La esperada detención de Mladic


Perfil de Mladic por José Antonio Guardiola

Recordar para que no vuelva a ocurrir

Ayer estábamos en Segovia (en las Jornadas de Periodismo en lo Global) un grupo de periodistas para los que la guerra de Bosnia sigue siendo un hito personal y profesional. Dimos la noticia de la detención de Ratko Mladic a uno jóvenes alumnos, muchos de los cuales no habían nacido el 11 y 12 de julio de 1995, los días en que las tropas a las órdenes de Ratko Mladic consumaron el genocidio ante los ojos del mundo.

Quizá tendríamos que haberles explicado mejor aquella infamia porque a muchos ese nombre eslavo no les diría nada.  Supongo que la botella de champán que Javier Bauluz descorchó tuvo la suficiente caraga simbólica para que comprendieran que no era un noticia más. Vaya para estos jóvenes mi personal reflexión.

¿Qué habrá sido del niño de la cobaya?

No he encontrado la foto, pero en el vídeo que encabeza esta entrada puede verse la secuencia. El 11 de julio, Mladic ha tomado el enclave de Srebrenica después de un cruel asedio. A la entrada del pueblo, en la antigua fábrica de Potocari, centenares de civiles, las mayor parte mujeres y niños, han buscado la protección del contingente de 400 cascos azules holandeses.

“No os preocupeís, no os pasará nada” – tranquiliza el general, mientras acaricia a un niño que en su regazo tiene un conejito, una cobaya blanca (este detalle no aparece en el plano del vídeo). Aquel muchacho rubio tenía unos 12 años y tengo su cara grabada .

Al día siguiente llegan unos camiones y los soldados serbobosnios separan a mujeres y niños por un lado, a los hombres, por otro. Mujeres y niños comienzan su vida de refugiados. Los hombres, hasta 8.000, son masacrados. Las cámaras también captaron aquella macabra selección.Los criminales no se privaron de grabar las matanzas en vídeos domésticos que apararecieron hace un par de años.

¿Aquel chico acariciado por Mladid sería considerado un niño o un adulto? Su suerte dependería del juicio inapelable de algún suboficial. Si fue considerado adulto, moriría en alguna cuneta y puede que sus restos todavía no hayan sido recuperados, o descansen en el cementerio conmemorativo en que se ha convertido Potocari. Si se salvó porque todavía parecía un niño, tendrá 26 o 27 años, habrá intentado reconstruir su vida y puede que vuelva el 11 de julio de cada año para rendir homenaje a un padre o a un hermano masacrado.

Aquel niño se había refugiado en Srebrenica porque la ONU había declarado el pueblo zona protegida; porque el general Morillon, comandate francés de los cascos azules les había prometido “no os dejaremos solos”; porque allí estaban 400 soldados holadeses para protegerlos; porque todas las cámaras apuntaban a Srebrenica… Y delante de todos, con los cascos azules atados de pies y manos por unas normas de enfrentamiento, dedicados a protegerse a si mismos, Mladic cometió el crimen.

Aquel niño merece justicia.

Nunca más

Nunca más militares carismáticos, salvadores de la patria.

Eso es lo que fue Mladic para muchos serbios y serbobosnios, el salvador de una patria en peligro. El hombre con lo que hay que tener, capaz de combatir codo a codo con sus soldados. El hombre sin miedo ni compasión, pero capaz de acariciar a un niño o repartir chocolatinas. El hombre entregado. No un politocastro como Karadzic. Un militar de una pieza. Por eso muchos le protegieron. Por eso los servicios de seguridad de Serbia le ocultaron.

Para ser un criminal no hay que ser un monstruo psicológico. Basta con ser un funcionario obediente o, como en este caso, el defensor de los “nuestros” contra los “otros”. Hoy el monstruo, el carnicero, es un anciano enfermo, pero la justicia tiene que hacer su labor, que no es venganza, sino más allá del castigo de las conductas, el reproche de los valores que inspiraron esas conductas.

