen un modelo de identificación y unidad a los españoles. Perisiste la sagrada unión del altar, el trono y las armas, completadas últimamente con el papel de representante de los intereses de las multinacionales españolas.

Más de tres décadas después la Constitución de 1978 requería una reforma:

– Para actualizar la carta de derechos, agregar derechos de cuarta generación y mecanismos de efectividad de los derechos sociales:

– Delimitar con mayor precisión el estatus del monarca;

– Limitar los poderes de los partidos;

– Agilizar el funcionamiento de las instituciones constitucionales;

– Modificar el sistema electoral:

– Introducir mecanismos de participación popular interactiva;

– Convertir el estado de las autonomías en un verdadero estado federal;

– Precisar las transferencias de soberanía a la Unión Europa y establecer mecanismos de control democrático.

Desgraciadamente pienso que esa reforma no es posible. En este momento, dado el equilibrio de fuerzas, cualquier reforma constitucional serían regresiva.

Después del 98 la primera Restauración vivió casi un cuarto de siglo en crisis hasta que la legitimidad dictatorial de Primo de Rivera la suspendió y la legitimidad republicana la sustituyera en 1931. En nuestro caso, no se adivina más legitimidad alternativa que la que representa 15 M. El movimiento ha sido capaz de influir en la agenda social y mediática y proyectar nuevos valores, pero su carácter de red le hace de alguna manera autosuficiente e incapaz de aglutinar una alternativa política real mayoritaria.

No creo que esta segunda restauración viva una agonía de 25 años. En el siglo XXI el tiempo corre más deprisa.

(Gracias a los que hayáis llegado al final de este largo texto, en absoluto adapatado a la concisión, estilo directo y enlaces propios de la entrada en un blog. A veces uno necesita expresarse en un formato más tradicional.)

Anuncios

2011: el año en que se rompió el pacto social y democrático


La Cumbre de Bruselas de los días pasados ha alumbrado un mecanismo intergubernamental de transferencia de la soberanía fiscal para salvar el euro. No sabemos si el euro sobrevirá, pero estamos casi seguros de que entraremos en una nueva profunda recesión. Con ser eso malo lo terrible es que el acuerdo de 26 países europeos da la estocada final al maltrecho pacto social sobre el que se ha basado la Europa democrática de los últimos sesenta años.

La Europa que salió de la II Guerra Mundial se construyó sobre un respeto a los derechos civiles y políticos (con algunas limitaciones en el contexto de la Guerra Fría) y el desarrollo de los derechos sociales y económicos a través de los servicios públicos. La Constitución española asumió ese modelo en su fórmula más avanzada, justo en vísperas de la contrarrevolución conservadora, que durante treinta años ha ido desmontando pieza a pieza el estado social.

La integración europea -en una tensión permanente entre lo confederal y lo federal- ha aportado un enorme progreso económico, una homogeneización burocrática, una mayor aproximación entre los pueblos. Pero también ha sido vehículo de esa degradación del Estado Social y Democrático de Derecho. La dimensión social nunca pasó de la ilusión, mientras que por la vía de la regulación del mercado único la Unión Europea ha sido la coartada para implantar el neoliberalismo económico.

La crisis ha sido la gran oportunidad para dar la vuelta definitiva a la tortilla. La llamada “reglad de oro” de la estabilidad fiscal, exigida por Alemania y que ahora vendrá impuesta por el futuro tratado intergubernamental, so capa de tratarse de un mecanismo técnico, subvierte la naturaleza social del Estado, ahora incapaz de utilizar la política fiscal para poner sus recursos al servicio de los derechos de los ciudadanos. España ya ha sido pionera en esta rendición para congraciarse, sin mucho éxito, con los mercados.

Los estados europeos ya entregaron su política monetaria al Banco Central Europeo. Ahora van a transferir su política fiscal a un directorio de los gobierno, encargando la vigilancia a la Comisión Europea (nombrada por los gobiernos) y con una serie de mecanismos automáticos de sanciones. Se rompe así una regla esencial de cualquier democracia. “sin representación no hay impuestos”.

En esta Europa las decisiones no las van a tomar los ciudadanos a través de sus representantes, ni siquiera los gobiernos mediante acuerdos intergubernamentales. Las tomarán tecnócratas conectados con las instituciones financieras, supuestamente independientes, pero altamente ideologizados y vinculados a los intereses de los bancos de inversión de los que han salido.

Hace poco Lula decía que “Europa es un patrimonio democrático que la humanidad debe preservar”. Suena a especie en vías de extinción. ¿Pueden en estas condiciones los prepotentes mandatarios europeos pedir a China que respete el medio ambiente y trate mejor a sus trabajadores? No, ahora es China quien nos da lecciones y nos exige que desmontemos el estado del bienestar para prestarnos ese dinero imprescindible para la supervivencia del euro.

Durante tres décadas muchos nos hemos podido sentir plenamente identificados con nuestra Constitución, pese a sus deficiencias y las concesiones que exigió la Transición. Hoy ya no siento esa identificación. No me voy a echar al monte y seguiré defendiendo todo lo que tiene de valioso, pero ya no es la Constitución de 1978.

Ayer se cumplía el 63º aniversario de la Declaración de Derechos Humanos y el 50º del nacimiento de Amnistía Internacional. Si miramos para atrás veremos cuanto se ha avanzado en el respeto de los derechos civiles y políticos, en la lucha contra la impunidad. Pero del mismo modo en que los derechos sociales sin derechos políticos son dádivas graciosas que manipulan gobiernos demagógicos, sin derechos sociales la ciudadanía pierde la base para ejercer los derechos políticos. Queda la esperanza de que ante nuevos desafíos se encontrarán nuevas respuestas. El movimiento de los indignados es un primer atisbo de buscar otra forma de hacer política.

.

A %d blogueros les gusta esto: