Televisión pública y televisión privada, cada vez más diferenciadas


Desde la aparición de las televisiones privadas, la televisión pública sufrió una degradación progresiva que llevó a una pérdida de identidad de TVE. A los ojos de gran parte del público, “todos los canales eran lo mismo”. En el nuevo modelo, cuyas normas básicas son la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal y la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), lo público y lo privado están en un proceso de nítida diferenciación. De cara al espectador, la desaparición de la publicidad en TVE ha marcado un ante y un después.

La reciente sentencia de la Audiencia Nacional, que declara como no ajustados a Derecho los servicios mínimos impuestos en las televisiones privadas durante la huelga general, es un paso más en este sentido.

La sentencia empieza a dar contenido (restrictivo) a la categoría de “servicio esencial”, régimen jurídico al que, a partir de la LGCA están sujetos los operadores privados. De concesionarios del servicio público (Estatuto de 1980 y Ley de la Televisión Privada) han pasado a ser licenciatarios de un servicio de interés general.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional considera que los servicios mínimos (informativos de 20 minutos) impuestos por Orden del Ministerio de Industria ya no están justificados, pues ese servicio esencial (unos informativos reducidos) ya está satisfecho por los operadores públicos que siguen sometidos a un régimen de servicio público.

Veremos si el Tribunal Supremo y, en su caso, el Constitucional ratifican el criterio de la Audiencia, de modo que a partir de ahora no puedan imponerse servicios mínimos en las televisiones privadas. De lo que no cabe duda es que el servicio público cobra un nuevo valor.

Que la actividad de los operadores privados de televisión sea servicio esencial y no ya servicio público es arma de doble filo.

Los empresarios privados que, ciertamente, han visto consolidadas su posición con unas licencias casi a perpetuidad, se encuentran ahora que no ser servicio público estricto también tiene sus inconvenientes, como no poder imponer unos servicios informativos mínimos.

Los defensores de lo público, que ven ahora ven revalorizado el papel de la televisión pública, no deben tampoco olvidar que la LGCA impone a los titulares de esos servicios de interés general toda una serie de obligaciones de carácter público, formulado a menudo en términos muy genéricos, y que las siguientes batallas deberán librarse por concretar esas obligaciones y exigir su cumplimiento.

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Urge el debate público sobre el proyecto de Ley General Audiovisual


“Aprobar una asignatura pendiente de nuestra democracia” es -nada menos- la intención con que se presenta el Proyecto de Ley General de la Comunicación Audioivisual, después de constatar que la aprobación de una norma que regule la comunicación audiosvisual no ha sido posible por falta de consenso.

¿Existe ahora ese consenso? Parece que sí… consenso entre el Gobierno y los operadores privados de televisión representados por UTECA. Como en tanto otros asuntos, el gobierno Zapatero ha preferido negociar de tapadillo con los poderosos.

El proyecto arrumba el concepto de servicio público, para regular el “mercado audiovisual”, en el que operan dos sectores, el público y el privado, y uno tercer sector vergozante, el comunitario. El proyecto restringe el sector público, abre vías para la privatización de los canales autonómicos y, en general la externacionalización de la producción de todos los canales públicos. En cambio, favorece la concentración en el sector privado, amplia los derechos de los operadores privados, elimina deberes generales para todos los operadores y apenas desarrolla los derechos del público. Este “mercado audiovisual” estará regulado por un Consejo debilísimo. Las limitaciones a la publicidad de la Directiva europea se transponen con gran manga ancha.

Por el momento, las tomas de posición han venido de los sindicatos, y ahora del Foro de Organizaciones de Periodistas. En el ámbito académico, se anuncia la de ULEPICC. Sería necesaria una movilización de asociaciones de espectadores, investigadores, colectivos sociales y movimientos de izquierda para promover la contestación a la ley.