Serbia se libera de su carga, pero Europa tiene todavía que asumir su culpa.

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La razón de Estado prevalece sobre la Justicia Universal


Se veía venir. PSOE Y PP se han puesto de acuerdo para limitar la Justicia Universal.

La nueva redacción del art. 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que enviará el Gobierno a las Cortes, exige que para que en España se persigan los delitos de genocidio, de lesa humanidad, crímenes de guerra o terrorismo, cometidos en otros países, debe existir una conexión con España, bien por existir víctimas españolas, bien porque el presunto criminal se encuentre en nuestro país. Además, la jurisdicción española será subsidiaria a la del lugar de los hechos, esto es, los tribunales españoles se inhibirán siempre que se haya iniciado una causa penal que suponga una investigación y una persecución efectiva.

Mientras los procesados por los jueces de la Audiencia Nacional era latinoamericanos o africanos nadie se rasgó las vestiduras. Pero cuando los imputados son israelíes o norteamericanos entonces decimos que no podemos ser los “gendarmes del mundo”. La sinrazón de la razón de Estado exige que  no nos creemos complicaciones con países “amigos y aliados”, pero, sobre todo, poderosos.

La razón de Estado se impone también sobre las promesas de Obama.

Primero fue el mantener secretos los memorados de la tortura, luego la recuperación de las comisiones militares para juzgar a los presos de Guantánamo. Sabemos ahora que todos, republicanos y demócratas (Nancy Pelosi) sabían más de lo que decían y que todos se subieron al tren de las violaciones de los derechos humanos, pilotado por el Príncipe de las Tinieblas, Dick Cheney. Ahora, son los propios senadores demócratas los que niegan a Obama los 80 millones de dólares pedidos para cerrar Guantánamo.

George Bush se frota las manos en su rancho de Texas.

Estados Unidos no va a juzgar a sus torturadores -Obama dice que hay que mirar hacia delante. España se evitará hacerlo. Sólo un Tribunal Penal Internacional reforzado puede asegurar la justicia para toda la humanidad.

La Justicia Universal como arma arrojadiza


Escucho a los tertulianos en la radio. ¡Qué barbaridad admitir a trámite una querella contra autoridades chinas un día antes de la llegada de los Principes a Pekín! Reacciones hipócritas ante el auto del juez Pedraz que admite a trámite la querella de dos asociaciones pro Tibet y un particular contra 7 altas autoridadades civiles y militares chinas, acusadas del delito de lesa humanidad, por la represión en el Tibet del pasado marzo. Ya sabemos que China no es una democracia -nos dicen- e incluso está muy bien meterse con ella, pero de eso a esa “provocación judicial” tres días antes de la apertura de la Juegos hay un gran trecho… En fin, opiniones que no son más que la manifestación de la tradicional pleitesía al poderoso.

Nuestro ordenamiento jurídico considera perseguibles los delitos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y terrorismo, con independencia del lugar donde se cometan. Esta consagración del principio de Justicia Universal permitió abrir causas como la de Scilingo y Pinochet. Pero ante la querella de Rigoberta Menchú por el genocidio contra los mayas en Guatemala, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo establecieron la doctrina limitativa de que sólo podían ejercerse estas acciones contra hechos acaecidos en el extranjero si había españoles entra las víctimas. El Tribunal Constitucional rectificó esta interpretación, lo que permite a los jueces españoles perseguir estos delitos, aunque no existan compatriotas contra las víctimas. Desde entronces han aumentado las querellas y se han admitido, entre otras, las que denuncian genocidio del gobierno tutsi de Ruanda contra los hutus o de Marruecos contra los saharauís.

