El retorno a un presidente nombrado por el gobierno (mayoría absoluta parlamentaria mediante) ha sido un duro golpe a la independencia de RTVE. En los próximos meses se juega la credibilidad y la viabilidad del servicio público estatal de la radio y la televisión.
CREDIBILIDAD
González-Echenique carece de legitimidad de origen, aunque está por ver si conquistará una legitimidad de ejercicio respetando la neutralidad informativa y desarrollando las misiones de servicio público que la Ley 17/2006 y la Ley General de la Comunicación Audiovisual atribuyen a la Corporación.
Me parece muy bien que el PSOE impugne ante el Constitucional el Decreto-Ley, pero creo que es incoherente renunciar a un consjero, mientras se mantiene otro, por muy distintos que sean sus origenes de nombramiento. Al Partido Socialista le pediría que no realizara una desligitimación de raíz de TVE y RNE, al menos hasta que veamos por donde van las cosas. Por favor, que no se juege a «cuanto peor, mejor».
Un test para la credibilidad será el nombramiento de los directores de informativos. Primero por los nombres que se propongan. Profesionales con el perfil del nuevo director de EFE indicarían la voluntad palpable de controlar la información. En segundo lugar, no menos importante es respetar los procedimientos establecidos para estos nombramientos por el Estatuto de Informativos.
El director de la respectiva sociedad comunicará a los consejos la propuesta de nombramiento del director de los servicios informativos. Los consejos darán un informe no vinculante en el plazo de siete días y podrán previamente convocar un referendum. El Consejo de Informativos de TVE ya ha anunciado que piensa convocar esta consulta y ha puesto en marcha una aplicación informática para su rápida realización. Si las nuevas direcciones ignoraran u obstaculiazaran estos procedimientos violarían la ley, pues el Estatuto, pacto entre el Consejo de Administración y los informadores, deriva su fuerza normativa de la Ley 17/2006.
VIABILIDAD EMPRESARIAL
El perfil de González-Echenique apunta fundamentalmente al control de las cuentas. La situación empresarial no puede ser más caótica tras el recorte de 200 m. de € que prácticamente ha supuesto suspender la producción y emitir programas de coste cero.
Para la viabilidad empresarial es decisivo resolver la financiación, formalizar un contrato programa y establecer un plan estratégico.
Si como se teme el Tribunal Europeo declara la tasa a las telecos como contraria al derecho comunitario será necesario un replanteamiento completo y no hay más que dos opciones, o aumentar la subvención presupuestaria o volver a una publicidad limitada. El contrato programa trianual (que tendría que estar en vigor desde hace cuatro años) vincula financiación y objetivos concretos de entre los establecidos por el mandato marco.
Este es el contexto general para la aplicación de un plan estratégico empresarial. En los últimos días está circulando en determinados medios (El Economista, La Gaceta) un denominado Plan Citizen, cuyos promotores aseguran «está estos días en los despachos de La Moncloa». Se presenta como un plan realizado por un grupo de expertos independientes y lo están presentando Santiago Miralles (anteriormente vinculado a TV3 y ahora profesor de ESADE) y Miguel Ángel Morcuende (ingeniero anteriormente vinculado a TVE).
Mi comentario se basa en el «resumen ejecutivo», pues el texto de tal informe que yo sepa no es público.
Se vende como un «plan para devolver RTVE a sus verdaderos accionistas, los ciudadanos». Me parece que tal confesión ya implica un desenfoque. Los accionistas tienen derecho a un beneficio privado; un servicio público genera beneficio social.
Es indudable que RTVE necesita un plan empresarial basado en una gestión moderna. Nunca lo ha tenido, aunque a lo largo de los años han pasado decenas de consultoras, todas con soluciones simplistas nunca aplicadas, pese a sus suculentos honorarios.
El plan Citizen que se dice inspirado en la BBC propone un «ahorro» de un 30% en 4 años. De modo que al final del plan el presupuesto de RTVE quedaría reducido a 600 m. de €, la mitad de los 1.200 que era el techo previsto en el mandato marco. Para ello se afrontarían externalizaciones (con transferencia de personal) y desinversiones, todo ello so pretexto de centrarse en el «core» del servicio, esto es la producción de programas. La verdad no sé que más se podrán externalizar que ya no lo esté. En cuanto a medios infrautilizados lo que hay que hacer es ponerlos a producir, no venderlos.
Acierta el informe Citizen cuando propone una consideración global de los contenidos, desde los programas hasta los contenidos digitales. Pero la solución que se ofrece, entiendo que una gran redacción o fábrica audiovisual integrada, es un objetivo muy difícil y que desde luego requiere importantes inversiones de partida.
En fin, me parece una barbaridad hablar de venta del archivo. El archivo es de todos y debe estar accesible gratuitamente a los ciudadanos. Otra cosa es que se ponga fin al expolio y se cobre por su uso a empresas.
En fin, el Plan Citizen no es el Informe para Reforma.
Periodismo Global: la otra mirada 
