Perdonaréis que esta entrada tenga un tono inusualmente polémico. No me indigno fácilmente, pero la llamada «crisis» migratoria de Canarias me subleva. Creo que las políticas migratoria europea y española son injustas, inhumanas, ineficientes y perjudiciales para nuestras democracias y economías. Pienso que el enmarque informativo predominante es acomodaticio, poco esclarecedor, cuando no directamente xenófobo. Propongo otros encuadres, pero en esta ocasión -es un desahogo personal- casi sin referencia a otras fuentes.
No, no es una invasión
Llegados a Canarias en lo que va de año: en torno a 18.500 migrantes. Población de Mogán (Arguineguín): 2517 habitantes. Población de Canararias: 2.153.000 habitantes. Población de España: 47.329.981 habitantes. Población UE: 448 millones de habitantes. Para un pequeño municipio la llegada de un contingente de personas que sextuplican su población es un trauma; para una región insular, asistir e integrar a nuevos inmigrantes que supone un 0,86% de su población es un muy difícil reto; pero para España(0,039%) y no digamos para la UE (0,0041%), estas cifras son insignificantes.
No, no es una crisis migratoria, es una crisis de gestión de la inmigración
Desde mediados de 2019 era evidente que, reforzado el control del Estrecho, del Mediterráneo central y del Mediterráneo oriental, la ruta atlántica se estaba reactivando. Y no se tomaron medidas para poner en servicio los mecanismos de acogida creados durante la llamada «crisis de los cayucos» en 2006, cuando en un año llegaron a las islas 36.000 migrantes, desmontados después por el Partido Popular. Clamorosa ha sido la descoordinación entre el Ministerio de Migraciones, con su escasa capacidad de generar recursos y partidario de los traslados a la Península, el del Interior, guardián de la cárcel canaria, el de Defensa, puesto de perfil en la cesión de instalaciones y el de Exteriores, que solo ha reactivado ahora los contactos con los países de origen.
La criminal política de los enclaves cárcel
Lampedusa primero, Lesbos después de manera muy destacada, Ceuta y Melilla siempre, y ahora Canarias, territorios de soberanía europea no continentales, se han convertido en cárceles migratorias. La Unión Europea y sus miembros han decidido que los migrantes no deben llegar a territorio continental para evitar su movilidad por territorio Schengen. Que los que desembarcan en Arguineguín no lleguen a Estocolmo, Amsterdam o Varsovia.
Dentro de estos enclaves se crean campamentos cárceles, se niega el futuro al migrante; se le somete a trato degradante (que es si no mantener a miles de personas hacinadas en muelle, con tres bocadillos al día, con váteres químicos saturados y sin duchas ni agua corriente, ¡con separación temporal de los niños de sus madres!); se les deshumaniza y se hace imposible que los que tengan derecho de asilo o protección puedan ejercerlo (imposible o ineficiente asistencia letrada, devoluciones en caliente tristemente legitimadas esta semana por el Tribunal Constitucional). Que sepan que no saldrán de estas cárceles más o menos acondicionadas.
No importa que de esta manera la acogida sea imposible, que la solidaridad se trueque en estos lugares en xenofobia y que se puedan generar agravios territoriales, que en el caso de Canarias pueden hacer renacer, incluso, sentimientos independentistas.
La política migratoria de la fortaleza europea
Los enclaves cárcel son una de las manifestaciones más extremas de la idea xenófoba de que hay que proteger la fortaleza europea, nuestra riqueza, nuestro modo de vida, nuestra superior cultura, de los bárbaros que acechan a las puertas.
Progresivamente la Unión ha ido ampliando sus competencias migratorias, sobre la base de la distinción entre inmigración regular e irregular y entre derecho de asilo e inmigración económica. La Unión establece las condiciones de entrada y residencia legal de nacionales de terceros países en un Estado miembro, pero son estos los que establecen los cupos de inmigración legal en su territorio. La UE refuerza las fronteras con su propia policía migratoria, Frontex.