Que las querellas además de buscar la justicia busquen un efecto político es lógico e inevitable. Los jueces no pueden retrasar su admisión por razones de oportunidad. Pero ahí deben de estar los medios de comunicación para esclarecer las circunstancias de los hechos que se denuncian. Creo que, por ejemplo, esa función no se cumplió cuando al informar de la querella admitida contra el presidente de Ruanda y otros cargos de su régimen, no se recordó el genocidio cometido por las milicias hutus en las que perecieron 800.000 personas.

El caso de Ruanda es aleccionador. El genocidio de 1994 dio lugar a la creación de un tribunal penal internacional específico, con sede en Arusha (Tanzania). Con lentitud, el tribunal sentenció a algunos de los máximos responsables de los crímenes. Mientras, en Ruanda centenares de miles de acusados esperaban juicio en las cárceles. Como en la orgía criminal había participado, de grado u obligados, buena parte de la población, unos juicios con verdaderas garantías eran imposibles. Algunos fueron juzgados por tribunales tradicionales, pero muchos volvieron a sus aldeas a convivir con los supervivientes. En paralelo, en Bélgica, otro de los países que reconocían el principio de Justicia Universal, se juzgaba a algunos destacados responsables, entre ellos, algún sacerdote. La querella de España se refiere, en cambio, a los crímenes cometidos por la guerrilla tutsi durante 1994 y, posteriormente, en sus ataques contra los campos de refugiados hutus en el Congo y en relación a los cuales se les acusa en la querella del asesinato de religiosos españoles. Pero no son los únicos frentes judiciales. Un juez francés acusó a Kagame como responsable del derribo del avión en el que viajaban los presidentes (hutus) de Ruanda y Burundi, y que fue la señal para el comienzo de la matanza contra los tutsis. Y el gobierno ruandés respondió con la creación de una comisión de investigación sobre la Operación Turquesa, una acción militar francesa que protegió la retira de las milicias hutus que se llevaban consigo a todo un pueblo como rehén. Y de ahí ha salido una acusación formal contra 33 autoridades francesas, empezando por Chirac y siguiendo por Balladur y Villepin. El conflicto diplomático está servido.

Para que un tribunal español se declare competente tiene que probarse que se han agotado los procedimientos en el país de los hechos o que las circunstancias allí -como es el caso de China- hacen imposible cualquier acción jurídica. Pero a partir de ahí, como en cualquier procedimiento judicial, hay que probar los hechos. La capacidad de investigación de los fiscales de la Audiencia Nacional es muy limitada o nula si no se cuenta con la colaboración del otro país. España dio un gran paso reconociendo el principio de Justicia Universal, pero sin un refuerzo de medios (por ejemplo, creando una Sala especial) la Audiencia corre el riego de verse saturada con querellas que más que justicia obtendán réditos políticos. ¿No podría buscarse un procedimiento para inhibirse en favor del Tribunal Penal Internacional por aquellos hechos que entren dentro de la jurisdicción de éste?.

Lo que tiene que entender China (o Marruecos) es que los tribunales en un Estado de Derecho son independientes y que no cabe la represalia diplomática ante sus decisiones.

(P.S Recomiendo pinchar estos días en el mapa de la columna de la izquierda de este blog que nos muestra la localización de las noticias. Hay ya más del 30% tienen su origen en Pekín)

Verdad y justicia en el caso Couso


Es admirable el coraje de la familia Couso en su lucha por la justicia. El auto de la Sala de lo Penal que revocó el procesamiento contra tres militares americanos ha sido un duro golpe. Ahora la familia explora nuevas vías: la citación como testigos de los ex ministros Federico Trillo y Ana Palacio y emprender acciones legales contra el fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, por su actitud en la causa. Parece difícil que salga nada de esa segunda iniciativa, pero la primera, lograr el testimonio de los ex ministros, puede arrojar luz sobre las circunstancias de la muerte del reportero español.

Javier Couso puso de relieve en rueda de prensa que los ex ministros recibieron distintas versiones de las autoridades norteamericanas y que todas las aceptaron pasivamente. Primero se dijo que el tanque respondió a disparos realizados desde el Hotel Palestina, luego que había un lanzagranadas, un francotirador y, finalmente, un oteador.

