La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos exige a partir de ahora a los blogeros que apoyen un determinado producto que hagan públicos los pagos o regalos recibidos de las empresas del sector sobre el que hacen sus comentarios. El incumplimiento de esta obligación puede conllevar una multa de hasta 11.000 dólares.
La Comisión, que es el organismo público que protege a los consumidores, impone la misma normativa a los famosos que apoyen cualquier producto en sus redes sociales.
(Fuentes: Washington Post, CNET)
Esta normativa se enmarca en el derecho de protección de los consumidores, pero tiene raíces en el Derecho de la Información y desborda el ámbito de Estados Unidos.
La transparencia es una de las obligaciones esenciales que tiene que asumir las empresas para que la relación jurídico-informativa, de la que son parte también los profesionales el público y los profesionales, resulte equilibrada. El derecho a conocer del público tiene como correlato el derecho a saber quién nos informa y en función de que intereses. Por eso, muchas legislaciones han exigido que sea pública la propiedad de la empresa y sus principios editoriales. Y para ello, exigían, o bien la inscripción en un registro público de estos datos, bien su publicación periódica por el propio medio.
La desrregulación que ha venido desarrollándose en los últimos 20 años se ha llevado por delante muchas de estas obligaciones. Si queremos saber la propiedad real de la empresa tendremos que hacer una labor detectivesca a través de la maraña de participaciones cruzadas de los grupos multimedia.
Otra dimensión de ese deber de transparencia es dar a conocer los conflictos de intereses que puedan existir en la labor informativa. Esta obligación, más que estrictamente jurídica, ha sido más a menudo recogida por los códigos deontológicos y ha tenido más una proyección interna en las redacciones, es decir, los trapos sucios se lavan en caso, sin dar mayor cuenta al público.
Hoy por hoy, uno de los mayores atentados a la transparencia viene dado por la ocultación de las empresas de relaciones públicas como fuente de informaciones. A través del Video News Realease se precocina una información que luego será asumida como propia por el periodista de turno. La información de la industria del espectáculo se basa en estos productos. Y qué decir de los viajes pagados a presentaciones, de las entrevistas «en exclusiva» que en realidad son pura y llanamente promociones comerciales. En un estudio (Fake TV News) de 2006 PrWatch.org encontró 36 noticias de televisión montadas con estos materiales de las que no se mencionaba su origen.
A diferencia de empresas y profesionales, los ciudadanos que mantienen un blog o un perfil en una red social, no están sujetos a ninguna obligación de transparencia. En su favor tienen una presunción social de actuación desinteresada. Nada más lejos de la realidad. Estas nuevas formas de información y expresión se orquestan por partidos, empresas, agencias de relaciones públicas y campañas publicitarias como un recurso más, prevaliéndose de la cándida aproximación de la mayor parte del público a estas plataformas.
Otros organismos de protección de los consumidores debieran de tomar nota de la normativa norteamericana. Y más allá, cualquier código deontológico adoptado por blogeros que quieran ofrecer una información fiable debiera exigir un mínimo de transparencia, como por ejemplo, sus vinculaciones con organizaciones y empresas y pagos y regalos recibidos.
Incidencia en la calidad del producto
Acaba de aparecer el tercer número de la revista del Observatorio Medios de Comunicación y Sociedad de la 