Desde el Convenio de Dublín de 1995 se supone que los sistemas de asilo de todos los estados miembros comparten unos mismos estándares en materia de derecho de asilo y el Estado al que llega el solicitante de protección es el que debe decidir si tiene o no derecho a la misma. Cuando Merkel abrió las fronteras alemanas en 2015 a los refugiados sirios el sistema de Dublín saltó por los aires y se hizo patente la falta de solidaridad entre los miembros con el fracaso absoluto del reparto por cuotas propuesto por la Comisión.
La respuesta ha sido externalizar el control migratorio: dinero y cooperación policial para que los bárbaros no nos invadan. Ciertamente no es lo mismo los 6.000 millones de euros del acuerdo de Turquía, entregados en el marco de programas concretos de asistencia a los migrantes, que pagar a Libia por encarcelar y violar los derechos de los migrantes o los acuerdos de devolución con Marruecos, Senegal o Mauritania. Pero con esta externalización Europa es más frágil: está bajo el continuo chantaje de Erdogan, Mohamed VI o de los señores de la guerra de Libia, un chantaje en el que no solo está en juego dinero, sino complejos intereses geoestratégicos.
La Comisaria de Interior, la sueca Ylva Johansson, a la que competen las migraciones ha presentado un plan que está muy lejos de suscitar la unanimidad, ni siquiera la mayoría cualificada que requieren las políticas migratorias. Pasa por agilizar los procedimientos de asilo, garantizar la acogida y la integración de los asilados, que Frontex controle direcamente las fronteras, expulsiones inmediatas a los inmigrantes económicos irregulares y mecanismos voluntarios de solidaridad entre los Estados (cuotas de acogida o dinero para los acogedores). En su visita a Canarias los testigos se refieren a Johanson como «haciéndose la sueca» ante las demandas de solidaridad de las autoridades locales.
Estas políticas han convertido nuestros mares en cementerios, han deshumanizado a los inmigrantes a su llegada, han causado dolor, han favorecido la xenofobia y la explotación laboral de los clandestinos.
El falso efecto llamada
La derecha, la extrema derecha y hasta los gobierno de centroizquierda agitan una y otra vez el espantajo del efecto llamada para negar la acogida, la normalización y hasta el trato humano a los llegados. Si los tratamos bien, si les permitimos quedarse e integrarse -dicen- cada vez vendrán más y seremos invadidos.
La realidad es que estas llegadas masivas en un lugar y momento dado responden a un efecto llamada inverso: puesto que la fortaleza está cerrada a cal y canto, cualquier hueco debe ser aprovechado. En los lugares de origen se produce una histeria colectiva, es ahora o nunca. Cuando se tapa esa brecha se busca otro resquicio y otra vez a empezar. Si la migración fuera ordenada y existieran oportunidades reales de emigrar para los que cumplieran determinadas condiciones esta fiebre colectiva se atemperaría.
Las mafias y el negocio de los muros
Los gobiernos europeos no se cansan de proclamar su lucha contra las mafias, como si ese fuera todo el problema. Las mafias son parte del problema, pero no su origen. Si no puedes viajar legalmente no te queda más remedio que ponerte en sus manos.
Pueden ser grupos delincuentes que tanto trafican con drogas como con seres humanos, como en el norte de Marruecos, que de una manera u otra actúan en connivencia con policías en los países de origen y con otros delincuentes en los de llegada. Pueden ser, también, puras terminaciones de milicias o grupos políticos militares como en el Sahel y Libia. O, simplemente, un pescador de Senegal que ve una buena oportunidad de negocio o un buen día decide echarse al mar con sus amigos para buscar una nueva vida.
Luchar contra las mafias no es detener a los patrones de las pateras, es desmontar el entramado de poder que hay detrás de ellas y eso es imposible si Europa sigue financiando a gobiernos no democráticos y a los oscuros poderes (militares, policiales, religiosos) en los que se sustentan.