La verdad es parte de la justicia, pero no toda la justicia. Hacer justicia en este caso sería establecer la verdad, juzgar a los responsables y castigarlos. En el mejor de los casos, la justicia española conseguirá juzgarlos, pero difícilmente condenarlos. Estados Unidos es el mayor enemigo de la justicia universal. La ley de protección de su personal en el extranjero prohibe su entrega, por ejemplo, al Tribunal Penal Internacional. Es impensable su entrega a España -como un responsable dijo “antes se helará el infierno”.

Pero la verdad es la primera piedra de la justicia. Y en el conocimiento de la verdad si que se puede avanzar. Trillo y Palacio tienen mucho que contar. Si vale el testimonio personal, el día de la muerte de Couso las presiones sobre la televisión pública desde el Ministerio de Defensa llegaron a traslucirse en la propia Redacción.

Aparecen nuevos testimonios, como los de la sargento retirada, Adrienne Kinne, que avalan la tesis de que los militares tenían órdenes de silenciar o al menos amendrentar a los periodistas que no estaban “empotrados” en sus unidades.

Reproduzco a continuación las reflexiones de Aidan White, secretario general de la Federación Internacional de Periodistas (FIP). Incluyo también el enlace a la entrevista de Amy Goodman a Kinne en Democracy Now! (traducida en español).

Aidan White en el Newsletter de la FIP:

Felicitaciones a Amy Goodman, la activista de la publicación electrónica Democracy Now!, por su entrevista con Adrienne Kinne, sargento en situación de retiro, que ha dado el chivatazo sobre la conversión de los periodistas en objetivo por parte de Estados Unidos durante los primeros días de la guerra de Iraq.

Ella ha dicho que el ejército de los EEUU intervenía los teléfonos de los periodistas, que el Hotel Palestina –convertido en centro de prensa- estaba en la lista de posibles objetivos militares y cómo recibió el fuego de un tanque estadounidense con resultado de muerte de dos periodistas.

Tras los ataques estadounidenses a los medios en Bagdad, aquel 8 de abril de 2003 (incluyendo la muerte del reportero de Al Jazira, Tareq Ayyoub, tras un ataque aéreo a las oficinas de aquella cadena que el ejército de EEUU nunca se dignó a investigar), cinco años después, la verdad emerge a la superficie.

El caso requiere una investigación completa y la respuesta obligada sobre el trato dado por el ejército de EEUU a los reporteros (a los que no trabajaban entre sus unidades).  Las familias y los colegas de las víctimas, José Couso, de Telecinco, y el también camarógrafo, Taras Protsyuk, junto a Terry Lloyd, de ITN, que murieron a manos de las tropas de EEUU durante los primeros días del conflicto. Merecen justicia tras años de decepciones y piruetas oficiales.

Decimos lo mismo para los vivos. Seguimos de cerca el desarrollo de todo esto junto a Eason Jordan, el anterior jefe de la CNN, y junto a Linda Foley, la entonces Presidenta de “The  Newspaper Guild”. Jordan fue expulsado de su empleo y Foley fue sometida a una campaña desagradable de insultos, porque sugerían que los EEUU apuntaron realmente contra los medios durante la campaña iraquí.

La cuestión que fastidia bastante en el tiempo y durante esta polémica es: ¿por qué harían los EEUU una cosa así? Podría haber una respuesta sencilla. Los EEUU aclararon desde el principio que no estaban contentos con los cientos de periodistas no incrustados entre sus tropas (los medios que llamaron “unilaterales”), los que deambulaban por la región al entrar en guerra. Sin garantías de que Bagdad y Sadam caerían rápidamente, ¿querían enviar un duro mensaje a la gente de los medios que escapaba a su control para que no sobrepasaran los límites? Hasta que no contemos con investigaciones adecuadas y sepamos por qué apuntaron contra los medios, no lo sabremos.

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