Los medios apenas han tocado el tema, mientras aplauden el proceso de jibarización de la radiotelevisión pública que traerá consigo el nuevo sistema de financiación. Hoy todo el mundo aplaude que desaparezca de TVE “Mira quién baila”. El programa no me interesa y me parece inadmisible que haya sido imposible conocer las remuneraciones de los “bailones”. Pero, que no se nos olvide, el formato lo inventó la BBC, modelo de servicio público. (Para otro día dejo las tribulaciones por las que está pasando la BBC)

Los sindicatos reclaman que la Ley General Audiovisual respete el concepto de servicio público


CC.OO y UGT exigen al gobierno la modificación del proyecto de Ley General Audiovisual.

En esencia, piden que se respete el tradicional concepto de servicio público de radio y televisión; que el gobierno central no abandone a las comunidades autónomas la regulación general de los medios audiovisuales; que no se abra la puerta a la privatización de los canales públicos autonómicos; que se respeten las condiciones originarias de concesiones y autorizaciones y que, en definitiva, se haga una ordenación del sector que permita el mantenimiento de los puestos de trabajo.

La posición de los sindicatos abre un debate general sobre el proyecto, hasta ahora reducido a polémicas puntuales (pornografía en abierto, sí o no) o defensa de intereses empresariales. Lo que advierten CC.OO y UGT es que el sector puede fragmentarse en regulaciones regionales, que den vía libre a la privatización de los canales públicos y pierdan de vista la consideración de los medios audiovisuales como un servicio, en los términos del art. 128 de la Constitución Española.

Confieso que tengo pendiente todavía un análisis del proyecto de ley. Por el momento, como aportación al debate, coloco el texto, publicado hoy 23 de octubre en el Boletín de las Cortes, aquí y en la página documentos (pdf).

El anteproyecto de la Ley General Audiovisual en el Observatorio de Medios de Comunicación y Sociedad


Acaba de aparecer el tercer número de la revista del Observatorio Medios de Comunicación y Sociedad de la Fundación 1º de Mayo de CC.OO (pdf). El análisis del anteproyecto de la Ley General Audiovisual está presente en dos trabajos, el de Ana Molano, en el que destacan las propuestas de CC.OO para modificar o incorporar al proyecto y en la entrevista que Carmen Rivas realiza a Enrique Bustamante. Como muestra recojo esta respuesta:

El Consejo de Ministros aprobó en el mes de junio el Anteproyecto de la Ley General del Audiovisual. ¿Cuál es su opinión sobre el mismo?

“El borrador es enormemente confuso. No tiene memoria económica, no tiene análisis del impacto de la supresión de la publicidad, de lo que va a pasar con el mercado publicitario del futuro. Es muy curioso que no tiene preámbulo, cuando la Ley Audiovisual está justificada por la existencia de más de una docena de leyes caóticas, contradictorias entre sí, pero también por la necesidad de regular un sector vital para la vida democrática española. Hay competencias que se atribuyen de nuevo al Gobierno, otras competencias a la CMT, otras parecen que se atribuyen al Consejo del Audiovisual. El Consejo Audiovisual no se sabe que competencias tendrá porque parece que le quitan la concesión de licencias y que prácticamente no va a tener capacidad de sanción. Es decir, la Ley es simplemente una versión drásticamente descafeinada del borrador que se manejó hace tres años, que fue aprobado por el Consejo de Estado y, desde luego, no es una Ley de regulación, es una Ley de liberalización, rozando el criterio puro de mercado. Creo que el borrador es tan inconsistente desde el punto de vista jurídico que tendrá que sufrir serias reformas en el proceso de trámite incluso por parte del gobierno. Desde luego no es la Ley que se prometió. No es una Ley que garantice para nada que el conjunto de la televisión y el audiovisual esté al servicio de la democracia española”.

En el mismo número hay un trabajo de Rafael Fraguas sobre la crisis de la prensa, donde desarrolla interesantes ideas sobre la inmediatismo que ha supuesto la informática. Y una revisión de Daniel Olmo del fenómeno publicitario en televisión, así como la postura ante la crisis de CC.OO por Juan Gómez. El número se cierra con un largo artículo de Enrique Bustamante sobre la evolución de los estudios sobre las industrias culturales.

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