Hay otro negocio más lucrativo que el de las mafias y es la industria de las fronteras. Según estudio del Overseas Development Institute (ODI) entre 2014 y 2016 los países de la UE gastaron 1.700 millones de euros en vallas, muros y sistemas de vigilancia, y otros nada menos que 15.300 millones en acuerdos con los países de salida. En España, la investigación de la Fundación por Causa ha rastreado el negocio migratorio: 350 empresas distintas han participado en 943 contratos diferentes, a los que España ha destinado a lo largo de 15 años más de 1.000 millones de euros.
Son muchos, en fin, los intereses, económicos y políticos, que alimentan la infamia.
Ordenar una inmigración necesaria para la prosperidad global
Las migraciones han sido uno de los grandes motores de la historia de la humanidad. Siempre nos hemos movido y lo seguiremos haciendo huyendo de la violencia o la pobreza, buscando una vida mejor. En la actual globalización las mercancías circulan libremente, las personas no.
No defiendo un mundo sin fronteras, porque supondría que los estados no podrían ya ejercer sus funciones básicas. Defiendo un derecho de refugio y asilo, que puedan invocar no solo los que huyen de la guerra o la persecución, también los afectados por el cambio climático, los desastres naturales o las pandemias. Defiendo que, además, se consagre un derecho universal a la emigración, conforme al cual se pueda acceder a otro país siempre que se cumplan las cualificaciones educativas y laborales en los términos establecidos por cada estado en un sistema de cuotas de inmigración.
Europa es un continente envejecido, África es un continente joven. Hoy la prosperidad económica está en Europa, pero puede que mañana el dinamismo de una población joven cambie las tornas. La inmigración puede ser el motor de una prosperidad compartida.
La inmigración clandestina es la base de un sistema de explotación económica en los países ricos. En los países de origen cercena las posibilidades de desarrollo autónomo, pues son los más formados los que emigran. Las remesas económicas sostienen a las familias, pero las hacen dependiente, a ellas y al país, de un dinero ganado con enorme sufrimiento, que en su inmensa mayoría se destina directamente al consumo.
Es imprescindible que haya posibilidad de una inmigración legal cumpliendo unos requisitos razonables. Un sistema de pasarelas, de entrada y salida legal y flexible, vinculado a inversiones económicas y experiencias de educación compartida, que permitan que, por ejemplo, un joven reciba formación profesional reglada en su país, que le dé acceso en Europa a un trabajo en prácticas o a una residencia temporal que, en determinadas condiciones, pueda convertirse en permanente. Los sistemas de visados por puntos de los países anglosajones privilegian la entrada de migrantes muy cualificados e ignoran la realidad de los puestos de trabajo menos cualificados que los nacionales no quieren ocupar.
La integración no es fácil. En Alemania, del más del millón de personas llegadas en 2015 hoy más de la mitad tienen trabajo, pero son los primeros que lo están perdiendo con la pandemia. El comunitarismo anglosajón crea guetos culturales y el integracionismo republicano francés fracasa ante el hecho de que la discriminación económica y la falta de horizontes lleva a muchos jóvenes de segundas y terceras generaciones a la radicalización islamista. La integración requiere dinero y generosidad, un compromiso firme del Estado y la sociedad de acogida, pero también la exigencia firme del respeto a los derechos humanos, especialmente los de las mujeres, por parte de los inmigrantes y a la aceptación de que sus normas religiosas no pueden ser impuestas en un estado laico.
En un mundo con enormes desequilibrios demográficos y de desarrollo las migraciones seguirán imparables. Lo que tenemos que decidir es si queremos una prosperidad compartida o si preferimos, en nombre de la preservación de nuestra sacrosanta identidad, mantener un sistema criminal.
Periodismo Global: la otra mirada 
